Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2014-00403-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2014-00403-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-24-000-2014-00403-00
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
26 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “B”
CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D. C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022).
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del
Transporte Marítimo y Fluvial -UNIMAR- y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina
Mercante Colombiana -ASOMMEC-.
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de
Hacienda y Crédito Público / Federación
Nacional de Cafeteros -FEDECAFÉ- / Fiduciaria la
Previsora -FIDUPREVISORA S.A.-1
Trámite: Medio de control de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho / Única instancia.
Asunto: Establecer si es posible declarar la unidad de
empresa entre la Compañía de Inversiones Flota
Mercante -FLOTA MERCANTE S.A.- y la
Federación Nacional de Cafeteros -FEDECAFÉ-.
El Consejo de Estado, a través de la Sección Segunda, Subsección B,
procede a emitir sentencia de única instancia en la presente causa judicial.2
I.- ANTECEDENTES
1.1.- PRETENSIONES DE LA DEMANDA3.
La Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial
(UNIMAR) y la Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante
Colombiana (ASOMMEC), por intermedio de apoderado judicial4, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho «artículo 138
de la Ley 1437 de 2011», solicitó la anulación de las Resoluciones: (i) 0777
del 15 de junio de 2012, por medio de la cual el Director Territorial de
Cundinamarca del Ministerio del Trabajo les negó la solicitud de declaración
de «unidad de empresa» entre la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante S.A. en liquidación obligatoria y la Federación Nacional de
Cafeteros, en su calidad de administradora del Fondo Nacional del Café; (ii)
1
En calidad de administradora fiduciaria del patrimonio autónomo PANFLOTA.
2
Con informe de la Secretaría de la Sección Segunda de 29 de noviembre de 2019, visible a folio
832 del expediente.
3
Demanda visible a folios 364 a 385 del expediente.
4
El abogado Orlando Neusa Forero.
2
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
01528 del 28 de septiembre de 2012, por la que la misma autoridad
administrativa, al resolver un recurso de reposición, confirmó en todas y cada
una de sus partes el anterior acto administrativo; y, (iii) 02037 del 18 de junio
de 2013 suscrita por la Directora de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión
Territorial del Ministerio del Trabajo, quien al conocer del recurso de
apelación, confirmó los citados actos administrativos.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: se declare la existencia de la «unidad de empresa» entre la
Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. y la Federación Nacional
de Cafeteros de Colombia puesto que, a su juicio, no solo realizan actividades
similares, conexas o complementarias, tal y como lo establece el artículo 194
del Código Sustantivo del Trabajo5, sino que esta última entidad tenía el
control societario del 80% de las acciones de la Compañía.
1.2.- HECHOS RELEVANTES DEL CASO.
1.2.1. El 27 de octubre de 2000 el representante legal de la Asociación
Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana le solicitó al Ministro
de Trabajo y Seguridad Social la declaración de la unidad de empresa entre
la Federación Nacional del Café y la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante S.A. Conforme lo solicitado, por medio de la Resolución 070 del 18
de enero de 2002 el Director Territorial de Cundinamarca del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, declaró la «unidad de empresa» entre la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en calidad de Administradora
del Fondo Nacional del Café y la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante S.A; decisión que fue confirmada una vez fueron resueltos los
recursos de reposición y de apelación, respectivamente, a través de las
Resoluciones 889 del 21 de mayo y 1212 del 30 de julio de 2002.
1.2.2. Previa a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que
interpondría la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en contra del
entonces Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, el Consejo de Estado en
providencia del 23 de abril de 20096 declaró la nulidad de los citados actos
administrativos y, en consecuencia, ordenó que en un término no mayor a 15
días rehiciera la actuación administrativa tendiente a definir la declaración o
no de la Unidad de Empresa, teniendo en cuenta, para el efecto, a todas las
personas naturales o jurídicas, en especial a la Federación Nacional de
Cafeteros.
1.2.3. Mediante auto del 8 de octubre de 2010 el Director Territorial de
Cundinamarca del Ministerio de Trabajo resolvió rehacer la actuación
administrativa para efectos de dar cumplimiento al anterior pronunciamiento,
la cual culminó con la expedición de la Resolución 0777 de 15 de junio de
2012, en la que negó “(…) LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE UNIDAD
EMPRESA ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE
5
Ley 50 de 1990.
6
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 23 de abril de 2009, radicado 110010325000200200258 01
(5312-02), actor: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, demandado: Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, C. P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.
3
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
COLOMBIA COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL
CAFÉ Y LA COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A.
EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA (…)”, lo anterior porque, de un lado, aun
cuando la Federación Nacional de Cafeteros, en su condición de
administradora del Fondo Nacional del Café y con recursos de éste, es
poseedora del 80,7% de las acciones ordinarias de la compañía de
inversiones de la Flota Mercante S.A. hacía el año de 1998, tal situación varió
con la expedición de la sentencia de la Corte Constitucional SU-1023 de
20017, dado que sirvió de sustento para que las autoridades judiciales
afectaran los recursos la citada federación; y de otro, no existe similitud de
actividad económica, ni mucho menos hay personal común ni en comisión.
1.2.4. Inconforme la Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte
Marítimo y Fluvial (UNIMAR) con la anterior determinación, interpuso recurso
de reposición y en subsidio de apelación los cuales fueron despachados de
manera desfavorable, respectivamente, por medio de las Resoluciones
01528 del 28 de septiembre de 20128 y 02037 del 18 de junio de 20139.
1.3.- CONCEPTO DE VIOLACIÓN.
Contra las Resoluciones 0777 de 15 de junio de 2012, 01528 de 28 de
septiembre de 2012 y 02037 18 de junio de 2013 expedidas por el Ministerio
del Trabajo, fueron formulados los siguientes reparos o censuras:
1.3.1.- Desconocimiento del artículo 194 del Código Sustantivo del
Trabajo, que establece la figura jurídica de la «unidad de empresa», puesto
que, entre la Federación Nacional de Cafeteros -en su calidad de
administradora del Fondo Nacional del Café- y la Compañía de Inversiones
de la Flota Mercante S.A., además de la preeminencia económica de la
Federación respecto de la Compañía, existió «simultaneidad, conexidad o
complementariedad» en cuanto a los objetos sociales y a las actividades
desarrolladas.
Además, la citada normativa, la cual se encuentra en armonía con los
artículos 34 al 36 ibidem, establece la solidaridad de los socios en el pago de
los derechos de los trabajadores cuando el deudor fallido no puedo hacerlo,
situación que es reiterada por el artículo 207 de la Ley 222 de 199510.
7
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia de 26 de septiembre de 2001; expedientes acumulados T-
409301, T-411010, T-411263, T-442235 y T-426970; acciones de tutela instauradas por Librada de
Dios Viuda de Fajardo, Jaime Osorio Avendaño, José Hover Morales García, Daniel Villarreal
Quesedo y Fiduciaria Petrolera S.A., Fidupetrol contra la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante S.A. y otros; M P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.
8
Suscrita por el Director Territorial de Cundinamarca del Ministerio del Trabajo.
9
Suscrita por la Directora de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial del Ministerio del
Trabajo.
10
“(…) Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de
procesos concursales y se dictan otras disposiciones.
(…)
ARTICULO 207. DE LOS SOCIOS. <Título II. derogado por el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006,
a partir del 28 de junio de 2007> Cuando los bienes de la liquidación sean insuficientes para cubrir
el total de los créditos reconocidos y se demuestre que los socios utilizaron la sociedad para
4
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
1.3.2.- Transgresión al debido proceso, la cual la hizo consistir en tres
argumentos: (i) las resoluciones acusadas tuvieron en cuenta el estudio
técnico elaborado por funcionarios del Ministerio de Trabajo en el año 2011
que concluía que si existió unidad de empresa (ii) tampoco fueron valorados
los argumentos que se habían propuesto en las Resoluciones 070, 889 y
1212 de 2002 por medio de las cuales se declaró la unidad de empresa; y,
(iii) no se efectuó pronunciamiento alguno en relación con las objeciones que
fueron presentadas en contra del citado estudio.
1.3.3.- Vulneración al derecho de audiencia y defensa, dado que para
concluir que no existía unidad de empresa entre la Compañía de Inversiones
de la Flota Mercante S.A -en ese momento en liquidación- y la Federación
Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café, no
analizó el objeto social del Fondo como dueño de la mayoría accionaria de la
Compañía, sino que estudió el objeto social de la Federación como entidad
gremial privada. Adicionalmente, la solicitud de declaratoria de unidad de
empresa no fue incoada en contra de la Federación Nacional de Cafeteros
como entidad gremial privada, sino en su calidad de administradora del Fondo
Nacional del Café, que es un ente jurídico diferente.
1.3.4.- Falsa motivación, puesto que omitió estudiar el objeto social de la
Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A, bajo el pretexto que en
ese momento se encontraba en liquidación, argumento que es errado porque
el objeto social de las personas jurídicas se mantiene mientras exista en la
vida jurídica la entidad encargada de llevarlo a cabo y no se haya ordenado
su cancelación en el registro mercantil, lo cual es muy diferente, a que las
empresas en liquidación no puedan ejecutar actividades comerciales sino
únicamente la venta de sus activos con el objeto de pagar sus acreencias, sin
que esto signifique la desaparición de la empresa.
1.3.5.- Infracción en las normas en que debían fundarse, en razón a la
existencia de las obligaciones laborales a cargo de la extinta Compañía de
Inversiones de la Flota Mercante S.A, las cuales debían ser asumidas por la
Federación Nacional de Cafeteros en su calidad de administradora del Fondo
Nacional del Café, concretamente, de (i) los 18 procesos laborales, fallados
por la justicia ordinaria en contra de la Compañía en la que se ordenó el pago
de los salarios y prestaciones sociales adeudadas a varios de sus ex
trabajadores por un monto de 30 mil millones de pesos; y, (ii) deudas a
Colpensiones por más de 520 mil millones por concepto de cálculo actuarial
de bonos, cuotas partes o títulos pensionales de 250 trabajadores que
laboraron para la entidad liquidada a quienes la empresa no les efectuó
cotización alguna de los respectivos aportes para cubrir el riesgo de pensión.
defraudar a los acreedores, serán responsables del pago del faltante del pasivo externo, en
proporción a los derechos que cada uno tenga en la sociedad. La demanda deberá promoverse por
el acreedor respectivo y se tramitará por el proceso ordinario.
La responsabilidad aquí establecida se hará exigible sin perjuicio de las demás sanciones a que haya
lugar y sin consideración al tipo societario.
(…)”.
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Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
1.3.6.- Desviación de poder, por cuanto el Ministerio de Trabajo dilató la
actuación administrativa hasta que se cerró el proceso liquidatorio de la
Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. y se ordenó la
cancelación de su personería jurídica ante la Superintendencia de
Sociedades, para luego alegar dicha circunstancia como un hecho cumplido
y, así, señalar que ante la desaparición de la compañía no era posible
examinar la existencia de la unidad de empresa pues su objeto no se estaba
desarrollando.
1.4.- ADMISIÓN DE LA DEMANDA.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 26 de enero de 201511 admitió
la demanda y ordenó notificar al Ministro del Trabajo, a la Directora de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Presidente de la Junta
Directiva de la Unión de Trabajadores de la Industria de Transporte Marítimo
y Fluvial -UNIMAR-. Adicionalmente, por medio de los autos de 3 de
noviembre de 201712, 14 de junio de 201813 y 13 de marzo de 201914 se
ordenó vincular, respectivamente, a la Federación Nacional de Cafeteros, al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Fiduciaria la Previsora S.A. -
Fiduprevisora S.A.- en calidad de administradora del patrimonio autónomo
PANFLOTA, por tener interés directo en las resultas del proceso.
1.5.- OPOSICIÓN A LA DEMANDA.
El Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Federación Nacional de
Cafeteros y la Fiduciaria la Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.- se opusieron
a la demanda, por las razones que se exponen a continuación.
1.5.1. Ministerio del Trabajo15.
Destacó que cuando dos o más empresas se encuentran en diferentes
niveles de capital social, activos y de resultados, no es dable aseverar que
existe un predominio económico de una de ellas sobre las demás, ya que lo
pertinente es tener en cuenta no solo la composición accionaria de las
empresas, sino también la simultaneidad, conexidad y complementariedad,
aspectos que no fueron acreditados en su totalidad para efectos de declarar
la unidad de empresa, pues, si bien es cierto la Federación Nacional de
Cafeteros en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café fue
poseedora del 80.07% de las acciones ordinarias clase A de la Compañía de
Inversiones de la Flota Mercante, también lo es que no existe similitud del
objeto social, ni conexidad entre las dos sociedades ni muchos menos
complementariedad.
11
Con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez.
12
Visible a folios 420 a 422 del expediente.
13
Visible a folios 483 y 484 del expediente.
14
Visible a folios 527 y 528 del expediente.
15
Visible a folios 410 a 418 del expediente.
6
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
Tampoco es posible afirmar que existió falsa motivación, ya que el concepto
técnico fue el que sirvió de sustento para proferir la Resolución 0777 del 15
de junio de 2012, el cual fue concluyente en señalar que no era posible
declarar la unidad de empresa.
Advirtió en cuánto al pasivo pensional y las acreencias laborales de los
trabajadores, es la Superintendencia de Sociedades a quien por competencia
le correspondía determinar y graduar los créditos laborales, lo que por unidad
de materia no le incumbe dirimir al Ministerio de Trabajo, puesto que las
resoluciones acusadas versan sobre la declaratoria de la unidad de empresa;
en tal sentido, estos actos administrativos gozan de presunción de legalidad
en tanto que, para su emisión, se cumplieron con todas y cada una de las
formalidades exigidas en el procedimiento administrativo y, además, todos
los argumentos propuestos fueron atendidos en su oportunidad procesal.
1.5.2. Ministerio de Hacienda16.
Precisó que el 80% de la propiedad de la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante S.A. fue adquirida por la Federación Nacional de Cafeteros con
cargo a los recursos del Fondo Nacional de Café, los cuales son parafiscales;
en tal sentido, es una empresa de derecho privado con capital accionario que
no es totalmente público y sus trabajadores utilizaban para pensiones al
Instituto del Seguro Social, por ende, para el pago del pasivo social no es
predicable el principio de responsabilidad subsidiaria del Estado, sino
respecto de las entidades descentralizadas que conforman la administración
pública.
El liquidador de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. debió
adelantar diligentemente las operaciones necesarias para obtener la liquidez
que permitiera la atención oportuna de las obligaciones pensionales, porque,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, debe
mediar una presunción de responsabilidad económica subsidiaria a cargo del
Fondo Nacional del Café administrado por la Federación Nacional de
Cafeteros como entidad que controla el proceso de liquidación obligatorio en
el que se encontraba la sociedad subordinada.
No es posible establecer la similitud y complementariedad entre las
actividades de la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del
Fondo Nacional del Café, y la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante
S.A., concretamente, porque esta última, al encontrarse en un proceso de
liquidación obligatoria, no desarrollaba su objeto social, por ende, resultaba
imposible, por sustracción de materia, analizar y comparar las actividades
comerciales desarrolladas. Pero si en gracia de discusión no se admitiera lo
anterior, concluyó, que entre estas entidades no existían relaciones
contractuales, financieras administrativas para desarrollar su objeto social
específico.
16
Visible a folios 497 a 503 del expediente.
7
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
1.5.3. Federación Nacional de Cafeteros17.
Resulta improcedente la afirmación que efectuó el demandante, según el
cual, el Ministerio del Trabajo presuntamente negó de manera irregular la
solicitud de declaratoria de unidad de empresa, puesto que, primero, la
Federación Nacional de cafeteros existe como persona jurídica y el Fondo
Nacional del Café como una cuenta parafiscal, por ende, no es posible atribuir
un presunto objeto social que no tiene ningún fundamento legal,
reglamentario o contractual; segundo, la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante S.A. se encuentra extinguida y, aunque existió en el mundo jurídico
y tuvo un objeto social, el mismo no puede ser desarrollado luego de que
fuese declarada su liquidación obligatoria por parte de la Superintendencia
de Sociedades; y finalmente, la actuación administrativa que concluyó con la
expedición de los actos acusados, fue adelantada no solo dentro de los
términos ordinarios normales para este tipo de procedimientos, sino también,
con las pruebas que habían sido allegadas al expediente.
No es cierto que se hubiese desconocido el derecho de audiencia y defensa,
por cuanto dentro del procedimiento administrativo, regulado en la época de
los hechos por el Código Contencioso Administrativo, no existía disposición
alguna que estableciera que, dentro del trámite adelantado por el Ministerio
de Trabajo a efectos de decidir la solicitud de declaratoria de unidad de
empresa, el concepto técnico-económico que previamente se elaborará fuera
susceptible de ser objetado por el peticionario.
1.5.4. Fiduciaria de la Previsora18.
Al analizar el contrato de fiducia suscrito entre la Compañía de Inversiones
de la Flota Mercante en liquidación obligatoria y la Sociedad Fiduciaria la
Previsora S.A. es dable concluir que no existe ninguna cláusula en la que
haga referencia al poder de decisión en cuanto a las pretensiones
perseguidas por las demandantes, así como tampoco alguna relación directa
o indirecta con la Federación Nacional de Cafeteros.
Por otra parte, con fundamento en el artículo 1226 del Código de Comercio19
la fiducia mercantil es un negocio jurídico que está compuesto por tres
elementos fundamentales, el personal, relacionado con las partes que
suscriben el contrato; el real, derivado del contrato de la voluntad del
fideicomitente de transferir los bienes que realiza el constituyente a la
institución fiduciaria; y la obligación, derivado del contrato y de la voluntad del
fideicomitente de transferir unos bienes con el fin de que se cumpla el
17
Visible a folios 442 a 459 del expediente.
18
Visible a folios 644 a 656 del expediente.
