RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-04023-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04023-00

Fecha
6 de octubre de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04023-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora Dilis Vargas Ruíz, por los motivos expuestos en la parte motiva. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04023-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

6 de octubre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04023-00
Demandante: Dilis Vargas Ruíz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-04023-00
Demandante DILIS VARGAS RUÍZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA, SALA TERCERA DE
DECISIÓN
Temas Acción de Tutela. Tutela contra providencia judicial. Defectos
sustantivo, fáctico, por desconocimiento del precedente y por
violación directa de la Constitución Política. Contrato realidad,
prueba del elemento subordinación. Requisitos de procedencia
de tutela contra providencia judicial: la relevancia constitucional.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Dilis Vargas Ruíz de conformidad con lo dispuesto por los Decretos
1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 21 de julio de 20221, Dilis Vargas Ruíz interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, a la dignidad humana, al trabajo y a la vida en
conexidad con el derecho a la seguridad social. En consecuencia, solicitó:
“Que se revoque o deje sin efecto la providencia de fecha 18 de marzo hogaño y se profiera
la que en derecho corresponda”.

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. La accionante Dilis Vargas Ruíz se vinculó con la ESE Camú de Moñitos
(Córdoba), en calidad de secretaria de las actividades del plan de intervención
colectiva y como encuestadora, mediante la suscripción de contratos de
prestación de servicios, así: desde el 1º de octubre de 2012 hasta el 31de
diciembre de 2012 y desde el 6 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2013.

2.2. El 22 de abril de 2014, la actora solicitó a la entidad prestadora de servicios de
salud, se declarara la existencia del contrato laboral y, en consecuencia, se le

1 Radicación al correo electrónico de tutelas y habeas corpus en línea.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04023-00
Demandante: Dilis Vargas Ruíz

reconocieran y cancelaran las prestaciones y aportes a la seguridad social.

2.3. Mediante oficio del 22 de mayo de 2014, el Gerente de la ESE Camú de
Moñitos, Córdoba, negó lo solicitado por la accionante.

2.4. Por lo anterior, la señora Dilis Vargas Ruíz en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la ESE Camú de Moñitos,
Córdoba, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo por
el que se negó el reconocimiento del contrato realidad y el consecuente pago
de las prestaciones reclamadas y, a título de restablecimiento del derecho
pidió que reconociera la existencia de la relación laboral en aplicación del
principio de realidad sobre las formas y se le reconocieran y pagaran las
prestaciones sociales a las que tenía derecho desde el 1º de octubre de 2012
hasta el 31 de diciembre de 2013.

2.5. En primera instancia correspondió conocer al Juzgado Sexto Administrativo de
Córdoba el proceso con radicación Nro. 23001-33-33-006-2015-00296-00, que
en providencia del 29 de julio de 2019, negó las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de esa decisión, consideró que no había prueba que
demostrara que la actora cumpliera un horario laboral, que no habían sido
aportados cuadros de turnos de la entidad donde pudiera comprobarse las
afirmaciones hechas por la demandante, pese haber sido solicitados por el
despacho.

Del elemento subordinación, dijo que este no estaba acreditado y que, era
claro que existía una supervisión y el rendimiento de unos informes a efectos
de verificar el cumplimiento del contrato, además, que el cargo de secretaria
de las actividades del plan de intervención que fue en el que se contrató a la
actora, no figuraba en la planta de personal de la entidad y no era una actividad
misional de la misma sino que, lo que se hizo fue crear este cargo como una
actividad de apoyo para el buen funcionamiento de la entidad y aclaró, que no
siempre que se contrate por órdenes de prestación de servicios a personal
externo a la entidad para realizar algún tipo de actividad, esto implicaba que
se estuviera ocultando una relación laboral.

2.6. La parte demandante, hoy accionante, presentó recurso de apelación contra
la anterior decisión y correspondió conocer al Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Tercera de Decisión, que en providencia del 18 de marzo de
2022 <<notificada por correo electrónico el 22 de marzo de 2022>>, confirmó la
decisión del a quo.

