Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00507-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2012-00507-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2012-00507-00
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
10 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicado : 11001-03-25-000-2012-00507-00
Nº Interno : 1989-2012
Demandante : Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada : Nación-Procuraduría General de la Nación
Medio de Control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Sanción disciplinaria
La Sala decide en única instancia, la demanda instaurada por el señor Ángel
Augusto Pérez Martínez, por medio de apoderado, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011, contra la Nación–Procuraduría General de la Nación.
I. ANTECEDENTES
LA DEMANDA
1. El señor Ángel Augusto Pérez Martínez, solicitó la nulidad de los siguientes
actos administrativos dictados por el Procurador General de la Nación, en proceso
disciplinario 143-164041:
i. Fallo de única instancia de 28 de julio de 2011, por medio del cual declaró
disciplinariamente responsable a unos servidores de la Secretaría de Educación
de Bogotá, entre ellos, al señor Ángel Augusto Pérez Martínez en calidad de
Subsecretario Administrativo del órgano territorial, y lo sancionó con destitución e
inhabilidad general por el término de 10 años para el ejercicio de cargos públicos.
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Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
ii. Fallo del 12 de diciembre de 2011, por medio del cual confirmó el fallo del 28 de
julio de 2011.
2. A título de restablecimiento el derecho solicitó, se ordene a la Nación
Procuraduría General de la Nación:
i.Retire el registro de todo antecedente disciplinario generado con ocasión de la
investigación disciplinaria.
ii.Pague en favor del señor Ángel Augusto Pérez Martínez, la suma de
$121.706.452,oo por perjuicios materiales «costo de oportunidad generada ante la
imposibilidad de ocupar empleos públicos correspondientes a su experiencia
laboral y formación académica, desde la fecha de ejecutoria de la sanción
disciplinaria y hasta la presentación de la demanda.»
iii. Pague la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por
concepto de perjuicios inmateriales ante el daño moral infligido,
iv. Indexe y pague los intereses las sumas resultantes como restablecimiento.
v. pague las costas procesales.
Fundamentos de Hecho y derecho
3.El libelista adujo que el señor Ángel Augusto Pérez Martínez, laboró en la
Secretaría de Educación de Bogotá, y que la entidad durante los años 2005-2006,
llevó a cabo el proceso de compra del lote El Clavel en el Barrio Mochuelo Bajo de
la localidad Ciudad Bolívar; con el fin de construir nueva sede del colegio de
Mochuelo Bajo. El valor de la compra fue $1.491.043.208, a razón de $24.800
metro cuadrado.
4.Que por efectos de lo anterior, el Procurador General de la Nación, adelantó una
investigación disciplinaria que culminó con los fallos del 28 de julio de 2011 y 12
de diciembre del mismo año. Actos administrativos que demandó en esta
oportunidad con fundamento en los artículos 138 y 149-2 de la Ley 1437 de 2011.
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Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
Razones de censura de los actos demandados. Normas violadas y concepto
de violación
5.La parte actora consideró que los actos administrativos demandados, vulneran
los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 29, 53, 124 de la Constitución Política; 5º, 6º, 9º, 17, 29,
30, 35, 43, 128, 141, 142 de la Ley 734 de 2002; 132 de la Ley 1474 de 2011,
numerales 7, 12 del artículo 25, 26 de la Ley 80 de 1993; los derechos al debido
proceso y derecho de defensa, infracción de las normas en que debía fundarse,
los principios de favorabilidad, presunción de inocencia, de ilicitud sustancial,
tipicidad, culpabilidad, de la primacía de la realidad sobre las formalidades, de la
carga y de la apreciación integral de la prueba, e incurren en falsa y falta de
motivación por las siguientes razones:
i.Operó la prescripción de la acción disciplinaria, porque el 10 de agosto 2011, se
cumplieron 5 años a partir de la fecha que se consumó el hecho [9 de agosto de
2006, fecha firma de la escritura 1544 y 22 de diciembre de 2006 fecha último pago],
pues el reproche al investigado fue «tolerar o permitir, el incremento del patrimonio del
señor Castañeda Aguirre con ocasión de la compra del predio “ El Clavel, “pero no
´pagar´ el respectivo predio, por lo que tal situación no hace parte de la conducta
sancionada, ni es una prolongación de la misma, sino una consecuencia. Así, el primer
cargo se remite a la fase precontractual de la negociación, mientras que el segundo hace
referencia al incremento del patrimonio del vendedor, ambas situaciones que se concretan
a partir de la firma de la escritura». El fallo en el proceso disciplinario, quedó
ejecutoriado el 17 de enero de 2012. Luego el ente disciplinario debió declarar
extinguida la acción y no dictar los actos sancionatorios.
ii.El ente disciplinario condujo al investigado a un escenario de reproche diferente
al que tuvo en cuenta para imponer la sanción; si bien se formularon dos cargos
en contra del señor Ángel Augusto Pérez Martínez, [uno relacionado con el
incumplimiento de principios de la contratación estatal y otro por el sobreprecio del lote El
Clavel]. En los cargos y en los fallos disciplinarios, se hizo especial énfasis en el
valor de reajuste y valor finalmente pagado por el lote [el Clavel] en relación con la
suma inicialmente acordada en la promesa de compraventa, pero no tuvo en
cuenta que en principio se había pactado la compra por una dimensión de cuerpo
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Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
cierto de 51.000 m2 y que finalmente eran 60.000m2. El pago del valor ajustado
correspondió a los resultados de la medición real.
iii.Que la autoridad disciplinaria, advirtió que el objeto de la investigación eran las
irregularidades relacionadas con el sobreprecio pagado, fijó un escenario de
debate que impidió la práctica de pruebas pedidas, para aclarar la manera como
se compró el lote. Imposibilitó estructurar la prueba para desvirtuar el cargo. Negó
las pruebas pedidas por el investigado.
El director del proceso disciplinario, «lo que reprochó fue tolerar o permitir” el
incremento del patrimonio del señor Castañeda Aguirre, con ocasión de la compra
del predio, pero no pagar el referido precio, por lo que tal situación no hace parte
de la conducta sancionada, ni es prolongación de la misma, sino una
consecuencia.».
iv.El ente disciplinario, estructuró la sanción a partir de sus deberes funcionales
como delegante en el proceso de adquisición del lote El Clavel, pero el señor
Pérez Martínez, no actuaba como delegante, ni como delegatario. No se agotó la
exigencia de la verificación de la ilicitud sustancial o de antijuridicidad de la
conducta. No se puede sancionar disciplinariamente si no se afecta el deber
funcional.
v.El acto administrativo sancionatorio desconoció el principio de favorabilidad; al
encontrarse la misma conducta endilgada en el numeral 13 del artículo 35 de la
Ley 734 de 2002, como falta leve o grave y en el numeral 3 del artículo 48 íbídem
como falta gravísima; la autoridad disciplinaria en aplicación del principio de
favorabilidad, debió tipificarla bajo los criterios del artículo 43 del Código Único
Disciplinario, falta leve o grave y no darle la interpretación más restrictiva de falta
gravísima y desfavorable al investigado. No hubo la endilgada desatención
elemental del disciplinado, para calificar la falta como gravísima.
vi. Los fallos disciplinarios carecen de la motivación mínima requerida respecto de
la antijuridicidad de la conducta endilgada, por apoyarse en razones ajenas al
debate, y reprochar que se hubiese hecho el pago por la verdadera área. No
cumplieron con la carga probatoria a cargo del Estado, ni para endilgar la falta, ni
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Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
para sancionar, ni la afectación al deber funcional, invirtió la carga probatoria y no
la valoró integralmente. Olvidó por completo todo el acervo probatorio que
acreditaban la planeación y la manera como se hizo la selección técnica, jurídica y
económica del inmueble El Clavel. El acto administrativo sancionatorio, no tuvo en
cuenta los fundamentos reales sobre los cuales se tomó la decisión de la compra
del predio El clavel, nada dijo de la imposibilidad de detectar un avaluó falsificado.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. FUNDAMENTOS DE OPOSICIÓN
6. La Procuraduría General de la Nación-demandada-, solicitó se nieguen las
pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes razones:
i. En su entender los actos administrativos demandados fueron expedidos
atendiendo los requisitos de validez, legalidad y con sujeción al debido proceso,
derecho de defensa, a las normas aplicables; sin que las decisiones disciplinarias
adoptadas puedan enmarcarse como infundadas, ni basadas en interpretaciones
normativas y probatorias irracionales. Se cimentaron en robusto acervo probatorio,
valorado al interior del proceso, incluidas las pruebas solicitadas por los
investigados.
Los actos administrativos fueron enfáticos y claros, expusieron las razones por las
cuales se impuso la sanción y en la investigación disciplinaria se demostró el
detrimento patrimonial, la vulneración de los principios de transparencia y
economía establecidos en la Ley 80 de 1993, las irregularidades endilgadas y el
incumplimiento de deberes funcionales en la adquisición del predio El Clavel.
ii. En este asunto no operó la prescripción de la acción disciplinaria. El artículo 30
de la Ley 734 de 2002, hace referencia a la prescripción de la acción disciplinaria
que ocurre en el término de cinco años contados para faltas instantáneas desde el
día siguiente a su consumación y para faltas de carácter permanente o continuado
desde la realización del último acto. La Jurisdicción Contencioso Administrativo ha
seguido la tesis normativa, y ha enseñado que la prescripción se interrumpe con la
expedición del acto principal y su respectiva notificación al disciplinado1.
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Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
iii. Las normas que fueron citadas como infringidas tanto en auto de cargos como
en el fallo de segunda instancia están íntimamente relacionadas con las conductas
endilgadas al investigado en los dos momentos procesales [auto de cargos y fallo]
y corresponden a omisiones en el ejercicio de sus funciones. En todo el decurso
procesal se le pusieron de presente al señor Pérez Martínez las normas infringidas
y el deber funcional vulnerado y no es de recibo que se hubiere direccionado la
investigación al sobrecosto de la compra del predio. El actor pretende
forzosamente encuadrar su conducta en la norma que a su juicio es más benéfica,
olvidando que con su conducta desconoció los principios de planeación,
responsabilidad y economía, además, permitió incrementar injustificadamente el
patrimonio en favor de un tercero.
iv. El actor de manera errada afirma y considera que se denegaron algunas
pruebas solicitadas por los sujetos disciplinarios y que se hizo entender que la
investigación disciplinaria se dirigía únicamente al sobrecosto del predio y no a la
presunta vulneración de los principios de la contratación estatal del primer cargo.
v.La negación de pruebas y la decisión de no reponer el auto que las negó, radicó
en que pretendía demostrar «algo que era obvio y claro, cuál era el estado en que se
encontraba el Colegio Mochuelo Bajo». La negativa de pruebas no puede dársele la
interpretación, que pretende dar el libelista de tener la virtud de afectar de nulidad
de los actos administrativos demandados. No se invirtió la carga probatoria, y por
el contrario la Procuraduría General de la Nación, le respetó, al disciplinado sus
derechos y garantías constitucionales, decretó las pruebas pertinentes y
conducentes.
TRÁMITE PROCESAL
7.La demanda se presentó el 8 de agosto 2012. El Consejo de Estado-Sección
Segunda Subsección “B”, mediante auto de 12 de mayo de 2014, admitió la
demanda en única instancia, ordenó notificar personalmente al: i. Agente del
Ministerio Público ii. Procurador General de la Nación iii.Director Agencia Nacional
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Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
de Defensa Jurídica del Estado. Las partes y sujetos procesales fueron
notificados.2
8.Mediante auto de 25 de enero de 2017, se fijó el 27 febrero del mismo año,
como fecha para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 180 de la Ley
1437 de 2011.
Audiencia inicial
9.El 27 de febrero de 2017, se realizó la audiencia inicial, se agotaron las etapas a
que se refieren los numerales 5 a 10 de la norma referida. En la audiencia inicial
se resolvió negativamente la excepción previa propuesta [indebido agotamiento del
requisito de procedibilidad de la conciliación judicial], fijó el litigio y se limitó el estudio
de legalidad en torno a los actos administrativos disciplinarios de 28 de julio y 12
de diciembre de 2011, y en relación con el señor Ángel Augusto Pérez
Martínez,[uno de los investigados] en calidad de Subsecretario Administrativo de la
Secretaría de Educación.
10.El apoderado de la parte actora en esa oportunidad [audiencia inicial] manifestó
desistir del argumento contenido en la demanda referido a que operó la
prescripción de la acción disciplinaria. El Magistrado Director difirió su decisión con
la sentencia y se fijó el 5 de junio de 2017, para celebrar la audiencia de práctica
de pruebas. En la audiencia del 5 de junio de 2017, se practicaron pruebas. El
Magistrado Director consideró innecesaria la práctica de la inspección judicial. Sin
objeciones. Se corrió traslado para alegatos de conclusión por escrito.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
De la parte demandante
11. La parte demandante: insistió en los cargos esgrimidos en el libelo y afirmó que:
i.Que existía la necesidad de adquirir un lote de terreno, y del traslado de la antigua
escuela del Mochuelo, de la ampliación de los niveles de enseñanza que allí se
impartían con dotación de servicios como biblioteca e involucrar la participación de la
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folios 276 anverso, 277 a 293.
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Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
comunidad educativa. Asimismo, manifestó que los lotes opcionados, presentados
por la rectora de la escuela, entre estos «El Clavel» fueron visitados por el ingeniero
catastral Walter Álvarez, quien conceptuó al respecto. También, por los expertos y
seleccionaron el lote «El Clavel», por ser el más distante al relleno de Doña Juana, y
con mejores condiciones de área, accesibilidad, vegetación, y recreación; Luego el
Subsecretario conformó un Comité de Expertos competentes y con experiencia en
construcciones escolares, quienes debían seleccionar uno de los tres lotes,
conceptuados inicialmente por Walter Álvarez. Aspectos estos, que junto con las
declaraciones de los profesores expertos de la Universidad Nacional debieron
tenerse cuenta por la Procuraduría Nacional de la Nación y arribar a conclusiones
diferentes.
ii.Aseveró categóricamente, que en la actuación administrativa de la compra del lote
de terreno «El Clavel», contrario a lo que se adujo en el fallo disciplinario, no se
incurrió en infracción de ninguno de los numerales 7o y 12 del artículo 25, 1º y 4º del
artículo 26, artículo 29 de la Ley 80 de 1993; porque se probó la necesidad,
conveniencia e idoneidad del lote mencionado y los efectos positivos asociados al
derecho a la educación que hoy [20 de junio de 2017] disfrutan más de 1700
estudiantes.
iii. En su entender, las diferentes pruebas documentales y testimoniales, dieron
cuenta de la selección objetiva y planeada en la compra del lote «El Clavel»; a
diferencia de las conclusiones erróneas a las que llegaron los actos administrativos
demandados. La autoridad disciplinaria nunca probó el primer cargo y no tuvo en
cuenta que la Secretaría de Educación Distrital, había celebrado con un año de
antelación contratos con la Cámara de Propiedad Raíz, con la Universidad Nacional-
contrato de consultoría, con el consultor Walter Álvarez, con la abogada experta en
adquisiciones de lotes Catherine Castellanos, ni que había asignado desde el año
2005, a la profesional y funcionaria de la Secretaría de Educación Distrital, Liliana
González, la coordinación del área de predios.
iv.Que el ente disciplinario tuvo como pruebas vitales el informe y la declaración de
Walter Álvarez, quien puso en conocimiento de la Secretaría de Educación Distrital
que el lote “El Clavel”, no era apto. Asimismo, la versión del exfuncionario de la
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Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
Secretaría de Educación Distrital, Germán Álvarez, “quien certificó que ÁNGEL
PÉREZ MARTINEZ, como Subsecretario...era el responsable de la ejecución de más
del 80% del presupuesto de la SED, que firmó más de 120 actos administrativos...”;
pero no accedió a las pruebas pedidas [visita técnica, Los testimonios de los profesores
expertos de la Universidad Nacional, Iván Correa, Enrique Villamarín, testimonios de Gloria
Bonilla, Carolina Mejía, Edelmira Rojas Niño, Liliana González y Catherine Castellanos.] e
incurrió en una serie de inconsistencias, omisiones, y errores, que condujeron a que
se le impusiera la sanción disciplinaria al señor Ángel Augusto Pérez Martínez, sin
fundamento objetivo alguno.
v.En criterio de la parte actora, la demandada no dio evidencia objetiva válida de la
responsabilidad del Subsecretario Administrativo, Ángel Augusto Pérez Martínez,no
probó los cargos, y desconoció sistemáticamente las solicitudes de una visita técnica
al lote «El Clavel», no aceptó como pruebas los testimonios de «los profesores de la
universidad nacional, ni de la rectora del colegio, sobre los cuales se insistió siempre
con el propósito de que se constatara que el lote más idóneo para el proyecto
educativo y para los niños. De los tres (3) lotes que fueron preseleccionados por la
comunidad era, de manera indiscutible el lote “El Clavel”» el apto y se seleccionó de
manera objetiva, no medió acto arbitrario de la Secretaría de Educación, ni el
Subsecretario Administrativo.
vi.Aseguró y en cuanto al segundo cargo endilgado al señor Pérez Martínez, que la
Procuraduría General de la Nación, al tener como soporte la expresión, según la cual
«el evalúo falso debió ser detectado y evitado por los investigados», dejó sin ninguna
posibilidad de defensa al señor Pérez Martínez. El ente investigador no demostró
que el investigado o su despacho, hubieren conocido el “avaluó original”. La
Procuraduría no centró su atención en la falsificación del avalúo, el destino de los
recursos entregados en su totalidad al vendedor del lote, ni a la recuperación de los
mismos.
viii.Concluyó que el hecho motivador del detrimento patrimonial del Distrito fue la
falsificación del avaluó por terceros y no las actuaciones o conducta de Ángel
Augusto Pérez Martínez, tanto que la jurisdicción penal le exoneró de toda
responsabilidad y condenó a Liliana González a pena de prisión. El Subsecretario
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Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
Ángel Pérez Martínez, nunca conoció, ni tuvo la oportunidad real y material de
conocer que se había falsificado el avalúo comercial del predio, “es un imposible
jurídico para cualquier ser humano que pueda garantizar la autenticidad, veracidad,
pertinencia o actualidad del elevado caudal de información que contienen más de
130.000 decisiones que tomó en 4 años y que quedaron registradas en el sistema de
información de la SED (130 por día, en promedio durante esos 4 años). La
Procuraduría jamás le interesó el verdadero hecho causante del pago del mayor
valor en la compra del lote «El Clavel», la falsificación del avaluó, ni sus autores.
De la parte demandada
12. La Procuraduría General de la Nación-demandada- nuevamente solicitó se
nieguen las súplicas de la demanda y;
i.Puso de presente que los fallos disciplinarios se sustentaron en el argumento según
el cual el demandante: a) participó en el detrimento del patrimonio público, con
desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal al momento de
proceder a la selección del predio·«El Clavel»y no haber advertido el ordenador del
gasto los serios problemas inconvenientes y limitaciones que presentaba el
inmueble, dados a conocer por el consultor Walter Álvarez Bustos b) permitió o
toleró que con ocasión de la compra en condiciones de evidente sobreprecio del
predio «El Clavel» que el vendedor, Néstor Germán Castañeda Aguirre incrementara
injustificadamente su patrimonio.
ii.Respecto de los argumentos expuestos en la demanda para censurar la ilegalidad
de los actos demandados, adujo, que no operó la prescripción de la acción
disciplinaria, en razón a que el fallo de única instancia fue proferido y notificado
dentro del término previsto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 en la medida que
los hechos materia de la investigación ocurrieron en las vigencias fiscales 2005-
2006. Citó y transcribió apartes de las sentencias, de unificación de Sala Plena del
Consejo de Estado de 29 de septiembre de 20093 y providencia de 15 de septiembre
de 20164.
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Radicado 110010315000200300442 01
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Radicado 410012333000201400340 01 (0816-2015)
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Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
iii.Expresó que no existe incongruencia en los cargos formulados. Los cargos fueron
claros y relacionados con los reproches que se le hicieron y en ningún momento se
hizo referencia a la figura de delegación. Al señor Martínez Pérez, se le investigó y
sancionó por el desconocimiento de los principios que rigen la contratación estatal, y
que el investigado no tenía establecidos procedimientos para el control y manejo de
los avalúos allegados por la Lonja de Propiedad Raíz, «máxime cuando era el único
elemento determinante para efectos de establecer el precio de los predios», en el
caso concreto.
iv.La interpretación del libelista en el sentido que la conducta se enmarca en la
prohibición contenida en el numeral 13 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, y no en
la falta contenida en el inciso segundo del numeral tercero del artículo 48 ibídem, es
errónea y acomodada. La alegó en aras de una sanción disciplinaría menor, en el
entendido que no se configuraría falta gravísima sino grave.
v.Si bien el informe del consultor Walter Álvarez fue prueba sustancial en el proceso
disciplinario, también la Procuraduría General de la Nación, valoró «un sinnúmero de
pruebas» e incluso para resolver el recurso de reposición contra el auto de pruebas.
Al disciplinado se garantizó plenamente el ejercicio del derecho de contradicción y
defensa. Los cargos endilgados fueron probados y no desvirtuados.
INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.
