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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04163-00

Fecha
25 de agosto de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04163-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo frente a la causal de decisión sin motivación, por no cumplir con el requisito general de la subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela respecto del defecto fáctico y del defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 30 Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00 Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04163-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

25 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / falta del cumplimiento del
requisito general de subsidiariedad

Defecto fáctico/alcance

Defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 10 de febrero de 2022, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
110010325000201200507-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado1, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio,
al proferir la sentencia de 10 de febrero de 2022, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 110010325000201200507-00, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Procuraduría General de la
Nación, con el fin de que se declarara la nulidad del “[…] i. Fallo de única
instancia de 28 de julio de 2011, por medio del cual declaró disciplinariamente
responsable a unos servidores de la Secretaría de Educación de Bogotá, entre
ellos, al señor Ángel Augusto Pérez Martínez en calidad de Subsecretario
Administrativo del órgano territorial, y lo sancionó con destitución e inhabilidad
general por el término de 10 años para el ejercicio de cargos públicos; ii. Fallo del
12 de diciembre de 2011, por medio del cual confirmó el fallo del 28 de julio de
2011 […]”, expedidos dentro del proceso disciplinario identificado con el número
143-164041.

3.1. Precisó que, a título de restablecimiento el derecho, solicitó se ordenara a la
Nación – Procuraduría General de la Nación: i) retirar el registro de todo
antecedente disciplinario generado con ocasión de la investigación disciplinaria;
1
Documento denominado “2_DemandaWeb_Demanda-Poder(.pd f) NroActua 2”. Archivo aportado en forma
digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

ii) pagar en su favor la suma de $121.706.452 por concepto de perjuicios
materiales; iii) pagar la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, por concepto de perjuicios inmateriales; iv) indexar y pagar los intereses
de las sumas resultantes como restablecimiento; y v) pagar las costas
procesales.

Sentencia proferida el 10 de febrero de 2022 por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 110010325000201200507-00

4. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 10 de febrero de 2022, resolvió:

“[…] Niéguense las súplicas de la demanda, por lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia […]”.

4.1. Como antecedentes fácticos y jurídicos del proceso disciplinario, precisó
que:

“[…] Desde ahora la Sala advierte y revisado el acervo probatorio del expediente,
que los actos administrativos demandados surgieron a la vida jurídica como
consecuencia de varias quejas que por irregulares en la adquisición del Lote El
Clavel, presentaron individualmente, varias personas […] De los antecedentes
procesales y de actos acusados demandados se advierte que, la situación fáctica
que generó la sanción al señor Ángel Augusto Pérez Martínez, consistente en
destitución e inhabilidad general por 10 años, radicó en el hecho de haberlo
encontrado disciplinariamente responsable de falta gravísima a título de culpa
gravísima por infracción de numeral 31 artículo 48, inciso segundo del numeral 3
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, numerales 7 y 12 del artículo 25, numerales
1 y 4 del artículo 26, artículo 29 de la Ley 80 de 1993, y artículos 1887 y 1889 del
Código Civil, por (i) haber participado en el proceso de adquisición del predio El
Clavel, en detrimento del patrimonio público, con desconocimiento de los principios
que regulan la contratación estatal, no advertir inconvenientes del inmueble que no
era apto, ni el sobreprecio del mismo. (ii) permitir o tolerar que con ocasión de la
compra en condiciones de evidente sobreprecio del predio El Clavel, el señor
Néstor Germán Castañeda Aguirre incrementara injustificadamente su patrimonio
[…]”.

4.2. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] En el acervo probatorio obrante en la actuación disciplinaria y que reposa en
el expediente contencioso, no obra estudio particular técnico, físico, jurídico,
económico y de calificación o de asignación de puntaje al inmueble El Clavel,
anterior la oferta de compra y a su adquisición […] De manera que la adquisición

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Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

del inmueble El Clavel, la realizó la Secretaría de Educación con base a un avaluó
espurio, como lo demuestran las pruebas obrantes en el expediente […]”.

[…]
“[…] Revisado el acervo probatorio obrante en el expediente, se evidencia que
previamente a la expedición de los actos administrativos cuestionados, la
demandada agotó la actuación disciplinaria [investigación preliminar e investigación
disciplinaria. La Procuraduría General de la Nación formuló dos cargos contra el
señor Ángel Augusto Pérez Martínez y por los mismos fue sancionado. En el
siguiente cuadro se resume la concordancia entre el pliego de cargos y el acto
administrativo sancionatorio […] Sumado a lo anterior; cotejados tanto el auto de
cargos con los fallos disciplinados demandados se observa que también tienen
conexión con la situación fáctica y jurídica objeto del proceso disciplinario, y del
acervo probatorio. Vale decir, existió coherencia entre, los cargos y el fallo, la
situación fáctica, jurídica y probatoria […]”.

[…]

“[…] Revisado el expediente, no obra acto administrativo mediante el cual el señor
Pérez Martínez, hubiere delegado esa función. También las pruebas que obran en
expediente, y en el contexto de las funciones como Subsecretario Administrativo de
la Secretaría de Educación, dan cuenta que, el señor Ángel Augusto Pérez
Martínez, celebró contratos […] y firmó como ordenador del gasto las órdenes de
pago del inmueble el Clavel […] Ahora, revisado el acto administrativo sancionador,
el ente disciplinario entre los fundamentos, adujo que el señor Pérez Martínez,
procedió de manera negligente respecto en su función de control y vigilancia,
desconoció principios de contratación estatal [selección objetiva] […]”.

[…]

“[…] Teniendo en cuenta lo anterior y examinado el acto administrativo
sancionatorio principal, se observa que el mismo contiene motivación suficiente,
habida cuenta que en su texto destinó apartados para referirse a la identidad del
investigado, los hechos, al análisis de las pruebas recaudadas, al análisis de cada
uno cargos y de los descargos y alegatos de conclusión, a la estructura de la falta y
de la culpabilidad, a los criterios y fundamentos para la graduación de la sanción, al
conocimiento de la ilicitud y razones que motivaron al ente disciplinario a adoptar la
decisión sancionadora […]”.