El tribunal estableció que, la primera relación tuvo una duración de tres (3)
meses, para realizar funciones de secretaria de actividades lúdicas. La
segunda vinculación fue por nueve (9) meses y veintitrés (23) días, para
cumplir funciones de encuestadora.

A partir de allí, revisó los elementos de la relación laboral y, en punto a la
subordinación, encontró que la prueba documental contenida en los contratos
no ofrecía indicios de una relación subordinada, ya que las funciones no
correspondían al giro ordinario de las actividades del sector salud sino más
bien a actividades del ámbito de la administración y del conocimiento
estadístico, lo que además llevó a concluir al ad quem que estas actividades

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04023-00
Demandante: Dilis Vargas Ruíz

encomendadas, permitía a la accionante contar el manejo de su tiempo y de
las actividades.

Frente a la prueba testimonial, explicó que los testigos habían sido tachados
de falsos por la contraparte, no solo por haber sido compañeros de la
demandante sino por manifestar la existencia de pleitos pendientes sobre los
mismos hechos y derechos ante la jurisdicción, lo que no implicaba el rechazo
de la prueba, pero sí la revisión de esta con mayor rigurosidad. Luego de
verificar las declaraciones de los testigos, encontró que estas carecían de
capacidad demostrativa al no gozar de coherencia y congruencia, que poco se
decía frente a lo que pretendía probar la demandante, que los testigos que
apenas hicieron precisiones difieren por completo y una de ellas carecía de
credibilidad por previo acceso a las respuestas producto de haber poseído y
accedido a los contratos.

3. Fundamentos de la acción

Considera la parte actora, que la decisión del 18 de marzo de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con la radicación Nro. 23001-33-
33-006-2015-00296-00/01, incurrió en los defectos sustantivo, por desconocimiento
del precedente jurisprudencial, fáctico y por violación directa de la Constitución.

3.1. Defecto sustantivo. Indicó que este defecto se configuraba, en la medida que
se aplicó la Ley 80 de 1993, artículo 32, que, si bien estaba vigente, era
incompatible con la materia objeto de estudio y era inaplicable al caso y
desconocía el precedente judicial tanto vertical como horizontal.

Dijo que el tribunal aceptó como fundamento factico en los antecedentes de la
demanda, que la función desarrollada por la demandante era de carácter
misional, permanente, y que no requería de un conocimiento especializado, y
que cuando no se diera por lo menos uno de estos presupuestos no le era
dable a las entidades de salud, bajo su potestad de contratación con terceros,
suscribir ordenes de prestaciones de servicios como quiera que la realización
de sus servicios no se ajustaba al contenido del artículo 32 de ley 80 de 1993,
para finalmente concluir que no se demostró el elemento de subordinación y
por tanto no se configuraba relación laboral, pues que esto era contrario a lo
que quedó demostrado en el plenario, esto es la actividad misional,
permanente y subordinada prestada por la accionante.

3.2. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Sostuvo que se
desconoció el precedente vertical. Citó las siguientes providencias:

De la Corte Constitucional:

● Sentencia C- 154 de 1997, la cual estableció las diferencias entre el contrato de
carácter laboral y el de prestación de servicios.
● Sentencia C- 171 de 2012, reiterativa de los límites constitucionales trazados
sobre la protección de las relaciones laborales y prohibición de que se contrate
mediante prestación de servicios funciones permanentes o propias de la
entidad, que se puedan ejecutar con personal de planta o que no requieran de
conocimientos especializados.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04023-00
Demandante: Dilis Vargas Ruíz

Del Consejo de Estado:

