Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02440-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02440-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02440-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
2 de junio de 2022
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Demandantes: María Romelia Bonilla Acosta y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2022-02440-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2022-02440-00
Demandantes: MARÍA ROMELIA BONILLA ACOSTA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas: Defecto fáctico. Valoración probatoria en casos sobre
ejecuciones extrajudiciales.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la señora María Romelia
Bonilla Acosta y otros en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la
Constitución Política, artículo 86 y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 29 de abril de 2022 en el Sistema de Recepción de
Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, los señores María del
Carmen Prada Bonilla, María Romelia Bonilla Acosta, Rosmira Bonilla Orozco,
José Alonso Prada Bonilla, Emelania Prada Bonilla, Leidy Johana Rodríguez
Bonilla, Jeisson Javier Rodríguez Bonilla, Álvaro Pérez Prada, Flor Luz Mery
Pérez Prada, Walter Pérez Prada, Joselo Antonio Prada Devia, Brayan Fernando
Prada Perdomo, Norely Prada Rodríguez, Diomedes Prada Rodríguez, Diana
Carolina Melo Prada, Óscar Hernando Prada Delgado y Eliana Samanta Prada
Delgado, por conducto de apoderada, interpusieron acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, con el
fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
reparación integral de las víctimas y al acceso a la administración de justicia, así
como el principio pro homine.
Sostuvo que tales garantías le han sido vulneradas con ocasión de la sentencia
del 11 de noviembre de 2021, que confirmó el fallo del 28 de febrero de 2019, a
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Demandantes: María Romelia Bonilla Acosta y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2022-02440-00
través del cual el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa con
radicado 11001-33-43-063-2018-00070-01 (3346-2019), promovida por los
accionantes en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional.
En concreto, solicitó a esta Corporación:
“1) REVOCAR la sentencia del 11 de noviembre de 2021 proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN
TERCERA- SUBSECCIÓN A, por medio del (sic) cual declaró confirmar la
sentencia de primera instancia dentro del proceso de reparación directa con
radicado No.11001-33-43-063-2018-00070-01 y en consecuencia, se
atiendan las pretensiones presentadas en el escrito de la demanda.
2) ORDENAR a la autoridad judicial accionada que dentro de los 20 días
siguientes a la notificación del fallo de tutela, emita una nueva sentencia
teniendo en cuenta los argumentos esbozados en la presente acción de
tutela, que le permita proferir un fallo de fondo en consideración de la
confesión del militar MIGUEL ANGEL (sic) ROJAS HERNÁNDEZ (sic) ante
la JEP, desatendida en su sede judicial y que garantice los derechos a la
verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los
demandantes, víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
3) Se tomen todas las medidas pertinentes, útiles y necesarias para
garantizar los derechos fundamentales de los accionantes. ”
2. Hechos
La parte actora narró los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, resultan
relevantes para la decisión que se va a adoptar dentro del presente asunto.
Mencionó que el señor Marco Fidel Bonilla, padre de las señoras María Romelia
Bonilla Acosta y Rosmira Bonilla Orozco, vivía en la finca de su propiedad en la
vereda Agua Bonita del municipio de Calamar (Guaviare), en la cual ejercía
labores de agricultura y ganadería para obtener el sustento de su familia.
Resaltó que por más de 30 años fue reconocido por su labor de liderazgo y como
empleador de varios vecinos de la vereda, hasta el 27 de octubre de 2005, día en
que fue presuntamente desaparecido y ejecutado extrajudicialmente por miembros
del Ejército Nacional.
Adujo que, según información suministrada por los habitantes del sector, ese día
se escucharon ráfagas de disparos por parte de uniformados de la Brigada 64 del
Batallón Joaquín París del Ejército Nacional, quienes entraron a la finca del señor
Bonilla y acabaron con su vida y con la del señor Pascual Antonio Osorio Barbosa,
uno de sus trabajadores.
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Demandantes: María Romelia Bonilla Acosta y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Sostuvo que, una vez cesaron los disparos, tanto los vecinos como la señora
María Romelia Bonilla Acosta se dirigieron a la finca pero los integrantes de la
Fuerza Pública no los dejaron ingresar ni les dieron información sobre lo sucedido.
Refirió que al día siguiente aterrizó un helicóptero en el inmueble y los
uniformados se llevaron los cuerpos, limitándose a informarle a los familiares que
podrían reclamarlos en el municipio de Calamar (Guaviare).
Aseguró que a pesar de contar con el acompañamiento de la Defensoría del
Pueblo, nunca se le dio información sobre el paradero de los cuerpos.
Manifestó que durante varios días siguientes, las tropas permanecieron en el
sector y causaron estragos en la zona, ya que dañaron y se apropiaron de bienes
de otros habitantes de la región.
Destacó que la señora Bonilla Acosta abandonó el municipio junto con su hijo, por
temor a que atentaran contra su vida y con la frustración de no saber nada sobre
el paradero de su padre.
Advirtió que la familia solo tuvo certeza del paradero del señor Bonilla hasta el 17
de diciembre de 2015, cuando la Subunidad de Apoyo de la Unidad Nacional de
Fiscalías de Justicia y Paz, hoy GRUBE, entregó el cuerpo a sus seres queridos y
se les informó la versión oficial sobre su muerte.
Afirmó que en dicha diligencia se dio lectura a la documentación proporcionada
por la Jurisdicción Penal Militar, en la que se señalaba que la muerte había sido
producto de un enfrentamiento entre un grupo al margen de la ley y el Ejército
Nacional, del cual presuntamente hacían parte los señores Marco Fidel Bonilla y
Pascual Antonio Osorio Barbosa.
Alegó que esta información fue entregada por los mismos miembros del Ejército
Nacional que desaparecieron y ejecutaron extrajudicialmente al señor Bonilla, por
lo que la familia desmintió la versión oficial en la diligencia de entrega del cuerpo.
Indicó que, por los hechos expuestos, promovió demanda de reparación directa en
contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, cuyo
conocimiento le correspondió al Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, autoridad que en sentencia del 28 de febrero de 2019
denegó las pretensiones del medio de control.
Lo anterior, al considerar que la parte actora no había logrado desvirtuar
suficientemente la versión oficial entregada por el Ejército Nacional respecto de la
muerte del señor Bonilla.
Mencionó que interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión y,
previo a que se dictara sentencia de segunda instancia, solicitó que se tuvieran
como prueba sobreviviente las actas de sometimiento a la Jurisdicción Especial
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Demandantes: María Romelia Bonilla Acosta y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
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para la Paz de dos militares involucrados en los hechos objeto de controversia,
petición que fue aceptada en la oportunidad procesal correspondiente.
Recalcó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, mediante sentencia del 11 de noviembre de 2021, confirmó el fallo
de primera instancia al considerar que el material probatorio aportado no resultaba
suficiente para controvertir la tesis del Ejército Nacional sobre el deceso del señor
Bonilla.
3. Sustento de la vulneración
Según la parte actora, a través de la sentencia cuestionada se desconocieron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la reparación integral de las víctimas
y al acceso a la administración de justicia, así como el principio pro homine.
Para el efecto, consideró que el fallo de segunda instancia incurrió en defecto
fáctico por indebida valoración de las pruebas, así como en desconocimiento del
precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre reparación
integral y flexibilización probatoria en casos relacionados con desapariciones
forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Frente a cada uno de los defectos, la parte actora adujo lo siguiente:
3.1. Defecto Fáctico
Aseguró que el Ejército Nacional nunca presentó algún tipo de prueba que
demostrara que el señor Marco Fidel Bonilla pertenecía a un grupo armado al
margen de la ley, en contraposición con las declaraciones aportadas al
expediente, que dan cuenta que la víctima era un campesino que se encontraba
con su empleado en la finca de su propiedad, cuando fueron atacados por
uniformados de dicha institución.
Estableció que, según la sentencia controvertida, estos testimonios no brindaban
certeza de los detalles de la muerte de la víctima, por lo que no desvirtuaban la
versión oficial de los hechos ofrecida por el Ejército Nacional.
Consideró que el documento allegado en segunda instancia proveniente de la
Jurisdicción Especial para la Paz, contiene la confesión del militar Miguel Ángel
Rojas Hernández sobre su participación en el homicidio del señor Bonilla, ya que
en su solicitud de sometimiento ante dicho tribunal aceptó haber dado muerte en
estado de indefensión a ese particular y a su jornalero.
Sostuvo que el tribunal no consideró suficiente ninguno de los testimonios en los
que se expresara algo distinto a lo que hubiese declarado la institución castrense,
y tampoco tuvo en cuenta el anterior documento, a pesar de que uno de los
directamente implicados había aceptado que la muerte del señor Bonilla se
enmarcaba bajo la modalidad de ejecución extrajudicial.
