Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04287-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04287-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04287-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
24 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04287-00
Actor: Fernando Enrique Carvajal Vergara
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04287-00
Demandante: FERNANDO ENRIQUE CARVAJAL VERGARA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa. Defectos orgánico y procedimental absoluto.
Excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva que
fue declarada de oficio en trámite de segunda instancia
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Fernando Enrique Carvajal Vergara contra el Tribunal
Administrativo del Tolima con el objeto de que se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción, igualdad, de acceso a la
administración de justicia, y los principios de congruencia y tutela judicial efectiva,
los cuales considera vulnerados con la sentencia de 10 de febrero de 2022 que
revocó la de 23 de agosto de 2018 que había declarado la responsabilidad
administrativa y patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios
derivados del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y, en su
lugar, declaró probada la excepción falta de legitimación en la causa por pasiva,
dentro del trámite del medio de control de reparación directa promovido con el fin
de acceder a la indemnización de los perjuicios derivados de la omisión de
informar oportunamente sobre la muerte del señor Jorge Enrique Carvajal
Vergara, quien había sido reportado como desaparecido desde el 7 de agosto de
2004.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El actor relató que su hermano Jorge Enrique Carvajal Vergara desapareció el 7
de agosto de 2004, lo cual denunció el día 13 del mismo mes y año ante la
Fiscalía Seccional de Ibagué, a través del Formato Nacional para Búsqueda de
Personas Desaparecidas en el cual se registraron las características físicas y se
anexó una fotografía.
Refirió que a los pocos días de la desaparición de su hermano, un hombre sin
identificar contactó a su familia y les exigió dinero para liberarlo para liberarlo.
Afirmó que aquél sujeto tenía los documentos personales e identificó la ropa y el
vehículo en el que se movilizaba el día de los hechos, por lo que creyeron en su
relato y le entregaron el dinero, sin embargo, jamás se produjo la liberación
prometida.
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Manifestó que durante ocho años su madre fue diariamente a la Fiscalía
Seccional de Ibagué para preguntar por los resultados de las investigaciones y los
funcionarios del CTI le indicaban que no tenían información. Afirmó que él se
dedicó a buscarlo directamente, lo que le implicó renunciar a su trabajo.
Señaló que el día 16 de julio de 2012, de manera extraoficial, un funcionario de la
Fiscalía Seccional de Ibagué le informó que su hermano había sido hallado
muerto al otro día de que se reportó su desaparición.
Indicó que esa información fue confirmada en la revisión del expediente No.
169.996 de la Fiscalía 44 Seccional Unidad de Reacción Inmediata,
correspondiente a la investigación preliminar por el delito de homicidio de un
hombre no identificado, en el que estaba incorporada la Inspección Técnica al
Cadáver No. 277 de 8 de agosto de 2004, protocolo de Necropsia No 2004P-
00284 de 9 de agosto de 2004, así como el Oficio No. 4498 de 10 de septiembre
de 2004 dirigido al CTI para obtener información acerca de personas reportadas
como desaparecidas e indicando las características de la persona reportada como
NN.
Aseveró que mediante Oficio No. 2926 FGN CTI SC NNS Y DESAP de 23 de
septiembre de 2004, el CTI contestó que no existían personas reportadas como
desaparecidas con las características del cadáver reportado como NN.
Adujo que en el expediente No. 175784-3 a cargo de la Fiscalía Tercera Seccional
de Ibagué, se encontraba incorporado un informe de misión de 31 de agosto de
2004, en el que se indica que en el sistema de sección de criminalista donde se
registran las inspecciones de cadáver no se encontró alguno que presente las
características de la persona reportada como desaparecida.
Señaló que junto a los señores Lelly Del Socorro Vergara Arrieta, Jorge Carvajal
Vélez, Fernando Enrique Carvajal Vergara y Sergio Alejandro Castro Torres, en
ejercicio del medio de control de reparación directa promovieron demanda contra
la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de que se declarara administrativa
y patrimonialmente responsable por los perjuicios derivados de la omisión de
informar que su hermano reportado como desaparecido había sido encontrado
muerto desde desde el 8 de agosto de 2004, y adelantar una investigación
respecto del homicidio del que fue víctima.
Concretamente, en el escrito de tutela, el actor aseveró que en demanda de la
reparación directa reprocharon que “a pesar de haber tenido conocimiento la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN del hecho del desaparecimiento de JORGE
ENRIQUE CARVAJAL VERGARA (Q.E.P.D) y haber efectuado la inspección
técnica al cadáver de fecha 8 de agosto de 2004, no desplegó actividad diligente
alguna tendiente a informar y dar avance a la investigación penal,
ocasionándonos perjuicios irremediables de naturaleza material y moral,
sometiéndonos a un dolor inconmensurable al no haber informado de este hecho
a pesar de tener el registro de la denuncia por desaparecimiento”.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Ibagué, que por sentencia de 23 de agosto de 2018 accedió a las
pretensiones de la demanda y declaró a la Fiscalía General de la Nación
responsable por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y,
en consecuencia, la condenó a indemnizar los perjuicios derivados de ello.
