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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-01804-01

Fecha
3 de agosto de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-01804-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Dilis Vargas Ruiz Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta Radicado: 11001-03-15-000-2023-01804-01 PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de mayo de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-01804-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

3 de agosto de 2023

Demandante: Dilis Vargas Ruiz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01804-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01804-01
Demandante: DILIS VARGAS RUIZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA

Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma negativa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte demandante contra
la sentencia de 10 de mayo de 2023, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B negó la solicitud de amparo de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Dilis Vargas Ruiz, el 13 de abril de 2023, instauró acción de tutela contra la
Sección Cuarta del Consejo de Estado con el fin de que se protejan sus derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de las
providencias dictadas por la autoridad judicial censurada el 15 de noviembre de 2022
y el 12 de enero de 2023, a través de las cuales la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, respectivamente, rechazó por extemporánea la impugnación presentada por
la parte actora dentro del proceso de tutela identificado con el radicado 11001-03-15-
000-2022-04023-00; y declaró improcedente el recurso de reposición ejercido contra
la anterior decisión.

1.2. Pretensión

La parte actora solicitó:

Que se revoque o deje sin efecto la providencia de fecha 12 de enero del hogaño, que
no repuso la decisión de rechazar la impugnación interpuesta en tiempo y en su defecto
1

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Demandante: Dilis Vargas Ruiz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
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se ordene dar trámite a la alzada que se interpuso contra el fallo de tutela 06/10/2022 o
que se profiera la que en derecho corresponda. 1

1.3. Hechos

Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

La señora Dilis Vargas Ruiz relató que, presentó una acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba y el Juzgado Sexto Administrativo de Montería,2 ante su
inconformidad con la decisión adoptada en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido contra la ESE Camu de Moñitos3

Adujo que, el asunto constitucional lo conoció en primera instancia el Consejo de
Estado, Sección Cuarta que, con sentencia de 6 de octubre de 2022 declaró la
improcedencia del mecanismo por considerarlo carente de relevancia constitucional.

Precisó que, contra la referida decisión presentó memorial de impugnación «dentro del
término de ley»,4 a través de la dirección electrónica
secgeneral@consejodeestado.gov.co, el cual, según su relato, «rebotó», por lo que
procedió a remitirlo nuevamente y al digitar el correo virtual, escribió
«secgeneral@concejodeestado.gov.co». Aseguró que no fue consciente del error de
digitación.

Advirtió que, al no tener noticias sobre su proceso, el 2 de noviembre de 2022 pidió a
las autoridades accionadas información sobre la segunda instancia del expediente
11001-03-15-000-2022-04023-00 y adjuntó la imagen relativa al envío del mensaje de
datos contentivo de la impugnación. Al respecto, se le indicó que la dirección
destinataria estaba errada, razón por la que su escrito no fue recibido ni tramitado en
la corporación, y que el expediente se había enviado a la Corte Constitucional.

Acotó que, requirió la devolución del proceso, el cual fue recibido nuevamente en la
Sección Cuarta del Consejo de Estado y, con providencia de 15 de noviembre de
2022, la ponente rechazó la impugnación y dispuso enviar el expediente a la Corte
Constitucional.

Refirió que, contra lo anterior interpuso recurso de reposición que fue declarado
improcedente con auto de 12 de enero de 2023, en atención a que en el Decreto 2591

1
Transcripción del texto original con posibles errores.
2
Con el fin de que se dejaran sin efectos los fallos de 29 de julio de 2019 y 18 de marzo de 2022,
mediante los cuales se negaron las pretensiones de la demanda.
3
23001-33-33-006-2015-00296-00
4
La decisión se notificó el 12 de octubre de 2022, y el correo de impugnación se intentó enviar el 20 del
mismo mes y año.

2

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de 1991 no se establece la posibilidad de recurrir el auto que rechaza la impugnación
formulada en el marco de una acción de tutela.

1.4. Fundamentos de la solicitud

Si bien la señora Dilis Vargas Ruiz indicó que su pretensión radica en que se deje sin
efectos el auto de 12 de enero de 2023 mediante el cual se declaró improcedente el
recurso de reposición, lo cierto es que de los argumentos se advierte que también
cuestionó la providencia de 15 de noviembre de 2022, por la cual se rechazó la
impugnación contra el fallo de tutela dictado en el proceso constitucional 11001-03-15-
000-2022-04023-00.

