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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04090-00

Fecha
31 de agosto de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04090-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la solicitud de amparo por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 8 Radicado: 11001-03-15-000-2022-04090-00 Accionantes: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial y otro Declara la improcedencia SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación elevada por el Ministerio del Trabajo. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04090-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

31 de agosto de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04090-00
Accionantes: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial y otro
Declara la improcedencia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04090-00
Accionantes: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y
Fluvial y otro
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Se declara improcedente
respecto a uno de los cargos no cumplir con la carga mínima de argumentación / Se
declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional, frente a todo lo
demás.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por la Unión de
Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial -en adelante UNIMAR-
y la Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana -en adelante
ASOMMEC- contra la sentencia proferida el 26 de mayo de 2022 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B. En dicha providencia se negaron las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho adelantada
por las accionantes contra las Resoluciones No. 000777 de junio 15 de 2012;
00001528 de 28 de septiembre de 2012 y 00002037 de 18 de junio de 2012
proferidas por el Ministerio del Trabajo.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

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Accionantes: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial y otro
Declara la improcedencia

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 27 de julio de 2022 UNIMAR y ASOMMEC interpusieron una acción de tutela
para obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso, vulnerado,
en su concepto, por la sentencia del 26 de mayo de 2022 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento con radicado No. 11001-03-24-000-2014-00403-00. Este proceso
fue adelantado por las actoras contra las Resoluciones No. 000777 de junio 15 de
2012; 00001528 de 28 de septiembre de 2012 y 00002037 de 18 de junio de 2012
proferidas por el Ministerio del Trabajo.

2.- Como pretensiones, las accionantes formularon las siguientes (se transcribe):

<<Por lo anteriormente expuesto solicitamos respetuosamente tutelar el derecho
fundamental al debido proceso, y en consecuencia DECLARAR LA NULIDAD de la
sentencia 3674-2014 de mayo 26 de 2022.

ORDENAR a la Sala proferir una nueva sentencia donde se decida la procedencia
de la declaración de unidad de empresa, establecida en el artículo 194 del C.S.T.,
respetando la Constitución y la Ley, y la intangibilidad de la cosa juzgada del año
2002, fallada en estricta aplicación del principio de favorabilidad establecido en el
artículo 53 de la Carta Política de 1991 y los artículos 14, 16, 20 y 21 del C.S.T. que
ordenan la primacía de las leyes laborales sobre las comerciales, y la
inembargabilidad de los derechos mínimos de los trabajadores>>.

B. Hechos

3.- El 27 de octubre de 2000 el representante legal de ASOMMEC solicitó ante el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la declaración de la unidad de empresa
entre la Federación Nacional de Cafeteros y la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante S.A. Mediante la Resolución 070 del 18 de enero de 2002, el Director
Territorial de Cundinamarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social declaró la
unidad de empresa entre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en
calidad de Administradora del Fondo Nacional del Café y la Compañía de Inversiones
de la Flota Mercante S.A., decisión que fue confirmada mediante Resoluciones No.
889 de 21 de mayo y 1212 de 30 de julio de 2002.

3.1.- La Federación Nacional de Cafeteros interpuso una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra las anteriores resoluciones, la cual fue resuelta
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante sentencia del

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23 de abril de 2009. En dicha providencia se declaró la nulidad de las resoluciones
atacadas y se ordenó al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social que rehiciera la
actuación administrativa tendiente a definir la declaración o no de la unidad de
empresa, vinculando a todas las personas naturales o jurídicas -en especial a la
Federación Nacional de Cafeteros- que pudieran resultar afectadas con dicha
decisión.

3.2.- Mediante la Resolución 000777 de 15 de junio de 2012, el Director Territorial de
Cundinamarca del Ministerio del Trabajo negó la solicitud de declaración de unidad
de empresa y argumentó que, pese a que la Federación Nacional de Cafeteros, en
calidad de administradora del Fondo Nacional de Café, tenía preeminencia
económica sobre la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., pues era
poseedora del 80.7% de las acciones ordinarias de esta, no existía similitud de
actividad económica ni había personal en común ni en comisión.

