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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02564-00

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02564-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la petición de desvinculación formulada por el Ministerio del Interior, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.2.1. de la parte considerativa de esta providencia. 32 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Alicia Mora Rincón y otros Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-02564-00 SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, solicitado por los señores Alicia Mora Rincón, Orlando Benítez Mora, Juan Carlos Benítez Mora, Gloria Sofía Benítez Mora y Claudia Marcela Benítez Mora, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.7. de la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada en esta decisión, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02564-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

23 de junio de 2022

Demandantes: Alicia Mora Rincón y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02564-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02564-00
Demandantes: ALICIA MORA RINCÓN Y OTROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN C Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – defectos fáctico y
desconocimiento del precedente – responsabilidad del Estado
por daños causados en zonas que se constituyen
transitoriamente para entablar diálogos con grupos armados al
margen de la ley

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela que ejercieron
los señores Alicia Mora Rincón, Orlando Benítez Mora, Juan Carlos Benítez Mora,
Gloría Sofía Benítez Mora y Claudia Marcela Benítez Mora contra el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección C y el Tribunal Administrativo de
Córdoba.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 9 de mayo de 2022 al buzón web de la Secretaría
General del Consejo de Estado, los señores Alicia Mora Rincón, Orlando Benítez
Mora, Juan Carlos Benítez Mora, Gloría Sofía Benítez Mora y Claudia Marcela
Benítez Mora, actuando a través de apoderado, ejercieron acción de tutela contra
el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y el Tribunal
Administrativo de Córdoba, con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva.

2. Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías
constitucionales, con ocasión de las sentencias proferidas por el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección C y el Tribunal Administrativo de Córdoba

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Demandantes: Alicia Mora Rincón y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otro
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el 27 de abril de 2020 y el 13 de junio de 2011, respectivamente, mediante las
cuales se negaron las pretensiones de la demanda que presentó la señora Alicia
Mora Rincón y otros, en ejercicio del medio de control de reparación directa,
contra el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la
Nación, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración disponga dejar sin
efecto la providencia del 13 de junio de 2011 proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba y la sentencia del 27 de abril de 2020, proferida por la
Subsección C, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, notificada
personalmente el 11 de noviembre de 2021, dentro del proceso identificado con el
No. 23001-23-31-000-2006-00988-01.

TERCERA: Ordene {al} Tribunal Administrativo de Córdoba y a la Subsección C,
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que dentro de un término prudencial
emita sentencia en la cual se atiendan y garanticen los derechos fundamentales de
ALICIA MORA RINCÓN y sus hijos ORLANDO BENÍTEZ MORA, JUAN CARLOS
BENÍTEZ MORA, GLORIA SOFÍA BENÍTEZ MORA y CLAUDIA MARCELA
BENÍTEZ MORA, subsanando los defectos referidos en la presente acción de
tutela.

CUARTA: Cualquier otra que considere el juez de tutela procedente con la
finalidad de amparar los derechos fundamentales de ALICIA MORA RINCÓN y sus
hijos ORLANDO BENÍTEZ MORA, JUAN CARLOS BENÍTEZ MORA, GLORÍA
SOFÍA BENÍTEZ MORA, y CLAUDIA MARCELA BENÍTEZ MORA.”

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Orlando José Benítez Palencia fue elegido diputado a la asamblea
departamental de Córdoba, por el Partido Liberal, para los periodos 2001 a 2003 y
2004 a 2007.

5. El 15 de junio de 2004, el Gobierno Nacional inició el proceso de diálogo,
negociación y firma de acuerdos con las Autodefensas Unidas de Colombia y creó
la zona de ubicación temporal para ese grupo armado en el área rural del
municipio de Tierraalta – Córdoba.

6. El 10 de abril de 2005, miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia1
atentaron contra el señor Orlando José Benítez Palencia y su hermana Iris del

1 El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz, mediante sentencia

de segunda instancia del 24 de noviembre de 2010, declaró responsables a los señores Diego
Fernando Murillo Bejarano alias “Adolfo Paz, Don Berna o Pata de Palo”, Manuel Camilo Monterrosa
alias “Bachiller” y Jhonys Manuel Blanco Fuentes alias “Tapón”, del homicidio de los señores Orlando
José Benítez Palencia e Iris del Carmen Benítez Palencia.

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Carmen Benítez Palencia causándoles su muerte, y sus cuerpos fueron hallados
en el municipio de Tierraalta – Córdoba2.

7. La señora Alicia Mora Rincón3 y sus hijos Orlando Benítez Mora, Juan
Carlos Benítez Mora, Gloria Sofía Benítez Mora y Claudia Marcela Benítez Mora 4,
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la
Nación, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, con el fin de que se declarara a
dichas entidades administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios
ocasionados por el homicidio del señor Orlando José Benítez Palencia y su
hermana Iris del Carmen Benítez Palencia.

8. El proceso le correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo
de Córdoba que, mediante fallo del 13 de junio de 2011, negó las pretensiones de
la demanda, al concluir:

“En definitiva, para que proceda la declaratoria de responsabilidad por la falla del
servicio, se requiere la concurrencia de los elementos que la integran; sin
embargo, en el caso, hechos los análisis probatorios precedentes, si bien ocurrió el
hecho, y existe la obligación legal a cargo de la autoridad, no se ha demostrado
conducta omisiva alguna de parte de ésta, y según la situación de las víctimas,
podría darse la culpa exclusiva de ellas.

Así las cosas, no bastan las afirmaciones hechas por las partes o por sus
apoderados para proferir un fallo, son los hechos probados en forma idónea en
cada circunstancia por estos, los que llevan a la convicción de certeza al juzgador
para proferir su decisión en el sentido que en derecho corresponda; y como quiera
que en el asunto hay ausencia probatoria de los elementos esenciales que
sustentaría la imputación a la autoridad demandada, se desestimaran las
pretensiones de la demanda.”

9. Inconformes con lo anterior, los demandantes interpusieron recurso de
apelación y la alzada le correspondió resolverla al Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección C, autoridad judicial que, con sentencia del 27 de abril de
2020, confirmó la decisión recurrida, al considerar, entre otras cosas, lo siguiente:

“8. Según la demanda, la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, y
Policía Nacional, incurrieron en falla del servicio por omisión al deber de seguridad
y protección por el asesinato de Iris del Carmen y Orlando José Benítez Palencia.
Se acreditó que el Gobierno Nacional creó la zona de ubicación temporal en el
área rural del municipio de Tierralta, Córdoba en el proceso de diálogo,
negociación y firma de acuerdos con las AUC [hecho probado 6.3] y que Iris del
Carmen y Orlando José Benítez Palencia fueron asesinados por miembros de
dicho grupo ilegal en ese municipio [hechos probados 6.4, 6.5 y 6.6].

No se probó que las víctimas directas hubieran solicitado protección especial del

2 En la demanda de tutela se aseguró que: “El señor ORLANDO JOSÉ BENÍTEZ PALENCIA, su
hermana, IRIS DEL CARMÉN BENÍTEZ PALENCIA y su conductor, JOSÉ FRANCISCO MESTRA MARTÍNEZ
fueron víctimas de homicidio el 10 de abril de 2005 por hombres armados que los retuvieron en la carretera
que de Valencia y Tierra Alta conduce a Montería. (…)”
3 Cónyuge del señor Orlando José Benítez Palencia.
4 Hijos del señor Orlando José Benítez Palencia.

3

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Estado sobre su vida. Por el contario, se acreditó que Orlando José Benítez
Palencia no solicitó protección en el período comprendido entre el año 2004 hasta
el 10 de abril de 2005, al Departamento de Policía de Córdoba, al Departamento
Administrativo de Seguridad-DAS o a la Fiscalía General de la Nación [hecho
probado 6.9]. Estos documentos, además de que son públicos, no fueron tachados
de falsos y provienen de los funcionarios encargados de verificar los
requerimientos de protección solicitada por personas bajo amenaza por grupos
ilegales.

