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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2018-00163-01

Fecha
21 de junio de 2018
Consejero ponente
María Elizabeth García González
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2018-00163-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de 18 de abril de 2018 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS y, en consecuencia, AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social y a la vida digna del señor Henry Zuluaga Marín, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTO la providencia de 20 de marzo de 2018, dictada por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES al interior del proceso ejecutivo radicado bajo el número 2014-00002-00, para que, en su lugar, revoque el auto de 21 de julio de 2017 y provea sobre la solicitud de embargo del actor conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 17001-23-33-000-2018-00163-01

Consejero ponente: María Elizabeth García González

21 de junio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Ampara los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social y a la vida digna / FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO FOMAG - Naturaleza jurídica / FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO FOMAG - Naturaleza pública de sus recursos / RECURSOS PÚBLICOS - Excepciones al principio de inembargabilidad / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Se configura al no tener en cuenta jurisprudencia de la Corte Constitucional que habilita el embargo de recursos públicos para el pago de créditos contenidos en sentencias judiciales / DEFECTO SUSTANTIVO - Se configura por una indebida interpretación de las normas alusivas al caso

[E]l Juzgado accionado, al denegar el embargo de los dineros concentrados en el patrimonio autónomo constituido por la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG para atender las prestaciones sociales de los docentes afiliados a dicho fondo, el cual es administrado por la Fiduprevisora en virtud de un contrato de fiducia mercantil, desconoció el precedente jurisprudencial sentado por la Corte Constitucional, según el cual, cuando se persiga el pago de créditos de índole laboral o aquellos contenidos en sentencias judiciales, es procedente decretar la medida cautelar de embargo de recursos públicos, siempre y cuando la entidad pública deudora no haya adoptado las medidas establecidas en los artículos 192 del CPACA o 177 del CCA, según el caso, para efectos de cumplir con el pago respectivo. (…). [L]a Sala encuentra que el Juez sí incurrió en un defecto sustantivo. (…) [M]al obró el Juzgado accionado al limitarse a aducir, para negar la medida cautelar de embargo, que al tenor de los artículos 1233 y 1238 del Código de Comercio, los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio autónomo y que por esa simple razón no son propiedad del fiduciante y, en consecuencia, no están afectos a la persecución de los acreedores del fiduciante. Dicha interpretación no solamente desconoce las disposiciones referidas del Código de Comercio y las contenidas en la Ley 91, así como las pruebas relativas a la condición de pensionado como docente nacionalizado del actor, las cuales fueron valoradas por los jueces de instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que, además, implica el franco desconocimiento de sus derechos fundamentales, toda vez que, en este caso, el embargo tiene como propósito que se haga efectivo el pago de una prestación de carácter laboral, reconocida en una providencia judicial a cargo de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales Magisterio. (…). [D]e conformidad con la jurisprudencia constitucional, para asegurar la realización de otros pilares fundamentales del Estado Social de Derecho, como la dignidad humana y el mínimo vital, se ha habilitado a los operadores judiciales proceder a decretar el embargo de recursos públicos, en tanto que con ello se pretenda satisfacer créditos de índole laboral o aquellos contenidos en sentencias judiciales. La Sala reitera que, en el presente caso, dichos condicionamientos se encuentran reunidos, motivo por el cual no existe una razón suficiente en cuya virtud se justifique denegar la solicitud de embargo de los recursos propiedad del FOMAG, máxime cuando también está demostrado que el crédito del actor, de conformidad con la ley, es una de las prestaciones para las cuales se deben destinar sus recursos. (…). Siendo ello así, la Sala considera que los dineros del FOMAG, al ser públicos, debe darse cabal aplicación a la jurisprudencia reiterada y uniforme de la Corte Constitucional en cuanto a las excepciones del principio de inembargabilidad de recursos públicos.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE COMERCIO - ARTÍCULO 1226 / CÓDIGO DE COMERCIO - ARTÍCULO 1227 / CÓDIGO DE COMERCIO - ARTÍCULO 1233 / CÓDIGO DE COMERCIO - ARTÍCULO 1234 / CÓDIGO DE COMERCIO - ARTÍCULO 1235 / CÓDIGO DE COMERCIO - ARTÍCULO 1238 / LEY 91 DE 1989 - ARTÍCULO 3 / LEY 91 DE 1989 - ARTÍCULO 4 / LEY 91 DE 1989 - ARTÍCULO 5 / LEY 91 DE 1989 - ARTÍCULO 15 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 594 / LEY 38 DE 1989 - ARTÍCULO 16 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 195 / / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 297 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 177

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto al criterio que fue rectificado, acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), C.P. María Elizabeth García González. Sobre la procedencia excepcional y los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 8 de junio de 2005, exp. C-590, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, criterio que reiteró el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sobre la naturaleza jurídica y objetivos del FOMAG, ver: Corte Constitucional, sentencia de 8 de noviembre de 2006, exp. C-928, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Respecto de la naturaleza pública de los recursos del FOMAG, consultar: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 15 de diciembre de 2014, exp. 11001-03-06-000-2014-00182-00 (2227), C.P. Álvaro Namen Vargas. Sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2 del artículo 195 del CPACA y los numerales 1, 4, y el parágrafo del artículo 594 del CGP, ver: Corte Constitucional, sentencia de 21 de agosto de 2013, exp. C-543, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Respecto de la embargabilidad de recursos públicos para el pago de créditos de índole laboral, ver: Corte Constitucional, sentencia de 1 de octubre de 1992, exp. C-546, M.P. Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero. Sobre el mismo tema, pero para el pago de sentencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 4 de agosto de 1997, exp. C-354, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 17001-23-33-000-2018-00163-01(AC)

Actor: HENRY ZULUAGA MARÍN

Demandado: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por el señor Henry Zuluaga Marín, contra la sentencia proferida el 18 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se negó por improcedente la acción de tutela de la referencia.

ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El ciudadano HENRY ZULUAGA MARÍN, obrando por intermedio de apoderado, instauró acción de tutela para obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social y a la vida digna, los cuales considera vulnerados por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales, con ocasión de haber proferido el auto de 20 de marzo de 2018, mediante el cual decidió no reponer la providencia de 21 de julio de 2017, en virtud de la cual negó la solicitud de decreto de medida cautelar de embargo de los dineros depositados en entidades bancarias a nombre de la Fiduprevisora S. A.

I.2.- Hechos

I.2.1.- En el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el nro. 17001-33-31-003-2008-00020, promovido por el señor Henry Zuluaga Marín contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en lo sucesivo, FOMAG), el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 27 de agosto de 2012, decidió confirmar la providencia de 30 de julio de 2010, por la cual el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Manizales decidió: i) declarar la nulidad del acto administrativo en virtud del cual se negó la actualización de la base de liquidación para el cálculo de la mesada inicial de la pensión de jubilación que le fue reconocida al demandante; y ii) ordenar a la entidad demandada ajustar el monto de la primera mesada pensional del demandante en la suma de $96.542 a partir del 9 de octubre de 1991; reajustar la mesada pensional, anualmente, de conformidad con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE; y pagar la diferencia que resulte entre las mesadas que debieron pagarse mes a mes y las efectivamente pagadas, a partir del 24 de septiembre de 2004.