[…]

“[…] De manera que las faltas endilgadas y por la cuales fue sancionado el señor
Pérez Martínez, se encuentra tipificada taxativamente en el Estatuto disciplinario
como gravísima, cuya consecuencia es la destitución del cargo y la inhabilidad
mínimo por 10 años. En tanto, el numeral 13 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002,
citado por la parte demandante, prevé también como falta «13. Ocasionar daño o
dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan
llegado a su poder por razón de sus funciones», la que según el interesado, está
considerada por estatuto disciplinario como falta leve o grave y no tipificada como
gravísima.

126. Sabido es y de conformidad con el inciso 2 del artículo 50 de la Ley 734 de
2002, la gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los
criterios señalados en el artículo 43 de este código, entre estos, la jerarquía y
mando que el servidor público tenga en la respectiva institución. Los artículos 44 y
50 ibídem […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

[…]

“[…] Si bien, los testimonios en sede judicial entre estos, ratifican, su concepto en
el sentido que el predio el Clavel era la opción más idónea para los fines y el
proyecto educativo de la Secretaría de Educación, empero, los hechos
determinantes de la investigación y sanción disciplinaria radicaron, justamente, en
las irregularidades en el proceso de adquisición, y el proceder negligente del señor
Ángel Augusto Pérez Martínez, respecto del control y vigilancia en el mentado
proceso. Lo que no fue desvirtuado en el proceso disciplinario, por el contrario
quedó en evidencia en la actuación disciplinaria y ahora a lo largo de esta
providencia […] el hecho de la alteración fue demostrado en el proceso disciplinario
y el fallo de responsabilidad disciplinaria, registró una a una, en total 13 las
irregularidades en las que se incurrió en el proceso de adquisición del inmueble El
clavel, entre estas, que soslayó las recomendaciones formuladas por el ingeniero
catastral Walter Álvarez, no contaba con las exigencias requeridas a la prestación
de servicios públicos, no tuvo en claro cuál era la dimensión real del predio, no
contó, con la totalidad de estudios previos, y el negligente proceder el señor Pérez
Martínez respecto del control y vigilancia que debía ejercer […]”.

[…]

“[…] el señor Ángel Augusto Pérez Martínez, contaba con las condiciones
profesionales suficientes [formación superior como economista y administrador
público] y se desempeñaba como Subsecretario Administrativo, nivel directivo y
entre sus funciones tenía la dirigir, supervisar y controlar la adquisición de los
bienes y servicios requeridos para el cabal cumplimiento de las funciones de la
Secretaría, luego estaba en condiciones de advertir irregularidades en el proceso
de adquisición del previo (sic), entre estas, la falsificación del avalúo, El Clavel, y
evitarlas.

142.De manera que su condición profesional y función, le exigía tener conocimiento
de los precios catastrales, prediales, comerciales, zonales de los inmuebles en
Bogotá, con mayor razón sobre aquellos que tuvieren opción de compra para los
proyectos educativos del órgano territorial, de consiguiente advertir la presencia de
alguna acción fraudulenta y evitarla, en consecuencia, estaba en condiciones de
evitar el hecho de la alteración del avaluó y superarlo, se reitera, sin embargo, esta
Sala observa que la adquisición del predio El clavel, se llevó a cabo con
intervención del señor Pérez Martínez, con fundamento en la recomendación
«informal» de los señores Iván Correa Herrán, Enrique Villamil, y Carlos Alberto
Benavides, del convenio de diseño 182-2004 y no la del ingeniero Walter Álvarez
en desarrollo del contrato de consultoría 163-2004, [contratado para efectuar los
estudios técnicos, jurídicos y económicos], y con un avalúo alterado, no realizó la
obtención de elementos mínimos básicos, con el certificado de avaluó catastral, ni
con los estudios, técnico, jurídicos, económicos, físicos previos en estricto sentido,
ni de asignación de puntaje de 0 a 200 como lo exigía el Manual de contratación de
Bogotá-secretaría de Educación, y el artículo 30-7 de la Ley 80 de 1993, tampoco
de control del avaluó recibido por la Secretaría de Educación. Luego no resulta
apropiado alegar en su favor, imposibilidad de detectar un avaluó falsificado […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

5. El actor solicitó en su escrito de tutela:

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Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

“[…] Conforme a los hechos y fundamentos aquí enunciados, solicito
respetuosamente que se tutele el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia y debido proceso de mi poderdante, los cuales fueron
conculcados con la expedición de la sentencia emitida en única instancia al interior
del proceso contencioso administrativo bajo el radicado 110010325000201200507
00, y como consecuencia:

1. Se anule la providencia emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
del 10 de febrero de 2022, en tanto vulneró los derechos fundamentales de Ángel
Augusto Pérez Martínez.

2. Se ordene, conforme a derecho, a la autoridad judicial accionada que adopte una
providencia judicial sujeta a los parámetros del Estado Social de Derecho y la
garantía efectiva de acceso a la administración de justicia y debido proceso. Esto
es, una en la que resuelva efectivamente todos los cargos de anulación propuestos
contra los actos administrativos demandados, valore las pruebas recaudadas
durante el proceso y aplique razonablemente los supuestos normativos que aplican
para la resolución del litigio y que, en tal sentido, anule el juicio sancionatorio
equivocado en que incurrió la autoridad administrativa en el caso concreto […]”.

5.1. El actor señaló que, a su juicio, la autoridad judicial demandada profirió una
decisión sin motivación, lo cual sustentó en los siguientes términos:

“[…] No resuelve los cargos de anulación propuestos en el escrito de demanda, ni
los problemas jurídicos planteados en la audiencia inicial. Por consiguiente, incurre
en sentencia sin motivación en cuanto desconoce las normas que obligan a toda
autoridad judicial a absolver plenamente los puntos de la litis.

b. A pesar de referir al contenido de varios cargos de nulidad presentados en la
demanda, la providencia no emite concepto concreto alguno y de fondo sobre ellos.
Lo que constituye un defecto de providencia sin motivación […]”.

