Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04325-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04325-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04325-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
23 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022).
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04325-00
Demandante: Miguel Antonio Olivero Gaviria
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES / DEFECTO
MATERIAL O SUSTANTIVO – Configuración / errada interpretación de las normas
aplicables al asunto bajo estudio.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Miguel Antonio Olivero
Gaviria contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 9 de agosto de 2022, el señor Miguel Antonio Olivero Gaviria interpuso
demanda de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia y debido proceso, así como los principios de
seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Adujo que
estas prerrogativas fueron vulneradas por el Tribunal Administrativo de Magdalena,
al proferir el Auto del 23 de febrero de 20222, dentro del proceso ejecutivo (Rad.
47001-33-33-003-2015-00326-03) que promovió contra la E.S.E. Hospital Local
Pijiño del Carmen.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente3:
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Providencia notificada el 18 de abril de 2022.
3 Expediente digital, folio 5 del escrito de demanda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04325-00
Accionante: Miguel Antonio Olivero Gaviria
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
<<PRIMERA: Por ser esta acción tuitiva el mecanismo idóneo y definitivo ruego a los
Honorables Consejeros de Estado, AMPARAR mis derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, (art 29 CP), al ACCESO EFICAZ A LA ADMINISTRACIÓN de JUSTICIA (art. 228
y 229 C.P.), SEGURIDAD JURÍDICA, PRIMACÍA DEL DERECHO SUSTANCIAL ANTE EL
PROCESAL, vulnerados con el auto de fecha 23 de febrero de 2022 proferido por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, con ponencia de la magistrada Dra. MARÍA VICTORIA
QUIÑONES TRIANA, el cual revocó el auto del 26 de abril de 2021 expedido por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta, dentro del proceso radicado N°
470013333003201500326, en cuanto incurre en los defectos material o sustantivo, y
desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional en materia de excepciones
al principio de inembargabilidad de recursos públicos.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTO el auto de fecha 23 de
febrero de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena; en su lugar, se le
ORDENE a éste operador judicial en un término prudencial y razonable que su Señoría
considere, proferir una nueva decisión de reemplazo en la cual se tengan en cuenta los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en las sentencias de constitucionalidad C-546
de 1992, C-013 y C-017 de 1993, C-354 de 1997, C-1154 de 2008, y en especial se acoja los
postulados indicados en la Sentencia C-313 de 2014 que al declarar la exequibilidad del artículo
25 de la Ley 1751 de 2015 -Ley Estatutaria de Salud- relacionado con la inembargabilidad de
los recursos que financian la salud, concluyó que dicha inembargabilidad no tiene carácter
absoluto, y debe entenderse como principio y no como una regla, pues existen algunas
excepciones, dentro las cuales está cobijado el título de recaudo en el sub judice,
garantizándose el respecto de la Constitución Política, el derecho al debido proceso y acceso
a la administración de justicia>> (negrilla del texto original).
3.- Los principales presupuestos de orden fáctico, probatorio y constitucional que
respaldan la protección invocada son, los siguientes4:
3.1.- El 4 septiembre de 2015, el señor Miguel Antonio Olivero presentó demanda
ejecutiva (Rad. 47001-33-33-003-2015-00326-00/03), a fin de que se librara
mandamiento de pago a su favor y en contra del Hospital Local Pijiño del Carmen
E.S.E., acorde con lo dispuesto en la sentencia de 5 de septiembre de 2013,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en la cual esa Corporación:
(i) revocó la decisión adoptada por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Santa Marta el 17 de agosto de 2012; y, en su lugar, (ii) declaró la nulidad de las
Resoluciones No. 162 y No. 189 de 2008 expedidas por el gerente de la entidad
hospitalaria y mediante las cuales se retiró del servicio al accionante; y en
consecuencia, (iii) ordenó al Hospital demandado reintegrarlo a su cargo y pagarle
los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, junto con los respectivos
intereses de mora.
3.2.- Mediante Auto de 3 de noviembre de 2015, el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Santa Marta libró mandamiento de pago. Posteriormente, en proveído
del 14 de abril de 2016, ordenó seguir adelante con la ejecución.