3.3.- UNIMAR interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra
dicho acto administrativo. Los recursos fueron resueltos desfavorablemente por
medio de las Resoluciones No. 00001528 de 28 de septiembre de 2012 y 0002037
de 18 de junio de 2012.

3.4.- El 16 de mayo de 2014 UNIMAR y ASOMMEC interpusieron -mediante
apoderado judicial- una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que
solicitaron la anulación de las anteriores resoluciones y, a título de restablecimiento
del derecho, que se declarara la existencia de la unidad de empresa entre la
Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. y la Federación Nacional de
Cafeteros.

3.5.- Mediante providencia del 26 de mayo de 2022 el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B1 negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que
no se cumplían los supuestos necesarios para declarar la unidad de empresa. Indicó
que, pese a que la Federación Nacional de Cafeteros adquirió el 80.07% de las
acciones de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. con recursos del
Fondo Nacional del Café, <<esos dineros hacen parte de una cuenta de naturaleza
parafiscal constituida por recursos públicos, cuyo objetivo prioritario es contribuir a
estabilizar el ingreso cafetero>>.

1 En el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se ordenó la vinculación de la Federación

Nacional de Cafeteros de Colombia, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Fiduprevisora S.A., por
tener un interés directo en las resultas del proceso.

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3.5.1.- Por lo anterior concluyó que, al ser el Fondo Nacional del Café una cuenta
parafiscal que no tiene connotación de personería jurídica, no era posible declarar la
unidad de empresa, pues, de conformidad con el artículo 194 del Código Sustantivo
del Trabajo, es necesario que existan una o más personas naturales o jurídicas.

3.5.2.- Por otra parte, argumentó que (i) no existía similitud alguna entre la Compañía
de Inversiones de la Flota Mercante S.A. y la Federación Nacional de Cafeteros en
calidad de administradora del Fondo Nacional del Café, toda vez que las actividades
que cada una de ellas desarrollan son disimiles entre si; (ii) no existía conexidad entre
estas, pues si bien comparten algunos de sus directivos, funcionaron en sedes
diferentes y (iii) no existía complementariedad, puesto que la Compañía de
Inversiones de la Flota Mercante S.A. se encontraba en liquidación obligatoria, y por
ello podía desarrollar su objeto social solo para efectos de culminar el proceso
liquidatorio.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- Las accionantes señalan que en la providencia atacada no se resolvió el cargo
denominado como <<manipulación propiedad de bienes públicos. Manipulación
objeto social del Fondo Nacional del Café>>, por lo que alegan que la autoridad
judicial accionada <<alteró la demanda, para excluir del proceso parte vital>>.

4.1.- Indican que en la providencia atacada, la Consejera Ponente <<manipuló la
propiedad de bienes públicos como el objeto social de la Federación Nacional de
Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café>>, por cuanto (i) colocó
en su lugar el objeto social de la Federación Nacional de Cafeteros como entidad
privada y (ii) negó la existencia del objeto social del Fondo Nacional del Café.

4.2.- Así mismo, afirman que <<se manipuló el objeto social de la Compañía de
Inversiones de la Flota Mercante S.A.>>, al considerar que este no existe por
encontrarse en liquidación obligatoria desde el año 2000.

4.3.- Indican que en la providencia atacada se incurrió en violación a la Constitución,
por <<hacer prevalecer la ley comercial sobre la Constitución y sobre la ley laboral>>.

4.4.- Agregan que también se incurrió en violación a la cosa juzgada, pues en 2002
el Ministerio del Trabajo declaró la unidad de empresa entre la Flota Mercante y la
Federación Nacional de Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café,
por lo que la imposición de un razonamiento opuesto vulnera la Constitución.

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D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Ministerio de Trabajo (tercero con interés) solicita su desvinculación de la
presente acción de tutela, toda vez que no vulneró los derechos fundamentales de
las accionantes. Por otra parte, indica que la presente tutela no cumplió con el
requisito de inmediatez.

6.- La Federación Nacional de Cafeteros (tercero con interés) solicita que se declare
la improcedencia de la acción de tutela, pues <<esta se sustenta en ataques sin
fundamento contra la consejera ponente>>; adicionalmente, indica que la vulneración
de los derechos fundamentales de las autoridades accionadas no es clara y no está
debidamente justificada.