[…]

“[…] Con base en lo expuesto, desde la óptica del derecho a la administración de
justicia -y correlativamente al debido proceso-, es constitucionalmente inadmisible
que cargos esbozados en una demanda sean omitidos o descartados en la sentencia
sin ofrecer detalle al respecto. Pues bien sea que se estimen improcedentes o
equivocados, a toda persona le asiste el derecho de conocer con certeza por qué las
razones que esgrime para obtener la protección de sus derechos no son acogidas
por la autoridad judicial […]”. (Resaltado por la Sala)

5.2. Igualmente, el actor indicó que, a su juicio, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico, al considerar que:

“[…] Las pruebas que no se valoraron o apreciaron defectuosamente son los
testimonios de Ramón Enrique Villamarín Quintero, Alberto Iván Correa Herrán,
Carlos Alberto Benavides Suescún, Jaime Germán Álvarez González y Claudia
Mónica Naranjo Londoño, los cuales fueron debidamente recibidos en la audiencia
de pruebas realizada el 5 de junio de 2017 en el trámite judicial […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

[…]

“[…] Las pruebas recaudadas mostraron, entonces, que al interior del proceso
disciplinario era útil, conducente y pertinente conocer el criterio técnico de evaluación
bajo el cual una comisión de expertos del mayor nivel y, además, encargados de
emitir conceptos para la construcción de colegios públicos, recomendó la adquisición
del predio el clavel. Por lo que la negativa de recaudar esos medios de prueba
vulneró, en efecto, el debido proceso y derecho de defensa del investigado.

Por otra parte, el contenido de las pruebas recaudadas controvirtió plenamente y de
fondo el presupuesto principal del primer cargo disciplinario formulado en contra de
Ángel Augusto Pérez Martínez, esto es, que él eligió SIN SUSTENTO TÉCNICO un
predio que NO ERA APTO para desarrollar el proyecto previsto por la SED. También
demostró que eran equivocadas aquellas apreciaciones sobre la ausencia de
evaluación previa, la existencia de limitaciones condicionantes para la construcción
del colegio o la afectación a las expectativas de la comunidad […]”.

[…]

“[…] Los testigos y expertos escuchados concluyeron que la decisión adoptada por
Ángel Augusto Pérez Martínez, técnicamente, fue la mejor. Por lo que es arbitrario
sostener que su comportamiento desconoció el principio de planeación y omitió
verificar un criterio técnico referente a las condiciones y viabilidad del proyecto para
escoger el bien adquirido […]”.

[…]

“[…] De la argumentación consignada en el fallo se sigue que ninguno de los dos
testimonios antes reseñados y su incidencia probatoria fue considerado a la hora de
evaluar los actos administrativos demandados y el juicio de responsabilidad
disciplinaria impuesto sobre Ángel Augusto Pérez Martínez […]”. (Resaltado por la
Sala)

5.3. Finalmente, el actor señaló que, en su criterio, la autoridad judicial
demandada incurrió en un defecto sustantivo por indebida interpretación de
una norma jurídica, el cual sustentó en los siguientes términos:

“[…] Interpreta y aplica de forma contraria a derecho el contenido de los artículos
13 y 43 de la Ley 734 de 2002. Por lo que reafirma un juicio de responsabilidad
objetiva proscrito por la Ley. Situación que configura un defecto sustantivo por
aplicación manifiestamente equivocada de una norma jurídica […]”.

[…]

“[…] Las cautelas más elementales en la condición de Subsecretario no consistían
de ninguna manera en desconfiar del trabajo de esa persona, quien era la
responsable de controlar y asegurar la autenticidad del avalúo. Menos sospechar
que los documentos entregados habían sido perfectamente simulados y alterados
para reconocer un valor que, aunque artificioso, resultaba en todo caso inferior al
promedio por metro cuadrado que la SED venía reconociendo en Ciudad Bolívar
[…]”.

[…]

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Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

“[…] Por lo que esa exigencia que enuncia el fallo, además de irrazonable, es
abiertamente opuesta al concepto de culpa gravísima o grave que enuncia la Ley.
Pues ese nivel de cuidado que propone como modelo de conducta no corresponde
con la cautela mínima (culpa gravísima), ni siquiera con el cuidado que una persona
del común tiene en desarrollo de sus asuntos ordinarios (escenarios que configuran
culpa). Por lo que aseverar que en ejercicio del cargo de se debió memorizar el
valor catastral de todas las zonas que integran el casco urbano de Bogotá rompe
completamente con la juridicidad de la decisión emitida […]”. (Resaltado por la
Sala)

Actuación

6. El Despacho sustanciador, mediante auto de 4 de agosto de 2022; i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado; y iii) vinculó como tercero con
interés legítimo a la Nación – Procuraduría General de la Nación, concediéndoles
el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

7. La Procuraduría General de la Nación, solicitó negar la acción de tutela,
al considerar que:

“[…] una vez leído y analizado el escrito de tutela con relación al fallo de marras, no
se vislumbra que dentro de sus consideraciones la Corporación de Justicia
accionada haya incurrido en algún tipo de vulneración a las garantías
fundamentales, específicamente al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia.

La presente acción instaurada por el señor ANGEL AUGUSTO PEREZ MARTINEZ,
resulta a todas luces improcedente, como quiera que la pretensión se encuentra
única y exclusivamente dirigida a generar una Instancia adicional dentro de la
problemática tratada en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo
fallo se emitió en forma correcta y con apego de las normas que regulan la
temática, negando las pretensiones de la demanda […]”.

[…]

“[…] Visto lo anterior, resulta plenamente evidente que el Consejo de Estado
estudió de forma integral el proceso disciplinario y logró evidenciar que no hubo
irregularidad alguna como lo plantea el accionante […]”.

8. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado allegó el
expediente digital del proceso del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho objeto de debate.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

9. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de
conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19912, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86
de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm.
333 de 6 de abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre
de 20184 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

10. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

11. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al proferir la
sentencia de 10 de febrero de 2022, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
110010325000201200507-00, profirió una decisión sin motivación e incurrió en
defecto fáctico y en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable de
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3
“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
4
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
5
Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

normas jurídicas, lo que trajo como consecuencia que se vulneraran sus
derechos fundamentales.

12. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto fáctico; v) el
defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas; vi) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vii) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia; viii) análisis del caso concreto, y finalmente ix) las
conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

13. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que
debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en
presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las
profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en
el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

14. Esta Sección7 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

15. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la
relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa
judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se
trate de tutela contra tutela.

16. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”8.

17. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material
o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento
del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos
parámetros.

19. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
8
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
9
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

12

Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

20. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de
la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela en el caso concreto

21. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.

22. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple
con los requisitos generales de procedibilidad, así:

22.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia
constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos
fundamentales del actor al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

22.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii) el actor cumplió con
la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en la causal de decisión sin motivación, en
un defecto fáctico y en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable de
normas jurídicas.

22.3. Para la Sala exigirle al actor una carga argumentativa mínima se justifica,
toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales11, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.

22.4. Cumplió con el principio de inmediatez12.

22.5. La Sala advierte que, frente al defecto fáctico y el defecto sustantivo por
interpretación irrazonable de normas jurídicas, no existen medios ordinarios y/o
extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales el actor
pueda lograr la protección de los derechos invocados. Sin embargo, en lo que
concierne a la causal de proferir una decisión sin motivación, esta Sección
considera que no se cumple con el requisito general de la subsidiariedad, toda
vez que el actor cuenta con otro medio de defensa judicial para controvertir la
sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, esto es el recurso extraordinario de revisión13.

22.5.1. En efecto, esta Corporación14 se pronunció en relación con la causal
de nulidad originada en la sentencia, como causal de procedencia del recurso
extraordinario de revisión, en los siguientes términos:

“[…] El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o
insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta Corporación ha
identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la sentencia15

11
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
12
Puesto que la sentencia de 10 de febrero de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, se notificó el 9 de marzo de 2022, mientras que la tutela se interpuso el 1.° de agosto
de 2022, es decir, se presentó antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia
cuestionada.
13
Frente al cargo de decisión sin motivación, ha señalado esta Sala que procede el recurso de extraordinario
de revisión, Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3
de abril del 2020, número único de radicación: 11001 03 15 000 2020 00579 00. C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, Sentencia
del 5 de abril del 2016, número único de radicación: 11001 03 15 000 2008 00320 00. C.P. Danilo Rojas
Betancourt.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 11 de mayo de 1998, rad.
REV-093; de 18 de octubre de 2005 rad. 2000-00239, de 20 de octubre de 2009, rad. REV-2003-00133; y de

14

Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

[…]”.

[…]

“[…] Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en
la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia
condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso […]”. (Resaltado
por la Sala)

22.5.2. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, con fundamento en la
jurisprudencia citada supra, existían en el caso sub examine otros mecanismos
de control judicial para garantizar la protección de los derechos fundamentales
del actor, como lo es el recurso extraordinario de revisión, previo al cumplimiento
de los requisitos legales, para controvertir lo decidido en la sentencia, respecto a
la causal de decisión sin motivación, antes de acudir a la acción de tutela. En esa
medida, la Sala declarará la improcedencia de la tutela como se dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.

22.5.3. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se
configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio.

22.5.4. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco
de la acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional16:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”17[…]”.

sentencia de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00 (REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez; Sección Segunda,
Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de
diciembre de 2009, rad. 2006-00123.
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

15

Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

22.5.5. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor
se encuentra en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales.

22.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es
necesario hacer un análisis de este requisito;

22.7. El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

22.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-

23. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal
de procedibilidad18 por defecto fáctico:

“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia19 ha determinado
que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta
arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b)
valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida
forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas
pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se
entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran
dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.

El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la
negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez;”20 mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia

18
“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de
manera arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros
constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición
del interés propio de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos
contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y
de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.”
(Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).
19
Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y
T-535 de 20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
20
Corte Constitucional.

16

Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución.”21[…]“.22

24. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de
manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios
debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió
haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del
acervo probatorio.

25. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en
cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y
que, con fundamento en los principios constitucionales de independencia y
autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la
valoración de las pruebas. La Corte dijo:

“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de
autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al
momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme
a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder
comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto
puede lesionar derechos fundamentales […]”23.

Defecto sustantivo por interpretación irrazonable de una norma jurídica

26. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura un
defecto sustantivo:

“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial
emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma
adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad
jurídica. 24
En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:

21
Ibídem.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de
2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.
23
Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
24
Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743
de 24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de
enero de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy
Cabra, Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte
Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con
ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

17

Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

a. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente25 o porque ha sido derogada26, es inexistente27,
inexequible28 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador29.

b. No se hace una interpretación razonable de la norma30.

c. Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos
erga omnes31.

d. La disposición aplicada es regresiva32 o contraria a la Constitución33.

e. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición34.

f. La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma35.

g. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó
o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente […]”.

