Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-04343-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-04343-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-04343-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
9 de febrero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04343-00 (6959)
Recurrente: Gaseosas LUX S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 16
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04343-00 (6959)
Recurrente: GASEOSAS LUX S.A.S.
Asunto: Causal 5° del artículo 250 del CPACA - Nulidad originada en la
sentencia
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala Especial de Decisión No. 16 decide en única instancia el recurso
extraordinario de revisión formulado por la Sociedad Gaseosas LUX S.A.S1. contra
la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el quince (15)
de julio de dos mil veintiuno (2021), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho No. 54001-23-31-000-2012-00228-01 (25233).
I. ANTECEDENTES
1. Antecedentes relevantes del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 54001-23-31-000-2012-00228-01 (25233)
1.1. El veinticinco (25) de mayo de dos mil doce (2012)2, a través de apoderado
judicial, la Sociedad Gaseosas Hipinto S.A.S., en calidad de sociedad absorbente
para ese momento de la empresa Gaseosas La Frontera S.A., presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando la anulación de: i) la
Liquidación Oficial de Revisión No. 072412010000068 de 2010, por medio de la cual
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) modificó la
1 Tal y como se precisa en el acápite de antecedentes de esta providencia, la sociedad Gaseosas
LUX S.A.S. absorbió a la sociedad Gaseosas Hipinto S.A.S., que, a su vez, había absorbido a la
empresa Gaseosas La Frontera S.A. y, en esa calidad, promovió la demanda de nulidad y
restablecimiento en la que se expidió la providencia que aquí se acusa.
2 Folio 27 del PDF denominado “RECIBEPRUEBAS_NYR120022” del índice 28 de SAMAI.
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Recurrente: Gaseosas LUX S.A.S.
declaración del impuesto sobre la renta privada presentada por la sociedad
Gaseosas La Frontera para el año gravable 2008, y ii) la Resolución No. 900007 de
2012, mediante la cual la referida entidad resolvió el recurso de reconsideración
presentado contra dicha liquidación. A título de restablecimiento, solicitó que se
dejara en firme la declaración privada presentada y se ordenara la devolución del
saldo a su favor.
Como sustento fáctico de su demanda, la parte actora puso de presente los
siguientes hechos:
• En abril de 2009 la sociedad Gaseosas La Frontera S.A. presentó
declaración de renta para el año gravable 2008 con los siguientes valores
y reglones:
Ingresos no operacionales $228.908.000
Ingresos netos $67.859.284.000
Renta líquida gravable $1.227.335.000
Impuesto a cargo $406.094.000
Saldo a pagar 0
Saldo a favor $457.609.000
• De conformidad con la anterior declaración, la sociedad solicitó a la DIAN
la devolución del saldo a favor. Sin embargo, la autoridad no procedió en
ese sentido, sino que decidió abrir investigación por cuanto, al comparar
los ingresos declarados en las ventas del año 2008 (6 bimestres de IVA) y
en la declaración de renta privada para esa misma anualidad, observó una
diferencia de un menor valor declarado por la suma de $1.426.899.000.
• El diecisiete (17) de diciembre de dos mil diez (2010), la DIAN expidió la
Liquidación Oficial No. 072412010000068, en la que incluyó la suma de
$1.426.899.000 ─correspondiente al valor de venta de unas acciones que
poseía Gaseosas La Frontera S.A. en las sociedades Valorem S.A y
Coltefinanciera S.A.─, y modificó la liquidación privada así:
Ingresos no operacionales $1.655.807.000
Renta líquida gravable $2.654.234.000
Sanción por inexactitud $710.947.000
Saldo a pagar $724.414.000
• Inconforme con esta decisión, la sociedad presentó recurso de
reconsideración argumentando, entre otras razones, que la diferencia de
valores en la glosa de ingresos no operacionales se justificaba por los
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ajustes por inflación, en tanto el valor de la venta no fue incluido en la
declaración de renta, pero sí en los ingresos de venta del año 2008,
específicamente en los 6 bimestres de IVA del año 2008. Igualmente,
sostuvo que no era procedente la inclusión del valor de las ventas de las
acciones debido a que éstas generaron pérdida, para lo cual explicó que
los “1.043.302.193 surgen del valor de los ajustes por inflación realizados
sobre los costos de adquisición o costos históricos de las acciones
enajenadas”.
• Dicha impugnación fue decidida por la DIAN mediante Resolución No.
900007 del 24 de enero de 2012, en la que explicó que los argumentos de
la sociedad no resultaban atendibles, pues la supuesta pérdida generada
por la venta de las acciones ni siquiera había sido reconocida fiscalmente
y era, en todo caso, inferior a los ajustes por inflación de la venta
($1.043.302.000)3, de manera que debía incluirse este último valor como
ingreso no operacional. En consecuencia, la DIAN modificó nuevamente la
declaración así:
Ingresos no operacionales $1.272.210.000
Renta líquida gravable $2.270.637.000
Impuesto a cargo $750.383.000
Sanción por inexactitud $550.862.000
Saldo a pagar $437.542.000
La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se presentó bajo la causal
de violación al debido proceso prevista en el artículo 730 del Estatuto Tributario,
alegando que la liquidación oficial de revisión y la resolución mediante la cual se
3 Específicamente la entidad indicó: “De tal forma no puede el contribuyente argumentar que el valor
del menor ingreso detectado corresponde a una pérdida generada por ajustes por inflación sobre
inversiones, cuando ni siquiera reconoció fiscalmente el valor de dicha pérdida, adicionalmente si
ello fuera así el valor de la pérdida deducible sería el monto arrojado por tal concepto en la operación
de venta, pero nunca una cuantía superior, pues se debe anotar que la pérdida generada por tal
concepto fue de $882.698,337, mientras que los ajustes por inflación de esas inversiones fueron de
$1.043.302.000, por tanto tal valor no puede ser justificante de la diferencia. // La comparación de
los ingresos en ventas con los ingresos en renta, tiene su fuente en el artículo 26 del Estatuto
Tributario, en el que claramente se señala que para efectos de determinar la renta líquida se deben
(sic) tomar la sumatoria de todos los Ingresos y detraer de estos las devoluciones; rebajas y
descuentos, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los costos y las
deducciones, por lo cual cuando se concilian estos se debe indicar los ingresos declarados en uno
y otro caso, a efectos de determinar las diferencias halladas, pero en el presente caso los ajustes
por inflación sobre las inversiones, no fueron declarados en ventas ni tampoco en renta, por lo cual
no tiene justificación alguna la explicación dada por el recurrente. // Finalmente y si se aceptara que
los ajustes por inflación sobre las inversiones, pueden llegar a ser un menor ingreso en renta, se
observa que el articulo 26 ibídem, de ninguna forma autoriza a detraer directamente del ingreso
valores que puedan ser procedentes como costos o deducciones, por lo cual no se puede argumentar
que el efecto es el mismo (pues el resultado final - renta líquida - sería igual), lo cual sería violatorio
de la Ley.”. Folio 50 del PDF denominado “RECIBEPRUEBAS_NYR1200228”, visible a índice 28 de
SAMAI.