19
“(…) ARTÍCULO 1226. <CONCEPTO DE LA FIDUCIA MERCANTIL>. La fiducia mercantil es un
negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o
más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos
para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero
llamado beneficiario o fideicomisario.
Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario.
Solo los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente autorizados por la
Superintendencia Bancaria, podrán tener la calidad de fiduciarios. (…)”.
8
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
encargo, propósitos u objeto por él determinado. Entonces, no es posible que
la Fiduciaria de la Previsora S.A. pueda ser condenada, como quiera que, de
un lado, el origen del dinero es de la Federación Nacional de Cafeteros; y de
otro, quien ha adoptado las decisiones en la expedición de los actos
acusados, es el Ministerio de Trabajo.
1.5.5. Agencia Nacional de Defensa Judicial «quien actuó en calidad de
coadyuvante»20.
En virtud de lo establecido en el artículo 194 del Código Sustantivo del
Trabajo para la configuración de la unidad de empresa se requiere la
concurrencia de un elemento subjetivo y otro objetivo. Ello significa que se
requiere la existencia de varias empresas propietarias subordinadas a una
principal que predomina económicamente sobre las demás y que las
actividades de todas sean similares, conexas o complementarias. Bajo ese
contexto, si bien es cierto que el Fondo Nacional del Café contaba con la
mayoría accionaria en la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.,
pues su participación superaba el 80% de las acciones de la compañía, no
es menos cierto que los requisitos de la unidad de empresa no se configuran,
concretamente, porque la citada compañía se encontraba en proceso de
liquidación obligatoria y, además, porque para la época en que la Dirección
de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial del Ministerio de
Trabajo expidió la Resolución 2037 del 18 de junio del 2013, la
Superintendencia de Sociedades ya había ordenado la terminación del
proceso de liquidación obligatoria de la citada compañía, lo anterior, sin tener
en cuenta que no existían similitud de las actividades, ni mucho menos
conexidad.
Si bien los demandantes afirman que los actos administrativos demandados
no analizaron el objeto social de la Federación Nacional de Cafeteros como
administradora del Fondo Nacional del Café, no tuvieron en cuenta que éstas
se fundamentaron en el estudio técnico económico elaborado por el Ministerio
de Trabajo en donde se constató los objetos sociales y las obligaciones de
cada una de éstas.
No es posible aducir que se incurrió en una vulneración al debido proceso,
dado que en sede administrativa tuvieron la oportunidad para controvertir el
estudio técnico económico y, además, sobre las objeciones existió
pronunciamiento.
Si la vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se realizó por
el componente presupuestal, es necesario tener en cuenta que esta entidad
sólo puede realizar las funciones y actividades que la ley le ha designado 21,
20
Visible a folios 580 a 589 del expediente.
21
“(…) ARTÍCULO 2º. OBJETIVOS. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene como objetivo
la definición, formulación y ejecución de la política económica del país, de los planes generales,
programas y proyectos relacionados con esta, así como la preparación de las leyes, la preparación
de los decretos y la regulación, en materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito público,
presupuestal, de tesorería, cooperativa, financiera, cambiaria, monetaria y crediticia, sin perjuicio de
9
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
de manera entonces que ninguna autoridad judicial puede ordenar a una
autoridad pública ejecutar actos ajenos a sus funciones, pues esto resultaría
desproporcionado no solamente desde el punto de vista de las posibilidades
fácticas frente al caso en concreto, sino frente a las posibilidades jurídicas o
normativas, toda vez que las órdenes de los jueces no pueden obligar a las
autoridades a desconocer el principio de legalidad.
1.6.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.
El Ministerio Público, a través de la Procuradora Segunda Delegada ante el
Consejo de Estado,22 solicitó23 negar las pretensiones de la demanda, en
virtud de los siguientes argumentos:
La Flota Mercante fue creada en el año de 1946 como una empresa privada,
entre Colombia, Venezuela y Ecuador con el 45% de capital colombiano
«dineros del Fondo Nacional del Café» con el objetivo de organizar, fomentar,
regular y explotar el comercio de servicios de transporte marítimo, fluvial y de
cabotaje, tanto de carga como de pasajeros semovientes entre el exterior y
los puertos habilitados; por su parte la Federación Nacional de Cafeteros es
una entidad sin ánimo de lucro de carácter privado, regulado por normas de
derecho privado, la cual, a su vez, es una cuenta de creación legal,
conformada por recursos de naturaleza parafiscal y, por ende, difieren entre
sí la naturaleza y sus finalidades, específicamente, porque la primera es
privada y la otra es pública.
Advirtió que la Compañía de Inversiones Flota Mercante fue disuelta y entró
el proceso de liquidación el 31 de julio de 2001, es decir que a partir de esta
fecha no era viable desarrollar el objeto de la empresa, pues así lo dispuso el
las atribuciones conferidas a la Junta Directiva del Banco de la República, y las que ejerza, a través
de organismos adscritos o vinculados, para el ejercicio de las actividades que correspondan a la
intervención del Estado en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del ahorro público y el tesoro
nacional, de conformidad con la Constitución Política y la ley.
ARTÍCULO 3º. FUNCIONES. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendrá, las siguientes
funciones:
1. Participar en la definición y dirigir la ejecución de la política económica y fiscal del Estado.
2. Coordinar con la Junta Directiva del Banco de la República las políticas gubernamentales en
materia financiera, monetaria, crediticia, cambiaria y fiscal.
3. Preparar, para ser sometidos a consideración del Congreso de la República, los proyectos de acto
legislativo y ley, los proyectos de ley del Plan Nacional de Desarrollo, del Presupuesto General de la
Nación y en general los relacionados con las áreas de su competencia.
4. Preparar los proyectos de decreto y expedir las resoluciones, circulares y demás actos
administrativos de carácter general o particular, necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
5. Cumplir las funciones y atender los servicios que le están asignados y dictar, en desarrollo de la
ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para el efecto.
6. Coordinar, dirigir y regular la administración y recaudación de los impuestos que administra la
Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; y regular de
conformidad con la ley, la administración y recaudo de las rentas, tasas, contribuciones fiscales y
parafiscales, multas nacionales y demás recursos fiscales, su contabilización y gasto.
7. Preparar los proyectos para reglamentar el proceso de aforo, tasación y recaudo de los
gravámenes arancelarios y los demás temas relacionados.
(…)”.
22
Doctora Diana Marina Vélez Vásquez.
23
A través de concepto de No. 267 IUS-E-2019-115188 de 27 de noviembre de 2019, visible a folios
810 a 820 del expediente.
10
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
artículo 222 del Código de Comercio24 y, por lo tanto, era inviable declarar la
unidad de impresa en los términos establecidos por el artículo 194 del Código
Sustantivo del Trabajo25.
II.- CONSIDERACIONES
2.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO
Los argumentos expuestos por las partes, así como los razonamientos del
Ministerio Público, muestran a esta Corporación que el problema jurídico a
resolver en esta oportunidad es el siguiente:
¿Es posible declarar la unidad de empresa entre la Compañía de
Inversiones Flota Mercante S.A. y la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia, como quiera que, según la parte demandante, se encuentran
acreditados los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para el
efecto?
Para resolver el problema jurídico planteado, es necesario estudiar los
siguientes temas: (i) los actos administrativos demandados; (ii) a
continuación, la Sala se referirá al concepto de unidad de empresa y su
regulación; (iii) luego, enunciará la jurisprudencia que se ha expedido sobre
el asunto; (iv) y, por último, se analizará el caso en concreto.
24
“(….) ARTÍCULO 222. <EFECTOS POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD>. Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación. En consecuencia, no
podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica
únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. Cualquier operación o acto ajeno a
este fin, salvo los autorizados expresamente por la Ley, hará responsables frente a la sociedad, a
los asociados y a terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador, y al revisor fiscal que no se
hubiere opuesto.
El nombre de la sociedad disuelta deberá adicionarse siempre con la expresión "en liquidación". Los
encargados de realizarla responderán de los daños y perjuicios que se deriven por dicha omisión.
(…)”.
25
“(…) ARTICULO 194. DEFINICION DE EMPRESAS. <Ver Notas del Editor> <Artículo modificado
por el artículo 32 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Se entiende como una sola empresa, toda unidad de explotación económica o las varias unidades
dependientes económicamente de una misma persona natural o jurídica, que correspondan a
actividades similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio.
2. En el caso de las personas jurídicas existirá unidad de empresa entre la principal y las filiales o
subsidiarias en que aquella predomine económicamente, cuando, además, todas cumplan
actividades similares, conexas o complementarias; pero los salarios y prestaciones extralegales que
rijan en la principal al momento de declarase la unidad de empresa solamente se aplicarán en las
filiales o subsidiarias cuando así lo estipule la respectiva convención colectiva de trabajo, o cuando
la filial o subsidiaria esté localizada en una zona de condiciones económicas similares a las de la
principal, a juicio del Ministerio o del juez del trabajo.
3. No obstante lo anterior, cuando una empresa establezca una nueva unidad de producción, planta
o factoría para desarrollar actividades similares, conexas o complementarias del objeto social de las
mismas, en función de fines tales como la descentralización industrial, las explotaciones, el interés
social o la rehabilitación de una región deprimida, sólo podrá declararse la unidad de empresa entre
aquellas y estas después de un plazo de gracia de diez (10) años de funcionamiento de las mismas.
Para gozar de este beneficio el empleador requiere concepto previo y favorable del Ministerio de
Desarrollo Económico.
4. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de oficio o a solicitud de parte y previa investigación
administrativa del caso, podrá declarar la unidad de empresa de que trata el presente artículo, para
lograr el cumplimiento de las leyes sociales. También podrá ser declarada judicialmente.
(…)”.
11
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
2.2. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS
2.2.1.- Resolución 0777 del 15 de junio de 2012, 26 por medio de la cual el
Director Territorial de Cundinamarca del Ministerio del Trabajo le negó a la
parte actora una solicitud orientada a obtener la declaración de «unidad de
empresa» entre la Federación Nacional de Cafeteros, en su calidad de
administradora del Fondo Nacional del Café, y la Compañía de Inversiones
Flota Mercante S. A., en liquidación obligatoria para ese entonces.27
Los antecedentes del mencionado acto administrativo vienen desde el año
1998, con ocasión de una solicitud que presentó la Unión de Trabajadores de
la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial -UNIMAR- al Ministerio del
Trabajo en la cual pidió que fuera declarada la «unidad de empresa» entre la
Compañía de Inversiones Flota Mercante S.A. -en ese entonces en proceso
de liquidación- y la Federación Nacional de Cafeteros, como entidad gremial
privada. Petición que fue negada por medio de Resoluciones 2996 de 1998 y
2525 de 1999, en las que la mencionada Cartera Ministerial, con fundamento
en un estudio técnico económico elaborado por funcionarios del Ministerio
ese mismo año, argumentó que aunque la Federación Nacional de Cafeteros
había adquirido el 80% de las acciones de la Compañía de Inversiones Flota
Mercante S. A. con recursos del Fondo Nacional del Café, lo cual implica
preeminencia económica, no existía unidad de empresa entre una y otra,
porque la Federación era apenas una de las accionistas de la Compañía y no
su dueña y, además, no existía similitud, conexidad o complementariedad
entre sus actividades comerciales estatutarias, concretamente, porque sus
objetos sociales eran disimiles entre sí. En efecto, mientras la Compañía de
Inversiones Flota Mercante S. A. se dedicaba a promover, constituir, adquirir,
administrar, dirigir e invertir en sociedades comerciales de todo tipo, la
Federación Nacional del Café se dedica a organizar el gremio caficultor para
que esta industria sea cada vez más eficiente; aunado al hecho de que, las
actividades para desarrollar sus objetos sociales eran realizados en sedes
diferentes y no tenían personal común.
Posteriormente, la Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante
Colombiana -ASOMMEC- el 27 de octubre de 2001 solicitó al Ministerio del
Trabajo la declaratoria de «unidad de empresa» entre la Compañía de
Inversiones Flota Mercante S. A. y la Federación Nacional de Cafeteros, pero
no como entidad gremial de derecho privado, sino en su calidad de
administradora del Fondo Nacional del Café. En esta oportunidad, el
Ministerio del Trabajo, a través de la Resolución 0070 de 2002, confirmada
por Resoluciones 00889 y 01212 de 2002, con base en un nuevo estudio
técnico económico elaborado por funcionarios del Ministerio ese año, resolvió
declarar la existencia de la «unidad de empresa», dado que encontró
probadas dos de las causales contenidas en el artículo 194 del Código
26
Visible a folios 8 a 23 del expediente.
27
El proceso de liquidación obligatoria se inició porque la Procuraduría General de la Nación solicitó
a la Superintendencia de Sociedades la apertura de éste, motivada en la cesación de pagos, la
situación de insolvencia, la relación deficitaria entre el activo y el pasivo, aunado al hecho que las
mesadas pensionales no se venían atendiendo de manera regular.
12
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
Sustantivo del Trabajo,28 a saber: (i) el predominio económico de la matriz
sobre la filial, es decir, del Fondo Nacional del Café, administrado por la
Federación Nacional de Cafeteros, respecto de la Compañía de Inversiones
Flota Mercante S. A., en atención a que éste era dueño del 80% de las
acciones de la Compañía; y, (ii) la realización de actividades conexas por
cuanto dos de los miembros permanentes y uno de los suplentes de la Junta
Directiva de la Compañía de Inversiones Flota Mercante S. A., en ese
entonces en liquidación, también desempeñaban cargos directivos en la
Federación Nacional de Cafeteros, en virtud de contratos de trabajo a término
indefinido. En esa oportunidad, el estudio técnico económico señaló que no
era posible establecer si existía similitud y complementariedad entre las
actividades de la Federación Nacional de Cafeteros -como administradora del
Fondo- y la Compañía de Inversiones Flota Mercante S. A., puesto que esta
última, por estar en proceso de liquidación obligatoria, no se encontraba
desarrollando su objeto social original, es decir que, resultaba imposible, por
sustracción de materia, analizar y comparar las actividades comerciales
desarrolladas, pues, la Compañía solo estaba ejecutando tareas tendientes
a finalizar el proceso de liquidación y no las de su objeto comercial.
Inconforme la Federación de Cafeteros con la anterior determinación,
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue
fallada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, mediante providencia del 23 de abril de 2009. 29 En dicha
providencia, esta Corporación declaró la nulidad de los mencionados actos
administrativos, como quiera que acreditó que la Federación Nacional de
Cafeteros no fue citada ni pudo intervenir en el trámite administrativo, por
ende, ordenó al Ministerio del Trabajo rehacer la actuación administrativa.
En tal virtud, para cumplir la orden judicial impartida por esta Corporación, la
mencionada cartera ministerial ordenó la elaboración de un nuevo estudio
técnico económico en el año 2011, el cual, en esencia reiteró las conclusiones
de los estudios técnicos realizados en los años 1998 y 2001, pues concluyó
que existía preeminencia económica de la Federación Nacional de Cafeteros
sobre la Compañía de Inversiones Flota Mercante S. A.; sin embargo, precisó
que no era posible estudiar si entre ellas existía similitud, conexidad y
complementariedad, pues, esta última se encontraba en la etapa final de la
liquidación obligatoria. El estudio técnico económico elaborado por el
Ministerio del Trabajo en el año 2011 fue objetado por las asociaciones
sindicales ahora demandantes, que argumentaron que el objeto social a
estudiar y comparar con el de la Compañía de Inversiones Flota Mercante
S.A. no era el de la Federación Nacional de Cafeteros como entidad gremial
privada, sino el de la Federación Nacional de Cafeteros en calidad de
administradora del Fondo Nacional del Café. Además, alegaron que la Corte
Constitucional en sentencia SU-1023 de 200130 ordenó que las deudas
28
Ley 50 de 1990.
29
Proferida en el expediente 11001032500020020025800(5312), con ponencia del Consejero Luis
Rafael Vergara Quintero.
30
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia de 26 de septiembre de 2001; expedientes acumulados T-
409301, T-411010, T-411263, T-442235 y T-426970; acciones de tutela instauradas por Librada de
13
Radicado No. 110010324000201400403 00.
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Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
laborales que la Compañía de Inversiones Flota Mercante S.A. tiene con
varios de sus exempleados sean asumidas por la Federación Nacional de
Cafeteros, lo cual, en el sentir de aquellos, obligaba al Ministerio del Trabajo
a declarar la «unidad de empresa» para asegurar el pago de las deudas
laborales.
Entonces, con fundamento en este último estudio técnico, mediante
Resolución 0777 del 15 de junio de 2012, el Director Territorial de
Cundinamarca del Ministerio del Trabajo negó la solicitud de declaratoria de
«unidad de empresa» pues, aunque la Federación Nacional De Cafeteros, en
calidad de administradora del Fondo Nacional del Café, tenía preeminencia
económica sobre la Compañía de Inversiones Flota Mercante S.A. por ser
dueña del 80% de sus acciones, para esa época esta última se encontraba
en la etapa final del proceso de liquidación, por lo que no se estaba
desarrollando su objeto social o estatutario y, en esa medida, resultaba
imposible, por sustracción de materia, analizar su quehacer comercial y
compararla con las actividades de la Federación Nacional de Cafeteros.
