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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04164-01

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04164-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: RECONOCER a los señores Alfredo Alfonso Charris Ortega, Carlos Daniel Charris Ortega, Maholys Cecilia Charris Ortega y Valeria Valentina Charris Rodríguez su calidad de coadyuvantes. SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión del 6 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación que negó la tutela promovida por la señora Hermelinda Ortega Cardozo. TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04164-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

10 de noviembre de 2022

Demandante: Hermelinda Ortega Cardozo
Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04164-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04164-01
Demandante: HERMELINDA ORTEGA CARDOZO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – Defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial – excepciones al
principio de inembargabilidad de los recursos públicos.
Confirma.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la señora Hermelinda Ortega
Cardozo en contra de la sentencia de primera instancia proferida el 6 de septiembre
de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. En esta
providencia se negaron las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. La accionante, actuando mediante apoderado judicial, interpuso este
mecanismo constitucional contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Marta1. Con la acción de
tutela, pretende el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital, de acceso a la
administración de justicia, “los derechos de las personas de la tercera edad y el
derecho a la propiedad”.

2. La anterior trasgresión constitucional se la adjudica a los autos del 24 de
marzo de 2021 y del 22 de abril de 2022, dictados por las autoridades judiciales
referenciadas. Mediante estas providencias se negó la medida cautelar de embargo
solicitada por la actora al interior del proceso ejecutivo que adelantó contra del
Municipio de Ciénaga (Magdalena) 2.

1 El escrito de tutela se radicó el 1° de agosto de 2022 a través de la ventanilla virtual.
2 Proceso identificado con el número de radicado 47-001-3333-005-2017-00024-01.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hermelinda Ortega Cardozo
Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04164-01

1.2. Pretensiones

Primero. Solicito muy respetuosamente, tutelar los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, derecho a la vida en
condiciones dignas, derecho al mínimo vital, prevalencia de los derechos de
las personas de la tercera edad, el derecho a la propiedad y el derecho a la
igualdad, vulnerados por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
de Santa Marta y por el Tribunal Administrativo de Magdalena.

Segundo. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene, dejar sin efectos
los autos proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
de Santa Marta, el 24 de marzo de 2021, por medio del cual, el Despacho niega
la solicitud de medida cautelar y el auto proferido por el Tribunal Administrativo
de Magdalena, el 20 de abril de 2022, notificado por estados electrónicos de 7
de julio de 2022, mediante el cual se confirma aquel proveído.

Tercero. Ordenar, al Tribunal Administrativo de Magdalena, representado por
el despacho de la magistrada Maribel Mendoza Jiménez, proferir una nueva
providencia de embargo, teniendo en cuenta las consideraciones aplicables
por vía de excepción para decretar medidas cautelares, sin oponer la
inembargabilidad al cumplimiento de las mismas. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

1. La señora Hermelinda Ortega Cardozo y su grupo familiar, en ejercicio del
medio de control de reparación directa, demandaron al Municipio de Ciénaga –
Magdalena. Con la interposición de esta acción pretendían que se les indemnizara
por los perjuicios causados por la muerte del señor Julio César Charris Sánchez,
ocurrida el 17 de diciembre de 2004.

2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta,
declaró administrativamente responsable al referido ente territorial, mediante
sentencia del 29 de agosto de 2014. Como consecuencia de ello, condenó a dicho
municipio al pago de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales.

3. El 27 de enero de 2017, la accionante y su grupo familiar interpusieron
demanda ejecutiva para que se librara mandamiento de pago en contra del
Municipio de Ciénaga. Esto con fundamento en la sentencia judicial condenatoria
del 29 de agosto de 2014. Asimismo, solicitaron que se decretara medida cautelar
de embargo de las sumas de dinero que la entidad territorial ejecutada tuviera o
llegare a tener en cuentas de ahorro o corrientes en la banca local o nacional, aun
cuando recayeran sobre rentas incorporadas en el presupuesto general de la
Nación.

4. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de Santa Marta. Ese Despacho libró mandamiento de pago el
día 31 de julio de 20173. Luego, mediante auto del 15 de julio de 2018, ordenó seguir
adelante con la ejecución.

3 Modificado a través de auto de 10 de octubre de 2019.

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5. En auto de 24 de octubre de 2018, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Santa Marta accedió al decreto de la medida cautelar solicitada
de embargo, pero únicamente respecto de rentas y recursos del Presupuesto
General de la Nación sobre los que no recayera restricción de inembargabilidad4.

6. Por considerarla infructuosa, el 30 de julio de 2020, la parte ejecutante solicitó
el levantamiento de la medida cautelar ordenada mediante auto calendado el 24 de
octubre de 2018. En su lugar, solicitó que, nuevamente, se decretara de manera
cautelar el embargo de los dineros depositados en las cuentas de ahorro, corrientes
o cualquier otro título representativo de moneda del que fuese titular el ente territorial
sin condicionar el cumplimiento a la inembargabilidad de los recursos provenientes
de transferencias.

7. Con proveído del 24 de marzo de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Santa Marta, en primer lugar, ordenó el levantamiento de las medidas
cautelares decretadas mediante auto del 24 de octubre de 2018. En segundo
término, negó la solicitud de embargo cautelar presentada por la parte ejecutante
por considerar que no existía fundamento legal que autorice el embargo de los
bienes y recursos de propiedad de la entidad accionada que sean de carácter
inembargable, tal como lo exige el parágrafo del artículo 594 del CGP.

8. En contra de esta decisión, la parte ejecutante presentó recurso de apelación,
el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante auto del
20 de abril de 2022. En esta providencia, dicha autoridad judicial confirmó la
decisión de negar el decreto de la medida cautelar de embargo solicitada.

9. Como fundamento de su resolutiva, el tribunal aseguró que, pese a que la
Corte Constitucional ha reconocido que la inembargabilidad tiene sus excepciones5,
y dicho desarrollo ha sido atendido por esta Corporación6, en el caso particular
fungía como ejecutada una entidad territorial, razón por la que debía tenerse en
cuenta la Ley 1551 de 20127 que establece que la medida cautelar del embargo no

4 Así, se decretó la retención de los dineros que el municipio ejecutado tuviera en las cuentas de

ahorro o corriente indicadas por el actor y se limitó el embargo a la suma de $160.205.278,50.
Igualmente, se ordenó a los gerentes de tales entidades financieras que pusieran a disposición del
despacho, en la respectiva cuenta de depósitos judiciales, dicho monto.
5 En concreto, cuando se trata: i) del cobro de sentencias y providencias judiciales; ii) de los títulos

que reconocen obligaciones laborales; iii) y otro tipo de títulos ejecutivos legalmente válidos y han
ordenado el embargo al interior de procesos ejecutivos.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Auto

del 21 de julio de 2017. Rad. 08001-23-31-000-2007-00112-02 (3679-2014). Sección Tercera,
Subsección A. Auto del 23 de noviembre de 2017. Rad. 88001-23-31-000-2001-00028-01 (58870).
Sección Primera. Sentencia del 15 de diciembre de 2017. Rad. 05001-23-33-000-2017-01532-01.
Sección Cuarta. Sentencia del 3 de mayo de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2017-02007-01. Sección
Primera. Sentencia del 21 de junio de 2018. Rad. 17001-23-33-000-2018-00163-01. Sección Cuarta.
Sentencia del 1 de agosto de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2018-00958-00. Sección Segunda.
Subsección B. Sentencia del 11 de marzo de 2019. Rad. 110010315000201900569-00. Sección
Tercera, Subsección B. Sentencia del 10 de mayo de 2019. Rad. 11001031500020190130300.
7 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios.