Aclarado lo anterior, se indica que la accionante alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, tras
explicar que las decisiones reprochadas adolecen de los siguientes yerros:

1.4.1. En relación con el proveído de 15 de noviembre de 2022 (rechazo), aseguró
que incurrió en un defecto procedimental absoluto, toda vez que «no tuvo en cuenta
el hecho de que la accionante presentó en tiempo el recurso de impugnación contra el
fallo de tutela, pues esa circunstancia material y sustancial es la que en últimas debe
prevalecer por ser la que garantiza el debido proceso, la doble instancia, el acceso a
la administración de justicia, el derecho de defensa y contradicción- incluso, por
encima de la mera formalidad de radicación» del memorial que pese a haberse remitido
a una dirección electrónica errada, ello no impedía su tramitación y pronunciamiento.

En ese orden, aludió el desconocimiento del principio de la prevalencia del derecho
sustancial sobre el procesal.

1.4.2. Defecto fáctico, porque la judicatura censurada no tuvo en cuenta el documento
que demuestra que inicialmente el envío de la impugnación fue oportuna y dirigida
tanto al Tribunal Administrativo de Montería como al correo electrónico correcto del
Consejo de Estado, «solo que este rebotó, por lo que se procedió a digitar de nuevo la
dirección […] indicada en la notificación del fallo de tutela de 06/10/2022, la cual
inconscientemente tenía errada una letra».

Adujo que, para garantizar efectivamente las garantías al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, en los eventos en que se «haya radicado oportunamente
un recurso pero que por error de digitación ajeno a la voluntad del recurrente, este se
haya enviado a una dirección diferente a la indicada para su envío», debe aplicarse la
regla concerniente a los casos en que se reciben memoriales en otras dependencias
al interior de la Rama Judicial, esto es, que el receptor inicial dirija el asunto al juez o
funcionario competente.

También precisó que no se apreciaron las condiciones particulares de la accionante,
quien vive en un lugar apartado del casco urbano en el que se le imposibilita acceder
3

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a los medios tecnológicos y, además, que no cuenta con el conocimiento y destreza
en el uso y manejo de estos.

1.4.3. Violación directa de la Constitución Política, habida cuenta de que trasgrede
el derecho constitucional consagrado en su artículo 31, el cual «prescribe que toda
sentencia judicial podrá ser apelada», puesto que dicho recurso garantiza la doble
instancia.

1.4.4. Finalmente, reprochó que el auto de 12 de enero de 2023 comporta un defecto
sustantivo por no acatar el contenido del artículo 4º del Decreto 306 de 1992, el cual
estipula que en las acciones de tutela se aplican las disposiciones del Código General
del Proceso, según el cual el proveído que rechaza una impugnación es susceptible
del recurso de reposición.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 18 de abril de 2023 el ponente del primer grado admitió la solicitud de
amparo y dispuso tener como autoridad judicial accionada a la Sección Cuarta del
Consejo de Estado y vinculó como terceros con interés al Tribunal Administrativo de
Córdoba, al Juzgado Sexto Administrativo de Montería y a la ESE Camu de Moñitos

1.6. Intervención5

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibió el informe de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado en el cual solicitó que se deniegue la petición
de amparo constitucional, en atención a que no se acreditó la vulneración alegada por
la parte actora con el trámite de la acción de tutela identificada con el radicado 11001-
03-15-000-2022-04023, comoquiera que la impugnación que se pretendió interponer
contra la sentencia de 6 de octubre de 2022 fue remitido a una dirección electrónica
errada, lo cual conllevó a que el referido medio de contradicción fuera rechazado.

Agregó que la providencia de 12 de enero de 2023, a través de la cual se declaró la
improcedencia del recurso de reposición ejercido contra el auto de 15 de noviembre
de 2022 que rechazó la impugnación frente a la sentencia de primer grado en la
anterior acción de tutela, se dictó conforme a derecho y atiende a la postura judicial
consistente en que, en esta sede, solo es factible recurrir la sentencia de primera
instancia y la providencia que rechaza la acción.

5
Extracto obtenido del fallo de tutela de primera instancia.
4

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1.7. Sentencia de primera instancia6

Con fallo de 10 de mayo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B negó la acción de tutela de la referencia por no encontrar configurados los yerros
planteados, luego de efectuar el siguiente análisis:

(i) En relación con el auto de 15 de noviembre de 2022, frente al cual la parte actora
adujo que incurrió en los defectos procedimental absoluto, fáctico y violación directa
de la Constitución Política, precisó que tales yerros se fundaron en el argumento
consistente en que se desconocieron los principios superiores de prevalencia del
derecho sustancial y de doble instancia al rechazar la impugnación contra el fallo de 6
de octubre de 2022, por haberse remitido a un correo electrónico equivocado.