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Demandantes: María Romelia Bonilla Acosta y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
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Aseveró que la inobservancia del material probatorio constituye una clara
arbitrariedad en contra de las víctimas.
Señaló que la confesión del militar es tan concreta, diciente y específica en
señalar que el señor Bonilla estaba en la finca de su propiedad cuando fue
asesinado en estado de indefensión por miembros del Ejército Nacional, que de
haberse aceptado, el tribunal hubiese determinado la responsabilidad del Estado y
accedido a las pretensiones de la demanda.
3.2. Desconocimiento del precedente
Indicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, se apartó de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos aplicables al caso concreto.
Explicó que en el caso de La Cantuta vs. Perú, se señaló que el derecho de las
víctimas a recibir una reparación integral efectiva por los daños sufridos,
consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos, tiene carácter de norma consuetudinaria y, por ende, es un principio
fundamental del derecho internacional que obliga a los Estados a reparar y a cesar
las consecuencias de las violaciones de derechos humanos.
Refirió que en el caso García Lucero vs. Chile se estimó que el derecho a la
reparación integral no puede limitarse a la existencia de programas administrativos
que ofrezcan ayudas pecuniarias, ya que tampoco deben existir impedimentos
para el acceso a la administración de justicia.
Comentó que en el caso Órdenes Guerra Vs. Chile se dispuso que el
esclarecimiento de los hechos y la obtención de justicia por parte de víctimas de
crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o cualquier otro ultraje de tal
gravedad, tienen un carácter fundamental dentro del derecho internacional, por lo
que todas las acciones judiciales iniciadas en virtud de este tipo de hechos deben
tener un análisis probatorio especial, en la medida en que es imposible que las
víctimas puedan aportar pruebas como fotos o descripciones detalladas sobre los
hechos y el lugar donde ocurrieron.
En cuanto al caso concreto, la parte actora consideró que se desatendieron dichos
estándares internacionales al valorar desfavorablemente todas las pruebas
allegadas al expediente, lo cual impidió a su vez que se accediera a la reparación
integral a la que tiene derecho la familia del señor Bonilla.
4. Trámite de la acción de tutela
A través de auto del 6 de mayo de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
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Demandantes: María Romelia Bonilla Acosta y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
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Adicionalmente, se vinculó como terceros interesados en las resultas del proceso
al juez Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al ministro de
Defensa Nacional y al comandante del Ejército Nacional, quienes también hicieron
parte del trámite judicial objeto de controversia.
Así mismo, se dispuso la publicación de un aviso en la página web del Consejo de
Estado, en el que se pusiera en conocimiento la existencia de esta acción a
eventuales interesados en participar en el presente trámite constitucional.
5. Argumentos de defensa
Realizadas las notificaciones de rigor, únicamente se dio la siguiente intervención:
5.1. Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
La juez ponente de la decisión de primera instancia dentro del proceso ordinario
afirmó que todas las actuaciones surtidas por ese despacho judicial se realizaron
conforme al trámite procesal pertinente.
Aclaró que nunca se vulneraron los derechos invocados, ya que las decisiones
adoptadas tuvieron como fundamento cada una de las pruebas aportadas al
expediente, así como la normatividad y la jurisprudencia sobre el caso puesto bajo
su conocimiento.
Por lo anterior, solicitó denegar las pretensiones de la acción de tutela, ya que no
se configuró ninguno de los defectos endilgados y tampoco es posible usar este
mecanismo como una tercera instancia para obtener una decisión favorable dentro
del proceso ordinario.
5.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A
La magistrada ponente de la decisión cuestionada pidió que se deniegue el
amparo solicitado.
Al respecto, señaló que en la sentencia se resolvieron los reparos presentados
contra el fallo de primera instancia, al abordar lo concerniente a la valoración de
las declaraciones extraprocesales, la flexibilización en la apreciación y valoración
de la prueba por parte del juez en casos que se alegan graves violaciones de los
derechos humanos, así como la prueba indiciaria.
Aseguró que en la providencia se explicó claramente la razón por la cual las
resoluciones proferidas por la Jurisdicción Especial para la Paz no determinaban
la configuración de la ejecución extrajudicial alegada en la demanda.
Resaltó que las apreciaciones dirigidas contra el examen probatorio apuntan a una
tercera instancia, ante el desacuerdo de la parte actora con las razones expuestas
por la sala de decisión.
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Demandantes: María Romelia Bonilla Acosta y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
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Manifestó que los argumentos planteados en el escrito de tutela no se enmarcan
en las causales de procedibilidad contra providencias judiciales.
Expresó que no se configuró un defecto fáctico por indebida valoración probatoria,
pues lo que ocurrió fue que la sala llegó a una conclusión contraria a la de los
demandantes, todo en ejercicio de su autonomía e independencia judicial.
5.3. Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
El apoderado del Grupo Contencioso Constitucional de la entidad consideró que
no se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
Sostuvo que la parte actora trae a colación discusiones probatorias que ya fueron
dilucidadas dentro del proceso ordinario y que no pueden estudiarse nuevamente
en este escenario, ya que se desdibujaría el objeto del amparo constitucional.
Destacó que los accionantes no realizaron un estudio claro de los requisitos
específicos de procedencia de la acción, ni acreditaron la vulneración de derecho
fundamental alguno.
Arguyó que la acción de tutela no puede usarse como una tercera instancia para
controvertir una decisión adversa, por lo que no es admisible que la parte actora
plantee reparos a la práctica de unas pruebas que fueron recaudadas en debida
forma.
Por lo anterior, solicitó que declare la improcedencia de la acción o, en su defecto,
se denieguen las pretensiones de amparo.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2. Problema jurídico
Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la reparación integral de
las víctimas y al acceso a la administración de justicia, así como el principio pro
homine, con ocasión de la sentencia del 11 de noviembre de 2021, que confirmó el
fallo del 28 de febrero de 2019, a través del cual el Juzgado Sesenta y Tres
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá denegó las pretensiones de la
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Demandantes: María Romelia Bonilla Acosta y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2022-02440-00
demanda de reparación directa con radicado 11001-33-43-063-2018-00070-01
(3346-2019), promovida por los accionantes en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional.
Para el efecto, se deberá establecer si la decisión cuestionada incurrió en defecto
fáctico por indebida valoración de las pruebas, así como en desconocimiento del
precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre reparación
integral y flexibilización probatoria en casos relacionados con desapariciones
forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil doce
(2012)1, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales2,
conforme al cual:
“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido
el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes
y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-
10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”3.
La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de
tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.
!
1
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
2
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
3
Idem.
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Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues
la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”.
En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Carta y,
por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia4 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia
sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -
procedencia adjetiva-.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate
de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de
los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado y iv) relevancia
constitucional.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva
Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que no se
trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la sentencia
censurada se dictó en el trámite del proceso de reparación directa promovido por
la señora María Romelia Bonilla Acosta y otros contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional.
!
4
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez5,
toda vez que la providencia de segunda instancia fue dictada el 11 de noviembre
de 2021, mientras que la acción de tutela fue presentada el 29 de abril de 2022,
por lo que, sin necesidad de precisar la fecha de ejecutoria de tal decisión, se
evidencia un ejercicio oportuno de la solicitud de amparo.
Frente al requisito de subsidiariedad, la Sala considera que la parte actora no
cuenta con medio de impugnación ordinario ni extraordinario que resulte ser el
mecanismo idóneo para controvertir el fallo censurado, pues la situación descrita
no se ajusta a las causales establecidas en el ordenamiento jurídico para ello.
Por último, se advierte que el caso objeto de estudio es relevante desde el punto
de vista constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de
tutela se puede colegir que la parte actora pretende poner de presente las
presuntas irregularidades en las que incurrió la autoridad judicial cuestionada, en
tanto involucra la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la reparación integral de las víctimas y al acceso a la administración de justicia, así
como el principio pro homine, más allá del debate legal surtido ante el juez natural
de la especialidad.
Superadas las exigencias en mención, la Sala abordará el fondo del reclamo
deprecado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la acción de amparo, el
cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la
autonomía judicial6, la protección de derechos de terceros de buena fe, la
seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales7.
5. Estudio de fondo
La parte actora considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A desconoció sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la reparación integral de las víctimas y al acceso a la administración de
justicia, así como el principio pro homine, con ocasión de la sentencia del 11 de
noviembre de 2021, que confirmó el fallo del 28 de febrero de 2019, a través del
cual el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado
11001-33-43-063-2018-00070-01 (3346-2019), promovida por los accionantes en
contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
!