ARTÍCULO 45. NO PROCEDIBILIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES. La medida cautelar del
embargo no aplicará sobre los recursos del sistema general de participaciones ni sobre los del

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se aplica sobre los recursos del Sistema General de Participaciones, de las regalías,
ni de las rentas propias de destinación específica para el gasto social en los
procesos contenciosos adelantados en su contra.

10. Por lo anterior, precisó que, si bien en el caso bajo estudio se pretendía el
cobro de una sentencia judicial, al analizar con detenimiento la procedencia del
decreto de medidas cautelares que impliquen el embargo o retención de dineros de
naturaleza inembargable tal y como pretendía la parte accionante, concluyó que ello
no resultaba procedente. Esto, en la medida que no se vislumbraba algún
lineamiento proferido por las altas cortes que siquiera insinúe la procedencia de la
aplicación de las excepciones a la inembargabilidad de los recursos señalados en
la norma indicada.

1.4. Fundamentos de la vulneración

11. Para la tutelante, las autoridades judiciales accionadas, al proferir las
decisiones que negaron la medida cautelar de embargo referida, incurrieron en los
defectos i) sustantivo y ii) desconocimiento del precedente judicial.

12. En lo que atañe al defecto sustantivo, mencionó que los jueces que
conocen del proceso ejecutivo que adelantó contra el Municipio de Ciénaga y que
negaron la medida cautelar de embargo solicitada, realizaron una indebida
interpretación de los artículos 594 del CGP y 45 de la Ley 1551 de 2012.

13. Concretamente, indicó que se desconoció que sí existía fundamento legal
para proceder con el embargo solicitado -el pago de la condena contenida en la
sentencia de reparación directa- y que la providencia que ordenó seguir adelante
con la ejecución se encuentra debidamente ejecutoriada y, por tanto, había lugar a
acceder a la medida de retención.

14. En lo que se refiere al desconocimiento del precedente judicial, indicó que
resultaron desatendidos distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado en los que se ha puesto de presente que el principio de
inembargabilidad de los recursos públicos no es absoluto. Al respecto, precisó que
la postura de las altas cortes ha matizado la aplicación de tal principio en eventos
en los que, como ocurre en el presente asunto, se pretenda la ejecución de
sentencias que reconozcan créditos a cargo del erario. En este sentido, aseveró
que la jurisprudencia en la materia coincide en que la regla general es la

sistema general de regalías, ni de las rentas propias de destinación específica para el gasto social
de los Municipios en los procesos contenciosos adelantados en su contra.
En los procesos ejecutivos en que sea parte demandada un Municipio solo se podrá decretar
embargos una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución.
En ningún caso procederán embargos de sumas de dinero correspondientes a recaudos tributarios
o de otra naturaleza que hagan particulares a favor de los Municipios, antes de que estos hayan sido
formalmente declarados y pagados por el responsable tributario correspondiente.
PARÁGRAFO. De todas formas, corresponde a los alcaldes asegurar el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Municipio, para lo cual deberán adoptar las medidas fiscales y
presupuestales que se requieran para garantizar los derechos de los acreedores y cumplir con el
principio de finanzas sanas.

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inembargabilidad de las rentas y recursos del Estado. Sin embargo, entre las
excepciones se encuentran:

i) La satisfacción de créditos u obligaciones de origen laborales, necesaria
para realizar el principio de dignidad humana y efectivizar el derecho al
trabajo en condiciones dignas y justas;

ii) Las sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto
de los derechos reconocidas en dichas decisiones;

iii) Títulos que provengan del Estado que reconozcan una obligación clara,
expresa y actualmente exigible.

15. Indicó que tal desarrollo se encuentra inserto en distintas sentencias de la
Corte Constitucional (C-534 de 1997, C-543 de 2013 y C-313 de 2014) y del Consejo
de Estado, particularmente los pronunciamientos de la Sección Segunda del 17 de
septiembre de 2020, radicado 11001-03-15-000-2020-00510-01; del 11 de marzo
de 2019, “expediente 2019-569” y del 21 de julio de 2017, expediente 08001-23-31-
000-2007-00112—02 (3679-2014).

16. Finalmente, la parte accionante puso de presente que es sujeto de especial
protección constitucional, comoquiera que tiene 74 años de edad. Igualmente,
porque sufre de graves padecimientos médicos que le representan gastos
económicos que no puede sufragar en la medida en que no cuenta con recursos
para tal efecto, ni para tener una vida en condiciones dignas toda vez que no se
encuentra laborando.

1.5. Trámite de la acción de tutela

17. Mediante auto del 4 de agosto de 2022, el magistrado ponente de primera
instancia admitió la tutela de la referencia y ordenó notificar a la parte accionante.
Igualmente, al Tribunal Administrativo del Magdalena y al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Santa Marta, como autoridades accionadas.

18. A su vez, ordenó la vinculación como terceros con interés del Municipio de
Ciénaga y del señor Alfredo Alfonso Charris Ortega y las demás personas que se
constituyeron como parte demandante en el proceso ejecutivo.

19. Para el efecto, ordenó a la Secretaría General de esta Corporación para que
requiriera tanto a las autoridades accionadas como a la accionante, a efectos de
que suministraran la dirección electrónica del señor Charris Ortega, así como la
identidad de los demás demandantes junto con su dirección de notificación.

1.6. Intervenciones. Realizadas las notificaciones ordenadas se presentaron las
siguientes:

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1.6.1. Tribunal Administrativo del Magdalena

20. Dicha autoridad judicial se opuso a las pretensiones de la actora.
Concretamente, aseveró que, a pesar de que el ejecutivo versaba sobre el cobro de
una obligación contenida en una sentencia judicial, las medidas cautelares no son
procedentes comoquiera que implican el embargo o retención de dineros
correspondientes al sistema general de regalías o a las rentas propias de
destinación específica para el gasto social del municipio.