Respecto de las objeciones formuladas por las demandantes, el Ministerio
señaló en la Resolución 0777 del 15 de junio de 2012 que, contrario a lo
afirmado por las asociaciones sindicales, el estudio técnico económico de
2011 valoró el objeto social de la Federación Nacional de Cafeteros como
entidad gremial privada, así de las obligaciones que como administradora del
Fondo Nacional del Café tiene asignadas en virtud del contrato de
administración delegada que para el efecto suscribió con el Gobierno
Nacional, en el cual evidenció que el Fondo es una cuenta especial del Tesoro
Público sin personería jurídica creada para administrar y manejar los recursos
parafiscales generados por el sector cafetero, cuya misión principal es
diferente de las actividades comerciales que en su momento desarrolló la
Compañía de Inversiones Flota Mercante S.A., por lo que no es predicable la
existencia de la similitud, conexidad y complementariedad exigidas por el
artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo para declarar la unidad de
empresa. De igual modo, argumentó que la sentencia SU-1023 de 200131 no
lo obliga a declarar la «unidad de empresa» entre la Compañía de Inversiones
Flota Mercante S.A. y la Federación Nacional de Cafeteros, como quiera que
esa no fue la materia estudiada en dicha providencia, ni esa fue la orden dada
en la misma; al respecto precisó, que la mencionada sentencia al estudiar las
demandas de tutela interpuestas por 4 de los 772 pensionados a cargos de
la Compañía de Inversiones Flota Mercante S.A. ordenó el amparo del
derecho a la seguridad social ordenando a la Federación Nacional de
Cafeteros como accionista mayoritario, que de manera transitoria asumiera
el pago de las mesadas pensionales adeudadas y en la medida en que el
Liquidador de la Compañía de Inversiones Flota Mercante S.A. certificara que
no contaba con recursos suficientes para atender dicha obligación.
Dios Viuda de Fajardo, Jaime Osorio Avendaño, José Hover Morales García, Daniel Villarreal
Quesedo y Fiduciaria Petrolera S.A., Fidupetrol contra la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante S.A. y otros; M P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.
31
Ídem.
14
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
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Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
Contra el anterior acto administrativo, las organizaciones sindicales
demandantes interpusieron recursos de reposición y apelación, quienes
argumentaron que entre las entidades mencionadas sí existían actividades
similares, conexas o complementarias que permitían asegurar la ocurrencia
del fenómeno de «unidad de empresa», puesto que la Compañía de
Inversiones Flota Mercante S.A. fue una empresa complementaria de la
industria cafetera, ya que mientras la Federación Nacional de Cafeteros
exportaba café e importaba insumos para su producción, la Compañía de
Inversiones Flota Mercante S.A. era la encargada del transporte del grano y
de los insumos.
2.2.2.- Resolución 01528 del 28 de septiembre de 201232, a través de la
cual el Director Territorial de Cundinamarca del Ministerio del Trabajo, al
resolver el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 0777
del 15 de junio de 2012, la confirmó en todas sus partes.
Para el efecto adujo, la citada Cartera Ministerial, que no era posible estudiar
si existían circunstancias constitutivas de similitud, conexidad y
complementariedad, puesto que la Compañía de Inversiones Flota Mercante
S.A. en ese momento se encontraba en proceso liquidatorio ordenado
obligatoriamente por la Superintendencia de Sociedades33 y, en esa medida,
dejó de desarrollar su objeto social para dedicarse únicamente a ejecutar
actividades propias del proceso concursal. En sustento de lo anterior, citó lo
dispuesto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia de 5 de mayo de 200534, en la que al estudiar la legalidad de
Resoluciones 2996 de 1998 y 2525 de 199935, expresó que “(…) la compañía
de Inversiones de la Flota Mercante - antes Flota Mercante Grancolombiana
• es una empresa en liquidación que no está desarrollando su objeto social,
pues su actividad se limita a realizar las operaciones tendientes a liquidar la
empresa. No puede entonces, predicarse de una empresa en liquidación
obligatoria la existencia de predominio económico ni la configuración de un
objeto social respecto del cual pueda estimarse la conexidad de actividades
(…)”.
2.2.3.- Resolución 02037 del 18 de junio de 201336, por medio de la cual la
Directora de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial del Ministerio
del Trabajo dejó en firme las Resoluciones 000777 y 001528 de 15 de junio y
28 de septiembre de 2012, respectivamente.
En esta ocasión, el Ministerio argumentó que no era posible estudiar si entre
la Federación Nacional de Cafeteros -en su calidad de administradora del
Fondo Nacional del Café- y la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante
32
Visible a folios 24 a 35 del expediente
33
La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación obligatoria de la Compañía de
Inversiones Flota Mercante S.A. mediante Auto No. 411-11731 del 31 de julio de 2000.
34
Radicación número: 11001-03-25-000-2000-00073-00(810-00), Consejera ponente: Ana Margarita
Olaya Forero (e).
35
Por medio de las cuales el Ministerio del Trabajo negó la primera solicitud elevada por la parte
actora para que se declarara la unidad de empresa entre la Federación Nacional de Cafeteros y la
Compañía de Inversiones Flota Mercante S.A.
36
Visible a folios 36 a 53 del expediente.
15
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
S.A., existía «unidad de empresa», puesto que esta última ya había sido
liquidada y solo faltaba efectuar las respectivas anotaciones en el registro
mercantil. Adicionalmente, si la Compañía de Inversiones Flota Mercante S.A.
tuviera su objeto social vigente, no era posible predicar la existencia de
actividades similares, conexas o complementarias que habilitaran la
declaratoria de unidad de empresa, puesto que si bien el Fondo Nacional del
Café era poseedor del 80% de las acciones de dicha compañía, el Fondo es
una cuenta del Tesoro Nacional, de naturaleza parafiscal cuyo propósito legal
es el de estabilizar el mercado cafetero ante la volatilidad del precio
internacional, misión que difiere sustancialmente del objeto comercial de la
Compañía de Inversiones Flota Mercante S.A., que era el de intermediación
financiera.
Por último, esgrimió que tampoco se logró establecer conexidad alguna entre
la Federación Nacional de Cafeteros y la Compañía de Inversiones Flota
Mercante S.A., pues funcionaban en sedes diferentes y no tuvieron relaciones
administrativas, contractuales o financieras para desarrollar un objeto social
específico.
2.3.- DEL CONCEPTO DE UNIDAD DE EMPRESA Y SU REGULACIÓN.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 64 de 194637 se
entiende por empresa38 “(…) toda unidad de explotación económica, o las
varias unidades dependientes de una misma persona natural o jurídica, que
correspondan a actividades económicas similares o conexas (…)”; sin
embargo, esta definición fue extendida por medio de las diferentes
modificaciones que sufrió el Código Sustantivo del Trabajo, inicialmente, a
través del artículo 15 del Decreto 2351 de 1965 y, posteriormente, mediante
el artículo 32 de la Ley 50 de 199039, en la medida en que amplió los casos
37
“(…) Por la cual se reforma y adiciona la Ley 6 de 1945 y se dictan otras disposiciones de carácter
social (…)”.
38
También entendido como patrono.
39
Si bien este este articulado fue derogado por el artículo 75 de la Ley 550 de 1999, lo cierto es que
esta última normativa fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-1185 de
2000, al considerar:
“(…) No es ése el caso en el proceso sub-lite, pues no hay duda de que disminuir cargas laborales
a ciertas empresas, estimula la creación de otras análogas, y la persistencia de las que ya
existen. Lo que debe examinarse es, entonces, si ese mecanismo de reactivación resulta acorde
con la Carta Política.
(…)
Ahora bien: es claro que, si hasta ahora el Congreso no lo ha expedido, su conducta omisiva podría
ser analizada como una inconstitucionalidad por omisión, frente a la cual la Corte Constitucional
carece de medios compulsivos eficaces. Pero resulta igualmente claro que, si el Congreso legisla
en materia laboral, está obligado a hacerlo con acatamiento riguroso de las pautas trazadas por el
constituyente, y éstas han de servirle a la Corte de parámetro para examinar si las disposiciones
dictadas por el legislador en ese campo desarrollan o contradicen la Constitución.
Es, entonces, lo que ahora compete a esta Corporación. Basta un examen cuidadoso de algunas
de las pautas fijadas por el Constituyente (art. 53) en contraste con lo que implica la abolición de la
unidad de empresa, para concluir que tal abolición va en contravía de dichas pautas. Veamos las
más evidentes:
(…)
Es, precisamente, lo que el principio contenido en el artículo 53 Superior pretende evitar y, por tanto,
al legislador le está vedado legitimarlo.
16
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
de «unidad de empresa» para incluir lo relativo a las personas jurídicas y
también la posibilidad de que fuese declarada, siempre y cuando hayan
funcionado como mínimo 10 años, por el Ministro de Trabajo o, en su defecto,
a través de un proceso judicial, veamos:
Decreto 2351 de 196540 Ley 50 de 199041
“(…) ARTICULO 15. DEFINICION DE “(…) El artículo 194 del Código Sustantivo
EMPRESA. del Trabajo, modificado por el artículo 15
1. Se entiende como una sola empresa, del Decreto-ley 2351 de 1965, quedará así:
toda unidad de explotación económica o ARTÍCULO 194. Definición de empresa.
las varias unidades dependientes 1. Se entiende como una sola empresa,
económicamente de una misma persona toda unidad de explotación económica o las
natural o jurídica, que correspondan a varias unidades dependientes
actividades similares, conexas o económicamente de una misma persona
complementarias y que tengan natural o jurídica, que correspondan a
trabajadores a su servicio. actividades similares, conexas o
2. En el caso de las personas jurídicas complementarias y que tengan
existirá unidad de empresa entre la trabajadores a su servicio.
principal y las filiales o subsidiarias en 2. En el caso de las personas jurídicas
que aquella predomine existirá unidad de empresa entre la
económicamente, cuando, además, todas principal y las filiales o subsidiarias en que
cumplan actividades similares, conexas o aquella predomine económicamente,
complementarias; pero los salarios y cuando, además, todas cumplan
prestaciones extralegales que rijan en la actividades similares, conexas o
principal al momento de declarase la complementarias; pero los salarios y
unidad de empresa solamente se aplicarán prestaciones extralegales que rijan en la
en las filiales o subsidiarias cuando así lo principal al momento de declararse la
estipule la respectiva convención colectiva unidad de empresa solamente se aplicarán
de trabajo, o cuando la filial o subsidiaria en las filiales o subsidiarias cuando así lo
esté localizada en una zona de condiciones estipule la respectiva convención colectiva
económicas similares a la de la principal, a de trabajo, o cuando la filial o subsidiaria
juicio del Ministerio o del Juez del trabajo. esté localizada en una zona de condiciones
3. El Ministerio de Trabajo, de oficio o a económicas similares a las de la principal,
solicitud de parte y previa investigación a juicio del Ministerio o del juez del trabajo.
administrativa del caso, podrá declarar la 3. No obstante lo anterior, cuando una
unidad de empresa, de que trata el empresa establezca una nueva unidad de
presente artículo, para lograr el producción, planta o factoría para
cumplimiento de las leyes sociales. desarrollar actividades similares, conexas o
También podrá ser declarada complementarias del objeto social de las
judicialmente. mismas, en función de fines tales como la
(…)”. (Lo subrayado es de la Sala). descentralización industrial, las
exportaciones, el interés social o la
rehabilitación de una región deprimida,
sólo podrá declararse la unidad de
empresa entre aquellas y éstas, después
de un plazo de gracia de diez (10) años
A conclusiones similares pude llegarse si se analizan, hasta sus últimas consecuencias, las
distorsiones implícitas en el desconocimiento de cada uno de los demás principios señalados en el
artículo 53, como la estabilidad en el empleo, la garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento etc., beneficios que sin duda se verán menguados en las unidades empresariales
económicamente más débiles, creadas ad-hoc mediante el mecanismo que trató de revivir el
legislador en el artículo 75 que se analiza y que, por las razones brevemente expuestas, habrá de
retirarse del ordenamiento, permitiendo así que reviva una institución -la unidad de empresa- que,
no obstante su carácter preconstitucional, resulta, ella sí armónica con la nueva Carta.
(…)”.
40
“(…) Por el cual hacen unas reformas al Código Sustantivo del Trabajo. (…)”.
41
“(…) Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones (…)”.
17
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Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
de funcionamiento de las mismas. Para
gozar de este beneficio el empleador
requiere concepto previo y favorable del
Ministerio de Desarrollo Económico.
4. El Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, de oficio o a solicitud de parte y
previa investigación administrativa del
caso, podrá declarar la unidad de empresa,
de qué trata el presente artículo, para lograr
el cumplimiento de las leyes sociales.
También podrá ser declarada
judicialmente.
(…)”. (Lo subrayado es de la Sala, dado
que, en esencia, esto fue lo que
adicionó).
De otro lado, la unidad de empresa ha sido entendida por la Corte
Constitucional como un instituto jurídico propio del derecho laboral que busca
hacer realidad el principio de igualdad entre los trabajadores que laboran para
un mismo patrón, entendiéndose que lo hacen cuando prestan sus servicios
en una o varias empresas dependientes económicamente de una misma
persona natural o jurídica, siempre que desarrollen actividades similares
conexas o complementarias42; por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha
señalado que para que se configure la denominada unidad de empresa, debe
concurrir la existencia de una principal o matriz y otra subordinada que se
denomina filial o subsidiaria. Ahora bien, esa dependencia se presenta solo
cuando la primera de ellas ejerce un predominio económico sobre la segunda,
por lo que, precisamente, es este elemento el que debe verificarse a efectos
de declarar la existencia de dicha figura43.
Ahora, el Consejo de Estado no ha sido ajeno en la construcción de esta
definición, en razón a que desde tiempo atrás «4 de noviembre de 1972»44
ha señalado que el objetivo de la unidad de empresa es “evitar que, mediante
la constitución de diferentes sociedades, que jurídicamente son personas
diferentes de los socios, se oculte o simule la verdadera realidad económica
en perjuicio de los trabajadores vinculados a ellas (…) Por consiguiente, la
declaratoria de unidad de empresa tiene por objeto hacer prevalecer, para los
efectos indicados, la realidad económica sobre la jurídica, bajo el concepto
de “unidad de explotación económica”, que no puede confundirse con el de
sociedad”; además, posteriormente, señaló que45:
“(…) La institución de unidad de empresa para todos los efectos laborales se
caracteriza, por la integración de dos núcleos que podemos denominar un
subjetivo compuesto a su vez de tres ingredientes y, el otro, objetivo. Aquel se
refiere a los titulares como persona ya natural o jurídica, patrono o empresario
42
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-1185 de 2000, demanda de inconstitucionalidad contra
los artículos 7º parágrafo 4º, 57 parágrafo 3º y 75 de la Ley 550 de 1999, Magistrados Ponentes Drs.
Vladimiro Naranjo Mesa y Carlos Gaviria Díaz
43
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia SL6228-2016 y SL6313-2016.
44
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 4 de noviembre de 1972, radicación número: 1778, actor:
Industrias Eléctrica Rexal Limitada, Demandado: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, C. P. Dr.
Humberto Mora Osejo.
45
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 25 de noviembre de 1996, radicación: 2747, D. P. Dr. Carlos
Arturo Orjuela Góngora.
18
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indistintamente, que ostenta la pertenencia dentro de la connotación de propiedad
y apropiación de los bienes utilizados en el proceso productivo, así como de sus
resultados.
En la unidad de empresa en la especie de la pertenencia de una sola persona
natural, conceptualmente la parte de la pluralidad y diversidad de las unidades
económicas similares, conexas o complementarias para arribar así a la declaración
de unidad empresarial frente a los actos laborales únicamente. En estas líneas
también debe ubicarse la solución cuando se trate de una sola persona jurídica a
quien pertenezcan la unidad económica o las distintas unidades económicas.
Empero en presencia de las “personas jurídicas” la otra modalidad del fenómeno,
el contexto es diferente pues debe interpretarse con las voces del derecho privado
(civil, comercial e integralmente) a falta de una propia y excluyente definición en el
campo laboral, que impone la terminología del derecho mercantil referente a las
sociedades subordinadas o vinculadas, aunque para el Consejo de Estado, en
providencia del 15 de marzo de 1988, expediente No. 1655 con ponencia del
Consejero Doctor Álvaro Lecompte Luna, se admitió la declinación del distingo
tradicional del derecho privado entre el socio y la persona jurídica que concurre a
formar “para efectos de restaurar una verdad económica en provecho de los
trabajadores”.
Sin embargo la tesis de esa oportunidad no puede intelegirse como si para esta
jurisdicción se admitiera una especial modalidad de la unidad de empresa que
podría llamarse “mixta” caracterizada por la existencia o mezcla en ellas de sujetos
personas naturales y personas jurídicas, pues legislativamente no se ha llegado a
esa meta, ni lo permiten aseverar el antecedente del artículo 194 del C.S.T., ni la
modificación de 1965, ni la de 1990 a pesar de no haberse ejercido las facultades
extraordinarias conferidas al Ejecutivo para definir la noción “empresa” con
propósito de su aplicación laboral en el derecho laboral.
(…)”.
Finalmente, pero no menos importante, la Doctrina también ha ocupado un
lugar muy importante en la construcción del concepto de «unidad de
empresa», tal es el caso del tratadista Gustavo José Gnecco Mendoza, quien
se encargó «en su libro de derecho individual del trabajo 46» de realizar una
descripción de unidad empresarial, teniendo en cuenta para el efecto, su
evolución, la finalidad, los principios, clasificación y la manera en que es
viable su declaratoria, para luego concluir lo siguiente:
“(…) – Para que las normas protectoras de naturaleza laboral surtan efectos, es
fundamental tener claridad quién es el responsable de la actividad económica a la
que se encuentra vinculada la persona que adelanta la prestación personal de
servicios. Ese objetivo lo cumple, al lado de otras instituciones, la unidad de
empresa.
– La unidad de empresa ha sido materia de reiterados intentos de eliminación o,
por lo menos, de morigeración de sus efectos. Esa circunstancia es claramente
demostrativa de la tensión que existe en el derecho del trabajo entre la protección
de los derechos de los trabajadores y la constante evolución del mundo
empresarial en el que, con frecuencia, surgen nuevos emprendimientos, negocios
o formas de adelantar las actividades económicas, que presentan
estructuras no previstas en la regulación normativa.