Tampoco obran al menos indicios que permitieran advertir con anticipación que Iris
del Carmen y Orlando José Benítez Palencia iban a ser víctimas de un homicidio
por parte de las AUC, pues a pesar de que aquel fue elegido diputado de la
Asamblea Departamental de Córdoba [hecho probado 6.1] y que ambos
transitaron por la zona creada por el Gobierno Nacional para negociar el desarme
de ese grupo ilegal al momento de los hechos [hechos probados 6.3 y 6.4], no se
podía concluir inequívocamente que iban a sufrir un atentado contra su vida. En
contraste, se demostró que el Batallón de Infantería n°. 33 “Junín” adoptó medidas
de seguridad en la zona de ubicación temporal de las AUC y que existía un puesto
de control institucional sobre la vía Montería-Tierralta [hechos probados 6.7 y 6.8].”

10. La sentencia del 27 de abril de 2020 se notificó por correo electrónico
enviado el jueves 11 de noviembre de 2021 a la 1:30 p.m.

1.3. Sustento de la vulneración

11. La parte actora aseguró que el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección C y el Tribunal Administrativo de Córdoba vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva, por las razones que se exponen a continuación:

12. De manera preliminar, manifestó que en el medio de control de reparación
directa los jueces se apartaron del “derecho aplicable”, hicieron una lectura
“cuestionable” de la realidad, se distanciaron arbitrariamente de lo probado y
tergiversaron los hechos de la demanda, por lo que desestimaron los argumentos
que demostraban la responsabilidad del Estado.

13. Expuso la línea argumentativa que se planteó en la demanda ordinaria, en
contraposición a los problemas jurídicos formulados por las autoridades judiciales,
de lo cual concluyó:

“Como puede observarse, en ambas providencias judiciales, se redujo la
discusión, primero a un evento de homicidio común y segundo a verificar si en ese
homicidio hubo acción u omisión de las entidades demandadas que permitiera
imputarles responsabilidad extracontractual, pasando por alto, que en la demanda
se planteó otro título de imputación: “riesgo excepcional por riesgo especial
creado” en relación con los criterios de riesgo creado y posición de garante”. Como
se demostrará más adelante, la omisión de las autoridades judiciales al no estudiar
dichos criterios desconoce de manera flagrante los precedentes jurisprudenciales y
convencionales aplicables a este asunto.”

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14. En relación con el fondo de la vulneración, indicó que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente, por lo siguiente:

• Defecto fáctico

15. Precisó que se configuró este defecto, por cuanto los jueces ordinarios
omitieron valorar todo el acervo probatorio obrante en el expediente del medio de
control de reparación directa, que demostraba que el homicidio del señor Orlando
José Benítez Palencia no fue común, sino político, y que en el recorrido que
realizó el 10 de abril de 2005 no había presencia de miembros del Ejército
Nacional o de la Policía Nacional, a pesar de ser una zona en la que debían
ejercer control por haberse constituido transitoriamente para adelantar diálogos
con las Autodefensas Unidas de Colombia.

16. Al respecto, manifestó que no se valoraron los testimonios de los señores
Dionis Portilla, Guillermo Vergara Soto, Elías Labid Asias Padilla y Guillermo
Corrales, a pesar de que no fueron controvertidos o tachados en el trámite del
proceso, los cuales coincidieron en afirmar que el referido grupo armado había
prohibido el proselitismo político en su zona de influencia y que en el trayecto de
viaje no había presencia de puestos de control de autoridades del Estado.

17. Señaló que tampoco se valoraron las comunicaciones y oficios obrantes en
“los folios 206 a 213 del expediente de instancia” en los que se asignaron tareas de
vigilancia al Ejército Nacional y a la Policía Nacional, que acreditaban que el 10 de
abril de 2005 no había presencia de la Fuerza Pública en el corredor vehicular en
donde se perpetró el crimen.

18. Aclaró que las declaraciones se debieron “contrastar” con los referidos
documentos, pues, existían graves contradicciones entre estos medios de
convicción.

19. Manifestó que las pruebas se valoraron de manera equivocada y agregó:

“Se debe hacer especial énfasis en la omisión de valoración del material probatorio
que daba cuenta del desconocimiento de la posición de garante institucional que
debía asumir la administración, para lo cual es indispensable reparar en el
concepto de riesgo creado, pues de esa forma se debía analizar el caso en
relación con los hechos ocasionados alrededor de la creación de la denominada
zona de Ralito, tal y como se puso de presente en la demanda y en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Córdoba.”

20. Transcribió apartes de varias sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado,
relacionadas con la posición de garante del Estado y afirmó que el presupuesto
que se debía probar era el “riesgo creado” por la constitución de una zona
transitoria de ubicación de grupos armados al margen de la Ley.

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21. Desde ese panorama, consideró que el defecto fáctico se configuró, porque
las autoridades judiciales accionadas “no valoraron el deber de garantía del Estado”.

22. Citó el salvamento de voto que presentó la Magistrada Diva Cabrales a la
sentencia de primera instancia cuestionada y concluyó que si se hubiera hecho un
análisis probatorio integral y adecuado, se concluiría que: (i) en el lugar donde
ocurrió el homicidio del señor Orlando José Benítez Palencia no había presencia
de la Fuerza Pública; (ii) esa zona era de influencia de las Autodefensas Unidas
de Colombia; (iii) el Estado tenía la obligación de garantizar la seguridad de todos
los ciudadanos allí pero “falló”; y (iv) que no se establecieron puestos de control
suficientes “de acuerdo con lo probado dentro del proceso

• Desconocimiento del precedente

23. Precisó que se configuró este defecto, por cuanto no se tuvieron en cuenta
las reglas de decisión establecidas en varias sentencias proferidas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, aplicables a los asuntos en los que se debate la responsabilidad del
Estado por “daños en zonas de despeje, distención (sic) y/o negociaciones”.

24. Aclaró que las providencias que contienen las reglas de decisión
desconocidas son las siguientes:

Corporación Providencia
Corte Interamericana de Derechos Sentencia del 15 de septiembre de
Humanos 2005, “Caso de la Masacre de Mapiripán
Vs Colombia”
Corte Constitucional Sentencia C-832 de 2001
“Consejo de Estado, Sección Tercera” Sentencia del “26 de enero de 2006 Exp.
20.511”5
Consejo de Estado – Sección Tercera – Sentencia del 3 de mayo de 2007 “Exp.
Subsección C 16.696”
“Consejo de Estado, Sección Tercera” Sentencia del 4 de diciembre de 2007
“Exp. 16.894”
“Consejo de Estado, Sección Tercera” Sentencia del 26 de marzo de 2009
“Exp. 17.994”
Consejo de Estado – Sección Tercera – Sentencia del 23 de mayo de 2012
Subsección C “Exp.22592”
“Consejo de Estado, Sección Tercera” Sentencia del 31 de mayo de 2013
“Exp. 25-624”
“Consejo de Estado, Sección Tercera” Sentencia del 12 de junio de 2013 “Rad.
25.949”
“Consejo de Estado, Sección Tercera” Sentencia del 6 de diciembre de 2013

5 Si bien la parte actora aseguró que esta sentencia se profirió el 26 de enero de 2006, lo cierto es

que al consultar el radicado en el sistema de relatoría del Consejo de Estado se encontró que el
fallo fue dictado el 20 de noviembre de 2008.

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“Rad. 30.814”
Consejo de Estado – Sección Tercera – Sentencia del 28 de enero de 2015
Subsección C “Exp. 32.912”

25. Así las cosas, sostuvo:

“De acuerdo con las reglas jurisprudenciales incorporadas en las decisiones
mencionadas y explicadas en el presente escrito, las autoridades judiciales
desconocieron que debían valorar el deber de garantía del Estado y como
consecuencia de ello examinar a fondo las actividades que las autoridades
hubieran podido comprobar en relación con dicha garantía, la cual no existió en el
presente caso. Así las cosas, el desconocimiento de estos precedentes judiciales
fueron óbice para la configuración del defecto fáctico ya comprobado pues tal y
como se desprende de la lectura de las providencias reprochadas, los jueces se
limitaron a determinar si existía una denuncia por parte del diputado, sin haber
presentado de forma explícita las razones por las cuales se apartaban de las
reglas jurídicas vertidas en los pronunciamientos judiciales precedentes, y más
aún, no se demostró con suficiencia que su interpretación aporta un mejor
desarrollo a los derechos y principios constitucionales6, lo cual se comprueba con
una simple lectura de las providencias.”