21. Como fundamento de lo anterior, puso de presente que según el artículo 45
de la Ley 1551 de 2012, estos recursos no son pasibles de embargos. En este
sentido, resaltó que fue con base en esta norma que confirmó el auto que, en
primera instancia, desestimó la solicitud de decreto de medida cautelar de embargo
pretendida por la parte ejecutante.

22. En consecuencia, aseveró que la decisión objeto de reproche respetó la
normativa aplicable al caso concreto, a partir de la cual concluyó que las sumas que
pretendían embargarse correspondían a recursos de destinación específica, los
cuales, por disposición legal resultan inembargables.

1.6.2. Alfredo Alfonso Charris Ortega, Carlos Daniel Charris Ortega, Maholys
Cecilia Charris Ortega y Valeria Valentina Charris Rodríguez.

23. Los referidos sujetos, en su calidad de herederos del señor Alfredo Alfonso
Charris Ortega, quienes integran la parte demandante del proceso ejecutivo
adelantado en contra del Municipio de Ciénaga, coadyuvaron las pretensiones de
amparo invocadas por la tutelante.

1.6.3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Marta y el Municipio
de Ciénaga, pese a ser notificados del presente trámite, guardaron silencio.

1.7. Fallo impugnado

24. La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 6 de septiembre de 2022, resolvió negar la acción de tutela de la
referencia. Para fundamentar su decisión expuso que la jurisprudencia ha señalado
que, en principio, los dineros del presupuesto general de la Nación son
inembargables y que, si bien el pago de créditos reconocidos en sentencias
judiciales es una de aquellas circunstancias que de manera excepcional permiten lo
contrario, dicha circunstancia no es omnímoda.

25. Al respecto, esgrimió que no es dable pretender que el Estado pierda la
capacidad de ejecutar el gasto, a fin de efectivizar los derechos particulares. Frente
a este punto, advirtió que la jurisprudencia ha establecido que no pueden constituir
prenda de obligación alguna los recursos de las transferencias del nivel central, cuya

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destinación sea específica y, en consecuencia, inembargable. Para el efecto, trajo
a colación la sentencia C -1154 de 20088.

26. Añadió que el estudio efectuado por el Tribunal Administrativo de Magdalena
en el proveído cuestionado resultó razonable. Esto, en la medida en que se abstuvo
de decretar la medida cautelar de embargo solicitada, puesto que no se acreditó
que los dineros solicitados como embargados, no fuesen de los que la norma señala
como de destinación específica.

27. Agregó que las disposiciones de la Ley 1551 de 2012 resultan imperantes
sobre otras normas, en atención al principio de especialidad y por expresa
disposición constitucional y jurisprudencial, particularmente la sentencia C-830 de
2013 que fue traída a colación por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el
auto de segunda instancia censurado.

28. Bajo tal orientación, el a quo consideró que la interpretación normativa y
fáctica efectuada por el tribunal fue coherente en tanto se compadecía con la
posición jurisprudencial imperante, respecto de las excepciones a la
inembargabilidad del patrimonio público.

29. En suma, indicó que el tribunal enjuiciado respetó los criterios jurídicos
vigentes, en orden a determinar la embargabilidad o no de los recursos públicos y
los eventos en los que proceden, entre los cuales se excluyen: (i) transferencias del
Sistema General de Participaciones y (ii) recursos de destinación específica,
características presentes en las sumas sobre las que pretendía se dirigiera la
medida cautelar de embargo.

1.8. Impugnación

30. La parte actora indicó que el juez constitucional de primera instancia, al igual
que las autoridades judiciales accionadas, desconocieron el precedente judicial de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre las excepciones al principio
de inembargabilidad de los recursos incorporados al Presupuesto General de la
Nación.

31. Para el efecto, reiteró que con lo resuelto se desconocieron las sentencias

8 Resaltó que en dicha oportunidad se señaló: “(…) El Acto Legislativo No. 4 de 2007, modificó varios

aspectos del Sistema General de Participaciones que ponen de presente una mayor preocupación
del Constituyente por asegurar el destino social y la inversión efectiva de esos recursos, siendo así
que en evidencia del especial celo del Constituyente por asegurar el destino de los recursos del SGP,
dejó abierta la puerta para que, una vez satisfechos los estándares exigidos en la ley en materia de
coberturas universales y estándares de calidad fijados por las autoridades para los sectores de
inversión propios del SGP, las entidades territoriales pudieran redireccionar esos recursos para
atender otro tipo de necesidades, y es, justamente, en el marco de esa preocupación que tuvo lugar
el otorgamiento de facultades extraordinarias al Gobierno, enfatizándose así una mayor rigidez
constitucional en lo referente al destino social de los recursos del SGP. (…) No pueden ser afectados
por medidas cautelares que se dicten en procesos judiciales relacionados con créditos laborales de
entidades territoriales”.

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de la Corte Constitucional y de esta Corporación que fueron mencionadas desde el
escrito inicial de tutela.

32. Por otra parte, insistió en que mediante el proceso ejecutivo adelantado se
pretende el cumplimiento de una sentencia judicial y que ello implica que el embargo
de las cuentas del municipio es procedente por cuanto: i) el cobro de una sentencia
judicial es una de las excepciones al principio de inembargabilidad y ii) se cumple la
previsión del artículo 45 de la Ley 1551 de 2012.

33. También, reiteró los argumentos en torno a las circunstancias particulares
por las cuales considera ser destinataria de especial protección constitucional.

34. Por las razones expuestas, solicitó que la sentencia de primera instancia
fuera revocada para que, en su lugar, se conceda el amparo invocado y se acceda
a la medida cautelar de embargo solicitada con el fin de obtener el pago total de la
obligación derivada de la sentencia condenatoria en el proceso de reparación
directa promovido.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

35. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela
del 6 de septiembre de 2022 dictado por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Solicitud de coadyuvancia

36. Alfredo Alfonso Charris Ortega, Carlos Daniel Charris Ortega, Maholys
Cecilia Charris Ortega y Valeria Valentina Charris Rodríguez manifestaron
coadyuvar las pretensiones de la actora en el presente trámite constitucional.
37. Al respecto de la figura de la coadyuvancia, debe ponerse de presente que
esta institución está expresamente consagrada en el inciso 2 del artículo 13 del
Decreto Ley 2591 de 1991. Esta disposición señala que “Quien tuviere un interés
legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del
actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
Sobre este punto, la Corte Constitucional ha destacado que:
(…) la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con
interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos
expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar

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planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el
demandante (…)9

38. El Consejo de Estado también ha considerado que la vinculación de terceros
a la acción de tutela, incluidos aquellos que se presentan como coadyuvantes, exige
como único requisito “demostrar un interés legítimo en el resultado del proceso”10.

