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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02297-01

Fecha
18 de agosto de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02297-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 16 de junio de 2022 que amparó los derechos fundamentales de los señores José Magdaleno Algarín Pérez y Harold Wilson Campo Henríquez así como la señora Virginia Edith González Chaverra. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO:. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02297-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

18 de agosto de 2022

Demandantes: José Magdaleno Algarín Pérez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Despacho 01
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02297-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02297-01
Demandantes: JOSÉ MAGDALENO ALGARÍN PÉREZ, VIRIGINIA EDITH
GONZÁLEZ Y HAROLD WILSON CAMPO HENRÍQUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma amparo – Defecto
sustantivo – excepciones al principio de inembargabilidad de los
recursos públicos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por el Municipio de Ciénaga,
Magdalena, en su condición de tercero con interés en contra de la sentencia de
primera instancia del 16 de junio de 2022 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta. En esta providencia se accedió a las pretensiones de la acción de
tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico, el 21 de abril de 2022, los señores
José Magdaleno Algarín Pérez, Harold Wilson Campo Henríquez y la señora
Virginia Edith González Chaverra, actuando por intermedio de apoderado judicial
interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena –
Despacho 01. Con la solicitud de tutela pretenden el amparo de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, al trabajo, a la salud “en
conexión con la vida y al debido proceso”.

2. La anterior solicitud tiene como fin cuestionar la providencia del 10 de marzo
de 2022 proferida por la autoridad judicial accionada que revocó la decisión de
decretar la medida cautelar consistente en el embargo de las cuentas de las que

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Demandantes: José Magdaleno Algarín Pérez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Despacho 01
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02297-01

fuera titular el Municipio de Ciénaga, Magdalena dentro de un proceso ejecutivo1
iniciado por los accionantes y otros2-3 con el propósito de obtener el pago total de
la obligación derivada de una sentencia judicial condenatoria.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, los accionantes solicitaron:

Por lo anteriormente expuesto y decantado jurídicamente, para efectos de evitar un
perjuicio irremediable, solicito al Honorable Magistrado Ponente del Consejo de Estado
se sirva ordenar en un término perentorio al Tribunal Administrativo del Magdalena –
Despacho 01 – Dra. María Victoria Quiñones Triana, se revoquen las decisiones
adoptadas mediante providencia del 9 de febrero (sic) y 10 de marzo del 2022. Y en su
lugar, se dejen en firme las medidas cautelares decretadas por el Juzgado 3
Administrativo del Circuito de Santa Marta4. (SIC en toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. El Tribunal Administrativo de Magdalena, mediante sentencia del 23 de
marzo de 2011, accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por los peticionarios en contra del
Municipio de Ciénaga – Magdalena con el fin de obtener su nivelación salarial y
prestacional.

5. Por lo anterior, en dicha providencia el ente territorial fue condenado a
cancelar todas las diferencias salariales y prestacionales dejadas de percibir por los
demandantes y otros desde el año 2004.

6. El 15 de julio de 2016, el señor José Magdaleno Algarín y otros presentaron
demanda ejecutiva contra el Municipio de Ciénaga – Magdalena para que se librara
mandamiento de pago en su contra con fundamento en la sentencia judicial

1
Rad. 47-001-3333-003-2016-00475-02.
2
Analida Muñoz Benavides, Aura Edith Arregroces de Gómez, Daisy Pérez Suescún, Delfa Cecilia
Gutiérrez Acosta, Manuela Ojeda Hernández, Nerys Ester Sánchez Ruiz, Onny Esther Díaz García,
Zárate Iván Aguirre Pérez, Wilfrido Algarín Guerrero, Alvis Alicia Álvarez Parejo, Alonso Antonio
Avendaño Cantillo, César Enrique Babilonia Escorcia, Fabián Campo Gómez, Pedro Manuel Castillo
López, Guillermo Segundo Castillo Manzano, Edwin Castro, Elider Cervantes Avendaño, Alexander
Fabián Charris Codina, Héctor Cifuentes Mojica, Iván Mauricio Cueto de la Hoz, Sandro Manuel Egea
Fandiño, Víctor Manuel Elías Cabana, Yodis Alfonso Fontalvo Fontalvo, Héctor Emilio Hernández
Lara, Maicol José́ Herrera Silva, José Luis Infante Caviedes, Ricardo Antonio Lavalle Gómez, Carlos
Manuel Lozano Barros, Ever Antonio Martínez Algarín, Ilcy María Martínez Camargo, Ricardo de
Jesús Mejía Pereira, Efraín Yesid Muñoz Polo, José Julián Noriega de la Rosa, Farid Antonio
Pacheco Jaruffe, Jorge Polo Maldonado, Nicanor Quintana Velásquez, Omar José́ Ríos Núñez,
Oswaldo Antonio Rojano Narváez, Julio Salcedo Castro, Ricardo Antonio Suárez Doria, León Julio
Alberto Ureche Lagos, Alex Urieles Rodríguez, Cesar Camilo Velásquez, Luisa Helena Montalvo
Agudelo, Yaneth Pabón Sarmiento, Alexandra Sirtori Solano y Nubia Tete Morales.
3
También informó que los señores Héctor Emilio Hernández Lara y César Enrique Babilonia Escorcia
– ejecutantes dentro del proceso ordinario – fallecieron previo a la presentación de esta acción
constitucional y anexó los correspondientes registros de defunción.
También comunicó sobre la muerte de Nicanor Quintana y Pedro Castillo López. Sin embargo, no
anexó los registros civiles de defunción.
4
Folio 7 del escrito de tutela. Documento 3 cargado a SAMAI.

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Demandantes: José Magdaleno Algarín Pérez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Despacho 01
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condenatoria del 23 de marzo de 2011, más los intereses moratorios a partir de la
ejecutoria de la providencia hasta la fecha del pago total de la obligación.

7. Inicialmente el asunto correspondió al Juzgado 1.º Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta. Esta autoridad, mediante auto del 21 de octubre de 2016,
ordenó librar mandamiento de pago en contra del Municipio de Ciénaga, por la suma
de dinero que resultara de liquidar el saldo insoluto de la condena que el Tribunal
Administrativo de Magdalena le impuso al ente territorial en sentencia del 23 de
marzo de 2011.

8. Luego, el Juzgado 1.º Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta,
mediante providencia del 1 de septiembre de 2017, declaró su falta de competencia
para conocer del asunto y dispuso su remisión al Juzgado 3º Administrativo del
Circuito Judicial de Santa Marta.

9. Una vez recibido el proceso, el Juzgado 3.º Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta asumió el conocimiento de este y en providencia del 14 de
junio de 2018 declaró probada la excepción de pago total de la obligación propuesta
por el apoderado judicial del Municipio de Ciénaga. En consecuencia, declaró la
terminación del proceso de la referencia.

