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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04267-00

Fecha
9 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04267-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 6 Corte Constitucional, sentencia SU 949 del 4 de diciembre de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa. 13 Radicación número: 110010315000202204267 00 Accionante: Olga Castro Torres y otro Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04267-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

9 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 110010315000202204267 00

Accionante: OLGA CASTRO TORRES Y OTRO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Presupuestos
de procedencia / DEFECTO FÁCTICO – Inexistencia porque la decisión
cuestionada fue dictada en ejercicio de la autonomía judicial, constituye una
decisión razonable; no se aplicaron normas inexistentes o inconstitucionales, las
cuales permitieron concluir la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
entidad demandada.

La Sala se pronuncia, en primera instancia, en relación con la demanda de tutela
instaurada por la señora Olga Castro Torres, en representación de su hijo Sergio
Alejandro Carvajal Castro, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 333 de
2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

En escrito presentado el 4 de agosto de 2022, la señora Olga Castro Torres, en
representación de su hijo Sergio Alejandro Carvajal Castro y a través de su
apoderada, instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima,
por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.

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Radicación número: 110010315000202204267 00
Accionante: Olga Castro Torres y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó (se transcribe de forma literal, con
posibles errores incluidos):

PRIMERA: Dejar sin efectos la sentencia proferida el día 10 de Febrero de 2022,
por el Tribunal Administrativo del Tolima.

SEGUNDA: Se tutele el Derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, de SERGIO
ALEJANDRO CARVAJAL CASTRO, quien actúa a través de su progenitora la
señora OLGA CASTRO TORRES, para que en el termino perentorio que considere
el operador constitucional, el Tribunal Administrativo del Tolima, realice las
gestiones necesarias para dictar una nueva sentencia de segunda instancia
atendiendo las observaciones que se hacen en éste escrito de tutela, sin perjuicio
de las que el operador constitucional también lo considere.

2. Hechos

La señora Olga Castro Torres, en representación de su hijo Sergio Alejandro
Carvajal Castro, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa en contra de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que fuera
declarada patrimonialmente responsable por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia al omitir el cumplimiento de sus deberes legales en la
investigación adelantada por la desaparición y posterior muerte de su padre.

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante fallo de
23 de agosto de 2018, declaró que la Nación - Fiscalía General de la Nación era
patrimonial y extracontractualmente responsable de los perjuicios irrogados a los
demandantes.

La parte demandada, inconforme con la decisión adoptada por el a quo, interpuso
recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo del
Tolima, el cual, mediante fallo de 10 de febrero de 2022, revocó la providencia
apelada y, en su lugar, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de la Fiscalía General de la Nación y negó las pretensiones de la demanda.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en un
defecto fáctico, puesto que hizo una valoración probatoria manifiestamente
irrazonable de las pruebas e incurrió en omisión de la valoración probatoria frente a
otras.

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Accionante: Olga Castro Torres y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Indicó que la demandada incurrió en el citado defecto, al pretender hacer ver como
responsable en la omisión de informar sobre el deceso del señor Jorge Enrique
Carvajal Vergara al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dado
que, desde un principio, se pidió que la Fiscalía General de la Nación informara el
motivo por el cual, a pesar de tener la información sobre un occiso de sexo
masculino NN, no requirió o autorizó a la familia para que realizaran el
reconocimiento de los cadáveres que reposaban como NN en las morgues tanto del
Hospital Federico Lleras Acosta, como en la de Medicina Legal.

Lo anterior, en atención que la entidad demandada fue quien conoció de primera
mano sobre el desaparecimiento del señor Carvajal Vergara y abrió un expediente
con características físicas que lo describían, respaldadas con una fotografía
actualizada y aportada por la familia, con el fin de ayudar a las pesquisas, función
principal de la entidad.