I.2.2.- En virtud del incumplimiento en el pago de la mesada pensional de conformidad con lo ordenado por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el actor inició un proceso ejecutivo contra el FOMAG, el cual se tramitó con el radicado nro. 17001-33-31-011-2014-00002-00 y en el cual se efectuaron las siguientes actuaciones:

• El Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión del Circuito de Manizales, mediante auto de 28 de abril de 2015, libró mandamiento de pago a favor del demandante y a cargo de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por una suma cierta de dinero y decretó el embargo de los dineros que dicha entidad tuviera depositados en cuentas corrientes, de ahorro o certificados de depósito a término fijo en distintas entidades bancarias. En el mismo proveído se precisó:

“Por la Secretaría del Despacho LÍBRENSE las comunicaciones respectivas a dichas entidades bancarias, con la advertencia de que la medida cautelar queda limitada a la suma de (…) ($190.000.000) y que no podrá recaer sobre recursos que estén sujetos a inembargabilidad por estar destinados al pago de prestaciones sociales o por hacer parte del Sistema General de Participaciones y similares (…)”.

• Las entidades financieras requeridas informaron la inexistencia de cuentas vigentes a nombre de la entidad ejecutada.

• El mismo Juzgado, mediante sentencia de 11 de agosto de 2016, declaró no probada la excepción de pago, ordenó seguir adelante la ejecución contra el FOMAG para el cumplimiento de la sentencia proferida el 30 de julio de 2010 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Manizales y dispuso efectuar la liquidación del crédito de conformidad con el artículo 446 del Código General del Proceso.

• Mediante auto de 16 de diciembre de 2016, el Juzgado aprobó la liquidación del crédito aportada por la parte demandante, por un valor de $140´803.048,15.

• La parte demandante solicitó que con el objeto de materializar las medidas cautelares ya decretadas, se embargaran las cuentas de la fiduciaria Fiduprevisora S. A., debido a que esta es la entidad encargada de administrar los recursos del FOMAG y, por ende, de realizar los pagos respectivos.

• El Juzgado accionado, mediante auto de 21 de julio de 2017, negó el decreto de la medida cautelar de embargo de los dineros depositados en entidades bancarias a nombre de la Fiduprevisora, porque, aunque los recursos del FOMAG son administrados por la Fiduprevisora en virtud de un contrato de fiducia mercantil, los mismos, por disposición expresa del artículo 1238 del Código de Comercio, no pueden ser perseguidos por los acreedores del fiduciante, es decir, de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

• En virtud del recurso de reposición interpuesto por la parte demandante, el Juzgado, mediante providencia de 20 de marzo de 2018, resolvió no reponer el auto recurrido y oficiar al representante legal de la Fiduprevisora, comunicándole:

“(…) [E]l contenido del auto (…) de 28 de abril de 2015, a través del cual se libró mandamiento de pago (…), anexando copia de la sentencia que dispuso seguir adelante con la ejecución, datada (sic) 11 de agosto de 2016, la liquidación del crédito efectuada por el ejecutante (…) y el auto aprobatorio de la misma. Lo anterior, para que dicha entidad, como administradora de los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio”, adelante las gestiones administrativas y presupuestales, dentro de sus competencias, a fin de materializar el pago de las sumas ordenadas en el mandamiento de pago (…) teniendo en cuenta la actualización del crédito”.

I.3.- Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna; se deje sin efectos el auto de 20 de marzo de 2018 y se ordene al juzgado accionado que revoque el auto de 21 de julio de 2017, para que, en su lugar, “proceda a oficiar a la Fiduprevisora o a las entidades bancarias donde esté el dinero, a embargar las cuentas del FOMAG como excepción a la regla de inembargabilidad de las rentas de la Nación”.

Como pretensión subsidiaria propuso que, en cumplimiento de la sentencia T-216 de 2015, se amparen sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se les “ordene a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Fiduprevisora que procedan a incluirlo en nómina de pensionados con el nuevo y real valor de la mesada pensional, de acuerdo con la liquidación del crédito aprobada por auto de 16 de diciembre de 2016 y se le pague el retroactivo aprobado, previa actualización a la fecha del pago, del mayor valor causado”.

I.4.- Defensa

I.4.1.- El Coordinador de Tutelas de la Dirección de Gestión Judicial de la Fiduprevisora S. A., entidad que actúa en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo del FOMAG, solicitó que se negara el amparo, toda vez que la providencia cuestionada se ajusta a derecho y, por tanto, no incurrió en alguna vía de hecho ni violó derecho fundamental alguno.

I.4.2.- El Juez Sexto Administrativo del Circuito de Manizales, solicitó que se dispusiera lo que en derecho corresponda; también manifestó que en caso de acceder a las súplicas del actor, acatará la decisión correspondiente.

No obstante, explicó que, aunque en la sentencia C-546 de 1992, la Corte Constitucional reconoció que ante el reclamo de créditos laborales es posible el embargo de recursos del presupuesto general de la Nación, también ligó su concreción al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Así, concluyó que dicha providencia no constituía precedente para el caso del actor, en tanto que las cuentas bancarias del FOMAG son administradas por la Previsora en virtud del contrato de fiducia mercantil.

Y, de otro lado, indicó que se apartó del auto proferido el 21 de julio de 2017 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por cuanto allí se hizo referencia al embargo de recursos objeto de fiducia pública, negocio en el cual no se crea un patrimonio autónomo y, por tanto, los bienes fideicomitidos permanecen como garantía general de los acreedores del fiduciante. Dichos aspectos que no se acompasan con el caso del actor, toda vez que aquí lo que vincula a la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG y a la Fiduprevisora es un contrato de fiducia mercantil, en el cual los bienes son transferidos a un patrimonio autónomo.

FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 18 de abril de 2018, negó por improcedente la acción de tutela, aduciendo las siguientes consideraciones:

“En el presente asunto, el actor reclama el pago de una parte del reajuste ordenado por un juez a su pensión ordinaria, entendiéndose que por un lado ya se le pagó una parte de esa reliquidación, y por otra que como se advierte en los hechos probados, el actor actualmente disfruta de dos pensiones, la ordinaria y la pensión gracia, por lo que no se evidencia la afectación al mínimo vital, y por ello no se observa que la misma tenga relevancia constitucional.

Ahora, conforme a la sentencia T-113 de 2013, el juez constitucional no puede entrometerse en decisiones judiciales que se encuentran en curso, como se evidencia que el litigio versa sobre un auto que negó una medida cautelar, es evidente que no es una decisión que termina el proceso, pues el mismo continúa en sus aspectos centrales, y por otra parte, como se dijo anteriormente, no hay amenaza al mínimo vital, este juez constitucional no puede estudiar de fondo la tutela presentada”.

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la providencia de primer grado solicitando que sea revocada y que se acceda a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

En primer lugar, expuso que el objeto del proceso ejecutivo promovido es satisfacer su derecho al pago de la obligación declarada, y es por ello que se solicitó la medida cautelar de embargo; luego entonces, la providencia que la niega, hace ilusorio el derecho reclamado. Por tal razón, adujo que la acción de tutela sí es procedente para obtener el amparo de los derechos invocados.

