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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04099-00

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04099-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo deprecado por el señor Augusto Osorio Quiñonez y otros contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C de conformidad con la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria. 20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Augusto Osorio Quiñonez y otros Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2022-04099-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04099-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

1 de septiembre de 2022

Demandante: Augusto Osorio Quiñonez y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04099-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04099-00
Demandantes: AUGUSTO OSORIO QUIÑONEZ Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN C

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – defecto sustantivo y
por desconocimiento del precedente – privación injusta de la
libertad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a pronunciarse sobre la acción de tutela presentada por el señor
Augusto Osorio Quiñonez y otros contra la sentencia del 15 de diciembre de 2021
proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C que revocó la
decisión del a quo, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 27 de julio de 2022 , el señor Augusto Osorio Quiñonez y
otros1, actuando por medio de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra
el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C con el fin de que sean
amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 15 de diciembre de 2021, proferida por el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección C que revocó la decisión del 24 de junio de
2013 del Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la
demanda, para en su lugar, negarlas. Lo anterior, en el marco del proceso de
reparación directa, con radicado N.º 68001-23-31-000-2011-00278-01, instaurado

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María Esperanza Tasco Castro, Sandra Yadira Osorio Tasco y Omar Augusto Osorio Tasco.

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Demandante: Augusto Osorio Quiñonez y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04099-00

contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (SIJIN), Rama Judicial y
Fiscalía General de la Nación

3. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales y como consecuencia solicitó:

“(…) Consecuencialmente se ordene REVOCAR la sentencia de segunda
instancia, proferida por la subsección C, SECCION TERCERASALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del HONORABLE CONSEJO DE ESTADO,
y proceda a emitir el fallo que corresponda.

3. Se ordene a la Subsección C, SECCION TERCERA, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del HONORABLE CONSEJO DE ESTADO,
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, disponga todo
lo que sea pertinente, para proferir la sentencia respectiva.” (sic para toda la cita).

1.2. Hechos probados y/o admitidos

4. La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El 11 de septiembre de 2008 el señor Augusto Osorio Quiñonez fue capturado por
agentes de la Policía Nacional por ser presunto autor del delito de homicidio agravado
del señor Darío Naranjo Rivero, fecha en la cual el Juzgado 2º Promiscuo Municipal
de Socorro con Función de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva en contra del procesado.

6. No obstante, el 18 de marzo de 2009, el Juzgado 1º Penal del Circuito del Socorro
con Funciones de Conocimiento precluyó la investigación por encontrar configurada la
causal de “imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción penal [...]” y ordenó su libertad
inmediata, toda vez que se allegó una prueba sobreviniente que acreditó la ocurrencia
de presuntos errores en la investigación que habían efectuado agentes de la SIJIN.

7. Con ocasión a lo anterior, el señor Osorio Quiñoez en compañía de su grupo
familiar2 presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa con
el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional (SIJIN), Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación de los daños causados con ocasión de la privación de la libertad que tuvo
que soportar.

8. El proceso fue conocido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Santander que mediante sentencia del 24 de junio de 2013 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, al constatar que la privación de la libertad del señor

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María Esperanza Tasco Castro, Sandra Yadira Osorio Tasco y Omar Augusto Osorio Tasco.

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Osorio Quiñonez fue injusta, toda vez que se precluyó la investigación seguida en su
contra por la “imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal”, lo cual, en
su concepto, constituía uno de los supuestos para declarar objetivamente la
responsabilidad patrimonial de las demandadas. Por otro lado, consideró que el daño
alegado no era imputable al Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por cuanto dicha
entidad no intervino en su causación.

9. La decisión fue apelada por la parte pasiva del proceso, recurso que fue desatado
por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, autoridad judicial que en
sentencia del 15 de diciembre de 2021 revocó la decisión del a quo, para en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda al considerar que la medida cautelar privativa
de la libertad estuvo soportada en elementos materiales probatorios que daban cuenta
razonablemente que el señor Osorio Quiñonez podía ser autor del delito de homicidio
agravado, ya que: “i) Víctor Manuel Aguillón Medina, vecino del occiso, señaló que Agustín
(sic) Osorio Quiñonez se encontraba con Darío Naranjo Rivero al momento en que fue
asesinado; y ii) este mismo sujeto indicó que Agustín (sic) Osorio Quiñonez fue la última
persona que ingresó al inmueble de Darío Naranjo Rivero, junto con su acompañante, Nelson
Suárez Gómez, que vestía jean color azul y camisa de color negra”.

10. Concluyó que, igualmente, de conformidad con la sentencia de la Corte
Constitucional SU-072 de 2018 la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos
de proporcionalidad, razonabilidad así como de necesidad ya que “tal y como se
desprende de los elementos de prueba obrantes en el expediente, debido a la gravedad del
delito por el cual estaba siendo investigado, que no solo permitía sino exigía la medida
restrictiva de la libertad.”

