Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04113-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04113-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-04113-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
4 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04113-01
Demandante: Belinda Gutiérrez Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia /
INMEDIATEZ – No se presentó la demanda en un término razonable
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la señora Belinda Gutiérrez
Mosquera en contra de la sentencia proferida el 1º de septiembre de 2022, por la
Sección Quinta1 del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió:
<< PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la E.S.E. Hospital
Departamental de Villavicencio, de conformidad con lo expuesto.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, de conformidad
con lo expuesto.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
al día siguiente de su ejecutoria. >> (Negrilla propia del texto)
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 27 de julio de 2022, la señora Belinda Gutiérrez Mosquera instauró demanda
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta, con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la vida en condiciones dignas. Estima que
tales prerrogativas fueron presuntamente vulneradas al proferir la sentencia de
segunda instancia del 12 de agosto de 20212, dentro del proceso de nulidad y
1
Conformada por los Magistrados Pedro Pablo Vanegas Gil, Luis Alberto Álvarez Parra, Rocío Araújo Oñate y
Carlos Enrique Moreno Rubio.
2
Sentencia de segunda instancia notificada el 23 de agosto de 2021, según consta en el aplicativo SAMAI.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04113-01
Demandante: Belinda Gutiérrez Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
restablecimiento del derecho3, que promovió contra la E.S.E. Hospital Departamental
de Villavicencio.
2.- Las pretensiones de la demanda se contraen a lo siguiente:
<< (…) solicito a los Honorables Magistrados se tutele, a mi favor los derechos
fundamentales al trabajo, a la seguridad social, al debido proceso, al acceso
material a la administración de justicia, la honra, y la dignidad, consagrados por
los artículos 1, 2, 3, 13, 25, 53, 122, 123, 125 Constitucionales, y en
consecuencia se ordene:
1. Dejar sin efecto la sentencia acusada; y,
2. Ordenar al Tribunal Administrativo del Meta, que debe proferir nueva
sentencia, restableciendo mis derechos, conforme a los razonamientos de la
sentencia de tutela, dentro del término que al efecto se señale. >>4. (Negrilla y
subrayado del texto original).
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas, se tiene que:
4.- Entre el 1º de octubre de 2007 y el 30 de abril de 2013, la señora Belinda Gutiérrez
Mosquera se desempeñó como Auxiliar Administrativa en la E.S.E. Hospital
Departamental de Villavicencio, bajo la modalidad de contratación por prestación de
servicios. Relata la actora que prestó los servicios personalmente, con subordinación
y de manera ininterrumpida.
5.- El 29 de enero de 2014, la actora elevó una petición ante la referida E.S.E., con
el propósito de que se reconociera la existencia de una relación laboral en los
extremos temporales previamente mencionados, se reconociera el pago de las
prestaciones asociadas a dicho vínculo, y se le reintegrara al cargo que ostentaba.
6.- Mediante oficio de 3 de febrero siguiente, la mencionada entidad negó esta
solicitud.
7.- En virtud de lo anterior, la parte actora presentó demanda contra la E.S.E.
Hospital Departamental de Villavicencio, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Ello con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo proferido por la E.S.E. y de manera consecuente se reconociera el
vínculo laboral y se ordenara el pago de los derechos prestacionales derivados de
dicha relación.
3
Radicado 50001-33-33-006-2014-00278-01.
4
Expediente digital, folio 2 del escrito de tutela.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04113-01
Demandante: Belinda Gutiérrez Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
8.- En primera instancia, el asunto le correspondió al Juzgado 6º Administrativo Oral
del Circuito de Villavicencio5, autoridad judicial que, mediante sentencia de 31 de
agosto de 2017, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda al encontrar que
entre la E.S.E. Hospital Departamental de Villavicencio y la señora Belinda Gutiérrez
Mosquera existió una relación laboral en los interregnos comprendidos: (i) del 1 de
noviembre de 2007 al 31 de marzo de 2009; (ii) del 1 de junio al 31 de diciembre de
2009; y, (iii) del 1 de julio de 2010 al 30 de julio de 2013. En el mismo fallo se declaró
probada la excepción de prescripción trienal de las prestaciones sociales causadas
hasta el 28 de enero de 2011, conforme a lo establecido en el artículo 102 6 del
Decreto 1848 de 1969.