5
El mencionado requisito exige que la acción de tutela se interponga tan pronto se produce el
hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, o por lo
menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia, pues el paso prolongado
del tiempo, indica que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección
deprecada, desvirtuándose así, la inminencia de la afectación. La razón de ser del referido
principio, es evitar que este mecanismo constitucional de defensa se utilice como herramienta que
subsane la desidia, negligencia o indiferencia de las personas que debieron buscar una protección
oportuna de sus derechos y no lo hicieron, o que la misma se convierta en factor de inseguridad
jurídica.
6
Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-315 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Demandantes: María Romelia Bonilla Acosta y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2022-02440-00
En concreto, asegura que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico por
indebida valoración de las pruebas, así como en desconocimiento del precedente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre reparación integral y
flexibilización probatoria en casos relacionados con desapariciones forzadas y
ejecuciones extrajudiciales.
En tal virtud, la Sala estudiará individualmente cada uno de los defectos
endilgados, para proceder a dar la solución al caso concreto.
5.1. Defecto fáctico
La Corte Constitucional8 ha considerado que el defecto fáctico tiene relación con la
actividad probatoria desplegada por el juez y comprende el decreto, la práctica y la
valoración de las pruebas.
Al respecto esta Sala de Decisión9, en varios pronunciamientos, ha precisado los
alcances y requisitos que deben cumplirse al momento de alegarse la ocurrencia
de un defecto fáctico en una providencia judicial, para concluir que este se
configura cuando: i) existe una omisión por parte de la autoridad judicial al
decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) se desconoce
el acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) se realiza una valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) se profiere sentencia con fundamento en pruebas
obtenidas con violación del debido proceso.
En este caso, los accionantes alegaron que no existía prueba alguna de que el
señor Marco Fidel Bonilla perteneciera a un grupo armado al margen de la ley,
como fue expuesto por el Ejército Nacional, mientras que existían testimonios y
declaraciones dentro del expediente que demostraban que la víctima era un
campesino que se encontraba trabajando con su empleado en la finca de su
propiedad.
Además, recalcaron que en segunda instancia se decretaron como pruebas
sobrevinientes unos documentos aportados por la Jurisdicción Especial para la
Paz, en los que consta la confesión del militar Miguel Ángel Rojas Hernández
sobre su participación en el homicidio del señor Bonilla.
Aseguraron que esta declaración era tan concreta, diciente y específica, que de
haberse aceptado, la autoridad judicial hubiera determinado la responsabilidad del
Estado y accedido a las pretensiones de la demanda.
En criterio de los actores, el tribunal no consideró suficientes los testimonios ni los
documentos antes referidos para desvirtuar la versión oficial de los hechos
!
8
Puede revisarse la sentencia SU-379 del 20 de agosto de 2019, ponencia del magistrado
Alejandro Linares Cantillo.
9
Revisar, entre otros, la providencia proferida el 12 de noviembre de 2015, en el proceso No.
11001-03-15-000-2015-01471-01, actor Jaime Rodríguez Forero. Consejera Ponente Dra. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Demandantes: María Romelia Bonilla Acosta y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
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presentada por el Ejército Nacional, lo cual constituía una clara arbitrariedad
contra las víctimas.
De lo expuesto, la Sala encuentra que el cargo de defecto fáctico alegado en la
solicitud de amparo cumple con la carga argumentativa suficiente para proceder a
su estudio, ya que la parte actora (i) precisó cuáles pruebas no fueron tenidas en
cuenta por el juez de conocimiento y (ii) explicó la incidencia de estas para alterar
el sentido del fallo.
Ahora bien, comoquiera que el alegato de los accionantes está centrado en un
presunto análisis inadecuado de los testimonios y de la prueba sobreviniente
aportada por la Jurisdicción Especial para la Paz, esta Sala estima pertinente
revisar el estudio que la autoridad judicial tuvo como fundamento para denegar, en
segunda instancia, las pretensiones de la demanda.
Según se tiene, a través de la demanda de reparación directa promovida por los
tutelantes se pretendía que se declarara administrativa y patrimonialmente
responsable al Estado, por los perjuicios ocasionados con la muerte y
desaparición del señor Marco Fidel Bonilla por parte de miembros del Ejército
Nacional.
Lo anterior, en el marco de una operación militar desarrollada el 27 de octubre de
2005 en la finca de su propiedad, en la que fue presentado como un miembro al
margen de la ley muerto en combate.
Además, porque nunca tuvieron información sobre el paradero de su familiar y
solo hasta el 17 de diciembre de 2015 les fue entregado su cuerpo en una
diligencia oficial.
Tanto en primera como en segunda instancia, las autoridades judiciales
concluyeron que no estaba probada la falla en el servicio endilgada al Ejército
Nacional, debido a que no se demostró que la muerte del señor Bonilla obedeciera
a una ejecución extrajudicial y, por ende, no se desvirtuó la versión oficial de los
hechos presentada por la entidad demandada.
Para verificar lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, planteó el siguiente problema jurídico:
“28.Corresponde a la Sala establecer si la Nación –Ministerio de Defensa
Nacional-Ejército Nacional es responsable de la muerte del señor Marco Fidel
Bonilla, ante la alegada materialización de una ejecución extrajudicial en
hechos ocurridos en jurisdicción del municipio de Calamar (Guaviare) el 27 de
octubre de 2005 o, por el contrario, debe confirmarse la decisión de primera
instancia porque no se desvirtuó el desarrollo de un combate entre tropas del
Ejército y miembros de un grupo armado al margen de la ley.”
En efecto, el objeto de la litis se circunscribía a determinar si existía
responsabilidad por parte del Estado en la muerte del señor Marco Fidel Bonilla,
presuntamente bajo la modalidad de una ejecución extrajudicial, en contraposición
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con lo informado por el Ejército Nacional, quien reportó que el deceso se presentó
en el marco de una operación militar en la que se dio de baja a un miembro de un
grupo al margen de la ley.
En tal medida, la autoridad judicial efectuó el análisis de las piezas procesales
aportadas al plenario, estudio que por su relevancia con el presente asunto se
transcribe a continuación:
“58. En el expediente se encuentran acreditados los siguientes hechos
particularmente relevantes, relacionados con los argumentos del recurso de
apelación:
59.La Brigada Móvil N° 7 del Ejército Nacional, desarrolló la orden de
operaciones fragmentaria No. 1302/2005 “ORIÓN” del 01 de octubre de 2005
en jurisdicción del municipio de Calamar (Guaviare), con el fin de neutralizar
y/o destruir las organizaciones al margen de la ley –FARC, autodefensas,
ELN- y delincuencia común que delinquía en la zona (copia de la orden de
operaciones fragmentaria N° 1302/2005 “ORIÓN”, fls. 17 a 21, c. 2).
60. En el desarrollo de dicha operación, el comandante de la Brigada informó
que en operaciones ofensivas contra integrantes de la primera cuadrilla de las
FARC, se realizaron maniobras de emboscada en la vereda Agua Bonita
Media de jurisdicción del referido municipio, en las que se sostuvo combate el
27 de octubre a las 15:45 horas y el resultado fue la muerte de dos
subversivos, uno de ellos reportado como “NN”
61.Además, se dejó constancia de la incautación de dos pistolas calibre 9mm,
una fornitura para pistola, una funda para pistola, un equipo de campaña
hechizo con víveres, un equipo de campaña con material quirúrgico y
primeros auxilios (copia del radiograma del 27 de octubre de 2005, fl. 19, c.2).
62.Así, el 28 de octubre de 2005 se realizó la inspección a los cadáveres, el
primero identificado a través del cotejo dactilar con la contraseña que portaba
en el momento de la muerte junto con otros documentos (copia del acta de
inspección a cadáver N° 144/05, fls. 2 a 6, c.2).
63.No obstante, el segundo cadáver fue rotulado como “NN”, sin pertenencias
y como señales particulares se dejó constancia de prótesis dental en maxilar
superior (copia del acta de inspección a cadáver N° 145/05, fls. 7 a 11, c.2).
64.Las inspecciones fueron realizadas por el Juez 62 de Instrucción Penal
Militar y dos patrulleros de la Policía Judicial –SIJIN-, en la morgue del
cementerio municipal de San José del Guaviare, Guaviare.
65.De igual forma, se realizó un álbum fotográfico en la diligencia de
inspección al cadáver y las correspondientes necrodactilias (fls. 70 a 77, c.2).
66. El 28 de octubre de 2005 también se realizó la necropsia (…)
67. En las conclusiones de la necropsia, se indicó que la muerte se produjo
por un “mecanismo mixto consistente en un choque medular secundario a la
sección medular a la altura de T4, T5 Y T6, más un choque neurogénico
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secundario a avulsión cerebral secundario a trauma encéfalo craneal, todo
secundario a lesiones por proyectiles de arma (S) de fuego” y como manera
probable de muerte: homicidio.