10. En contra de la anterior decisión, el apoderado judicial de los ejecutantes
interpuso y sustentó recurso de apelación. Este fue desatado por el Tribunal
Administrativo del Magdalena – Despacho 01 que en sentencia del 19 de mayo de
2021 revocó la decisión de primera instancia y en su lugar:

i) Declaró probada la excepción de pago solo frente a determinados
ejecutantes.
ii) Dispuso seguir adelante con la ejecución contra el Municipio de
Ciénaga en favor de los demás ejecutantes, entre ellos los señores
José Magdaleno Algarín Pérez, Virginia Edith González Chaverra y
Harold Wilson Campo Henríquez y otros.
iii) Una vez ejecutoriada la providencia, las partes podrían presentar la
liquidación del crédito.

11. Luego, los accionantes junto con los demás ejecutantes solicitaron el decreto
de medidas cautelares consistente en el embargo de las cuentas de las que fuera
titular el Municipio de Ciénaga, con el propósito de obtener el pago total de la
obligación derivada de una sentencia condenatoria.

12. A continuación, el Juzgado 3.º Administrativo del Circuito Judicial de Santa
Marta, mediante auto del 25 de agosto de 2021, aprobó la liquidación del crédito,
equivalente a la suma de $4.385.560.112,95 por concepto de capital e intereses
individuales para cada uno de los 46 demandantes. Adicionalmente, fijó como
agencias en derecho el valor de $32.088.282,18.

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Demandantes: José Magdaleno Algarín Pérez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Despacho 01
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13. También en aquella oportunidad, el Juez ejecutivo de primera instancia
decretó el embargo y retención de los recursos propios, de libre destinación o
inversión y de destinación específica depositados en las diferentes entidades
bancarias hasta el límite de $4.500.000.000.oo. En la parte resolutiva de la referida
providencia resaltó que aquella no se extendía a otro tipo de recursos como los
pertenecientes al Sistema General de Participaciones –en adelante SGP–.

14. En concreto, señaló que, si bien el artículo 594 del Código General del
Proceso5 establece la imposibilidad de embargar los recursos incorporados al
presupuesto general de la Nación, de la Seguridad Social y las cuentas del SGP–,
lo cierto es que, de conformidad a lo dispuesto por la Corte Constitucional6, dicha
prohibición no era absoluta y debía ser valorada atendiendo las particularidades del
caso.

15. Por lo anterior, refirió que comoquiera que se pretendía el pago de una
acreencia contenida en una decisión judicial en la que se reconocieron derechos de
índole laboral y la entidad estatal deudora no atendió a los plazos que la ley disponía
para su cancelación, era procedente pero solo parcialmente la medida solicitada.
Esto, porque no podría extenderse a los recursos como los pertenecientes al SGP
por cuanto “respecto a ellos no se ha[bía] realizado el estudio adicional
correspondiente” por parte del Alto Tribunal Constitucional.

16. En contra de esta decisión, el Municipio de Ciénaga como parte ejecutada
presentó recurso de apelación. Este fue desatado por el Tribunal Administrativo del
Magdalena – Despacho 01 que, en providencia del 10 de marzo de 2022, revocó el
auto de primera instancia y en su lugar negó el decreto de medidas cautelares
solicitado por la parte ejecutante en contra del ente territorial.

17. Lo anterior, porque en sentir del operador jurídico, pese a que desde el año
2017 el Consejo de Estado ha reconocido que la inembargabilidad tiene sus
excepciones7, en el caso particular fungía como ejecutada una entidad territorial,

5
“ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. Además de los bienes inembargables señalados
en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:
1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las
entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la
seguridad social.
(…)”.
6
Corte Constitucional. Sentencia C-313 de 2014.
7
En concreto, cuando se trata: i) del cobro de sentencias y providencias judiciales; ii) de los títulos
que reconocen obligaciones laborales; iii) y otro tipo de títulos ejecutivos legalmente válidos y han
ordenado el embargo al interior de procesos ejecutivos.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Auto
del 21 de julio de 2017. Rad. 08001-23-31-000-2007-00112-02 (3679-2014). Sección Tercera,
Subsección A. Auto del 23 de noviembre de 2017. Rad. 88001-23-31-000-2001-00028-01 (58870).
Sección Primera. Sentencia del 15 de diciembre de 2017. Rad. 05001-23-33-000-2017-01532-01.
Sección Cuarta. Sentencia del 3 de mayo de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2017-02007-01. Sección
Primera. Sentencia del 21 de junio de 2018. Rad. 17001-23-33-000-2018-00163-01. Sección Cuarta.
Sentencia del 1 de agosto de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2018-00958-00. Sección Segunda.
Subsección B. Sentencia del 11 de marzo de 2019. Rad. 110010315000201900569-00. Sección
Tercera, Subsección B. Sentencia del 10 de mayo de 2019. Rad. 11001031500020190130300.

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Demandantes: José Magdaleno Algarín Pérez y otros
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razón por la que debía tenerse en cuenta la Ley 1551 de 20128 que establece que
la medida cautelar del embargo no se aplica sobre los recursos del SGP ni de
regalías, ni de las rentas propias de destinación específica para el gasto social en
los procesos contenciosos adelantados en su contra.

18. Por lo anterior, precisó que si bien en el caso bajo estudio si bien se trataba
del cobro de una sentencia judicial, al analizar con detenimiento la procedencia del
decreto de medidas cautelares que impliquen el embargo o retención de dineros
correspondientes al sistema general de regalías o a las rentas propias de
destinación especifica para el gasto social de los Municipios, concluyó que no es
procedente, pues no se vislumbra algún lineamiento proferido por las Altas Cortes
que siquiera insinúe la procedencia de la aplicación de las excepciones a la
inembargabilidad de los recursos señalados en la norma indicada.

1.4. Fundamentos de la vulneración

19. Para los accionantes, la autoridad judicial accionada vulneró sus garantías
fundamentales con el auto del 10 de marzo de 2022. Esto, por los siguientes
motivos:

20. Señalaron que la decisión de la autoridad judicial accionada desconoce el
hecho probado de que el titulo ejecutivo en el caso concreto tiene fundamento en
una providencia judicial que involucra el pago de acreencias laborales que afectan
los derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y al
debido proceso de los accionantes.

21. Indicaron que, si bien es cierto que el artículo 594 del Código General del
Proceso establece la imposibilidad de embargar los recursos incorporados al
presupuesto general de la Nación y a las cuentas del SGP, lo cierto es que la Corte
Constitucional ha desarrollado una amplia línea jurisprudencial –entre ellas, la
sentencia C-543 de 2013–, en la que se establecen excepciones a este principio,
entre ellas cuando el pago pretendido tiene origen en acreencias de orden laboral
reconocidas en una sentencia judicial.

22. También, mencionó que la jurisprudencia constitucional y de lo contencioso
administrativo ha evidenciado la efectividad del proceso ejecutivo como mecanismo

8
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios.
ARTÍCULO 45. NO PROCEDIBILIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES. La medida cautelar del
embargo no aplicará sobre los recursos del sistema general de participaciones ni sobre los del
sistema general de regalías, ni de las rentas propias de destinación específica para el gasto social
de los Municipios en los procesos contenciosos adelantados en su contra.
En los procesos ejecutivos en que sea parte demandada un Municipio solo se podrá decretar
embargos una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución.
En ningún caso procederán embargos de sumas de dinero correspondientes a recaudos tributarios
o de otra naturaleza que hagan particulares a favor de los Municipios, antes de que estos hayan sido
formalmente declarados y pagados por el responsable tributario correspondiente.
PARÁGRAFO. De todas formas, corresponde a los alcaldes asegurar el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Municipio, para lo cual deberán adoptar las medidas fiscales y
presupuestales que se requieran para garantizar los derechos de los acreedores y cumplir con el
principio de finanzas sanas.