27. Como se puede evidenciar uno de los defectos sustantivos en que puede
incurrir un juez es la interpretación irrazonable de la norma jurídica aplicable al
caso concreto que se realiza de manera arbitraria vulnerando los postulados
constitucionales y por consiguiente los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

28. Frente al alcance de la interpretación irrazonable de las normas jurídicas la
Corte Constitucional ha dicho:

“[…] Sobre la última hipótesis, relativa a la interpretación irrazonable de las
disposiciones jurídicas, la Corte ha dicho que se trata de la causal de procedencia
de la tutela por defecto sustantivo más restringida. Esto tiene que ver con que la
interpretación de la ley sea un campo en el que se manifiestan con especial
intensidad los principios de independencia y autonomía judicial que, en el marco

25
Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
26
Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
27
Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
28
Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
29
Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
30
Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-
1101 de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
31
Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de
9 de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera
Carbonell.
32
Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
33
Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
34
Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
35
Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

del Estado Constitucional de Derecho, protegen a los jueces de injerencias
indebidas en su labor de resolver las controversias jurídicas que se sometan a su
conocimiento a partir de la interpretación que estimen más ajustada al
ordenamiento jurídico y a los criterios auxiliares de la actividad judicial: la
equidad, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho.36

La independencia y la autonomía que se reconoce a los jueces a la hora de
interpretar la legalidad infraconstitucional no son, sin embargo, absolutas37. El
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º C.P.), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º C.P.), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º C.P.), el principio de legalidad contenido en el
derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.) y la garantía de acceso
a la administración de justicia (artículo 228 C.P.) exigen que todos los poderes y
autoridades públicas adopten decisiones acordes a los cánones superiores38 y
justifican, además, la intervención del juez constitucional, cuando los preceptos
de la norma superior sean amenazados o menoscabados por cuenta de una
interpretación judicial abiertamente irrazonable.

17. El hecho de que las autoridades judiciales estén sometidas a las restricciones
derivadas del diseño constitucional adoptado por la Carta de 1991 supone,
entonces, que su labor interpretativa encuentre como límite infranqueable el
principio de legalidad, entendido en su acepción amplia, es decir, como un
precepto que alude a la totalidad de las fuentes del derecho, en cuya cúspide se
encuentra la Constitución como norma superior que aspira a otorgarle unidad y
coherencia al ordenamiento jurídico.39

Bajo tales supuestos, esta Corporación ha señalado que una autoridad judicial
puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable en al menos
dos circunstancias: i) cuando le otorga a una disposición jurídica un sentido y
alcance que no tiene, es decir, que la interpreta de forma contraevidente, o ii)
cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en
principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece,
pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a
resultados desproporcionados.

18. La interpretación contraevidente como causa generadora del defecto
sustantivo por interpretación irrazonable se presenta cuando el juez deriva
interpretativamente una norma jurídica que no se desprende del marco normativo
que ofrece la disposición aplicable al caso, en contravía del principio de legalidad.
Sin embargo, el defecto sustantivo no se presenta ante cualquier discrepancia
dogmática respecto de la opción interpretativa acogida por la autoridad judicial,
sino, solamente, cuando la misma es manifiestamente irracional, sin sentido,
36
Constitución Política, Artículo 230.
37
Corte Constitucional, Sentencias T-1031 de 27 de septiembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett
y T-1001 de 18 de septiembre de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
38
Cfr. Además, ha sostenido este Tribunal que entender la Constitución como un cuerpo armónico, supone
concebir la estructura del Estado (parte orgánica), en función de la eficacia de los derechos constitucionales,
los principios y los fines del estado (parte dogmática).
39
Al respecto, esta Corporación en sentencia C-1026 de 26 de septiembre de 2001, M.P. Eduardo
Montealegre Lynett indicó que “Si los jueces, por una parte, son los encargados de hacer efectivos los
derechos y libertades individuales, y por otra, son los que realizan la labor de aplicación del derecho positivo
a la realidad social, entonces puede afirmarse que, respecto de ellos, el principio de legalidad cobra una
dimensión hermenéutica de gran importancia, en la medida en que durante el desarrollo cabal de sus
funciones deben realizar varios ejercicios interpretativos, tanto de la ley, como de las circunstancias fácticas
sobre las cuales habrán de decidir. Ahora, es claro que a partir del tránsito constitucional de 1991, con el
reconocimiento (en el artículo 4 Superior) del valor normativo intrínseco de la Carta, esa labor de
interpretación se debe conducir según los cauces que ha trazado la doctrina constitucional, especialmente en
lo relativo a la protección de los derechos fundamentales; en efecto, sólo en la medida en que la labor
hermenéutica del juez se ajuste a los dictados constitucionales, puede afirmarse que respeta el principio de
legalidad”.

19

Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

consecuencia de una desviación notoria del derecho. En palabras de la Corte, las
fallas originadas en el proceso hermenéutico “han de ser protuberantes para que
sea factible predicar que a la ley se le ha otorgado un sentido
contraevidente”.40[…]”41

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

29. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

30. Atendiendo a que, la Corte Constitucional42 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

40
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1045 de 24 de octubre de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
41
Corte Constitucional, Sentencia T-629 de 2 de octubre de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
42
Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

31. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional43 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.

Análisis del caso concreto

33. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

34. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

43
Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

21

Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

Acervo y análisis probatorios

35. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

35.1. Copia digital del proceso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
110010325000201200507-00.

Solución del caso concreto

Análisis del presunto defecto fáctico

36. El actor indicó que, a su juicio, la autoridad judicial demandada incurrió en
un defecto fáctico, al considerar que:

“[…] Las pruebas que no se valoraron o apreciaron defectuosamente son los
testimonios de Ramón Enrique Villamarín Quintero, Alberto Iván Correa Herrán,
Carlos Alberto Benavides Suescún, Jaime Germán Álvarez González y Claudia
Mónica Naranjo Londoño, los cuales fueron debidamente recibidos en la audiencia
de pruebas realizada el 5 de junio de 2017 en el trámite judicial […]”.

[…]

“[…] Las pruebas recaudadas mostraron, entonces, que al interior del proceso
disciplinario era útil, conducente y pertinente conocer el criterio técnico de evaluación
bajo el cual una comisión de expertos del mayor nivel y, además, encargados de
emitir conceptos para la construcción de colegios públicos, recomendó la adquisición
del predio el clavel. Por lo que la negativa de recaudar esos medios de prueba
vulneró, en efecto, el debido proceso y derecho de defensa del investigado.

