Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-02919-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-02919-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-02919-00
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
8 de julio de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN - Del 28 de agosto de 2018 para determinar el IBL / RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN / BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL - De la Ley 33 de 1985 / EXCLUSIÓN DE IBL DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN - Aplicable a todos los regímenes pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993 / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN – No es un aspecto sujeto al régimen de transición / FACTORES DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN – Aquellos objeto de cotización / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[L]a Sala advierte que estudiará los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución de manera conjunta, comoquiera que todos están dirigidos a que no se apliquen las reglas de decisión establecidas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, debido a que el tutelante es beneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 y no del de la Ley 100 de 1993. La parte actora, manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, por cuanto no tuvo en cuenta que el señor [P.N.B.M.] era beneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de 1985. Sin embargo, este yerro no se configuró, pues, el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A (…) reconoció que el tutelante era beneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, sin embargo, también advirtió que esta situación no lo eximía de que el ingreso base de liquidación de su pensión debiera calcularse sólo con los factores sobre los que cotizó al sistema de seguridad social. Por otra parte, el tutelante indicó que el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A incurrió en desconocimiento del precedente por aplicar de manera equivocada la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, comoquiera que en esa providencia se establecieron reglas de decisión en relación con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, por ello, no podían aplicárseles a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985. (…) Ahora bien, se observa que, efectivamente, la autoridad judicial accionada expuso las consideraciones y reglas de decisión establecidas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, para fundamentar su decisión de confirmar el fallo del Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla el 30 de agosto de 2019, a través del cual se negaron las pretensiones de la demanda. (…) es claro que la Sala Plena del Consejo de Estado estableció que los factores que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones en el régimen previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, solo corresponden a aquellos sobre los cuales se hayan efectuado los respectivos aportes al sistema pensional, con lo cual retomó lo ya planteado por la Corte Constitucional en las sentencias de constitucionalidad y unificación C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017.En estas sentencias, si bien la Corte Constitucional no se pronunció en concreto sobre el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, lo cierto es que sí indicó que en procura de la sostenibilidad financiera del sistema pensional todas las pensiones, independientemente del régimen que les sea aplicable, deben liquidarse conforme a los factores salariales frente a los cuales se realizaron efectivamente los aportes, criterio que esta Sección acogió y hoy reitera. Es decir, independientemente de la norma que se deba aplicar para liquidar la pensión de una persona, el ingreso base de liquidación se debe calcular sólo con los factores salariales sobre los cuales se haya cotizado al Sistema de Seguridad Social, aplicar una tesis contraría implicaría desconocer la doctrina constitucional sobre la materia. En este punto, resulta pertinente resaltar que la única excepción propuesta en dicha oportunidad, fueron los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, más no se estableció alguna excepción, como lo pretende el actor, frente al régimen de transición de la mencionada Ley 33 de 1985.
Ahora bien, en cuanto a la aplicación en el tiempo de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 y sus efectos, en el numeral segundo de la parte resolutiva de esta se advirtió a la comunidad en general que las consideraciones expuestas, en relación con los temas objeto de unificación, eran obligatorias para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial, razón por la cual era aplicable a la controversia suscitada por el señor [P.N.B.M.] a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Por lo anterior, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Atlántico no aplicó de manera equivocada la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN – No se configura / DECISIONES DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO – No constituyen precedente para autoridades judiciales de la misma jerarquía / FALLOS DE TUTELA PROFERIDOS POR EL CONSEJO DE ESTADO – No son vinculantes debido a que son proferidas actuando como jueces constitucionales y no como órganos de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN – Para beneficiarios del régimen de transición de la ley 33 de 1985 no existe posición unificada en el órgano de cierre en materia laboral administrativa, es decir, el Consejo de Estado – Sección Segunda / SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL / ADULTO MAYOR – La sola acreditación de su condición no es suficiente para acceder a la solicitud de amparo