3.3.- A través de Auto de 22 de octubre de 2020, el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Santa Marta, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 446 del
4 Expediente digital, folios 3 – 7 del escrito de demanda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04325-00
Accionante: Miguel Antonio Olivero Gaviria
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Código General del Proceso, modificó la liquidación del crédito presentada por la
parte actora, fijándola en la suma total de $494.040.450, por concepto de capital e
intereses causados desde la ejecutoria de la sentencia de condena y hasta el 15 de
octubre de 2020.
3.4.- Por solicitud efectuada por el accionante, mediante el Auto del 26 de abril de
2021, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta decretó el
embargo y retención de los dineros de propiedad de la E.S.E. Hospital Local Pijiño
del Carmen, en las cuentas corrientes y/o cuentas de ahorro que tuviera dicha
entidad pública en los bancos expresamente señalados en la providencia, los que
por cualquier concepto le adeudaran las aseguradoras enunciadas y los dineros que
por venta de servicios asistenciales en salud en el Régimen Contributivo le
adeudaran las EPS indicadas hasta el límite de la suma de seiscientos millones de
pesos ($600.000.000), de conformidad con el artículo 599 del C.G.P.
3.5.- Inconforme con la decisión adoptada, la apoderada judicial de la E.S.E. Hospital
Local Pijiño del Carmen presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación
en contra del Auto de 26 de abril de 2021.
3.6.- Mediante Auto de 15 de junio de 2021, el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Santa Marta dispuso no reponer, y concedió el recurso de apelación
interpuesto en contra de la decisión indicada en el numeral anterior.
3.7.- A través del Auto de 23 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo del
Magdalena revocó la decisión adoptada en primera instancia al considerar que las
excepciones al principio de inembargabilidad desarrolladas en la jurisprudencia de
la Corte Constitucional no eran aplicables en aquellos casos en los que se solicita la
imposición de medidas cautelares sobre los recursos del Sistema General de
Participación destinados al sistema de salud de las entidades territoriales. Esto,
teniendo en cuenta que: (i) las mencionadas excepciones fueron fijadas en torno al
estudio de la constitucionalidad de normas y disposiciones diferentes al Código
General del Proceso y (ii) el Consejo de Estado no ha proferido providencia de
unificación o de importancia jurídica sobre este asunto.
4.- Como fundamento de derecho de su solicitud de amparo, la parte actora adujo
que, por virtud de la decisión judicial en comento, el Tribunal Administrativo del
Magdalena transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y al acceso a la administración de justicia, al incurrir en los siguientes defectos:
4.1.- Desconocimiento del precedente judicial, al no aplicar las reglas
desarrolladas en las Sentencias C-546 de 1992, C-013 y C-017 de 1993, C-354 de
1997 y C-1154 de 2008, pronunciamientos en los que, a juicio del accionante, la
Corte Constitucional estableció como excepciones al principio de inembargabilidad
de los recursos públicos, las acreencias del Estado relacionadas con créditos u
obligaciones que: i) consten en decisiones judiciales y ii) sean de origen laboral.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04325-00
Accionante: Miguel Antonio Olivero Gaviria
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Además, señaló que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente
desarrollado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en los Autos de 23 de
noviembre de 2017 y 29 de marzo de 2022 (Rad. 08001-23-33-000-2016-01416-02
(67517)); en el Auto de 10 de febrero de 2022 (41001-23-31-000-2014-00476-01
(4000-2021)), proferido por la Sección Segunda de esta Corporación; y en las
Sentencias de 25 de marzo (20001-23-33-000-2020-00484-01(AC)) y 10 de junio de
2022 (11001-03-15-000-2020-04268-01(AC)), emitidas en sede de tutela por la
Sección Cuarta y la Subsección C, de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
4.2.- Defecto material o sustantivo, generado por la interpretación indebida del
artículo 594 del C.G.P., toda vez que, según el accionante, el mencionado artículo
debía interpretarse de conformidad con los parámetros establecidos por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-313 de 2014, por medio de la cual se declaró la
exequibilidad del artículo 25 de la Ley 1751 de 2015 -Ley Estatutaria de Salud-, en
lo relacionado con la inembargabilidad de los recursos que financian el sistema de
salud. Resaltó el actor que, en la mencionada decisión, la Corte concluyó que la
inembargabilidad de los recursos pertenecientes al sistema de salud no tiene
carácter absoluto, y debe ser interpretada como un principio y no como una regla,
dado que está sujeta a algunas excepciones.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
5.- Mediante auto de 17 de agosto de 2022, el despacho admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la autoridad judicial demandada y vinculó a la E.S.E. Hospital Local
Pijiño del Carmen, como tercero interesado en el proceso.