Por otra parte, el contenido de las pruebas recaudadas controvirtió plenamente y de
fondo el presupuesto principal del primer cargo disciplinario formulado en contra de
Ángel Augusto Pérez Martínez, esto es, que él eligió SIN SUSTENTO TÉCNICO un
predio que NO ERA APTO para desarrollar el proyecto previsto por la SED. También
demostró que eran equivocadas aquellas apreciaciones sobre la ausencia de
evaluación previa, la existencia de limitaciones condicionantes para la construcción
del colegio o la afectación a las expectativas de la comunidad […]”.

[…]

“[…] Los testigos y expertos escuchados concluyeron que la decisión adoptada por
Ángel Augusto Pérez Martínez, técnicamente, fue la mejor. Por lo que es arbitrario
sostener que su comportamiento desconoció el principio de planeación y omitió
verificar un criterio técnico referente a las condiciones y viabilidad del proyecto para
escoger el bien adquirido […]”.

22

Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

[…]

“[…] De la argumentación consignada en el fallo se sigue que ninguno de los dos
testimonios antes reseñados y su incidencia probatoria fue considerado a la hora de
evaluar los actos administrativos demandados y el juicio de responsabilidad
disciplinaria impuesto sobre Ángel Augusto Pérez Martínez […]”. (Resaltado por la
Sala)

37. Por su parte, la autoridad judicial demandada consideró lo siguiente:

“[…] En efecto en esta sede, se decretaron y recepcionaron las declaraciones de
Ramón Enrique Villamarín Quintero, Alberto Iván Correa Herrán, Carlos
Alberto Benavides Suescun, Jaime Germán Álvarez González y Claudia
Mónica Naranjo Londoño. Los tres primeros declarantes, coinciden y refieren
que el inmueble El Clavel, era el más idóneo para la adquisición y para el
propósito de la Secretaría de Educación, y que ellos recomendaron la
adquisición de ese predio. Los testimonios de Jaime Germán Álvarez González y
Claudia Mónica Naranjo Londoño, que dan cuenta que la señora Liliana
González, fungía como coordinadora de predios, y por seguridad era la
persona de la Secretaría de Educación, a quien le correspondía recibir
directamente de la inmobiliaria Lonja de Propiedad Raíz, los
correspondientes avalúos como el del predio El Clavel y que éste fue
falsificado, pero que no se despertó ninguna sospecha. Igualmente, el declarante
Jaime Germán Álvarez González, manifestó que sobre el señor Ángel Augusto
Pérez Martínez como Subsecretario Administrativo, recaía el 85%de la carga
de gestión de la Secretaría de Educación.

134. Analizados los testimonios recepcionados en sede jurisdiccional, se observa
que los mismos; en esencia no aportan elementos diferentes a lo probado en
el expediente disciplinario y que han quedado descritos en esta providencia.
Sin embargo ni en la actuación disciplinario, ni en sede judicial, se arrimó
prueba que tuviere la virtualidad contundente de demostrar ilegalidad alguna
de los actos administrativos demandados.

135. Si bien, los testimonios en sede judicial entre estos, ratifican, su
concepto en el sentido que el predio el Clavel era la opción más idónea para
los fines y el proyecto educativo de la Secretaría de Educación, empero, los
hechos determinantes de la investigación y sanción disciplinaria radicaron,
justamente, en las irregularidades en el proceso de adquisición, y el proceder
negligente del señor Ángel Augusto Pérez Martínez, respecto del control y
vigilancia en el mentado proceso. Lo que no fue desvirtuado en el proceso
disciplinario, por el contrario quedó en evidencia en la actuación disciplinaria y
ahora a lo largo de esta providencia […]”.

[…]

“[…] el hecho de la alteración fue demostrado en el proceso disciplinario y el fallo
de responsabilidad disciplinaria, registró una a una, en total 13 las
irregularidades en las que se incurrió en el proceso de adquisición del
inmueble El clavel, entre estas, que soslayó las recomendaciones formuladas por
el ingeniero catastral Walter Álvarez, no contaba con las exigencias requeridas a la
prestación de servicios públicos, no tuvo en claro cuál era la dimensión real del
predio, no contó, con la totalidad de estudios previos, y el negligente proceder el
señor Pérez Martínez respecto del control y vigilancia que debía ejercer […]”.
(Resaltado por la Sala).

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Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

38. La Sala, con base en lo anteriormente expuesto, considera que la autoridad
judicial demandada no incurrió en defecto fáctico, toda vez que para adoptar la
decisión judicial, valoró de manera razonable e integral las diferentes pruebas
obrantes en el expediente, entre ellas, “[…] las declaraciones de Ramón Enrique
Villamarín Quintero, Alberto Iván Correa Herrán, Carlos Alberto Benavides
Suescun, Jaime Germán Álvarez González y Claudia Mónica Naranjo Londoño
[…]”, de lo cual, incluso, concluyó lo que en sede de tutela sostiene el actor, a
saber, que “[…] los testimonios en sede judicial entre estos, ratifican, su concepto
en el sentido que el predio el Clavel era la opción más idónea para los fines y el
proyecto educativo de la Secretaría de Educación […]”.

39. En ese orden de ideas, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado sí tuvo en cuenta los testimonios que adujo el actor como desconocidos
y los valoró acorde con su contenido, incluso, encontró acreditado lo que el actor
alega al respecto dentro del escrito de tutela.

40. Sin embargo, dicha autoridad judicial advirtió que, pese a la existencia de
dicha prueba, lo cierto era que de conformidad con las otras pruebas que obraban
dentro del proceso disciplinario, se observaba que en el proceso de adquisición
del inmueble El Clavel se presentaron 13 irregularidades, que demostraban el
proceder negligente del actor respecto de su función de control y vigilancia frente a
dicho proceso, entre estas que “[…] soslayó las recomendaciones formuladas por
el ingeniero catastral Walter Álvarez, no contaba con las exigencias requeridas a
la prestación de servicios públicos, no tuvo en claro cuál era la dimensión real del
predio, no contó, con la totalidad de estudios previos […]”.

