Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00241-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00241-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2017-00241-03
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
29 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: Zoranny Castillo Otálora
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000-23-36-000-2017-00241-03 (70101)
Demandante: Triturados Viales Ltda.
Demandado: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
Temas: RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO: daños generados por la
expropiación judicial de inmuebles. / MEDIO DE CONTROL PROCEDENTE: reparación directa. /
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL: término perentorio para presentar la demanda. /
LEGITIMACIÓN FORMAL Y MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA: relación jurídica de hecho y
sustancial derivada de la participación en los hechos objeto de litigio.
1. La Sala decide la apelación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 11 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que declaró probada la caducidad del medio de control porque
adecuó el de reparación directa promovido por el actor al de nulidad y
restablecimiento del derecho.
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
2. Se modificará la sentencia de primera instancia porque el medio de control
procedente es el de reparación directa, ya que la causa del daño alegado son las
decisiones adoptadas en un proceso de expropiación judicial. Sin embargo, operó
la caducidad respecto de unas pretensiones. Frente a las que se presentaron a
tiempo las entidades demandadas no tienen legitimación material en la causa por
pasiva.
II. ANTECEDENTES
Demanda
3. El 15 de febrero de 20171, la sociedad Triturados Viales Ltda., por intermedio de
apoderado judicial2, presentó demanda de reparación directa en contra de la Nación
• Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura – ANI,
Concesionaria Vial de los Andes S.A.S. – COVIANDES S.A.S.3 para que se las
declare patrimonialmente responsables:
(…) como consecuencia del daño antijurídico causado tanto en virtud del menor valor
pagado en la expropiación que por vía judicial les hicieran, de los predios donde
funcionaba la sociedad industrial y comercial TRITURADOS VIALES LTDA.,
identificada con el NIT 900.137.345-5, ubicados en la vereda Rio Negro Sur del
1 Según el sello visible a folio 3 C.1.
2 Fls. 1-2 C.1.
3 Según el certificado de existencia y representación del 8 de junio de 2021 (Índice 130 SAMAI).
Radicación: 25000233600020170024103 (70101)
Demandante: Triturados Viales Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA
municipio de Cáqueza, Departamento de Cundinamarca; como en razón de haber
paralizado la actividad económica del objeto social principal de TRITURADOS
VIALES LTDA., haber llevado a la quiebra y haber sacado del mercado a dicha
empresa Industrial y Comercial, la cual se dedicaba a la transformación de material
de arrastre del Rio Negro, en arenas y gravas aptas para concretos y
consecuencialmente haberla llevado a la cesación forzosa de su actividad industrial
y comercial, sin que a cambio se les hubiera hecho reconocimiento económico alguno
por el establecimiento de comercio y la empresa como tal, daño antijurídico
ocasionado EL DÍA NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE 2014 y que la Sociedad
Industrial y Comercial TRITURADOS VIALES LTDA., identificada con NIT.
900.137.345-5; no estaba obligada a soportar.
SEGUNDA: Que se declare a: LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE
TRANSPORTE, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA “ANI”,
CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. – COVIANDES S.A. hoy COVIANDES
S.A.S., en calidad de litisconsortes necesarios; SOLIDARIAMENTE
RESPONSABLES POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y
EXTRAPATRIMONIALES que se llegaren a demostrar en el proceso, que como daño
antijurídico le fueron ocasionados por los aquí demandados a LA SOCIEDAD
INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRITURADOS VIALES LTDA., identificada con NIT.
900137343-5, como consecuencia de la expropiación y transferencia forzosa de los
inmuebles relacionados en el hecho segundo de este libelo demandatorio; como por
haberle originado una tragedia financiera, haberle producido un descalabro
económico y haberla sacado del mercado de producción de arenas y gravas del
Proyecto de Trituración de Cáqueza y, terminar con la actividad del objeto social de
dicha sociedad Industrial y Comercial, sin que a cambio de este daño antijurídico LA
NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE TRANSPORTE, LA AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA “ANI” Y LA CONCESIONARIA VIAL DE LOS
ANDES “COVIANDES S.A.”, hoy “COVIANDES S.A.S.”, le hubieran reconocido
indemnización alguna a TRITURADOS VIALES LTDA.
4. Por daño emergente solicitó $11.451.936.231 por el valor real de los lotes,
inversiones en infraestructura, “good will”, daño financiero, deudas, insolvencia
financiera, cesación forzosa de la actividad industrial y comercial, y la terminación
anticipada de los contratos laborales.
5. Por lucro cesante la suma de $3.162.894.530,75 por los ingresos dejados de
percibir en seis meses de producción debido a la expropiación forzosa. Solicitó la
indexación de los valores.
Hechos de la demanda
6. En el marco de la construcción de la doble calzada Bogotá-Villavicencio, la
Agencia Nacional de Infraestructura, en coordinación con la Concesionaria Vial de
los Andes S.A.S. – COVIANDES S.A.S., presentó oferta de compra por tres
inmuebles donde funcionaba la planta de trituración de material de arrastre de la
sociedad demandante.
7. Las ofertas de compra no fueron aceptadas por discrepancia con los factores
incluidos en el avalúo. Pese a los intentos para llegar a un acuerdo que permitiera
continuar con la actividad minera, la Agencia Nacional de Infraestructura expidió las
resoluciones que ordenaron iniciar los procesos de expropiación judicial.
8. Ejecutoriados estos actos administrativos, la Agencia Nacional de
Infraestructura presentó tres demandas de expropiación judicial frente a los
inmuebles Triturados Dos (2), identificado con matrícula 152-71630, Triturados Uno
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Radicación: 25000233600020170024103 (70101)
Demandante: Triturados Viales Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA
(1), identificado con matrícula 152-71568 y Lote No. 2, identificado con matrícula
152-71702. Al mismo tiempo, solicitó la entrega anticipada de los bienes.
9. El Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza conoció en primera instancia los tres
procesos y decretó la expropiación de los predios en octubre y noviembre de 2014.
10. Por orden del juez, el 9 de diciembre de 2014 ocurrió el daño por la entrega
anticipada de los tres bienes para iniciar las obras, que originó una tragedia
financiera y la salida de la sociedad demandante del mercado de explotación de
materiales agregados para la construcción. Triturados Viales Ltda. desarrolló su
objeto social hasta esa fecha, en la que se produjo la parálisis de la empresa.
11. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca confirmó las
sentencias de primera instancia en julio y agosto de 2015.
12. Los peritos designados elaboraron los avalúos, objetados en sede judicial, pero
las autoridades judiciales declararon infundadas las objeciones.
13. Se causó un daño porque las sumas reconocidas en el proceso expropiatorio
no corresponden a la realidad económica de los lotes y se generó un detrimento
patrimonial para la sociedad demandante.
14. El avalúo no calculó bien el valor comercial de los predios, que fueron valorados
individualmente como terrenos agrícolas, se ignoró su vocación industrial y
comercial, la explotación económica, la infraestructura existente y la unidad de
empresa que conformaban.