Finalmente, el accionante manifestó que se violó directamente la Constitución, debido a que su caso se decidió de manera distinta al de varias personas que se encontraban en su misma situación, es decir, eran beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985. (…) la Sala precisa que las decisiones proferidas por los Tribunales Administrativos de Cundinamarca y Boyacá no son vinculantes para el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A, por cuanto son autoridades judiciales de la misma jerarquía y no son el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, en ese sentido, no son considerados como precedente judicial. Por otra parte, en relación con los fallos de tutela dictados por las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado no constituyen precedentes y no crean reglas de derecho que deban ser aplicadas por los tribunales administrativos, comoquiera que esas decisiones son proferidas como jueces constitucionales y no como autoridades del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo. (…) Ahora bien, respecto de las sentencias del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A que el señor [P.N.B.M.] identificó como desconocidas y aseguró que debían ser aplicadas a su caso por guardar identidad fáctica (…) No obstante, la Sala advierte que el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, comparte una tesis contraria a la de su homóloga y sobre la manera de calcular el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 (…) Desde este panorama, se observa que, en el órgano de cierre en materia laboral administrativa, es decir, el Consejo de Estado – Sección Segunda, no existe una posición unificada en relación con los factores salariales que se deben tener en cuenta para calcular el ingreso base de liquidación de la pensión de una persona que es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 33 de 1985. En ese sentido, un tribunal administrativo puede adoptar una u otra tesis sin que ello implique que incurra en desconocimiento del precedente, pues, al existir dos posiciones disímiles respecto de un mismo punto de derecho puede elegir la que, en su criterio, se adecúe en mayor medida al ordenamiento jurídico, atendiendo a la autonomía de la que gozan las autoridades judiciales. (…) Por último, si bien el señor [P.N.B.M.] es un sujeto de especial protección constitucional por ser un adulto mayor , lo cierto es que esta situación no es una razón para que se acceda al amparo que solicitó, por cuanto la providencia judicial cuestionada se profirió de conformidad con el ordenamiento jurídico y, por ello, no se observa que se hubieran vulnerado sus derechos fundamentales
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02919-00(AC)
Actor: PEDRO NEL BORNACELLY MATUTE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO - SECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial – defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución – ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por el señor Pedro Nel Bornacelly Matute contra el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado por correo electrónico el 24 de mayo de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Pedro Nel Bornacelly Matute, actuando a través de apoderado, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad social.
2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A el 19 de junio de 2020, mediante la cual se confirmó el fallo dictado por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla el 30 de agosto de 2019, a través del cual se negaron las pretensiones de la demanda que presentó el señor Pedro Nel Bornacelly Matute en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
“2. Se deje sin efectos la sentencia judicial de segunda instancia proferida el 19 de junio de 2020, notificada el 25 de noviembre de 2020, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, confirmando la sentencia de primera instancia y consecuentemente negando las pretensiones de la demanda.
3. Que como consecuencia de lo anterior se le ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO, a que en un término perentorio a la comunicación de esta decisión, profiera una nueva sentencia teniendo en cuenta la norma verídicamente aplicable y los precedentes jurisprudencial (sic) del Consejo de Estado en el que se reconoce que es procedente la liquidación de la pensión de vejez en los términos previstos en el artículo 1°, parágrafo 2° de la Ley 33 de 1985, sin escindir la norma y régimen pensional mencionado y los decretos aplicables, para quienes cumpliesen, para ese momento, con la totalidad de requerimiento (sic) fundamentales para entrar al régimen de transición de la ley citada.”
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor Pedro Nel Bornacelly Matute presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones N° RDP 011904 del 5 de abril de 2018 y RDP 021975 del 14 de junio de 2018, a través de las cuales se negó la reliquidación de su pensión de vejez, y, a título de restablecimiento del derecho, pidió que se determinara el monto de la referida prestación económica “teniendo en cuenta para su cálculo el 75% de todos los factores devengados por todo concepto en el último año de servicios”.
5. El proceso le correspondió en primera instancia al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla que, a través de fallo del 30 de agosto de 2019, negó las pretensiones de la demanda, por cuanto estimó que los factores salariales que se debían tener en cuenta para calcular el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez “son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes en seguridad social”.
6. Inconforme con lo anterior, el tutelante apeló y el recurso de alzada le correspondió resolverlo al Tribunal Administrativo del Atlántico, autoridad judicial que, mediante sentencia del 19 de junio de 2020, confirmó la decisión recurrida al considerar, lo siguiente:
“A su turno, conforme con lo manifestado en el recurso de alzada, en efecto, la Ley 33 de 1985, también estableció un régimen de transición, pues fue querer del Legislador salvaguardar aquellas expectativas de algunos servidores públicos que para la época estaban cerca de adquirir su beneficio pensional, no obstante, no es aplicable lo pretendido por el actor, esto es, la reliquidación de la pensión a la luz del Decreto 1848 de 1969, artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, en concordancia con el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985, por lo que le es aplicable para la liquidación de su pensión de jubilación, pero solo en cuanto la edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y la tasa de reemplazo, en razón a que como viene de verse, de conformidad con lo planteado en la nueva tesis fijada por el Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo, el ingreso base de liquidación de la pensión no hace parte del régimen de transición.