41. En ese orden de ideas, la Sala debe destacar, que la autoridad judicial
demandada no desconoció el acervo probatorio obrante en el expediente, toda vez
que dentro del margen de valoración probatoria y de los principios de la sana
crítica y autonomía judicial de que gozan los jueces, efectuó un estudio juicioso,
integral y razonable de las pruebas testimoniales y documentales.

42. La Sala debe hacer énfasis que para la configuración del defecto fáctico
por irregularidades en la apreciación del material probatorio, la actuación del

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Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

operador judicial deber ser ostensible, manifiesta y flagrante, en donde además
dicha irregularidad debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión
judicial, es decir, que, de no configurarse dicho error manifiesto, la sentencia
hubiera adoptado un sentido totalmente distinto, lo que a juicio de la Sala no
aconteció en el presente caso.

43. En otras palabras, esta Sala encuentra que la autoridad judicial
demandada, en la providencia motivo de tutela, efectuó un análisis probatorio
razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica, sin que dicha valoración
fuera arbitraria, abusiva o irracional, por el solo hecho de no interpretarse en los
términos que lo pretende el actor.

44. En esa medida, los planteamientos realizados por el actor en el presente
asunto obedece a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que
adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el
descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus
intereses, pero no se advierte que la decisión fue arbitraria o irracional; por el
contrario, la actividad intelectual que realizó el juez natural del proceso en materia
de valoración y apreciación de pruebas, hizo parte de la autonomía e
independencia que tienen los jueces de la República y, por consiguiente, ni las
partes ni el juez constitucional pueden imponer su criterio, interpretación y lógica
sobre la del juez natural, como si se tratara de un juez superior que pueda sustituir
de manera arbitraria el juicio valorativo del juez del proceso.

Análisis del presunto defecto sustantivo por interpretación irrazonable de
normas jurídicas

45. El actor señaló que, en su criterio, la autoridad judicial demandada incurrió
en un defecto sustantivo por indebida interpretación de una norma jurídica, el
cual sustentó en los siguientes términos:

“[…] Interpreta y aplica de forma contraria a derecho el contenido de los artículos
13 y 43 de la Ley 734 de 2002. Por lo que reafirma un juicio de responsabilidad
objetiva proscrito por la Ley. Situación que configura un defecto sustantivo por
aplicación manifiestamente equivocada de una norma jurídica […]”.
[…]

25

Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

“[…] Las cautelas más elementales en la condición de Subsecretario no consistían
de ninguna manera en desconfiar del trabajo de esa persona, quien era la
responsable de controlar y asegurar la autenticidad del avalúo. Menos sospechar
que los documentos entregados habían sido perfectamente simulados y alterados
para reconocer un valor que, aunque artificioso, resultaba en todo caso inferior al
promedio por metro cuadrado que la SED venía reconociendo en Ciudad Bolívar
[…]”.

[…]

“[…] Por lo que esa exigencia que enuncia el fallo, además de irrazonable, es
abiertamente opuesta al concepto de culpa gravísima o grave que enuncia la Ley.
Pues ese nivel de cuidado que propone como modelo de conducta no corresponde
con la cautela mínima (culpa gravísima), ni siquiera con el cuidado que una persona
del común tiene en desarrollo de sus asuntos ordinarios (escenarios que configuran
culpa). Por lo que aseverar que en ejercicio del cargo de se debió memorizar el
valor catastral de todas las zonas que integran el casco urbano de Bogotá
rompe completamente con la juridicidad de la decisión emitida […]”.
(Resaltado por la Sala)

46. Por su parte, la autoridad judicial demandada al respecto consideró lo
siguiente:

“[…] El artículo 13 de la Ley 734 de 2002, dispone:

“ARTÍCULO 13. CULPABILIDAD. En materia disciplinaria queda proscrita toda
forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo
o culpa.”

42.El contenido de la culpabilidad en materia disciplinaria, en sus modalidades de
dolo y culpa, pueden establecerse, como lo ha definido previamente la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo; para el dolo atendiendo al Código Penal por
integración normativa y remisión que hace el artículo 21 de la Ley 734 de 2002. La
culpa de conformidad con el parágrafo del artículo 44 ibídem en el cual se
consagra los grados de culpa y los define así: (i) culpa gravísima; ignorancia
supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento y (ii) culpa grave: inobservancia del cuidado necesario que cualquier
persona del común imprime a sus actuaciones […]”.

[…]

“[…] Ahora revisado el asunto, en relación con las garantías mínimas del señor
Ángel Augusto Pérez Martínez, se advierte que en los apartados anteriores
quedaron plenamente establecidas las razones de hecho que motivaron la
investigación disciplinaria. Adicionalmente, los cargos endilgados y por los cuales
fue declarado disciplinariamente responsable y sancionado, el señor Ángel Augusto
Pérez Martínez, se encuentran tipificados como falta disciplinaria, gravísima en la
Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA […]”.

ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes:
3....

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Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en favor
propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga.

31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento
del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y
en la ley”.

122. También, el ente sancionador invocó como fuentes de derecho para endilgar
las faltas y la responsabilidad disciplinaria, las siguientes disposiciones:

123. Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública.

“ARTÍCULO 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA […]”.

ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD […]”.

[…]

“[…] Así mismo, se advierte que de conformidad con los artículos 42, 45 y 63 de la
Ley 734 de 2002, la consecuencia jurídica prevista para el servidor público que
incurre en falta tipificada como gravísima a título de culpa gravísima, es la
destitución y la habilidad general por el término entre 10 y 20 años.

125. De manera que las faltas endilgadas y por la cuales fue sancionado el señor
Pérez Martínez, se encuentra tipificada taxativamente en el Estatuto disciplinario
como gravísima, cuya consecuencia es la destitución del cargo y la inhabilidad
mínimo por 10 años. En tanto, el numeral 13 del artículo 35 de la Ley 734 de
2002, citado por la parte demandante, prevé también como falta «13.
Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o
documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones», la
que según el interesado, está considerada por estatuto disciplinario como
falta leve o grave y no tipificada como gravísima.