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Recurrente: Gaseosas LUX S.A.S.
resolvió el recurso de reconsideración de dichos actos habían sido expedidos con
falsa motivación por ausencia de fundamentación fáctica y carencia de calificación
jurídica de los hechos establecidos4.
Así, la parte actora adujo que la DIAN no explicó cuáles fueron los hechos concretos
que llevaron a adicionar la diferencia establecida entre los ingresos declarados en
las ventas y en la declaración de renta y, además, desconoció los ajustes por
inflación efectuados a la venta de las acciones, ajustes que si bien no se incluyeron
en la declaración de renta del año 2008, se plasmaron en los ingresos de ventas de
ese mismo año precisamente porque constituían una deducción al momento de la
venta, con lo cual se confundieron dos conceptos distintos.
Igualmente, aseguró que la autoridad tributaria erró al adicionar al renglón de
ingresos brutos no operacionales lo correspondiente a la venta de las acciones de
Valorem y Coltefinanciera, porque esos dineros no estaban gravados con el
impuesto de renta sino con el de ganancia ocasional, en tanto las acciones habían
sido poseídas por más de dos años, en los términos de los artículos 26 y 300 del
Estatuto Tributario5. Finalmente, sostuvo que la sanción por inexactitud no era
procedente, pues la actuación de la DIAN no se fundó en los supuestos de hecho
que contempla el artículo 647 del Estatuto Tributario para proceder en ese sentido6.
4 Demanda disponible a folios 3 a 27 del PDF denominado “RECIBEPRUEBAS_NYR1200228”,
visible en el índice 28 de SAMAI.
5 “ARTICULO 26. LOS INGRESOS SON BASE DE LA RENTA LIQUIDA. La renta líquida gravable
se determina así: de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año
o período gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el
momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente exceptuados, se restan las
devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos
se restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se
obtiene la renta bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene
la renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se aplican
las tarifas señaladas en la ley. (…)
ARTICULO 300. SE DETERMINA POR LA DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO DE ENAJENACIÓN
Y EL COSTO FISCAL DEL ACTIVO. Se consideran ganancias ocasionales para los contribuyentes
sujetos a este impuesto, las provenientes de la enajenación de bienes de cualquier naturaleza, que
hayan hecho parte del activo fijo del contribuyente por un término de dos años o más. Su cuantía se
determina por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo fiscal del activo enajenado. // No
se considera ganancia ocasional sino renta líquida, la utilidad en la enajenación de bienes que hagan
parte del activo fijo del contribuyente y que hubieren sido poseídos por menos de 2 años.
PARAGRAFO. Para determinar el costo fiscal de los activos enajenados a que se refiere este
artículo, se aplicarán las normas contempladas en lo pertinente, en el Título I del presente Libro. //
PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 124 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto
es el siguiente:> No se considera activo fijo, aquellos bienes que el contribuyente enajena en el giro
ordinario de su negocio. A aquellos activos movibles que hubieren sido poseídos por el contribuyente
por más de 2 años no le serán aplicables las reglas establecidas en este capítulo.”.
6 Se transcribe la norma vigente al momento de la interposición de la demanda: “ARTICULO 647.
SANCIÓN POR INEXACTITUD. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias,
la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o
actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos,
exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general,
la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las Oficinas de
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Recurrente: Gaseosas LUX S.A.S.
1.2. Mediante sentencia de veintiocho (28) de junio de dos mil diecinueve (2019), el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró la nulidad de los actos
demandados y, a título de restablecimiento del derecho, declaró la firmeza de la
declaración de renta privada presentada para el año gravable 2008 por la sociedad
Gaseosas La Frontera S.A. Sin embargo, negó la devolución del saldo a favor.
Como fundamento de su decisión, el Tribunal consideró que la DIAN incurrió en la
causal de nulidad de falsa motivación, pues apreció los hechos en una dimensión
equivocada, en tanto la venta de las acciones no generó utilidad sino pérdida y el
ajuste por inflación era deducible y no renta líquida gravable. En consecuencia,
consideró procedente dejar en firme la declaración privada presentada por la parte
actora. Sin embargo, estimó que no podía ordenarse la devolución del saldo a favor
solicitado “toda vez que si bien es cierto los actos administrativos demandados se
encuentran viciados de nulidad, también lo es que la sociedad demandante omitió
declarar en la declaración de renta en cuestión los ingresos correspondientes a la
venta de acciones de Coltefinanciera y Valorem, por lo tanto, mal haría la Sala en
acceder a dicha pretensión derivando un beneficio para la contribuyente con
fundamento en lo que, sin lugar a dudas, fue la omisión de ingresos susceptibles de
ser gravados con renta líquida.”7.
Impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se
derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o
responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolución,
sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior. // La sanción
por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a
pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el
contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se
genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente. // Sin perjuicio de las sanciones de
tipo penal vigentes, por no consignar los valores retenidos, constituye inexactitud de la declaración
de retenciones en la fuente, el hecho de no incluir en la declaración la totalidad de retenciones que
han debido efectuarse, o el efectuarlas y no declararlas, o el declararlas por un valor inferior. En
estos casos la sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) del valor
de la retención no efectuada o no declarada. // En el caso de las declaraciones de ingresos y
patrimonio, la sanción por inexactitud será del veinte por ciento (20%), de los valores inexactos por
las causales enunciadas en el inciso primero del presente artículo, aunque en dichos casos no exista
impuesto a pagar. // La sanción por inexactitud a que se refiere este artículo, se reducirá cuando se
cumplan los supuestos y condiciones de los artículos 709 y 713. // No se configura inexactitud,
cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias, se derive de errores de
apreciación o de diferencias de criterio entre las Oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la
interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y
verdaderos. // <Inciso final derogado por el artículo 83 de la Ley 49 de 1990> // PARÁGRAFO.
<Parágrafo adicionado por el artículo 28 de la Ley 1393 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:>
Las inconsistencias en la declaración del impuesto de renta y complementarios derivadas de la
información a que hace referencia el parágrafo 1o del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 sobre aportes
a la seguridad social será sancionable a título de inexactitud, en los términos del presente Estatuto
Tributario.”.
7 Folios 152 a 185 del PDF denominado “RECIBEPRUEBAS_NYR1200228”, índice 28 de SAMAI.
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Recurrente: Gaseosas LUX S.A.S.