Luego, señaló que la sentencia de 6 de octubre de 2022 fue debidamente notificada
vía electrónica el 12 de octubre siguiente, «con lo que se atendieron los principios de
publicidad, contradicción y doble instancia, pues mediante ese acto procesal se le
brindó la posibilidad de formular la correspondiente impugnación, en los términos del
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991».

En ese orden, aseguró que el hecho de que la parte actora presentara su escrito de
impugnación a un correo electrónico diferente al habilitado por esta corporación para
tal efecto, incluso inexistente (secgeneral@concejodeestado.gov.co), aunado a que
en el mensaje de datos a través del cual se le notificó el fallo se incluyó una nota con
la que se informó que la dirección secgeneral@consejodeestado.gov.co es la
establecida para recibir memoriales, es una «equivocación que para la Sala comporta
incumplimiento del deber señalado en el artículo 3º de la Ley 2213 de 2022, el cual le
impone a las partes de un asunto judicial la obligación de hacer llegar los
correspondientes memoriales a los canales digitales destinados a ese fin».

Por lo anterior, concluyó que la providencia censurada de 15 de noviembre de 2022
no quebranta los postulados constitucionales por no conceder el paso a la segunda
instancia, en atención a que se dictó con base en lo establecido en los artículos 31 del
Decreto 2591 de 1991 y 3. ° de la Ley 2213 de 20227 « que prevén que la impugnación
del fallo de tutela de primera instancia debe presentarse dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, a los canales digitales instituidos para ello, presupuestos
que la tutelante no atendió».

(ii) En cuanto al defecto sustantivo planteado respecto del auto de 12 de enero de
2023, por cuanto con este se declaró improcedente el recurso de reposición

6
Fallo que se notificó vía electrónica el 9 de junio de 2023.
7
«Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se
adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las
actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio
de justicia y se dictan otras disposiciones»

5

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interpuesto contra el proveído de 15 de noviembre de 2022 (con el que se rechazó la
impugnación formulada contra el fallo de 6 de octubre de ese año), precisó que la
referida causal especial no se advierte consolidada comoquiera que el Decreto 2591
de 1991 no consagra que el último de los mencionados proveídos sea susceptible de
ese recurso. En ese orden, manifestó:

Cabe advertir que si bien es cierto que el artículo 4º del Decreto 306 de 1992 establece
que es dable en sede de tutela aplicar las normas del CGP, también lo es que para ello
resulta indispensable que estas no contraríen los aspectos intrínsecos a la tutela,
exigencia que no se atiende en lo que atañe a recursos, pues la jurisprudencia
constitucional ha fijado la regla de que contra las providencias emitidas en una acción
de amparo solo proceden los estipulados en el Decreto 2591 de 1991, criterio que, dicho
sea de paso, es de obligatorio cumplimiento por constituirse en fuente formal de derecho.

1.8. Impugnación

Con escrito radicado oportunamente el 13 de junio de 2023, la señora Dilis Vargas
Ruiz solicitó que se revoque el proveído de la primera instancia dictado en el asunto
de la referencia, comoquiera que el a quo no realizó una lectura y análisis integral de
los argumentos de la acción de tutela relacionados con el defecto fáctico elevado
contra el auto de 15 de noviembre de 2022, esto es, a través del cual se rechazó la
impugnación en la acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04023-00.

Insistió en que la Sección Cuarta del Consejo de Estado «no acometió un estudio
integral de las pruebas que acreditan que efectivamente el escrito de impugnación fue
enviado: secgeneral@consejodeestado.gov.co, y no solo allí sino también en el
cumplimiento del deber de lealtad procesal consagrado en el C.G.P y la Ley 2213 de
2022, también se remitió al correo institucional del Tribunal Administrativo de Córdoba,
tal como da cuenta la evidencia digital que acompañó al presente escrito de
inconformidad».

Iteró que, no se apreció que la tutelante explicó que el 20 de octubre de 2022 impugnó
la sentencia de 6 de octubre del mismo año al enviar el memorial por medio de la
dirección indicada en el mensaje de datos por el cual se le notificó el mencionado fallo
(secgeneral@consejodeestado.gov.co), así como lo hizo al remitir el asunto al Tribunal
Administrativo de Montería (sectradmon@cendoj.ramajudicial.gov.co), «solo que por
problemas o fallas en el sistema, -lo que escapa a la esfera de mi dominio-, él envió a
esas direcciones de correo rebotaron, entonces como no tengo la suficiente pericia,
conocimiento y no soy diestra en el uso, manejo y acceso a las tecnologías de la
información y las comunicaciones me desesperé, estrese y angustie, por lo que la
solución que considere fue borrar la dirección completamente y volverla a escribir […]
no me percate que había escrito consejo con C […] esa dirección errada NO me reboto,
quedando bajo la convicción errada e invencible de que la dirección a donde se había
enviado es la correcta […]».8

