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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04402-01

Desconocimiento del precedente: no se configura

Fecha
4 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04402-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04402-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

4 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04402-01

Accionante: LEOPOLDO DÍAZ LEZCANO Y ANGIE PAOLA DÍAZ MENA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (IMPUGNACIÓN)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No se configura / CADUCIDAD DE LA
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS
HUMANOS – Aplicación de la sentencia de unificación sobre la materia.

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por los señores Leopoldo Díaz
Lezcano y Angie Paola Díaz Mena contra la sentencia proferida el 8 de septiembre
de 20221 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de la cual se
negó el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

Los señores Leopoldo Díaz Lezcano y Angie Paola Díaz Mena, actuando en
nombre propio, instauraron demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Chocó y el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la reparación integral.

1
El proceso ingresó al Despacho para decisión de segunda instancia el 5 de octubre de 2022.

1

Radicación número: 11001031500020202204402-01
Accionante: Leopoldo Díaz Lezcano y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

El tutelante elevó las siguientes pretensiones (se trascribe de manera literal con
posibles errores incluidos):

Por lo anterior, solicito, se nos proteja los derechos fundamentales del
DEBIDO PROCESO, EL DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, A LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE
EL DERECHO PROCEDIMENTAL Y A LA REPARACIÓN INTEGRAL,
desconocidos por el Juzgado 1° Administrativo de Quibdó y el Tribunal
Administrativo del Chocó, Ponente Doctora NORMA MORENO MOSQUERA,
dejando sin efectos las decisiones adoptadas dentro del expediente con
radicado No. 2700133330012021-00035-00, más exactamente con la decisión
del 06 de Mayo de 2021 mediante la cual se rechazó la demanda por
caducidad del Medio de Control y la proferida en Segunda Instancia el 11 de
Febrero de 2022 providencia que confirmó la decisión adoptada por el A-quo,
la cual fue notificada el 17 del mismo mes y año y ordenando se admita la
demanda y se le dé el trámite de ley.

2. Hechos

En ejercicio del medio de control de reparación directa, los señores Leopoldo Díaz
Lezcano y Angie Paola Díaz Mena demandaron al Ministerio de Defensa – Policía,
Ejército y Armada Nacional, con el fin de que se les declarara administrativamente
responsables por la muerte de la señora Ana Cecilia Mena Mosquera, quien
falleció en la masacre ocurrida el 2 de mayo de 2002 en el municipio de Bojayá.

Mediante auto de 6 de mayo de 2021, el Juzgado 1 Administrativo Oral de Quibdó
rechazó la demanda, tras considerar que operó el fenómeno jurídico de la
caducidad.

Contra esa decisión, la parte demandante interpuso el recurso de apelación con
base en que los hechos que rodearon la muerte de la Señora Ana Cecilia son
constitutivos de Actos de Lesa Humanidad, operando como consecuencia la regla
de la imprescriptibilidad de la acción judicial y sus efectos extensivos al campo de
la Responsabilidad Estatal con la inoperancia de la caducidad.

El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante proveído del 11 de febrero de
2022, confirmó la providencia que rechazó la demanda por caducidad.

2

Radicación número: 11001031500020202204402-01
Accionante: Leopoldo Díaz Lezcano y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

3. Fundamentos de la demanda

La parte tutelante sostuvo que, con las decisiones referenciadas, las autoridades
judiciales incurren en una vía de hecho y desconocen los lineamientos que, sobre
el tema de la caducidad frente a la vulneración de los Derechos Humanos,
Derechos Internacional Humanitario y delitos de lesa humanidad tiene la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, los cuales obligan al Estado Colombiano,
por haber suscrito la Convención Americana de los Derechos Humanos y/o Pacto
de San José de Costa Rica.

En ese sentido, indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
sentencia del 23 de septiembre de 2021, analizó el fenómeno de la caducidad en
asuntos donde han ocurrido violaciones a los derechos humanos, resolviendo el
caso de la FAMILIA JULIEN GRISONAS VS ARGENTINA, la cual, debía aplicarse
a su caso.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

4.1. Mediante providencia de 19 de agosto de 2022, se admitió la demanda de
tutela y se ordenó notificar a las entidades accionadas, se vinculó como tercero
con interés al Ministerio de Defensa y se comunicó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

4.2. El apoderado del Ministerio de Defensa informó que la responsabilidad del
Estado se encuentra sujeta al plazo de caducidad dispuesto por el legislador en la
Ley 1437 de 2011.