39. Lo anterior, en la medida en que con ello se materializa el fin esencial del
Estado de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan,
contemplado en el artículo 2 de la Carta Política, de ahí que la solicitud de
coadyuvancia pueda realizarse mientras no se haya dictado sentencia de única o
de segunda instancia.

40. Con fundamento en lo anterior, se aceptará la manifestación de
coadyuvancia de las personas en comento comoquiera que son herederos del señor
Alfredo Alfonso Charris Ortega, y junto a la tutelante, integran la parte demandante
del proceso ejecutivo adelantado en contra del Municipio de Ciénaga en el que
fueron dictadas las decisiones que se cuestionan a través de esta vía constitucional.

2.2.2. Del estudio de las providencias

41. En la presente oportunidad la parte actora cuestionó tanto el auto proferido
en primera instancia el 24 de marzo de 2020 por el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Santa Marta, como el del 20 abril de 2022 dictada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, en sede de apelación.

42. Frente a este punto, se pone de presente que el análisis recaerá únicamente
respecto de la providencia que, de manera definitiva, resolvió la solicitud de medida
cautelar. Esto es, la dictada por el tribunal mediante la cual confirmó la negativa a
que fueran embargados los dineros depositados en las cuentas de ahorro,
corrientes o cualquier otro título representativo de moneda del que fuese titular el
Municipio de Ciénaga.

2.3. Legitimación en la causa
43. La Sala advierte que la accionante está legitimada en la causa por activa, a
la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 1°,
10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991. Lo anterior, por cuanto funge como
demandante en el proceso ejecutivo en el cual fue proferida la decisión objeto de
censura en el presente trámite.

9 Corte Constitucional, Sentencia T-070 de 2018; Sentencia T-1062 de 2010.; T-629 de 2012, entre

otras.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “B”,

M.P. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 25000-23-41-000-2014-01380-01(AC); Sección Tercera,
Subsección “A”, Sentencia del 20.02.2020, M.P. María Adriana Marín, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05095-00(AC); Sección Cuarta, Sentencia del 9.09.2021, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello,
11001-03-15-000-2021-05997-00; Sección Quinta, Sentencia del 3.02.2022, M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2021-06979-00.

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44. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que las autoridades judiciales
accionadas están legitimadas en la causa por pasiva por haber proferido las
decisiones a las que se atribuye la vulneración de las garantías fundamentales de
la actora.

2.4. Problemas jurídicos

45. De conformidad con los argumentos planteados por la accionante en el
escrito de tutela y reiterados en la impugnación, así como las pruebas que obran en
el plenario, corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la
decisión de primera instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección B de
esta Corporación. Para tal fin, la Sala deberá resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial?

46. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

¿El Tribunal Administrativo del Magdalena vulneró los derechos invocados por la
actora por incurrir en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente
judicial al proferir el auto del 20 de abril de 2022, mediante el cual confirmó la
decisión del 24 de marzo de 2020, a través de la cual se negó la medida cautelar
de embargo al interior del proceso ejecutivo que adelantó contra el Municipio de
Ciénaga?

47. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales; (ii) los requisitos generales de procedibilidad,
y de superarse; (iii) el caso concreto de cara a los defectos especiales alegados.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

48. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201211. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema12. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales13.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
13 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.

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49. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201414. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia15 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial16.

50. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

51. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declarará improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar
si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
15 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05

de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
16 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el

funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.

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establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.

52. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

53. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, y, solo en el caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1. Tutela contra tutela

54. Se advierte que no se ataca una decisión de tutela, sino una decisión
proferida dentro del proceso ejecutivo al que se ha hecho alusión con antelación.

2.6.2. Inmediatez

55. En relación con este requisito, tampoco se advierte ningún reproche, si se
tiene en cuenta que la providencia objeto de censura fue dictada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena el 20 de abril del 2022, mientras que la presente
acción constitucional fue incoada el 1° de agosto del mismo año.

56. Así las cosas, sin necesidad de determinar la fecha de notificación y aquella
en que adquirió ejecutoria, se observa que se interpuso dentro de los seis meses
que esta Sala ha considerado razonable para el uso del mecanismo excepcional.

57. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201417,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200518, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir
y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
ocasión de providencias judiciales.

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
18 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

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2.6.3. Subsidiariedad

58. En consideración al requisito de subsidiariedad no se advierte ningún
reproche. Lo anterior porque en virtud del criterio mayoritario de la Sala, en el
presente asunto es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios en la medida
en que se cuestiona un auto de segunda instancia que, de manera definitiva,
resolvió la medida cautelar de embargo solicitada.

59. A su vez, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia en la medida en que la providencia objeto de reproche
es un auto proferido en el curso del proceso ejecutivo, contra el cual no proceden
los recursos aquí señalados.

2.6.4. Relevancia constitucional

60. La Sala considera que la parte tutelante presentó, en clave constitucional, los
motivos por los que consideró que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales19. En efecto, en el caso concreto se cumple con la
exigencia de la relevancia constitucional porque la accionante propone una
discusión que involucra un debate ius fundamental – que no es de mera legalidad,
que tiene su origen en la presunta indebida interpretación de disposiciones
normativas y desconocimiento de derroteros jurisprudenciales en torno al principio
de inembargabilidad de los recursos públicos.

61. Así las cosas, no se percibe este mecanismo de amparo como un medio
dirigido a reabrir el debate jurídico, sino para determinar si la interpretación
normativa y jurisprudencial que realizó el tribunal enjuiciado desconoce las
excepciones a la inembargabilidad del patrimonio público; y si la misma, torna en
ilusoria la decisión judicial de carácter condenatoria que, al interior de un proceso
de reparación directa, reconoció que la demandante sufrió un daño antijurídico que
debía ser objeto de reparación.

62. A lo anterior, se suma que en el sub judice se advierte una tensión entre
garantías de rango constitucional como el acceso a la administración de justicia
frente a la protección de los recursos públicos destinados al gasto social a través
del principio de inembargabilidad. Así se pronunció la Corte Constitucional en la
sentencia C-037 de 1996:

(…) la función en comento [de garantizar el acceso a la administración de
justicia] no se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de
las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el
contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se
logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el

19 En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta. Sentencia del 23 de junio de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-01687-01. Consejero
Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil.

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juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre
convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la
vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados.

