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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04113-00

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04113-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la E.S.E. Hospital Departamental de Villavicencio, de conformidad con lo expuesto. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, de conformidad con lo expuesto. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ! ! Demandante: Belinda Gutiérrez Mosquera Demandado: Tribunal Administrativo del Meta Rad: 11001-03-15-000-2022-04113-00 CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04113-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

1 de septiembre de 2022

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Demandante: Belinda Gutiérrez Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Rad: 11001-03-15-000-2022-04113-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., primero (1º) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-2022-04113-00
Demandante: BELINDA GUTIÉRREZ MOSQUERA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META

Tema: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente por no
superar requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por la señora Belinda
Gutiérrez Mosquera contra el Tribunal Administrativo del Meta. Lo anterior, de
conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, desarrollado por los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. La señora Belinda Gutiérrez Mosquera, actuando en nombre propio, formuló
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta1. Con la petición de
amparo pretende la protección de sus derechos constitucionales al trabajo, a la
seguridad social, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
vida en condiciones dignas.

2. Consideró vulneradas dichas garantías fundamentales, con ocasión de la
providencia del 12 de agosto del 2021 dictada por el tribunal accionado. Dicha
decisión revocó la sentencia de primer grado dictada por el Juzgado Sexto
Administrativo de Villavicencio y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda
del medio de control de nulidad y restablecimiento que presentó la actora contra la
E.S.E. Hospital Departamental de Villavicencio.

1
El escrito de tutela fue enviado a la ventanilla virtual de la Secretaría General de esta Corporación
el 27 de julio del 2022.
1

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Demandante: Belinda Gutiérrez Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
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1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“(…) se tutele, a mi favor los derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad
social, al debido proceso, al acceso material a la administración de justicia, la honra,
y la dignidad, consagrados por los artículos 1, 2, 3, 13, 25, 53, 122, 123, 125
Constitucionales, y en consecuencia se ordene:
1. Dejar sin efecto la sentencia acusada; y,
2. Ordenar al Tribunal Administrativo del Meta, que debe proferir nueva sentencia,
restableciendo mis derechos, conforme a los razonamientos de la sentencia de
tutela, dentro del término que al efecto se señale”.

1.3. Hechos

La Sala expone los siguientes hechos, que son relevantes para resolver este asunto:

4. La accionante afirmó que laboró para la E.S.E. Hospital Departamental de
Villavicencio en el cargo de auxiliar administrativo y que lo hizo de manera
subordinada porque debía cumplir un horario y acatar las directrices que se le
impartían, al igual que un funcionario de planta.

5. Debido a lo anterior, acudió a dicha entidad para que reconociera la
existencia de un contrato laboral, con las consecuencias económicas que esto
conlleva. Sin embargo, obtuvo respuesta negativa por medio de oficio del 3 de
febrero del 2014.

6. Por lo tanto, la accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el mencionado oficio. El asunto fue conocido en primera instancia
por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio. Esta
autoridad judicial, en providencia del 31 de agosto del 2017, accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

7. Ambas partes apelaron la decisión de primer grado. El recurso fue conocido
por el Tribunal Administrativo del Meta, que en sentencia del 12 de agosto del 2021
revocó la decisión del juzgado y negó las pretensiones de la demanda. A tal efecto,
consideró que no se encontraron probados los elementos del contrato laboral.

8. La sentencia fue notificada a las partes el 23 de agosto del 2021 por correo
electrónico, tal como se advierte en el expediente digital.

1.4. Fundamentos de la solicitud

9. La parte actora considera que la decisión atacada incurrió en defecto fáctico
y desconocimiento del precedente. Alegó que de las pruebas allegadas al plenario
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se podía determinar con claridad la existencia de un contrato laboral entre las
partes. Además, puso de presente que para los cargos de auxiliares administrativos
el Consejo de Estado ha considerado que se presenta subordinación. Por lo tanto,
solicitó que se deje sin efecto la mencionada providencia y se amparen sus
derechos fundamentales.

10. Manifestó que es una persona con 65 años de edad y con graves problemas
de salud, por lo que consideró que esta tutela debe tener un tratamiento especial.

1.5. Trámite de la acción de tutela

11. Mediante auto del 1º de agosto del 2022, el ponente de esta decisión admitió
la acción de tutela. Además, ordenó la notificación a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Meta. Igualmente, vinculó como terceros con interés: i) al Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio; ii) a la E.S.E. Hospital
Departamental de Villavicencio y iii) a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

12. Asimismo, requirió a las secretarías del tribunal y el juzgado mencionados
para que aportaran copia digital del expediente número 50001-33-33-006-2014-
00278-01, sobre el cual gira esta controversia.

13. Igualmente, ordenó a la Secretaría General del Consejo de Estado, que
publicara en su página web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos que
la acompañan y del auto admisorio, con el fin de que cualquier persona que tuviera
interés, pudiera intervenir en este trámite.

1.6. Intervenciones

14. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Meta

15. La magistrada ponente de la decisión atacada consideró que lo pretendido
con esta tutela es reabrir un debate surtido en sede de instancia y que fue resuelto
por el juez natural. Por lo tanto, solicitó que se nieguen las pretensiones de este
mecanismo constitucional.

1.6.2. E.S.E. Hospital Departamental de Villavicencio

16. Por conducto de representante, la entidad solicitó ser desvinculada del
presente trámite, porque a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva,
ya que no vulneró los derechos fundamentales de la accionante.

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1.6.3. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio

17. Uno de los colaboradores del despacho remitió el expediente ordinario que
fue solicitado, pero no se pronunció de fondo sobre las pretensiones de la tutela.

18. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio, a pesar
de que fue notificada del auto admisorio de la presente tutela, como se advierte en
la actuación número 8 del sistema Samai de este asunto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

19. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

20. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

21. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19912, en los artículos 1°, 10º, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí
misma; ii) a través de representante; iii) de apoderado; o iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores
del pueblo y los personeros municipales3.

22. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
accionante es la titular de los derechos fundamentales que reclama, ya que fue parte
demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho cuya
providencia se cuestiona. En consecuencia, goza de legitimación en la causa por
activa.

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
3
Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas
Hernández
4

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23. Por otro lado, se advierte que se reprocha la decisión asumida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Meta. Así, dicha autoridad judicial se
encuentra legitimada en la causa por pasiva.

24. Respecto de la solicitud de desvinculación del presente trámite solicitada por
la E.S.E. Hospital Departamental de Villavicencio, la Sala la negará, pues esta
entidad fue vinculada como tercero con interés en las resultas de este proceso y no
como demandada.

2.3. Problema jurídico

25. Frente al examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora, del
material probatorio recaudado, de las causales de procedibilidad de la acción de
tutela invocadas y de los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan en el sub lite los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencia judicial?

26. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

● ¿El Tribunal Administrativo del Meta vulneró los derechos fundamentales de
la accionante, por cuanto a su juicio no analizó en debida forma las pruebas
recaudadas ni tuvo en cuenta el precedente aplicable al interior del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 50001-33-33-006-2014-00278-01?

27. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial y ii) los requisitos generales de la acción de tutela
en el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema5. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias

4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5

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judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales6.

29. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20147. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia8 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial9.

30. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

6
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
9
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
6

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31. De modo que, de no observarse el incumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto.

32. Agotados esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura
uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha establecido que,
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y; ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

33. Es importante recalcar que la tutela no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos generales de la acción de tutela en el caso
concreto

2.5.1. Inmediatez

34. La Sala considera que la presente tutela no cumple con el requisito de
inmediatez, de conformidad con lo que pasa a explicarse.

35. La parte actora cuestiona la decisión del Tribunal Administrativo del Meta del
12 de agosto del 2021. Esta sentencia fue notificada a las partes el 23 de agosto
del 2021 por correo electrónico, tal como se advierte en el expediente digital. Sin
embargo, este mecanismo fue presentado en la ventanilla virtual de la Secretaría
General de esta Corporación el 27 de julio del 2022.

36. En la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201410, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200511 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis
(6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

37. Bajo esa óptica, el accionante ha debido ejercer este mecanismo
constitucional en un término razonable. Sin embargo, lo hizo hasta el 27 de julio del

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
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2022, es decir, casi un año después de que le fue notificada y ejecutoriada la
providencia atacada, motivo por el cual esta Sala considera que no acudió a este
mecanismo en un plazo adecuado, como lo ha exigido la Corte Constitucional.

38. Ahora, la parte actora considera que su caso es especial, ya que tiene 65
años y además porque sufre de “carcinoma urotelial papilar de alto grado
histológico” desde el 2017.

39. Sin embargo, la accionante no aportó ningún elemento que permita a la Sala
constatar que su problema de salud le impidió interponer la acción de tutela en un
término razonable. Además, debe recordarse que, según la Corte Constitucional, el
requisito de inmediatez es más flexible para las personas de la tercera edad, pero
no para el adulto mayor, que son conceptos diferentes.

40. En efecto, en la sentencia T-015 del 2019 la Alta Corporación dijo que el
adulto mayor es aquella persona que tiene más de 60 años, o que teniendo 55 años
presente desgaste físico, vital y sicológico. Lo anterior, de conformidad con la
definición que trajo el legislador en la Ley 1276 del 2009. Por su parte, la persona
de la tercera edad es aquella que ha superado la expectativa de vida fijada por el
DANE:

16.2. En este punto conviene precisar que el término “persona de la tercera edad” y
el concepto “adulto mayor”, que a menudo se usan indistintamente, no pueden ser
empleados como sinónimos.

16.3. El concepto “adulto mayor” fue definido en la Ley 1276 de 2009. En ella se
apela a la noción de “vejez” propia del sistema de seguridad social en pensiones,
con el fin de identificar la población destinataria de la atención integral en los centros
vida. De cara a lo dispuesto por el Legislador en esa norma, será adulto mayor quien
supere los 60 años o aquel que sin superar esa edad, pero con más de 55 años,
tenga condiciones de “desgaste físico, vital y psicológico [que] así lo determinen”.

Dicha definición opera para los efectos de esa norma, a saber, para la “atención
integral del adulto mayor en los centros vida” y según lo ha precisado esta
Corporación, solo es aplicable en ese ámbito y no de forma genérica.

16.4. Por su parte, la calidad de “persona de la tercera edad” solo puede ostentarla
quien no solo es un adulto mayor, sino que ha superado la esperanza de vida. No
todos los adultos mayores son personas de la tercera edad; por el contrario,
cualquier persona de la tercera edad será un adulto mayor.

Para efecto de precisar a qué edad una persona puede catalogarse en la tercera
edad, esta Corporación ha acudido a la esperanza de vida certificada por el DANE.
Ha asumido que la tercera edad inicia cuando la persona supera la expectativa de
vida fijada por aquel organismo público, misma que varía periódicamente. A esta se
le conoce como la tesis de la vida probable, que en este caso concreto fue aplicada
por el ad quem.

41. Por lo tanto, la accionante no es una persona de la tercera edad, ya que
actualmente cuenta con 65 años y no supera la expectativa de vida establecida por
el DANE para el año 2022, que es de 80,1 años para las mujeres:

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42. En ese orden de ideas, la Sala concluye que la presente tutela no fue
radicada en un plazo prudencial, por lo que será declarada improcedente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la E.S.E. Hospital
Departamental de Villavicencio, de conformidad con lo expuesto.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, de
conformidad con lo expuesto.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”

10

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