1.3. Inconforme con lo anterior, la DIAN presentó recurso de apelación solicitando
la revocatoria de la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que los
actos acusados no se expidieron con falsa motivación y que en ellos se expusieron
las razones de hecho y de derecho que originaron la modificación de la liquidación
privada8. En especial, alegó que la venta de las acciones sí debía incluirse en la
declaración como ingreso no operacional en tanto “no se puede argumentar que el
valor del menor ingreso detectado corresponde a una pérdida generada por ajustes
por inflación sobre inversiones, cuando ni siquiera el contribuyente reconoció
fiscalmente el valor de dicha pérdida”9.
1.4. El quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021), la Sección Cuarta del Consejo
de Estado dictó sentencia de segunda instancia en la que revocó la decisión del a
quo y, en su lugar, declaró la nulidad parcial de los actos demandados; a título de
restablecimiento del derecho, la autoridad judicial reajustó la sanción por inexactitud
a cargo de la demandante.
Como fundamento de su decisión, la Sala empezó por señalar que el estudio se
circunscribiría a establecer si resultaba procedente o no la adición del rubro de
ingresos no operacionales, tal y como se incluyó por la DIAN en los actos
demandados por la venta de las acciones.
Al respecto, advirtió demostrado que dicha adición se originó en la diferencia
detectada entre los ingresos incluidos en la declaración de ventas de los 6 bimestres
de 2008 y la declaración de renta de ese mismo año, lo que, de acuerdo con el
artículo 26 del Estatuto Tributario, mostraba que la demandante había omitido incluir
tales ingresos en la declaración bajo examen. En ese sentido, la Sala consideró que
la adición era procedente y que la parte actora no solo no había logrado desvirtuar
los hallazgos de mayores valores, sino que había reconocido que omitió referenciar
tal importe porque lo incluyó en otro renglón.
Además, preciso que “como prospera la apelación de la entidad demandada, por
debido proceso, correspondería estudiar los cargos de la demanda que no fueron
abordados por el a quo. Sin embargo, comoquiera que la sentencia de primera
8 Folios 189 a 203 del documento PDF ibidem.
9 En este sentido explicó “si ello fuera así, el valor de la pérdida deducible sería el monto arrojado
por tal concepto en la operación de venta pero nunca una cuantía superior, pues se debe anotar que
la pérdida generada por tal concepto fue de $882.698.337, mientras que los ajustes por inflación de
esas inversiones fueron de $1.043.302.000 pesos, por tanto tal valor no puede ser justificante de la
diferencia; hecho que fue desconocido por la Sala Escritural del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.”
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Recurrente: Gaseosas LUX S.A.S.
instancia estudió todos los motivos de violación propuestos en la demanda, se
impondría revocar la decisión apelada, para, en su lugar, denegar las pretensiones.
No obstante, la demandada calculó la sanción por inexactitud del 160% sobre la
diferencia entre el valor a pagar determinado y el declarado (…).”.
Sobre este último asunto, la Sala consideró que si bien la sanción era procedente
porque se incluyeron datos equivocados que derivaron en un menor saldo a pagar,
en aplicación del principio de favorabilidad debía ser aplicada la sanción consagrada
del artículo 647 del Estatuto Tributario tal y como fue modificada por la Ley 1819 de
2016, la cual disminuyó el valor del 160% al 100% de la diferencia entre el saldo a
pagar o saldo a favor determinado en las liquidaciones oficiales y el declarado por
el contribuyente. Por esa razón, dispuso reducir la sanción inicialmente impuesta,
así:
Valor a pagar determinado sin sanciones $750.383.000
Valor a pagar declarado $406.094.000
Base de cálculo sanción $344.289.000
Tarifa sanción 100%
Sanción por inexactitud $344.289.000
En consecuencia, la Sección revocó los ordinales primero y segundo de la sentencia
apelada, que habían declarado la nulidad de los actos acusados y determinado el
valor de la sanción por inexactitud, para, en su lugar, declarar la nulidad parcial de
los mismos y modificar el monto de la sanción, de conformidad con la liquidación
efectuada por el ad quem10.
2. El recurso extraordinario de revisión
El nueve (9) de agosto de dos mil veintidós (2022), a través de apoderada judicial,
la Sociedad Gaseosas LUX S.A.S., absorbente de Gaseosas Hipinto S.A.S., formuló
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado el quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021),
alegando la materialización de la causal de revisión prevista en el numeral 5° del
artículo 250 del CPACA, esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”11.
10 La sentencia obra a folios 285 a 293 del documento PDF “RECIBEPRUEBAS_NYR1200228”, del
índice 28 de SAMAI. Esta decisión fue objeto de salvamento de voto por parte de uno de los
miembros de la Sala que consideró que no resultaba procedente la adición en el rubro de ingresos
no operacionales, tal y como se incluyó en los actos demandados, como quiera que, a su juicio, la
sociedad demostró que el valor del menor ingreso detectado correspondía a la pérdida generada por
ajustes por inflación.
11 Índice 1 SAMAI, documento descrito como “ED_CORREO_DIEGOMARIO”.
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Como sustento de su recurso, la parte actora alegó que la providencia se profirió
desconociendo el principio de congruencia y vulnerando sus derechos a la defensa
y al debido proceso, lo cual fundamentó en las siguientes consideraciones:
2.1. En primer lugar, sostuvo que “el Juez en segunda instancia debe resolver los
asuntos que fueron objeto de recurso de apelación y una vez revocada la decisión
de primera instancia, debe pronunciarse sobre los asuntos que fueron objeto de
recurso de apelación aun cuando su inferior haya guardado silencio sobre esos
hechos, situación que como se desprende de las actuaciones objeto de este recurso
no ocurrió”.
Señaló que la Sección Cuarta omitió valorar las pruebas que demostraban que la
operación objeto de análisis correspondía a una enajenación de acciones poseídas
por más de dos (2) años, de manera que debió darse aplicación al artículo 300 del
Estatuto Tributario, con lo cual se terminó “desconociendo la deducibilidad de los
ajustes por inflación que nunca fue objeto de discusión dentro del proceso ni del
recurso de apelación (…)”.
Adicionalmente, sostuvo que lo relacionado con “la deducibilidad de los ajustes por
inflación” no fue objeto de apelación, pese a lo cual dicho aspecto fue modificado
por la autoridad de segunda instancia que consideró que el valor de $1.043.302.000,
correspondiente a esos ajustes, era un ingreso; en ese sentido, señaló que “la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, en vulneración al principio de Congruencia
de la Sentencia de Segunda instancia, no solo descarta los argumentos expuestos
en la Sentencia de Primera instancia, sino que revoca la decisión sin entrar a
desvirtuar ni siquiera sumariamente la naturaleza jurídica del ingreso adicionado, ni
mucho menos estudiar de fondo los argumentos de hecho y de derecho que
debieron analizarse con ocasión de la revocatoria de la decisión de primera
instancia.”.