15. Los predios fueron expropiados por orden de la ANI y COVIANDES S.A.S. sin
reconocer indemnización alguna por la actividad económica desarrollada en el
predio. Además, las tres entidades demandadas le generaron un daño antijurídico
a la demandante por sacarla del mercado de producción de arenas y gravas, y
terminar con la actividad de su objeto social.
Contestación de la demanda Concesionaria Vial de los Andes S.A.S.4
16. La Concesionaria Vial de los Andes S.A.S. – COVIANDES S.A.S. no participó
en la elaboración de los avalúos, en la determinación de la indemnización y
tampoco hizo parte de los procesos de expropiación.
17. Triturados Viales Ltda. pretende revivir un debate precluido porque no objetó
los avalúos durante el trámite judicial. Además, respecto a uno de los predios existe
pleito pendiente porque todavía no se agotó esa etapa.
18. En los procesos de expropiación se surtió el debate sobre el valor de los bienes
y la indemnización. La decisión se encuentra ejecutoriada y existe cosa juzgada.
No puede obtener una segunda indemnización por los mismos hechos.
Contestación del Ministerio de Transporte5
4 Fls. 86-102 C.1.
5 Fls. 148-174 C.1.
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Radicación: 25000233600020170024103 (70101)
Demandante: Triturados Viales Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA
19. El Ministerio de Transporte no participó en los hechos objeto de litigio porque
la vía está a cargo de otra autoridad. El proceso de expropiación respetó el debido
proceso y se pagó el valor que incluía tanto el daño emergente como el lucro
cesante.
20. El medio de control es improcedente porque la entrega anticipada de los bienes
la ordenó el Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza. Los actos administrativos
expedidos por la ANI no fueron demandados oportunamente. La parte accionante
debe adelantar acciones en contra de quienes tasaron el monto de la
indemnización.
Contestación Agencia Nacional de Infraestructura - ANI6
21. La Agencia Nacional de Infraestructura argumentó la existencia de cosa
juzgada, porque en el proceso de expropiación ya se pagó la indemnización
solicitada. La gestión predial, el proceso de expropiación y el respectivo pago no
estuvo a cargo de la entidad, sino de COVIANDES S.A.S. en virtud del contrato de
concesión. Se configuró el hecho de un tercero porque las autoridades judiciales
fueron las que declararon la expropiación y determinaron los valores de la
indemnización. La demanda fue extemporánea respecto de la entrega anticipada
del Lote No. 2.
22. La ANI formuló llamamientos en garantía en contra de QBE Seguros S.A.7, y
COVIANDES S.A.S.8.
Contestaciones a los llamamientos en garantía
23. QBE Seguros S.A. coadyuvó la defensa presentada por la ANI. El daño se
justificó por orden de autoridad legítima y cumplimiento de la ley. Se opuso al
llamamiento en garantía por la ineficacia, coexistencia de seguros, coaseguro,
límites al valor asegurado, ausencia de demostración del siniestro, cobro de lo no
debido e inexistencia de mora sin incumplimiento9.
24. COVIANDES S.A.S. contestó el llamamiento en similares términos a la
demanda principal10.
Sentencia de primera instancia
25. El 11 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró la caducidad de la acción. En su criterio, el daño alegado fue causado por
la expedición de las Resoluciones 1225 del 16 de diciembre de 2013, 1226 del 16
de diciembre de 2013 y 1218 del 3 de diciembre de 2013, que ordenaron el inicio
del proceso de expropiación judicial.
26. El demandante cuestionó la falta de motivación e indebida valoración de las
pruebas para establecer el monto a reconocer por la expropiación, especialmente,
6 Fls. 182 – 199 C.1.
7 C.4.
8 C.5.
9 Fls. 291 - 317 C.2.
10 Índice 104 SAMAI Tribunal.
4
Radicación: 25000233600020170024103 (70101)
Demandante: Triturados Viales Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA
los documentos relacionados con la actividad económica desarrollada por la
empresa.
27. El asunto no encuadra en alguno de los supuestos excepcionales para la
procedencia del medio de control de reparación directa cuando la fuente del daño
es un acto administrativo legal.
28. En consecuencia, el medio de control procedente era el de nulidad y
restablecimiento del derecho, porque la causa del daño es la expedición irregular
de los actos administrativos que generaron el reconocimiento de un menor valor.
29. Por lo anterior, la demanda debió presentarse dentro de los cuatro meses
siguientes a la notificación de los actos administrativos, en los términos del literal d)
del numeral 2° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
30. Los actos administrativos que decidieron los recursos de reposición en contra
de aquellas resoluciones se notificaron el 31 de marzo de 2014. El plazo para
presentar la demanda vencía el 2 de agosto de 2014. Sin embargo, la solicitud de
conciliación la presentó el 2 de diciembre de 2016 y se radicó la demanda
extemporáneamente el 15 de febrero de 2017.
31. El Tribunal condenó en costas a la parte demandante porque resultó vencida
en el proceso11.
Recurso de apelación de la parte demandante
32. El juzgador de primera instancia se equivocó al considerar que el medio de
control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho porque los actos
administrativos que ordenaron la expropiación judicial no son la causa del daño
antijurídico, la fuente es la entrega anticipada de los inmuebles que ordenaron las
autoridades judiciales y por eso la reparación directa es la vía procesal adecuada.
33. El 9 de diciembre de 2014 se consolidó el daño antijurídico a raíz de la entrega
anticipada de los inmuebles donde funcionaba la planta de trituración, ordenada en
los procesos de expropiación tramitados ante el Juzgado Civil del Circuito de
Cáqueza cuyas decisiones fueron apeladas ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca, ello causó la insolvencia económica, la salida del
mercado y el cierre definitivo de la empresa.
34. Por consiguiente, el medio de control procedente es el de reparación directa y
el término para presentar la demanda se extendía hasta el 9 de diciembre de 2016,
dentro del que se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial y luego se radicó
la demanda.
35. Los procesos de expropiación fueron adelantados por la Agencia Nacional de
Infraestructura por vía judicial y no por la administrativa, sin mediar enajenación
voluntaria. Hasta que el litigio no culminara con sentencia no se podía presentar
una demanda para obtener la indemnización de perjuicios.
11 Índice 158 SAMAI Tribunal. En providencia del 17 de febrero de 2023, se corrigió la sentencia en
el sentido de que la condena en costas era en contra de la parte demandante y se excluyeron dos
párrafos de las páginas 25 y 26 de la sentencia, que hacían referencia a otro proceso distinto. (Índice
171 SAMAI Tribunal).
5
Radicación: 25000233600020170024103 (70101)
Demandante: Triturados Viales Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA
36. La condena en costas debe revocarse porque la sociedad demandante fue
llevada a la insolvencia financiera y tiene a su cargo diversas deudas generadas
por la responsabilidad de las entidades12.