1.3. Fundamentos de la vulneración

11. La parte actora consideró que se incurrió en un defecto por desconocimiento del
precedente contenido en las sentencias de unificación del Consejo de Estado –
Sección Tercera, a saber, SU- del 17 de octubre de 2013 (rad: 23354) y SU- del 28 de
agosto del 2014 (rad: 36149) que establecen la aplicación del régimen objetivo del
artículo 90 de la Constitución Política. Adujo que en el presente caso la Fiscalía
precluyó la acción penal por imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción
penal según el numeral 1 del art 322 del C.P.P, toda vez que se comprobó que los
investigadores de la fiscalía habían faltado a la verdad al alterar horarios, no entregar
versiones que exoneraban al sindicado y habían cambiado otras versiones de testigos
para que lo incriminaran falsamente, “es decir que se demostró probatoriamente que el
sindicado no cometió la conducta, siendo aplicable el régimen de responsabilidad objetiva, con
título de imputación daño especial.”

12. Por otro lado, puso de presente que también se desconoció la sentencia de
unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado SU- del 28 de agosto del 2014
(rad: 31170) que establece que la culpa de la víctima debe ser exclusiva y determinante
para que se constituya en eximente de responsabilidad administrativa, no obstante, la
autoridad judicial accionada “consideró que por la víctima no haber peticionado a través de
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su defensor de oficio la libertad condicional o por vencimiento de términos, ella es la
culpable…….!por favor! Honorables Magistrados, qué clase de argumento es este…”.
(Exclamación del texto original)

13. Frente al punto, agregó que, el hecho que el defensor público que le asignaron a
la víctima no solicitara la libertad como se expuso en la sentencia acusada, tampoco
fue determinante y exclusivo de la privación ilegal e injusta de la libertad, “pues
recordemos que fue la misma fiscalía quien causó la privación ilegal de la libertad al ordenar
una medida de aseguramiento ilegal, columnada en un error en su investigación por parte de
la policía judicial,”

14. Concluyó que para que la culpa de la víctima sea tan “poderosa” que se convierta
en eximente de responsabilidad administrativa debe ser exclusiva y determinante,
“aspecto que nunca fue así, la culpa fue de la fiscalía y sus investigadores y de esta misma
forma lo consideró el Honorable Tribunal Administrativo de Santander, No obstante, la
Subsección C, descargó toda la culpa en la víctima.”

15. Defecto sustantivo: Comoquiera que la decisión enjuiciada desconoció el artículo
308 de la Ley 906 del 2004, toda vez que concluyó que la medida de aseguramiento
era legal, cuando no fue así ya que de los elementos materiales probatorios que la
sustentaron, fueron obtenidos de forma ilegal. Enfatizó que dichos elementos de
prueba “confirman con total claridad que los investigadores judiciales (SIJIN) utilizados por la
fiscalía faltaron a la verdad, al alterar horarios y no entregar una versión y cambiar otra,
aspectos que columnaron la medida de aseguramiento y así lo sostuvo el mismo Juez de
garantías que aceptó la preclusión de la investigación, es decir que la medida de
aseguramiento estuvo basada en elementos materiales probatorios ilegales, contrariando el
art 308 de la ley 906 del 2004 que exige que los elementos materiales, evidencia e información
deben ser obtenidos legalmente”

16. Puso de presente que si la autoridad judicial hubiese acogido la jurisprudencia
unificada de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre el régimen de
responsabilidad objetiva, la culpa exclusiva y determinante de la víctima, y hubiese
aplicado correctamente el artículo 308 de la Ley 906 del 2004, “indudablemente
cambiaría el sentido del fallo proferido por la Subsección C.”

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

17. Mediante auto del 3 de agosto de 2022 se admitió la demanda de tutela y se
dispuso su notificación tanto a la parte accionante como al Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección C, como autoridad judicial demandada. Igualmente, se
ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional (SIJIN), a la Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, al
Ministerio Público y Tribunal Administrativo de Santander, quienes hicieron parte del
proceso ordinario y fungió como a quo ordinario respectivamente.

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18. Por último, se solicitó a las autoridades de primera y segunda instancia que
allegaran copia digital íntegra del expediente del proceso de reparación directa con
radicado N.º 68001-23-31-000-2011-00278-01.

1.5. Intervenciones

19. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.5.1. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C

20. Pidió declarar la improcedencia de la acción por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, ya que la parte actora pretendía volver a controvertir la
decisión del 15 de diciembre de 2021, debido a que fue desfavorable a sus intereses
y así abrir nuevamente una discusión de los hechos y de las normas valoradas en la
instancia ordinaria por el juez natural de la reparación de daños , “sin que se promueva
la sustentación de una verdadera transgresión de índole ius fundamental que en esta
oportunidad permita intervenir al juez del amparo.”

21. Por otro lado solicitó que, de encontrarse superados los requisitos de
procedibilidad, negar el amparo solicitado, en tanto la providencia enjuiciada no
adoleció de defecto alguno, por el contrario estuvo acorde con la normatividad
aplicable al caso en concreto, las pruebas decretadas y practicadas al asunto litigioso
y la jurisprudencia constitucional vigente.