Y, en segundo lugar, reitera que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente del Consejo de Estado, según el cual, en los procesos ejecutivos que se siguen en contra de la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, sí es procedente el embargo de sus cuentas, no obstante la Fiduprevisora sea la administradora de los recursos que aquellas contienen.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1.- La acción de tutela contra providencias judiciales

En relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente nro. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró su procedencia cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente nro. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9].

Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
[…] Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución. […]”.

En el presente caso, el señor Henry Zuluaga Marín inició proceso ejecutivo contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), para efectos de que le cancelaran las sumas de dinero correspondientes a unas acreencias de carácter laboral, las cuales le fueron reconocidas por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Manizales, mediante sentencia de 30 de julio de 2010.

Para efectos de garantizar el cumplimiento forzado de la prestación adeudada, el actor le solicitó al Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión del Circuito de Manizales que se embargaran las cuentas de la fiduciaria Fiduprevisora S. A., debido a que esta es la entidad encargada de administrar los recursos del FOMAG y, por ende, de realizar el pago de la deuda respectiva.

El Juzgado accionado, mediante providencias de 21 de julio de 2017 y 20 de marzo de 2018, resolvió no acceder a la solicitud del demandante, por cuanto la excepción a la regla de inembargabilidad de los recursos del presupuesto nacional que se planteó en el auto proferido el 21 de julio de 2017 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no era aplicable como precedente al caso estudiado, toda vez que allí los recursos a embargar eran objeto del contrato de fiducia pública, negocio en el cual no se crea un patrimonio autónomo y, por consiguiente, aquellos permanecen como garantía general de los acreedores del fiduciante.

De otro lado, los bienes respecto de los cuales el actor solicitó que se decretara la medida cautelar de embargo, fueron transferidos a un patrimonio autónomo en virtud de un contrato de fiducia mercantil celebrado entre la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, en calidad de fideicomitente, y la Fiduprevisora, en condición de fiduciaria. Dichos bienes, por disposición expresa del artículo 1238 del Código de Comercio, no pueden ser perseguidos por los acreedores del fiduciante.

El actor le atribuye a las citadas providencias la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna, como consecuencia de que el Juzgado accionado desconoció el precedente, según el cual, en los procesos ejecutivos que se siguen contra la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG para obtener el pago de créditos laborales, sí es procedente el embargo de sus recursos, no obstante estos es encuentren concentrados en un patrimonio autónomo administrado por un tercero en calidad de fiduciario.

En tal virtud y en vista de que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, le corresponde a la Sala determinar si ¿los recursos del FOMAG, administrados por la Fiduprevisora, son embargables?

Para resolver el problema jurídico se desarrollarán los siguientes temas: i) naturaleza jurídica del FOMAG y de sus recursos; ii) principio de inembargabilidad de los recursos públicos a la luz del C. G. P. y la jurisprudencia de la Corte Constitucional; y iii) caso concreto.

IV.2.- Naturaleza jurídica del FOMAG y de sus recursos

La Ley 91 de 29 de diciembre de 1989, en su artículo 3°, dispuso:

“Artículo 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley (…). La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional.
(…)”. [Resalta la Sala].

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-928 de 8 de noviembre de 2006 (M. P: Humberto Antonio Sierra Porto), se refirió a la naturaleza jurídica del FOMAG y sus objetivos en los siguientes términos:

“En Colombia los docentes gozan de un régimen prestacional especial, previsto en la Ley 91 de 1989, modificada parcialmente por la Ley 812 de 2003[1], mediante la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos son manejados por una entidad financiera estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% de capital. Al respecto cabe precisar, desde ya, que la Ley 91 de 1989 regula no sólo las prestaciones sociales del Magisterio, como son las cesantías y las vacaciones, sino igualmente lo referente al régimen pensional y de prestación de servicios médico-asistenciales de los profesores; en otras palabras, se reagrupa en un mismo cuerpo normativo lo prestacional con el régimen de seguridad social, a diferencia de lo que sucede con los demás trabajadores en Colombia.

Pues bien, el mencionado Fondo tiene como objetivos (i) efectuar el pago de prestaciones sociales del personal afiliado; (ii) garantiza la prestación de los servicios médico-asistenciales que contrata con ciertas entidades, de conformidad con las instrucciones que al respecto imparta el Consejo Directivo del Fondo; (iii) velar para que la Nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le corresponden e igualmente transfiera los descuentos de los docentes; y (iv) propender por que (sic) todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio cumplan oportunamente con el pago de sus obligaciones.

En cuanto a la naturaleza jurídica del Fondo, la Corte ha considerado que (i) se trata de una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, sin personería jurídica y cuyos recursos son administrados por una Sociedad de Economía Mixta, de carácter indirecto del orden nacional, (Fiduciaria La Previsora S.A.), vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica y autonomía administrativa[2]; (ii) es el encargado tanto del reconocimiento de dichas prestaciones, con un visto bueno previo de la fiduciaria, como de su pago[3]; (iii) al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio tiene asignada la función, entre otras, de determinar la destinación de los recursos y el orden de prioridades en que serán atendidas las prestaciones sociales frente a la disponibilidad financiera del Fondo para garantizar así una distribución equitativa de los recursos, si existe disponibilidad presupuestal se imparte visto bueno a las solicitudes[4]; y (iv) hay que compaginar el subsistema de los servicios médicos asistenciales del Magisterio con las normas de la Constitución Política y no se puede afirmar por consiguiente que aquél ha quedado por fuera del sistema constitucional de seguridad social en salud[5].

(…).

En suma, en materia prestacional los docentes cuentan con régimen especial, gestionado por el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, organismo que, mediante la celebración de un contrato de fiducia, atiende las prestaciones sociales de los docentes en lo relacionado con salud, pensiones y cesantías, para lo cual efectúa el pago de las prestaciones económicas y garantiza la prestación de los servicios médico-asistenciales, amén de administrar el recaudo de los recursos destinados a tales fines. (…)”. [Resalta la Sala].

Posteriormente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto de 15 de diciembre de 2014 (C. P: Álvaro Namen Vargas), precisó la naturaleza pública de los recursos del FOMAG, así:

“Si a lo anterior agregamos que por definición el FOMAG es un sistema presupuestal de manejo de recursos públicos, debe concluirse que dicho Fondo se encuentra sometido a las reglas del derecho público y a los principios que rigen la función administrativa en su constitución, manejo de recursos, funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones asignadas por ley”. [Resalta la Sala].

Además, en el mismo pronunciamiento, la Sala de Consulta destacó que los recursos del FOMAG deben ser destinados atendiendo a la misma ley de su creación:

“De la lectura de la norma se extrae que el FOMAG fue creado como una cuenta especial de la Nación (también conocida como fondos-cuenta), con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, para el cumplimiento de las funciones asignadas en esa ley.

(…).

Los fondos especiales sin personería jurídica se administran en la forma que establezca la disposición legal que los crea. Dichos fondos, de manera general, no son un patrimonio autónomo del organismo o entidad pública al cual están adscritos, por cuanto son una cuenta de aquel o aquella instituida para cumplir el objetivo específico al cual se destinan los recursos que ingresen al fondo respectivo.