Trámite del recurso de apelación
37. Por auto del 14 de junio de 202313, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
concedió la apelación y esta Corporación lo admitió el 6 de octubre de ese año 14.
38. En la oportunidad correspondiente, COVIANDES S.A.S.15 y la ANI16 se
pronunciaron frente al recurso de apelación. El Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
39. La Sala resolverá la apelación interpuesta contra la sentencia de primera
instancia porque no se configura causal de nulidad que invalide lo actuado. Se
cumplen los presupuestos procesales de jurisdicción17 y competencia18. La
caducidad y la legitimación se analizarán más adelante. Se verificó el agotamiento
del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial19.
Alcance de la apelación
40. A la Subsección le corresponde pronunciarse sobre los reparos concretos
formulados en la apelación20 que delimitan la competencia de esta Corporación
para resolver la controversia, salvo aspectos que deban evaluarse de manera
oficiosa, sin los cuales no se puede proferir sentencia de fondo21.
41. La parte demandante concentró su apelación en demostrar que la presentación
de la demanda bajo el medio de control de reparación directa fue oportuna, porque
el daño deriva de las decisiones adoptadas dentro del proceso judicial de
expropiación. En consecuencia, la Sala abordará inicialmente los argumentos sobre
la procedencia del medio de control y su oportunidad, ya que resuelven
directamente los problemas jurídicos planteados en el recurso, luego analizará la
legitimación material en la causa por pasiva y finalmente se pronunciará sobre la
condena en costas en primera instancia.
12 Presentados el 17 y 18 de enero de 2023 (Índices 168 y 169 SAMAI Tribunal).
13 Índice 181 SAMAI Tribunal.
14 Índice 003 SAMAI Consejo de Estado.
15 Índice 170 SAMAI Tribunal.
16 Índice 13 SAMAI Consejo de Estado.
17 En virtud del numeral 1° del artículo 104 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo conoce de los procesos relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier
entidad pública, concepto en el que encuadra la Nación - Ministerio de Transporte y la Agencia
Nacional de Infraestructura – ANI. Las imputaciones en contra de la Concesionaria Vial de los Andes
S.A.S. – COVIANDES S.A.S. permiten activar el fuero de atracción de conformidad con el numeral
1° del artículo 165 de la Ley 1437 de 2011.
18 El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso de apelación en contra de la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a lo previsto en el
artículo 150 de la Ley 1437 de 2011. La pretensión mayor ascendió a $11.451.936.231, que supera
el límite de 500 SMLMV de 2017, según lo contemplado en el numeral 6° del artículo 152 de la Ley
1437 de 2011, vigente para el momento de la presentación de la demanda.
19 Fl.1061 C. Pruebas B. La solicitud de conciliación se radicó el 2 de diciembre de 2016 y la
constancia de no acuerdo conciliatorio se expidió el 7 de febrero de 2017.
20 Art. 320 CGP.
21 Art. 328 CGP.
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Radicación: 25000233600020170024103 (70101)
Demandante: Triturados Viales Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA
Problemas jurídicos
42. ¿Las Resoluciones GP-1218 del 3 de diciembre de 2013, GP-1225 del 16 de
diciembre de 2013 y GP-1226 del 16 de diciembre de 2013, que la ANI expidió para
ordenar el inicio del proceso de expropiación judicial, constituyen la fuente de los
daños consistentes en la paralización de la actividad económica y en el
reconocimiento de un menor valor, que derivaron en un lucro cesante y en un daño
emergente? o, por el contrario ¿los hechos dañosos son las decisiones que las
autoridades judiciales adoptaron sobre la entrega anticipada y la determinación del
valor de los inmuebles expropiados?
43. ¿Cuál era el medio de control procedente para este caso, y conforme a ello, si
la demanda se presentó oportunamente?
44. ¿Las entidades demandadas están legitimadas materialmente en la causa por
pasiva respecto de las actuaciones judiciales que se imputan?
45. ¿La condena en costas impuesta en primera instancia se ajustó a los
presupuestos legales?
Tesis
46. La Sala modificará la sentencia de primera instancia. El medio de control
procedente es el de reparación directa porque los daños alegados se originan en
las decisiones adoptadas por el Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca al interior de los procesos de
expropiación judicial.
47. Operó la caducidad del medio de control de reparación directa frente a la
entrega anticipada del Lote No. 2 (matrícula inmobiliaria 152-71702).
48. Respecto de las pretensiones que se presentaron en tiempo, las entidades
demandadas no tienen legitimación material en la causa porque no profirieron las
decisiones judiciales identificadas como generadoras de los daños.
49. Se confirmará la condena en costas de primera instancia porque se ajustó a
los parámetros legales. La insolvencia financiera o la existencia de pasivos no son
criterios para su imposición.
50. La tesis se abordará en los siguientes capítulos: (i) el proceso de expropiación
judicial, (ii) solución a los cargos de la apelación y (iii) condena en costas.
⮚ El proceso de expropiación judicial
51. El artículo 58 de la Constitución Política le otorga al Estado la potestad
expropiatoria de bienes privados por motivos de utilidad pública o de interés social
definidos por el legislador22, declarada mediante sentencia judicial e indemnización
previa, que se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado.
22 Art. 58 Ley 388 de 1997.
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Radicación: 25000233600020170024103 (70101)
Demandante: Triturados Viales Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA
52. El proceso de expropiación judicial está precedido de una etapa de enajenación
voluntaria, en la que la entidad notifica al propietario una oferta de compra con el
precio de adquisición que será igual al valor comercial determinado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos
privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes.
53. Transcurridos treinta (30) días hábiles después de la comunicación de la oferta
de compra sin llegar a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, será
obligatorio iniciar el proceso de expropiación judicial23.
54. El artículo 62 de la Ley 388 de 1997, vigente para el momento de los hechos24,
introdujo modificaciones al procedimiento previsto en la Ley 9 de 1989 y en el
Código de Procedimiento Civil. Estableció que la resolución que iniciaba el proceso
de expropiación judicial se notificaría en los términos del Código Contencioso
Administrativo y en su contra procedía recurso de reposición, que se entenderá
negado transcurridos quince (15) días sin haberlo resuelto.
55. Contra el acto administrativo que dispone la expropiación judicial procede el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para censurar los
errores que afecten la validez y los fundamentos de la decisión de transferencia
forzosa del bien25.
56. La entidad puede promover el proceso civil incluso cuando el acto
administrativo por el que ordenó la expropiación sea controvertido. El juez civil se
abstendrá de dictar sentencia con anterioridad al vencimiento del término para que
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se pronuncie26.
57. En firme el acto administrativo que ordenó la expropiación judicial, la entidad
está facultada para presentar la demanda que da inicio al juicio expropiatorio y tiene
el derecho a solicitar al juez que en el auto admisorio se ordene la entrega
anticipada del inmueble, siempre y cuando acredite haber consignado a órdenes
del juzgado el equivalente al cincuenta por ciento (50%) del avalúo practicado para
la enajenación voluntaria27.