● Sentencia de Sala Plena del 18 noviembre de 2003 Expediente N° IJ-0039 con
ponencia del doctor Nicolás Pájaro Peñaranda.
● Sentencia del 21 de abril de 2016 Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, ponencia del doctor Gabriel Valbuena
Hernández, proceso con la radicación 13001-23-31-000-2012-00233-01, en la
que se dijo que lo que caracterizaba al contrato de prestación de servicios era
la temporalidad, la autonomía e independencia del contratista y el carácter
excepcional de dicha posibilidad de contratación, pues solo se permitía este tipo
de contrato a las entidades públicas cuando no pudieran prestar sus servicios
con personal de planta o cuando esa actividad requiriera un conocimiento
especializado y que dicha labor no entrañara permanencia o fuera misional de
la entidad prestadora del servicio de salud.
● Sentencia del 26 de mayo de 2016 Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, con ponencia del doctor Luis Rafael Vergara
Quintero, radicación 81001-23-33-000-2013-00034-01, donde se dijo que era
irregular el hecho que las entidades utilizaran el contrato de prestación de
servicios para “satisfacer necesidades administrativas permanentes e inherentes a la
función pública” y que por tanto y bajo la potestad de contratación otorgada a las
Empresas Sociales del Estado, se podía llevar a cabo solo cuando “(I) no se trate
de funciones permanentes o propias de la entidad, (II)cuando estas funciones no
puedan realizarse con personal de planta de la entidad o (III) cuando se requieran
conocimientos especializados. Entonces para demostrar la relación laboral entre el
particular y la administración, se requiere probar la existencia de los elementos (I) la
actividad personal (II) la continuada subordinación o dependencia y (III) un salario como
retribución”, además, que una vez comprobada la configuración de los tres
elementos esenciales del contrato laboral, este no dejaría de serlo por razón del
nombre que se le diera ni de otras condiciones o modalidades que se le
agregaran.
● Sentencia de tutela de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, Consejera Ponente doctora NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON,
radicado: 11001-03-15-000-2019-03370-00 Actora: Dubis del Carmen Doria
Ávila en la que se accedió al amparo solicitado, ya que la autoridad judicial
accionada no tuvo en cuenta su propio precedente en casos idénticos, en los
que de conformidad con el material probatorio arrimado, se podía llegar a la
conclusión que si se había configurado el contrato realidad de algunas personas
contratadas por prestación de servicios en un centro de salud.

Precedente horizontal:

● Sentencias del Tribunal Administrativo de Córdoba Sala Segunda del 31 mayo
de 2018 y del 14 junio de 2018, emitidas por la Sala Cuarta de Decisión.
● Sentencia del 24 de junio de 2021, radicación Nro. 23-001-33-33-006-2015-
00297-01.

Dijo que no se exponía una razón suficiente para no aplicar este precedente y
apartarse del mismo.

3.3. Defecto fáctico: pues en su sentir, no se valoró correctamente y no fueron
tenidos en cuenta las varias órdenes o contratos de prestación de servicios
suscritos directamente entre ella y la ESE Camú Moñitos, prueba legal y
oportunamente allegada, decretada y practicada dentro del proceso, en los
que consta el objeto contractual y que permite verificar que la labor contratada
a realizar era de carácter permanente, misional y necesaria para que la
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04023-00
Demandante: Dilis Vargas Ruíz

Empresa Social del Estado cumpliera con el giro normal de su objeto social y
que dicha labor no requería de conocimientos especializados, resaltando que
debió desarrollarse con personal de planta, por lo que no le era permitido a la
ESE Camú de Moñitos, contratar esas labores, lo que finalmente se hizo.

Que ejecutó las labores contratadas bajo subordinación y dependencia
continua por todo el tiempo que duro la relación y que por las dificultades de
la labor y la forma como se cumplió no se trató de una simple relación de
coordinación de actividades entre contratante y contratista, sino que en
vigencia y cumplimiento del principio realidad sobre las formalidades se
estableció que lo que realmente se dio fue una verdadera relación laboral.

