Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04069-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04069-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04069-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
26 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 26 de octubre de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04069-00
Demandante: Lilia Amparo Escandón Gil
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Defecto sustantivo/ Defecto
orgánico/ Violación directa de la Constitución
Síntesis del caso: La demandante enjuició las providencias por medio de las cuales se
denegó el desistimiento del recurso de apelación en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a
resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por la Lilia
Amparo Escandón Gil contra el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 26 de julio de 2022, Lilia Amparo Escandón Gil, por conducto de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca por la presunta vulneración de sus
derechos a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de
justicia, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 76001-33-33-008-2019-00358-01.
2. A título de amparo constitucional, la demandante solicitó (se
trascribe):
“5.1. Se Tutelen los derechos fundamentales invocados por el accionante y
consecuentemente se disponga:
• Anular dentro del proceso distinguido con el número de radicación N.º
76001333300820190035800, todas las actuaciones que se han surgido con
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04069-00
Demandante: Lilia Amparo Escandón Gil
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Ampara
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posterioridad al día 15 de julio de 2021, fecha en que la Accionante radicó
ante la Accionada, el memorial de desistimiento del recurso de apelación;
procediendo especialmente a Revocar y dejar sin efectos la Sentencia No. 60
del 25 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo
del Valle del Cauca.
• Como consecuencia de lo anterior, declarar en firme la sentencia de
primera instancia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Cali No.
004 del 19 de enero de 2021.
• Ordenar la devolución del expediente al juzgado de origen a fin de que se
surtan los tramites de ejecutoría y archivo.
5.2. Advertir a la Corporación Judicial infractora para que se estricta
aplicación al Código de Procedimiento Administrativo, a fin de que no se
reitere esta situación”.
3. Como hechos relevantes, la parte actora narro los siguientes:
4. 1) Lilia Amparo Escandón Gil fue docente nacional por más de 20
años en la Institución Educativa Mercedes Abrego del municipio de Palmira
– Valle del Cauca, vinculándose con anterioridad al 27 de junio de 2003.
5. 2) La Secretaría de Educación de Palmira, mediante Resolución No.
600-002-003-313 de 9 de febrero de 2007, reconoció y ordenó el pago a la
señora Escandón Gil una pensión mensual vitalicia de jubilación.
6. 3) El 28 de agosto de 2018, la parte actora presentó derecho de
petición ante el FOMAG con el objeto de solicitar (a) la aplicación del
numeral 5 del artículo 8 de la Ley 91 de 1989, respecto de los descuentos
que se le aplican a sus mesadas pensionales a título de aportes al sistema
de salud, pues el monto que debía aportar era del 5% del valor de cada
mesada y no del 12% como se le había descontado; (b) la devolución de
los valores descontados; y (c) el ajuste anual de su mesada pensional con
base en la misma proporción en que el Gobierno Nacional incrementa el
salario mínimo mensual.
7. 4) Ante la ausencia de respuesta por parte del FOMAG, la
accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
con el fin de que se declarara nulo el acto ficto, se ordenara la devolución
de los descuentos en salud superiores al 5%, y se reliquidaran las mesadas
pensionales con base en el aumento del salario mínimo.
8. 5) El Juzgado 8 Administrativo de Cali, mediante Sentencia de 19 de
enero de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones2 y ordenó al
2 “PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del acto ficto o presunto configurado por la no contestación de la
petición presentada el 28 de agosto de 2018, específicamente en cuanto negó a la señora LILIA AMPARO
ESCANDÓN GIL, la solicitud de que no se le siguieran haciendo descuentos por aportes para salud de las
mesadas adicionales de junio y diciembre de la pensión ordinaria de jubilación, así como el reintegro de estos,
por las razones expuestas en esta providencia.// SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR
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FOMAG que (se trascribe): “en adelante no le siga descontando a la
señora LILIA AMPARO GIL, los aportes para salud de las mesadas
adicionales de junio y diciembre de su pensión de jubilación y a que
efectúe el reintegro de los aportes efectivamente descontados para salud
de las mesadas adicionales de junio y diciembre”.