58. La entrega anticipada del inmueble no constituye un título traslaticio de
dominio, simplemente traslada cautelarmente la tenencia del bien que será
expropiado ante situaciones de riesgo de deterioro, peligro para la vida o la salud
de las personas o la necesidad de no postergar la finalización de un proyecto de
utilidad pública o interés social28. La entidad tiene derecho a solicitar la entrega
anticipada, pero deja a la decisión del juez la posibilidad de ordenarla 29.
23 Art. 61 Ley 388 de 1997.
24 Las resoluciones que ordenaron iniciar el proceso de expropiación judicial se expidieron en
diciembre de 2013, cuando no había empezado a regir el Código General del Proceso. Los jueces
que conocieron de la expropiación judicial en el caso concreto aplicaron el Código de Procedimiento
Civil (Arts. 451 a 459), con las modificaciones introducidas por el artículo 62 de la Ley 388 de 1997.
25 Corte Constitucional, sentencia C-750 de 2015, C.P. Alberto Rojas Ríos. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 9 de febrero de 2012, radicación
25000-23-24-000-2001-01262-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso. Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 13 de septiembre de 2024, radicación 52001-23-33-000-2018-00459-01 (69.780), C.P.
José Roberto Sáchica Méndez.
26 Art. 23 Ley 9 de 1989.
27 Numeral 3 del artículo 62 de la Ley 388 de 1997.
28 Corte Constitucional, sentencia C-153 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
29 Corte Constitucional, sentencia C-1074 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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Radicación: 25000233600020170024103 (70101)
Demandante: Triturados Viales Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA
59. Agotado el término de traslado de la demanda30, el juez dictará sentencia y si
decreta la expropiación ordenará cancelar los gravámenes, embargos e
inscripciones que recaigan sobre los bienes31, decisión que está sujeta al recurso
de apelación32.
60. El juez designará a los peritos que estimarán el valor de la cosa expropiada y
separadamente la indemnización33, que comprenderá tanto el daño emergente
como el lucro cesante34. En firme el avalúo y hecha la respectiva consignación por
el demandante, se entregarán definitivamente los bienes expropiados y,
ejecutoriada la sentencia, se registrará para que sirva de título de dominio en favor
de la entidad35.
61. En síntesis, corresponde a los jueces civiles adoptar tanto la decisión de
entregar anticipadamente el bien como avalar la estimación del valor del bien
expropiado y la indemnización correspondiente.
62. La Corte Constitucional36 y esta Subsección37 consideran que, concluido el
proceso de expropiación judicial, el particular no puede cuestionar el fallo
expropiatorio porque está protegido por la cosa juzgada. Además, el daño sería
jurídico al ser reparado según los parámetros fijados por el juez civil. La persona
privada del derecho de dominio puede demandar en reparación directa la sentencia
que decretó la expropiación y estableció el monto indemnizatorio cuando se haya
materializado un error judicial.
⮚ Solución a los cargos de la apelación
Identificación de la fuente del daño, medio de control procedente
63. Como el recurso de apelación se orienta a cuestionar el medio de control que
el Tribunal consideró procedente para el presente asunto, la Sala recuerda que la
lógica procesal implementada por la Ley 1437 de 2011 se fundamenta en la idea de
una sola acción procesal, bajo la que se pueden presentar las diferentes
pretensiones que se recogen en los medios de control.
64. Aunque el demandante presente un medio de control inadecuado, el juez
contencioso administrativo debe adecuarlo38 en el marco de los hechos y
pretensiones de la demanda para garantizar los principios dispositivos y de
congruencia.
65. La procedencia de un medio de control u otro está condicionada a la
identificación de la fuente del daño, de manera que, si este se origina en un acto
30 Arts. 452 y 453 Código de Procedimiento Civil.
31 Art. 454 Código de Procedimiento Civil.
32 Art. 455 Código de Procedimiento Civil.
33 Art. 456 Código de Procedimiento Civil.
34 Numeral 6 del artículo 62 de la Ley 388 de 1997.
35 Numerales 1 y 2 del artículo 456 Código de Procedimiento Civil.
36 Corte Constitucional, sentencia C-750 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 13 de septiembre de 2024, radicación 52001-23-33-000-2018-00459-01 (69.780), C.P.
José Roberto Sáchica Méndez.
38 Art. 171 Ley 1437 de 2011.
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Radicación: 25000233600020170024103 (70101)
Demandante: Triturados Viales Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA
administrativo considerado ilegal que lesiona un derecho subjetivo, siempre que no
sea contractual, debe acudirse al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho regulado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
66. Por el contrario, si la fuente es una acción, omisión, operación u ocupación por
parte del Estado, un acto precontractual no administrativo o un supuesto de
enriquecimiento sin justa causa, la vía procesal adecuada es la de la reparación
directa en los términos del artículo 140 de la Ley 1437 de 2011.
67. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca entendió que el daño fue generado
por las resoluciones expedidas por la Agencia Nacional de Infraestructura que
ordenaron el inicio del proceso de expropiación judicial, por ende, adecuó el análisis
de caducidad al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
68. Indudablemente, cualquier reproche frente a la legalidad de las Resoluciones
GP-1218 del 3 de diciembre de 2013, GP-1225 del 16 de diciembre de 2013 y GP-
1226 del 16 de diciembre de 2013 expedidas por la ANI, que ordenaron el inicio del
proceso de expropiación judicial, debieron ventilarse a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del término de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente a su notificación, según lo contempla el literal d)
del numeral 2° del artículo 164 del CPACA.
69. De acoger la interpretación del Tribunal se confirmaría que operó la caducidad
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho porque los recursos
de reposición se decidieron desfavorablemente en las Resoluciones 380, 381 y 382
expedidas por la ANI el 21 de febrero de 2014 y notificadas el 31 de marzo
siguiente39.
70. Por consiguiente, el término de (4) meses para presentar la demanda
transcurrió hasta el 1 de agosto de 2014, mientras que la solicitud de conciliación
se presentó el 2 de diciembre de 201640 y la demanda se radicó
extemporáneamente el 15 de febrero de 2017.
71. Sin embargo, el Tribunal desestimó que los hechos y las pretensiones de la
demanda implicaran una acumulación subjetiva de pretensiones en los términos del
artículo 88 del Código General del Proceso41, consistente en dos imputaciones
distintas contra las entidades demandadas que se causaron en tres procesos de
expropiación judicial:
i) La orden judicial de entrega anticipada de los inmuebles que generó la
insolvencia financiera, la salida del mercado y la parálisis de la actividad
económica.
39 Fl. 367 C. Pruebas A, fls. 651 y 929 C. Pruebas B. Nota: cuando se hace referencia a los dos
cuadernos de prueba, el número de los folios corresponde al consignado en la parte inferior derecha
para mayor claridad.