13. El representante del Ministerio Público emitió concepto y solicitó «se denieguen
las súplicas de la demanda», con fundamento en las siguientes razones:
i.La prescripción de la acción disciplinaria no prospera, porque la segunda
irregularidad endilgada no tuvo el carácter de instantánea, sino permanente. Aceptar
la digresión que hace el actor equivaldría a desnaturalizar la tipicidad de la
imputación de la incuria administrativa que se le formuló.
ii.La adquisición del Lote «El Clavel» con sobrecosto quedó demostrado
probatoriamente en el expediente disciplinario, y por la falta de cuidado y diligencia,
trastornó gravemente la función pública asignada a la parte actora. La presunción de
inocencia del actor fue desvirtuada. El informe técnico grafológico, fue
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Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
suficientemente claro para tener por demostrado el sobreprecio del lote El Clavel y
las decisiones disciplinarias están revestidas de las consideraciones fácticas
atinentes exclusivamente a las conductas irregulares endilgadas. No hay asidero
jurídico para que la falsa motivación y el argumento del desconocimiento del principio
de ilicitud sustancial tengan vocación de prosperidad.
iii.La infracción al debido proceso y derecho de defensa, tampoco tiene prosperidad:
«El cargo disciplinario es la columna de los fallos que se profieren, de donde no es
lógico predicar una prueba impertinente al reproche funcional que se hace, y, mucho
más cuando la solicitud resulta también extemporánea, como se advirtió en el
proveído del dieciséis (16) de diciembre de 2010,...». Las pruebas que echó de
menos el demandante, en la investigación disciplinaria, no resultaban idóneas a los
cargos endilgados.
iv.En criterio del Ministerio Público, no es posible descalificar la adecuación típica
formulada; «no se entiende de qué manera se faltó al deber de argumentar para
calificar, por no desvirtuarse el segundo cargo, la falta cometida por PÉREZ
MARTINEZ, como gravísima.».
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
COMPETENCIA
14. De conformidad con el inciso 2º del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, y la
jurisprudencia sentada el 30 de marzo de 2017, por la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, esta Corporación, es competente para conocer
en única instancia y sin consideración a la cuantía, del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, respecto de los actos administrativos expedidos
por el Procurador General de la Nación en ejercicio del poder disciplinario. De esa
naturaleza y en ese contexto surgieron los actos demandados [fallo de única
instancia de 28 de julio de 2011 y 12 de diciembre de 2011], pues fueron expedidos por
el Procurador General de la Nación en ejercicio del poder preferente disciplinario5.
5
Revisada la actuación disciplinaria mediante auto de 20 de febrero de 2009, con fundamento en el numeral 17 del artículo
7º del Decreto 262 de 2000, el Procurador General de la Nación, asumió en única instancia, el conocimiento de la
investigación disciplinaria radicada con el número 143-1164041, contra servidores de la Secretaría de Educación de Bogotá,
por presuntas irregularidades en la adquisición del predio “El Clavel”.5 Asimismo del Decreto Ley 262 de 20005, se advierte,
que el numeral 17 del artículo 7, faculta al Procurador General de la Nación, para asumir el conocimiento en única Instancia
de los procesos disciplinarios cuando la importancia o trascendencia del asunto requiera su atención personal.
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Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
15. El Consejo de Estado, en providencia del 30 de marzo de 2017, respecto de la
competencia en materia disciplinaria, precisó:
“…en materia disciplinaria al Consejo de Estado le corresponde conocer, en única
instancia, de las demandas que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se instauren contra los actos administrativos
expedidos por el Procurador General de la Nación en ejercicio del poder
disciplinario o por el Viceprocurador General de la Nación o la Sala
Disciplinaria, estos últimos cuando los expidan por delegación del Procurador, sin
atención a la cuantía y al tipo de sanción impuesta., es decir, tratándose de
amonestación, multa, suspensión, destitución o inhabilidad, siempre y cuando
el resultado de los procesos disciplinarios indicados en los numerales 21, 22, 23 y
24 del artículo 7 del Decreto 262 de 2000, que atienden a la calidad del sujeto
disciplinado.
Y también le corresponde al Consejo de Estado conocer, en única instancia, de
las demandadas de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos
administrativos expedidos en única instancia por el Procurador General de la
Nación resultado del proceso disciplinario asumido por él, cuando por la
importancia o trascendencia del asunto requirieron su atención personal, sin
atención a la cuantía ni al tipo de sanción impuesta. En este caso no se atiende
a la calidad del sujeto disciplinado sino a la entidad del asunto (numeral 17 del
artículo 7 del Decreto 262 de 2000)…”6
16. De los anteriores elementos, sin hesitación alguna, el Consejo de Estado, es
competente en única instancia, para conocer del control de legalidad de los actos
demandados.
CUESTIÓN PREVIA
Control judicial de los actos administrativos disciplinarios.
17. El Consejo de Estado se ha pronunciado en repetidas oportunidades, sobre el
alcance del control judicial7 que ejerce respecto de las decisiones administrativas
sancionatorias y, actualmente siguiendo la tesis sentada por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo en sentencia del 9 de agosto de 20168, hace un
control integral9. En efecto, en esa oportunidad consideró lo siguiente:
6
Consejo de Estado. Radicado 111001032500020160067400 (2836-2016)
7
entre otras sentencias, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren (E), 20 de marzo de 2014, Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00902-00(2746-12).
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. William Hernández Gómez (E), proceso con
radicado 11001-03-25-000-2011-00316-00 y número interno 1210-11.
9
Consejo de Estado., Sala. Plena, Sentencia 11001-03-25-000-2011-00316-00. Agosto 9 de 2016. Radicación número:
14
Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
« [...] Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo
cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez
administrativo es plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones
adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de
legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto
administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente
regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La
interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y Ia ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán
valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la
independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso
administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los
derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la
acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la
tutela judicial efectiva. […]» (negrilla de la Sala)
18. Conforme al precedente, la Sala considera que tiene plena competencia para
realizar un control judicial integral de las decisiones acusadas, en aras de la tutela
judicial efectiva de los derechos que reclama el demandante. La cual, en todo
caso, estará atada a los cargos esgrimidos en la demanda.
PRESENTACIÓN DEL CASO Y PROBLEMA JURÍDICO
19. Los documentos obrantes en el expediente, entre estos, la resolución 009 del 7
de enero de 2004, expedida por el Secretario de Educación Distrital, da cuenta que
el señor Ángel Augusto Pérez Martínez, de profesión economista y administrador
público10, fue nombrado en la planta de personal Administrativo de la Secretaría de
Educación de Bogotá, en el empleo de Subsecretario de Despacho, 045, grado 06,
nivel directivo, Subsecretaría Administrativa. Tomó posesión el 13 de enero 200411 y
permaneció en el cargo hasta el 4 de noviembre de 200912.
20.El señor Ángel Augusto Pérez Martínez, en calidad de Subsecretario de
despacho Subsecretaria Administrativo de la Secretaría de Educación de Bogotá,
junto a varios servidores del ente[Secretaría de Educación] fue objeto de la
investigación disciplinaria 143-164041-07, que culminó con los actos administrativos
19001-23-33-000-2014-00005-01(4023-16) de 20 de agosto de 2020. Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00628-
01(0853-16), sentencia del 27 de febrero de 2020-
10
Folio 8 cdno 2
11
Folio 130 y ss cdno 2.
12
Folio 103 cdno 6,
15
Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
aquí demandados[fallo de única instancia de 28 de julio de 2011 y 12 de diciembre de
2011], mediante los cuales el Procurador General de la Nación, le impuso una
sanción consistente en «DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL por el término
de DIEZ (10) AÑOS» y lo declaró responsable disciplinariamente por incurrir en
falta gravísima a título de culpa gravísima por infringir el numeral 31 artículo 48,
inciso segundo del numeral 3 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, numerales 7 y
12 del artículo 25, numerales 1 y 4 del artículo 26, artículo 29 de la Ley 80 de
1993, y artículos 1887 y 1889 del Código Civil.13
21.De los actos acusados demandados se tiene que, la situación fáctica que
generó la sanción, radicó en el hecho y según lo expresa el auto de cargos y los
actos demandados de la «incuria» del señor Ángel Augusto Pérez Martínez, al
haberlo encontrado responsable por:
i.haber participado en detrimento del patrimonio público y con desconocimiento
de los principios que regulan la contratación estatal, en el proceso de adquisición
del predio El Clavel, no haber advertido al ordenador del gasto, los inconvenientes
del inmueble que no era apto, informados por el consultor Walter Álvarez, ni el
sobreprecio del mismo.
ii.permitir o tolerar que con ocasión de la compra en condiciones de evidente
sobreprecio del predio El Clavel, el señor Néstor Germán Castañeda Aguirre
incrementara injustificadamente su patrimonio, y que el Distrito pagara la suma de
$ 1.491.043.208, por el inmueble que “la Cámara de la Propiedad Raíz –Lonja
Inmobiliaria, estimó que dicho predio tenía un valor total de $192.680.880, a razón de $
3.500 metro cuadrado.”14. Violación del principio de selección objetiva.
22. El señor Ángel Augusto Pérez Martínez, por medio de apoderado sometió a
estudio de legalidad los actos administrativos sancionatorios y reseñados en
precedencia, por considerarlos que incurren en violación del debido proceso, falsa y
falta de motivación. La contraparte Procuraduría General de la Nación, se opuso a
los razones de ilegalidad y a las pretensiones de la demanda. La Representante
13
Consultado hoy 21 de enero de 2022, en la página web de la Procuraduría General de la Nación los antecedentes
disciplinarios. Encontrándose que «NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES» el 5 de diciembre de
2007. Tampoco registraba antecedentes. Fl. 155 cdno 2 Procuraduría Segunda Distrital.
14
folio 0078 y siguientes, folio 151 y siguientes cuaderno principal
16
Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
del Ministerio Público, en su concepto solicitó se nieguen las súplicas de la
demanda.
23. De manera que, los problemas jurídicos por resolver se contraen a establecer:
si los actos administrativos demandados, (i) incurren violación del debido proceso
y derecho de defensa por las irregularidades descritas en el libelo, entre estas,
desconocimiento del principio de presunción de inocencia, ilicitud sustancial, de
favorabilidad, apreciación probatoria parcial no integral, desconocimiento de las
normas que debía fundarse (ii) en falta y falsa motivación.
24. Para efectos de resolver los planteamientos, la Sala abordará de manera sucinta,
los siguientes tópicos: i.Breves generalidades del derecho disciplinario y del proceso.
ii.Del régimen disciplinario de los servidores de la planta administrativa de la
Secretaría de Educación de Bogotá. iii.Principios de apreciación integral de la
prueba, culpabilidad, exclusión de la responsabilidad disciplinaria, ilicitud sustancial
iv.Del deber funcional del empleo de subsecretario de despacho de la planta de
personal administrativo de la Secretaría de Educación de Bogotá. v. caso concreto.
De la Adquisición del inmueble el Clavel y valor económico y pago del inmueble vi.
Análisis de los cargos endilgados a los actos administrativos demandados,
conclusión.
25. La Sala anticipa que tiene plena competencia para realizar un control judicial
pleno y en materia administrativa sancionatoria rigen los principios de ilicitud
sustancial, de integración normativa y apreciación integral de las pruebas de
acuerdo con las reglas de la sana crítica. Adicionalmente, la Sala acogerá, los
principios que la ilicitud sustancial es presupuesto para la existencia de una falta
disciplinaria, y que la ignorancia, en este caso, no puede servir de excusa;
mantendrá la legalidad de los actos acusados.
BREVES GENERALIDADES DEL DERECHO DISCIPLINARIO Y DEL PROCESO
26. Según el artículo 277 de la Constitución Política, le corresponde al Procurador
General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados ejercer vigilancia
17
Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas 15,
ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones
correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la Ley.
27. El ejercicio de la potestad disciplinaria del Estado, se orienta a asegurar la
apropiada gestión de la Administración Pública para que ésta [administración
pública] pueda materializar los fines estatales. De allí que la ley disciplinaria, según
ha explicado la Corte Constitucional, tiene como finalidad específica la prevención
y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del cumplimiento de
los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores
públicos que la afecte o la ponga en peligro.16
28.Respecto del objeto del derecho disciplinario, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha señalado que el: «derecho disciplinario pretende garantizar "la
obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los
servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes
servicios a su cargo"; cometido éste que se vincula de manera íntima al artículo 209 de la
Carta Política porque sin un sistema punitivo dirigido a sancionar la conducta de los
servidores públicos, resultaría imposible al Estado garantizar que la Administración
Pública cumpliese los principios de "igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad" a que hace referencia la norma constitucional»17
29. Ahora bien, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política. El
debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. El procedimiento disciplinario, por regla general es de carácter
administrativo y es un conjunto de actividades procesales dirigidas a investigar y/o
a sancionar las conductas de los servidores públicos y particulares que ejercen
funciones públicas, tipificadas como falta disciplinaria.
30.El debido proceso como derecho fundamental está referido en materia procesal
disciplinaria, a que el inculpado conozca los cargos, los que deben ser formulados
en forma clara, concisa y oportuna, para que pueda ejercer todos los medios de
15
De conformidad con el artículo 209 de la constitución política, La función pública, está al servicio de los intereses
generales y es orientada por principios tales como de eficacia, moralidad, economía, igualdad, imparcialidad y publicidad.
16 Corte Constitucional. Sentencia C-948-02.
17
corte constitucional. sentencia C-948-02.. negrilla fuera del texto
18
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réplica, pedir las pruebas, obtener su decreto y práctica, así como controvertir las
que lo inculpan, presentar alegatos y en general, participar de modo activo en todo el
proceso, lo que implica un gran debate con el agotamiento de las instancias a que
haya lugar y las garantías que las mismas ofrecen”18.
31.Asimismo, son elementos constitutivos de la garantía del debido proceso en
materia disciplinaria, entre otros, “(i) el principio de legalidad de la falta y de la
sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad (iii) el derecho de defensa y
especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba (iv) el
principio de la doble instancia (v) la presunción de inocencia (vi) el principio de
imparcialidad, (vii) el principio de non bis in ídem (viii) el principio de cosa juzgada
y (ix) la prohibición de la reformatio in pejus.
Del régimen disciplinario de los servidores de la planta administrativa de la
Secretaría de Educación de Bogotá.
32. El Decreto-Ley 1421 de 1993-Estatuto Orgánico de Bogotá, en sus artículos
13019 a 13420 fija unas reglas de los procesos disciplinarios, para los empleados
18
Consejo de Estado. Expediente 0384-10.
19
ARTICULO 130. Régimen disciplinario. Los procesos disciplinarios de los empleados públicos del Distrito y sus entidades
descentralizadas se adelantarán conforme a las siguientes reglas: 1. No se podrán establecer trámites o etapas diferentes a
los señalados en el procedimiento adoptado por el presente decreto. 2. Deberán adelantarse con diligencia y en el menor
tiempo posible. 3. No se exigirán documentos ni autenticaciones ni presentaciones personales distintas de las exigidas en
forma expresa por la ley. 4. Los responsables de la función disciplinaria los impulsarán y evitarán decisiones inhibitorias. 5.
Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse con el cumplimiento del correspondiente
requisito. 6. La calificación de las faltas como leves o graves y la graduación de las sanciones, se hará teniendo en cuenta
criterios de ponderación y las circunstancias agravantes o atenuantes que rodearon los hechos.
7. En caso de que la falta que se investiga sea grave, o que la permanencia en el cargo del infractor pueda entorpecer la
investigación, la autoridad nominadora podrá suspender en forma preventiva al funcionario por el término que dure la
investigación Si fuere absuelto, o se aplicare sanción distinta a la destitución o suspensión del cargo, o ésta fuere inferior al
tiempo en que estuvo retirado del servicio, tendrá derecho a que se le reconozca y pague el valor correspondiente a la
suspensión no justificada. 8. Las sanciones serán de aplicación inmediata y los recursos se concederán en el efecto
devolutivo, y 9. En lo no previsto por el presente estatuto, se regirá por las disposiciones vigentes en materia de régimen
disciplinario. ARTICULO 131. Sanciones. Son sanciones disciplinarias: 1. Amonestación escrita con anotación en la hoja de
vida. 2. Suspensión en el desempeño del cargo sin derecho a remuneración, hasta por noventa días calendario, y
3. Destitución, que siempre acarrea la inhabilidad para el desempeño de empleos oficiales entre dos (2) y diez (10) años.
La comisión de faltas leves dará lugar a la aplicación de la sanción contemplada en el ordinal 1° y a la suspensión sin
derecho a remuneración hasta por diez (10) días calendario. Las faltas graves o la reincidencia en faltas leves, dará lugar a
la suspensión sin derecho a remuneración entre once (11) y noventa (90) días calendario, o a destitución, según el caso.
20
ARTICULO 132. Plazo de la investigación. La investigación disciplinaria deberá adelantarse dentro de un plazo de treinta
(30) días hábiles prorrogable por otros treinta (30) más, por la autoridad nominadora, dejando constancia escrita de las
razones que tuvo para ello.
ARTICULO 133. Procedimiento. La investigación disciplinaria se adelantará conforme al siguiente procedimiento:
1. Será ordenada por el jefe del organismo o la autoridad nominadora cuando tenga conocimiento de un hecho que pueda
constituir falta disciplinaria, o exista documento, declaración, o indicio que ofrezca serios motivos de credibilidad, que pueda
comprometer la responsabilidad de un empleado público. Con tal fin, dictará auto de apertura y designará investigador,
quien dentro de los tres días hábiles siguientes formulará el correspondiente pliego de cargos si a ello hubiere lugar.
19
Nº Interno: 1989-2012
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Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
públicos del Distrito, entre estas, que: «la acción disciplinaria prescribirá a los diez
(10) años de haber ocurrido los hechos constitutivos de la falta.» sin embargo, no
establece en estricto sentido, un régimen especial para los referidos servidores.
Luego, la Sala parte de la premisa que los servidores de la planta administrativa de
la Secretaría de Educación de Bogotá, en la actualidad no gozan de régimen
disciplinario especial, por consiguiente se encuentra regido por la norma general.
Vale decir, la Ley 734 de 2004, contentiva del Código Disciplinario Único, máxime
cuando la Corte Constitucional ha sentando la tesis que la mentada ley, contiene el
«Régimen disciplinario común de los servidores públicos»21.
33.La referida ley [734 de 2002] señala que son destinatarios de la ley disciplinaria
los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio y los
particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de ese código.
También consagra principios rectores sustanciales y procesales tales como:
debido proceso, legalidad [El servidor público y el particular sólo serán investigados y
sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la
ley vigente al momento de su realización]; la falta será antijurídica cuando afecte el
deber funcional sin justificación alguna.[ilicitud sustancial]22; proporcionalidad
entre la sanción y la gravedad de la falta, apreciación integral de la prueba de
acuerdo con las reglas de la sana crítica. Del mismo modo el principio de
integración normativa, este último en los siguientes términos:
2. El acusado dispondrá de un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo del pliego o de la puesta del
correo del mismo, para presentar sus descargos y para solicitar y aportar pruebas. Durante este lapso el expediente
permanecerá a su disposición en la oficina del investigador.
3. Vencido dicho término el investigador, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, practicará las pruebas solicitadas
por el acusado que considere pertinentes y conducentes y las demás necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
4. Practicadas las pruebas o vencido el término sin que el acusado las solicite, el investigador, dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes, rendirá el informe correspondiente a la autoridad que lo haya comisionado.
5. La autoridad nominadora, dispondrá de un término de cinco (5) días hábiles para proferir decisión de fondo o para
disponer, por una sola vez, la prórroga de la investigación, en caso de que como resultado de la misma aparecieren hechos
nuevos que puedan constituir falta disciplinaria imputable al acusado o a otros servidores y que por su conexidad deban
investigarse conjuntamente. En este caso el investigador dentro de los tres (3) días hábiles siguientes formulará los cargos
a que hubiere lugar.
6. El incumplimiento de los términos previstos en este artículo no genera nulidad. Lo anterior sin perjuicio de la
responsabilidad que le pueda caber a quien los infrinja, y
7. El procedimiento señalado es aplicable a los ex funcionarios.
ARTICULO 134.Prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribirá a los diez (10) años de haber
ocurrido los hechos constitutivos de la falta.
21
Sentencia C-086-19
22
La ilicitud sustancial, es presupuesto para la existencia de una falta disciplinaria, la acreditación acerca del incumplimiento
de un deber funcional del servidor público, esto es, la presencia de una conducta u omisión que interfiere en el ejercicio
adecuado de la función pública ejercida por dicho servidor del Estado.
20
Nº Interno: 1989-2012
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«Artículo 21.Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación
del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en esta
ley y en la Constitución Política. En lo no previsto en esta ley se aplicarán los
tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios
internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los códigos
Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento
Civil en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario.»
34.En términos generales la ley en comento indica que constituye falta
disciplinaria, que da lugar a la acción e imposición de la sanción, la incursión en
cualquiera de las conductas o comportamientos tipificados como tales que
conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y
funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por
alguna de las causales de exclusión de responsabilidad.
35.En todo caso, para que se imponga una sanción disciplinaria, se requiere que
esté demostrada la tipicidad,23 la antijuridicidad24(ilicitud sustancial) y la
culpabilidad25 del sujeto en la comisión de la falta. La imposición de la sanción
debe atender el principio de proporcionalidad.26 Adicionalmente, la responsabilidad
disciplinaria, es independiente, autónoma distinta a la responsabilidad, penal, civil
y fiscal, cada una tiene un objeto y consecuencia diferente.
36. Desde el punto de vista procesal la Ley 734 de 2002, consagró el
procedimiento para adelantar una investigación disciplinaria, a saber:
i.Procedimiento ordinario: artículo 150 y ss
ii. Procedimientos especiales: Procedimiento verbal artículo 175 y ss
De la apreciación integral de las pruebas de acuerdo con las reglas de la
sana crítica.
37. La Ley 734 de 2004, dispone:
«Artículo 141.Apreciación integral de las pruebas. Las pruebas deberán
apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
23
La conducta debe constituirse como falta de conformidad con la ley, la conducta debe ser reprochable disciplinariamente.
24
«artículo 5.- ilicitud sustancial. la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna.»
25
«artículo 13.- culpabilidad. en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. las faltas sólo
son sancionables a título de dolo o culpa.»