22. Acotó que no desconoció el precedente vigente, ya que la tendencia a la
objetivación de la responsabilidad del Estado frente a los eventos de privación de la
libertad que imperó durante un corto periodo en nuestra jurisprudencia, fue una postura
reevaluada y superada tanto por el Consejo de Estado como por la Corte
Constitucional. Agregó que la responsabilidad de la administración únicamente se ve
comprometida cuando se configuran los elementos dispuestos por el artículo 90
Superior que, “además de la existencia de un daño, exige la acreditación del requisito de
antijuridicidad, así como de su imputación a la entidad pública, que, en otras palabras,
demandan la elaboración, por un lado, de un juicio de antijuridicidad del daño y, por el otro, de
un juicio de imputación, siendo el primero de ellos, habilitante del segundo.”

23. Afirmó que en el proveído cuestionado explicó de forma clara y con base en la
jurisprudencia aplicable al caso concreto, que el vencimiento de los términos
procesales debía ser solicitado por la defensa del procesado y, a su vez, el funcionario
competente debía decidir sobre dicha solicitud, lo cual en el caso cuestionado no
ocurrió, y en tal sentido no se generó per se la responsabilidad automática del Estado.

24. Concluyó que, tampoco se configuró el defecto sustantivo porque en la sentencia
acusada se señaló de forma expresa porqué, a pesar de las presuntas irregularidades

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de la SIJIN, el Juez de Control de Garantías podía inferir razonablemente que el
imputado podía ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investigaba.

1.5.2. Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

25. Solicitó declarar la improcedencia de la acción porque a su juicio la parte actora no
cumplió la carga argumentativa y probatoria para demostrar satisfechos los requisitos
generales y específicos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

26. Corolario a lo anterior, solicitó que subsidiariamente se negaran las pretensiones
de la demanda ya que a su juicio, la decisión reprochada :i) se surtió con estricta
sujeción al ordenamiento jurídico aplicable al caso; ii) no ocasionó daño antijurídico;
iii) no carece de sustento probatorio que evidencie la afectación de los derechos
fundamentales de los actores; iv) trata un tema derivado de un asunto litigioso que ha
sido resuelto desfavorablemente a sus pretensiones en providencia de segunda
instancia que ha hecho tránsito a cosa juzgada; y v) no corresponde a un asunto que
deba ser resuelto en esta instancia excepcional, tratando de abrir una tercera
instancia,.

27. Estimó que el daño ocasionado por la privación de la libertad impuesta como
medida de aseguramiento, por sí mismo, no puede reputarse como antijurídico, y
menos por el resultado del proceso penal (sentencia absolutoria, prescripción de la
acción penal, preclusión de la investigación, etc.), “toda vez que tal consideración
desconoce que el derecho a la libertad no es absoluto, desatiente que su restricción obedece
al ejercicio legítimo del ius puniendi del Estado y desnaturaliza tal medida precautelativa
haciéndola nugatora.”

1.5.3. Fiscalía General de la Nación

28. Requirió declarar la improcedencia porque a su juicio no se cumplen las causales
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, “así
como tampoco se argumentó la configuración de alguna causal específica de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales y no se omitió el precedente jurisprudencial.”

29. Adujo que la interpretación de las normas fue razonable, así como la aplicación de
la jurisprudencia vigente frente al tema, de la cual se concluyó que la restricción de la
libertad no fue producto de la negligencia, arbitrariedad o desproporcionalidad, sino
que estuvo fundamentada en los elementos probatorios que militaban en el
expediente.

30. Los demás sujetos, pese a haber sido debidamente notificados, no rindieron
informe de fondo del asunto.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

31. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
el señor Augusto Osorio Quiñonez y otros, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral
7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección C, por tanto, debe aplicarse el numeral 7° de la referida
norma.

2.2. Problema jurídico

32. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Se superan
en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela
contra providencia judicial?

33. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Consejo de Estado – Sección Tercera –Subsección C vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia debido a
la sentencia del 15 de diciembre de 2021, que revocó la decisión del a quo para en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda al considerar que la privación que sufrió
el demandante no fue injusta?

34. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii)
generalidades de los defectos alegados; y iv) el análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

35. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 4 y declaró su procedencia.5

3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
7

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36. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela
contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo
solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

37. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

38. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional6

39. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado por
cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la providencia del
15 de diciembre de 2021 del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
pues en su sentir, incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente y
sustantivo.

40. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular
del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues en
efecto, la parte actora considera vulnerados su derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia por considerar que la privación de
la libertad padecida por el señor Osorio Quiñonez no fue injusta, con lo cual incurrió
en un defecto sustantivo porque omitió interpretar una norma, así como el
desconocimiento de unas sentencias de unificación que, a su juicio, respaldan su tesis.

6
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia
20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00;
Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Augusto Osorio Quiñonez y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04099-00

41. En ese sentido, los argumentos que, en sentir de la parte tutelante, son
irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, fueron analizados erróneamente por
la autoridad judicial accionada, desconociendo el alcance y aplicación de su derecho
fundamental al debido proceso y omitiendo el deber del juez ordinario de actuar tanto
como juez de legalidad, como de constitucionalidad y de convencionalidad en la causa
ordinaria.

42. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza al
derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo
o judicial establecido por la ley para su protección, lo que implica que el mecanismo
constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que busque reabrir el
debate procesal.

43. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su
eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente el acceso a la administración de
justicia y el debido proceso.

2.4.2. Tutela contra tutela7

44. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela
contra una decisión de la misma naturaleza, pues la providencia cuestionada fue
proferida en el trámite del medio de control de reparación directa con radicado N.º
68001-23-31-000-2011-00278-01, instaurado contra la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional (SIJIN), Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación.

2.4.3. Inmediatez

45. En relación con el acatamiento del referido requisito8, no se advierte ningún
reproche, en vista que la providencia del Consejo de Estado – Sección Tercera –

7
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-
00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia
20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia
20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate,
Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-
03-15-000-2019-05202-00.
8
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-
00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia
20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia
20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate,
9

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Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04099-00

Subsección C fue proferida el 15 de diciembre de 2021, notificada por medios
electrónicos el 27 de abril de 2022 y la solicitud de amparo fue presentada el 27 de
julio del mismo año. Así, sin que sea necesario determinar la fecha de ejecutoria, se
considera que la misma se presentó dentro de un término que la Sala considera
razonable para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

46. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20149, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200510, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias
judiciales.

2.4.4. Subsidiariedad11

47. En consideración a dicho requisito, por tratarse de una providencia dictada en
segunda instancia por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C no
procede ningún recurso ordinario, tampoco el extraordinario de revisión ni de
unificación de jurisprudencia12, en razón a que los cargos de la acción de tutela no se
enmarcan en alguna de sus causales de procedencia.

48. Así pues, superado el cumplimiento de los requisitos adjetivos, esta Sala entrará a
estudiar el caso concreto.

Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-
03-15-000-2019-05202-00.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
11
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20.,
Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05025-00;
Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-
000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia
20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
12
El artículo 257 de CPACA indica los siguiente: “El recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales
administrativos, tanto para los procesos que se rigen por el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que
se tramitan por la Ley 1437 de 2011.
10

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5. Caso concreto

5.1. Generalidades del defecto por desconocimiento del precedente13

49. Para esta Sala14, el precedente es aquella regla de derecho creada por una alta
Corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un
determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el
mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, se crea
una regla aplicable en los demás asuntos que se basen en los mismos supuestos
de hecho.

50. Lo anterior tiene lugar en ejercicio de la actividad creadora de derecho que ejercen
los jueces de las altas Cortes y los órganos de cierre de cada jurisdicción, ya sea para
definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe dársele la mejor
solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos normativos, siempre a la
luz de los preceptos constitucionales.

51. Por tanto, dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y
operadores judiciales y constituye una actividad de creación de derecho, al definir
directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la Constitución.

52. Sin embargo, resulta necesario advertir que no todas las decisiones judiciales que
profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla, pues aquellas corresponden
más al resultado de la aplicación al caso en concreto de la norma cuyos presupuestos
fácticos se subsumen al caso, sin que exista necesariamente una actividad creadora
del juez como tal15.

53. De allí que esta Sección ha considerado que la parte que invoca el
desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de
identificar en su proceder argumentativo: i) la decisión que considera desatendida; ii)
la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción
dada la analogía con la litis anterior y iii) la incidencia de esta en la decisión final que
adopte el fallador de instancia.

13
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00;
Sentencia 20.01.20, Rad.11001-03-15-000-2019-04374-01; Sentencia 6.02.20, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05153-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 20.02.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-04788-01; M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 19.02.15.
14
Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019, radicación
11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y la providencia
del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con ponencia de la
magistrada Rocío Araújo Oñate.
15
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.

11

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54. Análisis: La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales con
ocasión a que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente contenido en
la sentencia de unificación SU- del 17 de octubre de 2013 (rad: 23354) y SU- del 28
de agosto del 2014 (rad: 36149) proferidas por el Consejo de Estado – Sección
Tercera, que establecen la aplicación del régimen objetivo del artículo 90 de la
Constitución Política.

55. En primer lugar se tiene que, en la sentencia acusada se hizo un examen de la
antijuricidad del daño respecto al juicio de responsabilidad por privación injusta de la
libertad y se acotó que se debe constatar si la orden de detención y las condiciones
bajo las cuales ésta se llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y
constitucionales para que se configurara la responsabilidad estatal, e igualmente si el
término de duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la medida
era necesaria, razonable y proporcional.

56. Concluyó la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, si
dicha detención se realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico, se entendería
que el daño carece de antijuridicidad y por lo tanto quien lo sufrió no tendría derecho
a que se le indemnizaran los perjuicios padecidos. Así, cuando el operador jurídico o
el ente acusador levanta la medida restrictiva de la libertad que pesaba sobre una
persona, independientemente de la causa de dicha decisión, debe realizarse el análisis
pertinente bajo la óptica del artículo 90 Superior, con el fin de identificar la
antijuridicidad del daño que se discute, esto de conformidad con la sentencia de la
Corte Constitucional SU-072 de 2018.

57. En tal orientación, la autoridad judicial accionada señaló que no era plausible, a la
luz de lo dispuesto por el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, que estos
asuntos impliquen una declaratoria de responsabilidad administrativa y
extracontractual automática, tal y como sucedía antaño, como pretende la parte
accionante, porque se absolvió al procesado del delito.