40 Fls. 1061 C.
41 “También podrán formularse en una demanda pretensiones de uno o varios demandantes o contra
uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés de unos y otros, en cualquiera de los
siguientes casos:
a) Cuando provengan de la misma causa.
b) Cuando versen sobre el mismo objeto.
c) Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia.
d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas”.
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Demandante: Triturados Viales Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA
ii) El reconocimiento de un menor valor por cada bien, ya que fueron valorados
individualmente como terrenos agrícolas y se omitió su vocación industrial y
comercial, la explotación económica, la infraestructura existente y la unidad de
empresa que conformaban.
72. La acumulación subjetiva de las pretensiones cumple con los requisitos del
artículo 88 del Código General del Proceso porque provienen de la misma causa
(entrega anticipada de los bienes e infravaloración de los inmuebles en el proceso
de expropiación judicial); mismo objeto (indemnización del lucro cesante por la
entrega anticipada y daño emergente por la infravaloración); hay relación de
conexidad (las pretensiones se sirven de las mismas pruebas y persiguen la
indemnización del mismo daño).
73. La Sala coincide con la apelación en que el origen de los daños alegados -de
probarse- deriva de las decisiones adoptadas durante los procesos de expropiación
judicial regulados por la Ley 9 de 1989, modificada por la Ley 388 de 1997.
74. En consecuencia, el medio de control procedente es el de reparación directa en
los términos del artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, porque se alega que los daños
se causaron por una acción consistente en la entrega anticipada de los bienes y
por omitir factores económicos a la hora de fijar el valor por los inmuebles
expropiados en el proceso judicial. Eventos que no se originan en algún acto
administrativo.
75. Entonces, la fuente de los daños alegados no corresponde a la expedición de
las resoluciones que ordenaron iniciar el proceso de expropiación judicial, tal y
como lo concluyó el Tribunal de primera instancia, porque estos actos
administrativos no tienen la capacidad jurídica de ordenar la entrega anticipada de
los bienes ni de fijar el valor a reconocer por la transferencia forzosa, asuntos de
competencia exclusiva del juez civil.
76. En los capítulos que siguen se analizará la oportunidad del medio de control
de reparación porque es un punto de la apelación y después la legitimación en la
causa por pasiva de las entidades demandadas.
Ejercicio oportuno del medio de control de reparación directa
77. El término de caducidad es de dos (2) años contados a partir del día siguiente
a la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió
tener conocimiento de este si fue en fecha posterior, siempre y cuando pruebe la
imposibilidad de haberlo conocido en el momento de la ocurrencia42.
78. El conteo del término de caducidad debe ligarse al carácter cierto del daño que
permite definir el momento en que se consolidó la afectación de los derechos de la
víctima.
42 Artículo 164 de la Ley 1437 de 2011: La demanda deberá ser presentada:
(…) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término
de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante
del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
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79. Aunque los daños alegados se produjeron en desarrollo de los procesos de
expropiación judicial, son independientes, sucedieron en momentos diferentes y
desplegaron sus efectos de forma diversa sobre el patrimonio de la víctima, lo que
incide en el inicio del conteo del término de caducidad.
80. El primero es la parálisis de la actividad económica de la sociedad Triturados
Viales Ltda. desde la entrega anticipada de los inmuebles que ordenó el Juzgado
Civil del Circuito de Cáqueza, esta actuación implica que la tenencia del bien pasa
a la entidad expropiante. Según la demanda, de este daño se desprende el lucro
cesante por los ingresos dejados de percibir.
81. El segundo es el reconocimiento de un menor valor por los inmuebles
expropiados generado al omitir factores económicos para la determinación de la
indemnización. Esta afectación, según la demanda, deriva en un daño emergente
porque hubo merma en el patrimonio de la sociedad.
82. La consolidación de esta afectación se generó en el proceso de expropiación
judicial cuando el avalúo, que define el valor a reconocer por la expropiación, se
encuentra en firme, porque a partir de este momento la víctima tiene conocimiento
de la suma definitiva que se le pagará y puede determinar que no se ajusta a la
realidad comercial.
83. En vigencia del Código de Procedimiento Civil43, el valor no se fija por el acto
administrativo que ordenó la expropiación judicial ni por la demanda y tampoco por
la sentencia que decreta la transferencia forzosa, porque el juez designa a los
peritos para que estimen el valor del bien expropiado y separadamente la
indemnización, de ahí que solo cuando este avalúo quede en firme se puede
conocer la suma definitiva.
84. El demandante alega que los tres inmuebles expropiados conformaban una
unidad de empresa. Este concepto tiene por finalidad garantizar la igualdad entre
los trabajadores vinculados a una misma unidad de explotación, así como evitar
que la fragmentación empresarial oculte la realidad económica en perjuicio de los
derechos laborales44.
85. Aunque la unidad de empresa es un concepto propio del derecho laboral, ello
no significa que en el proceso de expropiación judicial se desconozcan las
particularidades económicas derivadas de la explotación productiva de los
inmuebles.
86. El artículo 62 de la Ley 388 de 1997 establece que la indemnización decretada
por el juez de la expropiación comprende el daño emergente y el lucro cesante.
Dentro de los parámetros para la determinación del valor comercial justamente se
encuentra la destinación económica del inmueble y además debe ordenarse una
compensación por las rentas dejadas de percibir por un periodo máximo de seis
meses cuando se afecten actividades económicas productivas45.
43 Artículo 456 del Código de Procedimiento Civil.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, 26
de mayo de 2022, radicación 11001032400020140040300 (3674.2014), C.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
45 Numerales 2° y 6°del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, compilado en el artículo 2.2.2.3.20 del
Decreto 1170 de 2015.
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87. En el caso concreto, el concepto de unidad de empresa no incide en el cómputo
del término de caducidad porque los tres procesos de expropiación judicial tuvieron
por objeto la transferencia del derecho de dominio de tres inmuebles distintos de
propiedad de la accionante. En cada trámite judicial se adoptaron de manera
autónoma las decisiones que la demandante alega como hechos generadores de
los daños.
88. El estudio acerca de si el juez del proceso de expropiación debió considerar la
unidad de empresa para la determinación del valor a pagar por los inmuebles
expropiados corresponde a un asunto de fondo y su análisis solo procede una vez
se verifique el cumplimiento de los presupuestos procesales de caducidad y
legitimación en la causa por pasiva.
89. Lo anterior exige revisar cada proceso judicial individualmente y determinar el
momento en que se presentó la entrega anticipada y la determinación del valor a
pagar por los inmuebles expropiados.
o Inmueble Triturados Uno (1) – Matrícula 152-71568
90. En virtud del contrato de concesión No. 444 de 1994 y sus otrosíes, la ANI, en
coordinación con COVIANDES S.A.S., adelantó el proyecto vial carretera Bogotá
Villavicencio46.
91. El 5 de marzo de 2013, la ANI y COVIANDES S.A.S. notificaron a Triturados
Viales Ltda. la oferta de compra GG-001711 del 25 de febrero de 2013 por el predio
Triturados Uno (1), identificado con matrícula inmobiliaria No. 152-71568 y ubicado
en el municipio de Cáqueza47.