26. Agregó que el desconocimiento del precedente formulado se demostraba
con el hecho de que el Tribunal Administrativo de Córdoba, a través de la
sentencia del 21 de febrero de 2019 dictada en el medio de control de reparación
directa con radicado “23.001.33.31.006.2007-001722-01”, accedió a las pretensiones
de la demanda de reparación directa que promovieron otros familiares del señor
Orlando José Benítez Palencia.

27. Transcribió apartes de la referida decisión y manifestó que en esa
oportunidad se valoraron adecuadamente las pruebas aportadas, teniendo en
cuenta las reglas de decisión que identificó.

28. Advirtió que era “absurdo que unos familiares queden totalmente indemnizados y
otro grupo no”.

29. Por último, sostuvo que la solicitud de amparo cumplía con todos los
requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia
judicial y, en relación con el de la subsidiariedad, aseguró que había agotado
todos los mecanismos judiciales ordinarios que tenía a su disposición.

1.4. Trámite de la acción de tutela

30. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante
auto del 24 de mayo de 2022, admitió la demanda de tutela y dispuso su
notificación a la parte actora, así como al Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección C y al Tribunal Administrativo de Córdoba, en calidad de autoridades
judiciales accionadas.

6 Ob. Cit. “Corte Constitucional, Sentencia 459 de 2017”.

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31. Igualmente, vinculó como terceros con interés al Ministerio del Interior, al
Ministerio de Defensa, a la Fiscalía General de la Nación, al Ejército Nacional y a
la Policía Nacional. Además, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en los términos y para los efectos previstos en el artículo 610
de la Ley 1564 de 2012, y le reconoció personería adjetiva al abogado Juan
Camilo Morales Trujillo.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.5.1. Ministerio del Interior

32. Con escrito enviado por correo electrónico el 27 de mayo de 2022 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la jefe de la Oficina Jurídica
de la entidad sostuvo que la acción de tutela era improcedente, por cuanto no
cumplía con el requisito de procedibilidad de la relevancia constitucional.

33. Al respecto, precisó que la parte actora aseguró que las autoridades
judiciales accionadas resolvieron el “problema jurídico en forma muy limitada” y ello
debió cuestionarlo ante los jueces ordinarios al momento que se fijó el litigio, razón
por la cual la controversia planteada en sede constitucional era eminentemente un
“asunto de instancia”.

34. Sobre el fondo de la vulneración alegada, indicó que el defecto fáctico
formulado no tenía vocación de prosperidad, porque no se sustentó en una
carencia de apoyo probatorio, sino en “discrepancias hermenéuticas”.

35. También, señaló que no se incurrió en desconocimiento del precedente,
comoquiera que no se invocaron “precedentes constitucionales” como desatendidos.

36. Por otra parte, advirtió que carecía de legitimación en la causa por pasiva,
debido a que esa cartera ministerial no tenía la función de dictar providencias
judiciales y, por ello, no había vulnerado los derechos fundamentales de los
accionantes.

37. Así las cosas, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela o,
de llegarse a estudiar de fondo la controversia, desvincular al Ministerio del
Interior.

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1.5.2. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C

38. Con escrito enviado por correo electrónico el 31 de mayo de 2022 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el magistrado ponente de la
decisión de segunda instancia cuestionada manifestó que las consideraciones
expuestas en la sentencia del 27 de abril de 2020 “son suficientes para explicar la
improcedencia del amparo solicitado”.

1.5.3. Fiscalía General de la Nación

39. Con escrito enviado por correo electrónico el 1° de junio de 2022 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora Pilar Amparo
Romero Guarnizo funcionaria de la Unidad de la Dirección de Asuntos Jurídicos de
la entidad sostuvo que la acción de tutela era improcedente, por cuanto la parte
actora: (i) cuenta con otro mecanismo judicial para defender sus derechos
fundamentales; (ii) no sustentó las causales específicas de procedencia; y (iii)
pretendía recuperar oportunidades procesales “perdidas”.

40. En relación con la primera razón de improcedencia, precisó que la Ley 1437
de 2011 consagraba “diferentes recursos” para solicitar la protección de derechos
fundamentales y en la demanda de tutela no se acreditó que se agotaran.

41. Respecto de la segunda, aclaró que no se argumentó con suficiencia las
razones por las cuales consideraron que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente.

42. Al hacer referencia a la tercera, indicó que se pretendían retrotraer las
etapas del proceso ordinario para “establecer confusión proyectar que se transgreden
derechos fundamentales”.

43. Por último, señaló que no observaba la configuración de un perjuicio
irremediable que hiciera necesaria la intervención del juez de tutela, debido a que
lo que se pretendía era el reconocimiento de una indemnización.

44. En ese orden de ideas, pidió que se declarara improcedente la acción de
tutela.

1.5.4. Policía Nacional

45. Con escrito enviado por correo electrónico el 1° de junio de 2022 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el jefe del Área Jurídica de la
entidad sostuvo que no se configuró el defecto fáctico formulado, porque el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C valoró de manera
adecuada e integral las pruebas aportadas al proceso ordinario.

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46. Precisó que la decisión de segunda instancia cuestionada es razonable,
toda vez que los accionantes no lograron probar el nexo causal del daño con una
acción u omisión del Estado. En este punto, agregó que en el medio de control de
reparación directa no se cumplió con la carga probatoria establecida en el artículo
177 de la Ley 1564 de 2012 y, por ello, había lugar a negar las pretensiones de la
demanda.

47. Manifestó que la acción de tutela se pretendía utilizar como una “tercera
instancia” y que la controversia relacionada con el derecho al reconocimiento de
una indemnización a favor de los demandantes ya fue resuelta por el juez natural.

48. Así las cosas, solicitó que se negaran las pretensiones del mecanismo de
amparo constitucional.

1.5.5. Ministerio de Defensa

49. Con escrito enviado por correo electrónico el 1° de junio de 2022 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la coordinadora del Grupo
Contencioso Constitucional de la entidad sostuvo que no se vulneraron los
derechos fundamentales de los accionantes, toda vez que las autoridades
judiciales accionadas valoraron adecuadamente las pruebas que se aportaron al
medio de control de reparación directa.

50. Aclaró que en el proceso ordinario no se demostró que el señor Orlando
José Benítez Palencia hubiera solicitado protección y por ello no podía
endilgársele alguna omisión al Estado que diera lugar a declarar su
responsabilidad.

51. Agregó que la parte actora omitió sustentar en qué consistió el defecto
fáctico que formuló y que no se podía “desdibujar” la naturaleza de la acción de
tutela al permitir que se utilice como una “tercera instancia”.

52. En ese orden de ideas, pidió que se negara el amparo solicitado.

1.5.6. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a pesar de haber
sido notificada en debida forma, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

53. Esta Sala es competente para resolver la acción de tutela ejercida por los
señores Alicia Mora Rincón, Orlando Benítez Mora, Juan Carlos Benítez Mora,
Gloría Sofía Benítez Mora y Claudia Marcela Benítez Mora, contra el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección C y el Tribunal Administrativo de
Córdoba, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución

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Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, así como en el artículo
13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Relacionada con la solicitud de desvinculación

54. El Ministerio del Interior, en su intervención, sostuvo que carecía de
legitimación en la causa por pasiva y, por ello, pidió ser desvinculado del trámite
constitucional del vocativo de la referencia.

55. La Sala negará esa petición, toda vez que la referida cartera ministerial se
vinculó en calidad de tercero con interés, por haber conformado el extremo
demandado en el proceso ordinario en el que se profirieron las decisiones
cuestionadas, y no como autoridad accionada.

2.2.2. Relacionada con la providencia sobre la que se hará el análisis de la
vulneración

56. En el encabezado de la demanda la parte actora señaló que las autoridades
judiciales accionadas eran el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección
C y el Tribunal Administrativo de Córdoba.