8
Transcrito del texto original con posibles errores.

6

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En ese sentido, afirmó que se advierte una «ostensible» falta de valoración de los
elementos de convicción allegados, «específicamente los correos electrónicos
remitidos a la dirección suministrada por la rama judicial», en detrimento de los
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora
Dilis Vargas Ruiz, por cuanto a partir de estos se evidencia que se cumplió lo ordenado
en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 y en el artículo 3. º de la Ley 2213 de 2022.
Todo, en desconocimiento del principio de informalidad del que goza la acción de
tutela, «pues se debe tener en cuenta la prevalencia del derecho sustancial tal como
lo ordena el canon constitucional».

Por último, resaltó que se inobservaron los criterios fijados por la Corte Constitucional
«para resolver los conflictos con enfoque de género», puesto que en el evento
particular de la accionante no se valoró que vive en un lugar apartado del casco urbano
en el que se le imposibilita acceder a los medios tecnológicos y, además, que no
cuenta con el conocimiento y destreza en el uso y manejo de estos.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo de
tutela de 10 de mayo de 2023, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B negó la solicitud de amparo, de conformidad con los artículos
32 del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 10 de mayo de 2023, por medio de la cual el Consejo de Estado, S
Sección Segunda, Subsección B, negó esta acción de tutela.

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) generalidades
del defecto fáctico; (iv) aspectos puntuales sobre las personas de especial protección;
(v) el marco constitucional sobre la administración de justicia con enfoque de género;
y (vi) el caso concreto.

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2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20129 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11. Sin
embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 12, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Para la Sala el caso objeto de estudio está revestido de relevancia
constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en
relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga
argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

De acuerdo con lo anterior, en el asunto concreto se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos
fundamentales señalados por la tutelante, comoquiera que, a su juicio, la autoridad
censurada desconoció los elementos materiales con los cuales se demostraba de
manera contundente que, pese a que el escrito de impugnación contra la sentencia de
tutela dictada en el expediente 11001-03-15-000-2022-04023-00 no ingresó al buzón
dispuesto por el Consejo de Estado para la recepción de memoriales y solicitudes, lo
cierto es que sí lo intentó dentro de la oportunidad correspondiente en cumplimiento

9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
11
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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de lo estipulado en los artículos 31 del Decreto 2591 de 2991 y 3. º de la Ley 2213 de
2022, pero que finalmente no fue posible por fallas del sistema ajenas a su voluntad y
a un posterior error de digitación de la dirección electrónica correcta.

En ese orden, alegó que la judicatura reprochada desconoció los parámetros fijados
por la Corte Constitucional en materia de perspectiva de género en el marco de la
administración de justicia, debido a que no consideró que la accionante es una persona
que vive en un apartado rural que, además, no cuenta con el conocimiento y destreza
en el acceso, uso y manejo de las tecnologías de la información.

Por lo anterior, se advierte que el debate trasciende de un estudio meramente legal,
debido a que en la impugnación se insistió en la comisión de un defecto fáctico y en la
desatención del enfoque de género en el presente caso para luego rechazar el paso a
la segunda instancia de la mencionada acción constitucional, lo que a juicio de la
tutelante constituye la transgresión de las garantías fundamentales deprecadas por la
señora Vargas Ruiz.

Finalmente, la Sala advierte la relevancia del asunto de la referencia, en atención a
que es importante determinar si en el caso particular se efectuó una ostensible y
desproporcionada limitación a la garantía de acceso a la administración de justicia con
ocasión del rechazo del medio de impugnación en la tutela 11001-03-15-000-2022-
04023-00, por la confusión mecanográfica en que incurrió la demandante y sin tener
en consideración el elemento probatorio que evidenciaba que se intentó la
contradicción del fallo constitucional dentro de la oportunidad procesal.

2.4.2. Por otro lado, se establece que la acción de tutela de la referencia no se dirige
contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la decisión judicial frente
a la cual se iteró el yerro fáctico es un auto a través del cual se rechazó el medio de
impugnación contra el fallo de primer grado en el proceso tutelar 11001-03-15-000-
2022-04023-00.