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idóneo para lograr el pago de derechos reconocidos en sentencias judiciales, pero
su eficacia está determinada por mecanismos de coerción como las medidas
cautelares.

23. Por otro lado, en escrito de adición de la demanda9, los accionantes
solicitaron que se tenga en cuenta una sentencia – de la cual no mencionaron la
fecha– que fue proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado10 en la que se descartó el argumento de la entidad ejecutada, según el cual
acceder a las medidas cautelares implicaría la configuración de un perjuicio
irremediable, dado que se afectarían los dineros del ente territorial destinados a
inversión social para suplir las necesidades básicas insatisfechas.

24. Finalmente, es importante precisar que, pese a que los accionantes no
señalaron en su argumentación en que defectos había incurrido la providencia
censurada, la Sala considera que lo reproches formulados se ajustan a los
denominados sustantivo por indebida interpretación de la norma y desconocimiento
del precedente judicial.

1.5. Trámite de la acción de tutela

25. En auto del 3 de mayo de 202211, la magistrada ponente de primera instancia
admitió la demanda y dispuso su notificación a los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo del Magdalena – Despacho 01.

26. Igualmente, ordenó la vinculación como terceros con interés, del Municipio
de Ciénaga y de las demás personas que conformaban la parte ejecutante; así
como del Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, que
conoció el proceso ejecutivo en primera instancia.

27. Luego, en auto del 25 de mayo de 2022, el a quo constitucional requirió a la
Secretaría General de esta Corporación, para que notificara de la existencia de esta
acción de tutela al Municipio de Ciénaga y a las personas que conforman la parte
demandante en el proceso ejecutivo.

1.6. Intervenciones

28. Realizadas las notificaciones ordenadas12, de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:

9
Documento 14 cargado a SAMAI.
10
Rad. 47001-23-33-000-2022-00022-01.
11
Documento 10 cargado a SAMAI.
12
Documento 17 cargado a SAMAI.

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1.6.1. Tribunal Administrativo del Magdalena – Despacho 01

29. Mediante escrito enviado al buzón web de la Secretaría General del Consejo
de Estado, la magistrada ponente de la decisión reprochada expuso que, a pesar
de que el ejecutivo versaba sobre el cobro de una obligación contenida en una
sentencia judicial, las medidas cautelares no son procedentes comoquiera que
implican el embargo o retención de dineros correspondientes al sistema general de
regalías o a las rentas propias de destinación especifica para el gasto social del
Municipio.

30. Advirtió que según el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012, estos recursos no
son pasibles de embargos y que no hay precedente vigente que siquiera insinúe la
aplicación de pautas de excepción a la inembargabilidad de los recursos descritos
en esta disposición normativa. En este sentido resaltó que fue con base en este
fundamento normativo que se dispuso la revocatoria del auto que había accedido a
la solicitud de decreto de medidas cautelares en el caso individual.

31. Finalmente, mencionó que los accionantes pretenden por esta vía
constitucional una tercera instancia para exponer su desacuerdo con una decisión,
que, aunque contraría a sus intereses, contiene un análisis juicioso que sustentó la
determinación de revocar la decisión del juez que conoce del proceso ejecutivo.

1.6.2. Municipio de Ciénaga – Magdalena

32. La entidad territorial por conducto de apoderado judicial en escrito enviado a
buzón web señaló que el abogado que representa a la parte accionante soslayó el
deber que le imponía el artículo 6º del Decreto 806 de 2020 relativo a la notificación
por medios electrónicos a los demandantes y la remisión de las piezas pertinentes.
En esa medida refirió que la acción de tutela debió inadmitirse y procurar el
cumplimiento de esta obligación.

1.6.3. Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta

33. A su turno, el Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta
radicó constancia de notificación a los terceros con interés confirme a lo solicitado
en el auto admisorio.

34. Los demás demandantes del proceso ejecutivo, pese a que fueron
notificados, guardaron silencio.

1.7. Fallo impugnado

35. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 16 de junio
de 202213, resolvió:

13
Esta decisión fue notificada el 23 del mismo mes y año.

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Amparar el derecho fundamental al debido proceso invocado por los señores José
Magdaleno Algarín Pérez, Virginia Edith González Chaverra y Harold Wilson Campo
Henríquez, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

2. Por lo anterior, dejar sin efectos el auto del 10 de marzo de 2022, proferido por el
Tribunal Administrativo del Magdalena en el marco del proceso ejecutivo con
radicación Nro. 47-001-3333-001-2016-00475-02. En consecuencia,

3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena que, en el término de diez (10)
días contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva
decisión teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia y
las excepciones al principio de inembargabilidad precisadas por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia.
(…).

36. En primer lugar, y previo a estudiar de fondo el asunto, se pronunció frente al
alegato del apoderado del Municipio de Ciénaga, que solicitó que se inadmitiera la
acción de tutela. Al respecto, precisó que el despacho sustanciador determinó los
terceros con interés del proceso constitucional y ordenó la emisión de los oficios
para surtir su notificación, tal como quedó consignado en el auto admisorio. Así,
hechas las comunicaciones correspondientes y encontrándose el proceso en estado
de proferir sentencia de primera instancia, se identificó que la autoridad encargada
omitió notificar la acción de tutela y sus anexos al Municipio de Ciénaga. Por ello el
a quo dispuso que por Secretaría General se adelantara la gestión pendiente y se
adjuntaran todos los documentos necesarios para tal fin.

37. Por lo anterior, concluyó que no había lugar a regresar el proceso a la etapa
de admisión, comoquiera que el despacho se aseguró de que la entidad territorial
pudiera intervenir en esta acción constitucional. De esta manera, despachó
desfavorablemente la petición del apoderado del ente territorial.

38. En segundo lugar, frente al fondo del asunto, señaló que los fundamentos
expuestos en el escrito de tutela se encuentran enmarcados dentro de un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

39. Al respecto, consideró que no resultaba acertado el argumento del Tribunal
Administrativo del Magdalena – Despacho 01, según el cual la jurisprudencia
relativa a las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos públicos
no aplica frente a la regulación contenida en el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012,
pues lo cierto es que en cuanto a los recursos que hacen parte del SGP la Corte
Constitucional ha señalado que este principio no aplica de manera irrestricta, sino
que encuentra su excepción en los eventos en que la petición de medidas cautelares
derive de obligaciones de carácter laboral, como ocurre en el caso concreto.

40. Por lo anterior, precisó que la afectación a los recursos de destinación
específica del SGP en los términos del precedente de la Corte Constitucional, solo
procede cuando los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad
territorial no sean suficientes para atender tales acreencias.

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41. Además, mencionó que en el caso individual se cumplió con la previsión
establecida en el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012, comoquiera que la providencia
que ordenó seguir adelante la ejecución fue proferida el 19 de mayo de 2021 y se
encuentra ejecutoriada.