– La aplicación de las normas que reglamentan la unidad de empresa plantea
retos interpretativos por la expedición de nuevas normativas, principalmente en
materia corporativa o societaria, las cuales presentan notorias diferencias con las
que regían cuando se expidieron las laborales. Así sucede, por ejemplo, con
figuras como el grupo empresarial, que no existía cuando se expidió el Código
46
Camacho-Ramírez, A., & Herrera Vergara, J. R. (Eds.) (2019). Derecho individual del trabajo.
Universidad del Rosario. Págs. 173 a 205.
19
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Sustantivo del Trabajo, lo que exige una labor hermenéutica que integre
adecuadamente las normativas (…)”.
Así las cosas, en virtud de lo anterior es dable concluir, concretamente, que
la unidad de empresa no solo es aquella unidad de explotación económica,
sino también, las que dependan económicamente de una misma persona
natural o jurídica, siempre y cuando exista (i) una sociedad principal y filiales
o subsidiarias suyas; (ii) predominio económico de la primera sobre las otras;
y, (iii) actividades similares, conexas o complementarias desarrolladas por el
conjunto empresarial. Lo anterior resulta entendible en la medida en que la
declaración de unidad de empresa buscar afirmar la existencia de una unidad
(unión) económica, es decir, aquello que estaba escindido deja de existir para
darle paso a la unidad patrimonial de una explotación económica determinada
que tiene predominio económico (presupuestal). Sobre el particular, esta
Corporación ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en el siguiente
tópico47:
“(…) Si las sociedades son independientes unas de otras, y no se da el predominio
económico mencionado en la norma; si no hay filiales o subsidiarias, no es dable
sostener que se configura unidad de empresa.
Debe analizarse entonces, si se cumple o no con el requisito subjetivo del
predominio económico a que se ha hecho referencia.
Para que se configure dicho predominio económico de la sociedad principal sobre
la subsidiaria, se requiere que aquella posea más del 50% del capital y ello al tenor
del artículo 261, numeral 1° del C. de Co. puede suceder directamente, o por
intermedio o por concurrencia con sus subordinadas, o con las filiales o
subsidiarias de éstas.
Conforme al artículo 260 del mismo Código, la concurrencia con empresas
vinculadas es útil para determinar que una empresa es subsidiaria de la matriz que
así logra su control económico, financiero o administrativo, pero ello no puede
aplicarse para establecer el predominio económico tal como lo entiende el artículo
194 del Código Sustantivo del Trabajo, o sea, como unidad patrimonial mayoritaria
de un solo dueño.
Y ello es así, porque el artículo 261 del Código de Comercio dispone que “hay
vinculación de dos o más sociedades cuando existan intereses económicos,
financieros o administrativos entre ellas, comunes o recíprocos, así como cualquier
situación de control o dependencia “ y de la comunidad de intereses o de
situaciones de control o dependencia puede derivarse un control de grupo pero
no una unidad patrimonial mayoritaria en cabeza de una sociedad que sin sus
vinculadas no tiene más del 50% del capital de su subordinada
(…)”.
2.4.- JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON LA UNIDAD DE EMPRESA
ENTRE LA COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A.
«en ese momento, en liquidación obligatoria» Y LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE CAFETEROS.
La Sala considera necesario realizar una relación de las tres providencias que
ha proferido esta Corporación durante las últimas décadas en las cuales se
ha pronunciado sobre el tema estudiado en el sub-lite, el cual, no es otro que
la declaratoria de la «unidad de empresa» entre la Federación Nacional de
47
CONSEJO DE ESTADO, sentencia 5 de mayo de 2005, radicado 11001-03-25-000-2000-00073-
00(810-00), C. P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero (e).
20
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Cafeteros y la Compañía de Inversiones Flota Mercante S.A., pues, aunque
ello no es determinante en las resultas del proceso, por cuanto la situación
fáctica y jurídica pudo haber variado, para efectos ilustrativos resulta
importante conocer las razones por las cuales no ha sido posible su
declaración.
En primer lugar, se encuentra la sentencia proferida el 2 de octubre de 1992
con ponencia del Dr. Reynaldo Arciniegas Baedecker 48, en la cual fue negada
la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se declaró la
pérdida de la fuerza ejecutoria de las Resoluciones 01594 de 27 de
septiembre de 1962 y 00487 de 11 de marzo de 1963 del citado Ministerio,
las que a su vez reconocieron la unidad de empresa entre las sociedades
Flota Mercante Grancolombiana S.A. y Transportadora Grancolombiana Ltda.
Lo anterior, por cuanto si bien existía predominio económico por parte de la
Federación Nacional de Cafeteros sobre la citada Flota y la Agencia Gran
Marítima Ltda., resulta que no fue probada la existencia de actividades
similares, conexas o complementarias en todas ellas, veamos:
“(…) Se aprecia que en el año 1962 existía una subordinación total, económica y
financiera, de la Sociedad Transportadora Gran Colombiana Ltda. a la Flota
Mercante Grancolombiana S. A., ya que ésta era propietaria del 99.7% del capital
social de aquélla. En cambio, para el mes de septiembre de 1987, fecha en que
se expidió la Resolución 2241 acusada, la Flota Mercante sólo poseía el 40% del
capital social de la Gran Marítima (antes Transportadora Grancolombiana), pues
el 60% restante pertenecía a la Federación Nacional de Cafeteros, en razón de
haberío adquirido de la Sociedad Fiduciaria Bermúdez y Valenzuela S.A., según
consta en la Escritura Pública No. 2262 de 15 de diciembre de 1986 de la Notaría
Doce de Bogotá (fls. 463 a 477 cdno. ppal.), y en el certificado de la Cámara de
Comercio visible a folios 512 a 514 Ibidem.
En tal virtud, desde el punto de vista económico y financiero la Sociedad
Transportadora Grancolombiana Ltda., transformada por medio de la Escritura
Pública mencionada en la Sociedad Agencia Gran Marítima Ltda., no se hallaba,
para la época referida, dirigida o controlada por la Flota Mercante Grancolombiana
y tampoco se probó que ésta ejerciera su control por intermedio o con el concurso
de una o varias de sus filiales o de sociedades a ella vinculadas, pues los autos no
evidencian que sociedades subordinadas a la Flota participaran en forma alguna
en la Transportadora.
Por el contrario, aparece claro que la Federación Nacional de Cafeteros era
propietaria directa del 60% del capital social de Gran Marítima Ltda., e indirecta del
32.02% del mismo en razón de que la Flota poseía el 40% de aquél y, a su vez, el
capital social de esta sociedad, en un 80.07% pertenecía a la Federación Nacional
de Cafeteros.
Lo que podría admitirse es la influencia económica de la Federación Nacional de
Cafeteros en la Agencia Gran Marítima Ltda., o Gran Mar Ltda., en tanto que no
es concebible que la Flota Mercante Grancolombiana, a través de la Federación
Nacional de Cafeteros, pudiera ejercer poder o dominio sobre aquélla, porque se
invertiría la proposición, toda vez que se estaría suponiendo que una sociedad
subordinada pudiera, controlar a otra, a través de la sociedad matriz.
Se advierte claramente que no se presenta subordinación de la Agencia Gran
Marítima Ltda. a la Flota Mercante Grancolombiana, puesto que no se da ninguna
de las hipótesis que contempla el artículo 261 del Código de Comercio, ya que la
Flota sólo es propietaria del 40% del capital de la primera.
48
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 2 de octubre de 1992 radicación número: 3201, actor:
Asociación Nacional de Empleados de la Flota Mercante Grancolombiana S.A., Demandado:
Ministerio De Trabajo y Seguridad Social, C. P. Dr. Reynaldo Arciniegas Baedecker.
21
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Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
(…)
La parte accionante no pidió tal verificación ni ante la administración ni a la
jurisdicción y, por ello, no puede la Sala hacer pronunciamiento alguno al respecto,
pues, si bien el Ministerio de Trabajo hubiera podido actuar oficiosamente, a la
jurisdicción, por ser de naturaleza rogada, le está vedado salirse del marco que le
señala la demanda.
De estos presupuestos hay que concluir que, faltando uno de los requisitos para
que surja la unidad de empresa, ésta no podía subsistir entre las empresas
vinculadas a este proceso, lo que quita piso a la pretensión anulatoria. Ello releva
a la Sala del examen de la segunda condición, actividades similares, conexas o
complementarias, ya que los dos deben darse conjunta y simultáneamente.
De manera que los actos acusados armonizan con la realidad fáctica existente en
1987 y se ajustan a las disposiciones que gobernaban la figura de la unidad de
empresa entre personas jurídicas, por lo que no hay lugar a decretar su nulidad ni,
consiguientemente, es el caso de disponer el restablecimiento de] derecho
mediante declaración de unidad de empresa entre la Flota Mercante y Gran
Marítima Ltda.
(…)”.
En segundo lugar, en concepto de 15 de febrero de 2001 la Sala de Consulta
y Servicio Civil de esta Corporación49 respondió al Ministro de Trabajo sobre
la presunta responsabilidad de la Federación Nacional de Cafeteros y el
Fondo Nacional del Café en el pago de pensiones obligaciones laborales en
la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante en liquidación, así:
“(…) A la Federación Nacional de Cafeteros y el Fondo Nacional del Café no les
es imputable responsabilidad alguna por las acreencias pensional y laborales de
la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. (…) esas obligaciones
deben ser asumidos y garantizadas, dentro de la liquidación obligatoria de la
compañía, con los bienes que ella pertenece. El remanente que no quedaré
debidamente garantizado deberá ser asumido por la nación colombiana, (…). En
este último aspecto deberán hacerse las respectivas incorporaciones en el
presupuesto general de la nación (…)”
En tercer lugar, se evidencia que en sentencia del 5 de mayo de 200550, con
ponencia de la Dra. Ana Margarita Olaya Forero, se volvió a desestimar el
recurso de apelación de la demanda, que buscaba declarar una “unidad de
empresa” entre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y la
Compañía de Inversión Flota Mercante S.A., en concreto, porque además de
no tener ventaja económica, la citada sociedad se encuentra en liquidación y
no ha llevado a cabo su objeto social, limitándose su actividad a la realización
de negocios destinados a liquidar la sociedad; para el efecto, señaló:
“(…) Si bien es cierto que la Federación Nacional de Cafeteros tiene el 80.07% de
las acciones de la Flota Mercante Grancolombiana, dicha participación no la tiene
la Federación en tal calidad, sino como administradora del Fondo Nacional del
Café, que, de acuerdo con el contrato celebrado con el Gobierno Nacional, es una
cuenta de naturaleza parafiscal constituida por recursos públicos, cuyo objetivo
prioritario es contribuir a estabilizar el ingreso cafetero mediante la reducción de
los efectos de la volatilidad del precio internacional.
49
CONSEJO DE ESTADO, concepto de 15 de febrero de 2001, radicado 1307, C. P. Dr. Augusto
Trejos Jaramillo.
50
CONSEJO DE ESTADO, sentencia 5 de mayo de 2005, radicado 11001-03-25-000-2000-00073-
00(810-00), C. P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero (e).
22
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Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
En tales condiciones, resulta improcedente la unidad de empresa pretendida por
la parte actora, pues, de una parte, la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante no depende económicamente de la Federación Nacional de Cafeteros, y
de otra, esta última sólo está encargada de la administración del Fondo Nacional
del Café.
No es viable jurídicamente pretender que por el hecho de que entre las sociedades
existan vinculaciones de orden económico se den las condiciones para la unidad
de empresa, pues, como se vio no se da el predominio económico, factor que exige
la norma laboral para que se dé la unidad de empresa.
La Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Laboral, al identificar las
diferencias entre las tres figuras de unidad de empresa que consagra el artículo
194, en sentencia de 6 de junio de 1972, precisó que el predominio económico es
uno de los factores que distingue la unidad de empresa de las personas jurídicas
de la unidad que conforman “las varias unidades dependientes económicamente
de una misma persona natural o jurídica”.
(…)
Ahora bien, además del predominio económico, la ley exige otros elementos que
permiten declarar la unidad de empresa: que correspondan a actividades similares,
conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio, los cuales
tampoco se presentan en este caso
En efecto, la compañía de Inversiones de la Flota Mercante - antes Flota Mercante
Grancolombiana- es una empresa en liquidación que no está desarrollando su
objeto social, pues su actividad se limita a realizar las operaciones tendientes a
liquidar la empresa. No puede entonces, predicarse de una empresa en liquidación
obligatoria la existencia de predominio económico ni la configuración de un objeto
social respecto del cual pueda estimarse la conexidad de actividades.
De otra parte, el Fondo Nacional del Café no tiene trabajadores a su servicio,
porque como se vio anteriormente, se trata de un fondo parafiscal que sólo puede
destinarse al desarrollo de la industria cafetera y contractual, tal como quedó
estipulado en la cláusula segunda del contrato de administración.
(…)”.
Finalmente el 23 de abril de 2009, con ponencia del Dr. Luis Rafael Vergara
Quintero51, fue declarada la nulidad de la Resolución 070 del 18 de enero de
2002, proferida por el Director Territorial de Cundinamarca del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, la cual, por solicitud de la Asociación Nacional de
Oficiales de la Marina Mercante Colombiana, ASOMMEC, se había declarado
la «unidad de empresa» entre la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia en calidad de Administradora del Fondo Nacional del Café y la
Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A; en tal virtud, ordenó al
Ministerio de la Protección Social que rehiciera la actuación administrativa
tendiente a definir la declaración o no de la «unidad de empresa», teniendo
en cuenta para el efecto, todas las personas naturales o jurídicas, pero en
especial a la Federación Nacional de Cafeteros, como quiera que se había
demostrado que fue vulnerado el debido proceso y el derecho de
contradicción, veamos:
“(…) Quiere decir, entonces que la Federación asegura que si bien le notificaron la
decisión mediante la cual se puso fin a la actuación administrativa, nunca fue citada
para presentar sus argumentos con respecto a la nueva situación jurídica que a la
postre le creó la petición que en interés particular presentó la Asociación Nacional
de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana ASOMMEC.
51
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 23 de abril de 2009, radicado 110010325000200200258
01 (5312-02), actor: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, demandado: Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, C. P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.
23
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Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
Según se desprende del artículo 209 de la Constitución Política, en concordancia
con el artículo 3º del C.C.A, y la Ley 58 de 1982, en todas las actuaciones
administrativas las autoridades deben garantizar el principio de contradicción. Por
ello, los artículos 14, 15 y 35 de C.C.A., establecen los mecanismos tendientes a
procurar la presencia de todas las personas interesadas y terceros que puedan
resultar afectados con las decisiones que se adopten.
Como la solicitud de ASOMMEC, directamente involucraba a la FEDERACION
NACIONAL DE CAFETEROS, la Administración, en este caso el Director Territorial
de Cundinamarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tenía la obligación
de citarla mediante correo a la dirección que se conociera o mediante la publicación
en un diario de amplia circulación nacional, de conformidad con los artículos 14 y
15 del C.C.A.
El Ministerio de la Protección Social en la contestación de la demanda, frente a la
afirmación de la Federación de que dicha entidad no cumplió con este acto
obligatorio de autoridad (la citación), manifestó: “13.- Que se pruebe” (fl. 224) y
asumió una actitud pasiva, sin realizar ninguna actuación tendiente para allegar el
documento que comprobara que la Federación sí fue citada, tal y como lo ordenan
los artículos 14 y 15 del C.C.A.
Así mismo, dentro del acervo probatorio que obra en el proceso no se encuentra
ningún documento que certifique que la FEDERACION NACIONAL DE
CAFETEROS fue citada y tampoco se vislumbra ningún indicio que revele que
dicha entidad logró solicitar pruebas o consiguió intervenir o controvertir los
elementos probatorios ordenados o practicados antes de que la Administración
adoptara la decisión.
Es sabido que, en el curso de cualquier proceso, es principio universal que quien
afirma una cosa es quien está obligado a probarla; sin embargo, ante una presunta
omisión de la Administración no es el demandante quien tiene la carga de la
prueba, sino aquella cuando contesta o excepciona, pues tiene la obligación de
probar los hechos en que funda su defensa.
La no vinculación del afectado, al proceso que modificó su situación jurídica, sin
duda, no sólo desconoce el derecho de defensa y de contradicción sino el derecho
al debido proceso consagrado también para el procedimiento administrativo en el
artículo 29 de la Constitución Política.
De conformidad con lo expuesto, resulta notoria la infracción de las normas que
rigen las actuaciones administrativas, en especial la Ley 58 de 1982 y los artículos
14 y 15 del C.C.A.
(…)”.
Tal y como se expuso en el primer acápite, la anterior determinación sirvió
para que se refiere a la actuación administrativa tendiente a definir la
declaración de la unidad de empresa que se había efectuado el 27 de octubre
de 2000, la cual culminó con la expedición de los actos acusados
«Resoluciones: (i) 0777 del 15 de junio de 2012, 01528 del 28 de septiembre de
2012 y 02037 del 18 de junio de 2013».
2.5.- CASO EN CONCRETO.
En el presente caso, la Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte
Marítimo y Fluvial -UNIMAR- y la Asociación Nacional de Oficiales de la
Marina Mercante Colombiana -ASOMMEC- acusó las Resoluciones 0777 del
15 de junio de 2012, 01528 del 28 de septiembre de 2012 y 02037 del 18 de
junio de 2013, concretamente, (i) desconocimiento del artículo 194 del Código
Sustantivo del Trabajo, (ii) transgresión del debido proceso; (iii) vulneración
del derecho de audiencia y de defensa; (iv) falsa motivación; (v) infracción en
las normas en que debía fundarse; y, (vi) desviación de poder.
24
Radicado No. 110010324000201400403 00.