(…).

El artículo 4 de la Ley 91 de 1989 asignó al FOMAG la misión de atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encontraban vinculados a la fecha de promulgación de la ley, conforme al artículo 2 de la misma, y a los que se vincularan con posterioridad a ella.

Por su parte, el artículo 5 ibídem fijó los objetivos del Fondo, destacándose los siguientes: 1) efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado; (…).

Como puede verse, las funciones que se atribuyen al FOMAG por la Ley 91 de 1989 corresponden al cumplimiento de obligaciones que la misma ley le asigna, las cuales se encuentran directamente relacionadas con la prestación de un servicio público como es el de la educación (pago de prestaciones sociales a los educadores) o la efectividad de un derecho fundamental (garantizar la prestación del servicio médico asistencial a los afiliados), entre otras, funciones que son típicamente administrativas”. [Resalta la Sala].

IV.3.- El principio de inembargabilidad de los recursos públicos a la luz del C. G. P. y la jurisprudencia de la Corte Constitucional

El artículo 594 del CGP prevé como bienes inembargables “los recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación”, entre otros. Esta disposición es del siguiente tenor:

“Artículo 594. Bienes inembargables. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.

2. Los depósitos de ahorro constituidos en los establecimientos de crédito, en el monto señalado por la autoridad competente, salvo para el pago de créditos alimentarios.

3. Los bienes de uso público y los destinados a un servicio público cuando este se preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden, o por medio de concesionario de estas; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje.

Cuando el servicio público lo presten particulares, podrán embargarse los bienes destinados a él, así como los ingresos brutos que se produzca y el secuestro se practicará como el de empresas industriales.

4. Los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo para el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de las mismas.

5. Las sumas que para la construcción de obras públicas se hayan anticipado o deben anticiparse por las entidades de derecho público a los contratistas de ellas, mientras no hubiere concluido su construcción, excepto cuando se trate de obligaciones en favor de los trabajadores de dichas obras, por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

6. Los salarios y las prestaciones sociales en la proporción prevista en las leyes respectivas. La inembargabilidad no se extiende a los salarios y prestaciones legalmente enajenados.

7. Las condecoraciones y pergaminos recibidos por actos meritorios.

8. Los uniformes y equipos de los militares.

9. Los terrenos o lugares utilizados como cementerios o enterramientos.

10. Los bienes destinados al culto religioso de cualquier confesión o iglesia que haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano.

11. El televisor, el radio, el computador personal o el equipo que haga sus veces, y los elementos indispensables para la comunicación personal, los utensilios de cocina, la nevera y los demás muebles necesarios para la subsistencia del afectado y de su familia, o para el trabajo individual, salvo que se trate del cobro del crédito otorgado para la adquisición del respectivo bien. Se exceptúan los bienes suntuarios de alto valor.

12. El combustible y los artículos alimenticios para el sostenimiento de la persona contra quien se decretó el secuestro y de su familia durante un (1) mes, a criterio del juez.

13. Los derechos personalísimos e intransferibles.

14. Los derechos de uso y habitación.

15. Las mercancías incorporadas en un título-valor que las represente, a menos que la medida comprenda la aprehensión del título.

16. Las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales.

Parágrafo. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.

Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.

En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene”. (Negrillas fuera del texto).

De la lectura de la disposición, la Sala encuentra que el legislador previó de manera expresa que los recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación son inembargables, pero también ordenó que pese a tal carácter, si la medida cautelar encontraba un fundamento legal para su procedencia, se debía indicar la norma en la orden que lo decreta. Ello pone de presente que dicho artículo, si bien contiene una regla general de inembargabilidad, también permite aplicar excepciones siempre y cuando se encuentren contempladas en la ley.

El principio de inembargabilidad de los recursos públicos fue previsto inicialmente en el artículo 16 de la ley 38 de 1989, en el que se ordenó que las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación son inembargables y, además dispuso que la forma de pago de las sentencias a cargo de la Nación debía efectuarse de conformidad con el procedimiento previsto en el CCA y las disposiciones concordantes.

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-543 de 2013, se declaró inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo frente a la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el parágrafo 2° del artículo 195 del CPACA y los numerales 1, 4, y el parágrafo del artículo 594 del CGP (entre otros), aduciendo las siguientes consideraciones:

“[…] por lo anterior, la Corte se inhibirá de emitir un pronunciamiento de fondo. Las razones que fundamentan esta conclusión son las siguientes:

El artículo 63 de la Constitución dispone que “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”

A la luz del anterior precepto debe entenderse que además de los bienes señalados expresamente en éste, el Constituyente le otorgó al legislador la facultad para determinar, entre otros, los bienes que tienen naturaleza de inembargables, del cual también se deriva el sustento constitucional del principio de inembargabilidad presupuestal.

Por su parte, la Corte Constitucional, al fijar el contenido y alcance del artículo 63 sobre el tema en discusión, ha sostenido que el principio de inembargabilidad es una garantía que se hace necesario preservar y defender, con el fin de proteger los recursos financieros del Estado, en particular, los destinados a cubrir las necesidades esenciales de la población. Esto, por cuanto si se permitiera el embargo de todos los recursos y bienes públicos (i) el Estado se expondría a una parálisis financiera para realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocería el principio de la prevalencia del interés general frente al particular, el artículo 1 y el preámbulo de la Carta Superior.

Sin embargo, contempló excepciones a la regla general para armonizar el principio de inembargabilidad de recursos públicos con otros principios, valores y derechos constitucionales, entre los que se encuentran, la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo. Éstas son:

Satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.

Pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los derechos en ellas contenidos.

Títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.

Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico)

Esta posición ha sido reiterada por la Corporación, sin que haya declarado la inexequibilidad de las normas referentes a la inembargabilidad de bienes y recursos públicos, como lo pretende el actor.

Por todo lo anterior, el demandante se encontraba obligado a explicar, bajo la óptica de la interpretación del principio de inembargabilidad, porqué en estos eventos no son aplicables las excepciones al mismo cuando se encuentran cobijados por los pronunciamientos abstractos de constitucionalidad sobre la materia y que deben guiar la interpretación de los operadores jurídicos al resolver los casos concretos en relación con este principio. La ausencia de este argumento se evidencia en la formulación de los cargos presentados por el actor, tal y como se verá a continuación […]”. (Negrillas y subrayas fuera del texto)

De igual forma, la Sala observó que en reiterados apartes de dicha sentencia la Corte insistió en que el parágrafo 2 del artículo 195 del CPACA y los numerales 1, 4 y el parágrafo del artículo 594 del CGP, deben ser interpretados a la luz de la reiterada jurisprudencia de esa Corporación relacionada con el principio de inembargabilidad y las excepciones al mismo. Lo anterior puede advertirse en los siguientes párrafos:

“[…]. En segundo lugar, frente a la afirmación del actor, en el sentido de que la inembargabilidad consagrada en las disposiciones acusadas hace nugatorio el derecho de los acreedores para hacer efectivo el pago de las obligaciones declaradas por las autoridades de la República, encuentra la Corte que no es una hipótesis que pueda derivarse de los apartes normativos acusados, sumado a que el demandante no explica por qué a pesar de que esta Corporación ha desarrollado una línea jurisprudencial reiterada sobre el principio de inembargabilidad y la necesidad de armonizar este principio con los derechos, principios y valores constitucionales a través de las excepciones al mismo, con el fin, precisamente, de garantizar la efectividad de los derechos de los acreedores de la Nación y de las entidades públicas, sigue considerando que existe un nivel de desprotección para el pago de estas obligaciones.