Por último, mencionó que ambas partes presentaron recurso de apelación que fue
resuelto por el Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia de 10 de febrero
de 2022, en el sentido de revocar la decisión recurrida y, en su lugar, declaró
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probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto se
demandó a la Fiscalía General de la Nación siendo “el Instituto Nacional de
Medicina Legal quien tenía la competencia para el reconocimiento del cuerpo del
ciudadano N.N y no la Fiscalía General de la Nacional, (SIC), la cual únicamente
podía informar que correspondía al señor Carvajal Vergara, con el informe de
Medicina Legal”.
2. Fundamentos de la acción
El actor promovió acción de tutela con el fin de que se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, igualdad, de acceso a
la administración de justicia, así como los principios de congruencia y tutela
judicial efectiva, los cuales consideró vulnerados con la sentencia de 10 de febrero
de 2022 que revocó la de 23 de agosto de 2018 que había declarado a la Fiscalía
General de la Nación responsable administrativa y patrimonialmente por los
perjuicios derivados del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
y, en su lugar, declaró probada la excepción falta de legitimación en la causa por
pasiva, dentro del trámite del medio de control de reparación directa promovido
contra la Fiscalía General de la Nación cuyo propósito era acceder a la
indemnización de los perjuicios derivados de la omisión de informar
oportunamente sobre la muerte del señor Jorge Enrique Carvajal Vergara, quien
había sido reportado como desaparecido desde el 7 de agosto de 2004.
En primer término, se refirió al cumplimiento de los presupuestos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales. En ese sentido, señaló que el
asunto tiene relevancia constitucional porque se alega vulneración de los derechos
fundamentales vulnerados por la autoridad judicial accionada al abstenerse de
emitir un pronunciamiento de fondo en el trámite de segunda instancia en el
proceso de reparación directa, lo que conlleva la denegación del acceso a la
administración de justicia.
De otra parte, aseveró que se agotaron todos los mecanismos extraordinarios de
defensa judicial, pues la sentencia cuestionada fue proferida en segunda instancia
y se interpuso en un término razonable, teniendo en cuenta que la misma se dictó
el 10 de febrero de 2022.
En ese orden, alegó la configuración de los siguientes defectos:
• Defecto orgánico. Adujo que este defecto se habría configurado porque el
Tribunal Administrativo del Tolima no tenía competencia para declarar
probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Al respecto, explicó que conforme con lo expresado en el artículo 175 de la
Ley 1437 de 2011, la oportunidad para declarar probada la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva es cuando se profiere sentencia
anticipada y no cuando se resuelve el recurso de apelación.
De acuerdo con ello, adujo que la autoridad judicial accionada debió
adoptar una decisión de fondo sobre la litis y analizar las pruebas que
obraban en el expediente dirigidas a demostrar que la Fiscalía General de
la Nación incurrió en defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia al tramitar la denuncia formulada por la desaparición de su
hermano. Ello porque aun cuando la misma entidad adelantaba la
investigación por el homicidio de su hermano reportado como
desaparecido, pero bajo persona no identificada, la desconexión de las
áreas correspondientes les impidió relacionar ambos casos.
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• Defecto procedimental absoluto. Consideró que esta causal se configuró
porque el Tribunal accionado declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva de manera oficiosa, sin que la parte
demandada la hubiera alegado y en una etapa del proceso en la que no
era procedente porque en el trámite de segunda instancia le correspondía
resolver de fondo los recursos de apelación promovidos por ambas partes
contra la sentencia de primera instancia.
Del mismo modo, indicó que desconoció la fijación del litigio señalado en la
audiencia inicial en primera instancia, lo que constituyó el objeto del
proceso de reparación directa.
También, en este punto, afirmó que no existe coherencia entre lo pedido, lo
probado y lo debatido en el proceso con la sentencia proferida en segunda
instancia. En ese sentido, expresó lo siguiente:
“Lo anterior se evidencia, en que sin ni siquiera haber advertido cuál era la
FIJACIÓN DEL LITIGIO, LAS PRUEBAS PRACTICADAS, TESTIMONIOS Y
DOCUMENTALES, procedieron a anular y cercenar los derechos mínimos
fundamentales de la parte demandante, con interpretaciones que no se
compadecen con un proceso que perduró en el tiempo por más de 8 años,
evidenciándose el incumplimiento a los DEBERES DEL JUEZ, relativo a hacer
efectiva la IGUALDAD de las partes en el proceso, incurriendo en el SACRIFICIO
DE UN DERECHO de mayor rango.
En efecto, la sentencia proferida por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
TOLIMA de forma NOVEDOSA, INTEMPESTIVA Y VIOLATORIA declaró
probada una excepción de oficio, sin realizar el análisis procesal que su
competencia funcional le demandaba, simplificando el trámite de un proceso
iniciado desde el año 2014, sacrificando lo actuado en más de 8 años de
proceso.
NUNCA en ninguna etapa del proceso, se mencionó por ninguna de las partes
los hechos a los que refirió el Tribunal para declarar probada la excepción, nunca
fue propuesta por LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y menos aún
probada o debatida, actuando el Tribunal accionado en defensa de la entidad,
defensa que no hizo ni la misma Fiscalía, con el sacrificio de los derechos de una
de las partes”.