2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez es preciso señalar que, el proveído
cuestionado en la impugnación fue proferido el 15 de noviembre de 2022 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 13
de abril de 2023, de manera que, sin necesidad de precisar la fecha de su ejecutoria,
se evidencia que ha transcurrido un término que a juicio de la Sala es razonable.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y,
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.4.4. Por otra parte, en consideración al agotamiento de los mecanismos
9

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judiciales, en el caso concreto, el proveído que se cuestiona es el proferido el 15 de
noviembre de 2022 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante el cual
rechazó la impugnación interpuesta por la accionante en la acción de tutela 11001-03-
15-000-2022-04023-00, razón por la que no procede ningún recurso ordinario contra
la providencia controvertida.

Ello, por cuanto esta Sala de decisión tiene una postura pacífica consistente en que
de conformidad con los artículos 31 y 52 del Decreto 2591 de 1991, los únicos medios
procedentes en el marco de las acciones de tutela, son la impugnación contra el fallo
de primera instancia y el desacato en el que se dicta auto que impone una sanción por
incumplir una orden del juez constitucional. De manera excepcional, entiende
procedente la contradicción del auto que rechaza ab initio la solicitud de amparo en
atención a lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-483 de 2008.

Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio de
resaltar el carácter excepcional de la tutela que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, y la protección
de derechos de terceros.

2.5. Defecto fáctico

Esta Sala en decisión de 12 de noviembre del 201513 precisó los alcances y requisitos
que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en
una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión:

Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar
pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio
determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii)
valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con
fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso.

De conformidad con la sentencia de 11 de febrero de 201614, estos aspectos tienen
características que se transcriben a continuación:

Evento Características
Omisión de decreto y Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
práctica de pruebas solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el
indispensables para problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello
fallar el asunto sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no
atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así
las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto
de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que

13 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
14
Consejo de Estado, sentencia del 11 de febrero de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, Radicación No.
11001-03-15-000-2015-03442-01.

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éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba
que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba
señalados.

De esta manera, se requiere:

a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era
conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.

Desconocimiento del Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
acervo probatorio expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que
determinante para se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
identificar la ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se
veracidad de los concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna
hechos alegados por y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
las partes
Así las cosas, se configura siempre que:

a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para
variar el sentido del fallo.

Valoración irracional Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
o arbitraria de las apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente
pruebas aportadas equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba
se entiende alterado.

Se requiere entonces que:

a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de
indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la
lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia,
pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la
conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna manera
puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este
aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.

c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Dictar sentencia con Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto
fundamento en con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para
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pruebas obtenidas su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no
con violación del ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al
debido proceso haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso
de las partes.

Para su configuración corresponde señalar:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con
violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento
de la decisión.

Conforme el anterior cuadro, la Sección señaló:

[…] Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
mínimamente en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración
del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la
prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia
judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son
la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de
los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución.

Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que
los supuestos de hecho hasta aquí mencionados, se excluyen entre sí, de tal manera
que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir,
pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador […].

2.6. Personas de especial protección constitucional

Respecto a la especial protección constitucional de aquellas personas que se
encuentran en situaciones o condiciones particulares de vulnerabilidad, la Corte
Constitucional puntualizó su criterio en el sentido de señalar que:

La categoría de sujeto de especial protección constitucional, según ha definido esta
Corporación, se constituye por aquellas personas que debido a su condición física,
psicológica o social particular merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr
una igualdad real y efectiva. Así, ha considerado que entre los grupos de especial
protección constitucional se encuentran: los niños, los adolescentes, los ancianos, los
disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas
desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en extrema pobreza.

Lo anterior encuentra fundamento en la Constitución Política que, en los artículos 13 y
43, impone la obligación de promover condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva, creando garantías para los grupos marginados o vulnerables.

2.7. Criterio de la Corte Constitucional frente a la administración de justicia con
enfoque de género

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A lo largo de la historia de la Corte Constitucional, dicho órgano ha sido el encargado
de procurar la efectiva materialización de los derechos fundamentales de las personas,
y ha sido un abanderado de la especial protección de las garantías de aquellos grupos
sociales que se encuentran en una situación de manifiesta debilidad ante la comunidad
en general, o ante las instituciones tanto del sector público como del privado

Por ello, en el ámbito del servicio la administración de justicia, ha sido consistente en
otorgar un trato diferencial con el firme propósito de proteger los derechos de las
mujeres reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y de la Convención sobre
eliminación de todas las formas de discriminación contra este sector poblacional, el
cual hace parte del bloque de constitucionalidad.