3.4. Defecto por violación directa de la Constitución Política. Citó los artículos 13 y
53 de la Constitución que consideró estaban siendo vulnerados, junto con el
preámbulo de la Carta Política. Sostuvo:

“La providencia objeto de impugnación por vía de tutela pasó por alto que en mi calidad
de actora dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, soy madre
cabeza de familia, considerando además que me están siendo desconocidos y
vulnerados flagrantemente derechos adquiridos e irrenunciables, ya que no existe un
argumento válido para que me sea omitida la aplicación del Precedente Vertical y
Horizontal, tomado como sustento constitucional, legal y jurisprudencial para
fundamentar la decisión de primera instancia, es más, pudiendo claramente estar en
presencia de una violación directa de la Constitución Política, la cual se funda en los
principios de solidaridad, el respeto por la dignidad humana e igualdad, postulados de
un Estado Social de Derecho que pregona la existencia de un orden social y justo. Así
las cosas, la violación directa de la Constitución, también ha sido consagrada por la
Corte Constitucional como una causal específica para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Del acervo probatorio recaudado quedó probado y
existe certeza que en mi calidad de actora estuve bajo subordinación y dependencia
continuada, configurándose a plenitud los elementos que estructuraron la relación
laboral entre las partes de esta causa”.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 29 de julio de 2022, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a las partes accionante y accionada. Además,
dispuso vincular como terceros con interés a la ESE Camu de Moñitos,
Córdoba, quien fue parte demandada en el proceso ordinario y al Juzgado
Sexto Administrativo de Montería, autoridad que emitió la decisión de primera
instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

4.2. Posteriormente, mediante providencia del 25 de agosto de 2022, se dispuso
fijar un aviso por secretaría general en la que se le indicara a la ESE Camu de
Moñitos, Córdoba, la existencia de la presente acción e igualmente que se
fijara un aviso en la página web de la Corporación, a efectos de que se surtiera
la notificación de dicha entidad que no había sido posible.

4.3. El Tribunal Administrativo de Córdoba, rindió informe en el que manifestó
que lo que pretende la accionante es que la tutela se convierta en una tercera
instancia, al no estar de acuerdo con la decisión adoptada en sede ordinaria,
lo que implicaba que no se cumplía con el requisito de la relevancia
constitucional.

Del fondo del asunto, sostuvo que las labores desempeñadas por la actora
eran diferentes a las desempeñadas por los actores en los casos estudiados
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04023-00
Demandante: Dilis Vargas Ruíz

por otras salas del tribunal, que en este caso la actora se desempeñó como
secretaria y como encuestadora, mientras que en los otros procesos las
funciones eran propias de auxiliar de enfermería y auxiliar de archivo y que,
en cada caso, era necesario realizar el análisis probatorio y establecer la
configuración de los elementos propios de la relación laboral, que no cumplía
la actora, todo lo cual dijo, quedó explicado en la sentencia.

Por lo anterior, pidió se declara improcedente la presente acción y en caso de
un estudio de fondo, pidió se negaran las pretensiones de la demanda de
tutela.

4.4. El Juzgado Sexto Administrativo de Montería 2 y la ESE Camu de Moñitos,
Córdoba, pese haber sido notificados, no se pronunciaron en esta
oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

2 El juzgado allegó el enlace para consulta del expediente ordinario que también allegó escaneado y
comprimido en formato WinZip.
3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04023-00
Demandante: Dilis Vargas Ruíz

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes descritos y por tratarse de una acción de tutela
contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela
interpuesta por Dilis Vargas Ruíz cumple a cabalidad con los requisitos generales
de procedibilidad, particularmente el de la relevancia constitucional.

Solo en caso de superar dicho análisis, se determinará si al proferir la providencia
del 18 de marzo de 2022, en el marco del medio de control tramitado bajo el radicado
23001-33-33-006-2015-00296-00/01, el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Tercera de Decisión, incurrió en los defectos sustantivo, por desconocimiento del
precedente jurisprudencial, fáctico y por violación directa de la Constitución.

4. Requisito de relevancia constitucional. Análisis del caso concreto.

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel
puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa
aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de
Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en
Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional
en la Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales» 7. Es necesario que el interesado exponga

6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
7 Ibidem.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04023-00
Demandante: Dilis Vargas Ruíz

de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural8.

De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a
consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido
en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante
el juez de la causa.

En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción, tiene su justificación en la medida en que “sí es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la

8 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04023-00
Demandante: Dilis Vargas Ruíz

decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos”9.