42. En consecuencia, consideró que los argumentos relacionados por el Tribunal
Administrativo del Magdalena – Despacho 01 para revocar el decreto de las
medidas cautelares solicitadas por la parte ejecutante en el curso del proceso
ejecutivo desconocen el precedente constitucional relativo a las excepciones de
inembargabilidad de los recursos incorporados al presupuesto general de la Nación
y al SGP. Esto, porque encontró que defendían una interpretación que no se
acompasa con los argumentos desarrollados por la Corte Constitucional en las
sentencias de constitucionalidad analizadas ni con las particularidades del caso
concreto.

1.8. Impugnación

43. El 1 de julio de 2022, el Municipio de Ciénaga – Magdalena, en su condición
de tercero con interés, impugnó la decisión de primera instancia. Los reparos en los
que sustento su alzada son los siguientes:

44. Consideró que las nomas aplicadas por el Tribunal Administrativo del
Magdalena – Despacho 01, es decir, el artículo 594 del Código General del Proceso
y el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012 tienen aspectos totalmente distintos a los
regulados por la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 de 2008. Esto bajo las
siguientes premisas:

• El artículo 594 del Código General del Proceso, además de consagrar la
inembargabilidad de los recursos del SGP, consagra otras reglas que no han sido
objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional en la sentencia C-
1154 de 2008; por ejemplo, en su numeral 1 consagra la inembargabilidad de los
recursos provenientes del sistema general de regalías; además, en su numeral 4
también establece la inembargabilidad de recursos municipales originados en
transferencias de la Nación, los cuales no siempre hacen parte del SGP.

• El artículo 45 de la Ley 1551 de 2012 también consagra una nueva regla de
inembargabilidad sobre los recursos del sistema general de regalías y de aquellos
recursos de destinación especifica afectados al gasto social.

• Estos postulados normativos son totalmente distintos a aquellos de los cuales la
Corte Constitucional estudió su constitucionalidad en la sentencia C-1154 de 2008
y otras que mantienen la ratio decidendi allí planteada; primero, porque en las
sentencias de constitucionalidad siempre se estudió las excepciones de
inembargabilidad de los recursos del sistema general de participaciones, y no del
sistema general de regalías. En segundo lugar, siempre se estudió la
inembargibilidad de los recursos del presupuesto general de la Nación, más no de
aquellos recursos con condiciones especiales que hacen parte de los presupuestos
de los municipios, tales como los recursos del sistema general de regalías, aquellos
que se originan en transferencias de la nación y de aquellos recursos de destinación
especifica afectados al gasto social”14.

14
Folio 3 del escrito de impugnación. Documento cargado a SAMAI.

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45. Por lo anterior, consideró que el precedente constitucional sobre las
excepciones al principio de inembargabilidad de recursos públicos no constituye
cosa juzgada constitucional para la totalidad del artículo 594 del Código General del
Proceso y el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012, en la medida en que estas no
constituyen una reproducción de las normas cuya constitucionalidad fue analizada
y estas incluyen aspectos no estudiados por la Corte Constitucional en el
precedente señalado. Ergo, en su sentir, el tribunal accionado no incurrió en un
defecto sustantivo.

46. Finalmente, indicó que el Tribunal Administrativo del Magdalena podía
apartarse del precedente constitucional, bajo el argumento de la vigencia posterior
del artículo 594 del Código General del Proceso y, en ejercicio a su autonomía
funcional y la interpretación propia de los jueces de la República.

1.9. Trámite de impugnación

47. Mediante auto del 8 de julio de 202215, notificado el 11 siguiente el juez
colegiado de tutela de primera instancia concedió la impugnación interpuesta por la
parte accionante en contra de la sentencia del 16 de junio de 2022.

48. Luego, los accionantes presentaron escrito de oposición a la impugnación.
En dicho memorial solicitaron que se confirme la sentencia de primera instancia. Lo
anterior, porque las razones jurisprudenciales y legales expresadas en el fallo de
tutela se basaron concretamente en hechos que ya la Corte Constitucional ha
decantado como también el Consejo de Estado al referirse a la excepción que debe
proceder en los embargos judiciales cuando se trata de sentencias de carácter
judicial.

1.10. Cumplimiento del fallo de tutela de primera instancia

49. El Tribunal Administrativo del Magdalena – Despacho 01, mediante auto del
7 de julio de 2022, notificada en estado el 11 del mismo mes y año16 en cumplimiento
del fallo de tutela de 16 de junio de los corrientes, confirmó la providencia del 20 de
septiembre de 2021, proferida por el Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial
de Santa Marta que decretó las medidas cautelares de embargo y retención de los
dineros de propiedad del Municipio de Ciénaga, depositados en cuentas bancarias
corrientes y de ahorro.

50. Lo anterior, porque la solicitud de cautela presentada por el apoderado de la
parte ejecutante en el asunto objeto de estudio es procedente, teniendo en cuenta
que se trata de un proceso ejecutivo promovido para obtener el pago de una suma
reconocida en una sentencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y
la petición de embargo va dirigida a sumas de dinero que tenga depositada el ente

15
Documento 52 cargado a SAMAI.
16
Obra estado electrónico cargado a SAMAI.

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territorial en la banca nacional o local, sin que con ello se desconozcan las
prohibiciones legales en relación con la embargabilidad de dineros de las entidades
públicas.

1.11. Trámite de segunda instancia

51. Encontrándose el expediente al Despacho para proferir sentencia de
segunda instancia, mediante auto del 26 de julio de 2022, se ordenó la vinculación
en su calidad de terceros con interés a los herederos de los señores Héctor Emilio
Hernández Lara, César Enrique Babilonia Escorcia, Nicanor Quintana y Pedro
Castillo López (q.e.p.d). Para surtir su notificación, se solicitó al apoderado que
informó sobre su fallecimiento que indicará a la Secretaría las direcciones de dichas
personas.

52. En cumplimiento de la anterior orden, el apoderado allegó las direcciones en
las que podían ser comunicadas las personas vinculadas. Asimismo, adjuntó la
constancia de notificación que surtió a los terceros con interés en mención y el poder
conferido por aquellos para actuar en este proceso constitucional.

53. Debido a lo anterior, el apoderado judicial presentó escrito de “apreciación de
orden constitucional”, en el que solicitó que se confirme la decisión de tutela de
primera instancia. Como fundamento de su petición, transcribió en su totalidad los
argumentos planteados por el Tribunal Administrativo del Magdalena – Despacho
01 en auto del 7 de julio de 2022 proferida en cumplimiento del fallo de tutela de
primera instancia, antes mencionado.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

54. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela
del 16 de junio de 2022 dictado por el Consejo de Estado – Sección Cuarta. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

55. En este punto, la Sala considera que en principio la vulneración a los
derechos fundamentales de los accionantes ha cesado, en tanto que el Tribunal
Administrativo del Magdalena – Despacho 01, en cumplimiento del fallo de tutela de
primera instancia, mediante sentencia del 7 de julio de 2022 confirmó la providencia
proveniente del Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, que
decretó las medidas cautelares presentadas por la parte ejecutante.