(…)

Esto supone que el desarrollo de dicho derecho esté orientado a garantizar:
(i) el acceso a un juez o tribunal imparcial, como materialización del acceso a
la justicia, (ii) a obtener la sentencia que resuelva las pretensiones planteadas
de conformidad con las normas vigentes, y (iii) a que el fallo adoptado se
cumpla efectivamente; siendo estos dos últimos elementos los que permiten
la materialización de la tutela judicial efectiva. (Resalta la Sala).

63. De lo anterior, se observa que el derecho al acceso a la administración de
justicia no solo comprende la posibilidad de que los ciudadanos acudan a las
instancias judiciales para que ventilen las controversias, sino, además, que las
decisiones judiciales sean cumplidas de manera efectiva, para que generen su
efecto concreto en la esfera jurídica de los interesados.

64. De otra parte, se tiene que el artículo 63 constitucional, además de establecer
la inembargabilidad de algunos bienes del Estado como los de uso público, entre
otros, también otorgó al legislador la facultad de definir qué otros activos tienen
dicha naturaleza. Justamente, en función de tal potestad estableció que las rentas
del presupuesto general de la Nación, así como los emolumentos del SGP y regalías
son inembargables.

65. Debe ponerse de presente que si bien la pretensión de la accionante tiene
una implicación económica, con lo cual el asunto carecería prima facie de
relevancia, lo cierto es que el debate propuesto se circunscribe en determinar la
posibilidad de retener, a través de la figura del embargo, dineros que hacen parte
del erario. En este sentido, la Sala considera que la presente acción de tutela
trasciende el análisis de aspectos eminentemente económicos.

66. Con tales precisiones, se considera que el asunto es relevante desde el punto
de vista constitucional, en la medida en que tiene importancia para la interpretación
del Texto Superior, su aplicación, su eficacia y la determinación del contenido y
alcance de los derechos fundamentales, concretamente el debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.

2.6.5. Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho

67. Tal y como sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 la
acreditación de este requisito resulta comprensible “pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto
al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos”.

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68. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que la parte actora presentó
una explicación clara y suficiente de los hechos y argumentos por los que consideró
que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.

69. Concretamente, la accionante precisó que la autoridad judicial accionada
desconoció que, en su caso, se acredita una de las excepciones en torno a la
inembargabilidad del patrimonio público. Particularmente, que se pretende el cobro
de una sentencia judicial y se cumple la previsión del artículo 45 de la Ley 1551 de
2012, relacionada con que la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución
se encuentra debidamente ejecutoriada y, por tanto, el embargo solicitado es
procedente.

2.6.6. Irregularidad procesal

70. Con relación a este aspecto, en el presente asunto no se alegó la
materialización de una irregularidad procesal, razón por la que no es procedente su
análisis en el caso concreto.

71. Así las cosas, habiéndose cumplido los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la Sala analizará si en el caso concreto se
encuentran configurados los defectos invocados por la actora frente al principio de
inembargabilidad de los recursos públicos. Para esto se pasará en un primer
momento a realizar una explicación general sobre los defectos invocados, para
posteriormente abordar el fondo del asunto.

2.7. Noción de los defectos invocados

2.7.1. Del defecto sustantivo

72. La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja
de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”20.

73. Este concepto se fue desarrollando, y posteriormente el Alto Tribunal precisó
que este se configura cuando “en ejercicio de su autonomía e independencia, [el
juez] desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios,
derechos y deberes superiores. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la errónea
interpretación o aplicación de la norma. Como puede suceder, por ejemplo, cuando
se desborda el contenido de la norma y se imponen mayores barreras a las exigidas
por el legislador para conceder el derecho o se desconocen normas que debían
aplicarse” 21.

20 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-159 de 2002.
21 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-573 de 2017.

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74. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos: a) el fundamento de la
decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente
o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos
distintos a los otorgados por el legislado; b) no se hace una interpretación razonable
de la norma; c) la disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución; d)
el ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en
la disposición; e) la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la
norma; f) se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

2.7.2. Desconocimiento del precedente

75. Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de
precedente22. Este se sintetiza en los siguientes términos:

(…) es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud
en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio
decidendi constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en
determinado sentido (…).23 (Negrilla y subrayado fuera de texto).

76. En otras palabras, por regla general, se entiende como precedente aquella
sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos, problemas jurídicos y ratio
decidendi que fija una regla para resolver la controversia, que sirve también para
solucionar el caso reciente24.

77. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos25 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.

2.8. Caso concreto

78. Como se ha explicado, la parte accionante discrepa de la decisión de primera
instancia porque, en su sentir, fueron desconocidas las disposiciones normativas y
jurisprudenciales, según los cuales resultaba procedente que la autoridad judicial
accionada accediera al embargo que, cautelarmente, solicitó.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de

julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 19 de

febrero de 2015. Rad. No. 11001-03-15-2013-02690-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
24 Corte Constitucional. Sentencias T-292 de 2006 y T-794 de 2011.
25 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.

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79. Así las cosas, teniendo en cuenta los alegatos de la actora, la Sala considera
importante recordar el marco normativo y jurisprudencial de las excepciones al
principio de inembargabilidad de los recursos públicos, previo a pronunciarse en el
caso concreto sobre la configuración o no de los yerros en mención.

• Marco normativo y jurisprudencial de la inembargabilidad de los
recursos del Estado en especial de los provenientes del Sistema
General de Participación y sus excepciones

80. En primer lugar, es preciso señalar que el artículo 63 de la Constitución
Política consagra la inembargabilidad de ciertos bienes del Estado como los de uso
público, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo y el
patrimonio arqueológico26. Igualmente, otorga al legislador la potestad de definir qué
otros activos estatales son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

81. En virtud de lo anterior, diversas leyes han desarrollado esta facultad
otorgada al legislador por parte del constituyente. En específico, algunas se han
ocupado de calificar como inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto
general de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo
conforman.

82. Por ejemplo, el Decreto Ley 111 de 1996, contentivo del Estatuto Orgánico
del Presupuesto –EOP- estableció en su artículo 19 lo siguiente:

ARTICULO 19. INEMBARGABILIDAD. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible>
Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación,
así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.

No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes deberán
adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos
respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad
los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias.

Se incluyen en esta prohibición las cesiones y participaciones de que trata el capítulo
4 del título XII de la Constitución Política.

Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no
se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, so pena de mala conducta (Ley
38/89, artículo 16, Ley 179/94, artículos 6o., 55, inciso 3o.).

83. En este sentido, tal disposición estableció que las rentas del presupuesto
general de la Nación, así como los emolumentos del SGP son inembargables27.