En la sentencia SU-201 de 2021, el alto tribunal acotó que, en la materia:

La jurisprudencia constitucional ha enfatizado en cuatro aspectos relevantes. Primero,
Existe un derecho de la mujer a vivir libre de violencia por razón del género. Segundo,
que entre las violencias que enfrenta la mujer se encuentra la económica, la cual se hace
latente en el momento que se pone término a las uniones que se entablen por vínculos
civiles o maritales Tercero, que las autoridades judiciales están llamadas a incorporar en
el análisis de los casos el enfoque de género en aras de atribuir un contexto apropiado
de discriminación, así como desplegar sus facultades probatorias para determinar la
existencia de cualquier tipo de violencia que afecte a las mujeres. Cuarto, que si una
mujer fue víctima de violencia es necesario implementar un mecanismo que garantice su
reparación.

[…]

Esta Corporación en diferentes providencias ha señalado que los jueces están en la
obligación de eliminar cualquier forma de discriminación contra de la mujer y, por esa
razón, es obligatorio para las autoridades judiciales incorporar criterios de género al
solucionar los casos. De esta forma, se aclara que la relevancia constitucional de este
caso radica, en la necesidad de analizar si la Sala de Casación Civil, en su condición de
administrador de justicia, tuvo en cuenta una perspectiva de género al momento de
proferir las decisiones censuradas mediante acción de tutela.

Adicionalmente, en la sentencia T-344 de 2020, se indicó que es un deber
constitucional y legal de todos los jueces abordar los casos con enfoque de género,
siempre que se trate de un evento «de violencia intrafamiliar o sexual», y precisó
las modalidades o escenarios en que pueden ocurrir las condiciones de
vulnerabilidad:

La forma de violencia ocurre en todos los entornos y grupos socioeconómicos, religiosos
y culturales, y se manifiesta de distintas maneras a través de: (i) la violencia física, que
es toda acción voluntariamente realizada que provoca o puede provocar daño o lesiones
físicas. Al constituir una forma de humillación, también configura un maltrato psicológico;
(ii) la violencia psicológica, que se refiere a conductas que producen desvaloración o
sufrimiento moral. Puede comprender insultos, amenazas, gritos, humillaciones en
público, privaciones de la libertad, etc., que minan la autoestima de la víctima y le
generan desconcierto e inseguridad; (iii) la violencia sexual, que consiste en cualquier
actividad sexual no deseada y forzada en contra de la voluntad de la mujer, mediante
fuerza física o bajo amenaza directa o indirecta, ante el temor a represalias. Su
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repercusión incluye tanto daños físicos como psicológicos de gravedad variable; y (iv) la
violencia económica, que se vincula al uso del poder económico del hombre para
controlar las decisiones y el proyecto de vida de la mujer, y se presenta bajo una
apariencia de colaboración en la que aquel se muestra como proveedor por excelencia.
Bajo esta apariencia, el hombre le impide a la mujer participar de las decisiones
económicas del hogar y le impone la obligación de rendirle cuentas de todo tipo de gasto.
Igualmente, le prohíbe estudiar o trabajar para evitar que la mujer logre su independencia
económica y, de esa manera, se sienta en necesidad de mantenerse en la relación. Por
otra parte, cuando ocurre la ruptura de la pareja, la violencia económica se manifiesta
en mayores beneficios económicos para el hombre, mientras que la mujer termina
“comprando su libertad” para evitar pleitos dispendiosos

2.8. Caso concreto

2.8.1. En el sub examine, de conformidad con los argumentos de la impugnación, la
señora Dilis Vargas Ruiz reprochó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado le
vulnerara sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
con ocasión de la expedición del auto de 15 de noviembre de 2022, por el cual dispuso
el rechazo de la impugnación ejercida contra el fallo de tutela de 6 de octubre de 2022
dictado en el trámite de la misma naturaleza identificado con el radicado 11001-03-15-
000-2022-04023-00.

La base de su inconformidad, la hizo consistir en la omisión de valorar la imagen a
través de la cual se demostró que la tutelante sí intentó interponer la impugnación
dentro del término de ejecutoria del mencionado proveído (20 de octubre de 2022),
mediante el dominio secgeneral@consejodeestado.gov.co, pero que tal correo emitió
un mensaje de vuelta en el que se informó que las solicitudes y demás documentos
debían allegarse al referido buzón, razón por la cual volvió a digitar la dirección
electrónica cambiando una letra por error.

En ese orden, la accionante reclamó que la judicatura censurada no aplicara en este
caso el principio de la primacía de lo material sobre lo procesal en beneficio de sus
derechos fundamentales y, con sujeción al enfoque de género en el ámbito de la
administración de justicia según el criterio de la Corte Constitucional, comoquiera que
tampoco tuvo en consideración las condiciones particulares de la tutelante, relativas a
que vive en un apartado rural y que no tiene mucho conocimiento y destreza en el uso
de las tecnologías de la comunicación.