Por tanto, teniendo en cuenta que la señora Mena falleció en el suceso que
transcurrió entre el 2 y 4 de mayo de 2002 en la cabecera municipal de Bojayá a
manos de un grupo al margen de la ley, los accionantes debieron acudir a solicitar
la reparación dentro de los dos años siguientes.

Señaló que, en la sentencia de tutela del 3 de febrero de 2022, el Consejo de
Estado -de la cual no suministró ningún dato- aclaró que en casos en los que se

3

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Accionante: Leopoldo Díaz Lezcano y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

involucren presuntos crímenes de lesa humanidad se deben seguir las reglas
plasmadas en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.

Por último, precisó que, ante la inexistencia de un perjuicio irremediable y el
agotamiento de las vías judiciales dispuestas por el legislador, se debe declarar la
improcedencia de la solicitud de amparo.

5.- La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 8 de septiembre de 2022, la Sección Quinta del Consejo
de Estado negó el amparo de los derechos fundamentales de la parte actora.
Como fundamento de su decisión, señaló que (trascripción literal, incluidos
posibles errores):

Al respecto, la Sala evidenció que en la sentencia Familia Julien Grisonas VS
Argentina se reiteró el criterio adoptado en el caso Órdenes de Guerra y otros
VS Chile. Sobre este caso, la pluricitada decisión de unificación del 29 de
enero de 2020 del Consejo de Estado esbozó lo siguiente, como fundamento
para no aplicar las reglas allí dispuestas sobre la caducidad de la reparación
directa en la legislación colombiana:

(…)
Pues bien, las sentencias de la CIDH resultan vinculantes en tanto interpreten
las normas de la Convención. El fallo analizado no contiene una interpretación
del artículo 25 de la CADH –acceso a la administración de justicia–, pues, se
insiste, avala la aceptación de responsabilidad de Chile, en cuanto a los efectos
de sus normas de prescripción de las acciones civiles frente a los delitos de
lesa humanidad.

Adicionalmente, esta Sala precisa que el ordenamiento jurídico chileno contiene
preceptos distintos a las establecidos en el derecho colombiano, en cuanto no
prevén la posibilidad de contar el plazo pertinente a partir del conocimiento de la
participación del Estado, lo cual, como antes se explicó, es una regla que tiene
los mismos efectos que la imprescriptibilidad en materia penal.

En las condiciones analizadas, la Sala concluye que, como en el caso Órdenes
Guerra y otros vs. Chile no se interpretó la Convención Americana de Derechos
Humanos a la luz de reglas con contenido material similar a las que prevé
nuestro Código Contencioso Administrativo y la Ley 1437 de 2011, tal
pronunciamiento no resulta vinculante para resolver el presente asunto. (Énfasis
de la Sala).

70. De lo expuesto se concluye que el criterio fijado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes de Guerra y otros
VS Chile no es aplicable a los casos que resuelva la jurisdicción contencioso
administrativa colombiana, y, por consiguiente, tampoco lo es el establecido en
la sentencia citada por la parte accionante. Lo anterior en la medida en que en
esa decisión la Corte IDH no interpretó el artículo 25 de Convención
Americana de Derechos Humanos (acceso a la administración de justicia). El
alto tribunal internacional encontró que el Estado Chileno incumplió el deber

4

Radicación número: 11001031500020202204402-01
Accionante: Leopoldo Díaz Lezcano y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

consagrado en el artículo 2 de la Convención en relación con el derecho de
las presuntas víctimas a obtener reparaciones por las graves violaciones de
los derechos humanos.

71. El citado tribunal fundamentó su decisión en la aceptación del Estado
chileno sobre los efectos de sus normas en materia de prescripción de las
acciones civiles frente a los delitos de lesa humanidad. Esto debido a que
prevé en sus normas que la acción penal en estos casos es imprescriptible,
mientras la civil prescribe a los 5 años de la ocurrencia del hecho,
independientemente de si la víctima tuvo conocimiento de la participación del
Estado en la ocurrencia del hecho.