A partir de las razones expuestas, la parte actora concluyó que la autoridad judicial
demandada vulneró los derechos fundamentales invocados.
3. Pretensiones
El accionante formuló las siguientes:
“1. Solicito al Despacho TUTELAR mis derechos fundamentales vulnerados a la
IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA, CONTRADICCION Y
EFECTIVO ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
2. Se DECLARE SIN VALOR NI EFECTO la SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
de fecha 10 de febrero de 2022 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
TOLIMA dentro del medio de control ACCION DE REPARACION DIRECTA promovido
por FERNANDO ENRIQUE CARVAJAL VERGARA Y OTROS contra LA NACION –
FISCALIA GENERAL DE LA NACION, Expediente No. 73001-33-33-002-2014-00532-
01 (365-2019) y se ordene al citado Tribunal DECIDIR DE FONDO la litis y resolver los
recursos interpuestos, garantizando los derechos fundamentales de la parte aquí
accionante, conforme al material probatorio recaudado y sujetándose a la fijación del
litigio determinado por el Juez de primera instancia”.
4. Pruebas relevantes
Obran como tales los siguientes documentos:
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Actor: Fernando Enrique Carvajal Vergara
• Copia de la sentencia de 10 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima.
• Copia de la sentencia de 23 de agosto de 2018, dictada por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué.
Del mismo modo, obra copia digitalizada del expediente No 73001-33-33-002-
2014-00532-01 correspondiente al medio de control de reparación directa, actor:
Jorge Carvajal Vélez y otros.
5. Trámite procesal
Por auto de 11 de agosto de 2022, el despacho de la Magistrada Sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada,
así como al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, a la Nación –
Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y a los señores Jorge Carvajal
Vélez, Sergio Alejandro Castro Torres y Lelly del Socorro Vergara Arrieta, como
terceros interesados en el resultado del proceso.
Asimismo, dispuso oficiar al Tribunal Administrativo del Tolima y al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, en el evento de que el expediente
hubiese sido devuelto, para que allegara copia digitalizada del proceso No. 73001-
33-33-002-2014-00562-01, demandante: Fernando Enrique Carvajal Vergara y
otros.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 88139 a 88144 de
17 de agosto de 20221, 93778 de 31 de agosto de 20222, JAS-3003 de 31 de
agosto de 20223 con el fin de notificar a las partes.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Tolima
El Magistrado ponente de la decisión cuestionada manifestó que por los mismos
hechos cursó una acción de tutela en la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado expediente 110010315000-202204267-00, actora: Olga Castro
Torres, en representación de su hijo Sergio Alejandro Carvajal Castro.
En ese orden, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, al
considerar que no se vulneró el debido proceso alegado por el actor, lo cual
sustentó en las razones expresadas en la sentencia cuestionada la cual
transcribió in extenso.
1
La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados
a las siguientes direcciones de correo electrónico: quiliuss@hotmail.com, cafercol@hotmail.com,
humanizandoderechos@gmail.com, stadtol@cendoj.ramajudicial.gov.co,
sgtadmintol@notificacionesrj.gov.co, des04tatol@cendoj.ramajudicial.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co,
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co, jur.novedades@fiscalia.gov.co,
adm02ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co, jadmin02ibe@notificacionesrj.gov.co,
info@cendoj.ramajudicial.gov.co.
2
Notificada al correo electrónico jasolanog@gmail.com,
3
Enviada por correo físico a los señores Jorge Carvajal Vélez, Fernando Carvaja l Vergara, Lelly
del Socorro Vergara Arrieta, a la carrera 4 Estadio No 37ª-23 Barrio Santa Helena.
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Actor: Fernando Enrique Carvajal Vergara
6.2. Respuesta del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué
El titular del despacho judicial expresó que no fue quien expidió la sentencia de 23
de agosto de 2018, sin embargo, señaló que la decisión adoptada por su
antecesor no desconoce el ordenamiento jurídico y se encuentra debidamente
fundamentada.
Así las cosas, indicó que se atiene a lo que se decida en el trámite de la acción de
tutela.
6.3. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Ibagué
El director seccional solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, bajo
el argumento de que el actor acude al mecanismo de protección constitucional
con el objeto de reabrir el debate agotado en el proceso judicial ordinario, en tanto
no sustentó las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
Asimismo, consideró que no se cumple el presupuesto de la inmediatez porque la
sentencia cuestionada fue proferida en el “mes de febrero de 2022” y la acción de
tutela fue radicada el “mes de agosto de 2022” por lo que, a su juicio, se superó el
plazo de seis meses.
6.4. Las demás autoridades y personas vinculadas al trámite constitucional como
terceros con interés guardaron silencio, aun cuando fueron notificados en debida
forma del auto admisorio de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Cuestión previa. Sobre la posible temeridad
2.1. El Tribunal Administrativo del Tolima advirtió una posible temeridad, en razón
a que en la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado se tramitó una
acción de tutela contra la misma sentencia objeto de reproche constitucional en el
presente proceso.