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Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
Con miras a resolver los puntos objeto de controversia, conforme al material
probatorio que obra en el expediente, se realizarán las siguientes precisiones
generales:
a) A folios 209 a 248 se encuentra el estudio económico-técnico realizado
por el Ministerio de la Protección Social en Diciembre de 2011 en torno a la
posibilidad de declarar la unidad de empresa entre La Federación Nacional
de Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café y la
Compañía de Inversiones de la Flota Mercante en liquidación obligatoria,
antes Flota Mercante Gran Colombiana S.A., en el cual se concluyó que no
existió predominio económico, similitud, conexidad y complementariedad
necesarias para el efecto.
b) El 30 de abril de 1998 el Revisor Fiscal de la Federación Nacional de
Cafeteros certificó que, de acuerdo con los registros contables al 30 de abril
de 1998, esta entidad en su condición de gente gremial de derecho privado,
sin ánimo de lucro, no poseía inversiones en acciones en la Compañía de
Inversiones de la Flota Mercante S.A.52
c) De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de la
Federación nacional de cafeteros, se evidencia que es una entidad sin ánimo
de lucro que fue inscrita el 7 de marzo de 1997, destinada a orientar, organizar
y contar las apicultura colombiana y propender por que sea rentable,
sostenible y mundialmente competitiva, procurando el bienestar del productor
del café a través de mecanismos de colaboración, participación y fomento, ya
fuera de carácter social, económico, científico, tecnológico, ambiental,
industrial o comercial53.
d) El 27 de marzo de 2019 la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de
Defensa Jurídica del Ministerio de Trabajo allegó al plenario la reconstrucción
parcial del expediente de la Unión de Trabajadores de la Industria del
Transporte Marítimo y Fluvial UNIMAR, en donde solicitaba la unión de
empresa entre la Federación Nacional de Cafeteros como administradora del
Fondo Nacional del Café y la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante
en liquidación obligatoria, dentro de los cuales se encuentran54:
i. Solicitud del 26 de octubre de 2000 de la Asociación Nacional de
Oficiales de la Marina Mercante Colombiana para que fuese declarada
la unidad de empresa entre la Federación Nacional de Cafeteros, en su
calidad de administradora del Fondo Nacional del café y la Compañía de
Inversiones Flota Mercante en liquidación obligatoria55.
ii. Certificado de existencia y representación legal del 24 de enero del
2000 de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A56.
52
Visible a folios 545 del cuaderno principal.
53
Visible a folios 547 a 555 del cuaderno principal.
54
Visible a folio 565 del cuaderno principal.
55
Visible a folios 1 a 23 de la carpeta 1.
56
Visible a folios 38 a 40 de la carpeta 1.
25
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
iii. Certificado del 3 de diciembre de 1998 en el cual la Contadora
General de la Federación Nacional de Cafeteros expresó que el Fondo
Nacional del Café es una cuenta de naturaleza parafiscal constituida con
recursos públicos cuyo objeto prioritario es contribuir a izar el ingreso
cafetero mediante la reducción de los efectos de la volatilidad del precio
internacional; asimismo, que esta entidad era accionista de la Flota
Mercante Gran Colombiana S.A. con una participación patrimonial del
80.07% representada en 4.720.501.800 acciones clase A57.
iv. Resolución 2525 del 29 de octubre de 1999 a través de la cual la
ministra de trabajo y Seguridad Social confirmó la resolución 2996 del
11 de diciembre de 1998 que dispuso no acceder a la solicitud de
declaratoria de unidad de empresa entre la Federación Nacional de
Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café y la
Compañía de Inversiones de la Flota Mercante en liquidación
obligatoria58.
v. Estudio de unidad de empresa efectuado por la Subdirección
Técnica de Relaciones Individuales del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de octubre de 1998 en el cual concluyó lo siguiente59:
“(…) 1. la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS es una empresa jurídica
derecho privado sin ánimo de lucro de naturaleza no societaria, administrado por
el FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, el cual, en los términos del contrato laborado
para tal fin, entre el GOBIERNO NACIONAL y la FEDERACIÓN, el 12 de
noviembre de 1998, es una cuenta de naturaleza parafiscal constituida por
recursos públicos cuyo objetivo prioritario es contribuir a estabilizar el ingreso
cafetero mediante la reducción de los efectos de la volatilidad del efecto del precio
internacional del café. Dicho fondo ha sido administrado por la Federación nacional
de cafeteros desde su creación por decreto número 2078 de 1940, en virtud de
sucesivos contratos celebrados con el Gobierno.
En su condición de administrador del fondo nacional del café y con recursos de
este, la Federación de cafeteros, de acuerdo con la certificación expedida por la
contadora general de esta Federación, es poseedora del 80,07% de las acciones
de la Flota Mercante Gran Colombiana, hoy Compañía de Inversiones la Flota
Mercante S.A., representadas en 4.730.501.800 acciones de Clase A, de las
cuales se encuentran expedidas a nombre de la Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia.
2. Federación nacional de cafeteros, se encuentra clasificada entre la gran división
nueve “SERVICIOS COMUNALES SOCIALES Y PERSONALES” subgrupo 9350
“ASOCIACIONES COMERCIALES PROFESIONALES Y LABORALES”.
Compañía de Inversiones de la Flota Mercante Gran Colombiana S.A. está
clasificada en la gran división ocho “ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS,
SEGUROS, BIENES, INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS” subgrupo 8329 “SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS N.
E. P. EXCEPTUANDO EL ALQUILER DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA”.
3. A nivel administrativo y operativo no existe personal común, como tampoco
personal en comisión.
Las relaciones entre la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS y la
COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A., la
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS como administradora de los recursos
57
Visible a folio 50 de la carpeta 1.
58
Visible a folios 57 a 65 de la capeta 1.
59
Visible a folios 119 a 134 de la carpeta 1.
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Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
del Fondo Nacional del Café, es accionista de la compañía de inversiones de la
flota mercante en un 80,07%, anteriormente y hasta el pasado 23 de enero de 1997
cuando la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. dejó de operar
buques, transportaba café para diferentes productores de grano, cooperativa de
caficultores y demás exportadores privados cuyas actividades las coordina la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
(…)”.
vi. Composición accionaria de accionistas de la Compañía de
Inversiones de la Flota Mercante S.A. en liquidación obligatoria; estados
financieros al 31 de diciembre de 2000 firmados por el contador,
liquidador y revisor fiscal; y, certificación del Jefe de Personal en la que
se efectúa una relación del personal adscrito a ésta60.
vii. Estados financieros de la Federación Nacional de Cafeteros de los
años 1999 y 2000; certificación expedida por el revisor fiscal de la
Federación nacional de cafeteros sobre la composición accionaria de la
entidad; certificado de cámara y comercio; relación de personal y
organigrama de la empresa61.
viii. Contrato de suscripción por parte de la Federación Nacional de
Cafeteros por la suma de 9 millones de dólares en acciones de la Marina
Mercante Grancolombiana, con los dineros del Fondo Nacional del
Café62.
ix. Aparte del informe de auditoría especial realizado por la Contraloría
General de la República a la Flota Mercante Gran Colombiana 63.
Una vez que se ha relacionado el material probatorio que obra en el
expediente, pasa la Sala a abordar, con fines metodológicos, uno a uno de
los cargos de anulación que propusieron los demandantes en contra los actos
acusados.
2.5.1.- Desconocimiento del artículo 194 del Código Sustantivo del
Trabajo.
Según los demandantes, el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo64
fue desconocido por el Ministerio del Trabajo debido a que desatendió las
60
Visible a folio 193 a 243 de la carpeta 1.
61
Visible a folios 244 a 250 de la carpeta 1; y, 251 a339 del cuaderno 2.
62
Visible a folios 362 a 364 de la carpeta 2.
63
Visible a folios 810 a 843 de la carpeta 4.
64
Ley 50 de 1990.
“(…) Artículo 194. Definición de empresas.
1. Se entiende como una sola empresa, toda unidad de explotación económica o las varias unidades
dependientes económicamente de una misma persona natural o jurídica, que correspondan a
actividades similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio.
2. En el caso de las personas jurídicas existirá unidad de empresa entre la principal y las filiales o
subsidiarias en que aquella predomine económicamente, cuando, además, todas cumplan
actividades similares, conexas o complementarias; pero los salarios y prestaciones extralegales que
rijan en la principal al momento de declararse la unidad de empresa solamente se aplicarán en las
filiales o subsidiarias cuando así lo estipule la respectiva convención colectiva de trabajo, o cuando
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Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
circunstancias en que la Federación Nacional de Cafeteros fungía como
administradora del Fondo Nacional del Café y, en consecuencia, accionista
mayoritaria de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.,
concretamente, porque existió una dependencia económica y similitud,
complementariedad o conexidad, entre éstas.
Para resolver este cargo debe indicarse, tal y como se expuso anteriormente,
que esta normativa definió la «unidad de empresa» como la unidad de
explotación económica o las varias unidades dependientes económicamente
de una misma persona natural o jurídica, que correspondan a actividades
similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su
servicio, en aras a amparar el derecho de igualdad de todos los trabajadores
que laboran para un mismo empleador, entendiéndose que, cuando prestan
sus servicios, dependen económicamente de un mismo empleador, siempre
y cuando, se insiste, se dediquen a actividades similares, conexas o
complementarias.
Por ende, para que exista unidad de empresa y pueda ser declarado por la
autoridad administrativa o judicial, es necesaria la conjunción de dos factores:
uno subjetivo y otro objetivo. El primero se centra en los verdaderos dueños
de las herramientas de trabajo y de los factores de producción «predominio
económico», mientras que el segundo en la explotación económica como un
todo armonioso «similitud, complementariedad y conexidad». Al respecto, la
Corte Suprema de Justicia65 ha señalado que esta figura se caracteriza por
lo siguiente:
“(…) 1. Se entiende como una sola empresa toda unidad de explotación
económica”.
Para que esta figura exista, ha dicho la Sala en abundante jurisprudencia, no es
necesario que haya sido una misma persona la dueña de la empresa, ya que, si
es verdad que ésta, considerada desde un punto de vista subjetivo representa la
actividad continuada de un empresario en un negocio, mirada objetivamente es
una entidad real, que no requiere la persistencia de un solo propietario para que
permanezca la misma, en cuanto no varíen los objetivos de su actividad
económica. La empresa, constituida por un acervo de bienes inmuebles, muebles
o intangibles destinados a determinada explotación económica, es una,
objetivamente considerada, y no rompe esa unidad para los efectos laborales el
que haya pertenecido a diversos dueños, aun cuando con cada uno de ellos haya
mudado también su denominación.
la filial o subsidiaria esté localizada en una zona de condiciones económicas similares a las de la
principal, a juicio del Ministerio o del juez del trabajo.
3. No obstante lo anterior, cuando una empresa establezca una nueva unidad de producción, planta
o factoría para desarrollar actividades similares, conexas o complementarias del objeto social de las
mismas, en función de fines tales como la descentralización industrial, las exportaciones, el interés
social o la rehabilitación de una región deprimida, sólo podrá declararse la unidad de empresa
entre aquellas y éstas, después de un plazo de gracia de diez (10) años de funcionamiento de
las mismas. Para gozar de este beneficio el empleador requiere concepto previo y favorable del
Ministerio de Desarrollo Económico.
4. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de oficio o a solicitud de parte y previa investigación
administrativa del caso, podrá declarar la unidad de empresa, de qué trata el presente artículo, para
lograr el cumplimiento de las leyes sociales. También podrá ser declarada judicialmente.
(…)”.
65
Corte Suprema de Justicia, sentencia de 6 de junio de 1972.
28
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
2. “Las varias unidades dependientes económicamente de una misma persona,
natural o jurídica, que correspondan a actividades similares, conexas o
complementarias y que tengan trabajadores a su servicio”. Esta figura está
integrada por los siguientes elementos: a) Una misma persona, natural o
jurídica; b) De la cual dependan económicamente varias unidades; c) Que
realicen actividades similares, conexas o complementarias; y d) Que tengan
trabajadores a su servicio. Lo esencial aquí es la dependencia económica de
esas varias unidades respecto de una misma persona; si tales unidades se
presentan independientes o autónomas, no puede cobijárselas bajo el
concepto de unidad de empresa. (subrayado y resaltado fuera de texto)
3. “En el caso de las personas jurídicas existirá unidad de empresa entre la
principal y las filiales o subsidiarias en que aquellas predominen económicamente,
cuando, además, todas cumplan actividades similares, conexas o
complementarias”. Forman esta figura los siguientes supuestos: a) Una sociedad
principal y filiales o subsidiarias suyas; b) Predominio económico de la primera
sobre las otras, y c) Actividades similares, conexas o complementarias
desarrolladas por el conjunto empresaria […] (Lo resaltado en negrilla es de la
Sala.).
En cuanto al primero de los requisitos, esto es, predominio económico, el
cual hace referencia a la mayoría accionaria de una persona natural o jurídica
de más del 50% de las acciones en dos o más empresas, la Sala observa
que existen varios documentos en donde se pretende demostrar tal
superioridad, uno de ellos es el estudio técnico-económico de octubre de
199866 en el cual se estableció:
“(…) En su condición de administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ y con
recursos de este, la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS de acuerdo con
la certificación expedida por la contadora general de esta Federación es poseedora
del ochenta punto siete por ciento (80.07%) de las acciones de la FLOTA
MERCANTE GRAN COLOMBIANA, hoy compañía de inversiones de la FLOTA
MERCANTE S.A., representadas en 4.720.501.800 acciones de clase a las cuales
se encuentran expedidas a nombre de la FEDERACIÓN NACIONAL DE
CAFETEROS DE COLOMBIA.
el capital social de la compañía de inversiones de la flota mercante SA está
compuesto por 5.894.888. con un valor nominal de $1, discriminadas así:
CLASE A % No. Acciones
Federación Nacional de Cafeteros 80.07 4.720.501.800
Banco Nacional de Fomento del
19.92 1.174.257.406
Ecuador
TOTAL CLASE A 99.99 5.894.729.206
Colombianos 0.00093 54.558
Ecuatorianos 0.00016 9.408
Venezolanos 0.00033 19.544
TOTAL CLASE B 0.00142 83.510
Acciones readquiridas 0.00077 45.632
ACCIONES 100 5.894.888.348
Como se puede ver la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS con recursos
del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ adquirió el 80,07% de las acciones de la
FLOTA MERCANTE GRAN COLOMBIANA QUE S.A, hoy COMPAÑÍA DE
INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A.
(…)”.
66
Visible a folios 119 a 134 de la carpeta 1.
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Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
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Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
A su turno, el Revisor Fiscal de la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante S.A. en liquidación obligatoria certificó el 20 de junio de 2001, de
acuerdo con el libro de accionistas de la Sociedad, la composición accionaria
así67:
Cantidad de
Nombre del accionista Valor %
acciones
Federación Nacional de Cafeteros,
Administradora del Fondo Nacional 4.720.501.80
4.720.501.800 80,07788
del Café, (acciones ordinarias clase 0
A)
Banco Nacional de Fomento del
1.174.257.40
Ecuador (acciones ordinarias clase 1.174.257.406 19,91993
6
A)
Otros accionistas menores
(acciones privilegiadas clase B)
129.142 129.142 0,00219
incluye 45.632 acciones propias
readquiridas
5.894.888.34
Total 5.894.888.348 100
8
Posteriormente, en el estudio económico-técnico que elaboró el Ministerio de
la Protección Social en diciembre de 2011, luego de que por parte de esta
Corporación68 se le hubiese ordenado que rehiciera la actuación
administrativa tendiente a definir la declaración o no de la «unidad de
empresa», teniendo en cuenta para el efecto, todas las personas naturales o
jurídicas, pero en especial a la Federación Nacional de Cafeteros, concluyó
lo siguiente:
“(…) se evidencia que la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS en su
condición de administrador del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, es poseedora del
80,0% (80,07%) de las acciones ordinarias de clase, representadas en
4.720.501.800 accione clase A, de la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA
FLOTA MERCANTE S.A. en liquidación obligatoria (…)”.
Visto lo anterior, resulta evidente que la Federación Nacional de Cafeteros
adquirió el 80.07% de las acciones de la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante S.A. en liquidación obligatoria, con recursos del Fondo Nacional del
Café, pero, no se puede desconocer que estos dineros son, de conformidad
con la cláusula segunda del contrato de administración celebrado entre el
Gobierno y la Federación, “una cuenta de naturaleza parafiscal constituida por
recursos públicos cuyo objetivo prioritario es contribuir a estabilizar el ingreso
cafetero mediante la reducción de los efectos de la volatilidad del precio
internacional”, giros que, por disposición del Decreto 2078 de 194069, provenían
de la exportación del café.
67
Visible a folio 193 de la carpeta 1.
68
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 23 de abril de 2009, radicado 110010325000200200258
01 (5312-02), actor: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, demandado: Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, C. P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.
69
“(…) Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la industria del café (…)”.
30
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
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Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
Esto significa que el Fondo Nacional del Café no es propiedad de la
Federación Nacional de Cafeteros70 y que sus actividades se limitan a operar
dicho fondo, manejo que en todo caso está dirigido por el Comité Nacional de
Cafeteros, el cual, está integrado por representantes del Gobierno y
representantes del gremio cafetero71; por ende, aunque existió un predominio
económico, resulta que la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante no
depende económicamente de la Federación Nacional de Cafeteros, y de otra,
esta última sólo está encargada de la administración del Fondo Nacional del
Café.
En conclusión, al ser el Fondo Nacional del Café una cuenta parafiscal que
no tiene la connotación de personería jurídica no es dable declarar la unidad
de empresa, porque para ello, en términos del artículo 194 del Código
Sustantivo del Trabajo72, es necesario que existan una o más personas
naturales o jurídicas.