7.- El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B (accionado), el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y la Fiduprevisora S.A. (terceros con interés), pese a
estar debidamente notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

8.- La Sala (i) declarará improcedente la acción frente al reproche relacionado con
<<la manipulación de bienes públicos como el objeto social de la Federación
Nacional de Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café y de la
Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.>> por no agotar la carga mínima
de argumentación y (ii) declarará improcedente la acción frente a los reproches
relacionados con la violación directa de la Constitución y la <<alteración al texto de
la demanda>> por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues la
acción de tutela reitera los mismos argumentos que fueron planteados y resueltos
dentro del proceso ordinario2.

E. Frente al reproche relacionado con <<la manipulación de bienes públicos
como el objeto social de la Federación Nacional de Cafeteros como
administradora del Fondo Nacional del Café y de la Compañía de Inversiones
de la Flota Mercante S.A.>>, la parte actora no satisfizo la carga argumentativa
mínima, toda vez que no alegó la configuración de un defecto

2 El magistrado ponente advierte que se debe estudiar de fondo la acción de tutela porque se cumple el requisito

de relevancia constitucional, la parte actora alegó la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso y
explicó los vicios que consideró configurados en la decisión atacada (violación directa de la Constitución y
ausencia de motivación). Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala, según la cual cuando se reiteran
argumentos que fueron resueltos dentro del proceso ordinario, no se cumple con este requisito.

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9.- La parte actora indicó que en la providencia atacada (i) se <<manipuló la
propiedad de bienes públicos como el objeto social de la Federación Nacional de
Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café>> y (ii) se <<manipuló
el objeto social de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A>>. Al
respecto, la Sala constata que las accionantes no alegaron la configuración de un
defecto en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencia C-
590 de 2005).

10.- Sin embargo, si en gracia de discusión este argumento se encuadrara en un
defecto fáctico, pues se alega el incorrecto análisis de los objetos sociales de la
Federación Nacional de Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café
y de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., la Sala advierte que la
parte actora no precisó cuáles fueron pruebas valoradas de manera indebida o de
las cuales se omitió su valoración. Ante la falta de identificación de las mismas, al
juez de tutela no le es dable entrar a verificar la valoración probatoria realizada por
el juez ordinario, pues es necesario que se indique la indebida o ausencia de
valoración de las pruebas.

F. Frente a los demás reparos la parte actora no cumplió con el requisito de
relevancia constitucional. Sin perjuicio de lo anterior, se constata que los
cargos formulados en el escrito de tutela no tienen vocación de prosperar

11.- La Sala advierte que, en todo caso, la autoridad accionada no incurrió en
violación a la Constitución. Las accionantes indican que la providencia atacada
incurrió en violación a la Constitución pues (ii) <<se hizo prevalecer la ley comercial
sobre la Constitución y la ley laboral>> y (ii) se incurrió en violación a la cosa juzgada
frente a las resoluciones proferidas por el Ministerio del Trabajo en 2002.

11.1.- En primer lugar, la Sala observa que en la providencia atacada se aplicó
debidamente la normatividad establecida sobre la unidad de empresa, regulada en
el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo.

11.2.- Al respecto, la autoridad judicial accionada indicó que, pese a que la
Federación Nacional de Cafeteros adquirió el 80.07% de las acciones de la
Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en liquidación obligatoria, con
recursos del Fondo Nacional del Café, este último no es propiedad de la Federación
Nacional de Cafeteros, y que, además, al ser una cuenta parafiscal que no tiene la
connotación de personería jurídica, no era dable declarar la unidad de empresa,
pues, en términos del artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo, es necesario
que existan una o más personas naturales o jurídicas.

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11.3.- Por otra parte, concluyó que (i) no existía similitud, entre los objetos sociales
de la Federación Nacional de Cafeteros en su calidad de administradora del Fondo
Nacional del Café y la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., pues las
actividades desarrolladas por dichas empresas eran <<totalmente disimiles entre
sí>>; (ii) no existía conexidad, toda vez que, si bien las mencionadas empresas
compartían algunos de sus directivos, funcionaron en sedes o lugares diferentes y la
<<única relación que existió fue la inversión que realizó la Federación Nacional de
Cafeteros en calidad de administrador del Fondo Nacional del Café a la Compañía
de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en liquidación obligatoria>>, y (iv) tampoco
existió complementariedad, dado que para el momento en que se solicitó la unidad
de empresa, la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. se encontraba
en liquidación obligatoria, por lo que solo desarrollaba su objeto social para efectos
de culminar el proceso liquidatorio; además, indicó que como el Fondo Nacional del
Café no tiene trabajadores a su servicio (al ser una cuenta parafiscal) sus recursos
solo pueden destinarse al desarrollo de la industria cafetera y contractual.