4.2. Del análisis del caso concreto, encuentra la Sala que la acción de tutela
interpuesta no se satisface el requisito de relevancia constitucional, toda vez
que la parte actora la utiliza como una instancia adicional, ya que los
argumentos propuestos en el recurso de apelación contra la sentencia
ordinaria de primer grado, nuevamente se exponen en el escrito de tutela.

En el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 29 de julio de
2019, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Córdoba en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación Nro.
23001-33-33-006-2015-00296-00, la parte actora argumentó lo siguiente:

4.2.1. El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos de
prestación de servicios son aquellos celebrados con entidades
estatales para ejecutar actividades relacionadas con la administración
o funcionamiento de la entidad, cuando las mismas no puedan
desarrollarse con personal de planta o cuando se requieran
conocimientos especializados y que, en su caso, estaba configurada
la subordinación ya que siempre actuó bajo las directrices de la
entidad, no había autonomía y las actividades eran inherentes al giro
ordinario de las labores de la entidad.

4.2.2. Con la prueba documental recaudada en el plenario se acreditaban los
elementos de la relación de trabajo; consideró que el juez ordinario no
valoró los contratos de prestación de servicios obrantes en el
expediente suscritos con la ESE Camú de Moñitos por el juez
ordinario; y cuestionó la valoración de la prueba testimonial y de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los testigos percibieron
los hechos objeto de controversia.

4.2.3. Citó la sentencia C-154 de 1994 de la Corte Constitucional para ilustrar
sobre los elementos propios de una verdadera relación laboral, en
aplicación del artículo 53 de la Constitución Política, relativo al
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

4.2.4. Se refirió al desconocimiento del precedente vertical y horizontal. Citó
como desconocidas:

(i) De la Corte Constitucional, las sentencias C-154 de 1997 y C- 171
de 2012.

(ii) De la Sección Segunda del Consejo de Estado, (a) Sentencia del
15 de mayo de 2013. Exp. M.P. Gerardo Arenas Monsalve, y (b) la
sentencia del 21 de abril de 2016. Exp. 13001-23-31-000-2012-
00233-01 M.P. Gabriel Valbuena Hernández, en las que se
destacaron como características relevantes del contrato de
prestación de servicios, era las de temporalidad, autonomía e
independencia del contratista y el carácter excepcional de dicha
posibilidad de contratación, que se permite cuando las entidades

9 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04023-00
Demandante: Dilis Vargas Ruíz

públicas no puedan prestar sus servicios con personal de planta o
cuando esa actividad requiriera un conocimiento especializado y
que dicha labor no entrañara permanencia o fuera misional de la
entidad prestadora del servicio de salud. Y (c) sentencia del 26 de
mayo de 2016. Exp. 81001-23-33-000-2013-00034-01. M.P. Luis
Rafael Vergara Quintero, en la que se sostuvo que era irregular que
las entidades utilizaran el contrato de prestación de servicios para
“satisfacer necesidades administrativas permanentes e inherentes a la función
pública” y por tanto, bajo la potestad de contratación otorgada a las
Empresas Sociales del Estado, se podía llevar a cabo sólo cuando
“(I) no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, (II)cuando estas
funciones no puedan realizarse con personal de planta de la entidad o (III) cuando
se requieran conocimientos especializados. Entonces para demostrar la relación
laboral entre el particular y la administración, se requiere probar la existencia de
los elementos (I) la actividad personal (II) la continuada subordinación o
dependencia y (III) un salario como retribución”.

4.2.5. Del precedente horizontal, se refirió a las sentencias del Tribunal
Administrativo de Córdoba Sala Segunda del 5 de abril y 31 mayo de
2018 y del 8 de junio y el 14 de 2018, emitidas por la Sala Cuarta de
Decisión.