Ahora, en cuanto al requisito de similitud, observa la Sala de conformidad
con el objeto social que reposa en cada uno de los certificados de existencia
y representación de las entidades sobre las cuales se pretende la «unidad de
empresa», las siguientes actividades principales:
70
Ver sentencia C-543 de 2001 de la Corte Constitucional, en la cual se destacó que:
“(…) Ya se ha expresado que los recursos a que se refieren las disposiciones en mención emanan
de la llamada la soberanía fiscal del Estado, tienen el carácter de rentas tributarias, se recaudan
dentro de un determinado sector y se afectan en su destinación al mismo sector. Se trata como lo
ha señalado reiteradamente la Corte de contribuciones parafiscales que por sus características solo
pueden ser destinadas a las finalidades de interés público previstas en la ley que las crea o establece.
La circunstancia de que se atribuya a una determinada entidad pública o aún por una institución de
carácter privado no modifica esa condición. Así mismo, la calidad de recursos públicos de los
derivados del ejercicio de la soberanía tributaria tampoco se afecta por la circunstancia de que la
gestión de los mismos se encomiende a una organización de origen y carácter privado.
En ese orden de ideas, es pertinente recordar que la Corte, desde sus primeras sentencias ha
precisado que las contribuciones parafiscales tienen en el ordenamiento constitucional a partir de
1991 claro fundamento. En efecto el artículo 150-12, dispone que corresponde al Congreso por
medio de ley “Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente contribuciones parafiscales en
los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”. El texto constitucional también se refiere a
ellas en los artículos 179-3, sobre inhabilidad de quienes hayan sido representantes legales de
entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales para ser congresista, y 338 a
propósito de la reserva de ley, de ordenanza o de acuerdo para imponer “contribuciones fiscales o
parafiscales”.
(…)”.
71
Ver contrato de administración del Fondo Nacional del Café, visible a folios 460 a 478 del cuaderno
principal.
“CLAUSULA TERCERA. Comité Nacional de Cafeteros: El órgano de dirección para el manejo del
Fondo Nacional del Café es el Comité Nacional de Cafeteros, el que para efectos del presente
contrato estará integrado por Representantes del Gobierno y Representantes del Gremio Cafetero.
La representación gremial en el Comité no podrá tener un poder de voto superior a la representación
del Gobierno. El Ministro de Hacienda y Crédito Público tendrá tantos votos como sean necesarios
para equilibrar el voto entre el Gobierno y los representantes cafeteros. Cuando se presenten
empates al votarse una medida, serán dirimidos por el señor Presidente de la República”.
72
“(…) ARTICULO 194. DEFINICION DE EMPRESAS.
1. Se entiende como una sola empresa, toda unidad de explotación económica o las varias unidades
dependientes económicamente de una misma persona natural o jurídica, que correspondan a
actividades similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio. (…)”. (Lo
resaltado en negrilla es de la Sala).
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Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
Compañía de Inversiones de la
Federación Nacional de Cafeteros73
Flota Mercante74
Defender el interés de los caficultores y su Promover, constituir, dirigir y
ingreso remunerativo, mediante la administrar las sociedades y la
organización del gremio, el fomento de adquisición, administrativas llenar de
una industria cafetera eficiente y la participaciones sociales en las
promoción o realización de los demás mismas cualquiera sea su forma,
servicios que considere necesarios para jurídico o nacionalidad. Igualmente
estos fines. En cumplimiento de esta puede intervenir o participar en el
finalidad y de acuerdo con las capital o en la dirección de
disposiciones de los congresos asociaciones y demás formas de
nacionales de cafeteros, la Federación unión o colaboración empresarial sin
podrá ejecutar las siguientes actividades: personalidad. Para el desarrollo de su
(a) Los derechos de los federados y de los objeto y en cuanto se relaciona
caficultores en general, ante directamente con el mismo la
circunstancias o hechos que atenten sociedad podía: (a) adquirir, enajenar,
contra tales derechos; (b) procurar que las grabar, administrar, recibir un
políticas macroeconómicas y sectoriales arrendamiento, concesión, fiducia,
del Estado beneficio del gremio caficultor; usufructo, licencia o a cualquier otro
(c) buscar la conciliación de los conflictos título toda clase de bienes muebles o
del trabajo e intervenir en la fijación de inmuebles, universales de hecho y
costos, precios, cambios, explotación y derecho, servicios y tecnologías
demás providencias de carácter legal y necesarias o convenientes para el
oficial que afecten los intereses de los desarrollo de los fines sociales; (b)
federados, de los consumidores y de la adquirir organizar y administrar
industria en general, por medio de establecimientos comerciales, ser
comisiones, peticiones o delegaciones de titular de toda clase de derechos
los representantes de la industria en las derivados de la propiedad intelectual;
entidades de carácter oficial o semi oficial; (c) enajenar, arrendar, grabar y
(d) celebrar convenios o contratos con el administrar, en general, los bienes
gobierno nacional, departamental o sociales; (d) intervenir en toda clase
municipal y con otras entidades, sobre de operaciones de crédito, dando o
manejo de impuestos, normas, controles, recibiendo las garantías del caso
prestación de servicios, propaganda y en cuando haya lugar a ellas; (e) girar,
general sobre todo lo que entienda aceptar, endosar, asegurar, descontar
satisfacer el interés del gremio cafetero, y y negociar en general títulos valores y
al progreso y mejoramiento de la industria. cualquier clase de créditos; (f)
Igualmente, de común acuerdo con el celebrar con establecimientos de
gobierno nacional, la Federación podrá crédito, con otras instituciones
celebrar actos o convenios con las financieras de sociedades de
organizaciones similares de otros países servicios financieros y con compañías
productores, sobre el fomento de cultivos, aseguradoras toda clase de
propaganda, cuotas de exportación, operaciones propias del objeto de
precios, transporte, banca, impuestos y Tales empresarios; (g) formar parte,
comercio cafetero; (e) entregar fondos de con sujeción a las leyes y los
fideicomiso o bajo que no bajo cualquier estatutos, de otras sociedades o
modalidad a entidades nacionales o del entidades de cualquier clase cuya
exterior para financiar actividades actividad tienda a facilitar, ensanchar
relacionadas con la industria cafetera. o complementar la empresa social,
sea suscribiendo o adquiriendo
cuotas o acciones en ellas o, en
73
Visible a folios 547 a 555 del cuaderno principal.
74
Visible a folios 38 a 40 de la carpeta 1.
32
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No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
general, participando como miembro
en los términos de los respectivos
estatutos o reglamentos, o
fusionándose con las mismas; (h)
celebrar contratos de cuentas en
participación sea como partícipe
activa o como partícipe inactiva,
consorcios, uniones temporales de
empresas join-venture y demás
formas de colaboración empresarial
típicas o atípicas; y, (j) asesorar a
terceros en la preparación,
elaboración, programación y revisión
de estudios de factibilidad,
presupuestos, concursos, licitaciones
y en general proyectos para los cuales
sean útiles los servicios que
constituyen el objeto social de la
sociedad.
También se evidencia en el estudio económico-técnico de diciembre de 2011,
que la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. se encuentra
clasificada en la división 65 del CIUU 75 qué hace referencia a la
intermediación financiera excepto los seguros y los fondos de pensiones y
cesantías y dentro de lo de producción específica 6599, esto es, otros tipos
de intermediación financiera; mientras que la Federación Nacional de
Cafeteros está clasificada en la división 91 del CIUU76, que corresponde a las
actividades de asociaciones, empresariales, profesionales y empleadores.
Bajo ese escenario, resulta notorio que no existe similitud alguna a desarrollar
entre la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., en liquidación
obligatoria- y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en su calidad
de administradora del Fondo Nacional del Café, pues además de que las
actividades que desarrollan cada una de las empresas son totalmente
disimiles entre sí, la función de operar el citado Fondo por parte de la
Federación Nacional de Cafeteros, no está descrita o relacionada dentro de
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme -CIIU-.
De otro lado, para determinar el requisito de conexidad es necesario tener
en cuenta las relaciones existentes entre las dos compañías y/o empresas;
en tal sentido se logró comprobar, de acuerdo con las pruebas que obran en
el expediente, que si bien entre éstas comparten algunos de sus directivos,
tal es el caso de los señores Víctor Beltrán Martínez y Hernando Villegas
Posada, resulta que funcionaron en sedes o lugares diferentes y la única
relación que existió fue la inversión que realizó la Federación Nacional de
Cafeteros en calidad de administrador en Fondo Nacional del Café, a la
Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en liquidación obligatoria.
75
Clasificación Industrial Internacional Uniforme.
76
Ídem.
33
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
Finalmente, en cuanto a la complementariedad, es dable asegurar que
tampoco existió, dado que para el momento en que fue solicitada la «unidad
de empresa» la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. se
encontraba en liquidación obligatoria, ello conllevó a que solo desarrollara su
objeto social solo para efectos de culminar el proceso liquidatorio77; además,
se insiste, el Fondo Nacional del Café no tiene trabajadores a su servicio,
porque se trata de un fondo parafiscal que sólo puede destinarse al desarrollo
de la industria cafetera y contractual, tal como quedó estipulado en la cláusula
segunda del contrato de administración del Fondo Nacional del Café78.
Nótese entonces que bajo ninguna circunstancia es posible señalar que se
desconoció el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo, habida cuenta
que, como se vio, entre la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante
S.A., en liquidación obligatoria- y la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia, en su calidad de administradora del Fondo Nacional del Café no
existió predominio económico, ni mucho menos, similitud, conexidad o
complementariedad.
Si bien es cierto los demandantes argumentaron que debe existir solidaridad
de los socios en el pago de los derechos de los trabajadores cuando el deudor
fallido no puedo hacerlo, ya que los artículos 36 del Código Sustantivo del
Trabajo79 y 207 de la Ley 222 de 199580 así lo señalaron; también lo es que
la unidad de empresa es un instituto jurídico que discrepa de la solidaridad
de socios, ya que, sucintamente, el primero pretende la igualdad entre los
trabajadores que laboran para un mismo empleador, mientras que el segundo
es una figura propia del Código de Comercio que busca responsabilizar a los
socios que utilizaron la sociedad para defraudar a los acreedores. Sobre el
particular la Corte Constitucional Ahora en sentencia SU-1023 de 200181
dispuso, en términos generales, que de manera transitoria se presumía de
una responsabilidad subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros, pero
77
Información tomada del auto 411-731 de la Superintendencia de Sociedades visible a folios 751 a
802 de la carpeta 4.
78
Visible a folios 460 a 478 del cuaderno principal.
79
“(…) ARTICULO 36. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Son solidariamente responsables de todas
de las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus miembros
y éstos entre sí en relación con el objeto social y sólo hasta el límite de responsabilidad de cada
socio, y los condueños o comuneros de una misma empresa entre sí, mientras permanezcan en
indivisión. (…)”.
80
“(…) Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de
procesos concursales y se dictan otras disposiciones.
(…)
ARTICULO 207. DE LOS SOCIOS. <Título II. derogado por el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006,
a partir del 28 de junio de 2007> Cuando los bienes de la liquidación sean insuficientes para cubrir
el total de los créditos reconocidos y se demuestre que los socios utilizaron la sociedad para
defraudar a los acreedores, serán responsables del pago del faltante del pasivo externo, en
proporción a los derechos que cada uno tenga en la sociedad. La demanda deberá promoverse por
el acreedor respectivo y se tramitará por el proceso ordinario.
La responsabilidad aquí establecida se hará exigible sin perjuicio de las demás sanciones a que haya
lugar y sin consideración al tipo societario.
(…)”.
81
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia de 26 de septiembre de 2001; expedientes acumulados T-
409301, T-411010, T-411263, T-442235 y T-426970; acciones de tutela instauradas por Librada de
Dios Viuda de Fajardo, Jaime Osorio Avendaño, José Hover Morales García, Daniel Villarreal
Quesedo y Fiduciaria Petrolera S.A., Fidupetrol contra la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante S.A. y otros; M P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.
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Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
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Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
ello no conlleva a que se obtuviera la unidad de empresa, en razón a que ello
resultaba por fuera del estudio que realizaba en aquel momento; veamos:
“(…) la Corte deja establecido que si bien en este caso especial y por las razones
expuestas se puede presumir transitoriamente la responsabilidad subsidiaria de la
matriz, en aplicación del parágrafo del artículo 148 de la ley 222 de 1995, la
decisión no constituye condena ni exoneración definitiva de responsabilidad de
ninguna entidad y, en consecuencia, la Federación Nacional de Cafeteros queda
en disposición de demostrar que, eventualmente, la causa de liquidación de la
CIFM fue por motivos diferentes a las actuaciones derivadas del control, pero esa
es una carga que le corresponderá asumir a la Federación en el proceso
correspondiente. En igual sentido debe procederse frente a la afectación de los
recursos del Fondo Nacional del Café.
(…)”.
Por lo expuesto, esta censura no puede prosperar.
2.5.2.- Transgresión del debido proceso.
El artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, estipuló como causal de anulación del acto
administrativo el desconocimiento del derecho de audiencias o defensa, la
cual tiene su origen en el artículo 29 de la Constitución Política82, que
estableció la garantía fundamental del debido proceso.
Al respecto el tratadista Jaime Orlando Santofimio Gamboa ha definido el
debido proceso, como aquel sistema amplio de garantías que procura, a
través de la realización del derecho material, la obtención de decisiones
justas, y en esa medida dentro de la variedad de elementos que lo
materializan, se hallan los de ofrecer y producir pruebas y obtener decisiones
fundadas o motivadas con arreglo a las pruebas legalmente obtenidas y
valoradas conforme a las reglas de la lógica y la sana critica 83.
Es por lo anterior que, la actividad de producción y valoración de la pruebas
en las actuaciones administrativas o jurisdiccionales, se encuentran sujetas a
reglas normativas que deben ser acatadas como garantía del derecho de
defensa y del debido proceso, de manera que tienen que ser apreciadas en
conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica porque, como ha de
recordarse, las pruebas conducen, a través de la objetividad y de la
82
“(…) ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.
(…)”.
83
SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo: Acto Administrativo,
Tomo II, Bogotá D.C., Universidad Externado de Colombia, 2006.
35
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Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
abstracción, al establecimiento de aquellas realidades que han de conducir al
juez o al operador disciplinario a sentenciar en uno u otro sentido.
La Corte Constitucional ha destacado la importancia de las pruebas en todo
procedimiento, pues ha manifestado que solo a través de una vigorosa
actividad probatoria, que incluye la posibilidad de solicitar, aportar y
controvertir las que obran en cada trámite, puede el funcionario administrativo
o judicial alcanzar un conocimiento mínimo de los hechos que dan lugar a la
aplicación de las normas jurídicas pertinentes, y dar respuesta a los asuntos
de su competencia ciñéndose al derecho sustancial. De hecho, en
sentencia C-1270 de 2000, dicha Corporación se refirió al alcance del
derecho a presentar y controvertir pruebas, en el escenario de los conflictos
propios del derecho laboral:
“(…) 3.2. Aun cuando el artículo 29 de la Constitución confiere al legislador la
facultad de diseñar las reglas del debido proceso y, por consiguiente, la estructura
probatoria de los procesos no es menos cierto que dicha norma impone a aquél la
necesidad de observar y regular ciertas garantías mínimas en materia probatoria.
En efecto, como algo consustancial al derecho de defensa, debe el legislador
prever que en los procesos judiciales se reconozcan a las partes los siguientes
derechos: i) el derecho para presentarlas y solicitarlas; ii) el derecho para
controvertir las pruebas que se presenten en su contra; iii) el derecho a la
publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura el derecho de
contradicción; iv) el derecho a la regularidad de la prueba, esto es, observando las
reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación
de éste; v) el derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten
necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos
(arts. 2 y 228); y vi) el derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas
incorporadas al proceso.
3.3. Siendo el proceso un conjunto sucesivo y coordinado de actuaciones en virtud
del cual se pretende, hacer efectivo el derecho objetivo, restablecer los bienes
jurídicos que han sido lesionados o puestos en peligro y garantizar los derechos
fundamentales de las personas, resulta razonable que el legislador haya
determinado unas oportunidades dentro del proceso en donde las partes puedan
presentar y solicitar pruebas, y el juez, pronunciarse sobre su admisibilidad y
procedencia, e incluso para ordenarlas oficiosamente y, además, valorarlas (…) 84”.
En el sub-lite los demandantes aseguran que se quebrantó el debido proceso
porque no fueron valoradas las objeciones presentadas contra el estudio
técnico de diciembre de 201185, el cual, para contextualizar, fue el que ordenó
el Ministerio de Trabajo luego de que esta Corporación86 le ordenara que
rehiciera la actuación administrativa tendiente a definir la declaración o no de
la «unidad de empresa» entre la Federación Nacional de Cafeteros en calidad
de Administradora del Fondo Nacional del Café y la Compañía de Inversiones
de la Flota Mercante S.A..
Dentro de los argumentos expuestos por las asociaciones sindicales, ahora
demandantes, fue que el objeto social a estudiar y comparar con el de la
84
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-1270 de 2000, M. P. Antonio Barrera Carbonell.
85
Visibles a folios 275 a 302 del cuaderno principal.
86
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 23 de abril de 2009, radicado 110010325000200200258
01 (5312-02), actor: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, demandado: Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, C. P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.
36
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
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Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. no era el de la Federación
Nacional de Cafeteros como entidad gremial privada, sino el de la Federación
Nacional de Cafeteros en calidad de administradora del Fondo Nacional del
Café. Además, alegaron que la Corte Constitucional en la sentencia SU-1023
de 200187 ordenó que las deudas laborales que la Compañía de Inversiones
de la Flota Mercante S.A. tiene con varios de sus exempleados sean
asumidas por la Federación Nacional de Cafeteros, lo cual, en su sentir,
obliga al Ministerio del Trabajo a declarar la «unidad de empresa» para
asegurar el pago de las deudas laborales.