26
«artículo 18.- proporcionalidad. la sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. en la
graduación de la sanción deben aplicarse los criterios que fija esta ley.»
21
Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de
las pruebas en que ésta se fundamenta.»
38. La Corte Constitucional, en relación con la apreciación probatoria, ha referido:
«[…] siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, se ha sostenido que la
valoración defectuosa se presenta cuando i)la autoridad judicial adopta una
decisión desconociendo las reglas de la sana crítica, es decir, que las pruebas
no fueron apreciadas bajo la óptica de un pensamiento objetivo y racional,
ii)realiza una valoración por completo equivocada o contraevidente,
iii)fundamenta la decisión en pruebas que por disposición de la ley no son
demostrativas del hecho objeto de discusión, iv)valora las pruebas
desconociendo las reglas previstas en la Constitución y la ley, v)la decisión
presenta notorias incongruencias entre los hechos probados y lo resuelto,
vi)decide el caso con fundamento en pruebas ilícitas y, finalmente vii) le resta o
le da un alcance a las pruebas no previsto en la ley. […]27
39. El Consejo de Estado, respecto de principio de la sana crítica, consideró:
«[…] La sana crítica corresponde a la actividad intelectual del juez frente a la
prueba, “las reglas del correcto entendimiento humano” en las que interfieren las
reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez, que contribuyen a
analizar la prueba con arreglo a la sana razón y al conocimiento con el fin de
“asegurar el más certero y eficaz razonamiento”[…]»28
Culpabilidad. Títulos de imputación subjetiva: dolo y culpa
40. En términos generales la culpabilidad supone la capacidad que tiene una
persona de comprender la ilicitud del acto y la capacidad de autodeterminarse de
acuerdo con esa comprensión. La culpabilidad liga al sujeto a su acto, ejecutado
mediante dolo o culpa.
41.El artículo 13 de la Ley 734 de 2002, dispone:
“ARTÍCULO 13. CULPABILIDAD. En materia disciplinaria queda proscrita toda
forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de
dolo o culpa.”
42.El contenido de la culpabilidad en materia disciplinaria, en sus modalidades de
dolo y culpa, pueden establecerse, como lo ha definido previamente la Sala Plena
27
Sentencias T-388 de 2006, SU-946 de 2014, SU-537 de 2017 y T-074-2018
28
Radicado 11001-03-25-000-2011-00341-00 providencia del 23 de enero de 2020-
22
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Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
de lo Contencioso Administrativo29; para el dolo atendiendo al Código Penal30por
integración normativa y remisión que hace el artículo 21 de la Ley 734 de 2002. La
culpa de conformidad con el parágrafo del artículo 44 ibídem en el cual se
consagra los grados de culpa y los define así: (i) culpa gravísima; ignorancia
supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento y (ii) culpa grave: inobservancia del cuidado necesario que cualquier
persona del común imprime a sus actuaciones.
43.En síntesis, el dolo en materia disciplinaria implica que el sujeto disciplinable
haya tenido conocimiento de la situación típica que implica el desconocimiento
del deber que sustancialmente debe observar y que voluntariamente haya
decidido actuar en contravía de éste. La culpa, es la acción u omisión en que se
incurre por ignorancia supina, impericia o negligencia.
Exclusión de la responsabilidad disciplinaria
44.El artículo 28 de la Ley 734 de 2002, prevé las causales de exención de
responsabilidad disciplinaria entre esas, que el agente hubiere realizado la
conducta, bajo la convicción errada e invencible de que no constituye falta
disciplinaria.
45.La jurisprudencia del Consejo de Estado, respecto a la citada causal de exención,
ha enseñado:
«…Para que opere la exención de responsabilidad establecida en el numeral 6 del
artículo 28 de la Ley 734 de 2002, es obligatorio además de la existencia del error,
que éste sea invencible. Es necesario que el disciplinado tenga la creencia plena y
sincera de que actuaba ajustado al ordenamiento jurídico, y adicionalmente, que el
error de apreciación no era humanamente superable dadas las condiciones
personales del procesado y las circunstancias en que éste se realizó, eventos en
los cuales, la conducta no es reprochable a título de dolo, porque en el encartado
no hay la conciencia de la ilicitud de su acción, sin el cual el fenómeno no se
estructura. Tampoco le puede ser reprochable a título de culpa porque actuó con el
cuidado y diligencia para determinar que su conducta no era contraria a la ley. Bajo
la anterior consideración vale la pena destacar, que la conducta reprochada era
totalmente evitable, en la medida en que, al demandante le correspondía estar
29
Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado. Providencia de 17 de marzo de 2015, radicado 2014-
03799-00
30
El Código Penal. artículo 22. dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la
infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha
sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar.
23
Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
seguro de la existencia del acto administrativo que le otorgara la competencia para
suscribir la Resolución No. 163 de 22 de octubre de 2001, es decir, debía estar
atento a la suscripción del acto o adelantar las diligencias necesarias que lo
llevaran a obtener la certeza de que estaba debidamente facultado para ejercer esa
función y no sólo limitarse a cumplirla de manera verbal sin el lleno de los
requisitos.»
Por su parte la Corte suprema de justicia, en radicado 36.294 de 25 de enero de
2012, se expresó:
« […]El error de tipo se presenta cuando se obra con error invencible de que no
concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica (error de
tipo invencible) o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que
excluya la responsabilidad (error de tipo indirecto invencible o permisivo, también
llamado ‘error sobre los presupuestos fácticos de una causal de justificación’. Si
el error fuere vencible la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto
como culposa. De ello se desprende que el error invencible, entendido como la
errada interpretación que no es posible superar, ni aún actuando en forma
diligente y cuidadosa, y el error vencible, aquella falsa representación que el
agente puede superar24[…].31 » [énfasis del texto]
46. Adicional a lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha precisado
el principio de presunción de inocencia e ignorancia de la Ley. En Efecto ha
enseñado:
«…El sentido de dicha presunción es éste: Si a una persona se le imputa una
conducta jurídicamente ilícita, quien hace la imputación es quien debe probarla.
Ahora bien: el artículo 9 demandado no releva de esa prueba. Lo que establece
es algo bien distinto: que si a una persona se le atribuye una conducta ilícita y se
prueba que en realidad la observó, no es admisible la excusa de que ignoraba la
norma que hace ilícita la conducta. Cosa bien distinta es que el agente haya
incurrido en la hipótesis de la conducta ilícita sin que le haya sido dado evitarla
(conozca o no la norma que contempla el supuesto). Se trataría allí de un caso
fortuito o de una fuerza mayor, perfectamente diferenciables de la ignorancia de
la ley, y con efectos jurídicos significativamente distinto.
Lo que dispone el artículo 83 de la Constitución, es que en las actuaciones de
los particulares ante las autoridades públicas, se presume que aquéllos no
actúan movidos por propósitos de engaño o dolo, y que si alguien asevera que
es ése el caso, debe probar su aserto. Tan próxima se encuentra esta
presunción a la de inocencia que son virtualmente inescindibles. Por tanto es
pertinente, con respecto a ella, el argumento anteriormente expuesto, a saber:
que si alguien aduce que ignoraba que su conducta torticera fuera censurada
por el derecho, la eficacia de tal argumento está jurídicamente descartada.»32
31 Casación No. 38.254
32
Sentencia C-651/97
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De la Ilicitud sustancial
47. El artículo 5º de la Ley 734 de 2002 prevé el referido principio en los siguientes
términos: «Ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber
funcional sin justificación alguna». La ilicitud sustancial, entonces, es presupuesto
para la existencia de una falta disciplinaria, e implica la acreditación del
incumplimiento de un deber funcional del servidor público. Los numerales 1º y 2º
del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, estipulan que es deber de todo servidor
público cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, cumplir con diligencia,
eficiencia e imparcialidad el servicio encomendado. A su vez el artículo 35 prohíbe al
servidor público incumplir los deberes.
48. En cuanto al contenido del deber funcional, la Corte Constitucional ha
señalado que se encuentra integrado por (i)el cumplimiento estricto de las
funciones propias del cargo (ii) la obligación de actuar acorde a la Constitución
y a la ley; (iii) garantizando una adecuada representación del Estado en el
cumplimiento de los deberes funcionales.33
49. La jurisprudencia del Consejo de Estado, sobre el tópico ha señalado:
“La ilicitud sustancial consiste precisamente en la afectación de los deberes
funcionales sin ninguna justificación. En consecuencia, dado que debe ser
entendida como la capacidad de afectación de la función pública, para
determinar si se estructuró la falta desde el punto de vista de la ilicitud
sustancial, deben analizarse dos componentes dentro de los deberes funcionales
del servidor público, esto es, el conjunto de derechos, deberes y prohibiciones y,
el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de
intereses...”34
50.Así, el principio de ilicitud sustancial, es presupuesto de antijuridicidad en
materia disciplinaria, y consiste en la afectación de deberes funcionales sin
justificación alguna. En cuanto al contenido del deber funcional, la jurisprudencia
ha señalado que se encuentra integrado por (i) el cumplimiento estricto de las
funciones propias del cargo, (ii) la obligación de actuar acorde a la Constitución y a
la ley; (iii) garantizar una adecuada representación del Estado en el cumplimiento
33
Sentencia C-819 de 2006
34
Consejo de Estado. Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00368-00(1381-11) providencia del 27 de octubre de
2016.
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de los deberes funcionales. Se infringe el deber funcional si se incurre en
comportamiento capaz de afectar la función pública en cualquiera de esas
dimensiones.
51. El incumplimiento al deber funcional, es lo que configura la ilicitud sustancial
que circunscribe la libertad configurativa del legislador, al momento de definir las
faltas disciplinarias y una razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de
los deberes vinculados al ejercicio del cargo la imposición de la sanción está
condicionada a que el servidor público infractor haya procedido con dolo o culpa. A
quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se
declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
Del deber funcional del empleo de Subsecretario de Despacho-Código 045-
Subsecretaria Administrativa de la planta de personal Administrativo de la
Secretaría de Educación de Bogotá.
52.Mediante el Decreto Distrital 061 del 18 de marzo de 200535, el Alcalde Mayor de
Bogotá, «Delegó en las secretarias de Despacho, Departamentos Administrativos y
Unidad Administrativa de Servicios Públicos las funciones relacionadas con los
procesos tendientes a la adquisición de bienes inmuebles que se requieran en cada
entidad para el cumplimiento de sus fines,…En particular corresponderá a cada
Secretario de Despacho, Director de Departamento Administrativo o Gerente de la
Unidad Ejecutiva, realizar la oferta de compra de bienes inmuebles, dictar los actos
administrativos de expropiación conforme a la Ley, adelantar los procesos de
expropiación judicial y demás acciones que para tal efecto se requieran.»
53. Por resolución 911 de 1 de abril de 2004, la Secretaría de Educación,
incorporó el Manual de Procedimientos correspondientes a diferentes áreas,
norma que dispone:
“...ARTÍCULO SEXTO: Incorporar al Manual de Procedimientos de la Secretaría
de Educación del Distrito el procedimiento de la Subdirección de Plantas Físicas
que se encuentra listados a continuación.
...
SPD-PD10 Adquisición de predios para la construcción de IED.
35
Folio 555 anexo 3.
26
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...·”36
54 En la actuación disciplinaria obra en el cuaderno 8, el Manual Guía de
Procedimientos para la preselección de predios objeto de adquisición expedido por
la Alcaldía de Bogotá-Consejería de Renovación Urbana, en el que anotó:
«1.El denominado “Manual de Procedimientos» describe un procedimiento
objetivo guía PARA SELECCIONAR técnica, económica y jurídicamente un
inmueble, toda vez que no recaiga sobre él motivos de utilidad pública o interés
social 2… 3…4…B. FINALIDAD. El procedimiento establecido por el presente
manual se encamina a garantizar la preselección objetiva de aquellos inmuebles
que ofrezcan las mejores características para los proyectos a ejecutar y a los
fines que el programa formulado busca.
…el PROCEDIMIENTO para adquirir los inmuebles estará estrictamente sujeto
al procedimiento establecido en la Ley 9 de 1989 modificada por la Ley 388 de
1997 y lo establecido en el artículo 491 y siguientes37 del Decreto 619 de 2000
correspondiente al Plan de Ordenamiento Territorial, norma especial para Bogotá
D.C.
…
5.3. DENIFICIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN…
5.3.1.RECIBO DE DOCUMENTACIÓN…
5.3.2 EVALUACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN-…
5.3.3.EVALUACIÓN REQUISITOS URBANÍSTICOS MÍNIMOS…
5.3.4. EVALUACIÓN TÉCNICA DETALLADA DEL INMUEBLE.
…inmuebles preseleccionados en el proceso anterior …visitará el inmueble tomará
fotografías y evaluará el inmueble de acuerdo con las siguientes características
como mínimo u otras que considere importantes la entidad interesada en el tema
específico , las que determinará y acondicionará libremente teniendo en cuenta la
naturaleza y objeto de su ejecución: a) FÍSICAS área en M2. Área útil, uso principal,
estado urbano, tipología y morfología del sector, topografía, pendiente, tipo de
36
folio 177 cuaderno 4.
37
Subcapítulo 2 Adquisición de inmuebles Artículo 491. Adquisición de inmuebles por entidades públicas del orden Distrital.
El Distrito Capital es competente para adquirir por enajenación voluntaria, o mediante el procedimiento de expropiación, los
inmuebles que requiera para el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 58 de la ley 388 de 1. 997 y demás
disposiciones que contengan motivos de utilidad pública. También son competentes para adquirir inmuebles en el Distrito
Capital, los establecimientos públicos distritales, las empresas industriales y comerciales del Distrito y las sociedades de
economía mixta asimiladas a las anteriores, cuando vayan a desarrollar alguna o algunas de las actividades previstas en las
normas referidas.
Artículo 492. Objeto Específico de la Adquisición. El objeto específico para la adquisición de uno o más inmuebles por parte
de una entidad competente, lo constituye la obra, el programa, el proyecto o la actuación que la entidad se propone ejecutar
en desarrollo del artículo 58 de la ley 388 de 1. 997, sin necesidad de que exista un acto jurídico específico que así lo
declare. Habiéndose identificado plenamente el objeto específico de la adquisición, la entidad competente expedirá el acto
administrativo mediante el cual ordene adelantar todos los estudios de tipo social, técnico, jurídico y económico que habrán
de fundamentar posteriormente los procedimientos de la adquisición necesarios para el cumplimiento de dicho objeto.
Artículo 493. Derogado por el art. 286, Decreto Distrital 469 de 2003. Anuncio del Proyecto. Para los efectos previstos en el
parágrafo del artículo 61 de la ley 388 de 1. 997, las entidades competentes, antes de iniciar formalmente el proceso de
adquisición de los inmuebles que requieran para el cumplimiento de sus objetivos, harán el anuncio individual de cada uno
de los proyectos que hayan decidido ejecutar así:
1. Mediante la publicación en el Registro Distrital, del acto por el cual se ordene acometer la ejecución del proyecto
específico o adelantar todos los estudios de tipo social, técnico, jurídico y económico que habrán de fundamentar
posteriormente los procedimientos de adquisición de los inmuebles, o 2. A través de la divulgación de la iniciativa en un
diario de amplia circulación en el Distrito Capital o en una radiodifusora que tenga como mínimo cobertura local. Artículo
494. Realización de Estudios. Identificado el inmueble o inmuebles objeto de la adquisición, la entidad adquirente
coordinará la realización de los levantamientos topográficos, los estudios de títulos y las investigaciones sobre la situación
fiscal de los inmuebles objeto de adquisición, los inventarios de inmuebles y mejoras existentes, los trabajos de campo a
que haya lugar y, en general, todos los demás trabajos que tengan por objeto obtener la información sobre aspectos que
puedan incidir en la proyectada adquisición, para efectos de determinar las condiciones del negocio que deben quedar
plasmadas en la oferta de compra respectiva.
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suelo e infraestructura urbana. b) ESPECÍFICAS…c) AMBIENTALES…d) INDICE
DE OCUPACIÓN… e)FUNCIONALES …F)SOCIALES …G) OTROS.
5.3.5 ANÁLISIS ECONÓMICO Y JURÍDICO. A los inmuebles que califiquen igual
o mayor al 70% del puntaje total de la Evaluación Técnica, la entidad les
practicará.
1.UN AVALUO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE de acuerdo con lo
dispuesto por la ley 388 de 1997 y el decreto 1420 de 1998,.Este avaluó se
constituirá en el precio de adquisición que la Administración reconocerá como
resultado de la negociación.
Habiéndose realizado y recibido el avalúo comercial, la entidad designará la
dependencia responsable de verificar, analizar y evaluar la información recibida,
de asignar el puntaje establecido de 0 a 200 puntos para este aspecto, el que se
podrá distribuir en dos formas:
…
Esta dependencia deberá diligenciar los formatos previamente establecidos con
el objeto de que reposen como soporte del proceso de preselección.
…
Con el fin de validar el avalúo, la entidad correspondiente podrá consultar con
otras entidades del Distrito, los avalúos que alguna de ellas haya realizado
recientemente en la misma zona. Esta información podrá ser tenida en cuenta al
momento de presentar los inmuebles en el Comité Evaluador.
…
2.ESTUDIO JURÍDICO PRELIMINAR …
3.UN LEVANTAMIENTO TIPOGRÁFICO …
5.3.6. SELÑECCIÓN FINAL COMITÉ EVALUADOR.
De acuerdo con el resultado de las anteriores evaluaciones, el Gerente o
Secretario de la Entidad interesada en adquirir el inmueble …nombrará un
Comité Evaluador con mínimo tres (3) representantes y cuyos cargos…
…
5.4. OFERTA DE COMPRA Y NEGOCIACIÓN
…38
55.Para mejor comprensión del asunto puesto a su conocimiento, la Sala revisa,
ahora, lo referente al deber funcional del empleo de Subsecretario de Despacho-
Código 045-Subsecretaria Administrativa de la planta de personal Administrativo
de la Secretaría de Educación de Bogotá, empleo desempeñado por el señor Ángel
Augusto Pérez Martínez, como sigue.
56.De conformidad con las resoluciones 3800 del 15 de septiembre de 200539 y
2190 del 28 de mayo de 200740, Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para empleos de la planta de personal Administrativo de la Secretaría de
Educación de Bogotá D.C; asigna funciones al empleo denominado subsecretario
administrativo de la Secretaría de Educación de Bogotá, tales como:
38
Cuaderno 8, Procuraduría Primera Distrital
39
Cdno 5 folio 107
40
Folio 127 cdno 2
28
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i.Asesorar al Secretario en la formulación de políticas referidas a la planeación,
administración, y control de los recursos humanos, físicos, y tecnológicos de la
secretaría
ii.Dirigir, supervisar y controlar la adquisición de los bienes y servicios que
se requieran para el cabal cumplimiento de las funciones de la Secretaría.
iii.Apoyar a las localidades en el proceso general de contratación de asuntos
propios del sector educativo de conformidad con las normas vigentes y directrices
de la Alcaldía Mayor del Distrito Capital. 41
57.Ahora bien, revisado el acervo probatorio, obrante en el expediente
disciplinario, se observa que en el contexto de las funciones como Subsecretario
Administrativo de la Secretaría de Educación, el señor Ángel Augusto Pérez
Martínez, celebró contratos tales como:
i.El Contrato 782 de 13 de diciembre de 2004, con la Cámara Propiedad Raíz,
objeto:«efectuar los estudios necesarios para la valoración económica de los
predios que se requieran para la adquisición y/o arrendamiento, una vez la SED
realice los estudios técnicos y jurídicos pertinentes.
42. Contiene objeto general y no de inmueble en particular.
ii.El contrato de consultoría 163 de 29 de diciembre de 2004, con el señor Walter
Hember Álvarez Bustos, con el objeto de “efectuar los estudios técnicos, jurídicos
y económicos de acuerdo con el Manual de procedimientos –proceso de
Preselección de inmuebles de la Alcaldía Mayor de Bogotá... para 12 predios y la
negociación y escrituración de 16 predios» 43 Contiene objeto general y no de
inmueble en particular.
iii. Orden de prestación de servicios 1297 de 30 de noviembre de 2005, con la
abogada Jimena Catherine Castellanos Bojacá, con el objeto de: «efectuar
trámites de expropiación necesaria dentro del proceso de adquisición de predios
que actualmente adelanta la secretaría de educación y apoyar a la subdirección de
plantas físicas en la revisión jurídica y elaboración de documentos necesarios
41
folios 130 a 133 cuaderno 2, 107 cuaderno 5 expediente disciplinario
42
folio 54 cuaderno 4, expediente disciplinario
43
folio 104 cdno 3.
29
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dentro de los procesos de adquisición predial y trámite de saneamiento y
legalización de las instituciones educativos distritales ante las entidades
competentes, con el fin de viabilizar la realización de las obras de construcción y
mejoramiento».44 Contiene objeto general y no de inmueble en particular.
58.En el expediente disciplinario obran las órdenes de pago expedidas por la
Secretaría de Educación, por compra del predio El Clave, por valor total
$1.491.043.208 y la firma del señor Ángel Augusto Pérez Martínez, como
ordenador del gasto45. Asimismo, obran pruebas que acreditan que el señor Ángel
Augusto Pérez Martínez, aprobó el replanteamiento de la oferta de compra S-
2005-135723 de 20 de diciembre de 2005.46, predio El Clavel.
59. Mediante el fallo 029 del 24 de julio de 200947, y de 14 de septiembre de 2009,
la Contraloría de Bogotá, profirió fallo de responsabilidad fiscal en forma solidaria
en cuantía de $1.321.320.000 contra Yaneth Liliana González Vargas, Catherine
Castellanos, Ángel Augusto Pérez Martínez, Abel Rodríguez Céspedes y Jairo
Iván Loaiza Agudelo, con ocasión del proceso de compra del predio «El Clavel».