9.- Ambas partes apelaron la decisión, y el Tribunal Administrativo del Meta, a través
de la sentencia de 12 de agosto de 2021, resolvió revocarla. En consideración de
dicha autoridad judicial, pese a que se acreditó la prestación personal del servicio y
la remuneración, no se probó la existencia de subordinación. Para el ad quem los
testimonios rendidos no fueron suficientes para demostrar dicho presupuesto, pues
no fueron claros, unívocos y precisos. Adicional a ello estimó que los demás medios
de prueba no fueron suficientes para evidenciar que la demandante cumplía sus
actividades con dependencia de la E.S.E.
10.- Como fundamento de las pretensiones, la accionante adujo que el Tribunal
Administrativo del Meta vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, a la
seguridad social, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
vida en condiciones dignas, por cuanto la referida decisión incurrió en los defectos
fáctico, desconocimiento del precedente judicial, decisión sin motivación, error
inducido y violación directa de la Constitución, por las siguientes razones:
11.- Sobre el referido defecto fáctico, la actora adujo que la autoridad judicial
accionada no realizó una valoración acuciosa del material probatorio aportado, pues,
considera que las funciones que desempeñaba eran propias de un “cargo de carácter
permanente” ya que este está contemplado en la planta del Hospital Departamental
de Villavicencio, lo que reflejaba la existencia del presupuesto de subordinación.
12.- Reprocha que, pese a que no se allegaron los contratos de prestación de
servicios en el periodo comprendido entre enero y junio de 2010, la autoridad
demandada no tuvo en consideración los comprobantes de egreso que evidencian
el pago de los honorarios a la accionante por el servicio prestado a la E.S.E. en ese
5
Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00413-00.
6
“Artículo 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto,
prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho
o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.”
3
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04113-01
Demandante: Belinda Gutiérrez Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
periodo.
13.- A su vez, indica que los testimonios rendidos por las señoras Sonia Aguirre
Zuárez y Rosalba Giraldo Cardona, contrario a lo manifestado por el Tribunal
Administrativo del Meta, fueron “coherentes, unánimes y claros”, debido a que
expresaron que ésta cumplía un horario y seguía las órdenes de sus superiores.
14.- Por último, refiere que la autoridad judicial demandada incurrió en dicho yerro al
cimentar su decisión exclusivamente en el testimonio rendido por el señor Germán
Dionisio Santiago, “que entre otras cosas cabe resaltar trabaja para dicha entidad, y
quien además de ninguna manera pudo demostrar la inexistencia de una vinculación
permanente con el hospital departamental de Villavicencio”.
15.- Adujo que la providencia enjuiciada incurrió en desconocimiento del precedente
judicial al apartarse de las sentencias proferidas por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en los procesos 50001-23-33-000-2010-00606-
01(1586-16) y 81001-23-33-000-2013-00041-01(3018-14), en los que se estudiaron
casos de personas que pretendían el reconocimiento de una relación laboral luego
de fungir como auxiliares de facturación en el Hospital Departamental de
Villavicencio y en el Hospital de San Vicente de Arauca, respectivamente.
16.- Frente al defecto específico de decisión sin motivación, alega que el Tribunal
cuestionado sustentó su decisión únicamente en la sentencia del 1 de junio de 2017,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, sobre la
cual estima que: “(…) en ningún caso es de iguales contornos fácticos con este
particular, por el contrario, se desconoció completamente aquellas que en efecto han
sido un precedente judicial”.
17.- Acerca del error inducido, manifestó que, el hecho de que el Hospital
Departamental de Villavicencio indicara que no existió subordinación sin aportar
evidencia alguna, solo “intenta disfrazar directrices y hechos plausibles de
subordinación con actividades coordinadas”.
18.- Refiere que se incurrió en violación directa de la Constitución, porque la
providencia acusada contraría lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 13, 25, 53, 122,
123 y 125 de la Carta Política, comoquiera que en la decisión reprochada no se
consideraron las pruebas arrimadas al proceso. Agrega que, de los elementos
fácticos y probatorios y las reglas de la sana crítica se “exhiben los elementos
necesarios para determinar la existencia de la relación laboral, y por ende, la
primacía de la realidad sobre las formalidades”.
19.- Por otro lado, la actora manifestó ser una “persona adulta” de 65 años de edad
que padece de una enfermedad terminal denominada “CARCINOMA UROTELIAL
4
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04113-01
Demandante: Belinda Gutiérrez Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
PAPILAR DE ALTA GRADO HISTOLOGICO”7 desde el 2017, lo que le ha impedido
movilizarse y conseguir empleo.
20.- Finalmente, en relación con la procedencia de la acción de tutela, expuso que
se acredita el requisito de inmediatez en la presente demanda. Para tal efecto,
arguyó que formuló el amparo de forma oportuna “ya que la decisión data del 12 de
agosto de 2021”.