Sin embargo, observa la Sala que en la Resolución 777 del 15 de junio de
201288 se destacó que, aunque la Federación Nacional de Cafeteros en
calidad de administradora del Fondo Nacional del Café, tenía una prerrogativa
económica sobre la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.
puesto que era dueña del 80.07% de sus acciones, para esa época esta
última se encontraba en la etapa final del proceso de liquidación, por lo que
no se encontraba desarrollando su objeto social o estatutario y, en esa
medida, resultaba imposible, por sustracción de materia, analizar su
quehacer comercial y compararla con las actividades de la Federación
Nacional de Cafeteros.
Tampoco es dable desconocer que el estudio técnico económico de
diciembre de 2011, el cual sirvió de sustento para proferir el citado acto,
valoró tanto el objeto social de la Federación Nacional de Cafeteros como las
obligaciones que como administradora del Fondo Nacional del Café tuvo
asignadas en virtud del contrato de administración que había suscrito con el
Gobierno Nacional, en el cual estableció, entre otras, que el citado Fondo
sería una cuenta especial del Tesoro Nacional sin personería jurídica creada
para administrar y manejar los recursos parafiscales generados por el sector
cafetero, cuya misión principal es diferente de las actividades comerciales
que en su momento desarrolló la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante S.A., por lo que no es predicable la existencia de la similitud,
conexidad y complementariedad exigidas por el artículo 194 del Código
Sustantivo del Trabajo89 para declarar la unidad de empresa.
Adicionalmente, también se consignó que la sentencia SU-1023 de 200190 no
obligaba a declarar la «unidad de empresa» entre la Compañía de
87
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia de 26 de septiembre de 2001; expedientes acumulados T-
409301, T-411010, T-411263, T-442235 y T-426970; acciones de tutela instauradas por Librada de
Dios Viuda de Fajardo, Jaime Osorio Avendaño, José Hover Morales García, Daniel Villarreal
Quesedo y Fiduciaria Petrolera S.A., Fidupetrol contra la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante S.A. y otros; M P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.
88
Por medio de la cual el Director Territorial de Cundinamarca del Ministerio del Trabajo negó la
solicitud de declaración de «unidad de empresa» entre la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante S.A en liquidación obligatoria- y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en su
calidad de administradora del Fondo Nacional del Café.
89
Ley 50 de 1990.
90
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia de 26 de septiembre de 2001; expedientes acumulados T-
409301, T-411010, T-411263, T-442235 y T-426970; acciones de tutela instauradas por Librada de
Dios Viuda de Fajardo, Jaime Osorio Avendaño, José Hover Morales García, Daniel Villarreal
Quesedo y Fiduciaria Petrolera S.A., Fidupetrol contra la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante S.A. y otros; M P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.
37
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
Inversiones de la Flota Mercante S.A. y la Federación Nacional de Cafeteros,
pues, esa no fue la materia estudiada en dicha providencia, ni esa fue la orden
dada en la misma; en efecto, en la mencionada sentencia al estudiar las
demandas de tutela interpuestas por 4 de los 772 pensionados a cargos de
la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. se ordenó el amparo
del derecho a la seguridad social ordenando a la Federación Nacional de
Cafeteros como accionista mayoritario, que de manera transitoria asumiera
el pago de las mesadas pensionales adeudadas y en la medida en que el
Liquidador de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.
certificara que no contaba con recursos suficientes para atender dicha
obligación.
Ahora bien, las organizaciones sindicales demandantes reiteraron, en los
recursos de reposición y apelación en contra de la Resolución 777 del 15 de
junio de 201291, que entre las entidades mencionadas sí existían actividades
similares, conexas o complementarias que permitían asegurar la ocurrencia
del fenómeno de «unidad de empresa», puesto que la Compañía de
Inversiones de la Flota Mercante S.A. fue una empresa complementaria de la
industria cafetera, ya que mientras la Federación Nacional de Cafeteros
exportaba café e importaba insumos para su producción, la Compañía de
Inversiones de la Flota Mercante S.A. era la encargada del transporte del
grano y de los insumos; a lo cual el Ministerio del Trabajo les contestó que la
única relación existente para la época fue la inversión que hiciere la
Federación Nacional de Cafeteros en calidad de administradora del fondo
nacional del café a la compañía de inversiones de la flota mercante S.A. en
liquidación obligatoria, motivo por el que a través de las Resoluciones 1528
de 2012 y 2037 de 2013, confirmó en su integridad la decisión contenida en
la Resolución 0777 de 2012, que resolvió negar la solicitud de unidad de
empresa.
Así las cosas, resulta notorio que el Ministerio del Trabajo en ningún momento
dejó de pronunciarse en relación a las objeciones que presentó en contra del
estudio técnico-económico elaborado de diciembre de 2011, pues tales
planteamientos, incluso, contribuyeron para confirmar la decisión de no
declarar la unidad de empresa.
Finalmente, en cuanto al argumento, según el cual, el Ministerio del Trabajo
para negar la solicitud de unidad de empresa no tuvo en cuenta el estudio
técnico elaborado en el año 1998 ni los argumentos expuestos por la misma
entidad en las Resoluciones 0070, 00889 y 01212 de 2002, por medio de las
cuales declaró la unidad de empresa, la Sala precisa que estos actos
administrativos ya fueron sometidas a estudio de revisión de legalidad ante el
Consejo de Estado, al punto, que se declaró su nulidad mediante sentencia
91
Por medio de la cual el Director Territorial de Cundinamarca del Ministerio del Trabajo negó la
solicitud de declaración de «unidad de empresa» entre la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante S.A en liquidación obligatoria- y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en su
calidad de administradora del Fondo Nacional del Café.
38
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
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Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
del 23 de abril de 200992 y se ordenó rehacer toda la actuación administrativa;
en tal sentido, tales actos administrativos o sus fundamentos no pueden ser
ahora tenidos en cuenta, porque los mismos fueron declarados nulos, en
atención a que fueron producidos con desconocimiento del debido proceso,
motivo por el cual este cargo de anulación no está llamado a prosperar.
2.5.3.- Vulneración al derecho de audiencia y defensa.
Al respecto expresaron los demandantes que no fue analizado el objeto social
del Fondo Nacional del Café como dueño mayoritario de la Compañía de
Inversiones de la Flota Mercante S.A., sino como entidad gremial privada, en
razón a que el Fondo Nacional del Café es un ente jurídico diferente; sin
embargo, observa la Sala que este cargo no tiene relación con la vulneración
del derecho de defensa y audiencia, como se pasará a exponer.
Para que esta causal de nulidad pueda prosperar se requiere que exista un
procedimiento en el cual no se le brinden todas las garantías que tiene todo
individuo para hacerse oír por el órgano de conocimiento, para traer al
proceso las pruebas que considere oportunas para respaldar su defensa,
para contradecir argumentos y pruebas del cargo y, además, para asesorarse
por el profesional del derecho que mejor estime pertinente. Dicho derecho
involucra también la posibilidad de ser notificado de las actuaciones, de
hacerse parte y tener acceso al expediente administrativo, así como la
obligación para la administración de oír previamente al interesado antes de
tomar una decisión que lo afecte.
En ese orden de ideas, de las pruebas que obran en el expediente, no se
observa infracción a las reglas que conforman el derecho de audiencia y de
defensa de la Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo
y Fluvial -UNIMAR- y Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante
Colombiana -ASOMMEC-, pues éstos, tal y como se afirma en la demanda,
fueron notificados y conocieron de todas las actuaciones, tuvieron derecho a
controvertir los argumentos, pruebas y decisiones tomadas por el Ministerio
de Trabajo «prueba de ello fueron las objeciones que presentaron en contra del
estudio técnico-económico suscrito en diciembre de 2011 y los recursos de
reposición y de apelación en contra de la Resolución 777 de del 15 de junio de
201293», sin que obre en el libelo se evidencie tesis alguna que indique el
desconocimiento a tales derechos.
Aun cuando el cargo alegado por el demandante no corresponde al cargo de
anulación de derecho de audiencia y de defensa, la Sala, no puede dejar de
lado que en virtud de la primacía del derecho sustancial, el juez puede y debe
examinar aquellas causales conexas con derechos fundamentales, con el fin
92
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 23 de abril de 2009, radicado 110010325000200200258
01 (5312-02), actor: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, demandado: Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, C. P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.
93
Ibidem.
39
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
de optimizar la tutela judicial efectiva94, de máxima importancia al tratarse del
ejercicio de la función pública que puede afectar de manera especialmente
grave el derecho fundamental al trabajo, el debido proceso, entre otros95.
En ese sentido, en lo que tiene que ver con el objeto social es preciso reiterar
que el ente demandado revisó en detalle los objetos sociales de la Compañía
de Inversiones de la Flota Mercante S.A. y la Federación Nacional de
Cafeteros, así como las obligaciones de esta última como administradora del
Fondo Nacional del Café, encontrando que si bien el Fondo era poseedor de
más del 80% de la Compañía, no existía la similitud, conexidad o
complementariedad necesaria para declarar la existencia de unidad de
empresa, según lo exige el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo,96
puesto que para ese entonces, la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante S.A. ya no estaba desarrollando su objeto social, en virtud de su
liquidación obligatoria.
Pero en todo caso, es importante precisar, tal y como se expuso en el primer
acápite, que el Fondo Nacional del Café era una cuenta parafiscal sin
personería jurídica y, por lo mismo, no cuenta con objeto social; así las cosas,
aunque la Federación Nacional de Cafeteros es la administradora del citado
Fondo, dicha actividad no se encuentra dentro de la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme, por ende, resultaba imposible efectuar una
comparación con el objeto social de la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante S.A.
Dicho de otra manera, al ser el Fondo Nacional del Café una cuenta parafiscal
que tiene una naturaleza contable no es posible otorgar, en los términos que
señalan los artículos 74 y 633 del Código Civil 97, la connotación de persona
94
Según la sentencia C-1083 de 2005 de la Corte Constitucional, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería el
derecho a la tutela judicial efectiva se ha definido como “(…) la posibilidad reconocida a todas las
personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y
tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o
el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos
previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales
previstas en las leyes (…)”.
95
Sobre el particular, el tratadista Afirma Rafael Ostau De Lafont Pianeta expresó en el ensayo sobre
Fundamentos del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
«colección jurídica disciplinaria del ICDD. Ed. 2014, pág. 130», lo siguiente:
“(…) La concepción del Estado Social de Derecho entonces, trasciende sin abandonar el control de
legalidad para inducir al juez en general y particularmente al juez contencioso como un juez garante
de la tutela efectiva de los derechos ciudadanos. Le impone al juez no solamente entonces ocuparse
de si el acto, la actuación, o la gestión de la administración debe verificarse en cuanto a su contexto
de adecuación al ordenamiento jurídico. Sino que además de ello debe preocuparle al juez el que
sus decisiones propendan por proteger y garantizar la protección de los derechos de los
administrados. (…)”.
96
Ley 50 de 1990.
97
Código Civil
“(…) ARTICULO 74. <PERSONAS NATURALES>. Son personas todos los individuos de la especie
humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición.
(…)
ARTICULO 633. <DEFINICION DE PERSONA JURIDICA>. Se llama persona jurídica, una persona
ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y
extrajudicialmente.
Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública.
40
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
o ente y, por lo mismo, este cargo tampoco no puede prosperar.
2.5.4.- Falsa motivación.
El vicio de falsa motivación se configura cuando las razones invocadas en la
fundamentación de un acto administrativo son contrarias a la realidad. Sobre
el particular la jurisprudencia de esta Subsección indicó 98:
“(…) los elementos indispensables para que se configure la falsa motivación son
los siguientes: (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o
parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación
distinta; (b) la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y
jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como
fuente por la administración pública o la calificación de los hechos, y (c) la efectiva
demostración por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se
encuentra falsamente motivado (…)”.
Así las cosas, el vicio de nulidad en comento se configura cuando se
expresan los motivos de la decisión total o parcialmente pero los argumentos
expuestos no están acordes con la realidad fáctica y probatoria, lo que puede
suceder en uno de dos eventos a saber: primero, cuando los motivos
determinantes de la decisión adoptada por la administración se basaron en
hechos que no se encontraban debidamente acreditados o, segundo, cuando
habiéndose probado unos hechos, estos no son tenidos en consideración
aunque habrían podido llevar a que se tomara una decisión sustancialmente
distinta.
Sobre este tópico, señalaron los demandantes que no fue estudiado el objeto
social de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A, bajo el
pretexto que en ese momento se encontraba en liquidación, argumento que,
en su sentir, es errado, porque el objeto social de las personas jurídicas se
mantiene mientras exista en la vida jurídica la entidad encargada de llevarlo
a cabo y no sea cancelado su registro mercantil.
Para despejar este planteamiento la Sala precisa que el proceso liquidatorio
de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., se produjo en el
marco de la Ley 222 de 1995,99 cuyo artículo 166 estableció que son
funciones del liquidador:
«4. Ejecutar los actos necesarios para la conservación de los activos y celebrar
todos los actos y contratos requeridos para el desarrollo de la liquidación, con las
limitaciones aquí establecidas, incluidos los negocios o encargos fiduciarios que
faciliten la cancelación del pasivo».
Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter.
98
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 17 de marzo de 2016, radicado 11001-03-25-000-2012-
00317-00 (1218-12).
99
Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos
concursales y se dictan otras disposiciones.
41
Radicado No. 110010324000201400403 00.
No. interno: 3674-2014.
Actores: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y
Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
Nótese que uno de los efectos o consecuencias del inicio del proceso de
liquidación obligatoria era el de cambiar el objeto social estatutario y
remplazarlo por un objeto social de linaje legal, consistente en la realización
de los bienes que conforman el patrimonio de la concursada, para que con el
producto de esa venta se pagaran las deudas a cargo de ella, así como los
gastos generados por la misma liquidación. Sobre el particular, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 20 de octubre
de 1995100, consideró:
«Verificada alguna de las causales previstas en la ley o en los estatutos
correspondientes sobreviene la disolución de la sociedad, por cuya virtud se abre
paso el proceso liquidatorio que conduce a la extinción de su personería jurídica y
a la definitiva expiración del contrato que le dio origen.
En consecuencia, la disolución no entraña la extinción de la personería jurídica del
ente social, la cual subsiste -aun cuando recortada- en la misma fase con miras a
mantener la autonomía patrimonial que, a su vez, es el soporte del trámite
liquidatorio. Supervive, pues, la persona jurídica con un fin transformado,
encaminado ahora exclusivamente a ejecutar las gestiones propias de la fase
liquidatoria que habrá de extinguirla de manera definitiva. Así mismo, el derecho
de los socios a la repartición alícuota de los beneficios se convierte en el derecho
a recibir una cuota del capital, una vez satisfecho el pasivo externo.
Ha dicho al respecto la Corte que: "(…) la disolución no se confunde con la
extinción de la sociedad, puesto que ésta indudablemente continúa con vida
jurídica como tal, así sea únicamente para finalizar las operaciones en curso y
alcanzar la meta de su liquidación, como se desprende del texto del artículo 222
del Código de Comercio; ya que de otra manera no se pondrían a salvo los
derechos de terceros puesto que los socios tendrían campo abierto para sustraer
sus aportes de la masa social, con burla de las barreras que la ley ha impuesto
para la cesión del interés social (...)" (Cas. Jun 23 de 1982).
Si las cosas son como se han puesto de presente, resulta obvio inferir que los
socios siguen atados por las reglas acordadas en el contrato genitor, mientras que
en el tráfico jurídico la sociedad mantiene la autonomía patrimonial propia de las
personas jurídicas, que la legitima, aun cuando con capacidad restringida a los
actos propios de la liquidación -que es de todas formas un aspecto propio de su
existencia-, para ejercer todas las acciones de las cuales es titular, destinadas a
conformar la masa social.
El artículo 222 del Código de Comercio consagra esta capacidad recortada de la
sociedad, mientras que el artículo 237 ibidem, dispone que el liquidador debe
elaborar el inventario del patrimonio social que ha de servir de base para la
liquidación. Así mismo, el numeral 6 del artículo 238 le impone al liquidador el
deber de conservar el patrimonio social, por lo cual, naturalmente, está facultado
para emprender las acciones judiciales que sean pertinentes y en el numeral 1º,
se le autoriza para continuar y concluir las operaciones sociales pendientes.
Finalmente, el artículo 241 ejusdem dispone que no puede adjudicarse suma
alguna a los asociados mientras no se hubiese pagado el pasivo externo.
Por tanto, las gestiones que adelanta el liquidador son emprendidas en nombre de
la sociedad, la cual, por no haber expirado mantiene su individualidad jurídica en
frente de sus socios quienes tienen la calidad de acreedores del remanente que
deja la cancelación del pasivo externo social, calidad que de ninguna manera los
faculta para sustituir el ente societario y pedir para si las indemnizaciones que a
aquella le correspondan (…)”.
En el mismo sentido, la Sección Primera de esta Corporación101 señaló que:
100
Expediente núm. 4353, Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo.
101
Con ponencia de la Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, en sentencia del 25 de febrero de 2000, en
el proceso 5475.
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Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
“(…) Las normas anteriormente transcritas (Art. 151-3 de la ley 222 de 1995 y el
art. 222 del C.Co.) señalan que la apertura del trámite liquidatorio comporta la
disolución de la persona jurídica y la restricción de la capacidad jurídica de la
sociedad, en tanto surge la prohibición de iniciar nuevas en operaciones en
desarrollo de su objeto social, la cual se entiende sin perjuicio de la obligación de
continuar y concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la disolución,
prevista por el artículo 166 de la Ley 222 de 1.995. Por manera que, ello en manera
alguna significa que la sociedad desde que el momento en que se declara disuelta
desaparezca del mundo jurídico, como parece entenderse en el acto acusado,
pues tal y como lo ha afirmado tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, como la doctrina, la disolución es apenas el punto de partida para la
extinción de la sociedad. Y un punto de partida que puede tener retorno, como se
verá más adelante, toda vez que el estatuto mercantil prevé la existencia de
causales de disolución subsanables, esto es, aquellas circunstancias que, a pesar
de producir la disolución, son susceptibles de conjurarse, así como mecanismos
que posibilitan la reactivación de la empresa, aun encontrándose incursa en el
proceso de liquidación de su patrimonio social (…)”.