9. 6) El 21 de enero de 2021, la parte demandante interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia bajo los siguientes
argumentos (se trascribe)
“- Error de interpretación normativa, dándose un sentido equivocado al tenor
literal y espiritual de las Leyes 812 de 2003 – Articulo 81, Parágrafo segundo del
Acto Legislativo 01 de 2.005; así como una incorrecta aplicación a lo
determinado en Sentencia de Constitucionalidad 369 de 2.004.
• Se están invocando precedentes que enmarcan situaciones que
únicamente acobijan a los pensionados del Régimen General de pensiones,
las cuales no le son aplicables a un docente que pertenece al régimen
exceptuado.
• Se está incurriendo en error de conceptualización, puesto que el aporte que
se realiza de la mesada pensional y cotización que se efectúa sobre el salario
devengado, son dos rubros muy diferentes y no pueden ser catalogados
como iguales.
La Sentencia de primera Instancia desconoce la obligatoria aplicación del
Precedente Jurisprudencial de Alta Corte, específicamente de la Sentencia
de Unificación proferida por el Honorable CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, Consejero Ponente: Dr.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS, Sentencia de unificación Sentencia SUJ-014 -CE-S2
-2019, proferida el veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019);
mediante la cual se ratifica el Régimen Pensional aplicable a los Docentes, en
virtud a su fecha de vinculación.”
10. 7) Mediante Sentencia de Unificación de 3 de junio de 2021, Exp.
0632-18, CE-SUJ-024-21, el Consejo de Estado precisó que (se trascribe):
“son procedentes los descuentos con destino a salud en el porcentaje del
12% señalado en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, así como las normas
que lo modifiquen, de las mesadas adicionales de junio y diciembre de los
docentes”.
11. 8) El 16 de julio de 20213, el apoderado de la parte actora presentó
memorial por medio del cual desistía del recurso de apelación, pues, en su
a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO,
que en adelante no le siga descontando a la señora LILIA AMPARO ESCANDÓN GIL, los aportes para salud de las
mesadas adicionales de junio y diciembre de su pensión de jubilación y a que efectúe el reintegro de los aportes
efectivamente descontados para salud de las mesadas adicionales de junio y diciembre de la pensión de
jubilación de la señora LILIA AMPARO ESCANDÓN GIL, desde el 28 DE AGOSTO DE 2015.// TERCERO: NEGAR las
demás pretensiones de la demanda.”
3 La parte actora en su escrito de tutela señaló que el desistimiento fue presentado el 15 de julio de 2021, sin
embargo, una vez revisado el proceso ordinario en el aplicativo de gestión judicial SAMAI, se advirtió que la
fecha fue el 16 de julio de 2021.
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criterio, la postura adoptada en la Sentencia de Unificación era totalmente
adversa a sus intereses4.
12. 8) El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante Auto No.
160 de 20 de septiembre de 2021, negó el desistimiento del recurso, tras
considerar (se trascribe)
“Como se observa, el máximo órgano de la jurisdicción declaró, mediante
precedente obligatorio, que proceden los descuentos en salud de todas las
mesadas pensionales de los docentes, y advirtió que dicha decisión tiene
efectos retrospectivos, esto es, que debe aplicarse tanto a los asuntos que se
encuentran en trámite en la vía administrativa como judicial.
En el caso de autos el juzgado ordenó la devolución de aportes de las
mesadas adicionales a partir del 28 de agosto de 2015, por lo tanto, el
desistimiento del recurso de apelación dejaría en firme esa decisión, que es
contraria a la unificación.
Conforme lo anterior, en virtud de los deberes del juez y para precaver una
decisión lesiva al patrimonio público, el despacho no aceptará el
desistimiento del recurso de apelación y ordenará seguir con el trámite
correspondiente.
De otra parte, se evidencia que el presente asunto está pendiente de la
admisión del recurso de apelación interpuesto el 21 de enero de 2021 contra
la sentencia No. 004 del 19 de enero de 2021 proferida por el Juzgado Octavo
Administrativo de Cali, revisado el expediente se observa que cumple con los
requisitos establecidos en los artículos 247 del CPACA y 192 inciso 4 ibidem,
por tanto, se admitirá el recurso interpuesto.