72. De otro lado, la Sección Tercera del Consejo de Estado explicó que en el
ordenamiento jurídico chileno no se dispuso la posibilidad de que se
contabilice el plazo para acudir a interponer las correspondientes acciones
judiciales a partir de que se conozca el hecho dañino, como sí lo contempló el
legislador colombiano en la Ley 1437 de 2011. En ese sentido, es evidente
que estos dos cuerpos normativos difieren y por ello no son equiparables ya
que en nuestro ordenamiento existe la posibilidad de que el término de
caducidad se empiece a contabilizar desde que la persona tuvo o debió tener
conocimiento de la ocurrencia del hecho dañino. En consecuencia, las reglas
del caso Órdenes de Guerra vs Chile no son trasladables de manera
automática al presente asunto.

73. Adicionalmente, en otras oportunidades esta Sala ha precisado que, de
acuerdo con la sentencia C-101 de 2018 de la Corte Constitucional, los
pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “deben
ser tenidos en cuenta como criterio de interpretación de los derechos
fundamentales”, pero que no tienen un carácter estrictamente vinculante2
.
74. Así las cosas, para esta Sala de Decisión la providencia del 11 de febrero
de 2022 en la que se confirmó el rechazo de la demanda por caducidad,
dentro del contencioso de reparación directa presentado por los actores, está
acorde a derecho y a los postulados de la Sección de cierre del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional. En ese sentido, no desconoció el fallo de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos invocado porque este no
constituye un precedente para el Estado colombiano en lo que atañe al
término de caducidad para interponer demandas de reparación directa.

6.- La impugnación

La parte actora impugnó la anterior decisión, tras considerar que es paradójico que
en nuestro ordenamiento jurídico sea aceptada la premisa de la imprescriptibilidad
de la Acción Penal por la ocurrencia de delitos de lesa humanidad y no se
reconozca la imprescriptibilidad en materia contenciosa administrativa para efectos
de la reparación de los daños causados que se originaron por el mismo delito.

2
Original de la cita: En el mismo sentido se pronunció esta Sala en la sentencia del 2 de junio de
2022. Exp.11001-03-15-000-2022-02440-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
5

Radicación número: 11001031500020202204402-01
Accionante: Leopoldo Díaz Lezcano y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Además, indicó que, si bien es cierto que la sentencia proferida por la CIDH es
vinculante únicamente inter partes, esto no es óbice para que se haga un análisis
juicioso de las razones que fueron invocadas allí para ser aplicadas en el sub lite.

II.- C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales3.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
Contenciosa de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la
acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el
amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características4.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son5:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.

3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
entre muchas otras providencias.
6

Radicación número: 11001031500020202204402-01
Accionante: Leopoldo Díaz Lezcano y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

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Radicación número: 11001031500020202204402-01
Accionante: Leopoldo Díaz Lezcano y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, se ha determinado que le corresponde al juez de tutela verificar el
cumplimiento de los requisitos generales, de tal manera que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por el interesado6.

2. Análisis de la Sala

Dado que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, se procede a verificar si se configuraron o no los
defectos alegados, al proferirse la providencia del 11 de febrero de 2022, mediante
la cual el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó la decisión de primera

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
Nº 2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Radicación número: 11001031500020202204402-01
Accionante: Leopoldo Díaz Lezcano y otra
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)

instancia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó del 6 de mayo
de 20217.

Para la parte accionante, en la decisión del tribunal se incurrió en una vía de
hecho, por desconocimiento del precedente, por cuanto no se dio aplicación a los
parámetros fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
concretamente en la sentencia Familia Julien Grisonas vs Argentina, sobre la
imprescriptibilidad de las acciones judiciales por un delito de lesa humanidad.

En la citada decisión, el tribunal indicó que había operado el fenómeno jurídico de
la caducidad con fundamento en la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado y concluyó
que, en casos en los que se debata la responsabilidad estatal por los daños
emanados de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, aplica el término
de caducidad que establece la Ley 1437 de 2011, por tanto, el conteo del término
se realiza a partir del momento en que el interesado tuvo conocimiento de que el
Estado tuvo injerencia en el hecho perjudicial.

En ese orden de ideas, para la Sala, no hay lugar a predicar la configuración del
defecto alegado, como procede a explicarse.

La Sala estima que asistió razón a los jueces de la causa en el sentido de que
procedía la aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el cual se indicó lo
siguiente (transcripción de forma literal):

Pues bien, las sentencias de la CIDH resultan vinculantes en tanto interpreten
las normas de la Convención. El fallo analizado no contiene una interpretación
del artículo 25 de la CADH –acceso a la administración de justicia–, pues, se
insiste, avala la aceptación de responsabilidad de Chile, en cuanto a los
efectos de sus normas de prescripción de las acciones civiles frente a los
delitos de lesa humanidad.