De acuerdo con lo expuesto, el inicio del proceso liquidatorio da lugar a que
comience el fin de la sociedad y, por lo tanto, ya no puede desarrollar el objeto
social estatutariamente definido, sino que la capacidad de la sociedad se
restringe, se cercena, con lo cual se limita a ejecutar «los actos propios de la
liquidación», es decir, a ejecutar las gestiones propias de la fase liquidatoria,
que habrá de extinguir la persona jurídica de manera definitiva.
Revisados los actos administrativos demandados, se tiene que sobre este
tópico el Ministerio de Trabajo argumentó que no era viable encontrar algún
común denominador entre el objeto social de la Federación Nacional de
Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café y la Compañía
de Inversiones de la Flota Mercante S.A., dado el estado liquidatorio de esta
última, lo que condujo a que ella debía dedicarse exclusivamente a ejecutar
las gestiones propias de esa situación, lo que no coincidía con el objeto social
de la mencionada Federación, ni siquiera entendida en el ámbito de persona
jurídica de derecho privado, ni aún en ejercicio de sus funciones como
administradora de un fondo constituido con bienes de origen parafiscal.
Esa imposibilidad se tradujo, en la forma en que lo observó el Ministerio del
Trabajo, en la inviabilidad de establecer similitud, conexidad o
complementariedad entre la Federación Nacional de Cafeteros, como
administradora del Fondo Nacional del Café, y la Compañía de Inversiones
de la Flota Mercante S.A, hoy liquidada en su totalidad, según afirmó el
Ministerio del Trabajo en la Resolución 02037 del 18 de junio de 2013102, por
medio de la cual resolvió negativamente el recurso de apelación incoado por
la parte actora en sede gubernativa, y en consecuencia, dejó en firme las
Resoluciones 000777 y 001528 de 15 de junio y 28 de septiembre de 2012.
Por las razones expuestas, los argumentos esgrimidos por el Ministerio del
Trabajo en los actos administrativos demandados, no están falsamente
motivados, puesto que en la forma en que fue estudiado y aplicado el artículo
102
Visible a folios 36 a 56 del cuaderno principal.
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Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC).
Demandados: Nación / Ministerio del Trabajo / Ministerio de Hacienda y Crédito Público / Federación Nacional de
Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
194 del Código Sustantivo del Trabajo,103 implicó necesariamente acudir a
normas de carácter mercantil, no para que éstas desplazaran a aquella norma
laboral, sino porque las reglas contenidas en la Ley 222 de 1995 104 imperaban
en su momento el régimen liquidatorio al que fue sometida la Compañía de
Inversiones de la Flota Mercante, ya que fue esa situación la que modificó el
objeto social de esa compañía y, además, restringió su objeto social a la
ejecución de unas funciones exclusivas de la liquidación, que no admitían
comparación alguna, ni siquiera con sus propias funciones estatutarias.
2.5.5.- Infracción en las normas en que debían fundarse
Esta causal ha sido vista por parte de la doctrina como «genérica» 105, en la
medida en que las demás causales específicas pueden comprenderse dentro
de la violación de las normas superiores en las que debería fundarse el acto
administrativo, ya que aspectos como la competencia, el procedimiento, los
motivos y las finalidades del acto están señaladas en preceptos de mayor
jerarquía106 que deben ser observados en su expedición.
No obstante, también se ha dicho que, por razones de técnica y respeto a la
tradición doctrinaria y jurisprudencial107, además de la necesidad de darle una
lectura racional y eficaz de la norma108, esta causal debe diferenciarse de las
demás y, en ese sentido, su aplicación es residual, lo que quiere decir que
podrá invocarse si los hechos no encuadran en una causal distinta109.
En todo caso, el significado estricto de esta causal ha sido comprendido por
la jurisprudencia de esta Corporación110 como la contravención legal directa
de la norma superior en que debía fundarse el acto administrativo, y ocurre
cuando se presenta una de las siguientes situaciones: Falta de aplicación,
aplicación indebida o, interpretación errónea.
En primer lugar, la falta de aplicación de una norma se configura cuando la
autoridad administrativa ignora su existencia o, a pesar de que la conoce
─pues la analiza o valora─ no la aplica a la solución del caso. También
sucede cuando se acepta una existencia ineficaz de la norma en el mundo
jurídico, toda vez que esta no tiene validez en el tiempo o en el espacio. En
los dos últimos supuestos, la autoridad puede examinar la norma, pero cree,
equivocadamente, que no es la aplicable al asunto que resuelve. En estos
eventos se está ante un caso de violación de la ley por falta de aplicación, no
103
Ley 50 de 1990.
104
Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de
procesos concursales y se dictan otras disposiciones.
105
Sarria Olcos, Consuelo. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo Ley 1437 de 2011 comentado y concordado. 2ª Edición. BENAVIDES, José Luis (Editor).
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016, pp. 373-374.
106
O en ciertos casos de la misma jerarquía.
107
Betancur Jaramillo, Carlos. Derecho procesal administrativo. Octava edición. Medellín: Señal
Editora, 2013, p. 290.
108
Berrocal Guerrero, óp. cit., p. 548.
109
Lamprea Rodríguez, Pedro Antonio. Anulación de los actos de la administración pública. Segunda
edición. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 2004, p. 213.
110
C.E. Sec. Cuarta. 25000-23-27-000-2004-92271-02 (16660), mar. 15/2012.
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de su interpretación errónea, en razón de que la norma por no haber sido
aplicada no trascendió al caso decidido.
En segundo lugar, la aplicación indebida tiene lugar cuando el precepto o
preceptos jurídicos que se hacen valer se usan a pesar de no ser los
pertinentes para resolver el asunto que es objeto de decisión. El error por
aplicación indebida puede originarse por dos circunstancias, la primera,
porque la autoridad administrativa se equivoca al escoger la norma por la
inadecuada valoración del supuesto de hecho que esta consagra y, la
segunda, porque no establece de manera correcta la diferencia o la
semejanza existente entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
Finalmente, se quebranta la regla de derecho de fondo o norma sustancial de
manera directa al dársele una interpretación errónea. Esto sucede cuando las
disposiciones que se aplican son las que regulan el tema que se debe decidir,
pero la autoridad las entiende equivocadamente, y así, erróneamente
comprendidas, las aplica. Es decir, ocurre cuando la autoridad administrativa
le asigna a la norma un sentido o alcance que no le corresponde 111.
Ahora bien, no solo basta identificar la norma que regula la materia o debió
ser aplicada, sino que se requiere demostrar que se trasgredió lo preceptuado
en ella, ya sea por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación
errónea de la norma.
En el presente caso señalaron los demandantes que desconocieron las
obligaciones laborales a cargo de la extinta Compañía de Inversiones de la
Flota Mercante S.A, las cuales debían ser asumidas por la Federación
Nacional de Cafeteros en su calidad de administradora del Fondo Nacional
del Café, concretamente, de (i) los 18 procesos laborales, fallados por la
justicia ordinaria en contra de la Compañía en la que se ordenó el pago de
los salarios y prestaciones sociales adeudadas a varios de sus ex
trabajadores por un monto de 30 mil millones de pesos; y (ii) deudas a
Colpensiones por más de 520 mil millones por concepto de cálculo actuarial
de bonos, cuotas partes o títulos pensionales de 250 trabajadores que
laboraron para la entidad liquidada a quienes la empresa no les efectuó
cotización alguna de los respectivos aportes para cubrir el riesgo de pensión.
Sobre el particular, la Sala debe reiterar que, según el artículo 194 del Código
Sustantivo del Trabajo112, los elementos que deben verificarse para efectos
de la procedencia de la declaratoria de la figura de la «unidad de empresa»
son, además de la preminencia económica, la simultaneidad, conexidad y
complementariedad de los objetos sociales de las personas naturales o
jurídicas respecto de las cuales se reclama la existencia de «una sola
empresa». Mientras que la finalidad y propósito de dicho instituto jurídico,
según la jurisprudencia de las altas cortes a que se ha hecho referencia, es
la de proteger los derechos laborales de los trabajadores, ante un eventual
fraccionamiento de las unidades empresariales que conlleve una multiplicidad
111
Ibidem.
112
Ley 50 de 1990.
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de patronos que hagan nugatoria las garantías que en materia laboral
establece el ordenamiento jurídico, como el derecho a recibir los salarios y
prestaciones sociales de ley.
Por consiguiente, no es posible confundir las finalidades y propósitos de la
figura de la «unidad de empresa» con sus requisitos legales y, en esa medida,
con el propósito propio del cargo de anulación denominado infracción de las
normas en que debía fundarse, porque quien debía dirimir las posibles
controversias en relación con los pasivos pensionales y las acreencias
laborales era la Superintendencia de Sociedades y/o el Liquidador de la
Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A, según fuera el caso. Bajo
esa premisa, ministerio del trabajo no podía dirimir esta controversia por
cuanto los actos acusados sobre los cuales se solicitó su nulidad versan
sobre la declaratoria de la unidad de empresa.
En otras palabras, el hecho que la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante S.A, al momento de su liquidación hubiese tenido deudas de índole
laboral con sus empleados, no es una de las circunstancias a tenerse en
cuenta al momento de resolver una solicitud de declaratoria de «unidad de
empresa», por lo que tales situaciones no son propias del trámite adelantado
ante el Ministerio del Trabajo para efectos de estudiar la declaratoria de dicho
instituto jurídico, por ende, este cargo tampoco tiene la vocación de prosperar.
2.5.6.- Desviación de poder.
Para efectos de brindar una solución a este cargo, es necesario tener en
cuenta que la jurisprudencia y la doctrina113 han clasificado las diferentes
manifestaciones de la desviación de poder, generalmente en dos grandes
grupos: aquellos casos en que (i) el acto o contrato administrativo es ajeno a
cualquier interés público –venganza personal, motivación política, interés de
un tercero o del propio funcionario-; y, (ii) el acto o contrato es adoptado en
desarrollo de un interés público, pero que no es aquél para el cual le fue
conferida competencia a quien lo expide o celebra; categoría a la que se
aproxima igualmente la desviación de procedimiento en la que la
administración disimula el contenido real de un acto, bajo una falsa
apariencia, recurriendo a un procedimiento reservado por la ley a otros fines,
con el fin de eludir ciertas formalidades o de suprimir ciertas garantías.
Ahora bien, por efectos de la presunción de derecho que ampara los actos
administrativos, éstos se consideran ajustados a derecho mientras no se
demuestre lo contrario, de manera que corresponde a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen.
Esta Corporación ha hecho énfasis en la dificultad probatoria que representa
la apariencia externa de legalidad con que las actuaciones administrativas
viciadas de desviación de poder nacen a la vida jurídica, lo que no exime por
113
Sentencia Paristet de 1875, como se ilustra en “Le grands arrêts de la jurisprudence
administrative” 11 Ed. Dalloz, Paris, 1996, Pag. 26 a 35.
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supuesto al Juzgador de tener las pruebas necesarias “(…) que no dejen la
más mínima duda de que al expedir el acto controvertido el agente de la
administración que lo produjo no buscó obtener un fin obvio y normal determinado
al efecto, sino que por el contrario, se valió de aquella modalidad administrativa para
que obtuviera como resultado una situación en todo diversa a la que explícitamente
busca la Ley.(…)114”
Cuando se trata de la desviación de poder por el torcido ejercicio de una
facultad discrecional que está en la voluntad del agente que desempeñaba la
función, es preciso acreditar comportamientos suyos que lo hayan llevado a
un determinado proceder para que quede claramente definida la relación de
causalidad entre el acto administrativo y el motivo que lo produjo.
El móvil, como ha sido definido, es el fin o el propósito que se quiere lograr
con la expedición de una decisión administrativa, esto es, lo que en definitiva
conlleva a la autoridad a tomar una medida en determinado sentido, pero
atendiendo siempre el interés general y el mejoramiento del servicio público.
De tal suerte que, cuando exista contrariedad entre el fin perseguido por la
ley y el obtenido por el autor del acto, se configura esta causal de ilegalidad.
En el presente caso los demandantes expresaron que el Ministerio de Trabajo
había dilatado la actuación administrativa hasta que fue cerrado el proceso
liquidatorio de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. y se
ordenó la cancelación de su personería jurídica ante la Superintendencia de
Sociedades, para luego alegar dicha circunstancia como un hecho cumplido;
sin embargo, al examinar con detenimiento en su integridad las pruebas que
obran en el plenario es dable afirmar que no existen documentos que
demuestren tal particularidad, es decir, no cumplió con lo previsto en el
artículo 167 del Código de General del Proceso115, según el cual, les
corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
En efecto, es cierto que el 26 de octubre de 2000 la Asociación Nacional de
Oficiales de la Marina Mercante Colombiana le solicitó al entonces Ministerio
del Trabajo y Seguridad Social, hoy Ministerio de Trabajo, que fuese
declarada la unidad de empresa entre la Federación Nacional de Cafeteros,
en su calidad de administradora del Fondo Nacional del Café y la Compañía
de Inversiones Flota Mercante en liquidación obligatoria 116, pero también lo
es que el 31 de julio del mismo año, la Superintendencia de Sociedades
ordenó su liquidación obligatoria, es decir, la propia solicitud de declaratoria
de unidad empresa fue presentada cuando era conocida el déficit
presupuestal que estaba atravesando la Compañía que conllevó a que fuera
ordenada su liquidación.
114
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 31 de agosto de 1988. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección segunda C.P. Dra. Clara Forero de Castro.
115
“(…) Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. (…)”.
116
Ver solicitud a folios 1 a 23 de la carpeta 1.
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Es más, luego de que se llevará a cabo todo el procedimiento administrativo,
el cual resultaba dispendioso en la medida en que debía recaudar y valorar
todo el material probatorio, entre ellos, el estudio técnico económico
presentado en diciembre de 2011, el Ministerio de Trabajo expidió la
Resolución 777 del 15 de junio de 2012, fecha en la cual, la Compañía de
Inversiones de la Flota Mercante S.A. aún se encontraba en el proceso de
liquidación obligatoria; pues solo hasta el 28 de agosto de 2012 la
Superintendencia de Sociedades resolvió aprobar la rendición final de
cuentas presentada por el Liquidador de la citada Compañía.
Por lo anterior, resulta desatinado el argumento de los demandantes al
expresar que el Ministerio del Trabajo había dilatado el proceso
administrativo, porque si bien el acto que denegó la unidad de empresa
«Resolución 777 del 15 de junio de 2012» aún no se encontraba en firme por
cuanto estaba pendiente la resolución de los recursos de reposición y
apelación que presentaron los demandantes, es necesario tener en cuenta
que, en todo caso, la expedición de éste fue con anterioridad a que fuera
declarada la extinción de la personería de la Compañía de Inversiones de la
Flota Mercante S.A.
Bajo ese contexto, las pruebas que obran en el expediente resultan ser
insuficientes o nulas para demostrar la presunta demora administrativa, dado
que son hechos aislados sobre los cuales no existe relación entre sí, además
entre otras, porque no fue identificado el agente determinador ni mucho
menos el móvil oculto, es decir, no fue indicada las razones por las cuales el
Ministerio del Trabajo quería dilatar el procedimiento administrativo.
Es cierto que para que proceda la causal de desviación de poder, las
probanzas deben ser suficientes y contundentes que permitan inferir que la
motivación del acto fue diferente al buen servicio; sin embargo, como se dijo
en líneas anteriores, los demandantes no desdibujaron con pruebas
determinantes, más allá de meras especulaciones, la presunción de legalidad
de los actos demandados, en virtud de la cual se presume que la decisión de
su denegar la unidad de empresa obedeció a razones del buen servicio.
Lo anterior, porque cuando se invoca este vicio, necesariamente la prueba ha
de encontrarse en circunstancias anteriores a la determinación que se acusa,
pues se trata de establecer, precisamente, la intención del funcionario que
expide el acto, que es previa a la toma de la decisión. De allí que, acreditar la
existencia de condiciones fácticas anteriores al acto administrativo objeto de
impugnación, con actuaciones realizadas con posterioridad al mismo, con la
finalidad de destruir la presunción que lo ampara no es procedente. Así lo ha
señalado esta Corporación:
“(…) demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la
convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad
del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma. Cuando
se invoca este vicio, necesariamente la prueba ha de encontrarse en
circunstancias anteriores a la determinación que se acusa, pues se trata de
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Cafeteros (FEDECAFÉ) / Fiduciaria la Previsora (FIDUPREVISORA S.A.).
establecer, precisamente, la intención del funcionario que expide el acto, que es
previa a la toma de la decisión"117.
En este orden de ideas, es claro que no se dan los supuestos que permitan
declarar la unidad de empresa y, en consecuencia, las súplicas de la
demanda no están llamadas a prosperar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
DENIÉGUENSE las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho incoada por la Unión de Trabajadores de la
Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR) y la Asociación Nacional
de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana (ASOMMEC) en contra del
Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Federación
Nacional de Cafeteros -FEDECAFÉ- y la Fiduciaria la Previsora -
FIDUPREVISORA S.A, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y EJECUTORIADA ESTA PROVIDENCIA ARCHÍVESE EL
EXPEDIENTE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión118.
(Ausente en comisión de servicios) (Firmado electrónicamente)
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
117
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 24 de Marzo de 2011. Magistrado Víctor Hernando
Alvarado Ardua en proceso con radicación interna 1587-09.
118
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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