92. La oferta no fue aceptada. La ANI expidió la Resolución GP-1218 del 3 de
diciembre de 201348 y ordenó el inicio del proceso judicial de expropiación. El
recurso de reposición presentado por Triturados Viales Ltda.49 no prosperó y en
Resolución 381 del 21 de febrero de 2014 se confirmó la decisión50.
93. El 30 de abril de 2014, la ANI presentó demanda de expropiación ante el
Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza bajo el radicado 2014-0005651. En auto del
26 de junio de 201452 el despacho ordenó la entrega anticipada.
94. El Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza profirió sentencia el 31 de octubre de
2014. Decretó la expropiación del inmueble y designó a los peritos para establecer
el avalúo del bien y la indemnización correspondiente53.
95. La diligencia de entrega anticipada del inmueble Triturados Uno (1) se llevó a
cabo el 9 de diciembre de 201454.
46 Fls. 107-132 C.1.
47 Fls. 193-194 C. Pruebas A.
48 Fls. 340-342 C. Pruebas A.
49 Fls. 344-360 C. Pruebas A.
50 Fls. 362-367 C. Pruebas A.
51 Fls. 369-375 C. Pruebas A.
52 Fl. 474 C. 2 Exp. 2014-00056, índice 142 SAMAI Tribunal.
53 Fls. 410-420 C. Pruebas A.
54 Fls. 433-436 C. Pruebas A.
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Demandante: Triturados Viales Ltda.
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96. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca confirmó la sentencia
de primera instancia el 1 de julio de 201555.
97. Los peritos presentaron el avalúo el 11 de septiembre de 2017 56. Las
objeciones fueron declaradas infundadas en primera instancia el 23 de abril de
201857 y la decisión fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca el 24 de agosto de 201858.
98. El valor total de la indemnización se consignó a órdenes del Juzgado Civil del
Circuito de Cáqueza el 2 de octubre de 201859. En auto del 9 de octubre siguiente
se avaló dicho pago60. La sentencia fue inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria
el 7 de noviembre de 201861.
99. En cumplimiento de la comisión, el Juzgado Promiscuo Municipal de Cáqueza
efectuó la entrega definitiva del predio Triturados Uno (1) en favor de la ANI el 13
de diciembre de 201862.
100. El término de caducidad debe contabilizarse a partir del día siguiente a la
entrega anticipada del bien que ocurrió el 9 de diciembre de 2014, porque desde
ese momento la sociedad demandante perdió la tenencia, lo que según la demanda
generó la parálisis de la actividad económica de la empresa y la consecuente
pérdida de ingresos.
101. El plazo para presentar la demanda vencía el 10 de diciembre de 2016. La
solicitud de conciliación se radicó el 2 de diciembre de ese año 63 y faltaban 9 días
para que operara la caducidad. La constancia de no acuerdo conciliatorio se expidió
el 7 de febrero de 2017 y el término se extendía hasta el 16 de febrero siguiente.
La demanda se presentó oportunamente el día anterior.
102. En relación con el menor valor reconocido en el proceso de expropiación, se
verificó que el 21 de agosto de 201864 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca confirmó la decisión de declarar no probadas las objeciones al
avalúo65, decisión notificada el 22 de agosto de 201866 y ejecutoriada el día 28
siguiente.
103. Ahora bien, desde el 28 de agosto de 2018, el demandante conoció
definitivamente la suma que se le reconocería por la expropiación del inmueble y
pudo determinar si se ajustaba al valor real. El término para presentar la demanda
se extendía hasta el 29 de agosto de 2020 y se radicó oportunamente el 15 de
55 Fls. 422-431 C. Pruebas A.
56 Fls 810-830 C.3 Exp. 2014-00056, índice 142 SAMAI Tribunal.
57 Fls. 1046-1047 C.4 Exp. 2014-00056, índice 142 SAMAI Tribunal.
58 Fls. 4-9 C.6 Exp. 2014-00056, índice 142 SAMAI Tribunal.
59 Fls. 1272-1273 C.5 Exp. 2014-00056, índice 142 SAMAI Tribunal.
60 Fl. 1274 C.5. Exp. 2014-00056, índice 142 SAMAI Tribunal.
61 Fls. 1278-1279 C. 5 Exp. 2014-00056, índice 142 SAMAI Tribunal.
62 Fls. 6-7 C.8 Exp. 2014-00056, índice 142 SAMAI Tribunal.
63 Fl.1061 C. Pruebas B.
64 La providencia tiene fecha del 24 de agosto de 2018; sin embargo, en el aplicativo de consulta de
procesos nacional unificada se constató que se profirió el 21 de agosto de 2018, lo que tiene
coherencia con la fecha de notificación.
65 Fls. 4-9 C.6 Exp. 2014-00056, índice 142 SAMAI Tribunal.
66 Fl. 13 C.6 Exp. 2014-00056, índice 142 SAMAI Tribunal.
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Referencia: Reparación directa - CPACA
febrero de 2017, incluso sin tomar en cuenta la suspensión generada por la solicitud
de conciliación67.
104. La Sala no desconoce que el avalúo definitivo fue posterior a la presentación
del escrito inicial, lo que deja entrever la presentación de una demanda antes de
tiempo o prematura. Sin embargo, no se trata de un problema de caducidad, sino
de un aspecto relacionado con la acreditación y consolidación del daño alegado,
entendimiento que privilegia el derecho de acceso a la administración de justicia.
105. En conclusión, la demanda fue oportuna respecto de la parálisis de la
actividad económica generada por la entrega anticipada y por el reconocimiento de
un menor valor.
o Inmueble Triturados Dos (2) – Matrícula 152-71630
106. El 13 de marzo de 2013, la ANI y COVIANDES S.A.S. notificaron a Triturados
Viales Ltda. la oferta de compra GG-001872 del 5 de marzo de 2013 por el predio
Triturados Dos (2), identificado con matrícula inmobiliaria 152-71630 y ubicado en
el municipio de Cáqueza68.
107. La oferta de compra no fue aceptada. La ANI ordenó iniciar el proceso de
expropiación judicial mediante la Resolución GP-1225 del 16 de diciembre de
201369. El recurso de reposición presentado por la sociedad accionante 70 fue
resuelto desfavorablemente en la Resolución 382 del 21 de febrero de 201471.
108. La ANI presentó demanda de expropiación ante el Juzgado Civil del Circuito
de Cáqueza el 30 de abril de 2014 bajo el radicado 2014-0005572. La entrega
anticipada del inmueble se ordenó el 26 de junio de 201473.
109. El 31 de octubre de 2014, el Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza decretó la
expropiación y designó a los peritos para elaborar el avalúo74.
110. En cumplimiento de la comisión, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Cáqueza efectuó la entrega anticipada en favor de la ANI el 9 de diciembre de
201475.
111. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca confirmó el fallo de
primera instancia el 4 de agosto de 201576.