Al respecto, la Sala advierte que no se presenta duplicidad de acciones de tutela
por cuanto verificadas las actuaciones de ese trámite constitucional se evidencia
que no existe identidad de partes en el asunto bajo estudio y el proceso referido
por la autoridad judicial accionada, que corresponde al expediente radicado con el
No. 11001031500020220426700 y que culminó con sentencia de 9 de septiembre
de 2022. En efecto, en este último la accionante fue la señora Olga Castro Torres,
quien actuó como representante legal de su menor hijo Sergio Alejandro Carvajal
Castro y el actor no fue vinculado al mismo.
2.2. Sobre la improcedencia de la acción de tutela por duplicidad de acciones o
por conducta temeraria, resulta importante señalar que de acuerdo con lo
establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, “cuando, sin motivo
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expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes (…)”.
En armonía con el anterior precepto, se prevé que quien acude a este mecanismo
de protección constitucional, efectúe el juramento de no haber presentado otra
petición idéntica. De esta manera, se busca salvaguardar el principio de seguridad
jurídica que resguarda las decisiones adoptadas por los jueces de la República,
así como mantener los efectos de la cosa juzgada que implica “que las partes no
puedan discutir de nuevo sus pretensiones cuando ellas fueron resueltas, toda vez
que dicho principio concede a las sentencias el carácter de inmutables, definitivas,
vinculantes y coercitivas”.
De acuerdo con ello, para constatar la duplicidad de acciones de tutela
corresponde al juez constitucional verificar la existencia de los siguientes
elementos: identidad de partes, de hechos, de pretensiones y ausencia de
justificación en la presentación de la nueva demanda, lo que no ocurre en esta
oportunidad.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Tolima
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción,
igualdad, de acceso a la administración de justicia, así como los principios de
congruencia y tutela judicial efectiva, con la sentencia de 10 de febrero de 2022
que revocó la de 23 de agosto de 2018 y, en su lugar, declaró probada de oficio la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, dentro del trámite del
medio de control de reparación directa promovido contra la Fiscalía General de la
Nación con el objeto de acceder a la indemnización de los perjuicios derivados de
la omisión de informar sobre la muerte del señor Jorge Enrique Carvajal Vergara,
quien había sido reportado como desaparecido desde el 7 de agosto de 2004, al
incurrir supuestamente en los defectos orgánico y procedimental absoluto.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos4 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos5, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20126, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20147, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
4
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
5
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
6
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
7
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico9; (ii) Defecto procedimental absoluto10; (iii)
Defecto fáctico11; (iv) Defecto material o sustantivo12; (v) Error inducido13; (vi)
Decisión sin motivación14; (vii) Desconocimiento del precedente15 y (viii) Violación
directa de la Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte
Constitucional17.
8
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
9
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
10
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
11
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
12
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
13
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
14
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa
la legitimidad de su órbita funcional.
15
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
16
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016
00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº
2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P.
Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04287-00
Actor: Fernando Enrique Carvajal Vergara
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela es de relevancia
constitucional, pues debe definirse si la autoridad judicial accionada vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, igualdad, de
acceso a la administración de justicia y los principios de congruencia y tutela
judicial efectiva con la sentencia de 10 de febrero de 2022 que revocó la de 23 de
agosto de 2018 que había accedido a las pretensiones de la demanda y, en su
lugar, declaró probada, de oficio, la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, dentro del trámite del medio de control de reparación directa
promovido contra la Fiscalía General de la Nación con el objeto de acceder a la
indemnización de los perjuicios derivados de la omisión de informar
oportunamente sobre la muerte del señor Jorge Enrique Carvajal Vergara, quien
había sido reportado como desaparecido desde el 7 de agosto de 2004, al incurrir
supuestamente en los defectos orgánico y procedimental absoluto. La pretensión
de la parte actora no es darle continuidad a la discusión legal que fue resuelta por
los jueces ordinarios, sino que el debate propuesto se refiere al contenido, alcance
y goce de las garantías constitucionales invocadas.
Además, (ii) el actor no cuenta con otro medio de defensa judicial para reclamar la
protección constitucional de los derechos fundamentales invocados, en tanto la
sentencia cuestionada fue proferida en segunda instancia; (iii) a diferencia de lo
señalado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Ibagué, se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que la sentencia de 10
de febrero de 2022 se notificó el 18 de febrero de 2022 y la acción de tutela se
radicó el 4 de agosto de 2022, esto es, transcurridos cinco (5) meses y diecisiete
(17) días, dentro del término prudencial precisado por esta Corporación y la Corte
Constitucional18; (iv) se identificaron de manera razonable los hechos que
generaron la supuesta vulneración de los derechos fundamentales y (v) la acción
no se dirige contra un fallo de tutela.
Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la
Sala entrará a efectuar el estudio de fondo del asunto bajo consideración.
5.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos alegados
5.2.1. El actor promovió acción de tutela con el fin de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, igualdad, de
acceso a la administración de justicia, así como los principios de congruencia y
tutela judicial efectiva, los cuales consideró vulnerados con la sentencia de 10 de
febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que revocó la
de 23 de agosto de 2018 que había accedido a las pretensiones de la demanda y
declaró a la Fiscalía General de la Nación responsable por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia y, en su lugar, declaró de oficio
2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre
otras.