Por lo anterior, no se aceptará el desistimiento de las pretensiones de la
demanda.”
13. 9) El 24 de noviembre de 2021, la accionante radicó incidente de
nulidad con fundamento en que la aceptación del referido desistimiento
(se trascribe): “no es una decisión facultativa del juez de segunda
instancia”.
14. 10) El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante
Sentencia de 25 de mayo de 2022, (a) rechazó de plano el incidente de
nulidad5; (b) modificó la decisión de primer grado y , en su lugar, negó las
4 “(…) respetuosamente y actuando bajo las facultades concedidas por la demandante en el poder de
representación y conforme los postulados del artículo 81 de la ley 1437 de 2011 (CPACA), me permito manifestar
que desisto del Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia proferida por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cali, dentro del proceso de la referencia.// Lo anterior por cuanto los recientes
pronunciamientos jurisprudenciales han permitido que el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle adoptara
una postura sobre el objeto del litigio, y de continuar con esta instancia judicial mi representada será sancionada
con el pago de costas procesales y agencias en derecho.// Amablemente solicito al Honorable despacho
judicial que en pro del principio de economía procesal conceda el desistimiento aquí solicitado. ”
5 “La apoderada de la parte actora pidió la nulidad a partir de la presentación del desistimiento del recurso de
apelación. Argumentó que se configuró la causal 1 del artículo 133 del C.G.P. porque la Corporación perdió
competencia para resolver el asunto a partir de la presentación del desistimiento. Dijo que el juzgador no podía
detenerse a meditar los motivos y las consecuencias del desistimiento y simplemente debió aceptar la decisión
del recurrente.// La solicitud debe ser rechazada de plano, como ordena el inciso final del artículo 135 del CGP
al disponer “El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las
determinadas en este capítulo”. Ello porque la causal primera del artículo 133 consagra que el proceso es nulo
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pretensiones de la demanda; y (c) se abstuvo de condenar en costas a la
parte demandante.
15. Como fundamento de la vulneración, la parte demandante alegó
que (1) no existe aplicación igualitaria en las decisiones emitidas por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca relacionadas con el
desistimiento del recurso de apelación; (2) el desistimiento del recurso de
alzada es un acto libre y voluntario de los sujetos procesales, por tanto,
dicha potestad no está sometida a criterio del juez o magistrado que
recibe tal solicitud; y (3) el actuar del tribunal imposibilitó que la parte
actora pudiera adquirir el beneficio prestacional que le fue conferido en
primera instancia.
1.2. Posición de la parte demandada y terceros6
16. El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación del
proceso por falta de legitimación pasiva en la causa. Adujo que dicha
cartera no ha vulnerado de forma alguna los derechos de la parte actora.
Asimismo, señaló que la acción de tutela era improcedente por no cumplir
con el requisito de subsidiariedad.
17. El Juzgado 8 Administrativo de Cali hizo un recuento de las
actuaciones adelantadas en el proceso ordinario. Además, indicó (se
trascribe)
“Por lo anterior, en lo que concierne a la suscrita, es necesario resaltar que la
providencia que emitió el Despacho en primera instancia, se subsumió al
estricto respeto por el precedente judicial vigente al momento de proferir la
sentencia y no se había emitido la sentencia de unificación del Consejo de
Estado SUJ-024-CE-S2-2021 del 03 de junio de 2020, igualmente, dicha postura
judicial tomada inicialmente acató al principio de independencia judicial
reglada, luego de una valoración probatoria adecuada de las pruebas, la
cual vale aclarar, fue replanteada ante la sentencia unificadora del Consejo
de Estado”
18. El Tribunal Administrativo del Valle de Cauca presentó informe en el
que manifestó que (1) la razón para negar el desistimiento del recurso de
apelación consistió en que lo decidido por el juez de primera instancia iba
en contravía de lo establecido en la Sentencia de Unificación de 3 de junio
de 2021, Exp. 0632-18, CE-SUJ-024-21, del Consejo de Estado y en perjuicio
del patrimonio público y la estabilidad financiera del FOMAG, y (2) las
razones de hecho y de derecho que sustentan la decisión adoptada por
esa autoridad quedaron consignadas en la providencia objeto del juicio
“1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia” y en este
proceso no se hizo tal declaración”.