Sin embargo, no fue posible que, con en las actuaciones obrantes en los dos
expedientes y las misiones de trabajo asignadas, los funcionarios de la entidad
percibieran que los dos expedientes debidamente cotejados, según el informe
rendido por investigadores, correspondían a la misma persona, lo que devela la
negligencia y falta de cuidado de quienes estaban a cargo de los dos procesos
obrantes en las mismas instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, es decir,
en la seccional Tolima, ubicada en la ciudad de Ibagué.

Por tanto, concluyó que se incurrió en un defecto fáctico, por cuanto (trascripción
literal, incluidos posibles errores):

(…) discrepo del concepto del Tribunal Administrativo del Tolima, en el sentido
que en el cartulario se encuentra plenamente demostrado que (i) Al señor
JORGE ENRIQUE CARVAJAL VERGARA, lo hallaron muerto el día 08 de
agosto de 2004, procediendo a realizar a la inspección de cadáver según acta
227 de la misma fecha. (ii) Que el día 08 de agosto de 2004, se abre
investigación previa según expediente 169.996 en la Fiscalía 44 en
averiguación de responsables por el delito de homicidio. (iii) Que en el cartulario
se aportó copia del Formato Nacional para la Búsqueda de Personas
Desaparecidas 104-4, donde consta la fecha de formulación de la denuncia por
desaparición la cual data del 13 de agosto de 2004. (iv) Que el expediente por
desaparición, preliminar Nº 175784-3 es de fecha 08 de octubre de 2004, es
decir casi 2 meses después de haberse instaurado la denuncia. (v) Que a pesar
de las características obrantes en los dos expedientes, los expertos funcionarios
de la Fiscalía General de la Nación, no lograron la suspicacia como para

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Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

sospechar que se trataba de la misma persona, lo que hubiera evitado años de
sufrimiento para la familia que aun continuaba buscando a su ser querido.

5. Finalmente y con el Respeto que se merecen los Honorables ponentes del
Tribunal Administrativo del Tolima, a excepción del Magistrado que salvo su
voto, considero que la inobservancia del acervo probatorio adjunto con la
demanda inicial provocó la errática decisión del ente accionado, ya que las
evidentes falencias en la prestación del servicio desde su inicio, recaen sobre
la Fiscalía General de la Nación, negligencias, inoperancias, que desencadenan
un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la cual recayó
sobre la familia, y un nasciturus (para la fecha de los hechos), que se vio en la
obligación de soportar una carga innecesaria y les perjudico para el resto de
sus vidas; de tal razón que si el Tribunal hubiera hecho una adecuada
apreciación de los expedientes aportados, no habría lugar a determinar cuál fue
la responsabilidad de la aquí accionada y no se continuaría conculcando los
Derechos de un Adolescente.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

4.1. Mediante auto del 10 de agosto de 2022, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar a la autoridad accionada; además, se vinculó a la Fiscalía General
de la Nación, como tercero interesado y se le comunicó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

4.2. El Tribunal Administrativo del Tolima solicitó que se negaran las pretensiones
de la demanda por cuanto es improcedente, dado que en la providencia proferida
por esa Corporación no existió vulneración al debido proceso, ni vías de hecho.

Así las cosas, consideró que los argumentos de la providencia atacada resultaban
suficientes para soportar la defensa en la acción de tutela interpuesta por el
demandante, por lo que procedió a transcribirlos.

Finalmente, consideró que, en aras de la preservación de la teleología de la tutela,
que no es la de convertirla en una tercera instancia, en el presente caso se debían
negar las pretensiones, porque de la lectura del escrito, claramente se advierte que
lo pretendido por la parte actora es lograr un nuevo pronunciamiento judicial frente
a su caso, que, sea de anotar, ya fue ampliamente debatido en la instancia judicial
ordinaria competente para dirimir su conflicto.

4.3. La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar la improcedencia de la acción
de tutela interpuesta por la señora Olga Castro Torres, porque no se cumplen las
causales generales para cuestionar providencias judiciales, concretamente el
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Accionante: Olga Castro Torres y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

requisito de subsidiariedad, así como tampoco se argumenta la configuración de
alguna causal específica de procedibilidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales1.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de la
Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el
artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características 2.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son 3:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

1
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones

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en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por
el interesado4.