26 Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos

étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
27 El artículo 356 de la Constitución Política creó el Sistema General de Participaciones –SGP–con

el fin de asegurar los recursos para que las entidades territoriales puedan financiar específicamente
la prestación de los servicios de salud, educación, agua potable, saneamiento y servicios públicos
domiciliarios a su cargo.

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84. Luego, el Decreto Legislativo 28 de 200828 en su artículo 2129 determinó que
los recursos del SGP son inembargables, excepto aquellos de libre destinación de
las entidades territoriales, en el evento en que se decreten medidas cautelares
relacionadas con el pago de obligaciones laborales.

85. Adicional a ello, en el artículo 594 del CGP el legislador dispuso que los
bienes, rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de
las entidades territoriales, así como las cuentas del SGP y las regalías tampoco
pueden embargarse. No obstante, en el evento en que por ley fuera procedente
decretar el embargo de un bien inembargable, se debe invocar el fundamento legal
para su procedencia. Concretamente, la norma establece:

ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. Además de los bienes inembargables
señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la
Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de
participación, regalías y recursos de la seguridad social.

(…)

PARÁGRAFO. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de
decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por
ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable,
deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.

Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en
la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el
destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o
administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la
entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad
que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto
dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la
medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha
de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla
de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio
alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.

En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de
embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en
una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta
o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las

28 Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que

se realice con recursos del Sistema General de Participaciones.
29 ARTÍCULO 21. INEMBARGABILIDAD. <Apartes subrayadas CONDICIONALMENTE
exequibles> Los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables.
Para evitar situaciones derivadas de decisiones judiciales que afecten la continuidad, cobertura y
calidad de los servicios financiados con cargo a estos recursos, las medidas cautelares que adopten
las autoridades judiciales relacionadas con obligaciones laborales, se harán efectivas sobre ingresos
corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial. Para cumplir con la decisión judicial,
la entidad territorial presupuestará el monto del recurso a comprometer y cancelará el respectivo
crédito judicial en el transcurso de la vigencia o vigencias fiscales subsiguientes.
Las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en el presente decreto, no
producirán efecto alguno, y darán lugar a causal de destitución del cargo conforme a las normas
legales correspondientes.

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sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre
ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene.

86. En ese mismo sentido, la Ley 1551 de 201230 en su artículo 45, establece
que las medidas cautelares de embargo no se aplican sobre los recursos del SGP
ni sobre los del sistema general de regalías, ni de las rentas propias con destinación
específica para el gasto social de los municipios en los procesos contenciosos
adelantados en su contra, así:

ARTÍCULO 45. NO PROCEDIBILIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES. La medida
cautelar del embargo no aplicará sobre los recursos del sistema general de
participaciones ni sobre los del sistema general de regalías, ni de las rentas propias
de destinación específica para el gasto social de los Municipios en los procesos
contenciosos adelantados en su contra.

En los procesos ejecutivos en que sea parte demandada un municipio solo se podrá
decretar embargos una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con
la ejecución.

En ningún caso procederán embargos de sumas de dinero correspondientes a
recaudos tributarios o de otra naturaleza que hagan particulares a favor de los
municipios, antes de que estos hayan sido formalmente declarados y pagados por el
responsable tributario correspondiente.

PARÁGRAFO. De todas formas, corresponde a los alcaldes asegurar el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del municipio, para lo cual deberán adoptar
las medidas fiscales y presupuestales que se requieran para garantizar los derechos
de los acreedores y cumplir con el principio de finanzas sanas.

87. Así, es claro que el legislador decidió incluir las rentas establecidas en el
presupuesto general de la Nación, el SGP y el sistema general de regalías dentro
de los bienes que no pueden ser embargados. No obstante, la Corte Constitucional
ha establecido excepciones a la prohibición de embargar recursos del Estado. Esto,
en ejercicio de su función de guardiana de la integridad y supremacía de la Carta
Política, rol a partir del que ha propendido por armonizar el contenido de las normas
antes mencionadas con otros preceptos superiores. Entre ellas se destacan las
siguientes decisiones:

88. En la sentencia C-546 de 199231, la Corte Constitucional estableció que los
bienes y rentas incorporadas al presupuesto de la Nación serán embargables en
aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias
a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales solo se logre mediante
dicha figura.

89. Luego, mediante sentencia C-354 de 199732 la Corte Constitucional examinó
la constitucionalidad del artículo 19 del Decreto 111 de 1996 antes mencionado. En

30 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los
Municipios.
31 Oportunidad en la que el Alto Tribunal estudió la constitucionalidad de los artículos 8 parcial y 16

de la Ley 38 de 1989.
32 Reiterada en la C-793 de 2002.

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dicha oportunidad, concluyó que el principio de inembargabilidad general era
ajustado a la Carta, sin embargo, precisó que tal regla tiene excepciones cuando se
trata del pago de obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de i)
relaciones laborales, de ii) sentencias judiciales o de iii) títulos legalmente válidos
emanados del mismo.

90. Asimismo, condicionó la exequibilidad de la norma objeto de análisis en lo
que atañe a la manera como deben ser cancelados los créditos a cargo del Estado
así:

[l]os créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros
títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica
la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles,
es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en
primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se
trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos
respectivos. (Énfasis de la Sala)

91. Esta posición fue reiterada en pronunciamiento C-793 de 2002, en los
siguientes términos:

los créditos a cargo de las entidades territoriales por actividades propias de cada uno
de los sectores a los que se destinan los recursos del sistema general de
participaciones (educativo, salud y propósito general), bien sea que consten en
sentencias o en otros títulos legalmente válidos que contengan una obligación clara,
expresa y actualmente exigible que emane del mismo título, deben ser pagados
mediante el procedimiento que señale la ley y que transcurrido el término para que
ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo, en primer lugar,
de los recursos del presupuesto destinados al pago de sentencias o
conciliaciones, cuando se trate de esa clase de títulos, y, si ellos no fueren
suficientes, de los recursos de la participación respectiva, sin que puedan verse
afectados con embargo los recursos de las demás participaciones.” (Énfasis propio)

92. Después, en la sentencia C-1154 de 200833, luego de referirse a la línea
jurisprudencial en torno a la inembargabilidad de los recursos del presupuesto
general de la Nación y del SGP, el alto tribunal reiteró que, pese a que la regla
general sea que tales recursos sean inembargables, hay eventos que tornan
plausible su retención para lograr la satisfacción de una deuda.

93. Así, reiteró que tales eventos excepcionales respecto de la inembargabilidad
de las rentas del presupuesto general de la Nación y del SGP son los siguientes:

i) Para satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral, con el fin de
hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas;

33 Oportunidad en la que se resolvió una demanda de inconstitucionalidad dirigida contra el artículo

21 del Decreto 28 de 2008.