La Contraloría, anotó:
«…la diligencia de versión libre rendida por el señor Ángel Augusto Pérez en
calidad de Subsecretario Administrativo de la Secretaría de Educación
quien manifestó que: el proceso de negociación se inició en la
Subdirección de Platas Físicas y a su oficina llegó la oferta acompañada de
un avaluó comercial realizado por la Cámara de propiedad Raíz, documento
que estudió y al cual le puso el visto bueno para la posterior firma del
señor Secretario. Que la oferta de Adquisición fue elaborada por la señora
Liliana González y revisada por el Subdirector de Plantas Físicas; que luego de
hecha la oferta y aceptada por el propietario un equipo técnico recibió el lote y se
da inicio a los diseño para la construcción del nuevo colegio.
…
…RESPECTO AL Dr. ÁNGEL AUGUSTO PÉREZ MARTÍNEZ, el despacho
considera…Así las cosas este despacho encuentra que como Subsecretario
Administrativo, una de sus funciones era la de coordinar el soporte
44
folio 5 cdno 4.
45
Hay firma ordenador del gasto (Ángel Augusto Pérez Martinez- ver folios 473 cuaderno 2 y folio 109 cuaderno 3) de las
referidos documentos contiene las mismas características de la firma puesta por el señor Ángel Augusto Pérez Martínez, en
el poder obrante en el folio 1 del expediente.
46
oficio 088939 de 13 de junio de 2006. firmado por Abel Rodríguez Céspedes- Secretario de Educación. aprobado por el
señor Ángel Pérez Martínez, Subsecretario Administrativo de la Secretaría de Educación, según se lee a pie de página de
ese documento. folio 43 anexo 1. folio 43, 46, anexo 1. folio 595 anexo 3. folio 333 cuaderno 2, folio 163 cuaderno 5.
expediente disciplinario
47
Mediante el fallo del 12 de diciembre de 2019, radicado 2500023240002010-00162-02, El Consejo de Estado confirmó el
fallo del 21 de octubre de 2013 que negó las súplicas de la demanda contra los fallos de responsabilidad Fiscal del 24 de
julio y 14 de septiembre de 2009.
30
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administrativo, responder por el personal administrativo, y técnico de los
procesos de contratación.
…
No da cuenta el expediente sobre los controles del Subsecretario Administrativo
en este proceso contractual, por el contrario se evidencia su ausencia y las
tenues decisiones tomadas una vez conocidos los posibles errores en la
adquisición que venía cometiendo su subalterna Liliana González Vargas,
incurriendo con ello en conducta omisiva, permisiva, no propias del cargo y
responsabilidades que como subdirector debió asumir.
Adicionalmente no se evidencian en el expediente controles administrativos
en el procedimiento de recepción de documentos, facilitando, la defraudación
que se produjo en este evento, cuando era permitido recibir experticos en forma
directa sin que mediara un procedimiento al interior de la SED, según lo
informara la propia investigada Liliana González Vargas.
En su labor de dirección su actuar fue incipiente lo cual trajo como consecuencia
la desviación de funciones de la Señora Coordinadora, que le permitieron
holgadamente adelantar todo el proceso contractual sin control de ninguna
índole. …
La Adquisición del predio El Clavel es un contrato perteneciente a su
subsecretaría y como tal debió vigilar la totalidad del procedimiento, lo cual
no aparece evidenciado en el expediente. Como Subdirector suscribía “…los
documentos tales como actas de pago, suspensiones, actas de recibo final,
actas de liquidación…”…debió ejercer los controles necesarios…
No percató que el predio finalmente adquirido no tuvo avalúo comercial…
… existe certeza sobre la causación del detrimento y la responsabilidad del
Subsecretario Dr. Ángel Pérez Martínez y el nexo de causalidad es inmediato.
…finalmente fue comprado, esto es, por valor de $1.491.043.208.
…»48[negrilla fuera del texto]
60. No obra acto administrativo mediante el cual el Subsecretario Administrativo
de la Secretaría de Educación, señor Pérez Martínez, hubiere delegado función
alguna atribuida a su cargo. Adicionalmente, y teniendo en cuenta lo anterior se
evidencia que en el Subsecretario Administrativo de la Secretaría de Educación
radicaba la función de dirigir, supervisar y controlar la adquisición de los
bienes y servicios requeridos para el cabal cumplimiento de las funciones de
la Secretaría. Vale decir, esa función era inherente al cargo, lo que dicho sea de
paso, para la adquisición de bienes inmuebles, le exigía tener conocimiento de los
precios catastrales, prediales, comerciales, zonales de los inmuebles en Bogotá,
con mayor razón sobre aquellos que tuvieren opción de compra para los proyectos
educativos del órgano territorial, de consiguiente advertir la presencia de alguna
acción fraudulenta. Sumado a lo anterior, en criterio de la Sala el señor Pérez
Martínez ostentaba las condiciones profesional [economista y administrador público]
48
Cdno 2-Contraloría.
31
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para comprender fácilmente lo anterior.[mercado inmobiliario y la alteración justificada
o no de precios]
CASO CONCRETO
61.Desde ahora la Sala advierte y revisado el acervo probatorio del expediente,
que los actos administrativos demandados surgieron a la vida jurídica como
consecuencia de varias quejas49 que por irregulares en la adquisición del Lote El
Clavel, presentaron individualmente, varias personas, entre ellas, el Director de la
Red de Veedurías Ciudadanas50, un concejal de Bogotá51, y un Procurador
Judicial52, ante la Personería de Bogotá, Secretaría de Educación de Bogotá-
Oficina de Control Interno; Bogotá D.C.-Secretaría General- Procuraduría Distrital
Primera y Segunda; autoridades que abrieron la investigación Preliminar,
avanzaron en el trámite, pero finalmente fueron enviados al Despacho del
Procurador General de la Nación, autoridad que las incorporó en un solo radicado
con el número 143-164041, continúo el trámite y expidió los actos disciplinarios
que ocupan la atención de la Sala.
62. De los antecedentes procesales y de actos acusados demandados se advierte
que, la situación fáctica que generó la sanción al señor Ángel Augusto Pérez
Martínez, consistente en destitución e inhabilidad general por 10 años, radicó en el
hecho de haberlo encontrado disciplinariamente responsable de falta gravísima a
título de culpa gravísima por infracción de numeral 31 artículo 4853, inciso
segundo del numeral 3 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, numerales 7 y 12 del
artículo 25, numerales 1 y 4 del artículo 26, artículo 29 de la Ley 80 de 1993 54, y
49
radicado 15547-2007; Radicación ER 32958-08; Radicación 2009ER 590-2009; 048177// 291-08; radicación 0629;
290139; 143-173764-2008 // radi IUS 99448-09 // 143-168088-2007 SIAF 281936; .IUS-180268 y 143-1164041
50
Alberto Contreras
51
Felipe Ríos Londoño.
52
Carolina Velásquez Burgos-Procuradora Primera Administrativa( E )
53
Artículo 48.Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
3. Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas
o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por
razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con
desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la
Constitución y en la ley.
54 por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. II. DE LOS PRINCIPIOS DE
LA CONTRATACION ESTATAL ARTICULO 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMIA. En virtud de este principio: 7o. La
conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o
impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.
32
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artículos 188755 y 1889 del Código Civil, por (i) haber participado en el proceso
de adquisición del predio El Clavel, en detrimento del patrimonio público, con
desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal, no advertir
inconvenientes del inmueble que no era apto, ni el sobreprecio del mismo. (ii)
permitir o tolerar que con ocasión de la compra en condiciones de evidente
sobreprecio del predio El Clavel, el señor Néstor Germán Castañeda Aguirre
incrementara injustificadamente su patrimonio, y que el Distrito pagara la suma de
$ 1.491.043.208, por el inmueble que “la Cámara de la Propiedad Raíz –Lonja
Inmobiliaria, estimó que dicho predio tenía un valor total de $192.680.880, a razón de $
3.500 metro cuadrado.”56
En la actuación administrativa, el ente disciplinario concluyó y encontró probadas
las faltas endilgadas, descritas en precedencia, al detectar infringido principios de
contratación estatal, entre estos, el de selección objetiva, responsabilidad e irrogar
detrimento patrimonial al Distrito Capital, como consecuencia de la incuria del
disciplinado Ángel Augusto Pérez y advirtió que:
«[…]ingeniero Álvarez Busto…la Secretaría de Educación Distrital tenía
conocimiento desde octubre de 2005, de la existencia del concepto técnico
elaborado por dicho consultor, que era la persona competente y contratada para
el efecto, …el lote El Clavel era la última opción y por tanto menos
conveniente…
12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección
sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones,
según corresponda.
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso
primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y
su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del
objeto el diseño.
ARTICULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio:
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse
afectados por la ejecución del contrato.
4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y
por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.
55
ARTICULO 1887. . Un predio rústicos puede venderse con relación a su cabida, o como una especie o cuerpo cierto. Se
vende con relación a su cabida, siempre que ésta se expresa de cualquier modo en el contrato, salvo que las partes
declaren que no entienden hacer diferencia en el precio, aunque la cabida real resulte mayor o menor que la cabida que
reza el contrato. Es indiferente que se fije directamente un precio total, o que éste se deduzca de la cabida o número de
medidas que se expresa, y del precio de cada medida. Es así mismo indiferente que se exprese una cabida total o las
cabidas de las varias porciones de diferentes calidades y precios que contengan el predio, con tal que de estos datos
resulte el precio total y la cabida total.
Lo mismo se aplica a la enajenación de dos o más predios por una sola venta. En todos los demás casos se entenderá
venderse el predio o predios como un cuerpo cierto.
ARTICULO 1889. . Si el predio se vende como un cuerpo cierto, no habrá derecho por parte del comprador ni del vendedor
para pedir rebaja o aumento del precio, sea cual fuere la cabida del predio. Sin embargo, si se vende con señalamiento de
linderos, estará obligado el vendedor a entregar todo lo comprendido en ellos, y si no pudiere o no se le exigiere, se
observará lo prevenido en el inciso del artículo precedente.
56
folio 0078 y siguientes, folio 151 y siguientes cuaderno principal
33
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…en el momento de la compra no se tuvo en cuenta que el predio en mención
contaba con línea de transmisión de energía…
-otras debilidades del proceso contractual,…
-El uso del suelo, pues en principio no estaba autorizada la destinación
educativa;
-El Clavel requería un plan de implantación rural;
-El Inmueble El Clavel no contaba con el servicio de Alcantarillado
-El predio estaba afectado por una protección ambiental (…)
-No se adelantó el estudio relacionado con la cercanía al sitio de residencia de
los niños que estudiarían en el plantel, ni sobre la viabilidad de servicios públicos
-Se omitió igualmente el estudio de la Dirección de prevención de Emergencias y
Desastres…
-La administración pasó por encima las afectaciones o limitaciones sobre el
predio El Clavel, que estaba incluido dentro del título minero…
-La Secretaría no contó con un adecuado y oportuno estudio de títulos por parte
del profesional competente...el prometiente vendedor solamente era propietario
de una cuarta parte del predio…
La debilidad del proceso de contratación desde la fase de planeación se refleja
en que la real dimensión del predio El Clavel sólo fue establecida el 17 de julio
de 2006, fecha posterior a la celebración de la promesa de compraventa…, otro
si…, lo que condujo a ajustar el precio inicialmente pactado…a la suma de
$1.491.043.208, cuantía superior a lo acordado previamente y contravía del
parágrafo de la cláusula segunda de la promesa de compraventa…
…en la adquisición del predio El Clavel, se advierte que la SED no contaba con
la totalidad de los estudios técnicos previos que evidenciaran la conveniencia o
inconveniencia de la contratación empezando por su dimensión real sino que
además se generó detrimento patrimonial al distrito.
---se omitió contar con la asesoría permanente y durante el proceso…pues para
tal fin se había suscrito previamente el contrato de consultoría 163-04, celebrado
con WALTER ÁLVAREZ, encargado de la revisión y emisión de concepto sobre
los avalúos adelantados por la Lonja de Propiedad Raíz y sobre estudios de
títulos, a quien no le fueron remitidos los soportes referidos al predio El Clavel,
pues como …no se analizaron debidamente aspectos como la adecuación o la
correspondencia del valor comercial del sector y otros aspectos esenciales como
áreas reales del predio y los titulares del dominio;…
…, la Secretaría no dio cumplimiento a los requisitos y procedimientos en la
consultoría contratada con la Cámara de Propiedad Raíz,…en la medida que el
avalúo debía contener la verificación de la información técnica y urbanística de
los predios y la normatividad…
…el avalúo real de la Cámara de Propiedad Raíz, fue reemplazado por uno falso
que, posteriormente, fue tenido en cuenta para la realizar la transacción a razón
de $24.800 metro cuadrado, aspecto que debió ser detectado y evitado por los
investigados.
….
De haber actuado bajo los parámetros de eficiencia segura la SED hubiese
omitido efectuar un proceso contractual con fundamento en un avalúo falso,
calidad que sólo fue denunciado hasta el mes de agosto de 2007, no obstante
que la funcionaria interventora del proceso había obtenido el documento desde
el año 2005
…
…es claro que el predio El Clavel no debió ser adquirido por la SED. Como todo,
de ser elegible el valor que debió pagar el Distrito Capital por el predio no podía
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Nº Interno: 1989-2012
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ser superior a $192.680.880 equivalente a 51.879.86 metros cuadrados a razón
de $3.5000m2 ($181.578.880) más $11.102.000 de la construcción que en él
levantaba.
[…]»57
63. Asimismo, se advierte que previamente a la expedición de los actos
administrativos demandados, el ente investigador adelantó inicialmente la
indagación preliminar y luego investigación disciplinaria siguiendo las formas
propias del proceso ordinario y los lineamientos previsto la Ley 734 de 2002. El
aquí demandante, desde el comienzo conoció la investigación, cargos, pruebas
etc y durante aquella ejerció el derecho de defensa y contradicción.
64. En el sub lite se observa, que la autoridad disciplinaria recabó abundante
medios probatorios tanto documental, como testimonial que la llevaron a
establecer la ocurrencia de la falta enrostrada, objeto del proceso disciplinario y la
responsabilidad subjetiva de los investigados, entre ellos, del señor Ángel Augusto
Pérez Martínez, Subsecretario Administrativo, y de la ilicilitud sustancial.
Adicionalmente observó los principios de tipicidad de la falta y de la sanción y su
proporcionalidad.
65 Sumado a los acápites hasta aquí estudiados; para efectos de resolver los
cargos endilgados a los actos administrativos demandados, la Sala a continuación
se ocupará de los hechos probados en relación con la adquisición del inmueble El
Clavel y de valor económico y pago del inmueble referido.
De la adquisición del predio El Clavel
66. Revisado el acervo probatorio obrante en el expediente se observa que la
Secretaría de Educación de Bogotá, en los años 2005-2006, adquirió el lote «El
Clavel» con la finalidad de reubicar en una nueva instalación el Colegio Mochuelo
Bajo de Ciudad Bolívar58, En el proceso de adquisición del inmueble, se
observan, las siguientes fases:
67.Por aviso público de 4 y 22 de febrero de 2005, la Secretaría de Educación,
invitó al público a hacer propuestas a más tardar el 1 de marzo de 2005, para la
57
Folio 81 y ss
58
contrato de obra 243 de 2006 fl. 189 cuaderno original 2, folio 274 anexo 2
35
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adquisición de predios, que tengan las mejores condiciones técnicas, económicas
y jurídicas, área de 10.000 a 22.000 m²; para la construcción de centros
educativos distritales59,de varias localidades de Bogotá, entre estas, de Ciudad
Bolívar.60.
68.En el escrito, sin fecha y sin destinatario, denominado «información sobre
cumplimiento del procedimiento SPF-PD-010, suscrito por el señor Ángel Augusto
Pérez Martínez-Subsecretario Administrativo, anota que: «Consultado en banco de
predios se encontró que no existía disponibilidad de lotes, en el área específica de
emergencia del sector del Mochuelo. …La SED publicó la convocatoria de compra de
lotes…fruto de la convocatoria se recibieron pocas propuestas dado que en la ciudad
existe déficit de suelo disponible…en caso específico del Mochuelo no se recibió ninguna
propuesta. La solicitud surgió posteriormente por la rectora del colegio y la
comunidad….En el marco del contrato 163 del 2004, el consultor externo Walter Álvarez
realizó una revisión documental de 3 lotes presentados por la rectora y la comunidad del
Mochuelo Bajo. …»
69.Mediante oficio SED-WAB-0156-05 del 18 de octubre de 2005, el ingeniero
Walter Álvarez Bustos, en desarrollo de la ejecución del contrato de consultoría
163 de 200461, conceptuó sobre tres lotes (El Clavel -lote C, rural, área
51.879,68m²; El cerezo–lote A, área 12.593,73m²; El Mochuelo lote B- área
19.641.70m²) ofrecidos en venta para la construcción de un colegio. Preseleccionó
el lote B-Mochuelo. En el referido oficio, se anotó:
“...1.Lote El Clavel
Área: 5.8974 hectáreas. 51.879.68 Metros Cuadrados.
Propietarios: Sucesión de Telésforo González Ramírez
participación distribuida en (4) adjudicatarios.
CONCEPTO. Predio rural, que aun cuando cuenta con la disponibilidad de
servicios públicos y estar relativamente alejado de los olores del botadero Doña
Juana, conllevaría todo un proceso de incorporación cartográfica ante
Planeación, permisos de la CAR, Dama y otras entidades, que a corto e inclusive
a mediano plazo retardaría el proceso de negociación.
Es un lote que por su magnitud, representaría el realizar un gran esfuerzo
económico por parte de la SED, no solamente para su adquisición, sino para la
construcción del colegio y adecuación de otros espacios lúdicos y deportivos. Es
para el suscrito el Lote C.
59
folios 3 anexo 5 expediente disciplinario
60
folio 4 cuaderno 5 expediente disciplinario
61
folios 49, 104 cuaderno 3 expediente disciplinario.
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2. Lote El Cerezo,
Área: 12.593,73 Metros Cuadrados
Propietario: Isaura Aguijón Muñoz y otra
CONCEPTO: Es un lote adyacente al anterior. Esta igualmente localizado en el
área rural. De hecho a nivel predial tiene como un destino económico “pequeña
propiedad rural destinada a la producción Agropecuaria”. Tiene como el lote El
Clavel, los servicios del acueducto rural, servicio prestado por la Empresa de
Acueducto de Mochuelo Bajo, denominada Asociación de Usuarios de Aguas
Calientes.
Es un Lote que por su área, es más viable su adquisición que el anterior (...) Sin
embargo el inconveniente de ser rural, implicaría para su viabilización una serie
de trámites que a corto plazo dilatarían su pronta negociación. De cualquier
manera por su ubicación en una hondanada, podría parcialmente evadir los
olores del botadero, Es para el suscrito la opción A.
3. Lote El Mochuelo. Área 19.641.70 metros cuadrados
Propietario: Nancy Rueda Romero
CONCEPTO: Este lote, se considero inicialmente y se viabilizo y se aprobaron
los estudios y títulos, así como también, se alcanzó a gestionar la mayoría de
conceptos de viabilización ante las diferentes entidades. Sin embargo la
continuidad del trámite se suspendió ante el concepto de la Dirección de
Planeación de la SED, que consideró que este sector no presentaba mayor
déficit en cuanto cobertura educativa.
Es el Lote que mayor documentación tiene y además es un lote solicitado
conjuntamente en sendas comunicaciones por los Presidentes de las Juntas de
Acción Comunal de los Barrios Barranquitos, La Esmeralda y Lagunitas entre
otros. Para el suscrito Opción B
CONCLUSIÓN. Podríamos como se ha hecho con lotes de otras localidades,
considerar el Plan A y el Plan B, entonces podría ir solicitando el Avalúo del lote
el Mochuelo que prácticamente tiene toda la documentación del lote. El cerezo
que es la opción A. En cualquier caso el asunto demanda una solución inmediata
que para estos efectos cuenta con el aval de la rectora de la escuela del
Mochuelo Bajo y la comunidad...62
70. Mediante resolución 5261 de 20 de diciembre de 2005, suscrita por Secretario
de Educación, aprobó «los estudios técnicos, jurídicos y económicos adelantados
en el proceso de preselección de inmuebles de acuerdo a los soportes señalados
en el Manual de procedimientos –Proceso de Preselección de inmuebles», entre
estos, respecto del predio El Clavel.63Barrio Mochuelo Bajo. Al pie de página de la
referida resolución refiere: aprobó: Ángel Pérez Martínez-Secretario Administrativo
SED. La Resolución no contiene consideración expresa de la práctica, ni anexos
contentivos del referido estudio particular y concreto.
71.Según el oficio de 9 de noviembre de 2009, suscrito por Iván Correa Herrán y
62
Recibido el 20 octubre de 2005, por Liliana González de la Secretaría de Educación. fls 147 cdno 5, 490 cuaderno 2 , 7
cuaderno 5 expediente disciplinario
63
folio 648 anexo 3
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Enrique Villamil, en calidad de Director de Proyecto Interadministrativo SED-UN
182 de 200464, informó a la Procuraduría General de la Nación dentro de la
investigación disciplinaria que «por escrito recomendaron» a la Secretaría de
Educación la adquisición del predio el Clavel porque era el «más distante al relleno
Doña Juana, tenía las mejores condiciones de área, accesibilidad, vegetación y
recreación de los niños» .65 Lo anterior fue, ratificado en las declaraciones rendidas
por los referidos señores en sede judicial. En el expediente no figura acta escrita y
suscrita por Iván Correa Herrán y Enrique Villamil, recomendando a la Secretaría
de Educación, la compra del inmueble El Clavel. El señor Ángel Augusto Pérez
Martínez en el oficio sin fecha y sin destinatario, afirmó que se conformó «una
comisión técnica del más alto nivel integrado por: La Universidad Nacional
(profesores de la facultad de Artes Enrique Villamarin e Iván Correa) y al
coordinador del área de planeación y diseño Carlos Benavides» «visitaron
…recomendaron El Clavel. no quedó acta de dicha reunión.»