2. Caso concreto

Dado que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, se procede a verificar si se configuran o no los
defectos alegados por la parte actora, al proferirse la sentencia del 10 de febrero de
2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima revocó la decisión de
primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Ibagué, del 23 de agosto de 20185.

En la sentencia cuestionada, luego de realizar un recuento jurisprudencial y
probatorio, se concluyó lo siguiente (trascripción literal):

Sería del caso abordar el estudio de fondo del presente asunto, sin embargo,
aprecia esta Corporación que se encuentra probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto a la Nación – Fiscalía General de

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
5
La sentencia del tribunal se notificó a las partes personalmente el 22 de febrero de 2022 y la
demanda de tutela se presentó el 4 de agosto de 2022 año, de conformidad con la consulta en la
página de la Rama Judicial y Samai.
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la Nación, como pasará a exponerse, sobre la cual si bien el A-quo no se
pronunció, no impide que sea estudiada en esta instancia judicial, conforme lo
establece el artículo 187 del CPACA: (…).

Pues bien, si lo pretendido por el demandante es atribuir responsabilidad a la
Nación – Fiscalía General de la Nación por la “omisión de informar la muerte del
señor Carvajal Vergara”, lo cierto es que no es esta entidad la encargada de
realizar el reconocimiento de los cuerpos reportados como NN y en tal sentido
mal podía informar con certeza sobre la muerte, sin el informe del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En efecto, al revisar el mismo artículo 290 de la Ley 600 de 2000, se advierte
que en caso de fallecimiento de personas sin identificar, el funcionario judicial
deberá hacer pesquisas en la zona con el fin de obtener información útil para la
identificación, e igualmente, deberá proveer las medidas pertinentes para que
el caso sea reportado al Sistema Médico Legal, organizado y controlado por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Es que, conforme lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 938 de 2004, la misión
fundamental del Instituto es prestar auxilio y soporte científico y técnico a la
administración de justicia en todo el territorio nacional, en lo concerniente a
medicina legal y las ciencias forenses y en desarrollo de su misión, el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene las siguientes funciones
consagradas en el artículo 36 de la misma disposición:

1. Organizar y dirigir el Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses y
controlar su funcionamiento.
2. Prestar servicios médico-legales y de ciencias forenses que sean solicitados
por los Fiscales, Jueces, Policía Judicial, Defensoría del Pueblo y demás
autoridades competentes en todo el territorio nacional.
3. Desarrollar funciones asistenciales, científicas, extra-periciales y sociales en
el área de la medicina legal y las ciencias forenses.
4. Prestar asesoría y absolver consultas sobre medicina legal y ciencias
forenses a las unidades de fiscalías, tribunales y demás autoridades
competentes.
5. Definir los reglamentos técnicos que deben cumplir los distintos organismos
y personas que realicen funciones periciales asociadas con medicina legal,
ciencias forenses y ejercer control sobre su desarrollo y cumplimiento.
6. Servir de organismo de verificación y control de las pruebas periciales y
exámenes forenses practicados por los cuerpos de policía judicial del Estado y
otros organismos a solicitud de autoridad competente.
7. Servir como centro científico de referencia nacional en asuntos relacionados
con medicina legal y ciencias forenses.
8. Ser organismo de acreditación y certificación de laboratorios, pruebas
periciales y peritos en medicina legal y ciencias forenses, practicadas por
entidades públicas y privadas.
9. Coordinar y adelantar la promoción y ejecución de investigaciones científicas,
programas de postgrado, pregrado, educación continuada y eventos educativos
en el área de la medicina legal y ciencias forenses.
10.Coordinar y promover, previa existencia de convenios, las prácticas de
docencia de entidades educativas aprobadas por el ICFES.
11.Divulgar los resultados de las investigaciones, avances científicos, desarrollo
de las prácticas forenses y demás información del Instituto considerada de
interés para la comunidad en general.
12.Delegar o contratar en personas naturales o jurídicas la realización de
algunas actividades periciales y controlar su ejecución.