18
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios
S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Actor: Fernando Enrique Carvajal Vergara
probada la excepción falta de legitimación en la causa por pasiva, dentro del
trámite del medio de control de reparación directa promovido contra la Fiscalía
General de la Nación para acceder a la indemnización de los perjuicios derivados
de la omisión de informar oportunamente sobre la muerte del señor Jorge Enrique
Carvajal Vergara, quien había sido reportado como desaparecido desde el 7 de
agosto de 2004.
Concretamente, consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos orgánico y procedimental absoluto, al declarar probada de oficio la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva sin tener competencia
para ello pues, a su juicio, no es posible adoptar esa decisión en el trámite de
segunda instancia y sin que lo hubiera propuesto la parte demandada. Asimismo,
consideró que se desconoció la fijación del litigio en primera instancia.
5.2.2. En efecto, la Sala observa que los señores Jorge Carvajal Vélez, Lelly del
Socorro Vergara Arrieta, Fernando Enrique Carvajal Vergara y Sergio Alejandro
Castro Torres representado por la señora Olga Castro Torres presentaron
demanda de reparación directa contra la Nación, Fiscalía General de la Nación
con el objeto de que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial
de la entidad demandada por los perjuicios derivados de “la omisión de informar
la muerte del señor Jorge Enrique Carvajal Vergara” y que, como
consecuencia, se ordenara pagar la respectiva indemnización.
De igual forma, se advierte que en la audiencia inicial celebrada el 14 de abril de
2016, se fijó el litigio en los siguientes términos:
“4- FIJACIÓN DEL LITIGIO
Teniendo en cuenta que no se tuvo por contestada la demanda por parte de la Fiscalía
General de la Nación, el despacho consideró que partiendo del fundamento fáctico
planteado en el libelo introductorio, en el proceso de la referencia el litigio debía
plantearse en los siguientes términos:
¿Existe o no responsabilidad de la Nación – Fiscalía General bajo el título de
imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, debido a la
supuesta negligencia de dicha entidad al no corroborar la información contenida en la
denuncia por desaparecimiento del extinto JORGE ENRIQUE CARVAJAL VERGARA
con la inspección técnica a cadáver y protocolo de necropsia elaborado por dicha
entidad para el mes de agosto de 2004, lo cual conllevó a que su familia se enterara de
su muerte aproximadamente 8 años después de su ocurrencia, lo cual les generó
según la demanda graves afectaciones de orden psicológico y económico?
La anterior decisión quedó notificada en ESTRADOS.
Se CORRIÓ TRASLADO a los apoderados de las partes y al Agente del Ministerio
Público, quienes manifestaron su acuerdo con el anterior planteamiento, por lo que se
procedió a continuar con el trámite de la audiencia”.
En primera instancia, por sentencia de 23 de agosto de 2018, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Ibagué accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda y declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Fiscalía
General de la Nación por la infracción a los deberes funcionales en el ejercicio de
la actividad material y el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, ordenó indemnizar los perjuicios morales por la alteración grave a las
condiciones de existencia.
Al respecto, evidenció que se produjo un daño moral causado por la negligencia
de la Fiscalía General de la Nación a los familiares del señor Jorge Enrique
Carvajal Vergara, quienes tuvieron que soportar por doce años la incertidumbre de
lo ocurrido con él luego de su desaparición el 7 de agosto de 2004, en tanto pese
a que la entidad tenía la información de que el 8 de agosto de 2004 había sido
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hallado muerto como NN, y el 18 de marzo de 2011 por medio del cotejo
dactiloscópico realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, se determinó que el cadáver era del señor Carvajal Vergara, solo hasta
el 16 de julio de 2012 por una fuente extraoficial la familia se enteró de ello.
Consideró que ese daño era imputable a la Fiscalía General de la Nación porque
incurrió en un error que se configuró en una culpa grave, a lo que agregó que no
desarrolló sus funciones investigativas que condujeron a suministrar información
errada a los familiares del señor Jorge Enrique Carvajal Vergara. Para efectos de
fundamentar ese argumento, se refirió a los siguientes elementos probatorios
obrantes en el expediente:
• El 13 de agosto de 2004 el señor Fernando Carvajal Vergara diligenció el
Formato Nacional para Búsqueda de Personas Desaparecidas No 104-4 en
el que indica las características morfológicas de su hermano desaparecido
y anexa una fotografía reciente.
• Asimismo, se observó que el 31 de agosto de 2004 dentro de la
investigación preliminar No 175784-3 ante la Oficina de NN y
Desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de Tolima la
madre del señor Jorge Enrique Carvajal Vergara rindió declaración
relatando las circunstancias que rodearon su desaparición.
• Por Oficio de FGN.CTI.SC Desp: No 2529 de 31 de agosto de 2004 el
Técnico Judicial I bajo la revisión del Jefe de Sección de Criminalística
aseveró que se llevó a cabo el cruce de información y búsqueda del
desaparecido, para lo cual se revisó el sistema de la Sección de
Criminalística donde se registran todas las inspecciones a cadáver
identificados y no se encontró uno que corresponde al señor Jorge Enrique
Carvajal Vergara y que, de igual forma, de manera manual se verificó las
carpetas llevadas en la Oficina de NN donde reposan los cadáveres no
identificados arrojando resultados negativos.