4.3. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, al momento
de analizar el caso de la señora Dilis Vargas Ruíz, encontró que no era posible
acceder a lo solicitado por lo siguiente:
“Habida cuenta de lo expuesto y con el propósito de resolver de fondo el problema
jurídico del asunto planteado, se procede a exponer y verificar el desarrollo de las
vinculaciones contractuales por prestación de servicios de la parte demandante en el
tiempo como Secretaria y posteriormente como encuestadora en el servicio de atención
al usuario en la E.S.E CAMU de Moñitos, Córdoba. Para tal finalidad se adjunta el
siguiente cuadro:
(…)
De la información consignada en la tabla se extrae que la primera relación tuvo una
duración de tres (3) meses, mientras que la segunda nueve (9) meses y veintitrés (23)
días; también que entre la primera y la segunda relación hubo una interrupción de tres
(3) meses.
De los contratos suscritos entre las partes también se extrae que el primero fue para
realizar funciones de secretaria de actividades lúdicas, mientras el segundo contrato fue
para cumplir funciones de encuestadora”.
Relativo a la prueba del elemento subordinación, propio de la relación laboral,
el Tribunal accionado concluyó lo siguiente:
“La prueba documental contenida en los contratos no ofrece indicios de una relación
subordinada; como se quiera que las funciones primeramente no corresponden al giro
ordinario de las actividades del sector salud sino más bien a actividades del ámbito de
la administración y del conocimiento estadístico, por lo que este hallazgo quiebra el
ánimo o vocación de permanencia en la contratación. Ahora bien, en cuanto a las
actividades convenidas el primer contrato precisa un condicionamiento sujeto al
desarrollo de un denominado «plan de intervenciones colectivas municipal» de acuerdo
a capacidades técnicas de la contratista; por lo que se observa que esta primera
contratación se origina a partir de una necesidad temporal o incidental; tanto es así que
este contrato sólo tuvo una duración de 3 meses.
En cuanto a la segunda contratación, que se da 3 meses después de terminar la
primera, las funciones se mantienen en el ámbito de la administración y la estadística
con la gran diferencia de que esta vez la función encomendada se refiere a la toma de
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04023-00
Demandante: Dilis Vargas Ruíz

encuestas donde destaca el acuerdo entre partes, reflejado en la obligación de la
contratista para tomar 250 encuestas mensuales distribuidas en cada área de servicio
de la entidad; lo expuesto resulta de gran importancia como se quiera que la prueba
documental pone altamente en duda la presencia de una subordinación en la relación
jurídica; pues bien puede la contratista distribuir su propio tiempo y cumplir con la
realización de las encuestas a su propia manera. Lo anterior permite identificar que la
autonomía de la contratista no se ve afectada.
(…)
A modo de conclusión las pruebas testimoniales carecen de capacidad demostrativa al
no gozar de coherencia y congruencia; pues poco se dice lo que se pretende probar
para esta demandante; los testigos que apenas hicieron precisiones difieren por
completo y una de ellas carece de credibilidad por previo acceso a las respuestas
producto de haber poseído y accedido a los contratos; motivo por el cual estas
declaraciones no son acertadas y carecen de toda validez para los fines pertinentes en
el presente proceso.
Ahora, respecto del alegado cumplimiento de horario por parte de la actora, los testigos
no son claros ni aportan suficientes elementos para dar por sentado esta situación, y
aún, en gracia de discusión, se hubiera acreditado tal elemento, el Consejo de Estado
ha señalado que la exigencia por parte de la entidad contratante que el servicio se
preste en determinados horarios no conlleva por ese solo hecho a la existencia de una
relación laboral.
(…)
Igual pronunciamiento debe realizarse sobre los informes de trabajo que alega la actora
debía realizar, pues esta Sala considera que dentro de la actividad contractual el
contratista tiene la obligación de informar a la entidad contratante el avance y ejecución
de las actividades objeto del contrato, requisito este necesario para acreditar el
cumplimiento del mismo; por lo que en modo alguno debe considerarse que presentar
informes de ejecución sea un elemento de subordinación. Sobre el tema, la Sección
Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado en providencia del dieciocho (18) de
mayo del año 2017 expedida dentro del radicado número 66001-23-33-000-2013-
00408-01(0090-15) y ponencia de la Magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, expuso que
“la relación de coordinación de actividades entre contratante y contratista que implica
que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de
la actividad encomendada, incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes
sobre sus resultados, no significa necesariamente la configuración de un
elemento de subordinación.
Finalmente, la Sala no pasa por alto que la demandante tuvo dos contratos de
prestación de servicios para desarrollar dos actividades diferentes, uno como secretaria
de actividades lúdicas y otro como encuestadora, y que estos no se prorrogaron en el
tiempo, ya que el primero tuvo una duración solo de 3 meses, y el otro por 9 meses,
actividades que no eran similares y que, de haberse prorrogado por un tiempo
prolongado, pudieran dar a inferir que dichas funciones pasaron de ser temporales a
ser del giro ordinario e inherente de la ESE Demandada, lo que no sucedió en el caso
bajo estudio”.