5.1.- También se requirió al Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta para que
remitiera, en calidad de préstamo, el expediente identificado con el radicado número
47001-33-33-003-2015-00326-00/03.
(i) Tribunal Administrativo del Magdalena5
6.- El 24 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del Magdalena, señaló que la
decisión de revocar la providencia para en su lugar negar el decreto de las medidas
cautelares solicitadas por el demandante, se adoptó teniendo en cuenta que: (i) los
recursos objeto de la medida son de destinación exclusiva para garantizar la
prestación del servicio de salud, que es un fin esencial del Estado y un derecho
fundamental de especial protección constitucional y que, (ii) si bien las excepciones
al principio de inembargabilidad se han incorporado en la jurisprudencia de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, aún no existe un pronunciamiento del
Consejo de Estado en sede de unificación en el que se establezca la
procedencia de su aplicación en aquellos casos en los que se solicita la
imposición de medidas cautelares sobre recursos pertenecientes al sistema de
5 Expediente digital, intervención contenida en 3 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04325-00
Accionante: Miguel Antonio Olivero Gaviria
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
salud. Con fundamento en lo anterior, advirtió que el demandante no podía convertir
la acción de tutela en una tercera instancia, pues el Tribunal realizó un análisis
detallado de la solicitud elevada por el demandante y del recurso de apelación. A
partir de ello, consideró que era necesario denegar la medida cautelar solicitada por
el ejecutante, razón por la cual indicó que la decisión atacada no vulneró los
derechos fundamentales del accionante.
(ii) E.S.E. Hospital Local Pijiño del Carmen6
7.- El 24 de agosto de 2022, la gerente de la E.S.E. Hospital Local Pijiño del Carmen,
solicitó que la acción de tutela se declare improcedente. Empezó por señalar que, el
demandante pretende reabrir el debate zanjado en el proceso ejecutivo, al no obtener
un resultado favorable en el mismo, convirtiendo la acción de tutela en una tercera
instancia. Seguidamente, aseguró que, el Tribunal accionado realizó un análisis
detallado de la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, fundamentando su decisión en la Constitución, la normativa legal y
la jurisprudencia de las Altas Cortes, sin que se advierta que incurrió en los defectos
señalados por el señor Miguel Olivero, más aún si se tiene en cuenta que los jueces
están facultados para apartarse del precedente judicial siempre que argumenten y
establezcan con suficiencia las razones que motivaron su decisión.
7.1.- Finalmente, aseveró que, la inembargabilidad de los recursos destinados a la
prestación de servicios de salud responde a criterios constitucionales como el interés
general y los propósitos del aparato estatal.
II. CONSIDERACIONES
C. La acción de tutela contra providencias judiciales
8.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales7.
8.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo
constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un
instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior8.
6 Expediente digital, intervención contenida en 3 folios.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No.
11001-03-15-000-2009-01328-01.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04325-00
Accionante: Miguel Antonio Olivero Gaviria
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
8.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos
generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son los siguientes9:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
• Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de inmediatez.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,
• Que no se trate de sentencias de tutela.
8.3.- Interesa destacar que la relevancia constitucional, supone la presentación de
un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien
es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en
el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no
puedan relacionarse con un derecho constitucional10. En tal virtud, no basta con que
el actor afirme que una determinada providencia judicial transgrede derechos
fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar
una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del
juez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos
fundamentales invocados.
8.4.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional11 y, en ese sentido, evitar
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,
exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
10 Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional.
11 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este
sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez
constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no
puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en
su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación
judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia”.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04325-00
Accionante: Miguel Antonio Olivero Gaviria
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 12 ; (ii)
restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada
relevancia desde la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales13; e (iii)
impedir que la interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades
jurisdiccionales14.
8.5.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales15: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.
8.6.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia
suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al
abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia
judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de
esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la
interpretación del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del
caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras
autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y
12 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la
constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones
o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la
definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos
fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la
jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-
896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-
182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional.
13 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de
una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental
del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o
suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales
de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite
la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales
a los distintos ámbitos del derecho”.