68.Adicionalmente, se apuntó que el cuerpo y las prendas fueron inhumados
en el lote 223 del cementerio Jardines de Paz de San José del Guaviare y se
expidió el correspondiente certificado de defunción en el que se registró como
“NN” (copia del referido certificado, fl. 50, c.2).
69.Para el 31 de octubre siguiente, el suboficial de puesto de mando atrasado
BRIM7, puso a disposición del Juzgado 62 de Instrucción Penal Militar, los
cadáveres y un material de guerra (copia del oficio FTC-BRIM7- B2-INT-252,
fls. 20 y 21).
70. En esa misma fecha, el referido juzgado dispuso de oficio la apertura de
indagación preliminar N° 137-2005 por el punible de homicidio (copia de la
providencia del 31 de octubre de 2005, fls. 13 y 14, c.2).
71. El 5 de noviembre de 2005, el Batallón Contraguerrillas N° 64 remitió el
“informe de patrullaje original” con destino a la referida indagación, del cual se
desprende (copia del oficio N° 058: BRIM-BCG64-S1-175, fls. 29 a 36, c.2):
• El martes 18 de octubre de 2005, las tropas recibieron información de los
habitantes del sector, conforme a la cual unas 20 personas que
pertenecen a las FARC, los reunieron en la escuela para intimidarlos y
conocer detalles del movimiento de tropas.
• La tropa inició movimiento el 24 de octubre de 2005 hacia unas
coordenadas determinadas, instaló dispositivos de seguridad, base de
patrulla móvil y al día siguiente realizó registros, con el fin de efectuar
infiltración.
• El 26 de octubre hicieron un nuevo movimiento hacia un sector en el que
se encontraba una finca que, según las informaciones obtenidas, era
utilizada por los subversivos para reunirse con otros delincuentes y
gestionar desde allí diversos movimientos hacia campamentos y otras
fincas donde se recogía información y víveres.
• Se realizaron labores tácticas militares y de planeación de emboscada sin
novedad hasta las 15:30 horas del 27 de octubre de 2005, cuando
escucharon la aproximación desde uno de los caminos, se hizo llamado a
viva voz que fue respondido con disparos, razón por la que los militares
reaccionaron y se inició combate que se prolongó por 15 o 20 minutos
aproximadamente que dejó como resultado la muerte de dos personas
que probablemente servían como avanzada de un grupo de milicianos que
estaba del otro lado del caño.
• La tropa recogió los cadáveres y el material incautado e inició
desplazamiento como medida de seguridad para evitar emboscada por el
resto de los delincuentes. Posteriormente, se obtuvo información de un
hostigamiento a la base de Calamar sobre las 19:00 horas. Al día
siguiente, sobre las nueve de la mañana, un helicóptero hizo la
evacuación de los cadáveres.
72.Los días 10 y 24 de noviembre, 02 de diciembre de 2005, 27 de enero, 01
de febrero de 2006, rindieron declaraciones los soldados profesionales Julio
César Castillo Romero –puntero-, Eider Ernesto Orjuela González, el cabo
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tercero Julio César Peña Hio, el subteniente William Ricardo Rodríguez
Góngora, los soldados profesionales Jhon Jairo Gaviria y Germán Camilo
Chaparro Vargas, Miguel Ángel Rojas Hernández - contrapuntero-(copia de
las declaraciones rendidas en el Juzgado 62 de Instrucción Penal Militar,
indagación preliminar N° 137-2005 , fls. 37 a 42, 43 a 48, 56 a 60, 63 a 67, 99
a 102, 103 a 107, 108 a 111, c.2).
73.Los declarantes fueron coincidentes con lo consignado en el informe de
patrullaje, algunos agregaron que no tuvieron conocimiento de que los
cadáveres fueran reconocidos por alguien de la región y otros que no sabían
nada sobre el tema.
74. El 15 de mayo de 2006, el Juzgado 62 de Instrucción Penal Militar resolvió
abstenerse de iniciar acción penal por el punible de homicidio, por los hechos
ocurridos el 27 de octubre de 2005 en la vereda Agua Bonita del Media del
municipio de Calamar (Guaviare) (copia de la providencia del 15 de mayo de
2006, fls. 120 a 134, c.2).
75.El 11 de septiembre de 2006, el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses informó al Juzgado 62 de Instrucción Penal Militar que el
cadáver relacionado en el acta de inspección a cadáver N° 145/05,
correspondía a Marco Fidel Bonilla (copia del oficio N° UB INML-CF- SJG
367-2006, fls. 140 a 1444, c.2).
76.El 09 de noviembre de 2006, el Juzgado 62 de Instrucción Penal Militar
ordenó la inscripción de la muerte del señor Marco Fidel Bonilla en el registro
Civil de Defunción (registro indicativo serial 04495823, fl. 66, c.1 y copia del
oficio del 25 de octubre de 2006, suscrito por la secretaria del referido
despacho, fl. 145, c.2).
77. La señora María del Carmen Bonilla presentó denuncia por la muerte del
señor Marco Fidel Bonilla el 21 de enero de 2008. Posteriormente, el 27 de
julio de 2012, el señor José Antonio Prada Bonilla hizo una declaración en
relación con los hechos que rodearon su muerte (copia de la denuncia y la
declaración, páginas 16 a 19, disco compacto, fl. 407).
78.La Fiscalía General de la Nación tuvo conocimiento de la solicitud de
activación del mecanismo de búsqueda urgente por la desaparición del señor
Marco Fidel Bonilla, el 9 de marzo de 2010.
79. En ese contexto, se estableció que el cupo numérico de identificación
asignado al señor Bonilla, había sido cancelado mediante resolución N° 299
del año 2007 de la registraduría de Calamar (Guaviare), así como que no se
encontraron registros relacionados con su desaparición en las bases de datos
consultadas por la coordinación del grupo de NN’s y Desaparecidos de la
Fiscalía General de la Nación (copia del oficio N° 00611 del 10 de marzo de
2010 y sus anexos, fls. 133 a 147, c.1).
80.Con ocasión del caso de exhumaciones adelantado por la Unidad Nacional
de la Fiscalía para la Justicia y la Paz, el 29 de enero de 2014 se realizó la
exhumación del cadáver que posteriormente se identificaría como Marco Fidel
Bonilla, diligencia que se practicó en el cementerio Jardines del Paraíso de
San José del Guaviare (copia del expediente Caso San José del Guaviare N°
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2005-145, de la Subunidad de Exhumaciones, páginas 44 y siguientes,
informe pericial de identificación N° 20140101000000005, páginas 82 y
siguientes carpeta 1, disco compacto, fl. 407).
81.Así, la Dirección de la Fiscalía Nacional Especializada de Justicia
Transicional –Grupo de Exhumaciones, expidió la orden de entrega N° 20 del
21 de octubre de 2015, en la que autorizó la entrega de los restos óseos a la
señora María del Carmen Bonilla en calidad de hermana del occiso (páginas
16 a 19, carpeta 2, disco compacto, fl. 407).
(…)
83.La entrega del cadáver se materializó el 17 de diciembre de 2015 en el
municipio de Villavicencio (copia de la certificación de entrega de cadáveres,
página 31, carpeta 2, disco compacto, fl. 407).
(…)
85. El grupo de Investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, realizó diligencia de inspección judicial al
expediente de la investigación No. 137-2005 del Juzgado 62 de Instrucción
Penal Militar (copia de la diligencia, fls. 414 a 426, c.1).
86.El señor Marco Fidel Bonilla no tenía antecedentes penales y/ o
requerimientos judiciales (oficio N° 20180679280/ ARAIC-GRUCI-1.10 del 6
de diciembre de 2018, suscrito por el administrador del sistema de
información de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, fl. 412, c. 1).”
Del anterior análisis, se desprende que el Tribunal tuvo en cuenta cada uno de los
elementos probatorios que detallaban la muerte del señor Bonilla, su inhumación,
exhumación, identificación y posterior entrega a sus familiares, así como las
investigaciones adelantadas sobre el caso en la jurisdicción penal militar, estudio a
partir del cual se tuvo como hecho cierto que el deceso había sido ocasionado en
el marco de una operación militar contra miembros de un grupo armado al margen
de la ley.
Frente a este particular, los accionantes consideran que no se tuvieron en cuenta
los distintos testimonios y declaraciones que, contrario a lo establecido,
demostraban que la víctima era un campesino de la región que se dedicaba a las
labores propias de la finca de su propiedad, y que fue ejecutado extrajudicialmente
por uniformados del Ejército Nacional.