6 Mediante Auto de 29 de julio de 2022, el despacho ponente resolvió, entre otras, (1) admitir la acción de tutela
de la referencia, (2) tener como demandado al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y (3) vincular al
Juzgado 8 Administrativo de Cali, al Ministerio de Educación, al FOMAG y al municipio de Palmira como terceros
con interés en el proceso.
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de tutela. Aunado a ello, señaló que, el 1 de junio de 2022, la parte actora
presentó incidente de nulidad y, mediante Auto de 18 de julio de 2022, se
abstuvo de dar trámite a la misma, por cuanto esté ya había sido resuelto
en la Sentencia de 25 de mayo de 2022.
19. El FOMAG y el municipio de Palmira guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. identificación del objeto de estudio. 2.2. Identificación de los defectos
alegados. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.5. Verificación de defectos alegados y/o vulneración de derechos
fundamentales. 2.6. Conclusiones.
2.1. Identificación del objeto de estudio
20. Para la Sala es necesario identificar contra qué decisiones fueron
formulados los reparos del escrito de tutela. Así las cosas, es claro que se
enjuició, de un lado, la decisión de negar el desistimiento del recurso de
apelación, aspecto que fue resuelto mediante Auto de 20 de septiembre
de 2021 y, por el otro, la Sentencia de 25 de mayo de 2022, por medio de
la cual se resolvió de plano el incidente de nulidad y se revocó la decisión
de primera instancia para, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda.
21. Si bien con posterioridad a la sentencia de segunda instancia se
profirió el Auto de 18 de julio de 2022, lo cierto es que en esa decisión el
tribunal se abstuvo de dar trámite al incidente de nulidad, comoquiera que
el mismo había sido resuelto de plano en la mencionada sentencia.
2.2. Identificación de los defectos alegados
22. Pese a que la parte actora no alegó la configuración precisa de un
efecto en particular, de la lectura de los reparos planteados en su escrito
de tutela, la Sala logró advertir que los mismos encuadran en los defectos
(1) sustantivo, de cara a las normas que tratan la figura del desistimiento de
actos procesales, (2) orgánico, por cuanto, en su criterio, el Tribunal actuó
sin competencia y (3) de violación directa de la Constitución, por la
presunta afectación al derecho a la igualdad en las decisiones judiciales.
Sin embargo, ello no es impedimento para que se realice un estudio
conjunto de los mismos.
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2.3. Fijación de la controversia
23. Corresponde determinar, luego de verificados los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela, si el Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca, como juez de segunda instancia en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, vulneró los derechos a la igualdad,
debido proceso y acceso a la administración de justicia de la señora
Escandón Gil por haber negado el desistimiento del recurso de apelación y
proferir sentencia de segunda instancia, aun cuando dicho desistimiento
cumplió con los requisitos que dispone sobre el particular la ley.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial7
24. La Sala advierte que en este caso se cumplieron los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe
recurso idóneo y eficaz que permitiera al demandante alegar los reparos
planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho presuntamente
vulnerado. No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se
relacionó con una Sentencia de segunda instancia dictada en el marco
de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Se identificaron
de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta
vulneración derivada de ellos.
25. Para efectos de estudiar de requisito de inmediatez, la Sala tomará
en consideración, para todos los reparos de la presente solitud de amparo,
la fecha de notificación de la Sentencia de 25 de mayo de 2022, ya que si
bien el incidente de nulidad formulado el 24 de noviembre de 2021 no dejó
formalmente en suspenso la ejecutoria del Auto de 20 de septiembre de
2021, materialmente, fue hasta la sentencia que se resolvió definitivamente
el tema. En ese orden, hubo un plazo razonable entre la mencionada
fecha (31/5/22) y la de interposición de la presente acción de tutela
(26/7/22)8.
26. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de los derechos
fundamentales de la demandante, en el marco de un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, donde se alega la configuración de los
defectos sustantivo, orgánico y de violación directa de la Constitución. Es
preciso señalar que si bien es cierto, podría considerarse que los
7 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-66 de 2019.
8 En un caso con similitud fáctica y jurídica al de la referencia, esta Sala, sobre la inmediatez, dispuso (se
trascribe) “7.1.- Además, como cuestión previa se advierte que el término de inmediatez se contará a partir de la
notificación de la sentencia que puso fin al proceso, pues en esta se resolvió la solicitud de nulidad interpuesta
contra el auto del 20 de septiembre de 2021 que negó el desistimiento y que dio origen a la vulneración de los
derechos fundamentales del accionante”. Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 25
de agosto de 2022, Rad. 11001-03-25-000-2022-04140-00.
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argumentos presentados en el escrito de tutela fueron una reiteración de
los presentados por la parte actora en sus incidentes de nulidad, en
realidad no lo son, comoquiera que (1) el Auto de 18 de julio de 2022 se
abstuvo de dar trámite al incidente de nulidad formulado con
posterioridad a la expedición de la sentencia de segunda instancia, (2) los
reparos relacionados con la falta de competencia del tribunal par proferir
sentencia, no se estudiaron en el trámite de la segunda instancia, y (3) la
sentencia concretó la presunta afectación a los derechos de Lilia Amparo
Escandón Gil.
2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales
27. La Sala amparará el derecho al debido proceso de la señora
Escandón Gil, por las razones que pasan a explicarse:
28. La parte actora estimó vulnerados sus derechos comoquiera que (1)
no existió trato igualitario en las decisiones judiciales que adoptó el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca a la hora de resolver sobre el
desistimiento del recurso de apelación, (2) dicha autoridad actuó sin
competencia, luego de haberse presentado el desistimiento del recurso
por el apelante único y (3) no aceptar el desistimiento ha impedido que la
decisión de primera instancia cobre ejecutoria y se acceda a lo concedió
por el juez en su momento.
29. Sobre el particular, en un caso con situaciones fáctica y jurídica
similares al que aquí se estudia, esta Sala accedió a la solicitud de amparo,
tras considerar (se trascribe)
“9.- La Ley 1437 de 2011 (CPACA) no regula el desistimiento de los recursos
que pueden interponerse en el marco de las acciones judiciales de lo
contencioso administrativo, con excepción de lo previsto para el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia y que no corresponde al
presente asunto.
9.1.- Por lo tanto, en virtud del artículo 306 del CPACA, en lo pertinente debe
aplicarse lo previsto en la Ley 1564 de 2012 (CGP). Las reglas del CGP,
contempladas en los artículos 314 a 317, son las siguientes: (i) por regla
general debe ser incondicional; (ii) debe ser presentado por un apoderado
con facultad expresa para ello; (iii) debe presentarse antes de que finalice el
proceso o se resuelva el respectivo recurso o acto procesal; y (iv) deja en
firma la providencia materia del mismo, respecto a quien lo hace.
9.2.- La normativa no dispone que los motivos que justifican el desistimiento
sean objeto de revisión o aprobación por parte del juez ante quien se
presenta, el cual debe verificar únicamente los requisitos señalados
expresamente en la ley. Lo anterior tiene aplicación en asuntos laborales y de
seguridad social, según lo ha dispuesto la Sección Segunda de esta
Corporación, puesto que mientras no se profiera fallo definitivo los derechos
alegados se encuentran en discusión
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(…)
9.4.- La aceptación del desistimiento no contraviene el efecto retrospectivo y
la aplicación inmediata de la sentencia de unificación en cita dado que: (i) la
aplicación del precedente únicamente tiene lugar al momento de proferirse
sentencia; (ii) la sentencia de unificación no es aplicable a los casos en los
cuales haya operado la cosa juzgada, la cual se genera cuando se desiste
del recurso de apelación contra el fallo: <<el desistimiento de un recurso deja
en firme la providencia materia del mismo>>; y (iii) no pueden añadirse
requisitos adicionales y no previstos en la ley, en relación con el ejercicio del
derecho a desistir de un acto procesal.