57. No obstante, únicamente es pertinente estudiar la sentencia proferida por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C el 27 de abril de 2020,
comoquiera que esta decisión fue la que resolvió el recurso de apelación que se
interpuso contra el fallo que dictó el Tribunal Administrativo de Córdoba el 13 de
junio de 2011 y, en ese sentido, puso fin al medio de control de reparación directa
que promovieron los accionantes contra el Ministerio del Interior, el Ministerio de
Defensa, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Policía
Nacional.

58. Así las cosas, el análisis de este juez constitucional recaerá únicamente
sobre la sentencia proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección C.

2.3. Legitimación en la causa

59. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.

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60. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un
agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no
esté en condiciones de promover su propia defensa.

61. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia
T-416 de 19977, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye
un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la
calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el
proceso de tutela.

62. En la sentencia T-086 de 20108, la Alta Corporación reiteró que “Esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un
derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se
opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de
representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

63. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 20119, indicó que la
legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que
ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo
que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda
establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

64. En la sentencia T-435 de 201610, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo
especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo
cual quedó reiterado en la SU-454 de 201611, en la que, adicionalmente, señaló
que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los
jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.12

7 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
8 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.
9 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.
10 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella

Ortiz Delgado.
11 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511,

08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de
Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló:
“En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez
constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se
sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración
del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los
mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto
se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.

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65. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que los
señores Alicia Mora Rincón, Orlando Benítez Mora, Juan Carlos Benítez Mora,
Gloría Sofía Benítez Mora y Claudia Marcela Benítez Mora son los titulares de los
derechos fundamentales que reclaman, en consideración a que fungieron como
demandantes en el medio de control de reparación directa en el que se profirió la
providencia censurada.

66. En consecuencia, los accionantes gozan de legitimación en la causa por
activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los
requisitos de procedibilidad y el núcleo esencial de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados.

67. En relación con la autoridad accionada, se advierte que la demanda se
dirigió contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C que profirió
la decisión que, a juicio de la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales,
por lo que se encuentra legitimado por pasiva.

2.4. Problemas jurídicos

68. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por los accionantes, los
argumentos del libelo introductorio, las intervenciones presentadas y el material
probatorio recaudado, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son
los siguientes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de
la acción de tutela contra providencia judicial?

69. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

• ¿El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia y a la tutela judicial efectiva de la parte actora, por
presuntamente incurrir en los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente al proferir la sentencia del 27 de abril de 2020, mediante la cual
confirmó el fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 13 de
junio de 2011, a través del cual se negaron las pretensiones de la demanda
que presentó la señora Alicia Mora Rincón y otros, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, contra el Ministerio del Interior, el Ministerio
de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la
Policía Nacional?

70. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de
procedibilidad adjetiva; y (iii) el análisis del caso concreto.

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2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

71. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
13
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema14 y declaró su
procedencia.15

72. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
relevancia constitucional ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

73. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

74. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Relevancia constitucional

75. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra
superado por cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de
la sentencia del 27 de abril de 2020 comoquiera que, a su juicio, incurrió en los
defectos fáctico y desconocimiento del precedente, comoquiera que: (i) no valoró
todas las pruebas aportadas al proceso ordinario; y (ii) no aplicó las reglas de

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
15 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

14

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decisión establecidas en varios pronunciamientos de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, relacionadas
con la declaratoria de responsabilidad del Estado por daños ocasionados en zonas
constituidas transitoriamente para adelantar diálogos con grupos armados al
margen de la ley.

76. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión,
pues en efecto, los accionantes consideran vulneradas las garantías
constitucionales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva, por cuanto una vez el Consejo de Estado – Sección Tercera
– Subsección C confirmó el fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Córdoba,
desconoció que tenían derecho a ser indemnizados por el homicidio de los
señores Orlando José Benítez Palencia e Iris del Carmen Benítez Palencia.

77. En ese sentido, el argumento que a juicio del tutelante es irrazonable y
contrario al ordenamiento jurídico, concretamente, considerar que no había lugar a
declarar la responsabilidad del Estado porque sus familiares no habían solicitado
protección, habría transgredido el alcance y la aplicación de sus derechos
fundamentales, lo que conllevó a que se omitiera el deber del juez contencioso
administrativo de actuar tanto como juez de legalidad, de constitucionalidad y de
convencionalidad en la causa ordinaria.

78. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte actora entre la
razonabilidad de la decisión que, al confirmar el fallo de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda, vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial
efectiva.

79. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza
a los derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal o
judicial establecido por la ley para su protección, como lo alega la parte actora en
el caso objeto de estudio, lo que implica que el mecanismo constitucional no fue
utilizado como una instancia adicional que busque reabrir el debate procesal.

80. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia
tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para
su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente al debido proceso.

2.6.2. Tutela contra tutela

81. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues, la providencia judicial demandada fue proferida en el

15

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trámite del medio de control de reparación directa con radicado N° 23001-23-31-
000-2006-00988-01, que promovieron los accionantes contra el Ministerio del
Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército
Nacional y la Policía Nacional

2.6.3. Inmediatez

82. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión de la sentencia proferida por el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección C el 27 de abril de 2020, notificada el 11 de
noviembre de 2021 y ejecutoriada el 19 de noviembre de 2021, y la acción de
tutela se ejerció el 9 de mayo de 2022, lo que para la Sala es un término razonable
para el uso del mecanismo de amparo constitucional.

83. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de
16
2014 , en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-
590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

2.6.4. Subsidiariedad

84. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse de la sentencia
del 27 de abril de 2020 de una providencia que resolvió el recurso de apelación
que interpuso la parte actora contra el fallo dictado por el Tribunal Administrativo
de Córdoba el 13 de junio de 2011, en el trámite del medio de control de
reparación directa con radicado N° 23001-23-31-000-2006-00988-01, es evidente
el agotamiento de los recursos ordinarios.

85. Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por
la parte actora no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y
258 de la Ley 1437 de 2011.

86. En este punto, conviene precisar que si bien la parte actora advirtió que el
título de imputación que aplicó la autoridad judicial accionada no fue el que planteó
en el proceso ordinario, lo cierto es que ello no significa que se desconoció el
principio de congruencia y que se pueda invocar la causal de revisión establecida
en el numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, es decir, existir nulidad
originada en la sentencia.

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.

Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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87. Lo anterior, por cuanto el juez de la reparación directa tiene la facultad de
aplicar el título de imputación que considere más adecuado para analizar los
hechos de la demanda y establecer si hay lugar a declarar la responsabilidad del
Estado.

88. Al respecto, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en la sentencia del 2 de julio de 202117, aclaró:

“La Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia de 19 de abril de 201218,
unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de
daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no
privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir,
frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte
las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión
que habrá de adoptar.

Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la
utilización de diversos títulos de imputación para la solución de los casos
sometidos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse
como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de
utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico título de
imputación.

En este sentido, en aplicación del principio iura novit curia, la Sala puede
analizar el caso bajo la óptica del régimen de responsabilidad patrimonial del
Estado aplicable, de cara a los hechos probados en el proceso, sin que esto
implique una suerte de modificación o alteración de la causa petendi, ni que
responda a la formulación de una hipótesis que se aleje de la realidad
material del caso, o que se establezca un curso causal hipotético de manera
arbitraria19.” (Negrita y subrayado fuera del texto)

89. De conformidad con lo expuesto, se advierte que la decisión de la autoridad
judicial accionada de aplicar el régimen de responsabilidad de falla en el servicio,
a pesar de que los demandantes sugirieron el de daño especial, no conlleva a la
omisión de resolver uno de los argumentos de la demanda o a que exista un
pronunciamiento sobre un asunto no planteado.

90. En ese orden de ideas, la inconformidad de los accionantes relacionada con
la variación del título de imputación no comporta el desconocimiento del principio
de congruencia y, por ello, no puede debatirse a través del recurso extraordinario
de revisión.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
Sentencia del 02.07.21, M.P. Martha Nubia Velásquez Rico, Rad. 23001-23-31-000-2009-00298-01
(66036).
18 Ob. Cit. “Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012.