58. Igualmente, la autoridad judicial accionada señaló que la medida privativa de la
libertad estuvo soportada en elementos materiales probatorios que daban cuenta
razonablemente que el señor Osorio Quiñonez podía ser autor del delito de homicidio
agravado, ya que: i) el señor Víctor Manuel Aguillón Medina, vecino del occiso, señaló
que Augusto Osorio Quiñonez se encontraba con Darío Naranjo Rivero al momento en
que fue asesinado; y ii) este mismo sujeto indicó que Osorio Quiñonez fue la última
persona que ingresó al inmueble de Darío Naranjo Rivero, junto con su acompañante,
Nelson Suárez Gómez, “que vestía jean color azul y camisa de color negra”.

59. Así mismo, adujo que la preclusión de la investigación y su absolución se debió a
que se allegó una prueba sobreviniente que acreditó la ocurrencia de presuntos errores
en la investigación efectuada por agentes de la SIJIN.

12

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60. El ad quem ordinario estimó que, pese a que el demandante no era responsable
del ilícito, no podía afirmarse que la restricción de la libertad fue producto de la
negligencia, arbitrariedad o desproporcionalidad, sino que estuvo fundamentada en el
testimonio que daba cuenta que el señor Osorio Quiñonez se encontraba con el occiso
al momento que fue asesinado. Esto, lo sustentó con jurisprudencia de la Corte
Constitucional, que frente al tema ha establecido que el juicio de responsabilidad por
una privación injusta de la libertad, se exige constatar si la orden de detención se
apegó a los cánones legales y constitucionales o no, e igualmente si el término de
duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la medida era necesaria,
razonable y proporcional, de donde, si la detención se realizó de conformidad con el
ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de antijuridicidad.

61. Ahora bien, en la sentencia que se aduce como desconocida del 17 de octubre de
2013 se tiene que la Sala Plena de la Sección Tercera avocó el conocimiento del
asunto con el propósito de unificar su jurisprudencia en relación con el régimen de
responsabilidad o el título jurídico de imputación aplicable a los casos en los cuales los
accionantes reclaman que les sean reparados los daños que les fueron ocasionados
a raíz de la privación de la libertad de una persona contra la cual se profirió la
correspondiente medida de aseguramiento en el curso de un proceso penal pero, a la
postre, se le exonera de responsabilidad en aplicación del principio in dubio pro reo.

62. En dicha ocasión el demandante Luis Carlos Orozco Osorio fue privado de su
derecho fundamental a la libertad desde el 30 de junio de 1992 hasta el 22 de agosto
de 1995, sindicado de una infracción de la Ley 30 de 1986 y del delito de hurto
agravado, pero la misma Fiscalía General de la Nación, decidió precluir la investigación
penal a favor de dicha persona, con fundamento en la aplicación del principio in dubio
pro reo.

63. La conclusión a la que llegó el fallador, luego de aplicar un régimen objetivo de
responsabilidad era que “el actor no estaba en la obligación de soportar el daño que el
Estado le irrogó, el cual debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la
consecuente obligación para la Administración de Justicia ─concretamente para la Fiscalía
General de la Nación─ de resarcir a dicha persona por ese hecho…”

64. Por otro lado, la sentencia del 28 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena de
la Sección Tercera del Consejo de Estado versó sobre la privación injusta de la libertad
que padeció el señor José Delgado Sanguino desde el 1º de diciembre de 1998 hasta
el 18 de agosto de 1999, sindicado como autor del delito de peculado por apropiación
en provecho propio; sin embargo, en el transcurso del proceso penal se demostró la
inocencia del demandante, razón por la cual se concluyó que el hecho no existió.

65. En dicha oportunidad, luego de aplicar un régimen de responsabilidad objetiva, se
concluyó que el demandante no estaba en la obligación de soportar el daño que el
Estado le ocasionó, “el cual debe ser calificado como antijurídico, lo cual determina la

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consecuente obligación para la Administración Pública de resarcir a dicha persona por ese
hecho…”

66. Bajo este supuesto, cabe precisar que la sentencia cuestionada siguiendo el
criterio expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 201816, con el
fin de determinar si el daño alegado como fundamento de la demanda ordinaria de
reparación directa tenía la connotación de antijurídico, sí analizó la razonabilidad,
legalidad y necesidad de la medida restrictiva de la libertad impuesta, de lo cual
concluyó que la misma se ajustó a las normas del procedimiento penal, por lo cual se
consideró necesaria, razonable y proporcionada.

67. En consecuencia, se determinó que la restricción de la libertad (daño) no tuvo el
carácter de antijurídico, como primer elemento que debe probar quien pretende
imputar un daño al Estado y obtener el resarcimiento de perjuicios.

68. Siendo ello así, en la decisión reprochada, la autoridad judicial accionada siguió
los criterios de interpretación que, en relación con la antijuridicidad del daño, derivado
de la privación de la libertad, fijó la sentencia C-037 de 1996 al efectuar el estudio de
constitucionalidad del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y que fue reiterado en la
sentencia SU-072 de 201817, vigente al momento en que se profirió la sentencia
controvertida.