14 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina
la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de
2006 de la Corte Constitucional.
15 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender
situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un
desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal
específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04325-00
Accionante: Miguel Antonio Olivero Gaviria
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites
judiciales”16.
8.7.- Precisado lo anterior, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento
estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese
examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, los cuales deben ser adecuadamente formulados por el
interesado17.
D. Análisis del caso concreto
9.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará, en lo que sigue, de verificar
si las circunstancias que se alegan en la presente causa acreditan los requisitos de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Solo en el evento de
acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el propósito de
establecer si el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en los defectos o
yerros invocados por la accionante y si se justifica la adopción de medidas de
protección frente a los mismos.
E. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
10.- En la línea de las consideraciones plasmadas, encuentra la Sala que, en el
presente asunto, pueden tenerse como cumplidos los requisitos generales de
procedencia establecidos por la jurisprudencia constitucional.
10.1.- Que la cuestión sometida a estudio por parte del juez de tutela resulte de
evidente relevancia constitucional. Previa constatación de la mínima suficiencia
argumentativa ofrecida en la demanda por haberse identificado con claridad el motivo
de la violación que se le atribuye al pronunciamiento judicial objeto de reproche, esta
Sala considera que la cuestión que se debate en la presente oportunidad trasciende
el ámbito de la mera legalidad y posee indiscutible relevancia constitucional, en la
medida en que se persigue la efectiva protección de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad en relación con una decisión en la que una autoridad
judicial cuestiona la aplicabilidad de las excepciones desarrolladas por la
jurisprudencia constitucional al principio de inembargabilidad consagrado en el
artículo 594 del CGP, en relación con la imposición de medidas cautelares sobre
recursos del Sistema General de Participaciones destinados al sistema de salud de
una entidad territorial, pese a que en múltiples pronunciamientos esta Corporación
ha señalado que: (i) en este tipo de casos el mencionado principio no es absoluto y
16 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.
17 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre
de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-
02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de
noviembre de 2016, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y
SU-490 de 2016.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04325-00
Accionante: Miguel Antonio Olivero Gaviria
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(ii) ha fijado las condiciones en las que las referidas excepciones deben aplicarse
cuando se solicita la imposición de medidas sobre los recursos de destinación
específica al sistema de salud.
De igual manera, se estima necesario resaltar que la referida discusión, tuvo lugar
en el contexto de en un caso en el que la solicitud de medidas cautelares se realizó
para garantizar el cumplimiento de una sentencia judicial ejecutoriada, proferida hace
nueve años y en la que se reconoció el pago de acreencias laborales en favor del
accionante.
Sobre el particular, la Sala llama la atención respecto de la importancia que reviste
para el principio de seguridad jurídica que las sentencias judiciales puedan hacerse
efectivas y, en ese marco, que los derechos contenidos en ellas no se tornen
nugatorios. Además, las medidas cautelares constituyen instrumentos que permiten
efectivizar los derechos que, eventualmente se reconocerán en el curso de un
proceso judicial. Máxime, si se tiene en cuenta que estas herramientas tienen una
connotación especial cuando el título que pretende reclamarse es una providencia
judicial definitiva.
10.2.- Que se hayan agotado todos los recursos judiciales -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se advierta la ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable. Frente a
esta particular exigencia, es claro que dentro del proceso ejecutivo se agotaron todos
los medios ordinarios y extraordinarios de defensa que el actor tenía a su disposición
para procurar la protección de las garantías iusfundamentales que estima
transgredidas, pues a pesar de haber sido parcialmente favorecido con el proveído
de primera instancia proferido por el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta,
la entidad ejecutada interpuso recurso de apelación en su contra, el cual fue
tramitado y resuelto en segunda instancia, siendo esta última providencia la que se
reprocha en sede de tutela.
10.3.- Que la solicitud de amparo tutelar cumpla con el requisito de inmediatez.
En esta oportunidad, la Sala encuentra que el recurso de amparo constitucional fue
promovido dentro de un término razonable y oportuno, respecto de la ocurrencia del
hecho que presuntamente originó la vulneración, pues este fue formulado
aproximadamente cuatro meses después de la notificación del proveído objeto de la
acción de tutela. En efecto, la acción de tutela se radicó por vía de correo electrónico
el 9 de agosto de 2022, y la decisión judicial en comento se notificó a las partes a
través del estado electrónico del 18 de abril de 2022.