De este modo, para el Tribunal fue claro que no se demostró la existencia de
una relación laboral encubierta en la suscripción de contratos de prestación de
servicios, que las labores eran esporádicas y que, los elementos de prueba no
demostraban la existencia del elemento subordinación que permitiera entender
que se trataba de un contrato realidad como pretendía hacerlo ver la
accionante.

4.4. En la solicitud de amparo, la parte accionante insiste en los mismos aspectos
que ya fueron expuestos al juez ordinario, pero en esta oportunidad adecuados
a la presunta configuración de los defectos sustantivo, fáctico, por
desconocimiento del precedente y por violación directa de la Constitución

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04023-00
Demandante: Dilis Vargas Ruíz

Política, que como se anotó al enunciar los fundamentos de la presente acción
constitucional, se trata de los mismos argumentos. Veamos:

4.4.1. Sostuvo que se aplicó la Ley 80 de 1993, artículo 32, norma que si
bien está vigente, era incompatible con la materia objeto de estudio y
era inaplicable al caso y desconocía el precedente judicial tanto
vertical como horizontal y que si bien se aceptó por el tribunal que la
función desarrollada por la demandante era de carácter misional,
permanente, y que no requería de un conocimiento especializado, y
que cuando no se diera por lo menos uno de estos presupuestos no le
era dable a las entidades de salud, bajo su potestad de contratación
con terceros, suscribir ordenes de prestaciones de servicios como
quiera que la realización de sus servicios no se ajustaba al contenido
del artículo 32 de ley 80 de 1993, finalmente concluyó que no se
demostró el elemento de subordinación y por tanto no se configuraba
relación laboral.

4.4.2. Citó como desconocidas las sentencias C- 154 de 1997 y C- 171 de
2012 de la Corte Constitucional. Del Consejo de Estado, entre otras,
la Sentencia del 21 de abril de 2016 Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, ponencia del doctor
Gabriel Valbuena Hernández, proceso con la radicación 13001-23-31-
000-2012-00233-01, en la que se dijo que lo que caracterizaba al
contrato de prestación de servicios era la temporalidad, la autonomía
e independencia del contratista y el carácter excepcional de dicha
posibilidad de contratación, pues solo se permitía este tipo de contrato
a las entidades públicas cuando no pudieran prestar sus servicios con
personal de planta o cuando esa actividad requiriera un conocimiento
especializado y que dicha labor no entrañara permanencia o fuera
misional de la entidad prestadora del servicio de salud.

Igualmente la sentencia del 26 de mayo de 2016 Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, con
ponencia del doctor Luis Rafael Vergara Quintero, radicación 81001-
23-33-000-2013-00034-01, donde se dijo que era irregular el hecho
que las entidades utilizaran el contrato de prestación de servicios para
“satisfacer necesidades administrativas permanentes e inherentes a la función
pública” y que por tanto y bajo la potestad de contratación otorgada a
las Empresas Sociales del Estado, se podía llevar a cabo sólo cuando
“(I) no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, (II)cuando estas
funciones no puedan realizarse con personal de planta de la entidad o (III) cuando
se requieran conocimientos especializados. Entonces para demostrar la relación
laboral entre el particular y la administración, se requiere probar la existencia de los
elementos (I) la actividad personal (II) la continuada subordinación o dependencia y
(III) un salario como retribución”, además, que una vez comprobada la
configuración de los tres elementos esenciales del contrato laboral,
este no dejaría de serlo por razón del nombre que se le diera ni de
otras condiciones o modalidades que se le agregaran.