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Así las cosas, se encuentra demostrado que el señor Fernando Carvajal
Vergara se presentó ante la Fiscalía General de la Nación, el 13 de agosto de
2004, a informar la desaparición de su hermano Jorge Enrique Carvajal Vergara
el 7 de agosto de 2004 (Fl. 456-457 cuaderno de pruebas), de acuerdo con el
Formato Nacional para búsqueda de personas desaparecidas, allegando una
foto y la descripción morfológica, con lo cual se dio inicio a indagación
preliminar. (Fl. 469-471 cuaderno de pruebas).

De igual forma, obra prueba que el 8 de agosto de 2004, la Fiscalía 44 de la
URI de Ibagué tuvo conocimiento de la existencia de un cuerpo sin vida en la
Vereda Chucuní, realizándose levantamiento del cadáver como un ciudadano
N.N. practicando necropsia No. 2004P-00284 del 9 de agosto de dicha
anualidad. Es así como, sin obtener prueba de la identidad del asesinado se
profiere resolución inhibitoria de 14 de enero de 2005. (Fl. 71 cuaderno
pruebas).

Posteriormente, mediante oficio de 15 de septiembre de 2011, la oficina de NN
y Desaparecidos del Instituto Nacional de Medicina Legal informa a la Fiscalía
44, que el cadáver no identificado con protocolo de necropsia 284- 2004 fue
identificado mediante cotejo dactiloscópico fehaciente como Jorge Enrique
Carvajal Vergara (Fl. 33-34 cuaderno pruebas) Mediante Resolución de 22 de
agosto de 2012, la Fiscalía 12 Seccional, al considerar que, como en su
momento, es decir 2004, se adelantó investigación por homicidio y desaparición
forzada a la par, pero sin que se lograra establecer que se trataba de la misma
persona, dispuso, entre otros, unir las dos investigaciones. (Fl. 71 cuaderno
pruebas)-

De acuerdo con lo indicado en la demanda, el 16 de julio de 2012, se le informó
a la familia del señor Carvajal Vergara, de manera extraoficial, que el mismo fue
encontrado sin vida el 8 de agosto de 2004. (Hecho 10 de la demanda, folio 253
cuaderno principal).

Como se aprecia, es el Instituto Nacional de Medicina Legal quien tenía la
competencia para el reconocimiento del cuerpo del ciudadano N.N. y no la
Fiscalía General de la Nacional, la cual únicamente podía informar que
correspondía al señor Carvajal Vergara, con el informe de Medicina Legal.

Recuérdese que lo que se endilga en la demanda a la Fiscalía General de la
Nación es la omisión de informar la muerte, siendo necesario para ello, en
primer lugar, establecer que el cuerpo encontrado el 8 de agosto de 2004 era el
del desaparecido señor Carvajal Vergara, reconocimiento que únicamente
podía hacer el Instituto Nacional de Medicina Legal como se ha indicado.

Ahora bien, dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, figuraba hasta el
año de 1987 la División de Medicina Legal, división que en virtud del decreto
0055 de 1987, pasó a convertirse en Dirección General del mencionado
ministerio. Naturaleza ésta que conservó hasta cuando entró en vigencia la
Constitución de 1991, que, en su artículo transitorio 27, le asignó la
denominación de establecimiento público adscrito a la Fiscalía General de la
Nación integrándola a ésta. Disponen los incisos 5 y 6 del artículo transitorio 27.

La Dirección Nacional de Medicina Legal del Ministerio de Justicia, con sus
dependencias seccionales, se integrará a la Fiscalía General de la Nación como
establecimiento público adscrito a la misma.

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Las dependencias que se integren a la Fiscalía General pasarán a ella con todos
sus recursos humanos y materiales, en los términos que señale la ley que la
organice.