10.4.- Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga
incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de las prerrogativas
iusfundamentales. Sin duda alguna, la irregularidad invocada por el accionante se
edificó como un defecto de índole sustantivo, por lo que este presupuesto no resulta
exigible en el presente asunto.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04325-00
Accionante: Miguel Antonio Olivero Gaviria
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
10.5.- Que quien pretende el amparo identifique, de forma razonable, tanto los
hechos que generan la violación como los derechos que resultan infringidos y
que ello haya sido alegado en el proceso judicial, siempre que esto fuese
posible. Para el caso concreto, se advierte que en el escrito de demanda el
accionante identificó las razones puntuales y concretas por las que estima
vulneradas garantías de orden superior, relacionando con claridad los hechos que
generaron la violación planteada por vía de tutela y los derechos que resultaron
transgredidos, así como la incidencia de los defectos alegados en la decisión judicial
que reprocha, sin que ello haya sido posible invocarlo en el curso del trámite ordinario
a través de otros escenarios, ya que, inicialmente la parte actora resultó favorecida
por la providencia de primera instancia proferido por el Juzgado Tercero
Administrativo de Santa Marta, razón por la cual el proveído objeto de reproche solo
fue apelado por la entidad ejecutada.
10.6.- Que el fallo impugnado no se trate de una acción de tutela. Por último,
debe puntualizarse que, de los hechos expuestos en la demanda, no se trata de una
solicitud de amparo promovida contra una sentencia de tutela.
F. Verificación de la existencia de la causal específica de procedibilidad
atribuida en la acción de tutela contra la providencia judicial acusada en el caso
concreto
11.- Al acreditarse el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, le corresponde a la Sala estudiar la
causal específica de procedibilidad que fue alegada por la parte actora.
12.- Para comenzar, la Sala estima pertinente precisar que los alegatos propuestos
por la parte actora están orientados a cuestionar la interpretación que realizó la
autoridad judicial accionada del artículo 594 del CGP, al considerar que el Tribunal
Administrativo del Magdalena incurrió en un defecto sustantivo al negarse a decretar
las medidas cautelares solicitadas en el proceso ejecutivo (rad. 47001-33-33-003-
2015-00326-03) con fundamento en las disposiciones consagradas en el artículo 594
de CGP, sin tener en cuenta las excepciones al principio de inembargabilidad de los
recursos destinados al sistema de salud, de conformidad con la lectura que la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado han realizado respecto de dichas normas
.
12.1.- El defecto material o sustantivo se ha caracterizado, principalmente, como la
evidencia directa y conceptualmente inteligible, de una falencia o yerro que tiene
origen en el proceso de interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas
aplicables al caso sometido al conocimiento del juez. Para que esa falencia o yerro
conduzca a la activación efectiva del mecanismo de amparo constitucional, debe
10
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04325-00
Accionante: Miguel Antonio Olivero Gaviria
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
mostrarse como una irregularidad que se presenta sin mayores lucubraciones como
obstáculo para la efectividad de prerrogativa, garantías o derechos iusfundamental18
.
12.2. A partir de las anteriores premisas, la Corte Constitucional ha identificado que
se está en presencia de un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial emplea
una norma inaplicable al caso concreto, o deja de aplicar la norma adecuada o
interpreta las normas de tal manera que contrariaba la razonabilidad jurídica.
12.3.- Por otro lado, se ha explicado en esa misma jurisprudencia que en sentido
estricto, la configuración de este defecto puede predicarse en las siguientes
circunstancias: (i) cuando el fundamento de la decisión judicial es una norma que no
es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es
inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador; (ii) cuando no se hace una interpretación razonable de la norma; (iii)
cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga
omnes; (iv) cuando la disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución;
(v) cuando el ordenamiento otorga poder al juez y éste lo utiliza para fines no
previstos en la disposición; (vi) cuando la decisión se funda en una interpretación no
sistemática de la norma, es decir se trata de un grave error en la interpretación; y,
finalmente, (vii) cuando se afectan derechos fundamentales, debido a que el
operador judicial sustenta o justifica de manera insuficiente su actuación.