67 Fls. 1124 C. Pruebas B.
68 Fls. 477-478 C.Pruebas B.
69 Fls. 624-626 C. Pruebas B.
70 Fls. 628-644 C.Pruebas B.
71 Fls. 646-651 C. Pruebas B.
72 Fls. 653-658 C. Pruebas B.
73 Fl. 443 C. 2 Exp. 2014-0055, índice 142 SAMAI Tribunal.
74 Fls. 694-704 C. Pruebas B.
75 Fls. 722-725 C. Pruebas A.
76 Fls. 704-720 C. Pruebas B. Aunque la sentencia tiene fecha del 4 de agosto de 2014, también
indica que el proyecto se aprobó en sala del 2 de julio de 2015, además la sentencia de primera
instancia es del 31 de octubre de 2014.
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Radicación: 25000233600020170024103 (70101)
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Referencia: Reparación directa - CPACA
112. Los peritos presentaron el avalúo el 16 de diciembre de 2015 77. Las
objeciones fueron declaradas infundadas por el Juzgado Civil del Circuito de
Cáqueza el 11 de noviembre de 201678.
113. El valor de la indemnización se consignó a órdenes del Juzgado Civil del
Circuito de Cáqueza el 13 de diciembre de 201679, verificado en auto del 16 de
diciembre siguiente80. La sentencia fue inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria
el 21 de marzo de 201781.
114. Con base en esta relación probatoria, se concluye que la entrega anticipada
del inmueble se concretó el 9 de diciembre de 2014, lo que implica que la tenencia
pasó a la entidad expropiante y, según la demanda, esta actuación produjo la
parálisis de la actividad económica de la empresa.
115. El plazo para presentar la demanda vencía el 10 de diciembre de 2016. La
solicitud de conciliación se radicó el 2 de diciembre de ese año 82 y faltaban 9 días
para que operara la caducidad. La constancia de no acuerdo conciliatorio se expidió
el 7 de febrero de 2017 y el término se extendía hasta el 16 de febrero siguiente.
La demanda se presentó oportunamente el día anterior.
116. En cuanto al menor valor reconocido en el proceso de expropiación, el 11 de
noviembre de 2016, el Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza declaró infundada la
objeción al dictamen, decisión notificada el 15 de noviembre de 2016 y ejecutoriada
el día 21 siguiente.
117. Desde esa última fecha, el demandante tenía pleno conocimiento del dinero
a reconocer por el inmueble expropiado y podía inferir que no se ajustaba al valor
real. El término para presentar la demanda se extendía hasta el 22 de noviembre
de 2018 y la demanda se radicó oportunamente el 15 de febrero de 2017, incluso
sin tomar en cuenta la suspensión por el trámite conciliatorio.
118. En conclusión, la demanda fue oportuna respecto de la parálisis de la
actividad económica desde la entrega anticipada y por el reconocimiento de un
menor valor dentro del proceso de expropiación.
o Inmueble Lote No. 2 – Matrícula 152-71702
119. El 5 de marzo de 2013, la ANI y COVIANDES S.A.S. notificaron a Triturados
Viales Ltda. la oferta de compra GG-001525 del 19 de febrero de 2013 por el predio
denominado Lote No. 2, identificado con matrícula inmobiliaria 152-71702 y ubicado
en el municipio de Cáqueza83.
120. La oferta no fue aceptada. La ANI ordenó iniciar el proceso de expropiación
judicial mediante Resolución GP-1226 del 16 de diciembre de 201384. El recurso de
77 Fls. 763-780 C. Pruebas B.
78 Fls. 709-710 C.3. Exp. 2014-00055, índice 142 SAMAI Tribunal.
79 Fls. 713-714 C.3. Exp. 2014-00055, índice 142 SAMAI Tribunal.
80 Fl. 716 C.3. Exp. 2014-00055, índice 142 SAMAI Tribunal.
81 Fls. 729-730 C.3 Exp. 2014-00055, índice 142 SAMAI Tribunal.
82 Fl.1061 C. Pruebas B.
83 Fls. 784-785 C. Pruebas B.
84 Fls. 903-905 C. Pruebas B.
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Radicación: 25000233600020170024103 (70101)
Demandante: Triturados Viales Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA
reposición85 fue resuelto desfavorablemente en la Resolución 380 del 21 de febrero
de 201486.
121. El 30 de abril de 2014, la ANI presentó demanda de expropiación ante el
Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza bajo radicado 2014-0005787, despacho que
ordenó la entrega anticipada el 26 de junio de 201488.
122. En cumplimiento de la comisión, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
de Cáqueza adelantó la entrega anticipada del inmueble el 1 de octubre de 2014 89.
123. El 14 de noviembre de 2014, el Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza decretó
la expropiación del inmueble y nombró a los peritos para practicar el avalúo90.
124. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca confirmó la
sentencia de primera instancia el 1 de julio de 201591.
125. Los peritos designados rindieron el avalúo el 9 de marzo de 2016 92. El
Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza declaró que el dictamen se encontraba en
firme mediante auto del 23 de mayo de 201693.
126. El valor total de la indemnización se consignó el 12 de enero de 201794, pago
verificado por auto del 30 de enero siguiente95. La sentencia fue inscrita en el folio
de matrícula inmobiliaria el 6 de marzo de 201796.
127. En conclusión, la entrega anticipada del Lote No. 2 se materializó el 1 de
octubre de 2014, lo que implica que la tenencia pasó a la entidad expropiante y,
según la demanda, se generó la parálisis de la actividad económica de la empresa.
128. El término para presentar la demanda se extendía hasta el 2 de octubre de
2016, pero la solicitud de conciliación se radicó el 2 de diciembre de la misma
anualidad97. La demanda radicada el 15 de febrero de 2017 fue extemporánea y
operó la caducidad del medio de control.
129. Sobre el menor valor reconocido por el inmueble expropiado, el 23 de mayo
de 2016 el Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza declaró que el avalúo se
encontraba en firme, decisión notificada el 25 de mayo de 2016 y ejecutoriada el 1°
de junio siguiente.
130. Desde esa última fecha, la sociedad demandante conoció el valor a reconocer
por el bien expropiado y pudo advertir si se ajustaba al valor comercial. El término
para presentar la demanda se extendía hasta el 2 de junio de 2018. La demanda
85 Fls.906-923 C. Pruebas B.
86 Fls. 925-929 C. Pruebas B.
87 Fls. 931-935 C. Pruebas B.
88 Fls. 413 C. 2 Exp. 2014-00057, índice 142 SAMAI Tribunal.
89 Fls. 995-996 C. Pruebas B.
90 Fls. 972-982 C. Pruebas B.
91 Fls. 984-992 C. Pruebas B
92 Fls. 1035-1056 C. Pruebas B.
93 Fls. 671 C.3. Exp. 2014-00057, índice 142 SAMAI Tribunal.
94 Fls. 677-678 C. 3. Exp 2014-00057, índice 142 SAMAI Tribunal.
95 Fl. 680 C.3 Exp. 2014-00057, índice 142 SAMAI Tribunal.
96 Fls. 697-698 C.3 Exp. 2014-00057, índice 142 SAMAI Tribunal.
97 Fl. 1061 C. Pruebas B.
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Radicación: 25000233600020170024103 (70101)
Demandante: Triturados Viales Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA
radicada el 15 de febrero de 2017 fue oportuna, con independencia de la
suspensión por el trámite conciliatorio.