126. Sabido es y de conformidad con el inciso 2 del artículo 50 de la Ley 734 de
2002, la gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los
criterios señalados en el artículo 43 de este código, entre estos, la jerarquía y
mando que el servidor público tenga en la respectiva institución. Los artículo (sic)
44 y 50 ibídem, señala como reglas, respectivamente;

i.«Parágrafo. Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por
ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de
obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta
disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del
común imprime a sus actuaciones.».

i. La conducta es leve, si es cometida a título diferente de dolo o culpa gravísima.

127. Así las cosas, confrontada la situación fáctica y la jurídica, investigada, en
criterio de la Sala, se evidencia que el ente disciplinario observó los principios de
adecuación típica de la falta la sanción, la antijuridicidad, culpabilidad y
proporcionalidad de la sanción en relación a la gravedad de la falta y observó los
criterios para determinar la gravedad o levedad de las faltas endilgadas.

[…]

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Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

“[…] “[…] el señor Ángel Augusto Pérez Martínez, contaba con las condiciones
profesionales suficientes [formación superior como economista y
administrador público] y se desempeñaba como Subsecretario Administrativo,
nivel directivo y entre sus funciones tenía la dirigir, supervisar y controlar la
adquisición de los bienes y servicios requeridos para el cabal cumplimiento de las
funciones de la Secretaría, luego estaba en condiciones de advertir irregularidades
en el proceso de adquisición del previo (sic), entre estas, la falsificación del avalúo,
El Clavel, y evitarlas.

142. De manera que su condición profesional y función, le exigía tener
conocimiento de los precios catastrales, prediales, comerciales, zonales de
los inmuebles en Bogotá, con mayor razón sobre aquellos que tuvieren
opción de compra para los proyectos educativos del órgano territorial, de
consiguiente advertir la presencia de alguna acción fraudulenta y evitarla, en
consecuencia, estaba en condiciones de evitar el hecho de la alteración del
avaluó y superarlo […]”. (Resaltado por la Sala)

47. Al respecto, la Sala advierte que el debate propuesto por el actor gira en
torno a que, en su criterio, hubo una interpretación normativa irrazonable de los
artículos 13 y 43 de la Ley 734 de 5 de febrero de 200244 y, en esa medida, la
autoridad demandada, a su juicio, aplicó una responsabilidad objetiva. Para tal
efecto, a continuación, se transcriben las normas mencionas supra:

“[…] ARTÍCULO 13. Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda
forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o
culpa […]”.

[…]

“[…] ARTÍCULO 43. Criterios para determinar la gravedad o levedad de la
falta. Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en este código. Se
determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios
[…]”.

48. De conformidad con lo anterior, la Sala observa que, contrario a lo
expuesto por el actor, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado interpretó de manera razonable las dos disposiciones normativas que
señaló el tutelante, en la medida en que advirtió que en materia disciplinaria en
efecto esta proscrita la responsabilidad objetiva, al punto que, fue con fundamento
en un análisis normativo de carácter sistemático que advirtió que el actor era
disciplinariamente responsable de falta gravísima a título de culpa gravísima en la
medida en que i) las acciones y omisiones del actor dentro del proceso de
adquisición del bien inmueble El Clavel se encuadran dentro de las faltas
gravísimas establecidas en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el numeral 13

44
“Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

del artículo 35 de dicha ley; ii) el actor desconoció los principios de economía y
responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993; iii) en el proceso se acreditó
que el actor fue negligente, toda vez que, pese a que contaba con las condiciones
profesionales suficientes y que esto le era exigible en razón a sus funciones, no
advirtió las irregularidades en el proceso de adquisición del predio; y iv) se tuvo en
cuenta la jerarquía y mando que el servidor público tenía en la respectiva
institución.

49. De conformidad con lo expuesto, se advierte que la autoridad judicial
demandada realizó una interpretación sistemática y acorde con el acervo
probatorio, lo cual le permitió concluir que, ante la negligencia comprobada del
actor, había lugar a sancionarlo disciplinariamente por la comisión de una falta
gravísima a título de culpa gravísima.

50. En ese orden de ideas, para esta Sección la autoridad judicial demandada
no incurrió en defecto sustantivo, teniendo en cuenta que su análisis normativo lo
hizo de conformidad con el contenido propio de cada disposición, realizó una
interpretación armónica entre varias disposiciones y atendió las particularidades
del caso.

51. Se debe recordar que, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, para efectos de que se configure el defecto en cuestión, se debe
acreditar en el caso concreto que la interpretación que se hace de una norma
jurídica sea grosera y arbitraria que traiga como consecuencia la vulneración de
los derechos fundamentales, situación que no aconteció en el presente caso,
toda vez que el ejercicio hermenéutico de interpretación normativa se realizó de
manera razonable.

52. Además, la Corte ha dicho que se trata de una de las causales más
restringidas, dado que la interpretación de la ley es un escenario en el que se
evidencian con especial intensidad los principios de independencia y autonomía
judicial que dentro del marco del Estado Social de Derecho se busca proteger al
operador judicial de injerencias indebidas en su rol de resolver las controversias
jurídicas que se sometan a su conocimiento a partir de la interpretación que
estimen más ajustada al ordenamiento jurídico.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

Conclusiones de la Sala

53. En suma, la Sala i) declarará la improcedencia de la solicitud de amparo
frente a la causal de decisión sin motivación; y ii) negará la acción de tutela
respecto del defecto fáctico y del defecto sustantivo por interpretación irrazonable
de normas jurídicas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo frente a la
causal de decisión sin motivación, por no cumplir con el requisito general de la
subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela respecto del defecto fáctico y del defecto
sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31
del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.

30

Núm. único de radicación: 110010315000202204163-00
Actor: Ángel Augusto Pérez Martínez

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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