En particular, si se realiza una lectura sistemática del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con sus parágrafos, es posible deducir que la intención del legislador no es habilitar a las entidades públicas para que evadan el pago de sus obligaciones económicas, por el contrario, dicha normativa consagra el trámite para el pago de condenas o conciliaciones, advirtiendo que una vez quede ejecutoriada una providencia que imponga una condena o apruebe una conciliación, la entidad obligada, en un plazo máximo de 10 días, debe requerir al Fondo de Contingencias para realizar el respectivo pago. Además, señala que en caso de que transcurran 10 meses sin haberse efectuado el pago de la obligación o pasados 5 días desde el recibo de los recursos para el pago efectivo al beneficiario, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio con base en la tasa comercial.

Tampoco explica el actor porqué ante la inembargabilidad de los recursos del Fondo de Contingencias y de los rubros destinados al pago de sentencias condenatorias y conciliaciones, el derecho a reclamar el pago se hace ilusorio, pues, tal y como lo afirma el Ministerio de Minas y Energía las obligaciones subsisten y el procedimiento para el cobro puede realizarse aunque no proceda la medida cautelar.

Agregado a lo anterior, puede observarse que las excepciones consagradas al principio de inembargabilidad de los recursos y bienes públicos frente al pago de sentencias condenatorias y conciliaciones siempre ha operado una vez ha transcurrido un determinado plazo para hacer exigibles estas obligaciones, luego de su ejecutoria, ante la administración, esto es, no ha operado como una medida cautelar previa a la presentación de la demanda contra la Nación o las entidades estatales, circunstancia que tampoco evidencia el demandante para explicar por qué este evento es diferente y no le son aplicables las subreglas fijadas por la Corte en este respecto.
[…]

En cuarto lugar, respecto al numeral 1 y 4, y el parágrafo del artículo 594 del nuevo Código General del Proceso, observa esta Sala que no existe un concepto de la violación, pues el actor no confronta el contenido de las disposiciones acusadas frente al presunto precepto constitucional vulnerado, lo cual le impide a esta Corporación adelantar un juicio sobre la constitucionalidad de los mismos, y en su lugar, tan solo afirma que el numeral 1 del artículo 594 hace nugatorio el derecho de los ciudadanos de elevar algún tipo de reclamación con respecto a las obligaciones declaradas por los jueces o la administración, mediante actos administrativos o de contratos estatales.

[…]

En esta oportunidad, la Sala considera que el cargo tampoco está llamado a prosperar por falta de los requisitos de certeza y pertinencia. El actor nuevamente se dedica a presentar hipótesis que no se derivan de los apartes normativos acusados. De otra parte, esta Corporación ha sostenido que el principio de inembargabilidad no desconoce el contenido de los derechos adquiridos ni de las garantías al acceso a la administración de justicia ni de seguridad jurídica, porque precisamente las excepciones introducidas vía jurisprudencial lo que pretenden es armonizar estos derechos con la protección de los recursos públicos.

[…]

La Sala estima que el demandante se dedica a realizar una lectura parcial del parágrafo del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012, y luego le otorga un alcance que no tiene. Para iniciar, el actor afirma que la norma autoriza a los destinatarios a incumplir las órdenes de embargo y que incluso pueden llegar a congelar dichos recursos. No obstante, el actor no cuenta que el parágrafo del artículo 594 establece que los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables y que en el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida, no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.

Agregado a lo anterior, en este parágrafo se indica el procedimiento a seguir por parte de la entidad destinataria de la medida de embargo como también de la autoridad que decreta la medida, ante la recepción de una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable y no se indique su fundamento legal, en este evento si la autoridad que la decreta no la justifica se entenderá revocada pero si insiste en ella, la entidad destinataria deberá cumplir la orden congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses y estas sumas se pondrán a disposición del juzgado cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que ponga fin al proceso así lo ordene.

Teniendo en cuenta lo anterior, y realizando una lectura sistemática de todo el parágrafo, no se desprende que exista una autorización para incumplir órdenes de embargo ni tampoco que arbitrariamente se autorice a que la entidad encargada de ejecutar la medida de embargo pueda congelar los recursos. Al contrario, en esta norma se consagra expresamente la posibilidad de aplicar las excepciones al principio general de inembargabilidad de recursos públicos, sólo que ante la ausencia de fundamento legal, la entidad receptora de la medida entenderá que se revoca la misma si la autoridad que la decreta no explica el sustento del embargo sobre recursos inembargables. Pero si insiste, decretará el embargo y, si bien, procede el congelamiento de recursos, éstos son depositados en una cuenta especial con el reconocimiento de los respectivos intereses, y serán puestos a disposición del Juzgado una vez cobre ejecutoria la sentencia o si la providencia que pone fin al proceso así lo ordena. Una vez analizado en conjunto el contenido del parágrafo no es posible concluir las hipótesis que de éste deriva el actor […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto).

De lo anterior resulta claro para la Sala que el principio de inembargabilidad de los recursos públicos siempre ha estado presente en nuestro ordenamiento jurídico, pues la Corte Constitucional no lo ha expulsado, sino que, por el contrario, ha encontrado justificada dicha prohibición pero siempre condicionada a las excepciones previstas en su jurisprudencia que sigue vigente y enteramente aplicable. Asimismo, se destaca que aunque la Corte se hubiese declarado inhibida para pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad del parágrafo 2 del artículo 195 del CPACA y los numerales 1, 4 y el parágrafo del artículo 594 del CGP, los cuales introducen nuevamente la regla de inembargabilidad, dejó claro que la interpretación de dicha normativa debía efectuarse a la luz de su jurisprudencia reiterada, pacífica y uniforme sobre el asunto en cuestión.

IV.4.- Caso concreto

En el marco del proceso ejecutivo adelantado por el actor contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), para obtener el pago de unas acreencias de carácter laboral que le fueron reconocidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, aquel solicitó el embargo de los dineros depositados en las cuentas de la fiduciaria Fiduprevisora S. A., debido a que esta es la entidad encargada de administrar los recursos del FOMAG y, por ende, de realizar el pago respectivo.

El Juzgado accionado, mediante auto de 20 de marzo de 2018, decidió no acceder a la solicitud del demandante, exponiendo las siguientes razones:

En lo relativo a la sentencia C – 546 de 1° de octubre de 1992:

“Una vez analizada en su integridad [la sentencia C-546 de 1992], considera el Despacho que (…) la Corte no determinó dar vía libre a la aplicación de medidas cautelares de embargo y secuestro de los recursos financieros de la Nación por cuanto, de la lectura de lo allí condensado, se extrae que dicha Corporación realizó un análisis de las disposiciones demandadas en contraste con las previsiones que consagran la protección del derecho fundamental al pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores vinculados con el Estado, estableciendo en síntesis la inembargabilidad como regla general y como excepción la embargabilidad en el caso de las obligaciones dinerarias a cargo de entidades públicas, que han surgido de relaciones laborales y cuyo pago no se ha obtenido por la vía administrativa o judicial.