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56. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Municipio de Ciénaga – Magdalena
en su calidad de tercero con interés (al ser la parte ejecutada dentro del proceso
ordinario y el directo afectado con la medida cautelar en cuestión) impugnó el fallo
de tutela del 16 de junio de 2022, le corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la
argumentación expuesta en el escrito de alzada.

57. Así las cosas, verificada la argumentación expuesta en el escrito de
impugnación por parte del Municipio de Ciénaga – Magdalena, se advierte que la
parte circunscribe el debate a los siguientes yerros:

58. En primer lugar, al defecto sustantivo por indebida interpretación de la
norma. Esto, por cuanto en su sentir los artículos 594 del Código General del
Proceso y 45 de la Ley 1551 de 2012 no pueden interpretarse de conformidad con
el precedente previsto en la sentencia C-1154 de 2008, en tanto se tratan de normas
posteriores que regulan asuntos diferentes a los analizados en aquel fallo de
constitucionalidad.

59. En segundo lugar, en un presunto desconocimiento del precedente por
indebida aplicación del precedente constitucional sobre las excepciones al principio
de inembargabilidad de recursos públicos.

60. Por esto, la Sala procederá a pronunciarse en segunda instancia sobre estos
cargos bajo los defectos sustantivo por indebida interpretación de la norma y
desconocimiento del precedente, de encontrar superados los requisitos generales
de procedibilidad.

2.3. Legitimación en la causa

61. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

62. Sobre el estudio de este presupuesto procesal en materia de tutela, la Corte
Constitucional, en la SU- 454 de 2016, señaló que el estudio de la legitimación en
la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un
presupuesto procesal de la demanda17.

63. Así las cosas, la Sala procede a verificar la existencia de la legitimación en
la causa, en su orden: i) por activa y ii) por pasiva.

17
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2017. Así mismo, Corte
Constitucional, Sentencia T-318 de 2018, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de
amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del
artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva (…), entre otros”.

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2.3.1. Legitimación en la causa por activa

64. En materia de tutela, el inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el
derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento
preferente y sumario.

65. En desarrollo de lo anterior, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991
establece que cada persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma, mediante
representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos
vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

66. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que los
señores y José Magdaleno Algarín Pérez, Harold Wilson Campo Henríquez y la
señora Virginia Edith González Chaverra se encuentran legitimados en la causa por
activa, en razón a que figuraban como demandantes dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho en el que se profirió la providencia de segunda
instancia aquí cuestionada.

2.3.2. Legitimación en la causa por pasiva

67. La legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela hace referencia
a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente
la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En
la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el
interés sustancial que se discute en el proceso”, la misma, en principio, no se
predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad
accionada, quien finalmente será la llamada a responder por la vulneración del
derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello18.

68. En el caso concreto, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo del
Magdalena – Despacho 01, al ser la autoridad judicial que profirió el auto en el
proceso ejecutivo aquí controvertido, se encuentra legitimada en la causa por
pasiva.

2.4. Problemas jurídicos

69. De conformidad con los argumentos planteados por el Municipio de Ciénaga
en el escrito de impugnación, así como las pruebas que obran en el plenario,
corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, por medio

18
Corte Constitucional, sentencia T-1015 de 2016.

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de la cual se accedió a las pretensiones de la acción de tutela. Para tal fin, la Sala
deberá resolver los siguientes interrogantes:

• Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial?

70. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

¿La orden de embargo de las cuentas de las que fuera titular el Municipio de
Ciénaga, dentro de un proceso ejecutivo iniciado por los accionantes y otros con
el propósito de obtener el pago total de la obligación derivada de una sentencia
judicial condenatoria desconocen la regla general de inembargabilidad de los
recursos públicos contenida en los artículos 594 del Código General del Proceso
y 45 de la Ley 1551 de 2012 y la jurisprudencia constitucional sobre las
excepciones al principio de inembargabilidad de recursos públicos?

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

71. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201219. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema20. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales21.

72. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201422. En esta sentencia se

19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
20
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
21
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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establecieron seis requisitos generales de procedencia23 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial24.

73. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

74. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declarará improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar
si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.

23
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
24
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.

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75. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

76. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, y, solo en el caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad25

2.6.1. Tutela contra tutela

77. Se advierte que no se ataca una decisión de tutela, sino una sentencia
proferida dentro del proceso ejecutivo, el cual se identifica con el radicado No. 47-
001-3333-003-2016-00475-02.

2.6.2. Subsidiariedad

78. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse de un auto de
segunda instancia que resolvió el recurso de apelación que interpuso la parte
ejecutada contra la decisión de primera instancia que decretó la medida cautelar de
embargo, es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.

79. Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia, en tanto que la providencia confutada es un auto
proferido en el curso del proceso ejecutivo, contra el cual no proceden los recursos
aquí señalados.

2.6.3. Inmediatez
80. También se acredita el requisito de inmediatez, pues el auto de segunda
instancia reprochado fue dictado el 10 de marzo de 202226, y la solicitud de amparo
se interpuso el 21 de abril de 2022, por lo que sin lugar a determinar la fecha de
notificación y de ejecutoria, la Sala advierte que el instrumento se radicó dentro del
término razonable de 6 meses señalado por la jurisprudencia27.

2.6.4. Relevancia constitucional

81. La Sala considera que se cumple con este requisito porque la parte tutelante
justificó suficientemente en clave constitucional los motivos por los que consideró

25
Pese a que, para dilucidar el asunto en segunda instancia, se tendrán en cuenta los argumentos
planteados por el Municipio de Ciénaga – Magdalena, en su escrito de impugnación, se analizaran
los requisitos generales de procedibilidad de conformidad por lo planteado por la parte tutelante en
su escrito inicial, que dio origen a la presente solicitud de amparo.
26
Sin que sea necesario señalar su fecha de notificación ni de ejecutoria.
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales, ya que no
basta que se aduzca su desconocimiento28.

82. Aunado a lo anterior, esta Sala de Decisión encuentra que se cumple con la
exigencia de la relevancia constitucional porque se trata de una discusión que
involucra un debate ius fundamental – que no es de mera legalidad–, que tiene su
origen en la presunta indebida interpretación de los artículos 594 del Código General
del Proceso y 45 de la Ley 1551 de 2012 en torno al principio de inembargabilidad
de los recursos públicos, así como en el desconocimiento del precedente.

83. Así las cosas, no se percibe este mecanismo de amparo como un medio
dirigido a reabrir el debate jurídico frente a la calificación efectuada por la autoridad
judicial accionada de los hechos y las pretensiones que dieron lugar al ejercicio del
medio de control contencioso por parte de los demandantes.

84. Por lo anterior, el asunto es relevante desde el punto de vista constitucional.
Esto, porque el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene importancia para
la interpretación de la Constitución, su aplicación, su eficacia y la determinación del
contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas,
concretamente el debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2.6.5. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados

85. Por otro lado, la parte accionante presentó una explicación clara y suficiente
de los hechos y argumentos sobre los motivos por los que consideró le fueron
vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, al
trabajo, a la salud en conexión con la vida y al debido proceso. Por tanto cumplió
con la carga argumentativa mínima.