B. Sentencia de primera instancia
21.- Mediante providencia de 1º de septiembre de 2022, la Sección Quinta del
Consejo de Estado negó la desvinculación de la E.S.E. y declaró improcedente la
acción tuitiva formulada por la señora Belinda Gutiérrez Mosquera al considerar que
no cumple con el requisito general de inmediatez.
22.- Al respecto, afirmó que el proveído cuestionado fue dictado el 12 de agosto de
2021 y notificado a las partes el 23 de agosto siguiente, a través de correo
electrónico, y sólo hasta el 27 de julio del año siguiente, la actora presentó la acción
de tutela por la ventanilla virtual de la Secretaría General de esta Corporación.
Agrega que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el término razonable
para impetrar dicha acción contra providencias judiciales es de seis (6) meses, de tal
suerte que el A quo consideró que la actora no acudió a esta en el plazo prudente.
23.- Adicionalmente, manifestó que, aunque la actora advirtió que su situación es
especial en razón a su edad y a la condición médica que padece desde el 2017, ésta
no aportó ningún elemento que corrobore que su estado de salud le haya impedido
promover la acción de tutela en un término razonable. Agrega que dicho término
fijado por la jurisprudencia puede ser más flexible para las personas de la ‘tercera
edad’ pero no para los ‘adultos mayores’, ya que la Corte Constitucional8 contrastó
dichos conceptos y precisó que los primeros son aquellos que han superado la
esperanza de vida certificada por el DANE9 y, los segundos, son los que superan los
60 años de edad o, que teniendo 55, presentan desgaste físico, vital y sicológico.
24.- Por lo anterior, consideró que, de acuerdo a su edad actora hace parte del grupo
de adultos mayores, “ya que actualmente cuenta con 65 años y no supera la
expectativa de vida establecida por el DANE para el año 2022, que es de 80,1 años
para las mujeres”.
C. La impugnación10
7
Resaltado propio del texto original.
8
Sentencia T-015 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9
Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
10
Enviada a través de correo electrónico el 8 de septiembre de 2022, consta de 57 folios.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04113-01
Demandante: Belinda Gutiérrez Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
25.- Inconforme con la providencia anterior, la parte actora presentó escrito de
impugnación, en el cual señaló que, en efecto, superó el plazo razonable para
instaurar la acción de tutela, sin embargo, lo anterior se dio porque se encuentra en
una situación especial, debido a su enfermedad terminal, por encontrarse
actualmente en situación de pobreza por sus nulas oportunidades laborales y por ser
víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado.
26.- Así mismo, cuestionó que el A quo manifestara que no aportó ningún elemento
que acreditara la imposibilidad de presentar el amparo en un término razonable. Ello
lo hizo en los siguiente términos:
“(…) en los folios 722-723-724 y 725 se relacionaron documentos que hacen parte
integral de mi historia clínica en los que se evidencia el padecimiento de la
enfermedad terminal, que de haber sido valorada de manera concienzuda dicha
apreciación manifestada por el despacho hubiera sido diferente, teniendo en cuenta
que por causa de dicha enfermedad me debo someter a controles y procedimientos
constantes que ocurrieron incluso durante el trascurrir del tiempo establecido como
plazo razonable para la presentación de la acción constitucional, documentos de
dichos procedimientos que ante la duda jamás me fueron requeridos”11.
27.- Indica que, durante el lapso de tiempo razonable que indica la Corte
Constitucional para promover el presente amparo, se realizó una serie de controles
y/o procedimientos médicos, motivo por el cual le fue “imposible cumplir con dicho
requisito”, por lo que, solicita en este recurso que “sean flexibles y se me permita
acceder a la presentada acción constitucional de tutela”. La anterior afirmación la
sustenta de la siguiente manera:
“(…) durante las siguientes fechas estuve en controles y/o procedimientos que de
manera indiscutible generan dolor, depresión, así como otras dolencias que
evidentemente no me permitían presentar dicha acción constitucional, dentro de las
mencionadas fechas se relacionan las siguientes:
• 29 de septiembre de 2021 DIAGNOSTICO CONTROL
• 29 de septiembre de 2021 DIAGNOSTICO CONTROL MEDICAMENTOS
• 16 de octubre de 2021 RX TORAX
• 27 de octubre de 2021 ECO VIAS URINARIAS
• 16 de diciembre de 2021 CITOSCOPIA
• 16 de diciembre de 2021 PROCEDIMIENTO QUIRURGICO
• 16 de diciembre de 2021 CISTOCOPIA TRANSURETRAL
• 25 de enero de 2022 CITOLOGIA URINARIA
• 28 de febrero de 2022 UROCULTIVO
• 28 de febrero de 2022 UROGRAFIA CON TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA
• ENTRE OTRAS”.