Adicionalmente, y pese a que la ratio decidendi de la sentencia apuntó a la materialización de los créditos judicialmente reconocidos a través del embargo de los bienes y rentas del presupuesto de la Nación; en lo tocante al trámite legal para hacer efectivo el derecho, señaló como procedimiento a seguir el previsto por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo para la ejecución de las sentencias, lo siguiente:

ARTÍCULO 177. Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.

El agente del ministerio público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuestos básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en forma completa las condenas, todo conforme a las normas de la ley orgánica del presupuesto.

El Congreso, las asambleas, los concejos, el Contralor General de la República, los contralores departamentales, municipales y distritales, el Consejo de Estado y los tribunales contencioso administrativos y las demás autoridades del caso deberán abstenerse de aprobar o ejecutar presupuestos en los que no se hayan incluido partidas o apropiaciones suficientes para atender al pago de todas las condenas que haya relacionado el Ministerio Público.

Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.
(…).

De ahí que pueda deducirse que, si bien de manera excepcional se autoriza el embargo y secuestro de bienes del presupuesto nacional, aun cuando son inembargables; ello se encuentra sujeto a un trámite administrativo para que se destinen los recursos necesarios para el pago de sentencias, sin que se haya autorizado al operador judicial, afectar los dineros ya existentes en entidades financieras a nombre de las entidades públicas obligadas a responder por los créditos laborales como lo pretende el recurrente.

Sumado a lo anterior, enfatiza la parte ejecutante en la procedencia de la medida cautelar por constituirse el título ejecutivo en una sentencia judicial. Aun así anota el Despacho, no puede pretermitirse lo establecido en el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, que regula el trámite para el pago de sentencias y conciliaciones, cuyo parágrafo 2° es categórico al indicar que “El monto asignado para el pago de sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán inembargables, así como los recursos del Fondo de Contingencias. La orden de embargo de estos recursos será falta disciplinaria”. –rft-”.

De conformidad con lo analizado en el acápite anterior, la Sala considera que el Juzgado accionado, al denegar el embargo de los dineros concentrados en el patrimonio autónomo constituido por la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG para atender las prestaciones sociales de los docentes afiliados a dicho fondo, el cual es administrado por la Fiduprevisora en virtud de un contrato de fiducia mercantil, desconoció el precedente jurisprudencial sentado por la Corte Constitucional, según el cual, cuando se persiga el pago de créditos de índole laboral o aquellos contenidos en sentencias judiciales, es procedente decretar la medida cautelar de embargo de recursos públicos, siempre y cuando la entidad pública deudora no haya adoptado las medidas establecidas en los artículos 192 del CPACA o 177 del CCA, según el caso, para efectos de cumplir con el pago respectivo.

Es pertinente recordar que en el auto de 28 de abril de 2015, el Juzgado accionado, para efectos de librar mandamiento de pago a favor del actor por una suma cierta de dinero, precisamente verificó el cumplimiento del presupuesto contenido en el inciso cuarto del artículo 177 del CCA, de la siguiente forma:

“Aunado a lo anterior, las obligaciones son claras pues no se ofrecen dudas en cuanto a su determinación, y exigibles, habida cuenta que para la fecha de presentación de la demanda ejecutiva -13 de agosto de 2014- ya había transcurrido el término de que habla el artículo 177 del CCA –normativa bajo la cual se dictó la sentencia que ahora pretende ejecutarse-, esto es, dieciocho (18) meses desde la ejecutoria de la sentencia, es decir, desde el 18 de septiembre de 2012 /v. fl. 13/”.[Resalta la Sala].

Nótese cómo el Juzgado accionado no sólo verificó la existencia del precedente invocado, sino que, además, constató que las circunstancias fácticas y jurídicas del actor conducían a que el mismo le fuera aplicado; no obstante, decidió apartarse con base en una interpretación de los artículos 177 del CCA y 195 del CPACA lo que pone en mayor evidencia la existencia del defecto invocado por el actor, tal y como procederá a explicarse.

La Sala llama la atención acerca de que la disposición mencionada alude a dos formas de obtener el pago de sumas liquidas de dinero reconocidas en sentencias judiciales a cargo de entidades públicas. En primer lugar, prevé un trámite que se surte ante la administración con la intervención del Ministerio Público y, de otro lado, se refiere a la posibilidad de acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante el proceso ejecutivo.

El Juzgado accionado, con base en el artículo 177 del CCA, decidió apartarse del precedente judicial invocado, aduciendo que los operadores judiciales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no están autorizados para afectar los recursos objeto de la cláusula general de inembargabilidad, por cuanto el trámite administrativo para que se destinen los recursos necesarios para el pago de sentencias, así no lo dispone.

La Sala observa que dicha interpretación es totalmente desacertada, por las siguientes razones:

i) El inciso cuarto del artículo 177 del CCA claramente exige que las condenas contra entidades de derecho público sólo pueden ser reclamadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mediante un proceso ejecutivo, una vez transcurridos 18 meses, contados a partir de que la respectiva providencia que concedió el derecho haya cobrado ejecutoria.

Teniendo esto claro, el Juzgado accionado incurrió en un error de interpretación al afirmar que la disposición analizada supedita la decisión judicial de decretar el embargo de recursos públicos (en principio, inembargables), al agotamiento del trámite administrativo de cobro. Evidentemente, como se anotó con anterioridad, se trata de procedimientos que, aunque tienen un mismo objetivo, ello no puede dar lugar a que se equiparen o se confundan en su aplicación, toda vez que se surten ante autoridades de distinta naturaleza y con base en presupuestos de hecho disímiles.

Así pues, la Sala observa que en el auto de 20 de marzo de 2018, el Juzgado accionado aplicó de manera indebida la parte del artículo 177 del CCA relativa al trámite administrativo de cobro de condenas proferidas contra entidades públicas y, correlativamente, desconoció el apartado normativo que alude a la ejecución de tales condenas ante la Jurisdicción, por cuanto su deber como juez del proceso ejecutivo era pronunciarse sobre la medida cautelar de embargo solicitada por el actor.

ii) Justamente, de conformidad con el precedente establecido por la Corte Constitucional, es en el marco del proceso ejecutivo (y no en el trámite administrativo de cobro) que el juez está habilitado para decretar el embargo de recursos públicos, en tanto que se verifique que se esté persiguiendo el pago de créditos de índole laboral o aquellos contenidos en sentencias judiciales y la entidad pública deudora no haya adoptado las medidas establecidas en los artículos 192 del CPACA o 177 del CCA, según el caso.

En lo relativo al auto proferido el 21 de julio de 2017 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el Juzgado accionado adujo:

“(…) [S]e tiene que los recursos destinados al pago de las acreencias laborales de los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio por mandato legal de la Ley 91 de 1989 que determinó su creación, se encuentran afectados por un negocio jurídico denominado `contrato de fiducia`, el cual, por disposición expresa del artículo 3º de la citada normativa, tiene naturaleza mercantil (comercial) y no pública como lo entendió la Subsección B – Sección Segunda del Consejo de Estado en la providencia que se alega por el demandante como precedente.