Expediente: 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón.”
19 Ob. Cit. “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 13 de mayo de 2015, expediente 50001 23 31 000 1994 04485 01 (17037), C.P. Hernán
Andrade Rincón.”

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91. Superados todos los requisitos de procedibilidad adjetiva, la Sala abordará
de fondo el amparo solicitado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la
acción de tutela, la cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa
juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros
de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en las decisiones judiciales.

2.7. Caso concreto

92. La parte actora aseguró que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva, por cuanto al proferir la sentencia del 27 de
abril de 2020 incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente.

93. Por su parte, el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, en
su contestación, sostuvo que las consideraciones expuestas en la providencia
judicial cuestionada “son suficientes para explicar la improcedencia del amparo
solicitado”.

94. Así las cosas, se estudiarán de manera independiente los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente formulados en la demanda.

2.7.1. Defecto fáctico

2.7.1.1. Generalidades del defecto fáctico

95. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201520, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión:

96. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características
Omisión de Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
decreto y alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante
práctica de para resolver el problema jurídico sometido a consideración,
pruebas y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez
indispensables ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos
para fallar el de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
asunto importante considerar que no toda negativa a un decreto de
pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del
12.11.15., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica
de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con
los parámetros arriba señalados.

De esta manera, se requiere:

a) Que la parte identifique el elemento probatorio que
solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad
legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.

Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de
del acervo convicción en el expediente, y estos resultan decisivos
probatorio frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no
determinante son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este
para identificar la punto, se requiere que de forma específica, se concrete en
veracidad de los el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y
hechos alegados legalmente, fueron desconocidas por el juez.
por las partes
Así las cosas, se configura siempre que:

a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados
por el juez.
b) Se demuestre que éstos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.

Valoración Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
irracional o crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta
arbitraria de las manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
pruebas peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
aportadas
Se requiere entonces que:

a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede
ser razón para ordenar el amparo constitucional por
este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una
sustitución arbitraria del juez natural.

c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado

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Dictar sentencia Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
con fundamento asunto con base en pruebas que no observaron los
en pruebas requisitos legales para su producción o introducción al
obtenidas con proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se
violación del equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en
debido proceso cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido
proceso de las partes.

Para su configuración corresponde:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron
el sustento de la decisión.

97. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

98. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad
jurídica, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la
Constitución Política.

99. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión.

2.7.1.2. Análisis del defecto

100. La parte actora cumplió con la carga argumentativa mínima para estudiar la
presunta configuración de un defecto fáctico. En efecto, como quedó expuesto en
los antecedentes de esta providencia, los accionantes consideran que la autoridad
judicial accionada no valoró los testimonios que se practicaron y varias pruebas
documentales que se aportaron.

101. A juicio de los accionantes, los medios de convicción obrantes en el medio
de control de reparación directa, en especial, los que a juicio de los actores no
fueron analizados, demostraban que había lugar a declarar la responsabilidad del
Estado por el homicidio de los señores Orlando José Benítez Palencia e Iris del
Carmen Benítez Palencia.

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102. En estos términos, la Sala precisa que estudiará de manera conjunta los
argumentos sobre los que se erige el defecto fáctico alegado, sin perjuicio, de las
precisiones que se hagan respecto de cada uno de los cargos formulados.

103. Ahora bien, el análisis probatorio y la razón de la decisión que expuso el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, en la sentencia del 27 de
abril de 2020, para confirmar el fallo dictado por el Tribunal Administrativo de
Córdoba que negó las pretensiones de la demanda, fue el siguiente:

“6. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al
proceso, se demostraron los siguientes hechos:

6.1 Orlando José Benítez Palencia fue elegido diputado a la asamblea
departamental de Córdoba para los periodos 2001 a 2003 y 2004 a 2007, según
da cuenta copia simple de las certificaciones expedidas por los delegados del
Consejo Nacional Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil (f. 63 a 64
c. 1).

6.2 El 15 de junio de 2004, el Gobierno Nacional declaró abierto el proceso de
diálogo, negociación y firma de acuerdos con las Autodefensas Unidas de
Colombia-AUC, según da cuenta copia simple de la Resolución n°. 091 de 2004 (f.
246 c. 1).

6.3 El 15 de junio de 2004, el Gobierno Nacional creó la zona de ubicación
temporal de las AUC en el área rural del municipio de Tierralta, Córdoba, según da
cuenta copia simple de la Resolución n°. 092 de 2004 (f. 247 c. 1).

6.4 El 10 de abril de 2005, Iris del Carmen y Orlando José Benítez Palencia
murieron en el municipio de Tierralta, como consecuencia de un disparo con arma
de fuego, según da cuenta copia auténtica de los registros civiles de defunción (f.
22 y 24 c. 1).

6.5 El 8 de junio de 2007, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería
condenó a Diego Fernando Murillo Bejarano alias “Adolfo Paz, Don Berna o Pata
de Palo”, Manuel Camilo Monterrosa Ramos alias “Bachiller” y Jhonys Manuel
Blanco Fuentes alias “Tapón” por el delito de concierto para delinquir agravado y
los absolvió por el delito de homicidio de Iris del Carmen y Orlando José Benítez
Palencia, según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 1 a 121 c. 7)

6.6 El 24 de noviembre de 2010, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá-Sala de Justicia y Paz declaró responsables a Diego Fernando Murillo
Bejarano alias “Adolfo Paz, Don Berna o Pata de Palo”, Manuel Camilo Monterrosa
Ramos alias “Bachiller” y Jhonys Manuel Blanco Fuentes alias “Tapón” por los
delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, por el asesinato
de Iris del Carmen Benítez y Orlando José Palencia, al revocar la sentencia de
primera instancia, según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 490 a 544
c. 2).

6.7 Para garantizar la seguridad en la zona de ubicación temporal de las AUC
en el área rural del municipio de Tierralta, el Batallón de Infantería n°. 33
“Junín” participó en operaciones, recibió pelotones de compañías de otros
batallones y elaboró un plan de contingencia, entre otras tareas, según da
cuenta {el} oficio n°. 1648 (f. 225 a 227 c. 1).

6.8 Para la época del asesinato de Iris del Carmen y Orlando José Benítez

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Palencia, existía un puesto de control institucional sobre la vía Montería-
Tierralta a la altura del sitio conocido como “La Apartada de Valencia”,
según da cuenta la certificación del comandante del Departamento de Policía
de Córdoba (f. 228 c. 1).

6.9 Orlando José Benítez Palencia no solicitó protección en el período
comprendido entre el año 2004 hasta el 10 de abril de 2005 al Departamento de
Policía de Córdoba, ni al Departamento Administrativo de Seguridad-DAS,
tampoco a la Fiscalía General de la Nación, según da cuenta certificaciones del
jefe seccional de inteligencia policial y el jefe seccional de investigación criminal
del Departamento de Policía de Córdoba, el coordinador del grupo operativo de
Córdoba del Departamento Administrativo de Seguridad-DAS y el jefe de la unidad
de policía judicial de la Fiscalía General de la Nación (f. 206, 207, 210 y 220 c. 1).

6.10 Orlando José Benítez Palencia era el esposo de Alicia Mora Rincón y el padre
de Orlando David, Juan Carlos, Gloría Sofía y Claudia Marcela Benítez Mora,
según da cuenta copia auténtica de los registros civiles de matrimonio y de
nacimiento (f. 39, 41, 42, 43, 44 c. 1).

(…)

8. Según la demanda, la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, y Policía
Nacional, incurrieron en falla del servicio por omisión al deber de seguridad y
protección por el asesinato de Iris del Carmen y Orlando José Benítez Palencia.
Se acreditó que el Gobierno Nacional creó la zona de ubicación temporal en el
área rural del municipio de Tierralta, Córdoba en el proceso de diálogo,
negociación y firma de acuerdos con las AUC [hecho probado 6.3] y que Iris del
Carmen y Orlando José Benítez Palencia fueron asesinados por miembros de
dicho grupo ilegal en ese municipio [hechos probados 6.4, 6.5 y 6.6].