2.2. En segundo término, sostuvo que, a pesar de que el Tribunal expresamente
estableció que en el caso concreto no había lugar a aplicar el artículo 300 del
Estatuto Tributario porque la venta de las acciones no había generado utilidad sino
pérdida para la declarante, la Sección Cuarta omitió analizar dicho asunto al resolver
la alzada y se limitó a adicionar esos ingresos como renta ordinaria desconociendo
que se trataba de una ganancia ocasional, con lo cual, además, se dio “indebida
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aplicación del artículo 300 del Estatuto Tributario”, en lo que calificó como un
“defecto sustantivo”.
2.3. Finalmente, señaló que la Sección Cuarta omitió dar aplicación al parágrafo 2°
del artículo 647 del Estatuto Tributario, de acuerdo con el cual la sanción por
inexactitud no resulta procedente cuando existan divergencias sobre el derecho
aplicable, tal y como sucedió en el caso concreto12.
En ese sentido, aseveró que la Sala debió aceptar la existencia de diferencias de
criterio entre la DIAN y el contribuyente o al menos “un error de apreciación”, lo cual
impedía imponer la sanción por inexactitud.
Por todo lo anterior, solicitó que se declare fundado el recurso extraordinario, se
infirme la sentencia acusada y se disponga la anulación de los actos administrativos
demandados en sede ordinaria, así como que se disponga la firmeza de la
declaración privada del impuesto sobre la renta correspondiente al año 2008 y la
inaplicación de la sanción por inexactitud.
3. Trámite del recurso y oposición
3.1. Por auto de seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022) el recurso fue
admitido y se ordenó la notificación personal de la DIAN, del Ministerio Público y de
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado13.
3.2. Durante el término de traslado, la DIAN se opuso a la prosperidad del recurso
por considerar que no puede predicarse la incongruencia de la sentencia acusada,
debido a que aquella resolvió el recurso de apelación que presentó contra la
decisión del Tribunal cuestionando que se hubiere aceptado la deducción propuesta
por la sociedad contribuyente.
Al efecto, recordó que la sociedad no registró en la declaración de renta del año
2008 los ingresos provenientes de la venta de las acciones que tenía en las
sociedades Valorem S.A y Coltefinanciera S.A., ni la deducción de los ajustes por
inflación y tampoco declaró que correspondieran a una pérdida, lo que justificó la
12 “PARÁGRAFO 2o. No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor saldo a
favor que resulte en las declaraciones tributarias se derive de una interpretación razonable en la
apreciación o interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean
completos y verdaderos.”.
13 Índice 4 de SAMAI. La notificación personal a la DIAN, al Ministerio Público y la ANDJE se surtió
el 11 de octubre de 2022, tal y como consta en el índice 7 de SAMAI.
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actuación administrativa que derivó en la expedición de los actos cuya legalidad fue
parcialmente avalada por la Sección Cuarta. En ese sentido, indicó que la recurrente
no puede alegar ahora su “propia culpa” para lograr la anulación de los actos
acusados, dado que las omisiones en las que incurrió generan per se la adición del
ingreso, en tanto su tratamiento es el de renta ordinaria, lo que torna improcedente
la aplicación del artículo 300 del Estatuto Tributario.
Además, indicó que la conducta que derivó en la imposición de la sanción por
inexactitud no obedeció a una diferencia de criterios entre las partes o a un error de
apreciación, sino a la omisión en la que incurrió la contribuyente14.
Por su parte, el Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado rindió
el Concepto No. 22-363 de veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022),
solicitando que se declare infundado el recurso extraordinario de revisión debido a
que, a su juicio, la sentencia impugnada fue respetuosa del principio de
congruencia, ya que resolvió todos los argumentos propuestos por el apelante único
al estimar procedente la adición de ingresos discutida y analizar lo correspondiente
a la sanción por inexactitud.
En ese sentido, sostuvo que las alegaciones de la recurrente realmente demuestran
su inconformidad con la decisión y el planteamiento de la forma como, a juicio de la
parte actora, debió resolverse este asunto, lo que no puede ser discutido en este
escenario extraordinario15.
3.3. Por auto de veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós (2022), el
Despacho decretó las pruebas del proceso, ordenando al Tribunal Administrativo de
Norte de Santander allegar a este trámite el expediente contentivo de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 54001-23-31-000-2012-00228-0016,
requerimiento que fue atendido17.
3.4. El veintidós de agosto (22) de dos mil veintitrés (2023), el proceso entró al
Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda18.
14 Índice 10 de SAMAI, documento descrito como “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_CONTESTACIONRECRUSO”.
15 Índice 11 de SAMAI.
16 Índice 13 de SAMAI.
17 Índice 28 de SAMAI. Tal y como consta a índice 31 del aplicativo SAMAI, de estos documentos se
corrió traslado sin pronunciamiento de las partes.
18 Índice 32 de SAMAI.
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Recurrente: Gaseosas LUX S.A.S.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala Especial de Decisión No. 16 es competente para tramitar y decidir el
presente recurso extraordinario de revisión, en los términos del inciso primero del
artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)19, en concordancia con lo establecido en el numeral 1º del
artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019 ꟷReglamento Interno de la Corporación20ꟷ,
por tratarse de un recurso contra una sentencia dictada por una Sección del Consejo
de Estado.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la sentencia proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado el quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021), dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 54001-23-31-000-2012-
00228-01 (25233), se encuentra incursa en la causal 5ª de revisión contemplada en
el artículo 250 del CPACA, esta es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales
relacionadas con el recurso extraordinario de revisión y la causal señalada por la
parte recurrente, a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.
3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es una herramienta cuyo propósito es despojar
del carácter inmutable y de cosa juzgada que por regla general tienen las decisiones
judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten
sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte
Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un mecanismo
para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que vulneren
el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”.
19 “ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por
las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. (…)”.
20 “ARTÍCULO 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de
competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: // 1. Los recursos extraordinarios de
revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”.
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Recurrente: Gaseosas LUX S.A.S.
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de
revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la
Ley 1437 de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar
determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al
ordenamiento jurídico21, siempre que se configure alguna de las causales
taxativamente previstas en la ley22. De acuerdo con lo consagrado en el artículo 248
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este
recurso procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y
Subsecciones del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los
jueces administrativos.
Se trata de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia
cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una instancia
adicional, pues este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las
partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir
términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario23.
Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el
análisis de este recurso tiene interpretación restrictiva. En este sentido, la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que
“[c]omo dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial
ejecutoriada, las decisiones que se producen, con ocasión de su interposición, son
de carácter excepcional, restrictivo y están sometidas a las causales
taxativamente previstas en la ley, con el fin de evitar que se convierta en una
tercera instancia.”24 (Se resalta).
21 Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló: “Con todo, el principio
de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material
del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite
en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos
o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede
afirmarse que la revisión se opone al principio ‘res iudicata pro veritate habertur’ para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia
injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y
verdad material, como fines esenciales del Estado”.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013,
radicación 11001-03-15-000-2012-00231-00.
23 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 27, sentencia de 3 de diciembre de 2019,
radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020,
radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).
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Recurrente: Gaseosas LUX S.A.S.
De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos
en la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su
procedencia o crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no solo
desnaturalizaría la excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente
contra la seguridad jurídica.
4. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión
4.1. El numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo contempla como causal de revisión la de “[e]xistir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.”
De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal demanda,
de un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la sentencia y, del otro,
que contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo, debido a que el
legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se ha
configurado una “nulidad originada en la sentencia”, ha sido la jurisprudencia del
Consejo de Estado la que ha dotado de contenido esta disposición25.
Así, esta Corporación ha señalado que esa condición se refiere a situaciones
“originadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes con
influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna
ritualidad sustantiva propia de la actuación”26.
En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, esto
implica corroborar: i) que el vicio alegado se originó en la sentencia, es decir, que
se materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) que la anomalía es
de tal magnitud que configura un defecto insanable de la actuación, al punto que,
de no presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta27.
25 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, radicado
11001-03-15-000-2017-02519-00.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2019, radicado
11001-33-31-035-2008-00180-01.
27 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, sentencia del 14 de agosto de 2018,
radicado 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-00996-00; y Consejo de
Estado, Sala Especial de Decisión No. 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, radicado 11001-
03-15-000-2019-00894-00.
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Recurrente: Gaseosas LUX S.A.S.
Sobre lo primero, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, por
regla general, no es posible “alegar como fundamento del recurso, alguna causa de
nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de
nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y
legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy,
artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo
145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que
observe antes de dictar sentencia’”28. Sin embargo, en algunos casos se ha
aceptado la proposición de la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la
sentencia, siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente,
evento en el que la parte actora debe probar que efectivamente no tuvo la
posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso.
En cuanto a la segunda exigencia, este órgano de cierre ha señalado que son dos
los grupos de anomalías que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado de
la sentencia29: el primero, relacionado con irregularidades que constituyen causal
de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la sentencia y, el
segundo, relativo a los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar
en la vulneración del artículo 29 Superior30.
El primer grupo estaría referido entonces a las causales de nulidad procesal
previstas en el CPACA, en el Código de Procedimiento Civil (CPC) o en el Código
General del Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la
sentencia. El segundo, a la inobservancia de aspectos procesales de tal
transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido proceso 31, lo cual
excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos que conciernan al
contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la forma de aplicación de
una determinada norma.
28 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 13, sentencia del 7 de junio de 2016, radicado
11001-03-15-000-2015-02493-00.
29 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado
11001-03-15-000-1998-00157-01; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, sentencia
del 3 de febrero de 2015, radicado 11001-03-15-000-2011-01639-00; Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión No. 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, radicado 11001-03-15-000-2015-
02342-00, y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 2, sentencia del 1° de octubre de
2019, radicado 11001-03-15-000-2013-02216-00.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, radicado
11001-03-15-000-2007-00653-00. Se toma el resumen de la causal contenido en el radicado No.
11001-03-15-000-2013-00702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida
por la Sala Especial de Decisión No. 10, radicado 11001-03-15-000-2012-00230-00.
31 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019,
radicado 11001-03-15-000-2018-01415-00.
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Recurrente: Gaseosas LUX S.A.S.
Así, según la jurisprudencia de esta Corporación32 y a modo enunciativo, una
nulidad originada en la sentencia por circunstancias distintas a las causales de
nulidad procesal previstas en el CPACA o en el Código General del Proceso puede
acaecer en los siguientes eventos: i) cuando se dicta sentencia en un proceso que
terminó por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido
o interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo; ii) cuando el fallo aparece
firmado por menor o mayor número de magistrados o cuando es adoptado con un
número de votos diferente al previsto en la ley; iii) cuando el fallo viola el principio
de non reformatio in pejus; iv) cuando la sentencia condena a quien no es parte
dentro del proceso; v) cuando el fallo se profiere con falta de competencia o de
jurisdicción; vi) cuando se dicta sentencia con pretermisión de las instancias
procesales previas; vii) cuando el demandado es condenado por cantidad superior
o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la
invocada en ésta; viii) cuando la sentencia carece totalmente de motivación, o ix)
cuando la sentencia carece de congruencia interna o externa.
4.2. Sobre este último asunto, y para lo que interesa a esta causa, debe indicarse
que, la congruencia, como principio, tiene dos manifestaciones concretas: la interna,
que se refiere a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y la
resolutiva de la sentencia, y la externa, que propende porque la decisión contenida
en su parte resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda
y en su contestación33, es decir, que haya identidad jurídica entre lo resuelto y las
pretensiones y excepciones oportunamente presentadas, salvo por las
competencias oficiosas que la ley otorga al juzgador34. Lo anterior, con fundamento
en el artículo 281 del Código General del Proceso35 ꟷque reformó el artículo 305
del CPCꟷ, aplicable por remisión normativa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
32 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 5, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado
11001-03-15-000-2009-00494-00; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de
29 de abril de 2015, radicado 2008-35319-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26,
sentencia del 14 de agosto de 2018, radicado 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión No. 4, sentencia del 23 de julio de 2019, radicado 11001-03-15-000-2018-
04345-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de
2019, radicado 11001-03-25-000-2013-00233-00; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2019, radicado 11001-03-25-000-2014-00325-00, y
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019,
radicado 11001-03-15-000-2019-00894-00.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 1 de marzo de 2018, radicado
11001-03-25-000-2013-00838-00.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de agosto de 2021, radicado
11001-03-26-000-2019-00100-00 (64246).
35 “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y
las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
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Recurrente: Gaseosas LUX S.A.S.
Adicionalmente, y en aplicación del principio “Tantum devolutun quantum
apellatum”, en las sentencias de segunda instancia la incongruencia “también se
patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentación del
recurso (pretensión impugnaticia), que indudablemente corresponde a una
invocación del derecho sustancial controvertido.”36.