Adicionalmente, esta Sala precisa que el ordenamiento jurídico chileno
contiene preceptos distintos a las establecidos en el derecho colombiano, en
cuanto no prevén la posibilidad de contar el plazo pertinente a partir del
conocimiento de la participación del Estado, lo cual, como antes se explicó, es
7
El auto del tribunal se notificó por correo electrónico el 17 de febrero de 2022 y la demanda de
tutela se presentó el 12 de agosto de 2022, de conformidad con los documentos obrantes en
Samai.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
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una regla que tiene los mismos efectos que la imprescriptibilidad en materia
penal.

En las condiciones analizadas, la Sala concluye que, como en el caso
Órdenes Guerra y otros vs. Chile no se interpretó la Convención Americana de
Derechos Humanos a la luz de reglas con contenido material similar a las que
prevé nuestro Código Contencioso Administrativo y la Ley 1437 de 2011, tal
pronunciamiento no resulta vinculante para resolver el presente asunto
(énfasis de la Sala).

Por tanto, en atención a que en la sentencia de la CIDH que pide la parte actora
sea aplicada al caso concreto, no se demostró que se hubiera interpretado la
Convención Americana de Derechos Humanos de conformidad con normas de
contenido similar a nuestro Código Contencioso Administrativo, el precedente no
resulta aplicable; tan es así, que la parte actora se limita a trascribir, en su
demanda de tutela, apartes genéricos del fallo en mención, sin identificar la
interpretación del citado artículo 25 de la Convención.

Asimismo, resulta pertinente señalar que la Sala Plena de la Corte Constitucional,
en sentencia SU-312 de 20208, siguiendo la misma línea de lo expuesto por la
Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, determinó que no resultaba exigible extender la figura de
imprescriptibilidad que se predica de la acción penal frente a los delitos de lesa
humanidad al estudio de la caducidad del medio de control de reparación directa,
pues se trata de instituciones jurídicas con características y lógicas diferentes.

Como consecuencia, se estableció que el término de caducidad del medio de
control de reparación directa no debe empezar a contabilizarse sino hasta el
momento en que el afectado tenga conocimiento de que un agente del Estado
estuvo involucrado en el hecho dañoso a indemnizar y esté en la capacidad
material de acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, situación
que, en el presente caso no ocurre, por cuanto no se discute que el conocimiento
de los hechos haya ocurrido dentro de los dos años anteriores a la fecha en la que
se interpuso la demanda de reparación directa.

La Sala reitera que, a pesar de pronunciamientos proferidos por la CIDH, como el
referido en la demanda de tutela, el precedente judicial aplicable para decidir la

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M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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admisión de la demanda de reparación directa, ante la falta de prueba de
imposibilidad material alguna por parte de los accionantes para formularla en
tiempo, es la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 adoptada por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, postura jurisprudencial que se compagina
con lo dispuesto en la referida sentencia SU-312 de 2020 ya referenciada, en la
que la Corte Constitucional indicó que no era exigible extender la figura de
imprescriptibilidad predicable de la acción penal en los delitos de lesa humanidad
al estudio de la caducidad del medio de control de reparación directa, por ser
instituciones jurídicas con características y lógicas diferentes.

La Sala aclara que, por el hecho de que la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Chocó no resultara favorable a los ahora accionantes, no puede
predicarse que se haya incurrido en una vía de hecho y que, por ende, la decisión,
fue contraria a derecho. Lo que sí encuentra la Subsección es el claro propósito de
los accionantes en reabrir en su integridad el debate que ya terminó, en forma
válida, en sede del juez natural de la causa y propiciar una instancia adicional.

Finalmente, cabe destacar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado
factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales,
cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio jurídico, en
una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa y en una
valoración adecuada de las pruebas allegadas, pues de no ser ello así, habría una
intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera grave los
principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en
forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal.

En ese contexto, al no encontrarse acreditado el defecto alegado por la parte
tutelante –desconocimiento del precedente–, la Sala confirmará la sentencia
dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 8 de septiembre de 2022.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Accionante: Leopoldo Díaz Lezcano y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de septiembre de 2022 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas
en la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclara voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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