Así, a partir de 1991, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses como
establecimiento público del orden nacional, se le reconoció autonomía
administrativa; personería jurídica y patrimonio independiente, características
propias de los establecimientos públicos, para cumplir la función principal de
prestar auxilio y soporte técnico y científico a la administración de justicia en
todo el territorio nacional, en lo concerniente a medicina legal y las ciencias
forenses (artículos 160 del decreto 2699 de 1991 y 48 del decreto 261 de 2000),
bajo el entendido que, dotado de autonomía administrativa, patrimonial y con
personería jurídica distinta de la del Estado, se facilitaría la labor técnica de este
ente, reconociéndose entonces, la importancia de su tarea como auxiliar en la
adecuada, pronta y recta administración de justicia.

La disposición constitucional fue desarrollada por el artículo 31 de la Ley 270
de 1996, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 31. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Adscrito a
la Fiscalía General de la Nación funciona el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, como una entidad de derecho público, dotada de personería
jurídica, con autonomía administrativa y patrimonial y organizado con el carácter de
establecimiento público de orden nacional.

El instituto está encargado de prestar auxilio y soporte técnico y científico a la
administración de justicia en todo el territorio nacional en lo concerniente a medicina
legal y las ciencias forenses, de organizar y dirigir el Sistema Único de Medicina Legal
y Ciencias Forenses y controlar su funcionamiento y de cumplir las demás funciones
que le atribuya la ley.»

La Corte, en la sentencia C-1505 de 2000, explicó el sentido de la adscripción
de funciones a la Fiscalía General de la Nación y la forma como se armoniza
con el carácter de establecimiento público que tiene el Instituto:

(…).

Así las cosas, al tratarse de un establecimiento público, dotado de personería
jurídica, con autonomía administrativa y patrimonial y organizado con el carácter
de establecimiento público de orden nacional, podía comparecer por si solo al
proceso, pese a estar adscrito a la Fiscalía General de la Nación.

(…).

Así las cosas, cuando se encuentra suficientemente establecida, como en este
caso, la no acreditación de la relación jurídica sustancial por cuya indemnización
se reclama, resulta necesario declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva en lo que a este aspecto respecta, tal y como lo planteó el Procurador
Delegado ante esta Corporación.

Por último, en gracia de discusión, aún entrando a estudiar el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por la mora en dilucidar que el
cuerpo N.N. encontrado correspondía al señor Carvajal Vergara, es claro que
la Fiscalía General de la Nación, no podía hacer nada hasta obtener el resultado
de reconocimiento producido por el Instituto de Medicina Legal.

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Acorde con lo expuesto, la Sala REVOCARÁ el fallo de primera instancia y en
su lugar, deberá declarar probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva y negar las pretensiones de la demanda.

Para la Sala, en el fallo atacado no se incurrió en el defecto fáctico alegado, pues
no se evidencia no se evidencia una valoración indebida o irrazonable de las
pruebas o de la aplicación de normas inexistentes o inconstitucionales que violen
los preceptos de la Constitución Política por parte del Tribunal Administrativo del
Tolima en su decisión.

En efecto, el tribunal accionado, con base en la jurisprudencia de esta Corporación
-aplicable a los casos como el de objeto de análisis-, estableció que (transcripción
literal):

la legitimación en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios
para obtener sentencia favorable a las pretensiones contenidas en la demanda
y, por lo tanto, desde el extremo activo significa ser la persona titular del interés
jurídico que se debate en el proceso, mientras que, desde la perspectiva pasiva
de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto llamado a responder a
partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés que es objeto de
controversia.

Por consiguiente, la legitimación material en la causa alude a la participación
real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de
la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que
hayan sido demandadas.

En el fallo de segunda instancia proferido por el mencionado tribunal, de
conformidad con los argumentos de apelación de la parte demandada en el proceso
de reparación directa, se planteó como problema jurídico, establecer si estuvo
acertada o no la decisión del a quo, al haber accedido a las pretensiones de la
demanda por la omisión de informar la muerte del señor Jorge Enrique Carvajal
Vergara, o si, por el contrario, debía revocarse la decisión en tanto no se
encontraban acreditados los elementos de la responsabilidad.