Cuando falta esa congruencia externa, se habla de decisiones ultrapetita, que tienen
lugar cuando se reconoce un mayor derecho al pretendido, extrapetita cuando se
reconoce un derecho no reclamado o que siendo reclamado se concede por una
causa distinta al supuesto fáctico y jurídico de la demanda, o infrapetita cuando no
se resuelve algún asunto debidamente planteado37. De fondo, la razón por la cual
procede la nulidad originada en la sentencia cuando se desconoce el principio de
congruencia es porque el fallador excede su competencia, la que, como se ha dicho,
está determinada por las pretensiones y los fundamentos de la demanda, la
contestación y las excepciones propuestas y, tratándose de sentencias de segunda
instancia, por lo indicado en el recurso de apelación, sin perjuicio de los asuntos
intrínsecos que deba resolver el fallador para resolver la litis planteada38.
4.3. Por último, para lo que concierne a este asunto, se advierte relevante señalar
que la violación al debido proceso, previsto en el artículo 29 de la Constitución
Política, puede dar lugar, eventualmente, a la causal de revisión de nulidad
originada en la sentencia, cuando quiera que se presenten irregularidades
procesales que tengan incidencia en la tutela judicial efectiva, como la expedición
de sentencias inhibitorias, para lo cual “corresponderá al juez determinar si el hecho
que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de revisión en
comento”39.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que
aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de
conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. (…)”.
36 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 1° de marzo de 2016, radicado
11001-02-03-000-2012-02126-00, No. interno SC4415-2016.
37 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002, radicado 76001-23-24-
000-1997-04345-01.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de agosto de 2021, radicado
11001-03-26-000-2019-00100-00 (64246).
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01.
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Recurrente: Gaseosas LUX S.A.S.
Lo anterior, con la precisión de que este supuesto debe analizarse de manera
restrictiva, pues no se trata de que al alegar la violación a esta prerrogativa
constitucional se permita controvertir la decisión adoptada por el juez de instancia
pretendiendo una corrección de la sentencia, sino de la materialización de una
irregularidad procesal de tal magnitud que ponga en riesgo el núcleo esencial de
ese derecho40 .
4.4. Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a realizar el
análisis del presente asunto.
5. Caso concreto
De conformidad con lo expresado en el acápite que precede, corresponde
establecer si en la situación objeto de estudio se materializan los supuestos para la
procedencia de la causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
5.1 Al respecto, lo primero que se advierte es que la sentencia del quince (15) de
julio de dos mil veintiuno (2021) que aquí se acusa, no era pasible del recurso de
apelación, en tanto esa decisión se produjo por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado precisamente al resolver la alzada formulada por la entonces parte
demandada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
54001-23-31-000-2012- 00228-01 (25233), de manera que el recurso extraordinario
resulta procedente.
5.2 Ahora bien, como se reseñó, la sociedad recurrente alega que la referida
providencia se encuentra incursa en la causal de nulidad originada en la sentencia
debido a que, según su criterio, esta resulta incongruente y violatoria de sus
derechos a la defensa y al debido proceso, pues se pronunció sobre temas que no
fueron objeto de apelación y, al tiempo, dejó de analizar otros (la naturaleza de los
ajustes por inflación y su deducibilidad, y la aplicación de los artículos 300 y 647,
parágrafo 2, del Estatuto Tributario) que debían ser analizados al disponer la
revocatoria de la sentencia de primera instancia; estos vicios, de haberse
40 Al respecto, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 16, sentencia del 14 de julio de
2025, radicación 11001-03-15-000-2023-05903-00; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 19 de septiembre de 2024, radicación 11001-03-25-000-2022-00333-
00; Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 29 de agosto de 2024,
radicación 11001-03-25-000-2022-00332-00; y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 17 de junio de 2022, radicación 11001-03-26-000-2021-00204-00 (67618).
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Recurrente: Gaseosas LUX S.A.S.
materializado, se habrían configurado en la sentencia, de manera que este requisito
también se encuentra satisfecho.
5.3 Sin embargo, descendiendo al fondo del asunto, la Sala observa que un análisis
de los argumentos planteados por la recurrente permite concluir que ellos, más que
dar cuenta de una alegada incongruencia de la sentencia acusada, están orientados
a demostrar las razones por las que, a su juicio, la declaración privada presentada
en el año 2008 por la entonces sociedad Gaseosas La Frontera S.A. estaba
ajustada al ordenamiento jurídico ─en particular, en cuanto a la forma en que debía
ser registrada la operación de venta de unas acciones, a la posibilidad de efectuar
deducciones por ajustes por inflación y a la improcedencia de la sanción por
inexactitud─, insistiendo en planteamientos que fueron debatidos y decididos en el
proceso ordinario.
En efecto, como se desprende de la revisión del proceso ordinario N° 54001-23-31-
000-2012- 00228-01 (25233), aquél se centró en dilucidar cómo debía registrarse
para el año gravable 2008 y para efectos tributarios, la venta de una acciones
adelantada por la hoy sociedad recurrente, debido a que sobre el punto tanto la
DIAN ─en los actos acusados─ como la contribuyente ─en su declaración privada─
tenían distintas posiciones.
En primera instancia, el Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la
entonces demandante al considerar que, si bien no era procedente incluir el valor
de la venta de las acciones como una ganancia ocasional porque ello no trajo
utilidad sino pérdida para la empresa, resultaba del caso declarar la nulidad de los
actos acusados atendiendo a que el valor adicionado incluía los ajustes por inflación
que sí podían ser deducidos, en tanto la adición solo podía incluir el precio de la
venta de las acciones41. Además, el a quo dispuso negar la solicitud de devolución
41 Específicamente, en la sentencia de primera instancia se dijo: “En ese orden de ideas, observa la
Sala que la venta de las referidas acciones no generó utilidad sino pérdida para la sociedad actora,
pues como se ve, el precio de venta de estas fue ostensiblemente inferior a su costo fiscal; razón
por la cual, en este caso no resulta procedente dar aplicación al Artículo 300 del Estatuto
Tributario que estipula el tratamiento que debe dársele a las acciones que hayan hecho parte del
activo fijo de los contribuyentes por un término de dos años o más, toda vez que en este se indica
que debe considerarse ganancia ocasional la utilidad proveniente de la venta de activos,
circunstancia que, como se ha dicho, no ocurrió en el sub judice.” (resaltado en original). (…) // En
vista de lo anterior, no encuentra la Sala justificación alguna para que la DIAN haya decidido
adicionar la suma de $1.043.302.193 correspondiente a los ajustes por inflación al renglón de
ingresos brutos no operacionales luego de aceptar que dicho valor era deducible, pues el valor que
debió adicionar a dicho renglón es el correspondiente al precio de venta de las acciones, toda vez
que al margen de la pérdida que haya generado dicha transacción, lo cierto es que de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 26 del Estatuto Tributario, el precio en que estas fueron vendidas debe
considerarse ingreso, en la medida en que incrementó el patrimonio del contribuyente.”. Folios 181
y 182 del PDF “RECIBEPRUEBAS_NYR1200228”, índice 28 de SAMAI.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04343-00 (6959)
Recurrente: Gaseosas LUX S.A.S.
de saldo a favor, al advertir que la empresa había omitido declarar el valor de la
venta de las acciones.