No se probó que las víctimas directas hubieran solicitado protección
especial del Estado sobre su vida. Por el contario, se acreditó que Orlando José
Benítez Palencia no solicitó protección en el período comprendido entre el año
2004 hasta el 10 de abril de 2005, al Departamento de Policía de Córdoba, al
Departamento Administrativo de Seguridad-DAS o a la Fiscalía General de la
Nación [hecho probado 6.9]. Estos documentos, además de que son públicos, no
fueron tachados de falsos y provienen de los funcionarios encargados de verificar
los requerimientos de protección solicitada por personas bajo amenaza por grupos
ilegales.

Tampoco obran al menos indicios que permitieran advertir con anticipación que
Iris del Carmen y Orlando José Benítez Palencia iban a ser víctimas de un
homicidio por parte de las AUC, pues a pesar de que aquel fue elegido diputado
de la Asamblea Departamental de Córdoba [hecho probado 6.1] y que ambos
transitaron por la zona creada por el Gobierno Nacional para negociar el desarme
de ese grupo ilegal al momento de los hechos [hechos probados 6.3 y 6.4], no se
podía concluir inequívocamente que iban a sufrir un atentado contra su vida. En
contraste, se demostró que el Batallón de Infantería n°. 33 “Junín” adoptó
medidas de seguridad en la zona de ubicación temporal de las AUC y que
existía un puesto de control institucional sobre la vía Montería-Tierralta
[hechos probados 6.7 y 6.8].” (Negrita y subrayado fuera del texto)

104. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que el defecto fáctico
formulado por el accionante no se configuró, por las razones que se exponen a
continuación:

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105. Primero, el hecho que pretende desvirtuar la parte actora se sustentó en un
una prueba pertinente, conducente y útil, que llevó al convencimiento a la
autoridad judicial accionada.

106. En efecto, los accionantes aseguraron que los testimonios y las pruebas
documentales dejadas de valorar, demostraban que en la vía que transitaron los
señores Orlando José Benítez Palencia e Iris del Carmen Benítez Palencia no
habían puestos de control de la Fuerza Pública.

107. Sin embargo, el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
encontró demostrado lo contrario, ya que el 10 de abril de 2005 en ese corredor
vehicular hubo un puesto de control de la Policía Nacional.

108. Lo anterior, con fundamento en la certificación expedida por el comandante
del Departamento de Policía de Córdoba a solicitud del Tribunal Administrativo de
Córdoba, la cual obra a folio 228 del expediente del medio de control de
reparación directa y que, expresamente, indica lo siguiente:

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109. Ahora bien, se pone de presente que este documento fue expedido por una
autoridad competente y su contenido se presume autentico y veraz, máxime
cuando no fue tachado en el trámite del proceso ordinario.

110. Por lo tanto, se advierte que, si bien la autoridad judicial accionada no se
refirió expresamente a las pruebas que identificó la parte actora, lo cierto es que el
razonamiento que la llevó a encontrar demostrado el referido hecho se sustentó en
un medio de convicción que cumple con los presupuestos de pertinencia,
conducencia y utilidad.

111. Desde ese panorama, los testimonios y las pruebas documentales que los
accionantes piden que sean valoradas no tienen la incidencia para cambiar el
sentido de la decisión del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y,
por ello, ante dicha omisión tampoco se vulneraron sus derechos fundamentales.

112. Segundo, no existió una distinción en el motivo del homicidio, de la cual
pueda predicarse una omisión de valoración probatoria.

113. Al respecto, la parte actora aseguró que la autoridad judicial accionada
estimó que el homicidio del señor Orlando José Benítez Palencia fue común y no
político.

114. No obstante, en la sentencia del 27 de abril de 2020 no hay ninguna
referencia sobre los motivos que tuvieron los miembros de las Autodefensas
Unidas de Colombia para perpetrar el crimen y tampoco si la investidura del
diputado influía en el análisis de la responsabilidad del Estado.

115. En efecto, la controversia que resolvió el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección C versó sobre la responsabilidad del Estado por la omisión
de su deber de protección en una zona que se constituyó transitoriamente para
entablar diálogos con un grupo armado al margen de la ley y, por ello,
razonablemente el cargo que desempeñaba una de las personas que falleció no
incidía en el análisis que realizó.

116. En ese orden de ideas, no existe una conclusión probatoria que pueda ser
objeto de cuestionamiento, en relación con la clasificación del homicidio, y que
deba ser estudiada por el juez de tutela.

117. Tercero, el análisis del defecto fáctico recae sobre las pruebas y no sobre
elementos sustanciales o hermenéuticos de una providencia judicial.

118. En efecto, como se expuso en el numeral 2.7.1.1. y, en especial, en el
párrafo 95 de esta providencia, esta causal especifica de procedibilidad fue
instituida únicamente para que el juez de tutela estudiara si una autoridad judicial
incurrió en un yerro probatorio al proferir una decisión.

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119. Por lo tanto, la parte actora erró al afirmar que se configuró este defecto
porque “no valoraron el deber de garantía del Estado”, pues, no hizo referencia a un
medio de convicción, sino a un concepto propio de la sustancia de la controversia
ordinaria.

120. Así las cosas, de esta inconformidad tampoco se puede predicar un error en
la valoración probatoria y, por ello, no se observa la afectación a una garantía
superior.

121. Ahora bien, en aras de resolver este argumento, se precisa que la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia del 19 de abril
de 201221, unificó su criterio y precisó que el juez de la reparación tiene la facultad
de establecer el título de imputación que debe ser aplicado a la controversia que le
planteen.

122. En efecto, en la referida providencia el pleno del órgano de cierre en
materia de reparación directa, consideró:

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que
el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no
privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor
de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación
que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la
decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado
cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica
de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración,
desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda
entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la
obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un
determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en
consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada
evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios
constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del
Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia.” (Negrita y
subrayado fuera del texto)

123. Desde este panorama, resulta claro que los demandantes del medio de
control de reparación directa no son quienes determinan el título de imputación
aplicable a los supuestos de hecho que plantean, sino las autoridades judiciales
que conocen su caso al establecer los presupuestos fácticos que se encuentran
probados y argumentar su decisión22.

124. Por lo tanto, no es dable que vía acción de tutela se le imponga al Consejo
de Estado – Sección Tercera – Subsección C que estudie la controversia ordinaria

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sentencia del 19.04.12.,

M.P. Hernán Andrade Rincón, Rad. 19001-23-31-000-1999-00815-01 (21515).
22 En el mismo sentido lo consideró esta Sección en las sentencias del 14.05.15., M.P. Alberto

Yepes Bareiro, Rad. 11001-03-15-000-2014-02791-00; y del 16.06.16., M.P. Rocío Araújo Oñate,
Rad. 11001-03-15-000-2016-00307-00.

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a partir de la teoría del “riego creado” como lo pretende la parte actora, pues, ello es
propio de la esfera de competencia del juez natural en ejercicio de su autonomía
judicial.

125. En ese orden de ideas, el hecho de que se escogiera un régimen de
imputación distinto al que plantearon los tutelantes en el proceso ordinario, no
significa que se hubieran vulnerado sus derechos fundamentales, por cuanto la
autoridad judicial accionada estaba facultada para hacerlo.

2.7.2. Desconocimiento del precedente

2.7.2.1. Generalidades del desconocimiento del precedente

126. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta
Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un
número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente
las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la
Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.

127. Sin embargo, resulta necesario advertir que “(…) debe aceptarse que no todas
las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla,
pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin
una actividad creadora del juez”23.

2.7.2.2. Análisis del defecto

128. La parte actora cumplió con la carga argumentativa mínima para estudiar
este defecto, por cuanto identificó las providencias en las que se establecieron las
reglas de decisión que presuntamente fueron desatendidas por la autoridad
judicial accionada y que eran aplicables a los casos en los que se debate la
responsabilidad del Estado “por daños en zonas de despeje, distención (sic) y/o
negociaciones”.