13.- Valoradas las circunstancias fácticas que dieron lugar a que el Tribunal
Administrativo del Magdalena revocara el fallo de primera instancia proferido por el
Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta y en consecuencia negara el decreto
de las medidas cautelares solicitadas por el accionante y el contenido de la
providencia que se reprocha, encuentra la Sala que la autoridad judicial accionada
efectivamente incurrió en el defecto específico que acaba de caracterizarse.
14.- Dentro de las consideraciones esgrimidas por la autoridad judicial demandada
en el auto del 23 de febrero de 2022, se indicó que las excepciones al principio de
inembargabilidad desarrolladas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional no
eran aplicables al caso objeto de estudio ya que: (i) estas fueron fijadas en torno al
estudio de la constitucionalidad de normas y disposiciones diferentes al Código
General del Proceso y (ii) el Consejo de Estado no ha proferido providencia de
unificación o de importancia jurídica sobre este asunto. Fue así como lo manifestó
de manera textual lo siguiente:
<<El Tribunal revocara la decisión del juez de primer grado por lo que a continuación se expone:
Por regla general, existe una prohibición de embargo de los recursos públicos, específicamente
aquellos que conforman el presupuesto general de la Nación y sus entidades territoriales, los
recursos provenientes del sistema general de participaciones y del sistema general de regalías.
18Cfr. Sentencias SU-950 de 2014, SU-241 de 2015, SU-217 de 2016 y SU-395 de 2017 de la Corte
Constitucional.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04325-00
Accionante: Miguel Antonio Olivero Gaviria
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Frente a todas las disposiciones normativas relativas a la inembargabilidad de los recursos
públicos, el Máximo Tribunal Constitucional ha establecido que dicho principio no es absoluto
y que existen excepciones, como lo es cuando se trata de sentencias judiciales, créditos
laborales y cuando se origine en títulos emanados del Estado que reconocen una obligación
clara, expresa y exigible.
Sin embargo, el Tribunal advierte que toda la línea jurisprudencial forjada por la Corte
Constitucional respecto a esta temática, gira en torno al estudio de constitucionalidad de
normas y disposiciones diferentes al Código General del Proceso, normatividad procesal que
consagré en su artículo 594 la inembargabilidad de los recursos de la salud, en consonancia
con toda la normatividad que regula este tema en relación con su inembargabilidad y
destinación específica, aspectos que ya fueron indicados previamente.
En suma, debe tenerse en cuenta que la restricción contenida en el artículo 594 del CGP es
acorde con el objeto para el que han sido dispuestos estos recursos, en la medida en que tienen
una destinación exclusiva para el cumplimiento de los fines esenciales del estado y garantías
del desarrollo de vida digna de los asociados, como lo es la salud, derecho fundamental y de
especial protección constitucional.
En esa línea de exposición, es importante resaltar que, de los pronunciamientos traídos a
colación en el auto que decretó la medida cautelar se puede constatar que en la jurisdicción
contenciosa administrativa se ha incorporado a su jurisprudencia la aplicación de las
excepciones al principio de inembargabilidad, no obstante, no es menos cierto que, el H.
Consejo de Estado no ha proferido providencia de unificación o de importancia jurídica sobre
este asunto.
En tal sentido, este Tribunal dando aplicación estricta a lo dispuesto en el artículo 594 del
Código General del Proceso, que dispuso la inembargabilidad de los recursos de la seguridad
social, en aras de salvaguardar el derecho fundamental a la salud de los destinatarios de los
servicios prestados por la E.S.E Hospital Local Pijiño del Carmen, máxime cuando hasta la
fecha no ha sido proferido pronunciamiento de unificación por parte del Consejo de Estado que
establezca los lineamientos a tener en cuenta en esta temática>>19.
15.- Al respecto, es importante recordar que, en múltiples ocasiones esta
Corporación se ha pronunciado sobre recursos de amparo interpuestos en contra de
decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en las que la
entidad accionada ha negado la imposición de medidas cautelares en procesos
ejecutivos argumentando la imposibilidad de acceder a las pretensiones de la parte
demandante, al considerar que los recursos provenientes del Sistema General de
Participaciones y del Presupuesto General de la Nación se encuentran cobijados de
manera absoluta, por el principio de inembargabilidad consagrado en el artículo 594
del CGP. En estos casos, diferentes Secciones del Consejo de Estado han señalado
que la autoridad judicial accionada incurre con tal interpretación en desconocimiento
del precedente establecido por la Corte Constitucional en las Sentencias C-546 de
1992, C-013 y C-017 de 1993, C-354 de 1997, C-1154 de 2008 y C-313 de 201420.