• Se evidenció que la Fiscalía Tercera Seccional de Ibagué dentro del
expediente No 175784-3 de 6 de octubre de 2004 inició investigación
preliminar con relación a la desaparición del señor Jorge Enrique Carvajal
Vergara, sin embargo, por auto de 27 de abril de 2005, se declaró la
suspensión provisional de la investigación y el archivo del expediente por
cuanto habían transcurrido más de seis meses sin poder identificar
presuntos autores o participes de las conductas punibles investigadas.
• La Fiscalía Primera Especializada destacada ante los Grupos Gaula abrió
investigación No 176035 por el delito de secuestro del señor Jorge Enrique
Carvajal Vergara por los mismos hechos, la que fue suspendida de manera
provisional y archivada por auto de 11 de julio de 2005. Posteriormente, por
auto de 12 de junio de 2006 dispuso la remisión del expediente para que se
investigaran los hechos por el delito de desaparición forzada teniendo en
cuenta que no se presentaron las condiciones para continuar la
investigación por el delito de secuestro.
• La Fiscalía Tercera Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito
conoció de dicha causa. Por auto de 19 de octubre de 2006 se abstuvo de
iniciar la instrucción en las diligencias previas adelantadas en averiguación
de los responsables y archivó el proceso.
• El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Dirección
Seccional Tolima, mediante oficio DSTLM-DRSUR-05344-2016 de 2 de
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Actor: Fernando Enrique Carvajal Vergara
mayo de 2016 señaló que el 9 de agosto de 2004 se encontró un cadáver
en condición de no identificado con Acta de inspección a cadáver No 277 y
fue radicado con Protocolo de Necropsia No. 2004P-00284 y quedó bajo
custodia del instituto en las bóvedas del cementerio Central y,
posteriormente, fue identificado por el laboratorio de Lofoscopia de Bogotá
como Jorge Enrique Carvajal Vergara y fue informada la Fiscalía Seccional
de Ibagué mediante Oficio Bo 05NML de 15 de septiembre de 2011.
En dicha providencia se advierte que se dio por no contestada la demanda por
parte de la Fiscalía General de la Nación, por cuanto el abogado que la presentó
no adjuntó el respectivo poder.
Inconformes con esa decisión ambas partes la apelaron. La Fiscalía General de la
Nación manifestó su desacuerdo, en términos generales y sin referirse a las
particularidades del caso concreto, al señalar que no se estructuran los elementos
establecidos en el ordenamiento jurídico para determinar la responsabilidad del
Estado por falla en el servicio. La parte demandante controvirtió la negativa de
acceder a la indemnización de los perjuicios por el daño a la salud mental que
sufrieron los familiares del señor Jorge Enrique Carvajal Vergara.
En el trámite de segunda instancia intervino el Ministerio Público, a través de
concepto rendido por el Procurador 27 Judicial II Administrativo, quien consideró
que existía falta de legitimación en la causa por pasiva teniendo en cuenta que
conforme con lo establecido en la Ley 938 de 2004, corresponde al Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses la identificación de los cadáveres
inicialmente reportados como NN y no a la Fiscalía General de la Nación. Del
mismo modo, precisó que aun cuando el citado Instituto hace parte de la
estructura de la Fiscalía General de la Nación, tiene régimen jurídico propio.
De igual forma, acusó de desproporcionada la tasación de los perjuicios morales,
en tanto se aplicaron criterios establecidos en el ordenamiento jurídico en caso de
muerte lo cual no constituye la materia del caso que se examina, pues el daño que
se imputaba a la Fiscalía General de la Nación no es la muerte sino la mora en la
identificación del cadáver.
El Tribunal Administrativo del Tolima por sentencia de 10 de febrero de 202219,
revocó la sentencia de 23 de agosto de 2018 proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Ibagué y, en su lugar, declaró probada de oficio la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Fiscalía
General de la Nación y negó las demás pretensiones de la demanda.
Para efectos de fundamentar esa decisión señaló que “si lo pretendido por el
demandante es atribuir responsabilidad a la Nación - Fiscalía General de la Nación
“por la omisión de informar la muerte del señor Carvajal Vergara” lo cierto es que
no es esta entidad la encargada de realizar el reconocimiento de los cuerpos
reportados como NN y en tal sentido mal podía informar con certeza sobre la
muerte, sin el informe del Instituto Nacional de Medicinal Legal y Ciencias
Forenses”.
Al respecto, explicó que el artículo 290 de la Ley 600 de 2000 se advierte que en
caso de fallecimiento de personas sin identificar el funcionario judicial deberá
hacer pesquisas en la zona, con el fin de obtener información útil para la
identificación e igualmente deberá proveer las medidas pertinentes para que el
caso sea reportado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
19
Uno de los magistrados se apartó de la decisión.
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Explicó que a partir de 1991, dicho instituto tiene la naturaleza de establecimiento
público del orden nacional con autonomía administrativa, personería jurídica y
patrimonio independiente.