12.- Lo mismo ocurre frente al reproche relacionado con la <<alteración al texto de
la demanda>>. La Sala constata que en la providencia atacada se resolvió el cargo
denominado <<Manipulación propiedad de bienes públicos. Manipulación objeto
social del Fondo Nacional del Café>>. En este, las autoridades accionadas alegaron
que la declaratoria de unidad de empresa no fue presentada contra la Federación
Nacional de Cafeteros como entidad privada, sino en su calidad de administradora
del Fondo Nacional del Café.

13.- En la providencia cuestionada se resolvió dicho cargo y se indicó que el Fondo
Nacional del Café no es propiedad de la Federación Nacional de Cafeteros, por lo
que <<esos dineros hacen parte de una cuenta de naturaleza parafiscal constituida
por recursos públicos, cuyo objetivo prioritario es contribuir a estabilizar el ingreso
cafetero mediante la reducción de los efectos de la volatilidad del precio
internacional>>. Además, como se mencionó anteriormente, se argumentó que no
era posible declarar la unidad de empresa, pues el Fondo Nacional del Café, al ser
una cuenta parafiscal no tiene la connotación de personería jurídica.

14.- Frente a la violación a la cosa juzgada, la Sala advierte que la parte actora
tampoco cumplió con el requisito de relevancia constitucional. La autoridad
accionada se pronunció sobre la aplicación de las resoluciones proferidas en el año
2002 por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, mediante las cuales se declaró
la unidad de empresa entre la Federación Nacional de Cafeteros en calidad de

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administradora del Fondo Nacional del Café y la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante S.A., e indicó (se transcribe):

<<En cuanto al argumento según el cual el Ministerio del Trabajo para negar la
solicitud de unidad de empresa no tuvo en cuenta los argumentos expuestos en las
Resoluciones 0070, 00889 y 01212 de 2002, por medio de las cuales declaró la
unidad de empresa, la Sala precisa que estos actos administrativos ya fueron
sometidos a estudio de revisión de legalidad ante el Consejo de Estado, al punto, que
se declaró su nulidad mediante sentencia del 23 de abril de 2009 y se ordenó rehacer
toda la actuación administrativa; en tal sentido, tales actos administrativos no pueden
ser ahora tenidos en cuenta, porque los mismos fueron declarados nulos, en atención
a que fueron producidos con desconocimiento del debido proceso>>.

14.1.- Sin perjuicio de lo anterior, se evidencia que no se incurrió en violación a la
cosa juzgada, pues, en primer lugar, la decisión del 23 de abril de 2009 resolvió sobre
la nulidad de las Resoluciones No. 070 del 18 de enero de 2002, 889 de 21 de mayo
de 2002 y 1212 de 30 de julio de 2002; mientras que en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en la que se profirió la providencia atacada se
cuestionaron las resoluciones 000777 de 15 de junio, 00001528 de 28 de septiembre
de 2012 y 00002037 de 18 de junio de 2012.

14.2.- Además, se aclara que, pese a que la parte actora alega que las resoluciones
proferidas en el año 2002 constituyen cosa juzgada, estas fueron declaradas nulas
por la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, y, por otra parte, si bien
los procesos comparten identidad de partes, no tienen el mismo objeto ni causa, por
lo que no se configuró la cosa juzgada.

15.- Finalmente, la Sala negará la solicitud de desvinculación presentada por el
Ministerio del Trabajo, toda vez que este fue vinculado a la presente acción
constitucional en calidad de tercero con interés.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la solicitud de amparo por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04090-00
Accionantes: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial y otro
Declara la improcedencia

SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación elevada por el Ministerio del
Trabajo.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

CUARTO: Si esta decisión no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de esta
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

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