Al desarrollar lo anterior, la autoridad judicial indicó que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 290 de la Ley 600 de 2000, en caso de fallecimiento de
personas sin identificar, el funcionario judicial debía hacer pesquisas en la zona con
el fin de obtener información útil para la identificación, e igualmente, deberá proveer
las medidas pertinentes para que el caso sea reportado al Sistema Médico Legal,

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Radicación número: 110010315000202204267 00
Accionante: Olga Castro Torres y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

organizado y controlado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.

Como consecuencia, luego del recuento de las actuaciones realizadas por la
Fiscalía General de la Nación por la desaparición del señor Carvajal Vergara,
concluyó que el Instituto Nacional de Medicina Legal tenía la competencia para el
reconocimiento del cuerpo del ciudadano N.N. y no la Fiscalía General de la
Nacional, la cual únicamente podía informar que correspondía al señor, con el
informe de Medicina Legal.

De acuerdo con lo anterior, se consideró, de manera razonada, con fundamento en
normas legales y vigentes para la época de los hechos, que en el caso objeto de
discusión, la entidad demandada carecía de legitimación en la causa por pasiva.

En ese sentido, la Sala estima que la determinación de negar las pretensiones de
la demanda, al considerar que no había legitimación en la causa -por pasiva- de la
Fiscalía General de la Nación, devino de un análisis con una carga argumentativa
válida y razonable, propia de la autonomía del operador judicial, que, además, se
fundamentó en pronunciamientos del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

Resulta importante aclarar que el juez constitucional no puede entrar a suplantar al
juez ordinario, máxime si, como se advirtió, la interpretación que se realizó de la
normativa es razonable, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte
Constitucional:

5.2.2. De este modo, para efectos de armonizar las garantías constitucionales
de independencia y autonomía judicial, eficacia de los derechos
fundamentales y supremacía constitucional, que resultan tan importantes para
la estructura del Estado social de derecho, sin que se sacrifiquen unas a costa
de las otras, la jurisprudencia constitucional ha señalado algunas premisas
con base en las cuales debe analizarse la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra sentencias cuando se reprochan interpretaciones
judiciales, a saber: (i) el juez constitucional no puede suplantar al juez
ordinario; (ii) el juez de conocimiento tiene amplia libertad interpretativa en
materia de valoración probatoria conforme al artículo 187 del Código de
Procedimiento Civil, hoy artículo 176 del Código General del Proceso, y en el
análisis y determinación de los efectos de las disposiciones normativas
aplicables al caso concreto; (iii) la discrecionalidad judicial nunca puede
confundirse con la arbitrariedad judicial y, (iv) las interpretaciones razonables

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Radicación número: 110010315000202204267 00
Accionante: Olga Castro Torres y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

y proporcionadas del juez de conocimiento deben primar sobre las que
consideraría viables el juez de tutela6.

Asimismo, para la Sala resulta evidente que los tutelantes buscan un nuevo análisis
de los aspectos definidos por el juez natural de la causa que en la presente acción
se plantearon, entre otros, los mismos argumentos que dieron lugar a la
interposición de la demanda de reparación directa que giraron en torno a
discusiones sobre la responsabilidad de la entidad demandada.

Se concluye, por tanto, que la autoridad judicial accionada, en ejercicio del principio
de autonomía funcional, analizó el acervo probatorio allegado al proceso ordinario,
que, a pesar de no resultar favorable al ahora accionante, no se puede predicar que
esa labor y, por ende, la decisión de segunda instancia fueran contrarias a derecho.
Lo que sí encuentra la Subsección es el claro propósito de los accionantes es reabrir
el debate que ya terminó, en forma válida, en sede del juez natural de la causa.

Por lo expuesto, la Subsección negará el amparo solicitado, tras considerar que no
se configuraron los defectos planteados en la demanda de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

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Corte Constitucional, sentencia SU 949 del 4 de diciembre de 2014, M.P. María Victoria Calle
Correa.
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Radicación número: 110010315000202204267 00
Accionante: Olga Castro Torres y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

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