129. En efecto, hizo referencia a las 11 sentencias relacionadas en el párrafo 24
de esta providencia y que fueron proferidas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

130. En ese orden de ideas, se estudiarán los referidos pronunciamientos para
establecer si contienen una regla de decisión aplicable a la situación fáctica
planteada por los accionantes y, además, si es vinculante para el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección C.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del
19.02.15, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.

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• Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 15 de
septiembre de 2005, “Caso de la Masacre de Mapiripán”24

131. En esta sentencia se resolvió la causa que sometió la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, con ocasión de la denuncia N° 12.250 y que tuvo su origen por los
hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en los que miembros de las
Autodefensas Unidas de Colombia, con aquiescencia de la Fuerza Pública,
asesinaron a “por lo menos 49 civiles” en el municipio de Mapiripán – Meta.

132. El Máximo Tribunal Convencional declaró la responsabilidad internacional
del Estado, al concluir, entre otras cosas, que:

“123. En síntesis, una vez establecida la vinculación de las Fuerzas Armadas con
ese grupo de paramilitares al perpetrar la masacre cometida con base en el
reconocimiento estatal de los hechos y en el conjunto de pruebas allegadas al
expediente, la Corte ha llegado a la conclusión de que la responsabilidad
internacional del Estado se ha generado por un conjunto de acciones y omisiones
de agentes estatales y de particulares realizadas en forma coordinada, paralela o
concatenada con el propósito de perpetrar la masacre. En primer lugar, dichos
agentes colaboraron en forma directa e indirecta en los actos cometidos por los
paramilitares y, en segundo lugar, incurrieron en omisiones en su deber de
protección de las víctimas contra dichos actos y en su deber de investigar éstos
efectivamente, todo lo cual ha desembocado en violaciones de derechos humanos
consagrados en la Convención. Es decir, puesto que los actos cometidos por los
paramilitares con las víctimas del presente caso no pueden ser caracterizados
como meros hechos entre particulares, por estar vinculados con conductas activas
y omisivas de funcionarios estatales, la atribución de responsabilidad al Estado por
dichos actos radica en el incumplimiento de sus obligaciones convencionales erga
omnes de asegurar la efectividad de los derechos humanos en dichas relaciones
inter-individuales.”

133. Teniendo en cuenta lo expuesto, resulta claro que los casos de los
accionantes y de las víctimas de la masacre perpetrada en el municipio de
Mapiripán no guardan identidad fáctica y, por ello, tampoco puede pretenderse
dárseles el mismo trato jurídico.

134. En efecto, los señores Orlando José Benítez Palencia e Iris del Carmen
Benítez Palencia fueron asesinados por miembros de un grupo armado ilegal que
ejercía influencia en el departamento de Córdoba mientras tal organización

24 Se pone de presente que esta Sección en la sentencia del 02.06.22., M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio Rad. 11001-03-15-000-2022-02440-00, estudió el desconocimiento del precedente
de algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de analizar lo
dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-327 de 2016 y C-442 de 2011, en las
cuales se ha señalado: “La línea jurisprudencial trazada por la Corte ha sido pacífica y reiterada en afirmar
que la jurisprudencia proferida por organismos internacionales, y en este caso en particular por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, sirve como criterio relevante que se debe tener en cuenta para fijar
el alcance y contenido de los derechos y deberes que se encuentran consagrados en el ordenamiento jurídico
interno. No obstante, también ha dicho que el alcance de estas decisiones en la interpretación de los derechos
fundamentales debe ser sistemática, en concordancia con las reglas constitucionales y que además cuando
se usen precedentes de derecho internacional como criterio hermenéutico se deben analizar las
circunstancias de cada caso particular para establecer su aplicabilidad.” (Negrita y subrayado fuera del
texto)

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adelantaba diálogos con el Gobierno Nacional y en este crimen no se indicó que
participaran agentes del Estado.

135. Por su parte, las personas que habitaban en el municipio de Mapiripán
fueron asesinadas por militantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y con
colaboración de varios miembros de las Fuerzas Armadas, de manera sistemática
y premeditada.

136. Así las cosas, no se observa que la autoridad judicial accionada tuviera que
atender al criterio expuesto en la sentencia proferida por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, el 15 de septiembre de 2005, para resolver en segunda
instancia el medio de control de reparación directa que promovió la parte actora.

• Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001

137. La Corte Constitucional en esta decisión resolvió la demanda de
inconstitucionalidad parcial que presentó un ciudadano contra el numeral 9°25 del
artículo 139 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de
1998, que estableció el término de caducidad del medio de control de repetición.

138. El Máximo Tribunal Constitucional declaró exequible la norma acusada y no
se pronunció sobre el título de imputación aplicable a los casos en los que se
debate la responsabilidad del Estado por los daños causados en las zonas que se
constituyen transitoriamente para entablar diálogos con grupos armados al margen
de la ley.

139. Por lo tanto, en esta providencia no se creó una regla de decisión que
debiera ser aplicada por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
para resolver la controversia del proceso ordinario.

• Consejo de Estado – Sección Tercera

140. La parte actora aseguró que se desconocieron las reglas de decisión
establecidas en las siguientes providencias proferidas por varias subsecciones de
la Sección Tercera del Consejo de Estado: sentencia del “26 de enero de 2006 Exp.
20.511”26; sentencia del 3 de mayo de 2007 “Exp. 16.696”27; sentencia del 4 de
diciembre de 2007 “Exp. 16.894”28; sentencia del 26 de marzo de 2009 “Exp.
17.994”29; sentencia del 31 de mayo de 2013 “Exp. 25-624”30; sentencia del 12 de

25 “9. La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente

de la fecha del pago total efectuado por la entidad.”
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del
20.11.08., M.P. Ruth Stella Correa Palacio, Rad. 25000-23-26-000-1996-12680-01 (20511).
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del

03.05.07., M.P. Enrique Gil Botero, Rad. 50001-23-26-000-1991-06081-01 (16.696).
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del

04.12.07., M.P. Enrique Gil Botero, Rad. 05001-23-24-000-1993-00692-01 (16894).
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del

26.03.09., M.P. Enrique Gil Botero, Rad. 50001-23-31-000-1999-04688-01 (17994).

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junio de 2013 “Rad. 25.949”31; y sentencia del 6 de diciembre de 2013 “Rad.
30.814”32.

141. Sin embargo, lo dispuesto en estos pronunciamientos no es vinculante para
la autoridad judicial accionada y, por esa razón, la omisión de aplicarlo no
configura un desconocimiento del precedente.

142. En efecto, la Sección Tercera de esta Corporación se compone por las
Subsecciones A, B y C, es decir, que las tres conforman el órgano de cierre en
materia responsabilidad del Estado y son autoridades judiciales de la misma
jerarquía.

143. Esto cobra especial importancia al momento de estudiar el defecto
planteado por la parte actora, porque al ser 3 salas de decisión diferentes pueden
tener criterios diversos respecto de un mismo punto de derecho -en ejercicio de la
autonomía judicial- y, por ello, no puede imponérsele a la Subsección C una tesis
que defiendan sus homólogas.

144. Aunado a lo anterior, al no existir una sentencia de unificación, sobre el
título de imputación aplicable cuando se debate la responsabilidad del Estado por
los daños causados en las zonas que se constituyen transitoriamente para
adelantar diálogos con grupos al margen de la ley, la Subsección C tiene la
libertad de adoptar la tesis que considere se adecúe en mayor medida al
ordenamiento jurídico33 y no está obligada a acoger el criterio de la Subsección
A34 o de la Subsección B35.