4.4.3. Del precedente horizontal mencionó las sentencias del Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Segunda, del 31 mayo de 2018 y del
14 junio de 2018, emitidas por la Sala Cuarta de Decisión e igualmente
la sentencia del 24 de junio de 2021, radicación Nro. 23-001-33-33-006-
2015-00297-01.
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04023-00
Demandante: Dilis Vargas Ruíz

4.4.4. Para la accionante, no se valoró correctamente y no fueron tenidos en
cuenta las varias órdenes o contratos de prestación de servicios
suscritos directamente entre ella y la ESE Camú Moñitos, prueba legal
y oportunamente allegada, decretada y practicada dentro del proceso,
en los que consta el objeto contractual y que permite verificar que la
labor contratada a realizar era de carácter permanente, misional y
necesaria para que la Empresa Social del Estado cumpliera con el giro
normal de su objeto social y que dicha labor no requería de
conocimientos especializados, resaltando que debió desarrollarse con
personal de planta, por lo que no le era permitido a la ESE Camú de
Moñitos, contratar esas labores, lo que finalmente se hizo.

4.4.5. Indicó que, ejecutó las labores contratadas bajo subordinación y
dependencia continua por todo el tiempo que duró la relación y que,
por las dificultades de la labor y la forma como se cumplió no se trató
de una simple relación de coordinación de actividades entre
contratante y contratista, sino que en vigencia y cumplimiento del
principio realidad sobre las formalidades se estableció que lo que
realmente se dio fue una verdadera relación laboral.

4.5. De acuerdo con lo anterior, concluye la Sala que la parte actora formuló
inconformidades que coinciden con las que se expusieron en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió, de manera
que lo que se advierte es que con la tutela busca revivir la discusión jurídica
que ya fue estudiada y definida por el Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sección Tercera de Decisión, de manera motivada y razonable, frente a las
razones por las que persiste su inconformidad.

Ahora bien, es importante precisar que, si bien en el escrito de tutela en un
párrafo de manera aislada menciona entre líneas que tenía condición de
madre cabeza de hogar, lo cierto es que lo hace de manera descontextualizada
y genérica, sin argumentos adicionales ni pruebas que permitan establecer de
algún modo que estaba en esa condición y, tampoco se advierte que se
hubiera puesto de presente este argumento en la demanda ordinaria ni en el
recurso de apelación.

4.6. En este orden de ideas, encuentra la Sala que no se cumple con el requisito
de relevancia constitucional, ya que la accionante acude a este mecanismo
constitucional con el fin de exponer su inconformidad con la decisión judicial
cuestionada en lo que le resultó desfavorable; olvidando que el propósito de la
acción tutela no es prolongar la discusión que se presentó y se definió por el
juez natural en el respectivo medio de control, ni tampoco erigirse como una
instancia adicional en la que se vuelvan a presentar argumentos que en su
momento se pusieron en conocimiento del juez natural y frente a los que tuvo
la oportunidad de pronunciarse.

Que la parte actora no comparta el análisis efectuado y el sentido de la
decisión adoptada por el juez de la causa, escapa a la órbita de competencia
del juez constitucional, la cual está dada en clave de derechos fundamentales
y no para dirimir diferencias de juicio o de opinión, pues no debe olvidarse que
la simple disparidad de criterio no constituye per se una vulneración a los
derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04023-00
Demandante: Dilis Vargas Ruíz

acción de tutela como mecanismo excepcional de protección de los derechos
fundamentales.

Es por este motivo que la jurisprudencia constitucional reiteradamente ha
sostenido que, cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal relevancia en materia
constitucional que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto.

5. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
a falta del requisito de relevancia constitucional, pues como se explicó aquella se
está empleando como una tercera instancia adicional al medio de control.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora Dilis
Vargas Ruíz, por los motivos expuestos en la parte motiva.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.