69. Al respecto, en la sentencia SU-072 de 2018 la Corte precisó que:

“El juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del
criterio de corrección jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que superan el
simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del
artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del
Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del título de
atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se
enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.

Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte definen la actuación
judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo
excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la
Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que
un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita
en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe
reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la
actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual
no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el

16
Dijo la Corte en esta sentencia: “que determinar como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando
sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia –aplicación del
principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es
decir, operó una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a
partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la decisión
a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable,
desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes,
concretamente la sentencia C-037 de 1996.”
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-072 de 2018.

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Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los
particulares”.

70. Bajo los anteriores criterios y luego del análisis del caso, fue que el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección C concluyó que el daño derivado de la
privación de la libertad del señor Osorio Quiñonez, no comportó la naturaleza de
antijurídico pues, se itera, la medida de aseguramiento impuesta encontraba sustento
en el referido testimonio que permitía inferir la existencia de indicios graves de
participación en el ilícito investigado.

71. En este contexto, la Sala evidencia que el precedente constitucional aplicado por
el operador judicial en ejercicio de su autonomía judicial fue la sentencia SU-072 de
2018 en la que se establecen los parámetros constitucionales del régimen de
responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de privación injusta de la libertad.

72. En tal oportunidad, el Alto Tribunal constitucional determinó que con independencia
del régimen de responsabilidad que se elija aplicar en estos casos (objetivo o
subjetivo), debe considerarse si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se
enmarcan en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.

73. A lo anterior, es pertinente agregar que, conforme a la sentencia de unificación en
cita, la autoridad judicial accionada no está obligada a implementar el régimen de
responsabilidad objetivo como fórmula estricta para determinar la
responsabilidad extracontractual del Estado en casos de privación de la libertad,
puesto que no se aviene a una correcta interpretación de los presupuestos que
definen la responsabilidad, sumado a la ausencia, en la actualidad, de algún
precedente jurisprudencial que cree una regla por una Alta Corte para solucionar un
determinado conflicto jurídico que así lo disponga, por lo cual, la determinación del
régimen de estudio para el caso concreto le corresponderá definirlo al juez natural de
la causa.

74. Por lo mismo, se tiene que el criterio unificado que se determinó en la sentencia
SU-072 de 2018, fue correctamente aplicado por la autoridad judicial accionada ya que
la tesis de la Sección Tercera de esta Corporación, que era mayoritaria frente al uso
del régimen objetivo, desde el 2018 fue reevaluada18, y en la actualidad, le

18
Con ocasión de la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 15 de agosto
de 2018, oportunidad en la cual la hermenéutica en torno a la privación injusta de la libertad fue
modificada y se estableció para su configuración no solo la existencia del daño (privación de la libertad),
como venía siendo, sino que se acreditara su antijuridicidad de conformidad con el artículo 90 superior.
Igualmente, en dicho proveído se determinó que correspondía al juez administrativo la verificación
respecto a si, desde la óptica del derecho civil, una actitud dolosa o gravemente culposa de la propia
víctima del daño determinó la apertura al proceso penal y la posterior imposición de medida privativa de
la libertad; asimismo, que el juez tenía absoluta autonomía para determinar el título de imputación
conforme a las especificidades de cada caso. Si bien dicha providencia fue dejada sin efectos con
ocasión a un fallo de tutela proferido por esta Corporación el 15 de noviembre de 2019, lo cierto es que
la razón del amparo propendió por la salvaguarda de la presunción de inocencia de quien es absuelto
por el juez penal. Lo anterior, pues en la sentencia de unificación de 2018, se analizó la culpa exclusiva
15

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corresponde al juez contencioso para declarar la responsabilidad del Estado no solo
la simple constatación de la existencia del daño (privación de la libertad) sino también
establecer la antijuridicidad del mismo a la luz de las pruebas y las particularidades del
caso a fin de determinar si los presupuestos de legalidad, razonabilidad y
proporcionalidad resultaron, o no, transgredidos 19.

75. Por las anteriores razones, esta Sala de Decisión considera que no se configuró el
yerro por desconocimiento del precedente alegado ya que se reitera, se aplicó de
manera razonable la tesis jurisprudencial vigente de la Corte Constitucional que
estableció que el hecho de que una persona resultara privada de la libertad dentro de
un proceso penal que termina con sentencia absolutoria o equivalente, no resultaba
suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, pues
independientemente del régimen de responsabilidad aplicado, el primer elemento que
debe demostrarse es la antijuridicidad del daño ocasionado.

76. Por otro lado, se tiene que los actores también alegaron el desconocimiento de la
sentencia del Consejo de Estado – Sección Tercera, a saber la SU- del 28 de agosto
del 2014 (rad: 31170) que establece que la culpa de la víctima debe ser exclusiva y
determinante para que se constituya en eximente de responsabilidad administrativa,
no obstante, la autoridad judicial accionada “consideró que por la víctima no haber
peticionado a través de su defensor de oficio la libertad condicional o por vencimiento de
términos, ella es la culpable…”.