11
Resaltado propio del texto original.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04113-01
Demandante: Belinda Gutiérrez Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
28.- Conforme a los argumentos expuestos, la parte actora solicitó que se revoque
la decisión proferida en primera instancia, por considerar que la Sección Quinta de
esta Corporación no apreció ni valoró los argumentos aportados “ya que no se
procuró el aporte de documentos que demostraran los motivos de salud que me
impidieron presentar la acción constitucional dentro de los tiempos razonables
establecidos.”
II. - C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
29.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 199112
E. Análisis del caso concreto
30. Dado lo anterior, corresponde determinar si se confirma, modifica o revoca el
fallo impugnado, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró
improcedente la solicitud de amparo.
31.- En relación con el presupuesto de la inmediatez para la interposición de
demandas de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación ha considerado, lo siguiente:
<< Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección de las
garantías constitucionales y el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados. (…) De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la situación que vulnera
o amenaza vulnerar un derecho fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas las acciones de tutela, es más
estricto cuando se interpone contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo significativo desde el hecho
vulneratorio de los derechos, ‘resulta claramente desproporcionado el control
constitucional de una providencia judicial por la vía de tutela’13’14.
Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión judicial
que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la acción de tutela para buscar su amparo 15.
12
“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
13
Original de la cita: “En la sentencia se cita la providencia SU-961 de 1999”.
14
Original de la cita: “Sentencia T-189 de 2009”.
15
Original de la cita: “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal c) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005”.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04113-01
Demandante: Belinda Gutiérrez Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
Tal aseveración es razonable toda vez que, ‘de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría
una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos’16.
(…) Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección
pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se ejerza en un tiempo
razonable, prudencial, requisito que garantiza la realización del principio de seguridad
jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e inmutable.
Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas
secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto 17.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a
partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la
acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente>> (negrillas y
subrayado del original).
32.- De entrada, se advierte que, en este caso no se cumple el requisito general de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial referente a la
inmediatez, conclusión que no varía de cara a los elementos que la actora presenta
en su escrito de impugnación.
33.- La Sala encuentra que la providencia del 12 de agosto de 2021 fue notificada
por correo electrónico el 23 de agosto siguiente18. No obstante, la demanda de tutela
se presentó, por la ventanilla virtual del Consejo de Estado el 27 de julio de 202219,
es decir, superando el término de seis meses establecido en la jurisprudencia
unificada, pacífica y reiterada de esta Corporación20.
34.- En ese contexto, la Corte Constitucional21 determinó que, si bien es cierto que
el artículo 8622 de la Constitución Política prevé que la acción de tutela se podrá
presentar “en todo momento y lugar” y por ende no tiene un término de caducidad,
16
Original de la cita: “Ibíd”.
17
Original de la cita: “La Sección Primera en algunas ocasiones ha tomado un término equivalente al previsto
para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de cuatro meses y, en otras, ha
manifestado que es de seis meses. La Sección Segunda ha sostenido que el término razonable para interponer
la acción de tutela contra providencias judiciales no puede exceder de un año. Por su parte, las Secciones Cuarta
y Quinta han fijado como razonable para su interposición un plazo de seis meses”.
18
Tal y como aparece reflejado en el aplicativo SAMAI, rad. 11001-03-15-000-2022-04113-00.
19
Ibídem.
20
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
21
En Sentencia SU-108 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
22
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública (…)”
8
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04113-01
Demandante: Belinda Gutiérrez Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
no puede obviarse que, “ (…) de su naturaleza como mecanismo para la ‘protección
inmediata’ de los derechos fundamentales, se puede establecer que su finalidad es
la de dar una solución de carácter urgente a las situaciones que tengan la
potencialidad de generar una vulneración o amenaza a derechos fundamentales.”
(Subrayado propio)23.
35.- De acuerdo con la precisión anterior, la Corte es enfática en reiterar que debe
existir una correlación entre el requisito general de inmediatez de la acción tuitiva y
el deber de promover la misma en un término “justo y oportuno”. En síntesis, la
solicitud de amparo debe ser formulada dentro de un término razonable desde el
punto de partida en que se ocasionó el hecho o la omisión que generó la vulneración
de las prerrogativas iusfundamentales alegadas. Dicha razonabilidad deberá ser
determinada por el juez constitucional de acuerdo con las circunstancias de cada
caso en concreto y, en el evento en que exista tardanza en el ejercicio de la acción,
(i) el accionante deberá exponer las razones que convaliden la demora en la
interposición de la misma, (ii) que, a pesar del paso del tiempo, la lesión o amenaza
de sus derechos continúan vigentes y (iii) que exigir la presentación de la acción en
un término razonable sea desproporcionado, dadas las condiciones de debilidad
manifiesta del actor. Superado lo anterior, el amparo será procedente.