(…).

En este sentido, por disposición del mismo Estatuto General de Contratación y en virtud de que la Ley 91 fue expedida con anterioridad a ella, coexisten dentro de los tipos de contratos fiduciarios de las entidades públicas, el encargo fiduciario, la fiducia pública y la mercantil. De ahí que no se pueda catalogar el contrato de fiducia celebrado entre el FOMAG y la FIDUPREVISORA S. A. como público.

Teniendo en cuenta lo anterior, no queda otra vía que confirmar el auto objeto de recurso, toda vez que los dineros del fondo de prestaciones sociales del personal docente, manejados por la FIDUPREVISORA S. A., no pertenecen a la entidad administradora, pues constituye un patrimonio independiente por ser una característica propia de esta figura jurídica, razón por la cual no es posible decretar el embargo solicitado en el presente asunto”. [Resalta la Sala].

En efecto, conforme se advirtió en precedencia, el contrato de fiducia suscrito entre el FOMAG y la Fiduprevisora es de naturaleza mercantil, razón por la que la Sala considera que los argumentos expuestos por el Juzgado para apartarse de la providencia de la Sección Segunda, en la que se asegura que el referido contrato es de fiducia pública, se encuentra ajustado a derecho y, por tanto, no puede alegarse un desconocimiento del precedente.

Sin embargo, la Sala encuentra que el Juez sí incurrió en un defecto sustantivo por las razones que pasan a exponerse a continuación.

La Sala advierte que el Juzgado accionado no tuvo en consideración que los recursos que en otrora fueron propiedad de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, que fueron transferidos a un patrimonio autónomo y que es administrado por una fiduciaria en virtud de un contrato de fiducia mercantil, al tenor de los artículos 1226; 1227; 1233; 1234, numerales 1º, 3º y 7º y 1235 del Código de Comercio, deben cumplir la finalidad contemplada en el acto constitutivo del negocio.

Bajo ese entendido, la Ley 91 de 1989, por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es clara en indicar que dicho fondo tiene por objetivo principal atender las prestaciones sociales de los docentes afiliados al mismo. Luego entonces, mal obró el Juzgado accionado al limitarse a aducir, para negar la medida cautelar de embargo, que al tenor de los artículos 1233 y 1238 del Código de Comercio, los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio autónomo y que por esa simple razón no son propiedad del fiduciante y, en consecuencia, no están afectos a la persecución de los acreedores del fiduciante.

Dicha interpretación no solamente desconoce las disposiciones referidas del Código de Comercio y las contenidas en la Ley 91, así como las pruebas relativas a la condición de pensionado como docente nacionalizado del actor, las cuales fueron valoradas por los jueces de instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que, además, implica el franco desconocimiento de sus derechos fundamentales, toda vez que, en este caso, el embargo tiene como propósito que se haga efectivo el pago de una prestación de carácter laboral, reconocida en una providencia judicial a cargo de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales Magisterio.

En otras palabras, la sentencia mediante la cual la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le reconoció al actor un derecho pecuniario de carácter laboral, es un documento que, de conformidad con la ley, constituye un título ejecutivo-, es decir, que habilita a su beneficiario a exigir vía judicial, mediante un proceso ejecutivo, el cumplimiento de la obligación, clara, expresa y exigible que el mismo contiene. El mecanismo esencial del proceso ejecutivo para obtener el pago efectivo de la obligación de dar suma de dinero, es la medida cautelar de embargo de los recursos propiedad del deudor –FOMAG-, los cuales, como quedó expuesto en este caso, son de orden público y, en principio, inembargables.

No obstante, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, para asegurar la realización de otros pilares fundamentales del Estado Social de Derecho, como la dignidad humana y el mínimo vital, se ha habilitado a los operadores judiciales proceder a decretar el embargo de recursos públicos, en tanto que con ello se pretenda satisfacer créditos de índole laboral o aquellos contenidos en sentencias judiciales.

La Sala reitera que, en el presente caso, dichos condicionamientos se encuentran reunidos, motivo por el cual no existe una razón suficiente en cuya virtud se justifique denegar la solicitud de embargo de los recursos propiedad del FOMAG, máxime cuando también está demostrado que el crédito del actor, de conformidad con la ley, es una de las prestaciones para las cuales se deben destinar sus recursos. Además, visto el transcurrir del proceso ejecutivo, en ningún momento la entidad ejecutada propuso algún cuestionamiento alrededor del título ejecutivo presentado por el actor, el cual constituye presupuesto sine qua non para iniciar la ejecución correspondiente.

Siendo ello así, la Sala considera que los dineros del FOMAG, al ser públicos, debe darse cabal aplicación a la jurisprudencia reiterada y uniforme de la Corte Constitucional en cuanto a las excepciones del principio de inembargabilidad de recursos públicos.

En observancia de los defectos desconocimiento del precedente judicial y sustantivo, la Sala revocará el fallo impugnado y, en consecuencia, amparará los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social y a la vida digna del actor, y dejará sin efecto la providencia de 20 de marzo de 2018, dictada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales para que, en su lugar, revoque el auto de 21 de julio de 2017 y provea sobre la solicitud de embargo del actor conforme a las consideraciones expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de 18 de abril de 2018 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS y, en consecuencia, AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social y a la vida digna del señor Henry Zuluaga Marín, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTO la providencia de 20 de marzo de 2018, dictada por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES al interior del proceso ejecutivo radicado bajo el número 2014-00002-00, para que, en su lugar, revoque el auto de 21 de julio de 2017 y provea sobre la solicitud de embargo del actor conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada en la sesión del día 21 de junio de 2018.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Folios 88 y ss. del expediente de la acción de tutela de la referencia. Ibíd., folios 75 y ss. Ibíd., folios 111 y ss. Ibíd., folios 150, 158, 159, 160 y 166. Ibíd., folios 116 y ss. Ibíd., folios 136 y ss. Ibíd., folios 125 y ss. Ibíd., folios 168 y 169. Ibíd., folio 171. Ley 91 de 29 de diciembre de 1989. “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. (…). Artículo 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional. (…)”. Código de Comercio. “ARTÍCULO 1226. <CONCEPTO DE LA FIDUCIA MERCANTIL>. La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. (…)”.
“ARTÍCULO 1238. <PERSECUCIÓN DE BIENES OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO>. Los bienes objeto del negocio fiduciario no podrán ser perseguidos por los acreedores del fiduciante, a menos que sus acreencias sean anteriores a la constitución del mismo. Los acreedores del beneficiario solamente podrán perseguir los rendimientos que le reporten dichos bienes”. Folios 175 y ss. del expediente de la acción de tutela de la referencia. Ibíd., folios 195 y ss. Ibíd., folios 54 y ss. Ibíd., folios 60 y ss.
“Rad. interno 3679-2014. C. P: Carmelo Perdomo Cuéter”. Folios 204 y ss. del expediente de la acción de tutela de la referencia. Ibíd., folios 211 y ss.
“Rad. interno 3679-2014. C. P: Carmelo Perdomo Cuéter”. Código de Comercio. “ARTÍCULO 1226. <CONCEPTO DE LA FIDUCIA MERCANTIL>. La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. (…)”.
“ARTÍCULO 1238. <PERSECUCIÓN DE BIENES OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO>. Los bienes objeto del negocio fiduciario no podrán ser perseguidos por los acreedores del fiduciante, a menos que sus acreencias sean anteriores a la constitución del mismo. Los acreedores del beneficiario solamente podrán perseguir los rendimientos que le reporten dichos bienes”.
“Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”. Radicado núm: 11001-03-06-000-2014-00182-00 (2227). Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, Rad. Núm. 2017-01532-01, C. P: María Elizabeth García González. ARTÍCULO 195. “[…] TRÁMITE PARA EL PAGO DE CONDENAS O CONCILIACIONES. El trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:
[…]
PARÁGRAFO 2o. El monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán inembargables, así como los recursos del Fondo de Contingencias. La orden de embargo de estos recursos será falta disciplinaria […]”. Corte Constitucional, sentencia C-546 de 1992. Magistrados Ponentes: Ciro Angarita Baron y Alejandro Martinez Caballero.