(…)
En efecto, con relación a los actos administrativos demandados en el sub lite, se permite advertir la Sala que los mismos fueron expedidos teniendo en cuenta las directrices normativas señaladas por el actor y en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 como en efecto lo precisó la sentencia de unificación de fecha 28 de agosto de 2018, razón por la cual no procedía la reliquidación pensional con el fin de que se tuviera como ingreso base de liquidación lo preceptuado en las normas invocadas, en virtud de lo cual no advierte esta Corporación, ningún vicio de nulidad que suprima la presunción de legalidad que ostentan los actos administrativos enjuiciados. De modo que, la respuesta al primer interrogante jurídico es un NO, no tiene derecho el demandante a la reliquidación de la pensión de jubilación equivalente al 75% de la totalidad de los factores de salario devengados en el año inmediatamente anterior al status de pensionado”.
7. La sentencia del 19 de junio de 2020 se notificó por correo electrónico, enviado el 25 de noviembre de 2020 a la 1:58 p.m.
1.3. Fundamentos de la solicitud
8. La parte actora aseguró que, el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad social, por las razones que se exponen a continuación:
9. De manera preliminar, advirtió que la solicitud de amparo cumplía con todos los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencias judiciales.
10. Al argumentar el fondo de la vulneración, sostuvo que la autoridad judicial aplicó de manera equivocada la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, comoquiera que no tuvo en cuenta que el señor Pedro Nel Bornacelly Matute adquirió su estatus pensional antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que para el 13 de febrero de 1985, fecha en la que entró en vigencia la Ley 33 de 1985, ya contaba con más de 20 años de servicios prestados a distintas entidades del Estado. En este punto, precisó:
“En síntesis, la situación jurídica subexamine se enmarca de manera preferente en el REGIMEN DE TRANSICION DE LA LEY 33 DE 1985, y no según, lo previsto en la Ley 100 de 1993, citada como fundamento normativo para justificar la aplicación de la jurisprudencia contencioso-administrativa y constitucional que carece de identidad fáctica según lo anteriormente expuesto y por ende, no se le puede hacer aplicable al pensionado, en el tenor elucubrado por el Ad quem quien, por otro lado, se encuentra efectivamente obligado, por Principio de Especialidad, a tener en cuenta de manera preferente el precedente que estudia la situación de hecho de los beneficiarios del régimen de transición contenida en el parágrafo del artículo 1° de la ley 33 de 1985, fallo proferido por el HONORABLE CONSEJO DE ESTADO SEIS (06) DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019, Rad. 08001-23-31-000-2011-00814-01 (4115-15) SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A”
11. Advirtió que, en el caso del tutelante se debían aplicar los principios de irretroactividad de la Ley, inescindibilidad e igualdad, máxime cuando existían pronunciamientos judiciales favorables a su situación. En relación con esto último, hizo referencia a las sentencias proferidas por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A del 31 de enero y 21 de febrero de 2019.
12. Puso de presente que, en las sentencias proferidas por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B el 16 de octubre de 2019 y por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B de 21 de junio de 2019, se amparó el derecho fundamental al debido proceso de una persona que estaba en la misma situación del accionante y que se le aplicó de manera equivocada la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, a pesar de que estaba cobijado por el régimen de transición de la Ley 33 de 1985.
13. En ese orden de ideas, aclaró:
“Así las cosas, LA VIA DE HECHO se configura materialmente respecto del criterio aplicado por la Sala quien omitió efectuar el análisis de régimen pensional aplicable de manera coherente y subsumirlo adecuadamente con precedente aplicable a la situación y derecho consolidado de un ex trabajador beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo primero parágrafo 2° de la Ley 33 de 1985, cuyo derecho además se consolidó en uno adquirido antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, sin haber lugar a hacerse distinción, explicación o escisión expresa la norma sobre requisito alguno en tanto la norma es clara y no autoriza distinción alguna, razón por la cual no había lugar a aplicar un fundamento hermenéutico fácticamente disidente relativo especialmente al régimen de transición de la Ley 100 de 1993, no aplicable al caso en concreto”.