19 Expediente digital, folios 15 y 16 del auto de 23 de febrero de 2022.
20 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 19 de noviembre de 2018, Rad. 11001-
03-15-000-2018-02203-01; Sección Cuarta, Sentencia de 17 de septiembre de 2020, Rad.
11001031500020200051001; Sección Quinta, Sentencia de 18 de agosto de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-
02297-01; Sección Cuarta, Sentencia de 15 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-02297-00
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04325-00
Accionante: Miguel Antonio Olivero Gaviria
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
16.- Para esta Sala, es claro que la Corte Constitucional en reiterados
pronunciamientos ha fijado el alcance del principio de inembargabilidad, indicando
que este no es absoluto, sino que por el contrario, debe conciliarse con los demás
valores, principios y derechos reconocidos en la Carta Política, tales como, la
dignidad humana, el principio de efectividad de los derechos, el principio de
seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia y la necesidad
de asegurar la vigencia de un orden justo, entre otros.
16.1.- En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional ha desarrollado tres
excepciones a la regla general de inembargabilidad de los recursos públicos, a saber:
(i) ante la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras
a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas 21; (ii) cuando se
requiera el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el
respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias 22 y, (iii) cuando se
persigue el pago de títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara,
expresa y exigible23.
16.2.- Aparejado con lo anterior, al estudiar la exequibilidad del artículo 21 del
Decreto 028 de 2008, norma que establece la regla de inembargabilidad de los
recursos del Sistema General de Participaciones, el Tribunal Constitucional sostuvo
que estos emolumentos, por poseer una “destinación social específica” a la población
más vulnerable, gozan de una protección constitucional reforzada, en tal sentido,
solo pueden ser embargados bajo una única excepción, consistente en garantizar el
pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia, después de
haber transcurrido 18 meses desde su ejecutoria.
16.3.- En este caso, aseguró la Corte que, las autoridades judiciales están facultadas
para “imponer medidas cautelares sobre los ingresos corrientes de libre destinación
de la respectiva entidad territorial, y, si esos recursos no son suficientes para
asegurar el pago de las citadas obligaciones, deberá acudirse a los recursos de
destinación específica”24.
16.4.- Esta modificación a las tradicionales excepciones al principio de
inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones fue
reiterada en las Sentencias C-937 de 2010, T-873 de 2012 y C-539 de 2010.
21 Sobre los alcances de esta excepción se ha referido la Corte Constitucional en las sentencias C-013 de 1993,
C-017 de 1993, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, T-025 de 1995, T.262 de 1997, C-354 de 1997,
-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003 y T-1195 de 2004.
22 Corte Constitucional, Sentencias C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002 y C-192 de
2005, entre otras.
23 Corte Constitucional, Sentencia C-103 de 1994.
24 La parte resolutiva de la Sentencia C-1154 de 2008 condicionó la constitucionalidad del artículo 21 del Decreto
Ley 028 de 2008 a la siguiente regla: “Declarar EXEQUIBLE, en lo acusado, el artículo 21 del Decreto 28 de
2008, en el entendido de que el pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia debe
efectuarse en el plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria de la misma, y de que
si los recursos correspondientes a los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial
no son suficientes para el pago de las citadas obligaciones, deberá acudirse a los recursos de destinación
específica”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04325-00
Accionante: Miguel Antonio Olivero Gaviria
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
17.- En este orden de ideas, el Consejo de Estado ha considerado que el principio
de inembargabilidad de los recursos públicos no es de carácter absoluto, sino que
se encuentra sometido a las mencionadas excepciones que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado.