36.- Ahora bien, la parte accionante, en su escrito de tutela, afirmó que, para efectos
de acreditar el requisito de inmediatez, presentó la acción de tutela de forma
oportuna porque la providencia cuestionada “data del 12 de agosto de 2021”. A su
vez, en el escrito de impugnación, reconoce que se tardó en presentar la solicitud de
amparo dentro del término razonable porque se encontraba imposibilitada por
motivos de carácter económicos, de salud y por ser víctima de desplazamiento
forzado debido al conflicto armado en nuestro país. Para lo anterior, puso de
presente que: (i) en los folios del 722 al 725 del amparo deprecado, aportó la historia
clínica en donde se refleja su situación médica; y, (ii) arribó en la impugnación
documentos que informan sobre los controles y procedimientos médicos que le
practicaron ocasionalmente en el plazo fijado por la jurisprudencia constitucional.
37.- Al respecto, la Sala advierte que, pese a que la señora Belinda Gutiérrez
Mosquera afirma que se encuentra en una situación especial por su condición
médica, económica y social, no justifica ni expone suficientemente por qué esto le
impidió instaurar el presente mecanismo constitucional en el plazo razonable
dispuesto por la Corte Constitucional y adoptado por esta Corporación -teniendo la
carga de hacerlo-, pues, aunque la actora en sus escritos manifestó padecer de una
enfermedad terminal, lo cierto es que dicho estado de salud no ha cambiado en la
actualidad, lo que refleja que ésta se encontraba en similitud de condiciones desde
el momento en que presuntamente vio vulnerados sus derechos fundamentales por
lo decidido en la sentencia de segunda instancia dictada por la autoridad judicial
23
Ibidem.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04113-01
Demandante: Belinda Gutiérrez Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
accionada, hasta el día en que presentó esta acción de tutela, lo que desvirtúa el
carácter urgente de la misma.
38.- Aunado a lo anterior, las condiciones económicas en las que se encuentra la
parte actora no son razón suficiente para flexibilizar dicho plazo jurisprudencial,
comoquiera que la acción de tutela responde al presupuesto de gratuidad como
principio base del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
consecuencia, la defensa de los derechos alegados mediante la solicitud de amparo
no suponen gasto económico alguno y, para la presentación de la misma, tampoco
se requiere de los servicios de un profesional en derecho pues podrá adelantarla a
nombre propio, como en efecto lo hizo. A su vez, se hace hincapié en que, producto
de la crisis sanitaria originada por el Covid-19, las acciones constitucionales se
pueden presentar de manera digital, lo que implica que no es necesario el
desplazamiento a las sedes judiciales para la interposición de las mismas.
39.- Por otro lado, no precisó los argumentos por los cuales el haber sido víctima de
desplazamiento forzado producto del conflicto armado en Colombia, le impidió
promover la protección de sus derechos fundamentales.
40.- En consecuencia, dado que no se acreditó rigurosamente la imposibilidad de
formular el amparo dentro de un plazo razonable y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, el momento para iniciar el cómputo del término de
los seis (6) meses que se tenían para interponer la misma en un lapso razonable y
oportuno, fue el 23 de agosto de 2021, al día siguiente en que se notificó la
providencia objeto de reproche constitucional a los sujetos procesales, por lo que el
término feneció el 23 de febrero de 2022. Pese a ello, la acción de tutela fue
formulada el 27 de julio siguiente, sin que se exprese una justificación válida y
significativa para dicho retardo.
41.- Así las cosas, cuando la parte actora acude al juez constitucional tiempo
después de haberse presentado la acción u omisión que estima vulneratoria de sus
derechos fundamentales, se desvirtúa el carácter urgente de la acción de tutela,
impidiendo con ello que el juzgador adopte una decisión que asegure la protección
inmediata de los derechos fundamentales invocados.
42.- Por consiguiente, la acción de tutela que se examina no cumple con el requisito
general de inmediatez. Por lo tanto, habrá de confirmarse el fallo de 1º de septiembre
de 2022, proferido por la Sección Quinta de esta Corporación.
43.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
10
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04113-01
Demandante: Belinda Gutiérrez Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia).
III.- F A L L A
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 1º de septiembre de 2022, por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE24
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
24
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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