Este alegato ya había sido puesto de presente por la parte actora al recurrir el fallo
de primera instancia, pero el Tribunal, una vez analizó el contenido de las
declaraciones, determinó que no resultaban suficientes para controvertir la versión
oficial de los hechos presentada por la entidad demandada.
Concretamente, respecto de las declaraciones rendidas ante notario público por
los señores Blanca Omaira Gámez y Whialman Torres Pinzón, en la sentencia
controvertida se indicó:
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“87.La Sala reitera que el recurrente reprochó la valoración probatoria de la
juez de primera instancia y señaló que con las declaraciones extra proceso
aportadas con la demanda era posible establecer las circunstancias en que
ocurrió la muerte del señor Bonilla, así como las irregularidades cometidas por
los miembros del Ejército Nacional en el predio donde sucedieron los hechos,
el manejo de la información y la forma de extracción de los cadáveres, con el
propósito de ocultamiento de los mismos.
88.En ese sentido, se tiene que los señores Blanca Omaira Gamez y
Whialman Torres Pinzón señalaron que para el 25 de octubre de 2005 el
ejército estaba acampando en la finca de un señor de nombre Luis Alonso y
para el 27 de siguiente en la madrugada “los cogieron y los amarraron y los
torturaron más o menos a las 11 AM. Formaron una balacera sobre las 4:30
p.m. fueron los vecinos con sus hijos a la casa de los finados MARCO FIDEL
BONILLA Y PASCUAL OSORIO”. (copia de las declaraciones extrajuicio, fls.
105 y 106, c.1).
89.De igual forma, hicieron afirmaciones referentes a que los militares no
dejaron que los vecinos ingresaran al predio y que al día siguiente llegó el
helicóptero por los cadáveres, sin que se suministraran información clara y
precisa sobre la identificación de los mismos y el lugar a donde serían
trasladados.
90.También aseguraron que los residentes de la vereda no hablaban de lo
sucedido por temor y que los miembros de la tropa se consumieron los
animales del señor Bonilla, le tiraron unos bultos de arroz y hurtaron una
motosierra y una guadañadora.
91.En ese punto, la Sala pone de presente que contrario a lo referido por
el recurrente, de las versiones rendidas por los señores Blanca Omaira
Gamez y Whialman Torres Pinzón, no se desprende la forma en cómo se
desarrollaron los hechos que rodearon la muerte del señor Bonilla.
92.En efecto, los referidos señores suscribieron un único texto de su
declaración ante notario, en la que no fueron precisos sobre el lugar
donde indicaron que estaban acampando los militares, el por qué les
constaba que el señor Bonilla y su trabajador fueron amarrados y
torturados, la distancia entre el lugar donde se había instalado la tropa,
el lugar de residencia de las víctimas y el sitio donde se encontraban los
declarantes.
93. En otros términos, la versión expuesta no brinda certeza de los
detalles que indicaron les constaba la muerte del señor Bonilla, la
ubicación donde se encontraban en relación con el sitio donde se
supone ocurrieron los hechos, si vieron la actuación que predican fue
desplegada por los militares cuando afirmaron que los habían amarrado
y torturado o, por el contrario, fue algo que escucharon de los
residentes del sector.” (Énfasis de la Sala)
Según lo transcrito, ambos particulares afirmaron que los señores Marco Fidel
Bonilla y Pascual Osorio habían sido amarrados y torturados por miembros del
Ejército Nacional que acampaban en una finca aledaña.
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No obstante, el Tribunal consideró que de tales afirmaciones no se desprendía
claramente la forma en que se desarrollaron los hechos que rodearon la muerte
del señor Bonilla, ya que no fueron claros en indicar por qué les constaba que él y
su trabajador habían sido torturados, ni fueron precisos en indicar el lugar donde
acampaban los militares o la distancia entre el lugar de instalación de la tropa, el
lugar de residencia de las víctimas y el sitio donde estaban los declarantes.
En criterio de la Sala, la conclusión a la que llegó la autoridad judicial no resulta
arbitraria o irrazonable porque, en virtud de un examen adecuado y justificado de
las declaraciones, pudo determinar que la información presentada por los señores
Blanca Omaira Gámez y Whialman Torres Pinzón no brindaba la certeza suficiente
sobre su conocimiento directo de los hechos, en la medida en que no existía
claridad sobre la forma en que les constaba que el señor Bonilla y su trabajador
habían sido torturados.
Situación similar ocurre respecto del testimonio rendido por el señor Héctor Julio
Sanabria Cruz dentro del proceso ordinario, quien afirmó conocer al señor Bonilla
desde el año 2000 por sus labores como presidente de la Junta de Acción
Comunal de la vereda Argelia, lugar en el que vivía antes de radicarse en la
vereda Agua Bonita del municipio de Calamar, Guaviare.
En su declaración, el testigo afirmó encontrarse en una finca cercana a la de la
víctima cuando se desarrollaron los hechos, sitio desde el cual se dirigió junto con
una de las hijas del occiso hacia el inmueble en el que se desplegó la acción del
Ejército Nacional.
Refirió que los uniformados les cortaron el paso en el camino que conducía a la
finca del señor Bonilla y no los dejaron continuar, y que sobre las cuatro o cinco de
la tarde escucharon detonaciones de bombas y descargas de fusil que provenían
de la casa de la víctima.
Declaró que al día siguiente regresaron y vieron que los militares estaban
llevándose unos cuerpos en un helicóptero, pero que no les permitieron
identificarlos; además, se percataron de que los víveres estaban regados en el
piso, que se habían llevado gallinas y cerdos de la finca, así como rastros de
sangre y cartuchos.
Finalmente, aseguró que los únicos que estaban en la zona eran los miembros del
Ejército Nacional, por lo que habían sido ellos quienes asesinaron al familiar de los
demandantes y a su trabajador.
Según el Tribunal, este testimonio no ofrecía elementos suficientes para desvirtuar
la versión consignada en el informe de patrullaje por las razones que se explican a
continuación:
“102. Los miembros del Ejército Nacional se encontraban en la zona desde el
primero de octubre de 2005, desarrollando la orden de operaciones
fragmentaria N° 1302/2005 “ORIÓN y desde el 18 de octubre siguiente,
! ")!
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recibieron información sobre la intimidación que estarían perpetrando
integrantes de las FARC a los habitantes de la zona para obtener detalles de
sus movimientos, lo que determinó que para el 26 de octubre de 2005
hicieran labores de tácticas militares de emboscada (párrafos 59., 60. y 71).
103. Sobre esta versión fueron coincidentes los militares que rindieron
declaración en la investigación preliminar, quienes narraron cómo se
organizaron y prepararon la emboscada, así como:
i) llevaban varias horas en la maraña sin ver presencia o movimiento alguno
en el lugar;
ii) al escuchar ruido de pisadas sobre hojas secas, dieron la voz de alto y la
respuesta fueron disparos;
iii) al otro lado del caño estaban ubicadas varias personas que les dispararon;
iv) no hubo orden para disparar, solamente reaccionaron al ataque que se
prolongó entre 15 y 20 minutos;
v) la distancia aproximada de la ubicación entre la maraña y el lugar de donde
recibieron los disparos oscilaba entre 30 y 40 metros y de unos 15 metros de
donde quedaron los cuerpos;
vi) el lugar era de vegetación espesa, con mucha maraña y cerca de un caño;
vii) en los días previos no fueron objeto de hostigamiento por parte de la
guerrilla;
ix) sin embargo, sabían de la presencia de subversivos que se movilizaban de
civil;
x) tuvieron que desplazarse con los cadáveres a otro lugar, para evitar
ataques de los subversivos, estar más cerca del grupo de apoyo y ubicarse
en lugar seguro donde pudiera llegar el helicóptero (copia de las
declaraciones rendidas en el Juzgado 62 de Instrucción Penal Militar,
indagación preliminar N° 137-2005 , fls. 37 a 42, 43 a 48, 56 a 60, 63 a 67, 99
a 102, 103 a 107, 108 a 111, c.2, párrafo 72.).
104. De conformidad con lo anterior, la Sala advierte que no se
encuentran inconsistencias en los relatos de los soldados, los cuales
guardan relación con la orden de operaciones aportada, no desconocen
que llevaban un mes aproximadamente en la zona y reconocieron que no
fueron hostigados en días previos, pero sí que habían recibido
información de la presencia de miliciano en el sector.