131. En consecuencia, operó la caducidad por la parálisis de la actividad
económica desde la entrega anticipada, pero la demanda fue oportuna por el
reconocimiento de un menor valor en el proceso de expropiación.
Legitimación en la causa por pasiva
132. La legitimación en la causa es uno de los aspectos que el juez contencioso
administrativo debe verificar de oficio para dictar sentencia de fondo favorable al
demandante o al demandado. Cuenta con dos dimensiones: una de hecho y otra
material.
133. La primera corresponde a una relación eminentemente jurídico procesal
determinada a partir de la presentación de la demanda y la notificación de su auto
admisorio. Así, la parte que expone una situación fáctica y eleva unas pretensiones
bajo la afirmación de ser titular de un derecho se encuentra legitimada de hecho
por activa, mientras que la parte contra quien se dirijan tales pretensiones contará
con ese tipo de legitimación en su connotación pasiva.
134. La segunda corresponde a una relación jurídica sustancial que no depende
de la presentación de la demanda, sino de la participación en los hechos objeto de
litigio, el vínculo de la parte con el interés discutido y la titularidad de los derechos
debatidos en el proceso98.
135. En procesos de responsabilidad del Estado por actuaciones y omisiones
judiciales, la legitimación material en la causa por activa corresponde al sujeto
afectado por la providencia, mientras que en su connotación pasiva la ostenta la
autoridad judicial que profirió la decisión cuestionada99.
136. En consecuencia, la entidad legitimada materialmente por pasiva en este caso
es la Rama Judicial por las actuaciones del Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza
y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca en los procesos de
expropiación judicial.
137. Sin embargo, la demanda no se dirigió contra la Rama Judicial y no se
formularon en su contra las imputaciones. Por el contrario, las pretensiones se
dirigieron contra el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura
– ANI y el Concesionario Vial de los Andes S.A.S.-COVIANDES S.A.S.
138. Las entidades demandadas solo están legitimadas de hecho en la causa por
pasiva, pero no materialmente porque no fueron la autoridad judicial que decretó la
entrega material de los predios y fijó la indemnización.
98 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de
abril de 2008, radicación No. 73001-23-31-000-1997-05031-01(16271), C.P. Ruth Stella Correa
Palacio.
99 Sobre la legitimación material por activa y pasiva en procesos de responsabilidad consultar:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 25 de
enero de 2021, radicación 05001-23-31-000-1997-00703-01(38613), C.P. Guillermo Sánchez Luque;
Subsección C, 26 de julio de 2021, radicación 44001-23-31-000-2009-00189-01 (49385), C.P.
Nicolás Yepes Corrales; Subsección A, 22 de octubre de 2021, radicación 25000-23-36-000-2016-
00671-01(61099), C.P. María Adriana Marín.
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Radicación: 25000233600020170024103 (70101)
Demandante: Triturados Viales Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA
139. El Ministerio de Transporte no incidió en las decisiones que generaron los
daños que motivaron esta demanda de reparación directa. El solo hecho de que los
predios expropiados eran requeridos para la construcción de una vía no le otorga
legitimación en la causa material.
140. COVIANDES S.A.S. y la ANI participaron coordinadamente en la etapa de
enajenación voluntaria, con la presentación de la oferta de compra y la expedición
de las resoluciones que ordenaron iniciar el proceso de expropiación judicial. No
obstante, el reproche del demandante no se dirige con la fase administrativa de la
expropiación, sino contra las decisiones adoptadas en el proceso judicial.
141. La ANI actuó como demandante en el proceso de expropiación judicial,
solicitó la entrega anticipada y objetó los avalúos, sin que dichas actuaciones
sustituyeran la competencia del juez para adoptar las decisiones que el
demandante identifica como los hechos generadores del daño, esto es, la entrega
anticipada y la determinación del valor a pagar por la expropiación. El juez era
autónomo para decidir la procedencia de la expropiación.
142. En conclusión, el Ministerio de Transporte, COVIANDES S.A.S. y la ANI no
están legitimadas materialmente en la causa por pasiva.
Condena en costas
En primera instancia
143. De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, la sentencia resuelve sobre la imposición de
costas. Su liquidación y ejecución se rigen por el Código General del Proceso. El
artículo 365 de este último Código dice que se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, siempre y cuando se demuestre que se causaron y en la
medida de su comprobación.
144. Triturados Viales Ltda. fue vencida en el proceso y se demostró la causación
de las agencias en derecho porque las entidades demandadas intervinieron en
primera instancia. La decisión del Tribunal fue acertada. El marco normativo no
señala que deban valorarse aspectos como la insolvencia financiera o la existencia
de pasivos.
145. El porcentaje del tres por ciento (3%) impuesto por agencias en derecho se
ajustó al acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior
de la Judicatura porque en los procesos de primera instancia de mayor cuantía la
condena por este concepto varía entre el 3% y el 7,5% de lo pedido.
En segunda instancia
146. Se condenará a Triturados Viales Ltda. porque se le resolvió
desfavorablemente el recurso de apelación. Se causaron agencias en derecho a
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Radicación: 25000233600020170024103 (70101)
Demandante: Triturados Viales Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA
favor de COVIANDES S.A.S.100 y la ANI101 porque ambas intervinieron en segunda
instancia y se pronunciaron sobre la apelación.
147. En aplicación del acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, las
agencias en derecho se fijan en un (1) salario mínimo legal mensual vigente para
la fecha de ejecutoria de la sentencia. COVIANDES S.A.S. y la ANI recibirán cada
una el cincuenta por ciento (50%).
148. Se liquidarán concentradamente por el Tribunal, según lo previsto por el
artículo 366 Código General del Proceso.
149. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar se dispone:
DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación directa respecto de la
parálisis de la actividad económica por la entrega anticipada del Lote No. 2 – matrícula
inmobiliaria 152-71702.
NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONFIRMAR la condena en costas de primera instancia.
TERCERO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la sociedad Triturados
Viales Ltda. Por concepto de agencias en derecho se fija la suma de un (1) salario
mínimo legal mensual vigente para la fecha de ejecutoria de la sentencia. La parte
demandante pagará este valor en favor de COVIANDES S.A.S. y la ANI en
proporciones iguales.
CUARTO: una vez ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER por Secretaría el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
100 Índice 170 SAMAI Tribunal.
101 Índice 13 SAMAI Consejo de Estado.
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Radicación: 25000233600020170024103 (70101)
Demandante: Triturados Viales Ltda.
Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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