2.8.2. Al respecto y en virtud del marco de la jurisprudencia de la Corte Constitucional
expuesto en el numeral «2.7.» de esta sentencia, se anuncia que la decisión de primer
grado de 10 de mayo de 2023 dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado será confirmada por las razones que se exponen a continuación:

Como primera medida, esta colegiatura advierte necesario indicar que en este evento
no es dable aplicar un enfoque diferencial como lo pretende el extremo activo, habida
cuenta de que el máximo órgano en materia de derechos humanos ha sido enfático en
señalar que los jueces al administrar justicia deben valorar con mayor tacto aquellos
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litigios en los que la controversia jurídica tiene como base una presunta situación de
violencia originada, por ejemplo, en el género, para el asunto que nos ocupa.

Conviene traer a colación la citada sentencia T-344 de 2020, pronunciamiento en el
cual se ilustró de manera concreta que:

La violencia de género posee tres características propias que la diferencian de otras
formas de violencia, a saber: “a) El sexo de quien sufre la violencia y de quien la ejerce:
la ejercen los hombres sobre las mujeres. b) La causa de esta violencia: se basa en la
desigualdad histórica y universal, que ha situado en una posición de subordinación a las
mujeres respecto a los hombres. c) La generalidad de los ámbitos en que se ejerce:
todos los ámbitos de la vida, ya que la desigualdad se cristaliza en la pareja, familia,
trabajo, economía, cultura política, religión, etc.”

Asimismo, en la sentencia T-351 de 2021, el mencionado alto tribunal hizo un llamado
a las autoridades judiciales para que aborden con este enfoque especial, los casos en
los que se encuentran involucradas mujeres «afectadas o víctimas de violencia» por
ser un fenómeno social notorio e innegable.

Es por ello que, en el sub lite, al no advertirse que la señora Dilis Vargas Ruiz estuviera
supeditada a un contexto de violencia por pertenecer al género femenino, o
demostrado que es sujeto de especial protección constitucional por tratarse de una
persona con una condición física, psicológica o social particular, que le imposibilitaran
el ejercicio de su derecho de defensa en el trámite de tutela 11001-03-15-000-2022-
04023-00, el juez de esta sede no considera que la decisión adoptada por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado en el auto de 15 de noviembre de 2022 fuera contraria
«a los parámetros fijados» por la Corte Constitucional frente a la perspectiva de género
en materia judicial.

En esa línea argumentativa, tampoco se evidencia que la judicatura cuestionada
incurriera en el defecto fáctico alegado por la accionante al rechazar la pluricitada
impugnación, debido a que su falta de conocimiento o de destreza en el uso de los
medios tecnológicos no implica per se un tratamiento desigual respecto de los demás
usuarios del servicio de administración de justicia.

Tal planteamiento pierde validez si se recuerda que no hay duda respecto a que el
proveído demandado fue debidamente notificado por la Secretaría del Consejo de
Estado y que gracias a ello la tutelante conoció el contenido de la decisión que advirtió
transgresora de sus garantías fundamentales.

También se reconoce que la señora Vargas Ruiz tuvo el interés en controvertir el auto
de 15 de noviembre de 2022, comoquiera que de las pruebas allegadas se evidencia
que se intentó enviar el correo respectivo el 20 de octubre de 2022, lo que precisa que
era consciente de que incluso en el marco de las acciones de tutela también existen
plazos perentorios.

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Conforme con lo aludido y acreditado en este proceso, es claro que la actora tuvo
acceso a medios tecnológicos dentro del término legal para impugnar y logró realizar
el envío de al menos 2 mensajes de datos vía electrónica pese al escaso conocimiento
y destreza en el uso de los medios tecnológicos.

Lo anterior quiere decir que, distinto a lo que pretende hacer parecer el extremo activo,
el origen del inconveniente no obedeció a que la señora Dilis Vargas Ruiz no contara
con red de internet o un equipo de cómputo por vivir en una zona rural; o que ante su
carente formación en el uso de la tecnología se le imposibilitara remitir
electrónicamente el memorial de impugnación, puesto que, como se señaló en líneas
previas, la demandante hizo el envío de 2 correos con la mala fortuna de que el
segundo de estos lo remitió a un dominio inexistente, por lo que del asunto no tuvo
conocimiento el Consejo de Estado.