105. Por lo tanto, para la Sala no se desvirtuó la reacción armada en la
que se reportó la muerte de dos personas el 27 de octubre de 2005 en
jurisdicción del municipio de Calamar (Guaviare).” (Se resalta)
De lo transcrito, la Sala no encuentra irregularidad alguna en el estudio efectuado
por la autoridad judicial, ya que fue con base en el análisis contrastado del
testimonio del señor Sanabria Cruz con los demás elementos de prueba, que pudo
concluir que su declaración no brindaba la certeza necesaria para desvirtuar el
informe oficial sobre la muerte del señor Bonilla.
En efecto, en las afirmaciones realizadas por el testigo no se encontraban
elementos suficientes para determinar que, contrario a lo reportado por el Ejército
Nacional, la acción de los uniformados no obedecía a una reacción armada sino a
una ejecución extrajudicial.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
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Esta conclusión, en criterio de la Sala, no puede catalogarse como irregular o
caprichosa, sino que se traduce en el resultado lógico de un ejercicio de
interpretación y análisis conjunto del material probatorio allegado al expediente, el
cual no resultó suficiente para desechar los reportes oficiales presentados por la
entidad demandada sobre la muerte del familiar de los accionantes.
Ahora bien, respecto de la prueba sobreviniente que presuntamente fue
desconocida por el Tribunal, se precisa que esta hace referencia a las actas de
sometimiento ante la JEP, de dos uniformados que participaron en la operación
militar en la que resultó muerto el señor Bonilla, junto con el informe presentado
por el magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de ese tribunal.
En criterio de la parte actora, estos documentos no fueron tenidos en cuenta a
pesar de que en ellos consta la confesión de la participación del señor Miguel
Ángel Rojas Hernández en el homicidio del señor Bonilla.
Sobre el punto, se precisa que las piezas procesales en cuestión fueron
solicitadas por la apoderada de la parte actora antes de dictar sentencia de
segunda instancia, y fueron decretadas en debida forma por el Tribunal mediante
auto del 17 de febrero de 2020.
En cumplimiento de lo anterior, se aportó al expediente un informe del magistrado
de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para
la Paz, en el que puso de presente que ante su despacho se adelantaba el trámite
de sometimiento a la JEP incoado por los señores Julio César Peña Hío y Miguel
Ángel Rojas Hernández, en calidad de agentes del Estado pertenecientes al
Ejército Nacional.
De igual manera, aportó la siguiente tabla en la que hizo constar los hechos por
los cuales los militares solicitaban su sometimiento ante la JEP:
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Así mismo, anexó copia de las Resoluciones 3792 y 6383 del 23 de julio y 11 de
octubre de 2019, respectivamente, en las que el despacho asumió la solicitud de
sometimiento y solicitó unas pruebas, y aclaró que actualmente se encuentra a la
espera de la información requerida a la jurisdicción ordinaria y a los solicitantes
para tomar posteriormente una decisión de fondo.
Sobre estos documentos, el Tribunal demandado señaló lo siguiente:
110. Sobre el particular, si bien consta que señores Julio César Peña Hio y
Miguel Ángel Rojas Hernández, militares que rindieron declaración en la
justicia penal militar por los hechos que dieron origen al proceso de la
referencia (párrafo 72.), presentaron solicitud de sometimiento a la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, tal
circunstancia por sí sola no determina la configuración de una ejecución
extrajudicial ni la consecuente responsabilidad que se endilga a la demanda.
111. En efecto, en las resoluciones proferidas por la JEP el 23 de julio y 11 de
octubre de 2019, se aclaró expresamente que asumir el conocimiento de la
solicitud no implicaba el ingreso a esa jurisdicción ni el otorgamiento de
beneficios, pues estaba sujeta al análisis de la referida Sala, por lo que se
dispuso el correspondiente recaudo probatorio.
112. Por lo tanto, contrario a lo señalado por el recurrente, en este caso no
hay lugar a proferir condena, pues como se explicó, no se desvirtuó la
información oficial que sobre el hecho se reportó.
En síntesis, para la autoridad judicial tales elementos no tenían por sí solos la
virtualidad de demostrar la configuración de una ejecución extrajudicial, ya que de
ellos solo se podía tener por cierto que los militares habían solicitado su
sometimiento ante la JEP y que este tribunal había asumido el conocimiento de
tales solicitudes.
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De hecho, la tabla arriba reseñada presenta información incompleta, pues
únicamente presenta la siguiente afirmación textual sin que exista certeza de su
emisor o del escenario en el que se hizo:
“El día 27 de octubre de 2005, en la Finca el Porvenir, vereda de Agua Bonita
Media, jurisdicción de Calamar Guaviare, dan muerte en estado de
indefensión y previa retención a MARCO FIDEL BONILLA, propietario de la
finca y a su jornalero, PASCUAL ANTONIO OSORIO BARBOSA, miembros
de la unidad militar ATOMO al mando del subteniente RODRIGUEZ
GONGORA WILLIAM. Tropas pertenecientes al BCG-64 de la BRIM- 7,
quienes presentan a las víctimas como dados de baja sobre” (Sic a la
transcripción)
Por lo tanto, contrario a lo alegado por los accionantes en el escrito de tutela, no
es cierto que el Tribunal haya pasado por alto la confesión del señor Miguel Ángel
Rojas Hernández sobre la muerte en estado de indefensión del señor Bonilla a
manos del Ejército Nacional, pues en estricto sentido la afirmación consignada en
el informe de la JEP no podía ser catalogada como una confesión.
Este hecho cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que en la Resolución No.
3702 del 23 de julio de 2019, a través de la cual se asumió la solicitud de
sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz presentada por el señor Miguel
Ángel Rojas Hernández, se precisó que su petición tenía como fundamento la
existencia de una investigación penal en su contra por parte de la Fiscalía 49
Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por los
hechos objeto de controversia, sin que de ello se desprenda confesión alguna.
Así las cosas, esta Sala no encuentra irregularidad alguna en el análisis probatorio
desplegado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, ya que el estudio del caso tuvo como fundamento cada una de las
pruebas allegadas al expediente, examen que le permitió concluir que no habían
elementos suficientes para desvirtuar la versión oficial de los hechos rendida por el
Ejército Nacional y, por ende, no había lugar a declarar la responsabilidad del
Estado en la muerte del señor Bonilla.
Por tal razón, no se encuentra acreditado el defecto fáctico invocado por los
accionantes.
5.2.1. Desconocimiento del precedente
Para esta Sala10 el precedente es aquella regla creada por una alta corte y órgano
de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un determinado
conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo
sentido para que dicha regla sea considerada como tal.
!
10
Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019,
radicación 11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y
la providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con
ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
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Lo anterior en ejercicio de la actividad creadora del derecho, ya sea para definir la
interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe dársele la mejor
solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos normativos, siempre
a la luz de los preceptos constitucionales.
Dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y operadores
judiciales y constituye la creación del derecho, al definir directrices que permiten
resolver la controversia bajo la primacía de la Constitución.
Esta Sección ha considerado que la parte que invoca el desconocimiento de un
precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión
que considera desatendida, ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del
nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y
iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
5.2.2. Bloque de constitucionalidad – Control de Convencionalidad
De antaño, la Corte Constitucional definió el bloque de constitucionalidad como
una estructura jurídica compuesta “(…) por aquellas normas y principios que, sin
aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como
parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido
normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de
la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor
constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de
que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas
del articulado constitucional stricto sensu.”11
Noción que reiteró y precisó al explicar que “El Estatuto Superior está
compuesto por un grupo más amplio de principios, reglas y normas de
derecho positivo que conforman el denominado “bloque de constitucionalidad” y
que comparten con los artículos de texto de la Carta la mayor jerarquía
normativa en el orden interno. En este sentido, la noción “bloque de
constitucionalidad” pretende transmitir la idea de que la constitución de un
Estado es mucho más amplia que su texto constitucional, dado que existen
otras disposiciones, contenidas en otros instrumentos o recopilaciones, que
también son normas constitucionales.”12 (Destacado por la Sala)
En la medida de lo expuesto, se puede colegir que las disposiciones superiores
de un Estado nacional no se limitan en las previstas en el texto constitucional,
sino que se extienden a otras normas que, aun sin estar expresamente previstas
en los cánones de mayor jerarquía, hacen parte de la organización constitucional.
La Carta de 1991 consagró expresamente la noción bajo análisis en el artículo 93,
de acuerdo con el cual “Los tratados y convenios internacionales ratificados
por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su
limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. (…) Los
!
11
Sentencia C-225 de 1995.
12
Sentencia C-067/ de 2003.