C-546 de 1992
En la sentencia C-354 de 1997 (Antonio Barrera Carbonell), se expuso que aunque el principio general de inembargabilidad que consagraba la norma acusada resultaba ajustada a la Constitución. Precisó que tratándose de los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos. La sentencia C-103 de 1994 (Jorge Arango Mejía), se estableció una segunda excepción a la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, así: para hacer efectiva una obligación que conste en un acto administrativo que preste mérito ejecutivo, esto es, que sea expresa, clara y exigible, procederá la ejecución después de los diez y ocho (18) meses. C-793 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño
La línea jurisprudencial que desarrolla lo atinente al principio de inembargabilidad de los bienes y recursos públicos como sus excepciones está compuesta, principalmente, por las siguientes sentencias: C-546 de 1992, C-013, C-017, C-107, C-337, C-555 de 1993, C-103 y C-263 de 1994, C-354 y C-402 de 1997, T-531 de 1999, C-427 de 2002, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566, C-871 y C-1064 de 2003, C-192 de 2005, C-1154 de 2008 y C-539 de 2010.

“Artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:
1. Ejecutoriada la providencia que imponga una condena o apruebe una conciliación cuya contingencia haya sido provisionada en el Fondo de Contingencias, la entidad obligada, en un plazo máximo de diez (10) días, requerirá al Fondo el giro de los recursos para el respectivo pago.
2. El Fondo adelantará los trámites correspondientes para girar los recursos a la entidad obligada en el menor tiempo posible, respetando el orden de radicación de los requerimientos a que se refiere el numeral anterior.
3. La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al beneficiario, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos.
4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratoria a la tasa comercial.
La ordenación del gasto y la verificación de requisitos de los beneficiarios, radica exclusivamente en cada una de las entidades, sin que implique responsabilidad alguna para las demás entidades que participan en el proceso de pago de las sentencias o conciliaciones, ni para el Fondo de Contingencias. En todo caso, las acciones de repetición a que haya lugar con ocasión de los pagos que se realicen con cargo al Fondo de Contingencias, deberán ser adelantadas por la entidad condenada.
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento necesario con el fin de que se cumplan los términos para el pago efectivo a los beneficiarios. El incumplimiento a las disposiciones relacionadas con el reconocimiento de créditos judicialmente reconocidos y con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos acarreará las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar.
Parágrafo 2°. El monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán inembargables, así como los recursos del Fondo de Contingencias. La orden de embargo de estos recursos será falta disciplinaria”

Corte Constitucional, sentencia C-1154 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Valores correspondientes a un porcentaje de cada una de las mesadas pensionales percibidas, adeudados con ocasión de la actualización de la base de liquidación para el cálculo de su pensión de jubilación. C-546 de 1992
C-354 de 1997
La Sala destaca que el hecho de que el principio de inembargabilidad fuese incluido nuevamente en el C. G. P. y el C. P. A. C. A, no implica per se que fueron derogadas las demás disposiciones que también lo contenían, salvo las previstas en el C. P. C. y el CCA, ni que se deba desconocer la interpretación que de las mismas efectuó la Corte, máxime si se tiene en cuenta que el fin perseguido en todas ellas es el mismo, esto es, prohibir el embargo de las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación; salvo que la medida cautelar tenga por objeto satisfacer créditos laborales o aquellos contenidos en sentencias judiciales. De conformidad con la sentencia C-543 de 2013, los pronunciamientos de la Corte, anteriores a al C. P. A. C. A. y al C .G .P, siguen vigentes y, por tanto, deben ser atendidos por los operadores judiciales para la aplicación de las disposiciones pertinentes.
“(…). Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.
(…)”. [Resalta la Sala].
“ARTÍCULO 1226. <CONCEPTO DE LA FIDUCIA MERCANTIL>. La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.
(…)”. [Resalta la Sala].
“ARTÍCULO 1227. <OBLIGACIONES GARANTIZADAS CON LOS BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO>. Los bienes objeto de la fiducia no forman parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario y sólo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida”. [Resalta la Sala].
“ARTÍCULO 1233. <SEPARACIÓN DE BIENES FIDEICOMITIDOS>. Para todos los efectos legales, los bienes fideicomitidos deberán mantenerse separados del resto del activo del fiduciario y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio autónomo afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo”. [Resalta la Sala].
“ARTÍCULO 1234. <OTROS DEBERES INDELEGABLES DEL FIDUCIARIO>. Son deberes indelegables del fiduciario, además de los previstos en el acto constitutivo, los siguientes: 1) Realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia;
(…). 3) Invertir los bienes provenientes del negocio fiduciario en la forma y con los requisitos previstos en el acto constitutivo, salvo que se le haya permitido obrar del modo que más conveniente le parezca;
(…). 7) Transferir los bienes a la persona a quien corresponda conforme al acto constitutivo o a la ley, una vez concluido el negocio fiduciario, y
(…)”. [Resalta la Sala].
“ARTÍCULO 1235. <OTROS DERECHOS DEL BENEFICIARIO>. El beneficiario tendrá, además de los derechos que le conceden el acto constitutivo y la ley, los siguientes: (…)”. [Resalta la Sala].
“ARTÍCULO 4. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del Artículo 2o, y de los que se vinculen con posterioridad a ella.
(…). ARTÍCULO 5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los siguientes objetivos: 1.

Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado.
(…). ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
(…). 2. Pensiones: (…). B. Para los docentes vinculados a partir del 1. de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. (…)”. [Resalta la Sala].
“ARTÍCULO 1238. <PERSECUCIÓN DE BIENES OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO>. Los bienes objeto del negocio fiduciario no podrán ser perseguidos por los acreedores del fiduciante, a menos que sus acreencias sean anteriores a la constitución del mismo. Los acreedores del beneficiario solamente podrán perseguir los rendimientos que le reporten dichos bienes”. Ley 1437 de 2011. “Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo: 1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.”. Ley 1564 de 2012. “Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”. C-546 de 1992
C-354 de 1997
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017. C. P: María Elizabeth García González, Rad. Núm: 05001-23-33-000-2017-01532-01.

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