18.- La circunstancia antes anotada no pierde vigencia, porque esta alta corporación
no hubiera adoptado un pronunciamiento de unificación, como lo alude la providencia
que se cuestiona o menos aún, como consecuencia de la entrada en vigencia del
CPACA y el CGP. Sobre este aspecto conviene recordar que esta Corporación ha
señalado, bien por el contrario, que dicha postura no es válida, pues se fundamenta
en una interpretación aislada del artículo 594 del CGP e implica dejar de lado el
contenido material de las decisiones de constitucionalidad antes relacionadas y sus
efectos de cosa juzgada constitucional 25 . En ese sentido esta Corporación ha
precisado que la tesis según la cual el artículo 594 del CGP es una norma posterior
y que, por esa razón, carecen de aplicabilidad los pronunciamientos de la Corte
Constitucional frente a las excepciones al principio de inembargabilidad, deja de lado
el contenido material de las precitadas decisiones, de aquí que los jueces se
encuentran obligados a realizar una interpretación sistemática de las normas
jurídicas a partir de la hermenéutica constitucional fijada en la ratio decidendi de
tales decisiones, lo que conduce a asegurar, entre otras razones, por seguridad
jurídica, que en el ordenamiento jurídico colombiano existen excepciones al principio
de inembargabilidad, las cuales fueron precisadas por la Corte Constitucional en
sentencias de control abstracto, sobre las cuales se expresan una razones que
hacen tránsito a cosa juzgada constitucional que se imponen no solo a los
ciudadanos sino a las autoridades de todas las ramas del poder público.
18.1.- En los términos indicados, esta Sala, obrando como juez de constitucionalidad,
cuestiona el argumento expuesto por el Tribunal Administrativo del Magdalena para
inaplicar en el caso objeto de análisis el precedente constitucional relativo a las
excepciones al principio de inembargabilidad.
19.- Al lado de lo anterior, la Sala advierte que el argumento propuesto por la
autoridad judicial accionada, según el cual la interpretación del artículo 594 del CGP
es razonable, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado no ha emitido
providencia de unificación al respecto, no está llamado a prosperar pues varias
decisiones de esta Corporación han reiterado la lectura que se acoge en la presente
providencia.
19.1.- En esa línea, como no se trata de un asunto en el que exista incertidumbre o
desacuerdo en relación con las excepciones del principio de inembargabilidad,
correspondía a la autoridad judicial interpretar el artículo 594 del CGP en armonía
25 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de 17 de septiembre de 2020, Rad.
11001031500020200051001 y Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 16 de octubre de 2019.
Proceso No. 11001-03-15-000-2019-03991-00.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04325-00
Accionante: Miguel Antonio Olivero Gaviria
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
con el alcance que la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional
le han dado a tal prerrogativa.
20.- En virtud de lo expuesto, la tesis adoptada por el Tribunal Administrativo del
Magdalena únicamente atendió al tenor literal del artículo 594 del CGP y desconoció
por completo su contenido ya explicitado por las altas cortes, por lo que al concluir
que las excepciones al principio de inembargabilidad desarrolladas por la
jurisprudencia constitucional no eran aplicables al caso objeto de estudio, termina
por rebelarse al alcance otorgado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
al mencionado precepto, en ellas, las de que bajo los supuestos fijados en la
jurisprudencia, es factible considerar que de decreten medidas cautelares sobre
recursos provenientes del Sistema General de Participaciones para garantizar el
pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia ejecutoriada.
21.- En consecuencia, para hacer efectiva la orden de protección y, a su turno,
preservar el principio de seguridad jurídica, la Sala amparará los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración del accionante, de
suerte que se dejará sin efectos Auto de 23 de febrero de 2022, proferido por el
Tribunal Administrativo del Magdalena para que, en el término de diez (10) días
contados a partir de la notificación de la presente providencia, tal autoridad judicial,
se sirva proferir una nueva decisión en la que valore la interpretación y aplicación del
artículo 594 del CGP, para efectos de tener en cuenta las excepciones al principio
de inembargabilidad en los términos de la jurisprudencia de esta Corporación y las
decisiones de la Corte Constitucional.
22.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO.- AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, invocados por el señor Miguel Antonio Olivero Gaviria,
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la providencia del 23 de febrero de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el asunto de la referencia,
para que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la
presente sentencia, PROFIERA una nueva decisión en la que valore la interpretación
y aplicación del artículo 594 del CGP, para efectos de tener en cuenta las
excepciones al principio de inembargabilidad en los términos de la jurisprudencia de
esta Corporación y las decisiones de la Corte Constitucional.
TERCERO.- Se ordena NOTIFICAR a las partes la presente providencia por el medio
más expedito y eficaz.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04325-00
Accionante: Miguel Antonio Olivero Gaviria
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
CUARTO.- De no ser impugnado este fallo, ENVIAR esta actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE26
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
26 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
16
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