77. En cuanto al vencimiento de los términos para presentar el escrito de acusación y
para dar inicio a la audiencia de juicio oral, la autoridad judicial accionada realizó el
siguiente análisis:

de la víctima como causal eximente de responsabilidad a partir de conductas pre-procesales del
investigado penalmente, situación que transgredía el mandato superior de presunción de inocencia,
pues tenía como culpable a sujetos por hechos respecto de los cuales la justicia penal ya había
declarado su inocencia. En este sentido, el reproche del juez constitucional se circunscribió al desarrollo
establecido en torno a la conducta de la víctima como causal de exoneración, manteniendo incólume el
deber del juez contencioso de acreditar la antijuridicidad del daño, pues su simple existencia no da lugar
a un evento de responsabilidad del Estado.
19
Ver al respecto de la fuerza normativa de la doctrina dictada por Altas Cortes, como órganos de cierre
de sus jurisdicciones, la sentencia C-621 de 2015: “3.7.1.11. Como bien lo ha sostenido la Corte, la
fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior
de la Judicatura -sala disciplinaria- y a Corte Constitucional, como órganos de cierre de sus
jurisdicciones, proviene fundamentalmente: (i) de la obligación de los jueces de aplicar la igualdad frente
a la ley y de brindar igualdad de trato en cuanto autoridades que son; (ii) de la potestad otorgada
constitucionalmente a las altas corporaciones, como órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones
y el cometido de unificación jurisprudencial en el ámbito correspondiente de actuación; (iii) del principio
de la buena fe, entendida como confianza legítima en la conducta de las autoridades del Estado; (iv) de
la necesidad de seguridad jurídica del ciudadano respecto de la protección de sus derechos, entendida
como la predictibilidad razonable de las decisiones judiciales en la resolución de conflictos, derivada del
principio de igualdad ante la ley como de la confianza legítima en la autoridad judicial”

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-Adujo que era evidente que se había sobrepasado el término procesal establecido en
el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, pues transcurrieron más de 90
días, contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, para dar
inicio a la audiencia de juicio oral. En efecto, el 10 de octubre de 2008 la Fiscalía 4ª
Seccional del Socorro presentó escrito de acusación y el 18 de marzo de 2009 el
Juzgado 3º Penal del Circuito del Socorro con Funciones de Conocimiento inició la
audiencia de juicio oral.

-Indicó que no obstante lo anterior, las consecuencias derivadas de esa circunstancia
eran imputables a la inactividad procesal de la propia víctima, pues de cumplirse los
presupuestos para conceder la libertad, era la defensa del procesado la que debía
pedir su libertad y el funcionario competente debía decidir sobre la solicitud 20, lo cual
no había ocurrido en el presente caso. Agregó que “ al efecto, es pertinente resaltar que
conforme lo ha establecido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el
derecho a la libertad provisional del procesado no opera de manera automática, pues en todos
los casos, el funcionario competente debe analizar las condiciones y circunstancias que han
impedido adelantar la actuación procedimental dentro de los términos formales establecidos
en la ley procesal penal.”

-Concluyó que, en cuanto al vencimiento del referido término, las consecuencias que
ello pudo causar al actor eran atribuibles a su inactividad, ya que la libertad
provisional no opera de forma automática y la defensa no ejerció la prerrogativa que le
permitía al procesado ser titular del beneficio de excarcelación.

77. Así, esta Sala encuentra que la decisión alegada como desconocida no sería
aplicable, ya que el caso aducido como desconocido versó acerca de una persona que
se movilizaba por el casco urbano de Amalfi, Antioquia en una motocicleta, cuando
recibió una orden de detenerse por miembros del Ejército Nacional, la que fue atendida
por éste. Una vez se bajó de su motocicleta fue agredido física y verbalmente y lo
lanzaron a un caño cercano, donde fue objeto de varios disparos, impactándole uno
en su brazo derecho.

78. En dicha ocasión, el Consejo de Estado – Sección Tercera estableció que, en
cuanto al denominado daño a la salud, derivado de una lesión a la integridad
psicofísica, “se reitera la posición acogida en las sentencias 19.031 y 38.222, ambas del 14
de septiembre 2011 (…) en el sentido de que la regla en materia indemnizatoria, es de 10 a
100 SMMLV, sin embargo en casos de extrema gravedad y excepcionales se podrá aumentar
hasta 400 SMMLV, siempre que esté debidamente motivado. (…) para lo cual se tendrá en
cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida…”

20
“Artículo 160. Salvo disposición en contrario, las decisiones deberán adoptarse en el acto mismo de
la audiencia. Para este efecto el juez podrá ordenar un receso en los términos de este código. Cuando
deban adoptarse decisiones que se refieran a la libertad provisional del imputado o acusado, el
funcionario judicial dispondrá máximo de tres días hábiles para realizar la audiencia respectiva”. (Se
resalta)

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79. Por lo anterior, el yerro será negado pues el presente caso difiere, ya que el tema
concreto tratado en la sentencia acusada fue el vencimiento de los términos para
presentar el escrito de acusación y para dar inicio a la audiencia de juicio oral, de lo
cual se concluyó que operó la culpa exclusiva de la víctima.