Frente a esta decisión, únicamente la DIAN formuló recurso de apelación en el que
expresamente cuestionó la decisión adoptada por el Tribunal bajo el argumento de
que el valor de la venta de las acciones que la sociedad tenía en las sociedades
Valorem S.A y Coltefinanciera S.A., por la suma de $1.043.302.000, sí debía ser
adicionado como “ingresos brutos no operacionales”. Además, sostuvo que no era
posible deducir del impuesto los ajustes por inflaciones, toda vez, que con ello “se
convierte en un mayor ingreso lo que técnicamente es una deducción”, y que,
aunque las pérdidas sí pueden ser deducibles, ello no resultaba posible en el caso
concreto en tanto el contribuyente no había reconocido fiscalmente el valor de dicha
pérdida.
Adicionalmente, la entidad señaló que el artículo 26 del Estatuto Tributario no
autoriza a “detraer directamente del ingreso valores que puedan ser procedentes
como costos o deducciones”, de manera que no resultaba acertado asegurar que
“la diferencia por $1.043.302.00 pesos correspondientes a ajustes por inflación
sobre las inversiones enajenadas durante el año 2008 son justificantes del menor
ingreso detectado en renta”.
Fue en este contexto que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la sentencia
objeto de análisis, explicó que su pronunciamiento se centraría en decidir “sobre la
legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del impuesto
sobre la renta y complementarios presentada por Gaseosas La Frontera S.A (hoy
Gaseosas Hipinto SAS) por el año gravable 2008”, precisando que le correspondía
entonces “establecer si procede la adición de ingresos no operacionales en cuantía
de $1.043.302.000, como lo expone la demandada en calidad de apelante única, en
cuyo caso se estudiarán los cargos que no fueron abordados por el a quo, no sin
antes advertir que la Sala no se pronunciará respecto de la deducción de los ajustes
por inflación, por cuanto la contribuyente y la DIAN coincidieron en que aquella en
su denuncio privado no reconoció fiscalmente dicha pérdida, por lo que escapa del
objeto de pronunciamiento”.
Delimitado así el objeto de análisis, la Sección se pronunció sobre la controversia
planteada en los siguientes términos:
«Descendiendo al caso concreto, consta en el expediente que, mediante
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la liquidación oficial de revisión demandada, la Administración adicionó la
suma de $1.426.399.000 al renglón 43 correspondiente a los «ingresos
brutos no operacionales», a título de ingreso obtenido por la venta de
acciones, el cual fue disminuido a $1.043.302.000, con ocasión del recurso
de reconsideración interpuesto. La referida adición se originó en la
diferencia detectada entre los ingresos declarados en los seis bimestres de
ventas y renta 2008 de la sociedad y en el artículo 26 del ET42.
La demandante, por su parte, indicó que por un error de técnica «el valor
de $1.043.302.000 no lo incluyó como una deducción en el renglón
correspondiente de la declaración de renta, sino que los restó directamente
de los ingresos declarados (…) disminuyendo los ingresos del periodo con
la deducción» y que con ocasión del recurso de reconsideración indicó a la
DIAN que «este error no afecta el cálculo del impuesto, solo representa una
reclasificación en la declaración de renta, si consideran que lo debemos
corregir por favor nos informan».
A su turno, el Tribunal consideró que los actos acusados estaban
falsamente motivados, por cuanto no era procedente la adición de ingresos
por la venta de acciones, en tanto la operación no había generado utilidad,
sino pérdida, y el valor de los ajustes por inflación era deducible y no
constituía renta líquida gravable. Asimismo, indicó que no era aplicable el
artículo 300 del ET.
De acuerdo con los antecedentes reseñados, las partes coinciden en que
la demandante no registró en la declaración de renta del año 2008 los
ingresos provenientes de la venta de las acciones que poseía en Valorem
y Coltefinanciera ni la deducción de los ajustes por inflación relativos a
dichas acciones.
Tras la investigación adelantada por la DIAN, se notó la diferencia entre los
ingresos registrados en renta y ventas por la parte actora, por la suma de
$1.043.302.000, que, al decir de la demandante, correspondía a una
pérdida generada por ajustes por inflación sobre inversiones, respecto de
la cual se presentó una conciliación, para justificar la diferencia, así43:
Ingresos netos en IVA – RENGLONES 34 – 69.286.184
DECL DE IVA
Descuentos condicionados no declarados en IVA -283.253
Menos reintegro provisión -125.193
Menos ingresos por ganancias ocasionales -3.251
Recuperación cálculo actuarial 28.099
Menos ajustes por inflación de acciones de -1.043.302
Valorem y Coltefinanciera
Total ingresos netos renta – RENGLÓN 48 67.859.284
Al respecto, la DIAN consideró que la demandante no podía argumentar
válidamente que el valor del menor ingreso detectado correspondía a la
pérdida generada por ajustes por inflación sobre inversiones, puesto que la
contribuyente no reconoció fiscalmente el valor de dicha pérdida.
Adicionalmente, advirtió que la presunta pérdida deducible, según las
pruebas aportadas, correspondía a $882.698.337, mientras que el menor
ingreso detectado fue de $1.043.302.000, respecto del cual no se justificó
42 Cita en original: “Se precisa que la Administración no cuestionó el valor de los ingresos por la venta
de acciones, ni de los costos asociados a la transacción, sino el hecho de que se hayan omitido
dichos ingresos en la declaración del impuesto sobre la renta.”
43 Cita en original: “Valor informado en miles de pesos.”
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la diferencia, por lo que resultaba procedente la adición de dicho monto a
los ingresos declarados.
En consecuencia, para este caso, se concluye que le asiste razón a la
DIAN, por cuanto la actora no logró desvirtuar los hallazgos, incluso,
reconoció su omisión. De ahí que sea procedente la adición de ingresos
discutida.»44 (negritas en original).
Como se observa, el fallo del quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) resolvió
la controversia de cara a lo debatido a lo largo del proceso, analizando la legalidad
de los actos acusados tanto en punto al tratamiento de la venta de las acciones que
la entonces sociedad Gaseosas La Frontera S.A. tenía en las sociedades Valorem
S.A. y Coltefinanciera S.A. en la declaración de renta, incluyendo lo relativo a los
ajustes por inflación, como respecto de las consecuencias que, en materia de
sanción por inexactitud, ello acarreaba.