2.6.6. Irregularidad procesal

86. Finalmente, no se observa que se haya alegado una irregularidad procesal,
razón por la que no es procedente su análisis en el caso concreto.

87. Así las cosas, habiéndose cumplido los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la Sala analizará si en el caso concreto se
encuentra configurado el defecto sustantivo por indebida interpretación de las
disposiciones normativas en torno al principio de inembargabilidad de los recursos
públicos. Para esto se pasará en un primer momento a realizar una explicación

28
En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencia del 23 de junio de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-01687-01. Consejero
Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil.
Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha sido enfática en
señalar que También reiteró que para acreditar el requisito de relevancia constitucional no es
suficiente alegar una violación del derecho al acceso a la administración de justicia o del debido
proceso con fundamento en una simple relación de hechos del caso con aquellos, para que un asunto
tenga relevancia constitucional. Corte Constitucional. Sentencias SU-573 de 2019, SU-103 de 2022
y T-210 de 2022.

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general sobre los defectos invocados, para posteriormente abordar el fondo del
asunto.

2.7. Noción de los defectos invocados

2.7.1. Del defecto sustantivo

88. La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja
de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”29.

89. Este concepto se fue desarrollando, y posteriormente el Alto Tribunal precisó
que este se configura cuando “en ejercicio de su autonomía e independencia, [el
juez] desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios,
derechos y deberes superiores. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la errónea
interpretación o aplicación de la norma. Como puede suceder, por ejemplo, cuando
se desborda el contenido de la norma y se imponen mayores barreras a las exigidas
por el legislador para conceder el derecho o se desconocen normas que debían
aplicarse” 30.

90. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos: a) el fundamento de la
decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente
o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos
distintos a los otorgados por el legislado; b) no se hace una interpretación razonable
de la norma; c) la disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución; d)
el ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en
la disposición; e) la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la
norma; f) se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

2.7.2. Desconocimiento del precedente

91. Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de
precedente31. Este se sintetiza en los siguientes términos:

(…) es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud
en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio
decidendi constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en
determinado sentido (…).32 (Negrilla y subrayado fuera de texto).

29
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-159 de 2002.
30
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-573 de 2017.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de
julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 19 de
febrero de 2015. Rad. No. 11001-03-15-2013-02690-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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Demandantes: José Magdaleno Algarín Pérez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena – Despacho 01
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02297-01

92. En otras palabras, por regla general, se entiende como precedente aquella
sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos, problemas jurídicos y ratio
decidendi que fija una regla para resolver la controversia, que sirve también para
solucionar el caso reciente33.

93. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos34 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.

2.8. Caso concreto

94. Como se ha explicado, el Municipio impugnante discrepa de la decisión de
primera instancia porque, en su sentir, los artículos 594 del Código General del
Proceso y 45 de la Ley 1551 de 2012 no pueden interpretarse de conformidad con
el precedente previsto en la sentencia C-1154 de 2008 como erróneamente se
consideró por el a quo constitucional, en tanto que se tratan de normas posteriores
que regulan asuntos diferentes a los analizados en aquel fallo de constitucionalidad.

95. Así las cosas, teniendo en cuenta los alegatos del ente territorial, la Sala
considera importante recordar el marco normativo y jurisprudencial de las
excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos público, previo a
pronunciarse en el caso concreto sobre la configuración o no de los yerros en
mención.

2.8.1. Marco normativo y jurisprudencial de la inembargabilidad de los
recursos del Estado en especial de los provenientes del Sistema General de
Participación y sus excepciones

96. En primer lugar es preciso señalar que el artículo 63 de la Constitución
Política35 establece que los bienes de uso público, las tierras comunales de grupos
étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico son inembargables. Así
como defiere al legislador la potestad de definir cuáles bienes son inalienables,
imprescriptibles e inembargables.

97. En virtud de lo anterior en el Decreto Ley 111 de 199636, el legislador dispuso
que la inembargabilidad es uno de los principios rectores del sistema presupuestal.

33
Corte Constitucional. Sentencias T-292 de 2006 y T-794 de 2011.
34
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
35
Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos
étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
36
Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional.

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Por esto, en aquella oportunidad se estableció que las rentas del presupuesto
general de la Nación, así como los emolumentos del SGP37 son inembargables.

98. Luego, el artículo 21 del Decreto Legislativo 28 de 200838 expresó que los
recursos del SGP son inembargables, excepto aquellos corrientes de libre
destinación de las entidades territoriales, en el evento en que se decreten medidas
cautelares relacionadas con el pago de obligaciones laborales.

99. En concordancia con lo anterior, el legislador en el artículo 594 del Código
General del Proceso dispuso que los bienes, rentas y recursos incorporados en el
presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, así como las
cuentas del SGP y las regalías son inembargables. No obstante, en el evento en
que por ley fuera procedente decretar el embargo de un bien inembargable, se debe
invocar el fundamento legal para su procedencia.

100. En ese mismo sentido, en el artículo 45 de la Ley 1551 de 201239, se dispuso
que las medidas cautelares de embargo no se aplican sobre los recursos del SGP
ni sobre los del sistema general de regalías, ni de las rentas propias con destinación
específica para el gasto social de los Municipios en los procesos contenciosos
adelantados en su contra.

101. Así, es claro que el legislador facultado por el constituyente, decidió incluir
las rentas establecidas en el presupuesto general de la Nación, el SGP y el sistema
general de regalías dentro de los bienes que no pueden ser embargados. No
obstante, la Corte Constitucional ha establecido excepciones a la prohibición de
embargar recursos del Estado. Esto, en ejercicio de su función de guardiana de la
integridad y supremacía de la Carta Política, a partir de la cual ha armonizado el
contenido de las normas antes mencionadas con otros preceptos superiores. Entre
ellas se destacan las siguientes sentencias:

102. Así, en la sentencia C-354 de 1997 la Corte Constitucional examinó la
constitucionalidad del artículo 19 del Decreto 111 de 1996 antes mencionado. En
dicha oportunidad, concluyó que el principio de inembargabilidad general era
ajustado a la Carta. Sin embargo, precisó que tal regla tiene excepciones cuando
se trata del pago de obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de
relaciones laborales, de sentencias judiciales o de títulos legalmente válidos
emanados del Estado.

103. Luego, la mencionada posición fue reiterada en la sentencia C-1154 de 2008
en la que el Alto Tribunal se pronunció sobre la demanda de constitucionalidad

37
El artículo 356 de la Constitución Política creó el Sistema General de Participaciones –SGP–con
el fin de asegurar los recursos para que las entidades territoriales puedan financiar específicamente
la prestación de los servicios de salud, educación, agua potable, saneamiento y servicios públicos
domiciliarios a su cargo.
38
Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que
se realice con recursos del Sistema General de Participaciones.
39
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los
Municipios.

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dirigida contra del artículo 21 del Decreto 28 de 2008. En aquella ocasión, la Corte
Constitucional estableció que existe un límite a la inembargabilidad de los recursos
del SGP, pues por poseer una destinación específica para la población más
vulnerable, solo pueden ser embargados para garantizar el pago de las obligaciones
laborales reconocidas mediante sentencia, después de haber transcurrido 18 meses
desde su ejecutoria. Por esto, se condicionó la exequibilidad de la norma en este
sentido.