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ii) cuando se requiera el pago de sentencias judiciales, para garantizar la
seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas
providencias; y
iii) cuando se persigue la ejecución de títulos emanados del Estado que
reconocen una obligación clara, expresa y exigible34.

94. Con relación al primer evento, esto es, lo relacionado con la satisfacción de
créditos u obligaciones de naturaleza laboral, dicha Corporación condicionó la
embargabilidad de recursos del presupuesto respecto de aquellos que fuesen de
libre destinación. Al respecto, especificó que, solo en el escenario que tales recursos
no fuesen suficientes, “deberá acudirse a los recursos de destinación específica.”

95. En este sentido, puso de presente que solo podían resultar comprometidos
los recursos de destinación específica del SGP para garantizar las obligaciones
laborales reconocidas mediante sentencia judicial, cuando no fueran suficientes los
ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial para
atender tales acreencias.

96. Asimismo, reiteró que resulta procedente el embargo, en primer lugar, de los
recursos del presupuesto destinados al pago de sentencias o conciliaciones,
cuando se trate de esa clase de títulos, y, si ellos no fueren suficientes, de los
ingresos corrientes de libre destinación de las entidades territoriales.

97. Con tales precisiones, se tiene que, pese a que la jurisprudencia
constitucional ha sido uniforme y pacífica en dotar de legitimidad al dispositivo de
inembargabilidad de los recursos públicos como un mecanismo que posibilita el
cumplimiento de los cometidos estatales, también ha precisado que dicho principio
no es absoluto. Es decir, que admite excepciones en aquellos eventos en los que
su aplicación irrestricta pueda representar colisión con otros valores y principios de
rango superior.

98. Arribados a este punto, debe ponerse de presente que esta Corporación se
ha pronunciado en múltiples decisiones en el sentido de reiterar las excepciones
contenidas en la jurisprudencia constitucional referenciada en torno a la posibilidad
de embargar recursos del presupuesto general en aquellos eventos que se pretenda
la satisfacción de obligaciones laborales, pago de sentencias o títulos emanados
del Estado con obligaciones claras, expresas y exigibles.

99. Expuesto lo anterior, la Sala procede a estudiar si en el caso concreto se
encuentran configurados el defecto sustantivo por indebida interpretación de los

34 La línea jurisprudencial que desarrolla lo atinente al principio de inembargabilidad de los bienes y

recursos públicos como sus excepciones está compuesta, principalmente, por las siguientes
sentencias: C-546 de 1992, C-013, C-017, C-107, C-337, C-555 de 1993, C-103 y C-263 de 1994,
C-354 y C-402 de 1997, C-427 de 2002, C-793 de 2002, C-566, C-871 y C-1064 de 2003, C-192 de
2005, C-1154 de 2008, C-539 de 2010, C-543 de 2013.

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artículos 594 del CGP y 45 de la Ley 1551 de 2012 y el desconocimiento del
precedente.

• Análisis de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente
judicial en el caso concreto35

100. Como se ha mencionado con antelación, en el caso concreto, la parte actora
sustento su alzada respecto de lo resuelto por el a quo principalmente en los
siguientes motivos:

i) Indebida interpretación de los artículos 594 del CGP y 45 de la Ley 1551
de 2012.

ii) Desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional acogido por
el Consejo de Estado, sobre las excepciones al principio de
inembargabilidad de recursos públicos.

101. Los anteriores cargos serán estudiados de manera conjunta, toda vez que
tienen una estrecha relación.

102. Al respecto, debe recordarse que mediante memorial allegado el 30 de junio
de 2020, la accionante solicitó i) el levantamiento de la medida cautelar ordenada
por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Marta el 28 de octubre
de 2018, y además, el ii) decreto de una nueva en los siguientes términos:

(…)
“PRIMERO: DECRÉTESE el LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR,
ordenada por este despacho mediante auto calendado el 24 de octubre de 2018.

SEGUNDO: En aplicación de las consideraciones aplicables por vía de excepción
para decretar medidas cautelares sin condicionar la inembargabilidad al
cumplimiento de las mismas, de conformidad con la liquidación del crédito aprobada
por este despacho el 10 de octubre de 2019, respetuosamente solicito al despacho
SE DECRETE el embargo y secuestro de las sumas de dinero que la entidad
ejecutada MUNICIPO DE CIÉNAGA (MAGDAENA), representada legalmente por el
señor Alcalde, o por quien haga sus veces, tenga o llegaren a tener en cuentas de
ahorros, corrientes, dts, en las siguientes entidades bancarias de Santa Marta y Del
Municipio de Ciénaga: Banco de Occidente, Corp Banca, Banco AV Villas, Banco Caja
Social C.SC., Banco Davivienda, Banco Colpatria, Banco BBVA, Bancolombia, Banco
Popular, Banco de Bogotá, Banco Superior, Banca Santander, Megabanco, Banco
Agrario de Colombia, Banccomeva, GNB Surameris, Helm Bank, Banco Falabella,
Juriscoop, Citiban, BNP Paribas, Finandina, Fiduciaria de Occidente y Scotiabank
Colombia s.a., para lo cual, solicito se sirva ordenar que se oficie a los gerentes de
dichas entidades, a fin de que practique la medida cautelar, previéndole consignar a
órdenes del juzgado, cuenta de depósitos judiciales, las sumas de dinero

35 Al respecto consultar el expediente 11001-03-15-000-2022-02297-01. C.P: Pedro Pablo Vanegas

Gil.

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correspondientes. SEÑALÁNDOLES LA PROCEDENCIA DE LA ORDEN DE
EMBARGO FRENTE A BIENES DE NATURALEZA INEMBARGABLE POR
TRATARSE DEL PAGO DE UNA SENTENCIA JUDICIAL, DE CONFORMIDAD CON
EL CRITERIO SEÑALADO POR LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL EN
LAS SENTENCIAS C-1154 DE 2008 C---543 DE 2013 Y C-313-2014 Y, EN
CONSECUENCIA SE DEBE ADVERTIR A LOS GERENTES QUE NO SE
ABSTENGAN DE PRACTICAR LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LOS DINEROS
QUE PROVEGAN DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES,
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN Y DE LAS RENTAS INCORPORADAS AL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN”.

103. Al respecto, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Marta
mediante auto de 24 de marzo de 2021, accedió al levantamiento pretendido y,
además, negó el decreto de la medida cautelar solicitada en favor de la ejecutante
en los términos propuestos. Esta decisión, fue confirmada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena en el auto de 20 de abril de 2022 censurado.