Todos estos asuntos fueron parte del debate que se planteó en el trámite ordinario
y, en particular, de las alegaciones formuladas en el recurso de apelación que
presentó la DIAN, por lo que es claro que la decisión que se acusa no solo atendió
las reglas de competencia fijadas en el 328 del CGP para el juez de segunda
instancia45, sino que, contrario a lo sostenido en el recurso extraordinario, definió de
manera completa los aspectos puestos a su consideración, sin que se hubiere
dejado de decidir alguno o se hubieren abarcado temas distintos a los planteados o
ínsitos al debate que le correspondía.
Es de anotar que el hecho de que la Sección Cuarta no haya aludido a unas normas
en particular ─artículo 300 y parágrafo 2° del artículo 647 del Estatuto Tributario─,
como alega la parte actora, no da cuenta de la incongruencia del fallo examinado,
sino que evidencia, más bien, como lo indicó el Ministerio Público, su inconformidad
con la forma en la que se resolvió el asunto y con el hecho de que sus
planteamientos hubieran sido desestimados. Y tampoco puede asegurarse que esa
incongruencia se hubiere derivado de una falta de valoración de las pruebas ya que,
tal y como se desprende de la transcripción de la sentencia acusada, la Sección
Cuarta sí tuvo en cuenta los documentos aportados por las partes, así como lo
discutido en sede administrativa, solo que tales elementos la llevaron a una
conclusión contraria a los intereses de la entonces demandante.
44 Folios 291 a 292 PDF “RECIBEPRUEBAS_NYR1200228”, índice 28 de SAMAI.
45 De acuerdo con el cual la competencia del superior se contrae a “los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley”.
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En este contexto, para esta Sala es claro que la sentencia acusada no adolece de
incongruencia alguna y que, en realidad, los argumentos planteados en el recurso
parecen estar dirigidos a reabrir el debate respecto de aspectos que ya fueron
analizados y resueltos en las instancias correspondientes, con lo cual se está
utilizando esta herramienta como una especie de instancia adicional para
controvertir la decisión de la Sección Cuarta que fue adversa a los intereses de la
sociedad.
Frente a esta situación, debe recordarse que el recurso extraordinario de revisión
no está previsto para insistir en las alegaciones que ya fueron planteadas en el
trámite ordinario, pues este no es un mecanismo para revivir el debate ni para
controlar la legalidad o idoneidad de la decisión con la que se resolvió determinada
controversia46.
En efecto, como lo ha indicado el Consejo de Estado, “(…) este recurso no es una
oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la
deficiencia probatoria. Tampoco es un medio para cuestionar los fundamentos
jurídicos de las providencias. Es decir, el recurso extraordinario de revisión no
puede servir para cuestionar la actividad interpretativa del juez47 o para corregir
errores in iudicando, sino que fue consagrado para discutir y ventilar hechos
procesales específicos que, o incidieron indebidamente en la decisión mediante la
cual se resolvió el litigio ⎯como es el caso de los documentos falsos o
adulterados⎯, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes
para la misma ⎯como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición de una
persona con mejor derecho⎯, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen que
esta última carezca de razón de ser ⎯como en el caso de la causal cuarta⎯, o
deben poder ser objeto de examen judicial ⎯como cuando existe una nulidad
originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación ⎯”.48 (negrilla
fuera de texto).
46 En este mismo sentido y al resolver casos análogos se han pronunciado las Salas Especiales,
entre otras, en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 3,
sentencia del 29 de junio de 2022, radicación 11001-03-15-000-2022-00721-00; Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión No. 3, sentencia del 3 de agosto de 2022, radicación 11001-03-15-000-
2021-11463-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 15, sentencia de 23 de
septiembre de 2022, radicación 11001-03-15-000-2022-02420-00; y Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión No. 6, sentencia del 18 de noviembre de 2022, radicación 11001-03-15-000-
2022-04897-00.
47 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de
2010, radicado 11001-03-15-000-2008-00480-00.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 29 de abril de 2015, radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01 (26239).
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Por lo demás, no observa la Sala que se haya materializado algún vicio que hubiere
transgredido el derecho al debido proceso, como se alegó en el recurso, pues, de
nuevo, los argumentos esgrimidos se refieren no a defectos de procedimiento que
hubieren incidido en esa garantía fundamental, sino a las alegaciones de fondo en
las que sustentó la decisión; en ese sentido, se acredita aquí también que la
intención de la actora es controvertir la decisión acusada atacando sus fundamentos
jurídicos e intentar, por esa vía, que se acceda plenamente a las pretensiones de la
demanda que presentó, lo que, por supuesto, no resulta posible a través de esta
herramienta judicial.
En consecuencia, esta Sala Especial de Decisión debe concluir que en la sentencia
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el quince (15) de julio de dos
mil veintiuno (2021), no se materializó la causal de revisión alegada, por lo que se
declarará infundado el recurso presentado.
6. Costas
Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión de la referencia se
formuló cuando ya estaba en vigencia Ley 2080 de 2021, para resolver sobre las
costas debe darse aplicación al texto del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo con las modificaciones que introdujo dicha
legislación, en concordancia con lo que sobre el punto dispone el Código General
del Proceso.
Así, el inciso final del artículo 255 del CPACA dispone que “[s]i se declara infundado
el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.”
Bajo este entendido, y como quiera que en el presente asunto se encuentra probado
que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ─DIAN─ presentó escrito de
oposición al recurso extraordinario de revisión, la Sala impondrá a cargo de la parte
vencida y en favor de la referida entidad el reconocimiento de agencias en derecho,
de conformidad con los parámetros establecidos en el Acuerdo No. PSAA16-10554
del cinco (5) de agosto de dos mil dieciséis (2016), proferido por el Consejo Superior
de la Judicatura49. Así, atendiendo a la naturaleza, duración y complejidad del
proceso, se fijará por ese concepto a cargo de la recurrente la suma equivalente a
un (1) salario mínimo legal mensual vigente (smlmv).
49 “Artículo 5. Las tarifas de agencias en derecho son: (…) 9. Recursos Extraordinarios. Entre 1 y 20
S.M.L.M.V.”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04343-00 (6959)
Recurrente: Gaseosas LUX S.A.S.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, la Sala Especial de Decisión No.
16, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la sociedad Gaseosas LUX S.A.S. contra la sentencia proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado el quince (15) de julio de dos mil veintiuno
(2021), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 54001-23-
31-000-2012- 00228-01 (25233).
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente incluyendo, por
concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente (smlmv), en favor de la parte contraria que intervino en el proceso
esto es, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ─DIAN─, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 y 255 del CPACA, y 365 y 366 del
CGP.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Consejero Consejera
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Consejera Consejero
Con aclaración de voto
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