5.2.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que el actor alegó la
configuración de los defectos orgánico y procedimental absoluto, los cuales la
Sala analizará de manera conjunta teniendo en cuenta que los argumentos
expresados en la demanda para fundamentarlos son similares.
Sobre el defecto procedimental absoluto, la Corte Constitucional ha precisado
que tiene lugar siempre que, en desarrollo de la actividad judicial, el funcionario se
aparte de manera evidente y grotesca de las normas procesales aplicables. Al
desconocer completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez
termina produciendo un fallo arbitrario que vulnera derechos fundamentales.
También se ha admitido que, en forma excepcional, éste puede configurarse
debido a un exceso ritual manifiesto, a consecuencia del cual el juez resta o anula
la efectividad de los derechos fundamentales por motivos excesivamente
formales.
Es decir, que se configura cuando el funcionario judicial se aparta por completo del
procedimiento legalmente establecido para el trámite de un asunto concreto, bien
sea porque: i) sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida
equivoca la orientación del asunto ii) omite etapas sustanciales del procedimiento
establecido, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes
del proceso. También por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el
funcionario arguye razones formales a manera de un impedimento, que
sobrevienen en una denegación de justicia.
Por su parte, el defecto orgánico se configura cuando el funcionario que profiere
determinada decisión carece de manera absoluta de la competencia para hacerlo.
En sentencia T-267 de 201320, la Corte Constitucional dijo que “el defecto orgánico
tiene un carácter: (i) funcional, cuando la autoridad judicial extralimita de forma
manifiesta el ámbito de las competencias otorgadas tanto por la Carta Política
como por la ley; o (ii) temporal, cuando los jueces a pesar de contar con ciertas
atribuciones para realizar determinada conducta, lo hace por fuera del término
consagrado para ello. Por lo anterior, cuando un operador judicial desconoce los
límites temporales y funcionales de la competencia, configura un defecto orgánico
y en consecuencia vulnera el derecho fundamental al debido proceso”.
5.2.4. El actor consideró que el Tribunal Administrativo del Tolima, como juez de
segunda instancia, no tenía competencia para declarar probada de oficio la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues a su juicio, es algo
que solo puede declararse mediante sentencia anticipada en los términos del
numeral 3 del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, y no en el momento en que
se define el recurso de apelación. Sobre ese particular, expresó lo siguiente:
“2. En concordancia con lo anterior, el Artículo 182 A establece que se proferirá
SENTENCIA ANTICIPADA cuando se encuentre acreditada, entre otros, la excepción
de falta manifiesta de legitimación en la causa, sin embargo dentro del proceso de
autos, dicha excepción se declaró probada en el sentencia que decidiría de fondo la litis
y por tanto los recursos de apelación interpuestos contra la decisión de primera
instancia, lo cual vulneró abiertamente nuestros derechos fundamentales.
3. El Tribunal se encontraba impedido legalmente para declarar probada la excepción
por fuera de la oportunidad contenida en la sentencia anticipada, por el contrario, lo
hizo en la sentencia ordinaria que debía decidir de fondo el proceso, con la resolución
de los recursos de apelación”.
20
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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En esa misma línea, consideró que la autoridad judicial accionada actuó al margen
del procedimiento establecido para el trámite de segunda instancia dentro del
medio de control de reparación directa, al omitir un pronunciamiento de fondo
sobre los recursos de apelación presentados contra la sentencia de primera
instancia que era la actuación que le correspondía adelantar al Tribunal
Administrativo del Tolima. Al respecto, señaló lo siguiente:
“3. El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA se apartó de su deber funcional, al
no decidir de fondo la litis con la resolución de los recursos interpuestos y contrario a
ello, vulnerando las etapas propias del juicio contencioso administrativo, por fuera de la
oportunidad de proferir una sentencia anticipada, procedió a violentar nuestros
derechos, pronunciándose respecto de una excepción no interpuesta por ningún sujeto
procesal y sin haber sido objeto de contradicción.
4. Se abstuvo completamente el Tribunal accionado de analizar y estudiar las pruebas
legal y oportunamente recaudadas, omitió su deber de fallar de FONDO un proceso
instaurado por falla del servicio derivada de la omisión del Estado de cumplir con sus
funciones constitucional y legalmente asignadas, en donde su competencia se limitaba
a resolver los recursos ordinarios de apelación y emitir sentencia de fondo, lo cual no
hizo.
Adicionalmente, desconoció el Tribunal lo actuado ante el Juez de primera instancia, en
cuanto no analizó la fijación del litigio en la forma en que quedó determinado en la
etapa procesal correspondiente, esto es:
¿Existe o no responsabilidad de la Nación-Fiscalía General bajo el título de imputación
de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, debido a la supuesta
negligencia de dicha entidad al no corroborar la información contenida en la denuncia
por desaparecimiento del extinto JORGE ENRIQUE CARVAJAL VERGARA con la
inspección técnica a cadáver y protocolo de necropsia elaborado por dicha entidad para
el mes de agosto de 2004, lo cual conllevó a que su familia se enterara de su muerte
aproximadamente 8 años después de su ocurrencia, lo cual les generó, según la
demanda, graves afectaciones de orden psicológico y económico?”.