72.En el escrito denominado «INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO SPF-PD-01 ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE IED, ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN 911 DEL 01/04/2004», sin fecha,y sin
destinatario, el señor Ángel Pérez Martínez, Subsecretario Administrativo, indicó
que:
«…a continuación se relaciona cada uno de los pasos exigidos por el
procedimiento (...) y...se explica en detalle la manera como la
Subsecretaría Administrativa les dio cumplimiento para la adquisición del
predio El Clavel.
1...2...3...4...el contratista Walter Álvarez transcribió y presentó las
características requeridas para la construcción de colegios nuevos, en el
cual estaba incluido el del sector del Mochuelo. ....
5. PUBLICACIÓN DE AVISO DE PRENSA CON
CARACTERÍSTICAS...(EL TIEMPO)...
6. RECIBE PROPUESTAS DESPUES DE COLOCADO EL AVISO...
7...8. EFECTÚA UN PREFILTRO DE LOS PREDIOS... el contratista
Walter Álvarez presenta informe...9. ...El contratista Walter Álvarez visita
los inmuebles....La Secretaría teniendo en consideración las condiciones
ambientales y de salubridad especiales en este sector decidió exceder el
procedimiento establecido y conformar una comisión técnica del más alto
nivel integrado por: La Universidad Nacional (profesores de la facultad de
64
objeto solicitud de diseño. 8f l, 68 cdno 3.
65
folio 98 cuaderno 2
38
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Artes Enrique Villamarin e Iván Correa) y al coordinador del área de
planeación y diseño Carlos Benavides, para que se desplazaran al
Mochuelo para determinar de acuerdo con parámetros técnicos , cuál de
los tres lotes conocidos estaba menos afectado por el botadero de basura
Doña Juana y la ladrillera y verificar si era posible construir el nuevo
colegio. También asistió la Profesional Liliana González quien coordinó la
compra del Lote.
La comisión visitó los predios y de acuerdo a las necesidades ambientales
y de salubridad recomendó la compra del Lote El Clavel; lo anterior suple
y supera la evaluación porcentual señalada en el numeral 9 del
procedimiento SPF-PE-10. Además agrega por lo menos dos pasos al
procedimiento y define un carácter técnico sin mediación alguna para la
compra del lote el Clavel.
10. ANÁLISIS ECONÓMICO Y JURÍDICO...estudio de títulos realizado
por parte de Liliana González funcionaria... El estudio realizado por la
funcionaria Liliana González fue después completado y profundizado por
la doctora Castellanos antes de hacer el alcance de la oferta y se
elaborara las escrituras...11...12...13 PRESENTAR AL COMITÉ
EVALUADOR. ...A pesar de no requerirse el comité, se realizó un comité
técnico en el cual el arquitecto Carlos Benavides y Liliana González,
rindieron un informe verbal al Subdirector de Plantas Físicas Sr. Jairo
Iván Loaiza y al Subsecretario Administrativo Dr. Ángel Pérez, en el cual
de acuerdo a la información suministrada por la Universidad
Nacional y sus análisis y consideraciones respecto a cuál era el
mejor lote que debía comprarse era El Clavel Si bien es cierto, no
quedó acta de dicha reunión, lo anterior puede ser constatado con cada
uno de los participantes. ...14.REVISA LAS PROPUESTAS, SUS
RESULTADOS Y TOMA UNA DECISÓN...EL Clavel...atender una
situación de emergencia tenía un soporte técnico especial para su
elección.15. ...16.SE COMUNICA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS LA DECISIÓN. ...17 SE SOLICITA CERTIFICADO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL...18 ELABORA PROYECTO DE
OFERTA DE COMPRA...19. ENVIA A SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS
FÍSICAS. 20. ...42. EVALÚA DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTUDIOS
TÉCNICOS SPF-PD12…»66
73.Por oficio 2005-135723 de 20 de diciembre de 2005, suscrita por el Secretario
de Educación67, aprobado por subdirector de Plantas Físicas de la Secretaría de
Educación68, el órgano territorial, elevó oferta de compra, mediante enajenación
voluntaria y directa, al señor Néstor Germán Castañeda Aguirre, sobre «parte del
predio denominado “EL CLAVEL”, área 14.911.20M², matrícula inmobiliaria 50S-
40127783, valor $369.797.760,oo a razón de $24.800,oo M², “de conformidad con el
66
folio 33 cuaderno 5 expediente disciplinario
67
Firmado por Abel Rodríguez Céspedes
68
Firmado por Jairo Iván Loaiza Agudelo. fl. 674 anexo 3.
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avaluó comercial realizado por la Cámara de Propiedad Raíz-Lonja Inmobiliaria,
distinguido con el número C.P.R2835-200569....”70. El 20 de diciembre de 2005, el
señor Néstor Germán Castañeda Aguirre, manifestó su aceptación71.
74 Promesa de compraventa firmada el 21 de diciembre de 2005, entre el Néstor
Germán Castañeda Aguirre, y Bogotá D.C -Secretaria de Educación de Bogotá,
objeto: inmueble El Clavel, área «14.911.20MTS2 valor, $369.797.760,oo» e
indica:
«...1.Que dentro de la ejecución del Plan del Plan de Desarrollo Económico, y
Social y de Obras Públicas de Bogotá D.C. 2004-2008 “BOGOTÁ sin
INDIFERENCIA” adoptado por el Consejo de Bogotá por medio del Acuerdo
Distrital 119 del 3 de junio de 2004...se indicó que la construcción de
Establecimientos Educativos es uno de los programas prioritarios y se encuentra
identificado dentro del mismo como “más y mejor educación para todos y todas”
planeando la construcción de colegios para ampliar la oferta del sistema
educativo oficial destinada a la población en edad escolar de las zonas con
mayor déficit de atención educativa. 2.....4.Que la Secretaría de Educación del
Distrito Adelantó el trámite correspondiente para la adquisición del predio
denominado El Clavel,... 5) Que la Secretaría de Educación Distrital mediante
oficio S-2005-135723 de 20 de diciembre de 2005, adelantó oferta de compra
sobre el predio de la presente compraventa. ...CLÁUSULA PRIMERA. ...el
derecho de dominio que sobre el inmueble denominado “El Clavel Barrio
Mochuelo Bajo “ ...folio de matrícula inmobiliaria 50S-40127783 de la oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona sur, ... con un área de
terreno de CATORCE MIL NOVECIENTOS ONCE CONVEINTE METROS
CUADRADOS (14.911.20 MTS2), cuya descripción...CLÁUSULA OCTAVA.
VALOR DEL CONTRATO. El precio total y único del predio objeto de la presente
promesa de compraventa, es la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MILLONES SETENTECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTES
SESENTA PESOS M/CTE ($369.797.760.00), valor fijado por la Cámara de
Propiedad Raíz-Lonja Inmobiliaria, según informe de avaluó Comercial
C.P.R.2853-2005 de diciembre 13 de 2005. ...CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA se
hizo entrega real y material del inmueble objeto de esta promesa mediante acta
72
suscrito el 21 de diciembre de 2005. CLASÚLA...»
75.Mediante oficio de 6 de marzo de 2006, suscrito por Mauricio Bustamante
Pérez, en calidad de director técnico del convenio 182-04 [Universidad Nacional-
para el diseño de un colegio], dirigido a Subdirección de Plantas Físicas de la
Secretaría de Educación, formuló, observaciones [no referida a la extensión o área de
predios, sino al uso del suelo, ausencia de servicio de alcantarillado, zona de protección
69
de 13 de diciembre de 2005. folio 675 anexo 3
70
folio 673 anexo 3, folio 304 cuaderno 2 expediente disciplinario
71
folio 471 cuaderno 2 disciplinario
72
folio 666 anexo 3, folio 308 cuaderno 2 expediente disciplinario
40
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ambiental] sobre el inmueble para diseño del nuevo colegio para el sector El
Mochelo73, en los siguientes términos:
«...como parte del Convenio SED consultorías 182/04, se realizó la solicitud de
diseño de colegio para el sector de El Mochuelo.
Al efectuar la visita al predio destinado para tal fin y realizar la investigación
urbanística preliminar se hace necesario aclarar los siguientes puntos:
Según el POT el predio se encuentra en una zona de reserva para parque
industrial, por lo que no contempla el uso dotacional educativo.
Es necesario realizar un plan de implantación rural
El predio no cuenta con servicio de alcantarillado.
Aledaño al lote cruza una línea de alta tensión, por lo que es preciso definir su
afectación.
El perímetro se encuentran varios avisos del acueducto y el DAMA definiendo la
zona como de protección ambiental y advirtiendo a cerca de no comprar lotes en
estos terrenos.
Por estos motivos consideró de suma urgencia definir si el proyecto en mención
es viable urbanísticamente con el fin de iniciar el desarrollo del diseño de la IED
considerado como prioritario.»74
76.Por oficio 088939 de 13 de junio de 2006, suscrito por el Secretario de
Educación de Bogotá,75se manifestó que con fundamento en «…las
recomendaciones dadas por la Consultoría a cargo de la Universidad Nacional de
Colombia, según convenio UN-SED 182 2004 para el diseño de una Institución
Educativa Distrital”, replantea la oferta de compra S-2005-135723 de 20 de
diciembre de 2005, y «amplia el área de compra por 51.879.68m² y por la suma de
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.($1.286.616.064,oo) a razón de
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS pesos Metro Cuadrado ($24.800,00/m²) de
conformidad al avalúo comercial realizado por la Cámara de Propiedad Raíz-Lonja
Inmobiliaria , distinguido con el número C.P.R.2853-2005. El pago del precio antes
indicado, se encuentra amparado con los certificados de Disponibilidad presupuestal...»
aprobada por el señor Ángel Pérez Martínez, Subsecretario Administrativo de la
Secretaría de Educación, según se lee a pie de página de ese documento . 76
77. Mediante documento del 13 de junio de 2006, suscrita por el Secretario de
Educación del Distrito77 y el vendedor78, contentivo de otrosí a la promesa de
73
folio 68 cuaderno 3, expediente disciplinario.
74
folio 68 cdno 3.
75
oficio 088939 de 13 de junio de 2006. firmado por Abel Rodríguez Céspedes- Secretario de Educación. folio 43 anexo 1.
76
folio 43, 46, anexo 1. folio 595 anexo 3. folio 333 cuaderno 2, folio 163 cuaderno 5. expediente disciplinario
77
Abel Rodríguez Céspedes. fl 587 anexo 3
41
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compraventa del inmueble El Clavel del 21 de diciembre de 2005, se modificaron
las cláusulas primera, segunda, tercera, octava, novena, décima y décima
segunda, para fijar el área del inmueble en 51.879.68 M² y por un valor total de
$1.286.616.064,00, a $24.800,oo m²79.
78. Por escritura pública 1544 de 9 de agosto de 2006, la Secretaría de Educación,
protocolizó la compraventa del mismo [predio El Clavel]80, con un área de
60.122,71 m², por valor de $1.491.043.208,oo a razón de 24.800.00 m². Advirtió
que conforme con la certificación 21100-65 05 de 17 de julio de 2006 expedida por
el Departamento Administrativo de Catastro Distrital, el área y linderos del inmueble
El Clavel a 60.122.71 m².
En la referida escritura se anotó
«...tal como consta en la Resolución 5261 del 20 de diciembre de 2005 expedida
por esa Secretaría, además de la consulta ante el Departamento Administrativo
de Catastro Distrital del Avaluó catastral del predio. 5) Que la Secretaría de
Educación Distrital mediante oficio S-20005-135723 del 20 de diciembre de 2005
presentó oferta de compra AL VENDEDOR sobre con (sic) una zona de terreno
de CATORCE MILLOVECIENTOS ONCE CON VEINTE METROS
CUADRADOS (14.911.20 M²,) que se segregan del predio con folio de matrícula
inmobiliaria 50S-40127783 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bogotá, Zona Sur, y por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA
PESOS M/CTE($369.797.760.00), valor fijado por la Cámara de Propiedad Raíz-
Lonja Inmobiliaria, según informe de avaluó comercial C.P.R.No. 2853-2005 de
diciembre 13 de 2005. 6) Que la referida oferta se notificó a NÉSTOR GERMÁN
CASTAÑEDA quien mediante comunicación del mismo 20 de diciembre de 2005
aceptó la referida oferta y en fecha 21 de diciembre de 2005 procedió a suscribir
promesa de compra sobre la zona mencionada. 7) Que de acuerdo con las
recomendaciones dadas por la Consultoría de la Unidad Nacional de Colombia,
según convenio UN-SED 182 2004 para el diseño de la Institución Educativa
Distrital a desarrollar en el predio de la referencia, se hizo necesario replantear el
área objeto de compra, por lo que mediante oficio S-088939 de 13 de junio de
2006, se dio Alcance a la Oferta de compra S-2005-135723 de 20 de diciembre
de 2005, esta vez por la totalidad del inmueble, el cual cuenta con un área
CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PUNTO
SETENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (51.879.68MTS2)y por un valor de
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOSDIECISIETE
MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.286.616.064,oo), a razón de
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS el Metro Cuadrado (
$24.800.00/M2) valor fijado por la Cámara de la Propiedad Raíz –Lonja
Inmobiliaria, según informe de avaluó comercial C.P.R.No. 2853-2005 de
78
Néstor Germán Castañeda Aguirre fl. 587 anexo 3, folio 336 cuaderno 2 expediente disciplinario
79
folio 589 anexo 3.
80
folio 66 anexo 1.
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diciembre 13 de 2005 con REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN de abril 3 de 2006. 8)
Que en la fecha 13 de junio de 2006, el VENDEDOR, se notificó del referido
alcance, la aceptó y procedió a suscribir de común acuerdo OTROSI EN LA
PROMESA DE COMPRAVENTA de fecha 21 DE DICIEMBRE DE 2005,
incluyendo las modificaciones en cuanto a área, precio y apropiaciones
presupuestales...9) Que previo a la suscripción de la presente escritura pública
se solicitó certificación de CABIDA Y LINDEROS...indicando que el área total es
de sesenta mil ciento veintidós punto setenta y un metros cuadrados
(60.122.71M2), por lo que se hizo necesario actualizar la cabida y linderos del
predio objeto de la compraventa...10) Que por lo anterior, se hace necesario
modificar el valor y forma de pago planteados en el otrosí de 13 de junio de
2006, a fin de cancelar la suma de dinero que corresponde a la mayor área con
que cuenta el predio ...(60.122.71M2) de conformidad con al(SIC) Certificación
21100-6505 de 17 de julio de 2006...CLÁUSULA QUINTA. DESTINACIÓN DEL
INMUEBLE....lo adquiere Bogotá DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE
EDUCACIÓN para la construcción y puesta en marcha de un establecimiento
educativo...CLÁSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO. El precio total y
único de la venta es la suma de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS MONEDA
CORRIENTE ($1.491.043.208,oo), a razón de VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE, el Metro
Cuadrado($24.800.00/M2) valor por metro cuadrado establecido por la Cámara
de la Propiedad Raíz –Lonja inmobiliaria, según informe de avaluó comercial
C.P.R.2853-2005 de diciembre 13 de 2005 con REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
de abril 3 de 2006. CLÁSULA SÉPTIMA-FORMA DE PAGO...CLÁUSULA.
NOVENA. AVALÚO: El precio del inmueble se estableció con base en el valor
por metro cuadrado señalado en el avaluó comercial realizado por la Cámara de
la Propiedad Raíz-Lonja Inmobiliaria, distinguida con el número C.P.R.2853-2005
de diciembre 13 de 2005 con REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN de abril 3 de 2006,
que se protocoliza con el presente público instrumento. CLÁUSULA
DÉCIMA...CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. ENTREGA MATERIAL. hizo
entrega real y material del inmueble objeto de esta compraventa, mediante carta
suscrita en fecha 13 de junio de 2006, cuya copia se protocoliza con la presente
escritura pública. CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA…»81
79.Por Escritura Pública, 2112 de 23 de octubre de 2006, suscrita por el Secretario
de Educación de Bogotá y el señor Néstor Germán Castañeda Aguirre, comprador
y vendedor aclararon la escritura pública 1544 de 9 de agosto de 2006, 82respecto
del pago de la última cuota por $204.427.144,oo que se había pactado cancelar
con certificado de vigencias futuras de 2007, en el sentido que se cancelaría con
disponibilidad presupuestal de 200683.
80. Respecto de la extensión del predio El Clavel, obra el folio de matrícula
inmobiliaria 50S-40127783, expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos el 25
81
folio 489 anexo 3., folios 341 cuaderno 2 disciplinario.
82
folio66 anexo 1, folio 355 cuaderno 2 disciplinario
83
folio 454, 492, anexo 3
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de septiembre de 200684, y 5 de abril de 200685, del inmueble El Clavel, que indica
que la extensión es aproximada 81.062 varas equivalente a 51.879 m², y la
certificación del 17 de julio de 2006 expedida por el Departamento Administrativo
de Catastro Distrital, señaló cómo área del terreno 60.122.71 m.²86
81. El 13 de junio de 2006, el señor Néstor Germán Castañeda Aguirre hizo
entrega real y material del inmueble El Clavel, extensión 51.879.62 M², a Bogotá-
Secretaría de Educación87 y en el acta de entrega se deja constancia «que los
servicios públicos están ubicados en la zona de terreno de 14.911.20 M²,
inicialmente recibidos por la Secretaría mediante acta de 21 de diciembre de 2005».88
82. Resolución 07-03-0155 del 6 de febrero de 2006, de la Curaduría Urbana 3,
por medio del cual concedió a la Secretaría de Educación Distrital, licencia de
parcelación, autorización para la ejecución y construcción de obra nueva para el
desarrollo rural denominada Mochuelo Bajo en el predio El Clavel89.
83.En el acervo probatorio obrante en la actuación disciplinaria y que reposa en el
expediente contencioso, no obra estudio particular técnico, físico, jurídico,
económico y de calificación o de asignación de puntaje al inmueble El Clavel,
anterior la oferta de compra y a su adquisición.
84.Atendiendo la esencia del contrato interadministrativo 163-04 y del SEN-UN
182-2004, se observa que mientras el primero tenía como objeto efectuar los
estudios técnicos, jurídicos y económicos de acuerdo con el Manual de
procedimientos –proceso de Preselección de inmuebles de la Alcaldía Mayor de
Bogotá... para 12 predios y la negociación y escrituración de 16 predios.” 90en tanto
el segundo, lo era para el diseño de un colegio91.
85. Con posterioridad a la oferta de compra, la Secretaría de Educación, obtuvo, lo
siguiente:
84
folio 73 anexo 1 disciplinario. folio 449 c cuaderno 2 disciplinario
85
folio 332 cuaderno 2 expediente disciplinario
86
Folios 65, 150, anexo 1, 559, 586 anexo 3 del disciplinario, folio 63 y 340 cuaderno 1 y 2 disciplinario
87
recibió la abogada –Catherin Castellanos—Plantas Físicas de la Secretaría de Educación fl. 39 anexo 1.
88
folio 39 cuaderno 1, folio 591 anexo 3
89
Folio 289 cdno 2.original
90
folio 104 cdno 3.
91
folio 68 cuaderno 3, expediente disciplinario.
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i.Estudio de la situación jurídica del inmueble El Clavel- rendido el 6 de abril de
2006, por la abogada de Plantas Físicas-Catherine Castellanos-, y en el
documento se señaló como extensión 51.879.68 m2, e indicó que al momento de
realizar el estudio, no se logró establecer la presencia de servicios públicos, ni
pago de los mismos, y ni el estado actual [2006] del impuesto predial, pero
conceptuó que es procedente la adquisición y que la tradición se encuentra
debidamente consignada en el certificado de libertad.
ii.Concepto técnico por fenómenos de remoción en masa CED Mochuelo Bajo
[antigua sede Colegio José Celestino Mutis], rendido en enero de 2006, por la
Ingeniero Geólogo Nancy Yolanda Alfonso Bernal92.
iii.Certificado 2100-6505l, expedido por Catastro Distrital el 17 de julio de 2006,
que refiere al predio El Clavel cédula Catastral BSR 22567 matricula inmobiliaria
050S40127783, área de terreno 60.122.71 m2.93
iv.Escrito de la empresa ANAFALCO, Asociación Nacional de Fabricantes de
Ladrillos y materiales de Construcción del 12 de junio de 2006, dirigido a
INGEOMINAS, mediante el cual solicitó la reducción del área del contrato de
concesión minera, con el argumento que la mayor parte del predio El Clavel se
encuentra ubicado en área objeto del contrato de concesión y se construirá un
colegio94.
86.De manera que de la revisión acuciosa del acervo probatorio obrante en los
antecedente del proceso disciplinaria, esta Sala observa que se encuentra
demostrado en el expediente:
i.Que la Secretaría de Educación, en los años 2005-2006, con fundamento en la
recomendación «informal» de los señores Iván Correa Herrán, Enrique Villamil, y
Carlos Alberto Benavides95, del convenio de diseño 182-200496 y no la del
ingeniero Walter Álvarez en desarrollo del contrato de consultoría 163-2004,
[contratado para efectuar los estudios técnicos, jurídicos y económicos] y preselección
92
Folio 31 cdno 1.87.
93
Folio 63 cdno 1.
94
Folio 186 cdno 1
95
folio 98 cdno 2, folio 595 cdno 3, folio 5 cdno 5,cuaderno disciplinario, testimonios CD folio 433 cdno principal.
96
folio 68 cdno 3.