5.2. Generalidades del defecto sustantivo

80. La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando
“la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que
evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica”21.

81. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o
se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.

b) No se hace una interpretación razonable de la norma.

c) La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en
la disposición.

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.

f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.

51. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.

82. Análisis: La parte actora señaló que se configuró este defecto comoquiera que la
decisión enjuiciada desconoció el artículo 308 de la Ley 906 del 2004, toda vez que
concluyó que la medida de aseguramiento era legal, cuando no fue así ya que de los
elementos materiales probatorios que la sustentaron, fueron obtenidos de forma ilegal.

83. Ahora bien, se tiene que en efecto la autoridad judicial accionada estudió de
manera concreta la aplicación de dicha normativa al caso concreto y frente al punto
adujo lo siguiente:

21
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-159 del 06.03.02., M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
18

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“Ahora bien, el artículo 308 de la Ley 906 de 200422 dispone que (el juez de
control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado,
decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales
probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información
obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser
autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se
cumpla alguno de los siguientes requisitos: 1. Que la medida de aseguramiento se
muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio
de la justicia. 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la
sociedad o de la víctima. 3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá
al proceso o que no cumplirá la sentencia).”

84. Fue así que, respecto del análisis de dicho normativa concluyó que la medida de
aseguramiento impuesta el 11 de septiembre de 2008 cumplió con los requisitos
previstos en los artículos 308, 309 y 310 de la Ley 906 de 2004, puesto que el Juzgado
de Control de Garantías infirió razonablemente que el señor Osorio Quiñonez podía
ser autor o partícipe del delito de homicidio agravado, debido a que la declaración
jurada rendida por Víctor Manuel Aguillón Medina señaló que este se encontraba junto
con Darío Naranjo Rivero al momento y en el lugar en que éste fue asesinado.
Igualmente, la medida impuesta halló justificación en la gravedad de la conducta que
se le endilgaba al señor Osorio Quiñonez y por la probabilidad de no comparecer al
proceso.

85. Igualmente, del análisis de dicho artículo concluyó que la medida resultaba: i)
necesaria, porque se consideró, al momento de su imposición, que el imputado
constituía un peligro para la sociedad y que existía la probabilidad de no compareciera
al proceso; ii) proporcional, por cuanto el delito de homicidio agravado implicaba una
pena privativa de la libertad de al menos veinticinco (25) años; y iii) razonable, de cara
a la gravedad de la conducta y circunstancias bajo las cuales fue detenido. De igual
manera, explicó debía tenerse en cuenta que la parte demandante tampoco allegó
prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de
proporcionalidad, razonabilidad o fuera arbitraria, carga que le correspondía asumir al
demandante con el propósito de acreditar la injusticia de la medida cuya omisión
impide establecer la antijuricidad del daño sin la cual no es posible declarar la
responsabilidad a cargo del Estado.

86. Es así como esta Colegiatura considera que no se configuró el defecto sustantivo
alegado por los actores, pues el artículo que echa de menos sí fue valorado de manera
concreta, sin embargo, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, la
jurisprudencia vigente frente al tema y las normas procesales aplicables, concluyó de
manera razonable que si bien la preclusión de la investigación y su absolución se debió
a que se allegó una prueba sobreviniente que acreditó la ocurrencia de presuntos
errores en la investigación efectuada por agentes de la SIJIN, lo cierto era que la
privación de la liberad no constituyó un daño antijurídico imputable a las entidades

22
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

19

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demandadas ya que se justificó en las piezas procesales que daban cuenta de su
posible autoría en el delito de homicidio agravado.

87. Se reitera que el anterior análisis va en consonancia con la SU-072 de la Corte
Constitucional en la cual se abordó el tema de la privación injusta de la libertad, en la
que se estableció que: i) se debe examinar la actuación que dio lugar a la medida
restrictiva de ese derecho fundamental pues no resulta viable la reparación automática
de los perjuicios en dichos eventos; ii) en todo caso, se deberá analizar todo el
procedimiento llevado a cabo por los diferentes entes jurisdiccionales con el fin de no
condenar sin antes establecer cómo ocurrieron los hechos y bajo qué circunstancias,
vigilando así tanto los derechos de las personas como la labor investigativa y punitiva
del Estado y; iii) el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más
idóneo para restablecer el daño sufrido por el ciudadano.

2.6. Conclusión

88. Esta Sala de Decisión concluye que el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección C al proferir la sentencia del 15 de diciembre de 2021 no incurrió en un
defecto sustantivo ni por desconocimiento del precedente y en consecuencia no
vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, toda vez que de conformidad
con lo expuesto, resulta razonable la decisión controvertida, mediante la cual se revocó
la providencia de primera instancia, para en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda de reparación directa de la referencia, al considerar que el criterio
jurisprudencial vigente, consiste en que en estos casos de privación de la libertad, lo
que le corresponde a las judicaturas de lo contencioso administrativo, es verificar que
la medida restrictiva de la libertad se hubiese proferido con sujeción a los criterios de
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, según lo fijado en la SU-072 de 2018.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo deprecado por el señor Augusto Osorio Quiñonez y
otros contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C de conformidad
con la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

20

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

21

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