10.- En ese sentido, se advierte que en este caso el auto que negó el
desistimiento del recurso de apelación desconoció las garantías procesales
de la accionante, pues el tribunal se extralimitó en sus funciones, y adoptó
una decisión que carece de fundamento legal.
10.1.- Además, la decisión constituyó un prejuzgamiento en el asunto, pues
desde el auto de admisión del recurso (y que negó el desistimiento) se
anticipa el sentido del fallo y se califica a la sentencia de primera instancia
como contraria al precedente vigente, siendo esta la razón por la cual no
acepta el desistimiento.
10.2.- Adicionalmente, la postura del tribunal desconoce el principio
dispositivo y de justicia rogada, en virtud del cual el inicio y trámite de un
proceso pende de que las partes interesadas ejerzan el derecho de acción,
no siendo posible que un juez oficiosamente promueva o incentive la
demanda. De igual forma, la decisión de terminar un proceso u acto procesal
por desistimiento expreso de la parte interesada constituye un acto dispositivo
y volitivo que se funda en el mismo principio y por lo tanto debe ser respetada
por la autoridad judicial: un proceso regido por la justicia rogada no solo inicia
a petición de parte, sino que, en caso de que esta desista, desaparece la
causa que activó la jurisdicción. Aceptar lo contrario implicaría que el juez
puede ordenar seguir con un trámite pasando por alto la voluntad expresa de
las partes, quienes justamente le atribuyeron competencia en la causa.
10.3.- Lo anterior, además, atenta contra el principio de imparcialidad, pues
comporta una actuación del juez a favor de mantener la causa, en
detrimento de los intereses de una parte (la que desiste) y a favor de la otra
que, valga añadir, en este caso guardó silencio frente a la sentencia de
primera instancia y ante la solicitud de desistimiento, de lo que se desprende
su aquiescencia. En otros términos, el accionante es el apelante único y por lo
tanto tiene derecho a desistir del recurso interpuesto y es este derecho el que
se está vulnerando
10.4.- Finalmente, como quiera que la consecuencia del desistimiento es la
firmeza de la providencia recurrida, esta, al tratarse de una sentencia, hace
tránsito a cosa juzgada, con lo cual cesa la competencia del juez de
segunda instancia. Por lo tanto, toda actuación posterior se encuentra
viciada, pues se habría proferido por fuera de la competencia del tribunal.”9
30. En ese orden, comoquiera que se trata de la misma discusión ante la
misma autoridad judicial y las consideraciones plasmadas en el
antecedente conocido por esta Sala resultan plenamente aplicables al
presente caso, no hay razón para fallar en sentido diferente.
9 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 25 de agosto de 2022, Rad. 11001-03-25-000-
2022-04140-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04069-00
Demandante: Lilia Amparo Escandón Gil
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________
2.6. Conclusión
31. Para la Sala existen razones suficientes para amparar los derechos a
la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia de la
señora Escandón Gil y, en consecuencia, se dejarán sin efecto todas las
actuaciones surdidas con posterioridad al 16 de julio de 2021, fecha en la
que se presentó el desistimiento del recurso de apelación contra la
Sentencia de 19 de enero de 2021.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia de Lilia Amparo Escandón
Gil.
SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las actuaciones surtidas
durante el trámite de la segunda instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 76001-33-33-008-2019-00358-01 desde el
16 de julio de 2021, fecha en que se radicó el desistimiento del recurso de
apelación.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que,
dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera
una nueva providencia en la que resuelva sobre el desistimiento
presentado por la accionante, limitando su análisis únicamente a los
requisitos previstos en la ley para esos efectos.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin10.
QUINTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
10 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04069-00
Demandante: Lilia Amparo Escandón Gil
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________
SEXTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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