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de predios.”97), adquirió, el inmueble El Clavel98 de la localidad Ciudad Bolívar,
con la finalidad y ante la necesidad de trasladar la sede del colegio Mochuelo
Bajo99.
ii.Salvo el concepto del ingeniero Walter Álvarez, no tenido en cuenta en la
Adquisición del predio El Clavel, no obra escrito contentivo del estudio, técnico,
jurídico, económico, ni de mercado, de planeación, ni siquiera el certificado de
valorización del inmueble El Clavel, exigencias referidas en el artículo 30-7 de la
Ley 80 de 1993, y en Manual de Procedimientos para la preselección de predios
de la entidad100 que hubiere obtenido la Secretaría de Educación con antelación a
la oferta de la compra.
iii.Igualmente, se acreditó que desde el mes de julio de 2009, en el predio El
Clavel, funciona con el nombre Colegio José Celestino Mutis-Institución Educativa
Distrital, nuevo colegio construido para reubicar el antiguo Centro Educativo
Mochuelo Bajo101.
iv.La adquisición del inmueble El Clavel, la realizó la Secretaría de Educación con
base a un avaluó espurio que tasó el metro cuadrado en $24.800,oo, cuando el
avaluó inmáculo, lo había tasado en $3.500,00. Esto último como se evidencia en
el apartado siguiente.
Valor económico y pago del inmueble El Clavel
87.Como antecedentes, del valor económico del inmueble El Clavel se advierte de
las pruebas obrantes en el expediente que el señor Néstor Germán Castañeda
Aguirre, adquirió :
i.Por escritura pública 3208 de 28 de noviembre de 2005102 los derechos de cuota
[1/4] sobre el predio denominado El Clavel, matrícula inmobiliaria 50S-40127783,
97
objeto: efectuar los estudios técnicos, jurídicos y económicos de acuerdo con el Manual de procedimientos –proceso de
Preselección de inmuebles de la Alcaldía Mayor de Bogotá... para 12 predios y la negociación y escrituración de 16 predios.
folio 104 cdno 3.
98
Escritura pública 1544 de 9 de agosto de 2006
99
folio 172 cuaderno 6 disciplinario.
100 -Bogotá-Alcaldía Mayor-Secretaría de Educación.
101
folio 179 cuaderno 6 disciplinario.
102
a Telesforo González Rodrígez fol. 623 anexo 3.
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extensión 51.879.68 M², por $90.000.000, 00.103
ii.Mediante la escritura pública 00766 de 24 de marzo de 2006, por compraventa 104
los derechos de cuota [1/4parte], sobre el predio denominado El Clavel, matrícula
inmobiliaria 50S-40127783, extensión 51.879.68m², por $30.000.000,oo.105
iii.Por escritura pública 00641 de 13 de marzo de 2006, hizo lo propio respecto de
los derechos de cuota parte [2/4 partes] del predio el Clavel, matrícula inmobiliaria
50S-40127783, extensión 51.879.68m², por $60.000.000,oo106.
88.Obra certificado del Departamento de Catastro Distrital, del 17 de febrero de
2006 que da cuenta el avalúo del predio El Clavel, área 85.40, valor «2001: 36.080.
2002…2003…2004…2005…2006 60.487.oo.»107
89.En el proceso de adquisición del inmueble El Clavel por parte de la Secretaria
de Educación, esa entidad obtuvo el siguiente avalúo:
i.El avalúo C.P.R. 2853-2005 de 13 de diciembre de 2005, de la Lonja Inmobiliaria
Cámara de la Propiedad Raíz108, que le indicó como resultado del avaluó del lote
Mochuelo Bajo-Sector el Mochuelo III-Lote rural El Clavel, cédula catastral 50S-
40127783, lo siguiente:
DESCRIPCIÓN ÁREA M² VALOR M² VALOR TOTAL
TERRENO 14.911,20 $ 3.500,oo $ 52.189.200,oo
CONSTRUCCIÓN 85,40 $130.000,oo $ 11.102.000,oo
TOTAL AVALUO $63.291.200,oo
SON: SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
PESOS M/CTE.»109
El referido avaluó suscrito por Gloría y Bonilla Chauvez, Presidenta-Cámara de la
Propiedad Raíz Lonja inmobiliaria, fue recibido el 14 de 2005, por Liliana González
de la Secretaría de Educación, Subdirección de Plantas Físicas, mediante oficio
103
folio 624 anexo 3.
104
A Marlene González de Morantes
105
folio 608 anexo 3
106
a Gabriela y Alirio González Rodríguez. folio 616 anexo 3
107
Folio 607 anexo 3.
108
Contrato de consultoría 782 de 2004, objeto:”efectuar estudios necesarios para la valoración económica, de los predios
que se requieran para adquisición y/o arrendamiento, una vez la SED realice los estudios técnicos y jurídicos pertinentes.”
Fl. 165 anexo 1. fl 131 anexo 9.
109
folios 71, 156, anexo 1, folio 414, 433, 438, 444 y ss anexo 3, folio 68, 71, anexo 9, folio, 36, 91 cdno 2, anexos proceso
disciplinario, folio 66 cuaderno 1, folio 411 anexo 3. expediente disciplinario
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CPR 996-2005 de 13 de diciembre de 2005. Según consta y obra en el expediente
disciplinario110.
ii. También obran el avalúo C.P.R. 2853-2005 de 13 de diciembre de 2005, de la
Lonja inmobiliaria Cámara de la Propiedad Raíz, referido al lote Mochuelo Bajo-
Sector el Mochuelo III-Lote rural El Clavel, cédula catastral 50S-40127783, así:
«
DESCRIPCIÓN ÁREA M² VALOR M² VALOR TOTAL
TERRENO 14.911,20 $ 24.800,oo $ 369.797.760,oo
TOTAL AVALUO $ 369.797.760,oo
SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE”111 No tiene
constancia de recibido por la Secretaría de Educación.
iii. Así mismo, obra el avalúo corporativo C.P.R-2853-2005 de 3 de abril de 2006,
de la Lonja inmobiliaria Cámara de la Propiedad Raíz, denominado “REVISIÓN Y
ACTUALIZACIÓN” del lote Mochuelo Bajo-Sector el Mochuelo III-Lote rural El
Clavel, cédula catastral 50S-40127783, en los siguientes términos:
“
DESCRIPCIÓN ÁREA M² VALOR M² VALOR TOTAL
TERRENO 51.879.68 $ 24.800,oo $ 1.286.616.064
TOTAL AVALUO $ 1.286.616.064
SON: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL
SESENTA Y CUATRO PENSOS MONEDA LEGAL”112 No tiene constancia de recibido
por la Secretaría de Educación.
90 Obra en el expediente disciplinario el oficio 065300 de 15 julio de 2005,
mediante el Subdirector de Plantas Físicas de la Secretaría de Educación, Jairo
Iván Loaiza Agudelo; remitió varios avalúos de inmuebles para revisión y concepto
del ingeniero Walter Álvarez Bustos. No figura como incluido el avalúo del predio
El Clavel113.
110
folio 425, 439, 443, 447, 453 anexo 3, folio 36 y 90 cuaderno 2
111
Folio 54, 139, anexo 1, folio 429 anexo 3, folio57, anexo 9, del cuaderno disciplinario, folio 52 cuaderno disciplinario 1.
112
folios 401, 410, 430, 605, y ss cuaderno anexo 3. folio 278 cuaderno 3 Expediente disciplinario.
113
folio 52 cuaderno 3.
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91.La Secretaría de Educación, adquirió el inmueble El Clavel, con fundamento en
con fundamento en el Avalúo que tasó a razón de $24.800,oo M². El avalúo
primigenio y los que sirvieron de fundamento para la adquisición del inmueble el
Clavel, referidos en el numeral 89 [i, ii, iii] de ésta providencia, fueron objeto de
prueba técnica, en el proceso penal 110016000013200709008 y trasladada al
proceso disciplinario, obteniéndose informe pericial grafológico de 7 de enero de
2009, dictado por el Departamento Administrativo de Seguridad-DAS y en él se
indica:
«…8.INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• La firma que como de la señora GLORIA BONILLA CHAUVEZ obra en el avalúo
corporativo de fecha diciembre 13 de 2005 CPR 2853-2005 no se identifica con el
gesto gráfico de su titular GLORIA BONILLA, en consecuencia no existe
unipresencia manuscritural.
• …permite establecer que corresponde a una reproducción digital, es decir, no fue
plasmada directamente por el amanuense en el documento que obra actualmente.
• …
• No es posible encartar o descartar a los muestradantes: Liliana González, Jairo Iván
Loaiza Agudelo, Jimena Catherine Castellanos Bojacá, Ángel Augusto Pérez
Martínez y Abel Rodríguez Céspedes, en la auditoría de las firmas, que como de la
señora GLORIA BONILLA CHAUVEZ, obran en el avalúo corporativo de fecha
diciembre 13 de 2005 CPR 2853-2005 y el Avalúo revisión y actualización de fecha
abril 03 de 2006.
9.ANEXOS…»114
92.Mediante oficio de 2 de noviembre de 2007, suscrito por la señora Gloria
Y.Bonila Chauvez, Presidenta de la Lonja Inmobiliaria Cámara de la Propiedad
Raíz, dirigida a la Procuraduría Segunda Distrital, informó que:
“...CPR 2853-2005, el cual se adjunta, oficio que fue recibido personalmente por
la funcionaria de esa Secretaría Doctora Liliana González, el día 14 de diciembre
de 2005, incluido el avalúo CPR2853-2005 dl predio EL CLAVEL, a quien
también se le entregaron los avalúos anunciados en la misma.
Vale la pena aclarar, que en los archivos encontrados en los medios magnéticos
de la Cámara y en los físicos, se encuentra solamente el avaluó que se adjunta y
en los mismos archivos no se encuentra oficio alguno de la Secretaría de
Educación, por el cual se solicite revisión del valor del predio o corrección por
áreas del mismo.
Ratifico mi declaración en lo que se refiere a que el valor resultante es la suma
de $63.291.200,00SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
UN MIL DOSCIENTOS PESOS, a razón de $3.500.00 por cada metro cuadrado,
cualquier otro avalúo que se encuentre para dicho predio no fue elaborado por la
Entidad que presido.”115
114
Folio 293 cdno #3Procuraduría Segunda Distrital
115 folio 89 cuaderno 2 expediente disciplinario
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93.En la declaración rendida en el proceso disciplinaria el 31 de octubre de 2007, la
señora Gloria Yamile Bonilla Chauvez, presidenta de la Cámara de la Propiedad
Raíz, afirmó que« el avalúo que menciona la oferta de compra de la Secretaría del
Lote El Clavel, nunca fue elaborado por la Propiedad Raíz.» «El único avaluó que
elaboró la Propiedad Raíz fue por valor de SESENTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIEMTOS PESOS ($63.291.200,oo), por
un área de 14.911.20 metros cuadrados a razón de $3.500,oo metro cuadrado,
entregado por la Cámara personalmente a la doctora LILIANA GONZÁLEZ
mediante oficio C.P.R.996-2005 y recibido por la mencionada funcionaria según su
firma estampada en 14 de diciembre de 2005»
94. Obra copia de la denuncia penal formulada el 23 de agosto de 2007,ante la
Fiscalía General de la Nación, por Ángel Augusto Pérez Martínez, por fraude
procesal ante el hecho que “...adquisición predio El Clavel...del barrio...Así en los
avalúos que reposan en SED el precio del metro cuadrado es de $24.800 m²
mientras que en las copias enviadas por la Cámara, el metro cuadrado es de $3.500.
Igualmente, según reunión sostenida con la Presidenta de la Cámara de Propiedad Raíz
Lonja Inmobiliaria, ellos jamás expidieron el avaluó del 3 de abril de 2006 en el que se
adiciona el metraje.”116
95.Obran las órdenes de pago expedidas por la Secretaría de Educación, el 25 de
enero de 2006, 26 de enero de 2006, 7 de noviembre de 2006, 18 de diciembre de
2006; en favor de Néstor Germán Castañeda Aguirre, por compra del predio El
Clave, por los siguientes valores de $28.631.104.oo117; $119.288.000,oo118;
$45.918.896,oo119 $916.818.304,oo120$175.959.760,oo121, $ 204.427.144,oo122
[total 1.491.043.208] y la firma del señor Ángel Augusto Pérez Martínez como
ordenador del gasto123.
96.De manera que la adquisición del inmueble El Clavel, la realizó la Secretaría de
116
folio 74 cuaderno 1 disciplinario
117
folio 467 cuaderno 2 disciplinario
118
folio 473cuaderno 2 disciplinario
119
folio 474 cuaderno 2 disciplinario
120
folio 478 cuaderno 2 disciplinario
121
folio 481 cuaderno 2 disciplinario
122
folio 487 cuaderno 2 disciplinario
123
Hay firma ordenador del gasto (Ángel Augusto Pérez Martinez- ver folios 473 cuaderno 2 y folio 109 cuaderno 3) de las
referidos documentos contiene las mismas características de la firma puesta por el señor Ángel Augusto Pérez Martínez, en
el poder obrante en el folio 1 del expediente.
50
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Educación con base a un avaluó espurio, como lo demuestran las pruebas
obrantes en el expediente.
Análisis de los cargos concretos de ilegalidad endilgados a los actos
administrativos demandado
Cargo I. Prescripción de la acción disciplinara
97.La parte actora considera que operó el fenómeno de la prescripción de la
acción disciplinaria; porque la investigación disciplinaria fue fallada después de
transcurridos 5 años de la consumación del hecho.
98.Al respecto observa la Sala que en la audiencia inicial la parte actora manifestó
desistir del cargo de ilegalidad contra los actos demandados referido a que fueron
expedidos cuando había operado la prescripción de acción disciplinaria. La parte
demandada ni el Ministerio Público formularon oposición a la manifestación de
desistimiento que hizo la parte demandante. El magistrado director difirió su
decisión con la sentencia.
99.Teniendo en cuenta lo anterior, se recuerda que el desistimiento es un derecho
previsto en el ordenamiento en favor de las partes; que implica renuncia parcial o
total de las pretensiones, recursos, pruebas no practicadas, en los términos
señalados por el legislador, quien no ha prohibido el desistimiento respecto de un
argumento o cargo de ilegalidad en una demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho. Así, y en esas condiciones, en el sub
examine se reúnen los requisitos previstos en el artículo 314 y 315 del Código
General del Proceso.
100. Con todo, por precaución y ateniendo la regla jurisprudencial del control
integral sobre el examen de legalidad de los actos administrativos en materia
disciplinaria; a continuación, se revisa el tópico.
101.El artículo 29, de la Ley 734 de 2002, consagra la prescripción como causal
de extinción de la acción disciplinaria. Este fenómeno jurídico se configura por el
paso del tiempo sin que se haya adelantado y definido el proceso disciplinario. El
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artículo 30124 ibídem, original vigente, para la época [años 2005-2006] que tuvo
lugar las conductas endilgadas, señala que:
«La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas
instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter
permanente o continuado desde la realización del último acto.
En el término de doce años, para las faltas señaladas en los numerales 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48 y las del artículo 55 de este código.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la
prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada
una de ellas.
Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.»
102.Conforme a la disposición transcrita, la prescripción comienza a correr una
vez la falta se consume; sin embargo, ello ocurre de diferente manera según se
trate de una falta disciplinaria instantánea o de una permanente o continuada. En
las primeras, la infracción del deber funcional se agota en un solo momento
mientras que en las segundas hay una unidad de conducta que genera una
afectación al deber que se prolonga en el tiempo hasta que cesa la circunstancia
de ilegalidad generadora de dicha infracción.
103.El Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 29 de septiembre de
2009125, sentó la tesis según la cual la sanción disciplinaria se impone
oportunamente si dentro del término de los 5 años señalados por la norma
mencionada, se expide y notifica el acto que concluye la actuación administrativa.
Vale decir, el acto principal, que es el que define el asunto y no el que resuelve los
recursos de la vía gubernativa. Esa tesis se ha reiterado por la Corporación en
posteriores oportunidades, entre estas, en las sentencias del 10 de noviembre de
2016126 1 de agosto de 2018127 y 20 de febrero de 2020128.
124 modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011,
125
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de septiembre de 2.009 actor: Álvaro
Hernán Velandia Hurtado, C.P.: Susana Buitrago Valencia.
126
Radicado número 11001-03-25-000-2011-00651-00(2542-11)
127
Radicado 250002342000201306148 01 (0491-2017)
128
Radicado 760012333000201301125-01 (4123-2016)
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104.Revisado el sub examine, se evidencia que las faltas disciplinarias en este
caso, no tuvieron el carácter de instantáneas, pues la adquisición del inmueble «El
Clavel», se inició el 4 de febrero de 2005, la compraventa del inmueble fue
perfeccionada mediante escritura pública 1544 del 9 de agosto de 2006. Esta
escritura fue aclarada por instrumento notarial 2112 del 23 de octubre de 2006 y el
último pago por concepto de la compraventa se dio el 18 de diciembre de 2006-
Vale decir, el último acto en el proceso de adquisición del inmueble El Clavel, se
dio en esta última fecha. Así, teniendo en cuenta que el acto principal
sancionatorio nació a la vida jurídica el 28 de julio de 2011 y se notificó el 9 de
agosto del mismo año129, es evidente que no operó la prescripción de la acción
disciplinaria, pues los 5 años requeridos para el efecto, según la Ley general
disciplinaria-Ley 734-2002, vencían el 19 de diciembre de 2011. Ante lo anterior,
se concluye siguiendo las reglas de los artículos 30 de la Ley 734 de 2002, 1857
del Código Civil y la sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009130y
subsiguiente del 10 de noviembre de 2016131, 1 de agosto de 2018132y 20 de
febrero de 2020133 del Consejo de Estado, que no operó la prescripción de la
acción disciplinaria. Se reitera.
Cargo II. El ente disciplinario condujo al investigado a un escenario de
reproche diferente al que tuvo en cuenta para imponer la sanción. Sobre el
cargo referido la Sala hace las siguientes consideraciones:
105.Revisado el acervo probatorio obrante en el expediente, se evidencia que
previamente a la expedición de los actos administrativos cuestionados, la
demandada agotó la actuación disciplinaria [investigación preliminar e investigación
disciplinaria].La Procuraduría General de la Nación formuló dos cargos contra el
señor Ángel Augusto Pérez Martínez y por los mismos fue sancionado. En el
siguiente cuadro se resume la concordancia entre el pliego de cargos y el acto
administrativo sancionatorio.
129
folios 221 y 295 cuaderno 7,
130
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de septiembre de 2.009 actor: Álvaro
Hernán Velandia Hurtado, C.P.: Susana Buitrago Valencia.
131
Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00651-00(2542-11),
132
Radicado 250002342000201306148 01 (0491-2017)
133
Radicado 760012333000201301125-01 (4123-2016)
53
Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
PLIEGO DE CARGOS ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONA
Mediante auto de 22 de abril de 2010. TORIO– única instancia 28 de julio de
2011
Primer cargo: puede ver comprometida Mediante fallo de única única instancia
su responsabilidad por haber 28 de julio de 2011, El señor Procurador
participado en detrimento del General de la Nación, declara
patrimonio público y con responsable disciplinariamente al señor
desconocimiento de los principios Ángel Augusto Pérez Martínez, en su
que regulan la contratación estatal, en condición de Subsecretario
el proceso de adquisición del predio El Administrativo de la Secretaría de
Clavel, localizado en la carretera Quiba Educación de Bogotá «de los cargos
Baja, Sector Mochuelo Bajo de la formulados mediante la providencia de
Localidad Ciudad Bolívar de Bogotá 22 de abril de 2010, proferido en el
D.C.-destinado a la reubicación del trámite de la presente radicación»134
Centro Educativo Distrital y no haber
advertido al ordenador del gasto ...no Revisada el acto administrativo
era apto para el propósito propuesto por contenido del falló de única instancia, se
la administración. observa que en el texto del mismo,
consiga que se le endilgaron los
Norma y disposiciones infringidas siguientes cargos:
Numeral 31 artículo 48 de la Ley 734 de
2002, numerales 7 y 12 del artículo 25, “primer cargo
numerales 1 y 4 del artículo 26, artículo
29 de la Ley 80 de 1993. Artículos 1887 El disciplinado puede ver comprometida
y 1889 del Código Civil, artículo 23 de la su responsabilidad disciplinaria por
Ley 734 de 2005. haber participado, en detrimento del
La naturaleza de la falta atribuida, falta patrimonio público y con
gravísima, conducta subsumida por el desconocimiento de los principios que
numeral 3 del artículo 48 de la Ley 734 regulan la contratación estatal, en el
de 2002. proceso de adquisición del predio El
Clavel, localizado en la carretera Quiba
La imputación subjetiva «se hace Baja, Sector Mochuelo Bajo de la
provisionalmente a título de CULPA Localidad Ciudad Bolívar de Bogotá
GRAVÍSIMA. ...la conducta D.C.,-destinado a la reubicación del
desplegada...denota desatención Centro Educativo Distrital de la
elemental y violación manifiesta de las mencionada Localidad y no haber
reglas contractuales y administrativas de advertido al ordenador del gasto que
obligatorio cumplimiento. Teniendo el en razón de los serios problemas,
deber de evitarlo, el investigado permitió inconvenientes y limitaciones que
que el presentaba tal inmueble, los cuales
trámite...improvisación...incumpliendo el fueron informados por el consultor Walter
deber de selección objetiva en la Álvarez Bustos, dicho predio no era apto
adquisición del predio el Clavel ...» para el propósito propuesto por la
Segundo cargo: puede ver administración. … incurso en el numeral
comprometida su responsabilidad 31 del artículo 48 de la Ley 734, según el
disciplinaria por permitir o tolerar que cual constituye falta gravísima ....
con ocasión de la compra en numerales 7 y 12 del artículo 25 de la
condiciones de evidente sobreprecio Ley 80 de 1993, que señalan...
del predio El Clavel, localizado. en(...)el ...artículo 26ibídem particularmente los
señor Néstor Germán Castañeda Aguirre numerales 1 y 4 que establecen...