145. Por esas razones el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
no debía atender a lo dispuesto en las sentencias que profirieron las otras
subsecciones y que identificaron los accionantes.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia del 31.05.12., M.P. Stella Conto Diaz del Castillo, Rad. 18001-23-31-000-1999-00146-01
(25624)
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

Sentencia del 12.06.13., M.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 50001-23-31-000-1999-00286-00
(25949).
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

Sentencia del 06.12.13., M.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. 50001-23-31-000-2001-00150-01
(30814).
33
En el mismo sentido lo consideró esta Sección en las sentencias del 08.07.21., M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2021-02919-00; y del 11.11.21., M.P. Rocío Araújo Oñate,
Rad. 11001-03-15-000-2021-06946-00.
34 Se pone de presente que la Subsección A, en la sentencia del 12.06.13. en el proceso N° 50001-

23-31-000-1999-00286-01 (25949), al resolver un caso en el que se debatía la responsabilidad del
Estado por los daños causados en una zona de distensión aplicó el título de imputación del daño
especial.
35 Se pone de presente que la Subsección B, en la sentencia dictada el 12.10.17. en el proceso N°

41001-23-31-000-2005-00044-01 (42098), al resolver un caso en el que se debatía la
responsabilidad del Estado por los daños causados en una zona de distensión aplicó el título de
imputación de falla en el servicio.

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Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otro
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• Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, sentencia del 23 de
mayo de 201236

146. La señora Melva Ríos Castro y otros presentaron demanda, en ejercicio del
medio de control de reparación directa, contra el municipio de Anserma – Caldas,
con el fin de que se declarara al ente territorial administrativa y patrimonialmente
responsable de los perjuicios causados por la muerte del señor Jesús Antonio
Hincapié García, que fue embestido por un toro en la “corraleja del matadero
municipal”.

147. En esta ocasión, el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
modificó la decisión recurrida, en relación con declarar probada la excepción de
inconstitucionalidad de una expresión del artículo 2354 del Código Civil, y confirmó
la negativa de acceder a las pretensiones, al concluir que:

“En consecuencia, las afirmaciones relacionadas con el mal estado del matadero
municipal no están soportadas en el acervo probatorio, razón por la cual la falla del
servicio alegada no se demostró; entonces el daño no deviene imputable al
municipio de Anserma, aunado al hecho de que el señor Hincapié García no era
empleado o dependiente de la entidad territorial.”

148. De conformidad con lo expuesto, resulta claro que los casos de los
accionantes y el de la señora Melva Ríos Castro y otros no guardan similitud
fáctica y, por lo tanto, tampoco puede dárseles el mismo trato jurídico.

149. Por ello, el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C no debía
atender a lo que resolvió en este pronunciamiento para proferir la sentencia del 27
de abril de 2020.

• Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, sentencia del 28 de
enero de 201537

150. El señor Darío de Jesús Jiménez Giraldo y otros presentaron demanda, en
ejercicio del medio de control de reparación directa, contra el Ejército Nacional,
con el fin de que se declarara a la entidad administrativa y patrimonialmente
responsable de los perjuicios causados con ocasión de las lesiones producidas
por la activación de una granada de fragmentación, abandonada por miembros de
la referida institución castrense y encontrada por un menor en la vereda Bodegas
o Bodeguitas del municipio de El Santuario – Antioquia.

151. En esta ocasión, el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, accedió a las pretensiones
de la demanda, al considerar, entre otras cosas, los siguiente:
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
Sentencia del 23.05.12., M.P. Enrique Gil Botero, Rad. 17001-23-31-000-1999-00909-01 (22592).
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección C,

Sentencia del 28.01.15., M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Rad. 05001-23-31-000-2002-
03487-01 (32912).

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“Las normas que se acaban de transcribir le permiten a la Sala, sin dubitación
alguna, concluir que el Ejército Nacional incurrió en la omisión de los deberes
normativos dispuestos por estas Convenciones, toda vez que la granada que
lesionó al menor WALTHER DAVID JIMENEZ JIMENEZ, coincide con la definición
de “otros artefactos”, y la misma fue encontrada en un territorio en el que días
antes se había presentado un enfrentamiento armado, respecto del cual el Ejército
había tomado pleno control.

Así las cosas, era obligación de las tropas del Ejército limpiar la zona dónde se
había desarrollado el operativo, que ahora estaba bajo su absoluto control; como
no se hizo de esa manera y el artefacto explosivo que fue abandonado lesionó al
tantas veces mencionado menor, resulta imputable el daño sufrido por éste a la
entidad demandada, sin que importe cuál de los dos grupos en conflicto haya
dejado allí el artefacto explosivo, pues la normatividad impone la obligación de
limpieza del área a la parte que tiene el control del territorio; y el acervo probatorio
da cuenta que el Ejército Nacional se hizo al control de la zona después de que
terminó el operativo militar.”

152. De la transcripción hecha, se observa que los casos de los accionantes y
del señor Darío de Jesús Jiménez Giraldo y otros no guardan similitud fáctica y,
por lo tanto, tampoco puede dárseles el mismo trato jurídico.

153. Es decir, en este pronunciamiento la autoridad judicial accionada no
estableció una regla de decisión que debía aplicar para resolver en segunda
instancia el medio de control de reparación directa con radicado N° 23001-23-31-
000-2006-00988-01.

154. Desde ese panorama, se advierte que el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección C, al proferir la sentencia del 27 de abril de 2020, no incurrió
en el defecto de desconocimiento del precedente formulado por la parte actora.

155. Por último, se pone de presente que el Tribunal Administrativo de Córdoba,
mediante fallo de segunda instancia del 21 de febrero de 2019 en el expediente
con radicado N° 23001-33-31-0006-2007-01722-01, accedió a las pretensiones de
la demanda que presentaron algunos hermanos y sobrinos de los señores Orlando
José Benítez Palencia e Iris del Carmen Benítez Palencia, en ejercicio del medio
de control de reparación directa, contra el Ministerio del Interior, el Ministerio de
Defensa y la Policía Nacional.

156. Sin embargo, lo dispuesto en este pronunciamiento no es vinculante para la
autoridad judicial accionada, comoquiera que las decisiones proferidas por los
tribunales del país no crean reglas de derecho que deban ser aplicadas por el
Consejo de Estado, teniendo en cuenta que éste es el que tiene la función
constitucional de consolidar los criterios interpretativos que deben seguir las
demás autoridades judiciales que componen la jurisdicción de lo contencioso
administrativo38.

38 En el mismo sentido lo consideró esta Sección en la sentencia del 11.11.21., M.P. Rocío Araújo

Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2021-06946-00.

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157. En efecto, las decisiones proferidas por los Tribunales Administrativos no
constituyen precedentes judiciales, pues esta fuente de derecho proviene
únicamente de las Altas Cortes en ejercicio de su función de órganos de cierre de
las respectivas jurisdicciones.

158. Ahora bien, en aras de resolver este argumento, se aclara que el debate
probatorio en ambos procesos fue distinto, lo que se traduce en la práctica que,
las decisiones adoptadas sean diferentes. En concreto, en el fallo del 21 de
febrero de 2019, el Tribunal Administrativo de Córdoba contó con el informe
rendido el 5 de mayo de 2005 por el subintendente Robert Fernando Bonilla
Nadad, elemento probatorio que no obró en el expediente del caso objeto de
estudio y que, permitió a la autoridad judicial, llegar a una conclusión distinta sobre
la responsabilidad del Estado.

159. En este punto, conviene precisar que las pruebas que se aportan para
demostrar determinados presupuestos de hecho pueden variar las conclusiones a
las que llegan las autoridades judiciales, sin que ello implique que se desconoció
el principio de igualdad.

160. De conformidad con el análisis efectuado, el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección C no incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente formulados por la parte actora

161. Así las cosas, se negará el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial
efectiva solicitado por los tutelantes.

2.8. Conclusión

162. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, al proferir la
sentencia del 27 de abril de 2020, no incurrió en los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente, razón por la cual no vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva de los señores Alicia Mora Rincón, Orlando Benítez Mora,
Juan Carlos Benítez Mora, Gloria Sofía Benítez Mora y Claudia Marcela Benítez
Mora.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la petición de desvinculación formulada por el Ministerio del
Interior, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.2.1. de la
parte considerativa de esta providencia.

32

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SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, solicitado por los
señores Alicia Mora Rincón, Orlando Benítez Mora, Juan Carlos Benítez Mora,
Gloria Sofía Benítez Mora y Claudia Marcela Benítez Mora, de conformidad con
los argumentos expuestos en el numeral 2.7. de la parte considerativa de esta
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada en esta decisión, dentro de los tres
(3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.

33

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