Al respecto, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo del Tolima no actuó
al margen del procedimiento establecido para el trámite de segunda instancia del
proceso de reparación directa, ni tampoco desbordó los límites de su competencia
como superior funcional del Juez Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, ni
se apartó de la fijación del litigio, pues conforme con lo consagrado en el artículo
187 de la Ley 1437 de 2011, la sentencia decidirá sobre las excepciones que
proponga la parte demandada o las que encuentre probadas y esta facultad se
extiende al juez de segunda instancia, aun cuando el a quo no se hubiera
pronunciado al respecto. El texto del citado artículo es el siguiente:
“ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser
motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un
análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios
estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con
brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera
otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el
superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin
perjuicio de la no reformatio in pejus.
Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o
reformar estas.
Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán
tomando como base el Índice de Precios al Consumidor.
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 61 de la Ley 2195 de 2022. El
nuevo texto es el siguiente:> Cuando la sentencia sea declaratoria de responsabilidad
en los medios de control de reparación directa y controversias contractuales y el daño
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haya sido causado por un acto de corrupción, el juez deberá imponer, adicional al daño
probado en el proceso, multa al responsable hasta de mil (1.000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, la cual atenderá a la gravedad de la conducta, el grado de
participación del demandado y su capacidad económica. El pago de la multa impuesta
deberá dirigirse al Fondo de Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción.
En la sentencia se deberán decretar las medidas cautelares que garanticen el pago de
la sanción”.
En esa línea, en sentencia de 5 de marzo de 2021, la Subsección “A” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado21 reiteró que la legitimación en la causa
constituye un presupuesto procesal de la acción que debe ser analizado de
manera oficiosa. Al respecto, expresó:
“La Sala estima que en este caso el recurso extraordinario de revisión no está llamado
a prosperar, toda vez que la legitimación en la causa, en tanto constituye un
presupuesto procesal de la acción, debe ser analizada de manera oficiosa y, por tanto,
no está supeditada al principio de la no reforma en peor.
(…)
En línea con lo anterior se ha pronunciado la Sala Plena de esta Sección del Consejo
de Estado:
19. Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del
ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera
que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para
revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de
manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde
luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir
una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la
causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por
el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada22 (se
destaca)”.
De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que, contrario a lo considerado por
el actor, aun cuando el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué no
se hubiera pronunciado sobre la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, la cual no fue alegada por la parte demandada, el Tribunal
Administrativo del Tolima estaba facultado para hacerlo, pues expresamente el
artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 habilita dicha facultad.
Ahora bien, el actor reprocha que no se hubiese efectuado un pronunciamiento de
fondo sobre las pretensiones de la demanda, sin embargo, al declararse probada
la excepción resultaba improcedente un estudio de fondo sobre la litis.
En esa línea, desde un escenario constitucional, la Sala no advierte en la decisión
de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, una actuación
caprichosa o irrazonable que conlleve el desconocimiento de las garantías
fundamentales invocadas por el accionante en la solicitud de amparo.
Ello, porque la decisión de declarar probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva se encuentra fundamentada en las pretensiones
expresadas en la demanda de reparación directa en los siguientes términos:
“1. Se declare que los demandados, valga indicar, LA NACIÓN COLOMBIANA –
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, son patrimonial, administrativa y
extracontractualmente responsables por todos y cada uno de los perjuicios
21
M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Expediente 11001-03-26-000-2019-00144-00.
22Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia de 6 de abril de 2018, exp. 46.005, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
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ocasionados a los actores según hechos que más adelante se indicaran, con relación
a la omisión de informar la muerte del señor JORGE ENRIQUE CARVAJAL
VERGARA (Q.E.P.D.) quien en vida se identificó con la cédula número (…).
Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad deprecada en la pretensión
anterior, se condene a los demandados a pagar en favor de los demandantes o de
quien sus derechos represente, los siguientes o similares perjuicios sin que la tasación
de los mismos sea considerada como una limitante para que se reconozcan los
mayores valores que resulta probados a saber: (…)” (Negrilla fuera del texto original)
Ahora bien, a partir de lo anterior, el Tribunal Administrativo del Tolima dentro de
los límites de la autonomía judicial, comprendió que si la causa del daño respecto
del cual se pretendía el reconocimiento de la indemnización era la falta de
información sobre la muerte del señor Jorge Enrique Carvajal Vergara, esa
competencia estaba asignada legalmente al Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses que es la entidad encargada de realizar el reconocimiento de
los cuerpos reportados como NN, a quien le corresponde prestar auxilio y soporte
científico y técnico a la administración de justicia en todo el territorio nacional, en
lo concerniente a medicina legal y las ciencias forenses en el marco de las
funciones expresamente señaladas en la Ley 938 de 2004.
En definitiva, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo del Tolima no
incurrió en los defectos orgánico y procedimental absoluto alegados, al decidir en
el trámite de segunda instancia declarar probada de oficio la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva. Por lo tanto, se negarán las pretensiones de la
acción de tutela promovida por el señor Fernando Enrique Carvajal Vergara.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el
señor Fernando Enrique Carvajal Vergara, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
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(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
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