134
radicado 143-164041
54
Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
incrementara injustificadamente su Adicionalmente, se infringió...artículo 29
patrimonio, toda vez que la Cámara de de la Ley 80 de 1993,...manifiesta
la Propiedad Raíz –Lonja Inmobiliaria, vulneración de los artículos 1887 y 1889
estimó que dicho predio tenía un valor del Código Civil.
total de $192.680.880, a razón de $ Segundo cargo.
3.500 metro cuadrado, pero el Distrito El señor ÁNGEL AUGUSTO PÉREZ
pagó, según escritura pública 1544 de 9 MARTÍNEZ, puede ver comprometida su
de agosto de 2006, la suma de $ responsabilidad disciplinaria por permitir
1.491.043.208 “debido entre otras o tolerar que con ocasión de la compra
causas a la falta de control por parte en condiciones de evidente
del investigado”, “ a lo cual debe sobreprecio del predio EL Clavel,
agregarse que, teniendo el deber de localizado..., el señor Néstor Germán
evitarlo, el investigado permitió el Castañeda Aguirre incrementara
reconocimiento de un ajuste de precio injustificada su patrimonio, toda vez que
por cabida del inmueble, cuando éste se la Cámara de la Propiedad Raíz...estimó
había adquirido como cuerpo cierto:» que dicho predio tenía un valor total de
Norma y disposiciones infringidas $192.680.880, a razón de $ 3.500 metro
Artículo 23, e Inciso segundo del cuadrado, pero el Distrito pagó, según
numeral 3 del artículo 48 de la Ley 734 escritura pública 1544 de 9 de agosto de
de 2002, artículos 1887 y 1889 del 2006, la suma de $ 1.491.043.208, a lo
Código Civil. que debe agregarse que, teniendo el
Calificación provisional de la falta y deber de evitarlo, el investigado permitió
forma de culpabilidad el reconocimiento de un ajuste del precio
La naturaleza de la falta atribuida, falta por cabida del inmuebles, cuando éste
gravísima, conducta subsumida por el se había adquirido como cuerpo cierto.
inciso segundo numeral 3 del artículo 48 ...falta disciplinaria descrita por el
de la Ley 734 de 2002. inciso segundo del artículo 3º del
La imputación subjetiva «se hace artículo 48 de la Ley 734 de 2002, según
provisionalmente a título de CULPA el cual...Adicionalmente, ...artículos 1887
GRAVÍSIMA, toda vez que del y 1889 del Código Civil.·”
disciplinado Ángel Pérez Martínez era
exigible la implementación y ejercicio
de medidas de control dirigidas a
proteger el patrimonio del Estado. En
lugar de ello procedió con desatención
elemental de los deberes de cuidado y
vigilancia que una persona del común
pone en sus propios asuntos,
permitiendo con su incuria que...” “...el
disciplinado procedió en forma
negligente respecto del control y
vigilancia que debía ejercer sobre el
erario del distrito.»
135
106.Así, revisado exhaustivamente auto de 22 de abril de 2010 de cargos y
confrontado con el fallo de única instancia del 28 de julio de 2011 y confirmatorio
del 12 de diciembre de 2011, es evidente que guardan coherencia, en el fallo
sancionatorio, el ente disciplinario se refirió a los mismos cargos endilgados y que
135
cuaderno 6 expediente disciplinario
55
Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
se ocupó durante la investigación, y ab initio el señor Pérez Martínez, ejerció
defensa, por los mismo se impuso sanción.
107.Sumado a lo anterior; cotejados tanto el auto de cargos con los fallos
disciplinados demandados se observa que también tienen conexión con la
situación fáctica y jurídica objeto del proceso disciplinario, y del acervo probatorio.
Vale decir, existió coherencia entre, los cargos y el fallo, la situación fáctica,
jurídica y probatoria. En esas condiciones el cargo alegado que «El ente
disciplinario condujo al investigado a un escenario de reproche diferente al que
tuvo en cuenta para imponer la sanción», resulta infundado.
Cargo iii. El ente disciplinario, estructuró la sanción a partir de sus deberes
funcionales como delegante en el proceso de adquisición del lote El Clavel,
pero el señor Pérez Martínez, no actuaba como delegante, ni como
delegatario.
108.Sobre el cargo aludido, la Sala considera:
i.La delegación desde un punto de vista jurídico y administrativo es la modalidad
de actuar administrativo en virtud de la cual en los supuestos permitidos por la
Ley, transfiere funciones administrativas un sujeto u órgano.
ii.De conformidad con los artículos 9º, 10 y 12 de la Ley 489 de 1998, la
delegación de funciones como una de las modalidades de la acción administrativa,
siempre será escrita, exige acto de delegación, determinará la autoridad
delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se
transfieren. La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual
corresponderá exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo
dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política.
109.Del acervo probatorio obrante en expediente, se observa:
i.El señor Ángel Augusto Pérez Martínez, fue nombrado mediante resolución 009
de 7 de enero de 2004, como subsecretario de despacho, código 045, nivel
directivo, en la Subsecretaría Administrativa de la Secretaría de Educación de
56
Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
Bogotá136, tomó posesión el 13 del mismo mes y año137, y permaneció hasta el 4
de noviembre de 2009138. Entre sus funciones conforme a las resoluciones 3800
de 15 de septiembre de 2005 y 2190 de 28 de mayo de 2007, le correspondía:
dirigir, supervisar y controlar la adquisición de los bienes y servicios que se
requieran para el cabal cumplimiento de las funciones de la Secretaría.139
ii.Revisado el expediente, no obra acto administrativo mediante el cual el señor
Pérez Martínez, hubiere delegado esa función. También las pruebas que obran en
expediente, y en el contexto de las funciones como Subsecretario Administrativo
de la Secretaría de Educación, dan cuenta que, el señor Ángel Augusto Pérez
Martínez, celebró contratos tales como contratos 782140 de 13 de diciembre de
2004, con la Cámara Propiedad Raíz,”141 163142 de 29 de diciembre de 2004,.”143:
orden de prestación de servicios 1297 144de 30 de noviembre de 2005,.145 aprobó
el replanteamiento de la oferta de compra S-2005-135723 de 20 de diciembre de
2005.146y firmó como ordenador del gasto las órdenes de pago del inmueble el
Clavel.
iii.Sumado a lo anterior, con se observa de las piezas procesales del proceso
disciplinario, el pliego de cargos y el acto sancionatorio; endilgaron cargos y
sancionaron al señor Ángel Augusto Pérez Martínez, en su calidad de
Subsecretario Administrativo de la Secretaría de Educación, no hicieron alusión a
la calidad de delegante o delegatario. Tampoco en la actuación disciplinaria, ni en
sede judicial se allegó acto administrativo mediante el cual hubiere delegado la
función alguna, entre estas, la de dirigir, supervisar y controlar la adquisición de
136
folio 130 cuaderno 2
137
folio 131 cuaderno 2.
138
folio 103 cuaderno 6.
139 folios 130 a 133 cuaderno 2, 107 cuaderno 5 expediente disciplinario
140
objeto:”efectuar los estudios necesarios para la valoración económica de los predios que se requieran para la adquisición
y/o arrendamiento, una vez la SED realice los estudios técnicos y jurídicos pertinentes.
141
folio 54 cuaderno 4, expediente disciplinario
142
con el señor Walter Hember Álvarez Bustos, con el objeto de “efectuar los estudios técnicos, jurídicos y económicos de
acuerdo con el Manual de procedimientos –proceso de Preselección de inmuebles de la Alcaldía Mayor de Bogotá... para
12 predios y la negociación y escrituración de 16 predios
143
folio 104 cdno 3.
144
con la señora Jimena Catherine Castellanos Bojacá, con el objeto de :“efectuar trámites de expropiación necesaria
dentro del proceso de adquisición de predios que actualmente adelanta la secretaría de educación y apoyar a la
subdirección de plantas físicas en la revisión jurídica y elaboración de documentos necesarios dentro de los procesos de
adquisición predial y trámite de saneamiento y legalización de las instituciones educativos distritales ante las entidades
competentes, con el fin de viabilizar la realización de las obras de construcción y mejoramiento”
145
folio 5 cdno 4.
146
oficio 088939 de 13 de junio de 2006. firmado por Abel Rodríguez Céspedes- Secretario de Educación. aprobado por el
señor Ángel Pérez Martínez, Subsecretario Administrativo de la Secretaría de Educación, según se lee a pie de página de
ese documento. folio 43 anexo 1. folio 43, 46, anexo 1. folio 595 anexo 3. folio 333 cuaderno 2, folio 163 cuaderno 5.
expediente disciplinario
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Nº Interno: 1989-2012
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los bienes y servicios o alguna otra función. Así el cargo alegado resulta
infundado.
Cargo iv. No se agotó la exigencia de la verificación de la ilicitud sustancial o
de antijuridicidad de la conducta. No se podía sancionar disciplinariamente,
si no se afecta el deber funcional.
110.En apartado anterior, la Sala analizó brevemente lo concerniente a la figura de
la ilicitud sustancial y del deber funcional del empleo de Subsecretario
Administrativo de la Secretaría de Educación de Bogotá, y se precisó que de
conformidad con el artículo 5 de la Ley 734 de 2002, la falta será antijurídica
cuando se afecta el deber funcional. Vale decir, que conducta de la cual se
predique el juicio de desvalor deba estar necesariamente vinculada con la
afectación del deber funcional, en el incumplimiento de obligaciones que devienen
de la función que debe cumplir.
111. También se dejó establecido en acápites anteriores, entre las funciones
radicadas al empleo de Subsecretario Administrativo de la Secretaria de
Educación, desempeñado por el señor Pérez Martínez, la de Dirigir, supervisar y
controlar la adquisición de los bienes y servicios que se requieran para el
cabal cumplimiento de las funciones de la Secretaría. Asimismo, se advirtió de
las pruebas obrantes en la actuación administrativa que con la participación del
referido señor[Pérez Martínez] en el año 2005-2006 la Secretaría de Educación de
Bogotá, adquirió el inmueble El Clavel, sin tener en cuenta la recomendación del
ingeniero Walter Álvarez, legitimado, por efecto del contrato 163 de 2004, y sin el
correspondiente estudio técnico, jurídico, económico, ni de mercado, ni de
planeación y con base en un avalúo alterado.
112.Ahora, revisado el acto administrativo sancionador, el ente disciplinario entre
los fundamentos, adujo que el señor Pérez Martínez, procedió de manera
negligente respecto en su función de control y vigilancia, desconoció principios de
contratación estatal[selección objetiva], y le invocó el artículo 6 de la Constitución
Política, el numeral 31 artículo 48147, inciso segundo del numeral 3 del artículo 48
147
Artículo 48.Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
58
Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
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de la Ley 734 de 2002, numerales 7 y 12 del artículo 25, numerales 1 y 4 del
artículo 26, artículo 29 de la Ley 80 de 1993148, y artículos 1887149 y 1889 del
Código Civil, también el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, norma ésta última que
indica que «constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la
sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos
previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el
ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera
de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente
ordenamiento.»
113.También, el acto administrativo sancionador, consignó:
“...3.El conocimiento de la ilicitud (...) Como quedó expuesto en su momento al
analizar la Culpabilidad, quedó demostrado que el Doctor Ángel Augusto Pérez
Martínez tenía injerencia en la administración de recursos distritales durante el
proceso a través del cual se desconocieron los principios contractuales de
economía, responsabilidad, y selección objetiva, afectando así los principios
constitucionales de economía eficacia y moralidad que rigen la función pública.
3. Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas
o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por
razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con
desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la
Constitución y en la ley.
148
por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. II. DE LOS PRINCIPIOS
DE LA CONTRATACION ESTATAL ARTICULO 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMIA. En virtud de este principio: 7o. La
conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o
impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.
12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección
sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones,
según corresponda.
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso
primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y
su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del
objeto el diseño.
ARTICULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio:
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse
afectados por la ejecución del contrato.
4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y
por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.
149
ARTICULO 1887. . Un predio rústicos puede venderse con relación a su cabida, o como una especie o cuerpo cierto. Se
vende con relación a su cabida, siempre que ésta se expresa de cualquier modo en el contrato, salvo que las partes
declaren que no entienden hacer diferencia en el precio, aunque la cabida real resulte mayor o menor que la cabida que
reza el contrato. Es indiferente que se fije directamente un precio total, o que éste se deduzca de la cabida o número de
medidas que se expresa, y del precio de cada medida. Es así mismo indiferente que se exprese una cabida total o las
cabidas de las varias porciones de diferentes calidades y precios que contengan el predio, con tal que de estos datos
resulte el precio total y la cabida total.
Lo mismo se aplica a la enajenación de dos o más predios por una sola venta. En todos los demás casos se entenderá
venderse el predio o predios como un cuerpo cierto.
ARTICULO 1889. . Si el predio se vende como un cuerpo cierto, no habrá derecho por parte del comprador ni del vendedor
para pedir rebaja o aumento del precio, sea cual fuere la cabida del predio. Sin embargo, si se vende con señalamiento de
linderos, estará obligado el vendedor a entregar todo lo comprendido en ellos, y si no pudiere o no se le exigiere, se
observará lo prevenido en el inciso del artículo precedente.
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Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
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4. Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la
entidad...fungía como subsecretario administrativo de la Secretaría de Educación
del Distrito- SED, cargo del más alto nivel dentro del organigrama de la
Secretaría de Educación.
...”
114.Así las cosas, no puede aceptarse el argumento alegado por la parte
demandante y que ahora se analiza, pues si bien es cierto que el acto
administrativo sancionador, no se extendió en argumentación en relación con el
tópico de la ilicitud sustancial, no por eso, omitió la verificación de la ilicitud
sustancial o de antijuridicidad de la conducta, pues el ente disciplinario con
fundamento en las pruebas encontró afectado el deber funcional a título de culpa
gravísima, y así lo enrostró en la investigación disciplinaria y lo consignó de
manera sucinta en los actos demandados. El cargo es infundado.
Cargo v. Los fallos disciplinarios carecen de la motivación mínima requerida
respecto de la antijuridicidad de la conducta endilgada.
115.Al respecto la Sala advierte:
i.El artículo 170 de la Ley 734 de 2002 dispone que el fallo disciplinario debe ser
motivado y contener:(i) La identidad del investigado (ii) Un resumen de los hechos.
(iii)El análisis de las pruebas en que se basa. (iv) El análisis y la valoración jurídica
de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido
presentadas. (v) La fundamentación de la calificación de la falta. (vi) El análisis de
culpabilidad. (vii) Las razones de la sanción o de la absolución, y (viii) La
exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de
la sanción y la decisión en la parte resolutiva.
ii.La jurisprudencia del Consejo de Estado, ha enseñado que :
«La motivación de los actos disciplinarios es garantía principal del debido
proceso y el derecho de defensa del disciplinado en la medida que le permite
conocer los argumentos y las pruebas tenidas en su contra, a efectos de que
pueda controvertir su interpretación. …(…) Conforme la norma transcrita, el acto
debe necesariamente ser motivado y tal proceder abarca, entre otros aspectos,
el análisis del material probatorio recopilado conforme los postulados de la sana
crítica, el estudio que se hizo de los cargos y de los descargos así como las
razones que llevan a la entidad a tomar la decisión. De esta manera, si la
decisión disciplinaria no cumple con alguno de estos presupuestos, se
60
Nº Interno: 1989-2012
Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
configurará la causal de nulidad por falta de motivación y vulneración del debido
proceso.»150
iii.Teniendo en cuenta lo anterior y examinado el acto administrativo sancionatorio
principal, se observa que el mismo contiene motivación suficiente, habida cuenta
que en su texto destinó apartados para referirse a la identidad del investigado, los
hechos, al análisis de las pruebas recaudadas, al análisis de cada uno cargos y de
los descargos y alegatos de conclusión, a la estructura de la falta y de la
culpabilidad, a los criterios y fundamentos para la graduación de la sanción, al
conocimiento de la ilicitud y razones que motivaron al ente disciplinario a adoptar la
decisión sancionadora, entre estas:
“...ÁNGEL AUGUSTO PÉREZ MARTINEZ...primer cargo. ...falta disciplinaria
descrita por el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002...falta gravísima:
...artículos 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que...artículo 26ibídem
particularmente con los numerales 1º y 4º ...artículo 29 ley 80 de 1993...como
consecuencia de la incuria ...artículos 1887 y 1889 del Código Civil. ...segundo
cargo. ...numeral 3º del artículo 48 de la ley 734 de 2002, según ...artículos
1887 y 1889 del Código Civil. y las previsiones pactadas,...
...
En tal sentido y si bien como se expuso en el auto de formulación de cargo, de
acuerdo con el recaudo probatorio que se allegó y practicó en la presente
actuación, el señor disciplinado irrogó detrimento patrimonial al Distrito capital
por tres razones: 1)...2)Porque el precio pagado por la SED al señor Néstor
Germán Castañeda Aguirre por concepto de la transacción realizada sobre El
Predio El Clavel, no correspondía al valor real del mismos según el avalúo
comercial CPR 2853 del 13 de diciembre de 2005, y según la promesa de
compraventa del 21 de diciembre de 2005, suscrita entre las mismas partes.
3)...En segundo lugar, el comportamiento agotado por el disciplinado conllevó la
violación de principios de transparencia y economía establecidos en los artículos
24 y 25 de la Ley 80 de 1993, respectivamente...La SED procedió pese a no
tener claro cuál era la real dimensión del predio, que finalmente estableció en
60.122.71 m²...
Aquí es dable mencionar la importancia que tiene, dentro de un modelo de
Estado Social y de Derecho como el nuestro, que los servidores públicos
orienten su comportamiento conforme al catálogo de deberes impuestos por la
Constitución Política y la ley, ...
...la conducta desplegada por el disciplinado Pérez Martínez denota desatención
elemental...tratándose de la administración de recursos del Estado, el
disciplinado procedió en forma negligente respecto del control y vigilancia que
debía ejercer sobre el erario del distrito.
...”151
iv.Igualmente, el fallo de 2 de diciembre de 2011, mediante el cual se resolvió el
150
Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00519-00(2009-11).providencia del 23 de septiembre de 2017.
151
folio 101 y siguientes cdno ppal
61
Nº Interno: 1989-2012
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recurso de reposición contra el anterior, contiene las razones por las cuales el juez
disciplinario no acoge los cada uno de argumentos del impugnante.152.
v.Así las cosas, los fallos acusados, contienen la motivación suficiente, conforme al
artículo 170 de la Ley 734 de 2002. Sumado a lo anterior, tienen conexión con la
situación fáctica y jurídica objeto del proceso disciplinario, y del acervo probatorio.
No prospera el cargo.
Cargo vi. La parte actora considera que el acto administrativo sancionatorio
desconoció el principio de favorabilidad,
116.En entender del libelista al encontrarse la misma conducta endilgada en el
numeral 13 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, como falta leve o grave y en el
numeral 3 del artículo 48ibídem como falta gravísima, la autoridad disciplinaria en
aplicación del principio de favorabilidad, debió tipificarla bajo los criterios del
artículo 43 del Código Único Disciplinario, falta leve o grave y no darle la
interpretación más restrictiva y desfavorable al investigado, falta gravísima.
117.Al respecto la Sala advierte que el artículo 14 de la Ley 734 de 2002, prevé
que en materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior,
se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige
también para quien esté cumpliendo la sanción.
118.Así el principio de favorabilidad se aplica en aquellos casos en que surge duda
en el operador jurídico sobre cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de
resolver un asunto sometido a su conocimiento, al encontrar que dos o más textos
legislativos vigentes al momento de causarse el derecho, gobiernan la solución de
un caso concreto.
119.La Jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha precisado que:
«Frente al principio de favorabilidad en materia penal se parte de la base de que
la ley vigente a la comisión del delito es la que rige toda la actuación. No
obstante, si una ley posterior modifica favorablemente el tratamiento del delito,
se aplica retroactivamente, de manera que constituye excepción al principio
general de aplicación de las leyes hacia el futuro que deben ser valoradas y
152
folio 187 y s cdno ppal
62
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ponderadas juiciosamente por el operador jurídico cuando se trata de normas
sustanciales o procesales en donde se encuentren en juego las garantías
fundamentales del debido proceso -art. 29 CP.»153
120. En el caso concreto, analizada la razón esgrimida por el demandante, para
sustentar la causal de nulidad que ocupa en este momento la atención de la Sala,
se observa que en realidad de verdad lo que pretende el libelista al amparo del
principio de favorabilidad, es un nuevo juicio de adecuación típica de la conducta,
que es función del juez natural disciplinario, y no del control contencioso
administrativo sobre los actos disciplinarios sancionatorios, pues aun siendo
integral, se contrae a examinar el cumplimiento de las garantías mínimas
fundamentales del investigado y sancionado. El control de legalidad no es tercera
instancia, tampoco el juez de legalidad está instituido para desplazar al juez
disciplinario.
121.Ahora revisado el asunto, en relación con las garantías mínimas del señor
Ángel Augusto Pérez Martínez, se advierte que en los apartados anteriores
quedaron plenamente establecidas las razones de hecho que motivaron la
investigación disciplinaria. Adicionalmente, los cargos endilgados y por los cuales
fue declarado disciplinariamente responsable y sancionado, el señor Ángel
Augusto Pérez Martínez, se encuentran tipificados como falta disciplinaria,
gravísima en la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, en los siguientes
términos:
“ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por
lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la
incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este
código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de
derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado
por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en
el artículo 28 del presente ordenamiento
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las
siguientes:
3. ...
Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en favor
propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga.