104. Para esta Sala de Decisión, del análisis de la decisión materia de estudio, se
evidencia que el tribunal reprochado reconoció que, de acuerdo con la postura de
la Corte Constitucional –acogida por el Consejo de Estado36–, el principio de
inembargabilidad de los recursos públicos no es absoluto. Justamente, entre las
excepciones, se encuentran aquellos eventos en los que se pretende el
cumplimiento de sentencias judiciales que reconocen una obligación clara, expresa
y exigible.

105. La Colegiatura tutelada precisó que según el artículo 594 del CGP el
legislador consagró la inembargabilidad de los recursos incorporados en el
presupuesto nacional. Asimismo, que en el caso particular funge como ejecutada
una entidad territorial del orden municipal, razón por la que se debía aplicar lo
establecido en el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012 que establece que la medida
cautelar de embargo no se aplica sobre los recursos del SGP.

106. En se orden de ideas, la autoridad judicial accionada refirió que si bien existía
un amplio derrotero jurisprudencial delineado por las altas cortes en lo atinente a las
excepciones al principio de inembargabilidad de recursos pertenecientes al SGP
cuando el título de recaudo lo constituye una providencia judicial, no era posible
decretar la medida cautelar de embargo solicitada en la medida en que no se
acreditó que los dineros a embargar fuesen distintos a aquellos de destinación
específica.

36 Para el efecto mencionó múltiples pronunciamientos de esta Corporación. En específico, los
proveídos del 21 de julio de 2017, expediente 08001-23-31-000-2017-00112-02; del 23 de noviembre
de 2017, expediente 05001-23-33-000-2017—01532-01; del 15 de diciembre de 2017, expediente
05001-23-33-000-2017-01532-01; del 3 de mayo de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-
02007-01; del 10 de mayo de 2018, expediente 200001- 23-39-000-2010-00102-01: del 21 de junio
de 2018, expediente 17001-23-33-000-2018-00163-01; del 1° de agosto de 2018, expediente 11001-
03-15-000-2018-00958-00; del 3 de julio de 2019, expediente 25009233600020120028002, entre
otros.

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107. Para esta Sala de Decisión, tal y como advirtió el a quo, el tribunal enjuiciado
efectuó una interpretación normativa y fáctica coherente, que resulta acorde con la
posición jurisprudencial imperante, respecto de la imposibilidad de imponer medidas
cautelares sobre ingresos del Sistema General de Participaciones y recursos de
destinación específica.

108. Bajo tal orientación, la Sala considera que el tribunal enjuiciado no
desconoció que a la accionante le asiste el derecho, en virtud de las excepciones al
principio de inembargabilidad, de hacer uso de las medidas cautelares para
garantizar el pago de una condena contenida en una decisión judicial. Sin embargo,
en la medida en que la naturaleza de la acreencia no es de origen laboral, no
resultaba posible afectar recursos con destinación específica pertenecientes a la
entidad territorial diferentes al pago de sentencias y conciliaciones.

109. Así las cosas, aun cuando en aplicación de la línea jurisprudencial que se
trajo a colación con antelación, se tiene que en el presente asunto se configura una
de las hipótesis en que no opera la regla de inembargabilidad de los recursos
públicos, esto es, que con la medida cautelar solicitada se busca asegurar la
ejecución de una sentencia proferida al interior de un proceso de reparación directa
y, por ende, resultaría procedente para garantizar la seguridad jurídica y el respeto
de los derechos reconocidos, no se acreditó que la parte demandante persiguiera,
por ejemplo, el embargo sobre las cuentas destinadas al pago de conciliaciones y
sentencias judiciales y de las cuentas de libre destinación, como aquellos recursos
pasibles de retención judicial por la naturaleza de la acreencia.

110. Además de lo anterior, para este juez constitucional no pasa desapercibido
el hecho que, en todo caso, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Santa Marta mediante proveído del 28 de octubre de 2018, decretó el embargo
inicialmente pretendido por el actor, poniendo de presente que dicha medida
cautelar no podía recaer sobre los recursos provenientes de transferencias. Sin
embargo, fue la misma parte demandante en el proceso ejecutivo la que, de manera
posterior, solicitó el levantamiento de dicha cautela inicialmente concedida para en
su lugar solicitar un embargo total de los recursos del ente territorial, medida que,
de conformidad con los estándares jurisprudenciales establecidos, fue negada en
tales condiciones por el tribunal. Por ende, para la Sala esta última decisión ningún
tipo de defecto pues el actor pretendía ampliar la medida cautelar inicialmente
concedida a recursos que no hacer parte de rubros que excepcionalmente puede
ser objeto de embargo.

111. Por las razones expuestas, esta Sala de Decisión, contrario a lo invocado por
la actora, estima que en la presente oportunidad el tribunal censurado no incurrió
en los defectos que se le endilgan.

112. En consecuencia, confirmará la decisión de primera instancia proferida por la
Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación que negó el amparo solicitado
por la tutelante.

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2.9. Síntesis del caso

113. Aun cuando ciertos componentes del erario han sido revestidos por la ley y
la Constitución con una protección especial para evitar su sustracción del peculio
estatal como prenda garante del pago de sus obligaciones, la rigurosidad de tal
restricción cede en aquellos eventos en los que la autoridad correspondiente no ha
satisfecho los créditos de origen laboral, o aquellos establecidos mediante decisión
judicial o que surgen de la actividad estatal de la contratación, siempre y cuando no
se afecten los del SGP.

114. Teniendo en cuenta que la naturaleza de la acreencia no es de origen laboral,
el tribunal enjuiciado no advirtió que los recursos pretendidos en retención
preventiva por la accionante fueran del presupuesto destinado al pago de
sentencias o conciliaciones, como aquellos montos pasibles de retención judicial
cuando se pretende el cumplimiento de sentencias judiciales. Por el contrario,
consideró que el embargo se dirigió contra sumas con destinación específica, y por
tanto, inembargables.

115. Debe reiterarse que a la actora se le había concedido medida cautelar de
embargo, no obstante, de manera posterior, desistió de la misma para en su lugar
solicitar una retención total, incluso, de recursos que no son pasibles de retención.
Por ende, la Sala considera que la medida cautelar en comento era improcedente,
pues existe jurisprudencia uniforme, clara y aplicable según la cual, cuando se trate
del pago de sentencias, los recursos del presupuesto pasibles de retención son, en
primera medida, aquellos destinados por las entidades al pago de dicho rubro.

FALLA

PRIMERO: RECONOCER a los señores Alfredo Alfonso Charris Ortega, Carlos
Daniel Charris Ortega, Maholys Cecilia Charris Ortega y Valeria Valentina Charris
Rodríguez su calidad de coadyuvantes.

SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión del 6 de septiembre de 2022 proferida por la
Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación que negó la tutela promovida
por la señora Hermelinda Ortega Cardozo.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

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Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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