104. Así, las excepciones a la inembargabilidad de las rentas del presupuesto
general de la Nación y del SGP han sido reiteradas por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional40 de la siguiente manera:

i) Para satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral, con el fin de
hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas;
ii) cuando se requiera el pago de sentencias judiciales, para garantizar la
seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas
providencias; y
iii) cuando se persigue la ejecución de títulos emanados del Estado que
reconocen una obligación clara, expresa y exigible.

105. Igualmente, y en aplicación a la tesis descrita, esta Corporación se ha
pronunciado en múltiples decisiones en el sentido de reiterar las excepciones a la
inembargabilidad del presupuesto general, frente a obligaciones laborales, el pago
de sentencias o la existencia de títulos emanados del Estado con obligaciones
claras, expresas y exigibles. Así, como de resaltar la embargabilidad excepcional
de recursos de libre destinación del SGP para garantizar el pago de las obligaciones
laborales reconocidas mediante sentencia41.

106. Expuesto lo anterior, la Sala procede a estudiar si en el caso concreto se
encuentran configurados el defecto sustantivo por indebida interpretación de los
artículos 594 del CGP y 45 de la Ley 1551 de 2012 y el desconocimiento del
precedente.

40
La línea jurisprudencial que desarrolla lo atinente al principio de inembargabilidad de los bienes y
recursos públicos como sus excepciones está compuesta, principalmente, por las siguientes
sentencias: C-546 de 1992, C-013, C-017, C-107, C-337, C-555 de 1993, C-103 y C-263 de 1994,
C-354 y C-402 de 1997, C-427 de 2002, C-793 de 2002, C-566, C-871 y C-1064 de 2003, C-192 de
2005, C-1154 de 2008 y C-539 de 2010.
41
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Auto del 3 de julio de 2019. Rad. 25000-23-
36-000-2012-00280-02 (63.790). Sección Primera. Sentencia del 29 de agosto de 2019. Rad. 11001-
03-15-000-2019-01287-01. Sección Tercera, Subsección A. Auto del 22 de noviembre de 2021. Rad.
63001-23-33-000-2021-00057-01. Auto del 18 de marzo de 2022. Rad. 63001-33-33-006-2020-
00044-01.

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2.8.2. Análisis de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente
de la Constitución en el caso concreto

107. Como viene de explicarse, en el caso concreto, el Municipio impugnante
sustento su alzada principalmente en los siguientes motivos:

i) Los artículos 594 del Código General del Proceso y 45 de la Ley 1551 de
2012 no pueden interpretarse de conformidad con el precedente previsto
en la sentencia C-1154 de 2008, por tratarse de normas posteriores que
regulan asuntos diferentes a los analizados en aquel fallo de
constitucionalidad.
ii) Desconocimiento del precedente por indebida aplicación de la
jurisprudencia constitucional sobre las excepciones al principio de
inembargabilidad de recursos públicos.

108. Los anteriores cargos serán estudiados de manera conjunta, toda vez que
tienen una estrecha relación.

109. Al respecto, esta Sala de Decisión evidencia que el Tribunal Administrativo
del Magdalena – Despacho 01 en auto del 10 de marzo de 2022 revocó la decisión
de primera instancia y en su lugar, negar la solicitud de embargo de las cuentas de
las que era titular el Municipio de Ciénaga, bajo los siguientes argumentos jurídicos.

110. En primer lugar, el Tribunal accionado reconoció que de acuerdo con la
postura de la Corte Constitucional –acogida por el Consejo de Estado–, el principio
de inembargabilidad de los recursos públicos no es absoluto y que existen
excepciones, como en los eventos en los que se trata de sentencias judiciales,
créditos laborales y títulos emanados del Estado que reconocen una obligación
clara, expresa y exigible.

111. Sin embargo, señaló que en el caso particular, funge como ejecutada una
entidad territorial del orden municipal, razón por la que se debía aplicar lo
establecido en el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012 que establece que la medida
cautelar de embargo no se aplica sobre los recursos del SGP.

112. En se orden de ideas, la autoridad judicial accionada precisó que si bien
existía un amplio derrotero jurisprudencial delineado por las altas cortes en lo
atinente a las excepciones al principio inembargabilidad de recursos pertenecientes
al SGP cuando el título de recaudo lo constituye una providencia judicial, no podía
soslayarse que no se ha proferido jurisprudencia alguna que dilucide en torno a la
procedencia de la aplicación de las excepciones a la inembargabilidad en el caso
específico de los recursos señalados en el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012. Por
esto, revocó la decisión apelada y en su lugar negó el decreto de la medida cautelar
aludida.

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113. Sin embargo, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo del Magdalena
– Despacho 01 incurrió en los defectos sustantivo por indebida interpretación de la
norma y en desconocimiento del precedente, por los siguientes motivos:

114. En primer lugar, es preciso señalar que la parte ejecutante solicitó como
medida cautelar el embargo de las cuentas cuyo titular era el Municipio de Ciénaga,
para garantizar el pago de los emolumentos ordenados por sentencia en la que se
condenó al ente territorial a la nivelación salarial y prestacional de los demandantes.

115. Así, le correspondía al Tribunal accionado adelantar el análisis de la
procedencia de la medida cautelar en mención, de conformidad con lo establecido
en los artículos 594 del CGP y 45 de la Ley 1551 de 2012 –antes mencionadas–
que establece que los bienes y recursos públicos inembargables. No obstante, su
contenido debía ser valorado de acuerdo a la jurisprudencia constitucional que
dispone que el pago de sentencias constituye una excepción al principio de
inembargabilidad cuando se pretenda decretar esta medida cautelar sobre los
recursos vinculados al SGP, porque no hacerlo se traduciría en el desconocimiento
de los derechos fundamentales de los aquí accionantes.

116. En este punto, es importante resaltar que si bien es cierto como lo señala el
impugnante, las sentencias de constitucionalidad fueron proferidas antes de la
entrada en vigencia de las disposiciones normativas arriba señaladas, razón por la
que en principio el tribunal accionado no podría tenerlas en cuenta a efectos de
interpretar el alcance del contenido normativo aludido, tal argumento no es
procedente por cuanto aquellas sentencias no se podían desconocer en tanto que
esa posición jurisprudencial aún sigue vigente y, por tanto, debía ser atendida por
el operador judicial42.

117. En este sentido, esta Corporación ha reconocido que es plenamente
aplicable la jurisprudencia constitucional aludida. Esto, porque no ha perdido
vigencia, pues tal normativa –artículo 594 del CGP– guarda semejanza con la que
ya fue analizada por el Alto Tribunal Constitucional, a partir de la cual se
establecieron las excepciones de inembargabilidad, es evidente que no ha perdido
su vigencia 43.

118. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que las aludidas excepciones al
principio de inembargabilidad han sido fijadas por la Corte Constitucional a través
de múltiples pronunciamientos de Sala Plena, razón por la que además es

42
C-543 de 2013.
43
Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 9 de abril de 2019. Rad. 20001-23-31-004- 2009-
00065-01 (60.616). Sección Primera. Sentencia del 22 de agosto de 2019. Rad. 11001-03-15-000-
2019-03694-00. Sección Tercera, Subsección A. Auto del 18 de marzo de 2022. Rad. 63001-33-33-
006-2020-00044-01.