153
Sentencia C-225-19
63
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Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
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31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios
que regulan la contratación estatal y la función administrativa
contemplados en la Constitución y en la ley”.154
122.También, el ente sancionador invocó como fuentes de derecho para endilgar
las faltas y la responsabilidad disciplinaria, las siguientes disposiciones:
123.Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública.
“ARTÍCULO 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA.
...
7o. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones
y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del
proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.
...
12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el
caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse
los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según
corresponda.
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma
oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con
los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su
impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para
los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño
ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este
principio:
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los
fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a
proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que
puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
... 4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las
reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados
que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.
...»
124.Así mismo, se advierte que de conformidad con los artículos 42, 45 y 63 de la
Ley 734 de 2002, la consecuencia jurídica prevista para el servidor público que
incurre en falta tipificada como gravísima a título de culpa gravísima, es la
destitución y la habilidad general por el término entre 10 y 20 años.
154 <aparte subrayado condicionalmente exequible>sentenciac-818-05
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Nº Interno: 1989-2012
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125.De manera que las faltas endilgadas y por la cuales fue sancionado el señor
Pérez Martínez, se encuentra tipificada taxativamente en el Estatuto disciplinario
como gravísima, cuya consecuencia es la destitución del cargo y la inhabilidad
mínimo por 10 años. En tanto, el numeral 13 del artículo 35155 de la Ley 734 de
2002, citado por la parte demandante, prevé también como falta «13. Ocasionar
daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan
llegado a su poder por razón de sus funciones», la que según el interesado, está
considerada por estatuto disciplinario como falta leve o grave y no tipificada como
gravísima.
126.Sabido es y de conformidad con el inciso 2 del artículo 50 de la Ley 734 de
2002, la gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los
criterios señalados en el artículo 43 de este código, entre estos, la jerarquía y
mando que el servidor público tenga en la respectiva institución. Los artículo 44 y
50 ibídem, señala como reglas, respectivamente;
i.«Parágrafo. Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por
ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de
obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta
disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del
común imprime a sus actuaciones.».
i. La conducta es leve, si es cometida a título diferente de dolo o culpa gravísima.
127.Así las cosas, confrontada la situación fáctica y la jurídica, investigada, en
criterio de la Sala, se evidencia que el ente disciplinario observó los principios de
adecuación típica de la falta la sanción, la antijuridicidad, culpabilidad y
proporcionalidad de la sanción en relación a la gravedad de la falta y observó los
criterios para determinar la gravedad o levedad de las faltas endilgadas.
128. A la jurisdicción contenciosa, dentro del marco de su competencia, le
corresponde proteger al disciplinado de la arbitrariedad, o ilegalidad, y de las
155
Artículo 35.Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:
13. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder
por razón de sus funciones.
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conductas de la administración que vayan en contra de la Constitución, la ley y de
derechos fundamentales del investigado, empero en el caso estudiado no se
evidencia razón que implique a fortiori protección alguna. No prospera el cargo.
Cargo VI. La autoridad disciplinaria, negó las pruebas pedidas para
desvirtuar los cargos, impidió la práctica de pruebas, invirtió la carga
probatoria.
129.Revisado el expediente disciplinario se observa:
i.En sede administrativa disciplinaria, por escrito el apoderado del señor Ángel
Augusto Pérez Martínez, solicitó pruebas y su práctica, tales como (i) dictámenes
periciales de confrontación de máquinas impresoras (ii) dictámenes grafológicos
(iii) testimonios de Liliana González, Walter Álvarez, Nestor Germán Castañeda,
Luz Mery Pulido, Gloria Bonilla, Carolina Mejía, Jairo Iván Loaiza, Sucesores de
Telésforo González Rodríguez, Edelmira Castellanos, (iv) documentales156.
ii.En el escrito contentivo de los descargos del señor Ángel Augusto Pérez
Martínez, el interesado solicitó la práctica de pruebas entre estas testimoniales de
los ingenieros Enrique Villamarín e Iván Correa “a fin de que declaren sobre las
condiciones que observó en su trabajó y la razón por la que recomendó el traslado
del colegio el Mochuelo Bajo de la edificación y terreno que ocupaba en el año
2005.” También la declaración del arquitecto Carlos Benavides “a fin de que
declare sobre las bases y contenido del informe de noviembre de 2005, en el que
concluyeron sobre la conveniencia de adelantar la construcción de la edificación
en el predio El Clavel.” 157,
iii.El ente disciplinario, mediante auto de 4 de marzo de 2008, inicialmente negó
las pruebas pedidas en la investigación preliminar y anotó: “En las diligencias
preliminares que se aportaron al plenario, pruebas testimoniales y
documentales ...”158 Luego por autos 28 de marzo 2008, 23 de abril de 2008, 15
de mayo de 2008, 20 agosto de 2008, decretó pruebas y ordenó recibir la
ampliación de las versiones de los investigados Jairo Loaiza y Liliana
156
folios 164, 201 cdno 2
157
folio 129,uaderno 4 disciplinario
158
cuaderno 2.disciplinario
66
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González, y los testimonios de Luz Mery Pulido, Catherine Castellanos y la
ampliación del testimonio de Gloria Yamile Bonilla Chauvez.159 Mediante auto
de 15 de julio de 2008, declaró la nulidad a partir del auto de 4 de marzo de
2008, pero convalida las pruebas practicadas y allegadas.160
iv.Los testimonios de Enrique Villamarín, Iván Correa y Carlos Benavides fueron
negados por inconducentes, impertinentes e innecesarias, mediante auto de 16 de
diciembre de 2010 y con el argumento esencial que las mismas «apuntan a que se
verifiquen una serie de situaciones si bien relacionadas con los hechos de
investigación, se orienta a probar aspectos que no fueron objeto de
imputación.»161
130.Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto el juez disciplinario negó
algunas pruebas de las pedidas por el interesado, per se, no es indicativo de
vulneración del debido proceso y derecho de defensa, pues de conformidad con el
artículo 132 de la Ley 734 de 2002, los sujetos procesales pueden aportar y
solicitar la práctica de las pruebas que estimen conducentes y pertinentes. La
autoridad disciplinaria está facultada para rechazar las inconducentes,
impertinentes, superfluas y no se atenderá las practicadas ilegalmente.
131.Sumado a lo anterior, revisado el expediente disciplinario, obran actas
contentivas de la versión libre y espontánea de Ángel Augusto Pérez Martínez,
Jairo Iván Loaiza Agudelo, Yaneth Liliana González Vargas, Abel Rodríguez
Céspedes, ampliación de la versión libre y ampliación rendida por Jairo Iván
Loaiza, testimonios y ampliación de los mismos rendido por Gloria Yamile Bonilla
Chauvez, Jimena Catherine Castañeda Bojacá, Luz Mery Pulido Peláez,Ligia
Susana Camelo Farfán, Walter Hember Álvarez Bustos, Luís Hernando Cediel
Mejía, Martha Isabel Rodríguez Eusse162 declaración de Nestor Germán
Castañeda Aguirre163. Igualmente obra acta contentiva del informe pericial
159
folio 179 cdno 2
160
cdno 2 y 3 expediente disciplinario.
161 folio 204 cdno 5 disciplinario
162
cuadernos 2 y 3 expediente disciplinario
163
folio 22 cdno 7.
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grafológico164, lo que indica que la mayoría de las pruebas solicitadas por el
demandante fueron finalmente decretadas y practicadas por el juez disciplinario.
132.La actuación disciplinaria contó con acervo probatorio copioso, entre este, la
documental que se ha puesto de presente en acápites anteriores de esta
providencia y que tuvo la fuerza necesaria para desvirtuar la presunción de
inocencia que amparaba al investigado lo que se ratifica con las pruebas
arrimadas con ocasión de este proceso. En sede judicial, los medios probatorios
allegados tampoco modifican la conclusión a la que llegó el operador disciplinario.
133.En efecto en esta sede, se decretaron y recepcionaron las declaraciones de
Ramón Enrique Villamarín Quintero, Alberto Iván Correa Herrán, Carlos Alberto
Benavides Suescun, Jaime Germán Álvarez González y Claudia Mónica Naranjo
Londoño. Los tres primeros declarantes, coinciden y refieren que el inmueble El
Clavel, era el más idóneo para la adquisición y para el propósito de la Secretaría
de Educación, y que ellos recomendaron la adquisición de ese predio. Los
testimonios de Jaime Germán Álvarez González y Claudia Mónica Naranjo
Londoño, que dan cuenta que la señora Liliana González, fungía como
coordinadora de predios, y por seguridad era la persona de la Secretaría de
Educación, a quien le correspondía recibir directamente de la inmobiliaria Lonja de
Propiedad Raíz, los correspondientes avalúos como el del predio El Clavel y que
éste fue falsificado, pero que no se despertó ninguna sospecha. Igualmente, el
declarante Jaime Germán Álvarez González, manifestó que sobre el señor Ángel
Augusto Pérez Martínez como Subsecretario Administrativo, recaía el 85%de la
carga de gestión de la Secretaría de Educación.
134.Analizados los testimonios recepcionados en sede jurisdiccional, se observa
que los mismos; en esencia no aportan elementos diferentes a lo probado en el
expediente disciplinario y que han quedado descritos en esta providencia. Sin
embargo ni en la actuación disciplinario, ni en sede judicial, se arrimó prueba que
tuviere la virtualidad contundente de demostrar ilegalidad alguna de los actos
administrativos demandados.
164
cuaderno 3 expediente disciplinario.
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135.Si bien, los testimonios en sede judicial entre estos, ratifican, su concepto en
el sentido que el predio el Clavel era la opción más idónea para los fines y el
proyecto educativo de la Secretaría de Educación, empero, los hechos
determinantes de la investigación y sanción disciplinaria radicaron, justamente, en
las irregularidades en el proceso de adquisición, y el proceder negligente del señor
Ángel Augusto Pérez Martínez, respecto del control y vigilancia en el mentado
proceso. Lo que no fue desvirtuado en el proceso disciplinario, por el contrario
quedó en evidencia en la actuación disciplinaria y ahora a lo largo de esta
providencia.
136.En este orden de ideas, se observa que el debate y análisis del acervo
probatorio, fue agotado en debida forma durante el proceso disciplinario, y no se
evidencia irregularidad sustancial alguna que afecte el derecho al debido proceso
del demandante, ni mucho menos las garantías esenciales a un juicio justo y
objetivo. Adicionalmente, durante la investigación disciplinaria, el aquí demandante
gozó con las garantías de defensa y contradicción, sin que hubiere logrado
mantener su presunción de inocencia. No prospera el cargo.
Cargo. VII. El acto administrativo sancionatorio, no tuvo en cuenta los
fundamentos reales sobre los cuales se tomó la decisión de la compra del
predio El clavel, no hubo apreciación integral y objetiva de la prueba, nada
dice de la imposibilidad de detectar un avaluó falsificado, sancionó con
insuficiencia probatoria, e incurrió en falsa motivación y desconoció el
principio presunción de inocencia.
137.El cargo alegado, no tiene vocación de prosperidad, no sólo por lo esbozado
en los apartados anteriores, sino también por las siguientes razones:
i.El artículo 141 de la Ley 734 de 2002, prevé que las pruebas deberán apreciarse
conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. En toda decisión
motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que ésta
se fundamenta.” y el artículo 142 ibídem, señala que «No se podrá proferir fallo
sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre
la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.»
69
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ii.En cuanto a la apreciación probatoria, la Sala recuerda que la Corte
Constitucional ha sido clara al advertir que: «Valorar una prueba no
necesariamente implica admitir su contenido. La valoración de la prueba es,
precisamente, el procedimiento previo que permite establecer si el contenido de lo
que se prueba puede ser admitido como elemento de convicción y sustento de la
consecuencia jurídica»165.
iii.Revisada la actuación administrativa y como ha quedado establecido en los
acápites anteriores, el juez disciplinario contó con un acervo probatorio copioso
conducente, que le demostraron la existencia de la falta y la responsabilidad del
señor Pérez Martínez, entonces, no se vislumbra que la actuación disciplinaria
adolezca de insuficiencia probatoria. Tampoco que hubiere faltado a la apreciación
integral de la prueba.
iv. Si bien, en los actos administrativos demandados, no fueron listadas
exhaustivamente cada uno de los medios probatorios recabados por la autoridad
disciplinaria, ese hecho per se, en criterio de la Sala no es indicativo que no
hubieren sido valoradas en su totalidad e integralmente. Se observa en el fallo
disciplinario que existe un acápite denominado «análisis de las pruebas
recaudadas en la presenta investigación» y se refiere a las irregularidades de la
Secretaría de Educación en el proceso de adquisición del inmueble El Clavel y que
detectó probadas el juez disciplinario.
v.A manera de ejemplo, en el acto administrativo sancionatorio, se adujo: (i) «La
Administración soslayó las observaciones formuladas por el ingeniero Catastral
Walter Álvarez Bustos, consultor contratado para afectos de evaluar los predios
ofertados a la SED.» (ii) «La SED procedió pese a que ni tenía claro cuál era la
real dimensión del predio, que finalmente estableció en 60.122.71 m²,» (iii)«... el
avaluó real de la Cámara de Propiedad Raíz fue reemplazado por uno falso, que
posteriormente, fue tenido en cuenta para realizar la transacción a razón de
$24.800 metro cuadrado, aspecto que debió ser detectado y evitado por los
investigados»
165
Sentencia T-233/07
70
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vi.Las anteriores apreciaciones contenidas el acto administrativo sancionatorio, la
Sala advierte que contaron como suficiente, prueba documental, entre estas la
descrita en apartados anteriores de esta providencia y testimonial tales como de
declaración de Gloria Yamile Bonilla Chauvez166Jimena Catherine Castellanos
Bojacá167, Luz Mery Pulido168 Walter Álvarez169Luís Cediel170, Martha Isabel
Rodríguez171Néstor Germán Castañeda Aguirre172.El contrato 163 de 29 de
diciembre de 2004, celebrado entre la Secretaría de Educación y el señor Walter
Hember Álvarez Bustos173, el oficio SED-WAB-0156-05 del 18 de octubre de
2005,174, conceptúa sobre tres lotes (El Clavel -lote C, rural, área 51.879,68m²; El
cerezo –lote A, área 12.593,73m²; El Mochuelo lote B- área 19.641.70 m²); Oficio
de 9 de noviembre de 2009, suscrito por Iván Correa Herrán y Enrique Villamil, en
calidad de Director de Proyecto Interadministrativo SED-UN 182 de 2004,175
informa a la Procuraduría General de la Nación dentro de la investigación
disciplinaria que por escrito recomendaron a la Secretaría de Educación la
adquisición del predio El Clavel.176
vi.Lo mismo ocurre con cada una de las irregularidad que detectó y que analizó en
el pliego de cargos y en los actos acusados, las mismas contaron con pruebas
idóneas y que se ha reseñado a lo largo de esta providencia, Así en el acto
sancionador, se anotó: “el despacho no puede soslayar que con la construcción de
la nueve sede ...se fortaleció y mejoró la cobertura de educación en aquellos
grupos sociales que requerían mayor atención por parte del Distrito ...aspecto que
no tiene discusión, sino que lo que es objeto de reproche lo constituyen las
irregularidades en que el funcionario incurrió durante ...que finalmente determinó
un detrimento patrimonial” vale decir, que el juez disciplinario no desconoció la
necesidad del inmueble, el traslado del colegio Mochuelo Bajo y el cumplimiento
del objetivo institucional por parte de la Secretaría de Educación, pero tampoco las
166
folio85, 291, cuaderno 2,
167
folio 278, 295, cdno 2
168
folio 369 cdno 23
169
folio 37 cdno3
170
folio 58 cdno 3
171
folio 62 cdno 3
172
folio 22 cdno 7
173
con el objeto de “efectuar los estudios técnicos, jurídicos y económicos de acuerdo con el Manual de procedimientos...”
174
folios 49, 104 cuaderno 3 expediente disciplinario.
175
objeto solicitud de diseño. 8f l, 68 cdno 3.
176
folio 98 cuaderno 2
71
Nº Interno: 1989-2012
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irregularidades que en el proceso de adquisición del inmueble incurrió el aquí
demandante, en calidad de subsecretario administrativo.
138.De manera que, revisado y analizado los actos administrativos demandados
en integridad con el acervo probatorio recabado en sede administrativa, no se
vislumbra que los actos administrativos demandados hubieren incurrido en falta de
apreciación probatoria integral y objetiva, o en vía de hecho; no se advierte una
contradicción con los principios probatorios de la lógica, con las máximas de la
experiencia o con las reglas de la apreciación razonada de la prueba y las reglas
de la sana crítica, ni que a la conclusión a la que llegó el juez disciplinaria se
hubiere sido subjetiva, caprichosa, o apartado de la verdad real probada en el
proceso, o desconocedora del principio de presunción de inocencia.
139. El acervo probatorio allegado en la investigación disciplinaria tuvo la fuerza
necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba al investigado
lo que se ratifica con las pruebas arrimadas con ocasión de este proceso. Los
motivos determinantes de los actos administrativos demandados estuvieron
debidamente probados y las razones que sirvieron de fundamento se ajustan a lo
probado en la actuación disciplinaria. Las pruebas demostraron la ocurrencia de la
falta, la responsabilidad del investigado y desvirtuaron la presunción de inocencia
que amparaba al señor Pérez Martínez. En sede judicial, los medios probatorios
allegados tampoco modifican la conclusión a la que llegó el operador disciplinario.
140. Finalmente, si bien es cierto el ente disciplinario no profundizó en argumentos
respecto de la falsificación del avalúo y el posible desconocimiento del mismo por
parte del señor Ángel Augusto Pérez Martínez, no lo es menos que per se, no
conduce a la nulidad de los actos demandados, habida cuenta que el hecho de la
alteración fue demostrado en el proceso disciplinario y el fallo de responsabilidad
disciplinaria, registró una a una, en total 13 las irregularidades en las que se
incurrió en el proceso de adquisición del inmueble El clavel, entre estas, que
soslayó las recomendaciones formuladas por el ingeniero catastral Walter Álvarez,
no contaba con las exigencias requeridas a la prestación de servicios públicos, no
tuvo en claro cuál era la dimensión real del predio, no contó, con la totalidad de
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Nº Interno: 1989-2012
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estudios previos, y el negligente proceder el señor Pérez Martínez respecto del
control y vigilancia que debía ejercer.
141.Adicionalmente, en criterio de la Sala, el presunto desconocimiento de la
alteración del avalúo, que alega en su favor el señor Ángel Augusto Pérez
Martínez, no puede constituirse en razón de defensa para pretender desvirtuar la
sanción disciplinaria; habída cuenta que por principio la ignorancia no puede servir
de excusa, menos cuando como en caso concreto, el señor Ángel Augusto Pérez
Martínez, contaba con las condiciones profesionales suficientes [formación
superior como economista y administrador público] y se desempeñaba como
Subsecretario Administrativo, nivel directivo y entre sus funciones tenía la dirigir,
supervisar y controlar la adquisición de los bienes y servicios requeridos
para el cabal cumplimiento de las funciones de la Secretaría, luego estaba en
condiciones de advertir irregularidades en el proceso de adquisición del previo,
entre estas, la falsificación del avalúo, El Clavel, y evitarlas.
142.De manera que su condición profesional y función, le exigía tener
conocimiento de los precios catastrales, prediales, comerciales, zonales de los
inmuebles en Bogotá, con mayor razón sobre aquellos que tuvieren opción de
compra para los proyectos educativos del órgano territorial, de consiguiente
advertir la presencia de alguna acción fraudulenta y evitarla, en consecuencia,
estaba en condiciones de evitar el hecho de la alteración del avaluó y superarlo,
se reitera, sin embargo, esta Sala observa que la adquisición del predio El clavel,
se llevó a cabo con intervención del señor Pérez Martínez, con fundamento en la
recomendación «informal» de los señores Iván Correa Herrán, Enrique Villamil, y
Carlos Alberto Benavides177, del convenio de diseño 182-2004178 y no la del
ingeniero Walter Álvarez en desarrollo del contrato de consultoría 163-2004,
[contratado para efectuar los estudios técnicos, jurídicos y económicos], y con un avalúo
alterado, no realizó la obtención de elementos mínimos básicos, con el certificado
de avaluó catastral, ni con los estudios, técnico, jurídicos, económicos, físicos
previos en estricto sentido, ni de asignación de puntaje de 0 a 200 como lo exigía
el Manual de contratación de Bogotá-secretaría de Educación, y el artículo 30-7 de
177
folio 98 cdno 2, folio 595 cdno 3, folio 5 cdno 5,cuaderno disciplinario, testimonios CD folio 433 cdno principal.
178
folio 68 cdno 3.
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Demandante: Ángel Augusto Pérez Martínez
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la Ley 80 de 1993, tampoco de control del avaluó recibido por la Secretaría de
Educación. Luego no resulta apropiado alegar en su favor, imposibilidad de
detectar un avaluó falsificado.
III.DECISIÓN
143. Así las cosas, por las razones esbozadas a lo largo de esta providencia,
vistas en su totalidad y conjuntamente, la Sala acoge el concepto del Ministerio
Público y niega las súplicas de la demanda, pues tras el análisis exhaustivo de
cada uno de los cargos de ilegalidad alegados en la demanda en integridad con
las pruebas obrantes en el proceso, se evidencia y se concluye que los actos
administrativos demandados, se encuentran motivados, tuvieron fundamento
fáctico, normativo, y probatorio pertinente y suficiente, no fueron producto de la
voluntad subjetiva o caprichosa del ente investigador, se observó el debido
proceso y el derecho de defensa. En consecuencia los actos administrativos
demandados se mantienen vigentes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección “B”,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Niéguense las súplicas de la demanda, por lo expuesto en la parte motiva de ésta
providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Salvamento de voto
CARMELO PERDOMO CUÉTER
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(Firmado electrónicamente)
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