En ese orden, para esta Sección, los argumentos que se analizan lejos de constituir
una vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia por parte del juez censurado, dejan en evidencia que el hecho de que no se
hubiera tramitado y resuelto la segunda instancia en el otro proceso de tutela es la
consecuencia de un error exclusivo de la accionante.

En efecto, tal como lo señaló el a quo, no hay lugar a acceder a las pretensiones de la
solicitud de amparo en virtud del enfoque diferencial por cuanto el deber de diligencia
y cuidado al momento de escribir la dirección electrónica no solo se le exige al género
femenino; dicho deber está en cabeza de la ciudadanía en general en el marco de los
diferentes procesos judiciales en los que se procura ejercer la defensa de los derechos,
lo que supone de entrada el uso adecuado, la interposición oportuna y en debida forma
de los mecanismos establecidos en la ley.

En la sentencia C-083 de 1995 la Corte Constitucional estableció que la regla general
del derecho «nemo auditur propriam turpitudinem allegans» hace parte del
ordenamiento jurídico pese a que no está contenida de forma expresa en una norma.

Tal pauta determina que nadie puede alegar su culpa con el fin de obtener un beneficio
propio, por cuanto afecta directamente el principio de la buena fe, razón por la cual el
referido órgano de cierre en materia constitucional explicó:

No hay duda de que quien alega su propia culpa para derivar de ella algún beneficio, falta
a la buena fe entendida como la ausencia de dolo, la conciencia de que el
comportamiento que se observa es conforme al derecho, y los fines que persigue están
amparados por éste. Ahora bien: el artículo 83 de la Carta del 91, impone la buena fé
como pauta de conducta debida, en todas las actuaciones, tanto de las autoridades
públicas como de los particulares”. (Énfasis del texto)
Así las cosas, resalta la Sala que no es aceptable que la equivocación cometida por la
señora Vargas Ruiz se alegue en su propio favor, con el ánimo de que el juez de tutela
dicte órdenes en desconocimiento de las disposiciones legales que, en este caso, se
circunscribe al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, en el que se establece que el
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interesado podrá impugnar el fallo de tutela de primera instancia dentro de los tres días
siguientes a su notificación. Ello, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 8. º de la
Ley 1123 de 2022.

Finalmente, se concluye que el auto de 15 de noviembre de 2022 no adolece de
defecto fáctico, en atención a que, contrario a lo señalado por la parte activa, la Sección
demandada sí analizó el elemento que daba cuenta de la intención de remitir el
memorial de impugnación dentro de la oportunidad procesal, como se cita a
continuación:

Ahora bien, revisados los documentos allegados, se observa que, de acuerdo con la
captura de pantalla la accionante remitió el 20 de octubre de 2022 un escrito denominado
“IMPUGNACION (1).PDF”, al correo electrónico secgeneral@concejodeestado.gov.co
(Énfasis propio), sin advertir, que la Secretaría General de esta Corporación en el oficio
de notificación de la sentencia precisó lo siguiente:

“[…] Las solicitudes y demás documentos que se remitan por medios electrónicos deberán
allegarse al buzón judicial: secgeneral@consejodeestado.gov.co; dado que la cuenta:
cegral@notificacionesrj.gov.co, es de uso exclusivo para el envío de notificaciones y/o
comunicaciones, por tanto, los correos enviados a esas bandejas no serán procesados y,
por ende, serán eliminados de los archivos temporales de los servidores que se encuentran
a cargo de la Oficina de Informática del Consejo Superior de la Judicatura.” (Énfasis propio)

No puede pasarse por alto que este despacho considera que la radicación de
memoriales en direcciones electrónicas de otras dependencias al interior de la Rama
Judicial deben ser atendidos y remitidos al juez competente para el trámite
correspondiente, en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia, a la
tutela judicial efectiva y al debido proceso. No obstante, en el caso bajo estudio se
advierte que el escrito de impugnación se remitió al dominio “@concejodeestado.gov.co”
(Énfasis propio) que no pertenece a alguna dependencia de la Rama Judicial, por lo que,
no es posible que la información equivocadamente remitida se redireccionara al buzón
de correo y/o al servidor público o dependencia que correspondiera.

Sin embargo, la autoridad censurada determinó que tal reparo no tenía la virtualidad
de desplazar el hecho de que, por un error de digitación de la tutelante, ajeno al servicio
de la administración de justicia, el mecanismo no se hubiera ejercido, apreciación con
la cual esta Sala de decisión está de acuerdo.

Con base en todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de 10 de mayo de 2023,
por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta negó la solicitud de amparo
deprecada por la señora Dilis Vargas Ruiz, al no encontrar configurado el defecto
planteado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de mayo de 2023 dictada por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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