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derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia.”13 (Destacado por la Sala)
Aunque vale precisar que la prevalencia de los tratados internacionales no implica
la subordinación de la Constitución Política a estos, y fue con base en la
necesidad de esta aclaración que la Corte Constitucional introdujo, o más bien
precisó, el concepto de bloque de constitucionalidad al advertir que los tratados
de derecho internacional “(…) forman con el resto del texto constitucional un
"bloque de constitucionalidad", cuyo respeto se impone a la ley.”14
La Corporación en cita reiteró esta precisión cuando puso de presente que la
jerarquía de los instrumentos internacionales no los ubican en un plano de
superioridad frente a la Carta Política, más bien deben interpretarse de manera
armónica con esta, al señalar que “(…) la pertenencia de una determinada
norma internacional al llamado bloque de constitucionalidad, de manera
alguna puede ser interpretada en términos de que esta última prevalezca
sobre el Texto Fundamental; por el contrario, dicha inclusión conlleva
necesariamente a adelantar interpretaciones armónicas y sistemáticas entre
disposiciones jurídicas de diverso origen.”15 (Destacado por la Sala)
Pronunciamiento en donde puntualizó, respecto de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, que “el mencionado instrumento internacional forma
parte del bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, debe ser utilizado como
parámetro que guíe el examen de constitucionalidad de las leyes colombianas,
pero ello no significa que las normas pertenecientes al bloque adquieran el rango
de normas supraconstitucionales. En ese sentido, la confrontación de una ley con
un tratado internacional no puede dar lugar a una declaratoria automática de
constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que es necesario, a su vez,
interpretarla sistemáticamente con el texto de la Constitución.”
En la Sentencia C-101 de 2018, el alto Tribunal Constitucional explicó que el
bloque de constitucionalidad cumple una doble función, (i) la interpretativa en
cuanto “sirve de referente hermenéutico sobre el contenido de las disposiciones
constitucionales y en la identificación de las limitaciones admisibles a los
derechos fundamentales.”, y (ii) la integradora “que brinda una provisión de los
marcos específicos de constitucionalidad en ausencia de disposiciones superiores
expresas, (…)”, esto es, que suple los vacíos de la Constitución Política.
!
13
Conviene advertir que no es la única disposición que se refiere a la jerarquía de los instrumentos
internacionales en el orden jurídico interno, comoquiera que el artículo 9° prevé que las relaciones
internacionales del Estado se fundamentan, entre otros, en el reconocimiento de los principios del
derecho internacional, al tiempo que el artículo 44 dispuso que los niños gozan de los demás
derechos consagrados en los tratados internacionales; mientras que el 94 se refirió al carácter
implícito de otros derechos inherentes a la persona humana; el 53 que integra a la legislación
interna los convenios internacionales del trabajo; 101 que dispone que los limites del territorio
colombiano solo pueden modificarse por virtud de tratados aprobados por el Congreso; y 214
acerca del respeto a los derechos humanos y las reglas del derecho internacional humanitario
durante estados de excepción.
14
Sentencia C-225 de 1995.
15
Sentencia C-028 de 2006.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Ahora bien, en lo que concierne a los pronunciamientos internacionales, la Corte
Constitucional se decantó por precisar que estos “deben ser tenidos en cuenta
como criterio de interpretación de los derechos fundamentales.”16, de tal suerte
que no le confieren un carácter estrictamente vinculante.
Así lo expuso:
“19. La jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en afirmar desde
sus inicios que los precedentes “de las instancias internacionales,
encargadas de interpretar esos tratados [derechos humanos],
constituyen un criterio hermenéutico relevante para establecer el
sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales”.
En este sentido, la Corte, en aplicación de la función interpretativa
del bloque de constitucionalidad, de forma reiterada ha utilizado
las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los comités de
monitoreo de tratados de Naciones Unidas así como las
recomendaciones de los comités de monitoreo de Naciones Unidas, las
recomendaciones generales de estos mismos órganos y los reportes
emitidos en el marco del sistema interamericano, entre otros, como
criterio hermenéutico relevante para establecer el alcance de la
protección de los derechos fundamentales.
(…)
22. Ahora bien, en relación con este segundo grupo de decisiones, la
jurisprudencia no ha sido uniforme en establecer si tienen un
carácter vinculante o relevante para la interpretación. De forma
constante ha dicho que esta doctrina constituye un criterio relevante de
interpretación. No obstante, también ha dicho en algunas oportunidades
que una decisión que interpreta el alcance de una disposición que hace
parte del bloque de constitucionalidad es vinculante, pero el criterio
generalizado y reiterado es el primero.
23. Específicamente, sobre las decisiones de la Corte IDH, este
Tribunal afirmó en la sentencia C-010 de 2000, que al ser la Corte IDH
el “órgano judicial autorizado para interpretar autorizadamente” la
Convención Americana de Derechos Humanos, se deben tener en
cuenta sus fallos para fijar el alcance y contenido de los derechos
constitucionales, pero eso no implica que deba concluir
exactamente lo mismo que precisó la Corte IDH, pues puede
apartarse de esa interpretación.
(…)
En otras palabras, la jurisprudencia ha sido constante en reiterar que a
la luz de lo dispuesto en el artículo 93 Superior, los estándares y
reglas fijados por los organismos internacionales que monitorean
el cumplimiento de los tratados sobre derechos humanos deben
ser tenidos en cuenta para interpretar los contenidos normativos,
ya que éstos “constituyen una presencia tutelar, que está irradiando,
!
16
Sentencia C-327 de 2016.
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guiando y delimitando la normatividad y la aplicación concreta de sus
preceptos”, sin que eso signifique que la Corte no pueda apartarse
del precedente o interpretar de manera diferente las normas
internacionales que le sirven de fundamento al fallo.” (Destacado
por la Sala)
De acuerdo con los derroteros expuestos, aunque el ordenamiento constitucional
colombiano confiere a los instrumentos de derecho internacional la condición de
verdaderas normas constitucionales y, por lo tanto, prevalentes sobre las leyes de
los estados nacionales, ello no conlleva a que tales disposiciones gocen de un
rango superior respecto de las normas de la Carta Fundamental, pues por virtud
de la función integradora e interpretativa del bloque de constitucionalidad,
contribuyen a proveer marcos específicos de constitucionalidad en ausencia de
disposiciones expresas del estatuto Superior, y sirven de referente hermenéutico
para interpretar el contenido y alcance del texto constitucional, pero de ninguna
manera se les puede atribuir efectos supraconstitucionales.
La línea interpretativa expuesta se extiende a los efectos de los pronunciamientos
de las autoridades judiciales internacionales, en tanto la Corte Constitucional
advirtió, específicamente respecto de la Corte IDH, que si bien es intérprete
autorizado de los preceptos de derecho internacional de los derechos humanos,
sus consideraciones se enmarcan en un criterio de interpretación relevante que se
debe tener en cuenta “para fijar el alcance y contenido de los derechos y deberes
que se encuentran consagrados en el ordenamiento jurídico interno.”17, sin que
ello traiga consigo su acato irrestricto por parte del órgano judicial garante de la
Carta de 1991, ya que incluso bien puede apartarse de esa interpretación.
Ahora bien, el control, de convencionalidad consiste en la obligación de los jueces
de garantizar los efectos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
y que estos no se distorsionen por normas de derecho interno que le sean
contrarias.
En los precisos términos de la Corte IDH “La Corte es consciente que los jueces
y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados
a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un
Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención
Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están
sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las
disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de
leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos
jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de
“control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que
aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”18 (Destacado por
!
17
Sentencia C-327 de 2016.
18
Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006.
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la Sala)
Aunque, valga anotar, la Corte Constitucional, además de los pronunciamientos
expuestos, se decantó por la tesis según la cual la decisión de un tribunal
internacional “no puede ser trasplantada automáticamente al caso colombiano en
ejercicio de un control de convencionalidad que no tenga en cuenta las
particularidades del ordenamiento jurídico interno, (…)”19, lo que ubica al juez en
el escenario de armonizar las disposiciones internacionales y las constitucionales
de cara a las leyes del orden nacional.
5.2.3. Análisis concreto
Visto el marco normativo y jurisprudencial expuesto, la Sala procede a
pronunciarse sobre el alegato relacionado con la transgresión de los postulados
del sistema interamericano que los accionantes consideran aplicables a su
situación.
En este caso, la parte actora alegó que con la sentencia cuestionada se
desconocieron los lineamientos trazados por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre reparación integral y flexibilización probatoria en casos
relacionados con desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Específicamente, se refirió al caso La Cantuta vs. Perú, en el que se dispuso que
el derecho de las víctimas a recibir una reparación integral efectiva por los daños
sufridos es un principio fundamental del derecho internacional que obliga a los
Estados a reparar y a cesar las consecuencias de las violaciones de derechos
humanos.