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vinculante y tiene carácter erga omnes frente a todas las autoridades
jurisdiccionales44.

119. En el mismo sentido, es importante señalar que las sentencias C-354 de 1997
y C-1154 de 2008 tienen efecto de cosa juzgada constitucional al tenor de lo
dispuesto en el artículo 243 superior45, razón por la cual son de obligatorio
cumplimiento y aplicabilidad para todo operador jurídico, incluyendo los tribunales
administrativos.

120. En este orden de ideas, la Sala considera que si bien era procedente la
aplicación por parte del Tribunal Administrativo del Magdalena de los artículos 594
del CGP y 45 de la Ley 11551 de 2012, su contenido debía interpretarse a la luz de
lo dispuesto por la Corte Constitucional y acogido por esta Corporación, en tanto
que la posición jurisprudencial establecida por el Alto Tribunal como garante de la
Carta Política aún no pierde vigencia y además porque las excepciones al principio
general de no embargabilidad se establecieron en pronunciamientos de Sala Plena
de la Corte Constitucional, razón por la que además, se reitera, es vinculante.

121. Así las cosas, en el caso concreto, la autoridad judicial accionada debió
reconocer la existencia de las 3 excepciones a la regla general de inembargabilidad
de los recursos públicos, entre las que se encuentra el supuesto fáctico de los
tutelantes, pues a través de la solicitud de la aludida medida cautelar se pretendía
el pago de una sentencia judicial que ordenó el reconocimiento de unas obligaciones
laborales.

122. En otras palabras, la Sala advierte que tampoco resulta acertado el
argumento del Tribunal Administrativo del Magdalena – Despacho 01 ni del
impugnante, según el cual no era aplicable la jurisprudencia relativa a las
excepciones al principio de inembargabilidad, por cuanto aquella no se aplica frente
a la regulación contenida en el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012. Esto, porque
como ya se dijo, respecto a los recursos que hacen parte del SGP, la Corte
Constitucional ha señalado la Corte Constitucional ha señalado que la regla de
inembargabilidad no aplica de manera irrestricta, sino que encuentra su excepción
en los eventos en que la petición de medidas cautelares derive de obligaciones de
carácter laboral, como ocurre en el caso concreto.

123. Además de lo anterior, también es preciso señalar que en el caso individual
se cumple con la previsión del artículo 45 de la Ley 1551 de 2012, como quiera que
la providencia que ordenó seguir adelante la ejecución, se encuentra ejecutoriada46.

44
Así también lo ha reconocido la Corte Constitucional en sentencia T-053 de 2022.
45
Artículo 243. Los fallo que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional.
46
Artículo 45. (…) En los procesos ejecutivos en que sea parte demandada un Municipio solo se
podrá decretar embargos una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la
ejecución

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124. En segundo lugar, es preciso señalar que el juez ejecutivo de primera
instancia si bien ordenó el embargo de los recursos públicos del Municipio de
Ciénaga – Magdalena, también es cierto que en la parte resolutiva de aquella
decisión dispuso que aquella medida cautelar no se extendía hasta otro tipo de
recursos como los pertenecientes al SGP. Por esto, de haber confirmado esta
decisión no habría desconocido la prohibición de inembargabilidad contenida en las
disposiciones normativas en cita, pues en todo caso se dejó claro en primera
instancia que las medidas cautelares no se decretaban en relación con los dineros
del SGP.

125. En conclusión, es claro como en efecto lo consideró el a quo constitucional
que se configura el defecto sustantivo, por una indebida interpretación del principio
de inembargabilidad y de los artículos 594 del Código General del Proceso y 45 de
la Ley 1551 de 2012, máxime si se tiene en cuenta que en el presente caso, los
accionantes, mediante el proceso ordinario, buscaban el cumplimiento de una
sentencia judicial proferida dentro de un medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho tramitado ante la jurisdicción contencioso
administrativo, es decir, resulta procedente el embargo de las cuentas del Municipio,
en tanto: i) es precisamente, una de las excepciones al principio de
inembargabilidad y ii) se cumple la previsión del artículo 45 de la Ley 1551 de 2012,
como quiera que el auto que ordenó seguir adelante la ejecución en contra del
Municipio, se encuentra ejecutoriado.

126. Aunado a lo anterior, la Sala considera que se incurrió en un desconocimiento
del precedente constitucional, en la medida en que si bien el Tribunal Administrativo
del Magdalena – Despacho 01 si bien reconoció la existencia de un amplio derrotero
jurisprudencial delineado por la Corte Constitucional en lo atinente a las
excepciones al principio inembargabilidad de recursos pertenecientes al SGP; lo
cierto, es que una vez estudió el caso concreto, omitió su análisis, aún cuando, se
insiste aquel desarrollo de la jurisprudencial aún sigue vigente, por ende debía ser
tenido en cuenta en el auto reprochado.

127. Por los motivos aquí expuestos, la Sala advierte que no le asiste razón al
Municipio de Ciénaga – Magdalena cuando advierte que el fallador de tutela de
primera instancia desconoció que los artículos 594 del Código General del Proceso
y 45 de la Ley 1551 de 2012 no pueden interpretarse de conformidad con el
precedente previsto en la sentencia C-1154 de 2008, por tratarse de normas
posteriores que regulan asuntos diferentes a los analizados en aquel fallo de
constitucionalidad.

128. Lo anterior, porque se reitera tales excepciones a la inembargabilidad de los
recursos aún siguen vigentes.

129. Lo aquí señalado se acompasa incluso con la providencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena en cumplimiento del fallo de tutela de primera

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instancia, en la que resolvió confirmar la declaratoria de la medida cautelar. Esto,
bajo el argumento de que con aquella se pretendía obtener el pago de una suma
reconocida en una sentencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y
la petición de embargo va dirigida a sumas de dinero que tenga depositada el
Municipio de Ciénaga, en calidad de deudor, en la banca nacional o local, sin que
con ello desconozcan las prohibiciones legales en relación con la embargabilidad
de dineros de las entidades públicas.

130. Por último esta Sección precisa que las anteriores consideraciones en modo
alguno comportan un desconocimiento de la autonomía e independencia judicial
que recae sobre el juez natural de la causa, pues en ejercicio de su competencia y
atendiendo a las particularidades del caso concreto, le corresponde adoptar su
decisión conforme a las disposiciones normativas aplicables al asunto en
concordancia con las reglas de excepción al principio de inembargabilidad
establecidas por la Corte Constitucional –y acogidas por esta Corporación–, que
aún siguen vigentes.

131. En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
ordenó el amparo de los derechos fundamentales de los accionantes, por los
motivos aquí expuestos.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida la Sección Cuarta del Consejo de
Estado el 16 de junio de 2022 que amparó los derechos fundamentales de los
señores José Magdaleno Algarín Pérez y Harold Wilson Campo Henríquez así como
la señora Virginia Edith González Chaverra.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO:. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.

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