De igual manera, destacó el caso García Lucero vs. Chile, en el que se estimó que
el derecho a la reparación integral no puede limitarse a la existencia de programas
administrativos que ofrezcan ayudas pecuniarias, ya que tampoco deben existir
impedimentos para el acceso a la administración de justicia.
Respecto de estas dos decisiones, la Sala considera que sus postulados no
resultaban aplicables al caso concreto, justamente porque en ellas se planteó el
tema de la reparación integral como un derecho que le asiste a las víctimas de
violaciones de derechos humanos, circunstancia que finalmente no fue probada
dentro del presente asunto.
En efecto, estas decisiones plantearon lineamientos relacionados con el deber de
los Estados de garantizar no solo la existencia de medidas de carácter pecuniario
que garanticen la indemnización de los afectados, sino de mecanismos que
permitan el acceso a la administración de justicia, como parte de las medidas
integrales de reparación.
!
19
Sentencia C-442 de 2011.
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Sin embargo, en este caso no se encontró demostrada la responsabilidad del
Estado en la muerte del señor Bonilla, por lo que las precisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparación integral no tenían
aplicación en el objeto de esta controversia, así que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, no incurrió en irregularidad alguna
al no integrarlas dentro de su decisión.
De otra parte, los accionantes hicieron referencia al caso Órdenes Guerra Vs.
Chile, en el que se dispuso que el esclarecimiento de los hechos y la obtención de
justicia por parte de víctimas de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra
o cualquier otro ultraje de tal gravedad, tienen un carácter fundamental dentro del
derecho internacional, por lo que todas las acciones judiciales iniciadas en virtud
de este tipo de hechos deben tener un análisis probatorio especial, en la medida
en que es imposible que las víctimas puedan aportar pruebas como fotos o
descripciones detalladas sobre los hechos y el lugar donde ocurrieron.
En resumen, la parte actora considera que el tribunal cuestionado pasó por alto la
tesis sobre flexibilización probatoria al momento de realizar el análisis de las
pruebas allegadas al expediente, ya que estas eran suficientes para demostrar
que el Ejército Nacional había desaparecido y ejecutado extrajudicialmente a su
familiar.
Al respecto, la Sala precisa que contrario a lo alegado por los accionantes, en la
sentencia cuestionada sí se tuvo presente la necesidad de flexibilizar el análisis
probatorio al tratarse de un caso de posibles violaciones de derechos humanos.
De hecho, el Tribunal aplicó tal postulado al momento de estudiar las
declaraciones de los señores Blanca Omaira Gámez y Whialman Torres Pinzón,
las cuales no fueron ratificadas en el proceso ordinario a pesar de tratarse de
declaraciones extraprocesales:
“56.En relación con las declaraciones extraproceso de los señores Blanca
Omaira Gamez y Whialman Torres Pinzón rendidas ante notario (fls. 105 y
106, c.1), la Sala advierte que fueron decretadas y valoradas como
pruebas documentales y respecto de las cuales no se solicitó
ratificación de conformidad con lo previsto en los artículos 188 y 222
C.G.P., por lo que en principio, carecen de eficacia probatoria.
57.No obstante, la valoración de su contenido se hará en conjunto con
las demás pruebas que obren en el proceso, pues en consideración a
que en el caso bajo examen se alegó la configuración graves violaciones
a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, debe hacerse una flexibilización en la apreciación y
valoración de la prueba por parte del juez de lo contencioso
administrativo, tal y como lo ha establecido el Consejo de Estado:
(...)
8.5. Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios
probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En la gran
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mayoría de casos, las graves violaciones de Derechos Humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia,
cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en
zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de
impunidad. Lo anterior ha producido que las víctimas, como sujetos
de debilidad manifiesta, queden, en muchos casos, en la
imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad
humana.
8.5.1. Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa
inexorable realidad, deberá acudir a criterios flexibles, privilegiar la
valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas
guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir
la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos
fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas
afectadas.
8.5.2. Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en casos de
graves violaciones de Derechos Humamos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática
jurídico procesal tradicional, según el cual las partes acceden al
proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos
las víctimas quedan en una relación asimétrica de cara al patrimonio
de la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la
necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los
estándares probatorios.
8.5.3. Por otro lado, es importante señalar que el Código de
Procedimiento Civil en su artículo 175, permite que “cualesquiera
otros medios de prueba que sean útiles para el convencimiento del
juez” tengan la capacidad de acreditar los hechos objeto del proceso
y, por lo tanto, el juez sin tener una tarifa legal podrá acudir a los que
crea pertinentes y relevantes, a fin de establecer un juicio adecuado.
8.5.4. En consideración a que el caso presente trata de graves
violaciones a los derechos humanos, la Sala adecuará los criterios de
valoración probatoria a los estándares establecidos por los
instrumentos internacionales en aras de garantizar una justicia
efectiva y adecuada.” (Énfasis propio)
En todo caso, resulta necesario aclarar que esa flexibilización no puede traducirse
en la declaratoria de responsabilidad estatal con base en pruebas insuficientes,
pues independientemente de la especial consideración que debe merecer el
análisis probatorio en este tipo de procesos, lo cierto es que el Tribunal no
encontró elementos suficientes para desvirtuar la versión oficial de los hechos
presentada por el Ejército Nacional ni para determinar que la muerte del señor
Bonilla constituía una ejecución extrajudicial.
Al respecto, la sentencia censurada concluyó:
“113. De conformidad con lo anterior, la Sala pone de presente que si bien en
los eventos en que se alegan graves violaciones de derechos humanos e
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2022-02440-00
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, debe la apreciación y
valoración de los medios probatorios debe ser flexible! (párrafo 57.), ello
no implica que deba proferirse condena con un esquema probatorio
inferior, máxime si se tiene en cuenta que en el asunto bajo examen no
hay indicios que brinden certeza de la alegada ejecución extrajudicial.
114. Así, se reitera que no existen elementos que permitan inferir que la
confrontación armada de que dan cuenta los informes oficiales no ocurrió,
pues se tiene que en la zona sí había presencia de grupos armados al
margen de la ley, lo que determinó el desarrollo de una orden de operaciones.
115. En otros términos, sin desconocer que la Fiscal 211 de la Dirección de la
Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional –Grupo de
Exhumaciones, remitió las diligencias de identificación, exhumación y entrega
digna de los restos óseos del señor Marco Fidel Bonilla a la directora de la
Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, por la posible comisión del punible de homicidio y/o
ejecución extrajudicial con base en la información suministrada por el
hermano del occiso (párrafo 84.) y la certificación conforme a la cual el señor
Marco Fidel Bonilla carecía de antecedentes penales y/ o requerimientos
judiciales (párrafo 86.), tales circunstancias son insuficientes para tener por
acreditada la ejecución extrajudicial que fundamentó la demanda.
116. En conclusión, la Sala confirmará la decisión de primera instancia por las
razones expuestas, pues no se acreditó la responsabilidad endilgada a la
entidad demandada, toda vez que no hay certeza de que la muerte del señor
Bonilla se enmarcó en una ejecución extrajudicial.”
En ese orden de ideas, la Sala concluye que no se desconocieron los lineamientos
trazados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre flexibilización
probatoria en casos relacionados con desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales.
En este caso, más que existir una irregularidad en el análisis desplegado por el
Tribunal, lo que se evidencia es un análisis objetivo respaldado por facultades
propias de la labor evaluadora del juez de conocimiento, en contraposición con la
inconformidad de los accionantes con la decisión finalmente adoptada.
Tal circunstancia no implica de manera alguna que se hayan desconocido sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la reparación integral de las víctimas
y al acceso a la administración de justicia pues, contrario a ello, es claro que la
sentencia cuestionada fue proferida en respeto de las garantías de las partes
involucradas en la controversia.
Distinto es que la parte actora se encuentre en desacuerdo con la conclusión a la
que se llegó en la providencia objeto de reproche y pretenda desconocer tal
decisión imponiendo su propio criterio, únicamente por ser contraria a sus
intereses.
Proceder de tal manera se traduciría en un desconocimiento de la autonomía de la
que gozan los jueces en sus providencias, cuya decisión en este caso no se
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Demandantes: María Romelia Bonilla Acosta y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2022-02440-00
vislumbra abiertamente arbitraria ni contradictoria de los postulados que rigen el
estudio de la responsabilidad estatal.
Así las cosas, al no estar acreditado ninguno de los defectos invocados en el
escrito de tutela, esta Sala no encuentra que se hayan vulnerado los derechos
fundamentales de la parte actora, razón por la cual se denegará el amparo
solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniégase la solicitud de tutela presentada por la señora María
Romelia Bonilla Acosta y otros, de conformidad con lo señalado en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salva voto
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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