14. Expuso que, varios Tribunales Administrativos aplicaban la tesis prohijada por la parte actora en relación con la manera como se debía calcular el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley 33 de 1985. Al respecto, hizo referencia a las siguientes providencias:
CORPORACIÓN
FECHA DE PROVIDENCIA
RADICADO
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
2 de noviembre de 2018
11001-33-35-024-2014-00475-02
Tribunal Administrativo de Boyacá
25 de noviembre de 2018
No indicado
Tribunal Administrativo de Boyacá
12 de febrero de 2020
15001-33-33-011-2017-00039-01
15. Aunado a lo anterior, transcribió apartes de la sentencia de la Corte Constitucional T-832 de 2013, relacionados con el concepto de “derechos adquiridos”.
16. Finalmente, hizo referencia a las providencias del Máximo Tribunal Constitucional SU-062 de 1999 y T-101 de 2014 en donde se precisó que el derecho a la seguridad social es irrenunciable, y advirtió que el señor Pedro Nel Bornacelly Matute era una persona de la tercera edad por lo que era un sujeto de especial protección constitucional y, por ello, era más grave que se le negara la reliquidación de su pensión.
1.4. Trámite de la acción de tutela
17. La Magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del 27 de mayo de 2021, admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a la parte actora, así como a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A, en calidad de autoridades judiciales accionadas.
18. Así mismo, vinculó en calidad de terceros con interés, al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-.
1.5. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.5.1. Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla
19. Con escrito enviado por correo electrónico el 11 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la titular de ese despacho judicial, después de exponer los antecedentes del proceso ordinario, advirtió que el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ya había sido digitalizado por lo que dispuso su envío y sobre el fondo del asunto guardó silencio.
1.5.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-
20. Con escrito enviado por correo electrónico el 16 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el Subdirector de Defensa Pensional de la entidad, sostuvo que la acción de tutela era improcedente, por cuanto se pretendía utilizar el mecanismo de protección constitucional como una “tercera instancia” y que se volviera a debatir la controversia resuelta por el juez natural de la causa.
21. Manifestó que, la decisión censurada se basó en los precedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, respecto de la manera de calcular el ingreso base de liquidación en las pensiones de vejez, toda vez que negó la inclusión de factores salariales sobre los cuales no se cotizó al sistema de seguridad social y con ello se garantizaba el principio de sostenibilidad financiera.
22. En ese sentido, aseguró que no se vulneraron los derechos fundamentales del señor Pedro Nel Bornacelly Matute y acceder a sus pretensiones significaría desconocer el derecho a la igualdad de los demás usuarios del sistema pensional.
23. Afirmó que, no advertía la configuración de un perjuicio irremediable, comoquiera que el tutelante actualmente percibía una pensión que garantizaba su mínimo vital.
24. Así las cosas, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela o, en su defecto, se negara el amparo solicitado.
1.5.3. Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A
25. Con escrito enviado por correo electrónico el 25 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la Magistrada que fungió como ponente de la providencia judicial demandada, sostuvo que no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante.
26. Al efecto, manifestó que la sentencia del 25 de noviembre de 2020 se fundamentó en la “nueva tesis fijada” por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, según la cual el ingreso base de liquidación no hace parte de ningún régimen de transición y, por ello, no era dable ordenar la reliquidación de la pensión del señor Pedro Nel Bornacelly Matute como lo solicitó.
27. Lo anterior, por cuanto para calcular el ingreso base de liquidación sólo se podían tener en cuenta los factores salariales sobre los cuales efectivamente se cotizó al sistema de seguridad social.
28. Aunado a lo anterior, afirmó que de conformidad con el numeral segundo de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, las reglas de decisión allí establecidas debían aplicarse a todos los casos pendientes de resolverse en sede judicial o administrativa, por lo que no se desconocieron los derechos adquiridos del tutelante.
29. En ese orden de ideas, solicitó que se negara el amparo deprecado.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
30. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor Pedro Nel Bornacelly Matute contra el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
31. Con ocasión del contagio a gran escala de la pandemia del Covid-19 y el aumento de ocupación en las unidades de cuidado intensivo del país, el Consejo Superior de la Judicatura ha recomendado a los titulares de los despachos judiciales que implementen medidas que beneficien el trabajo en casa, a través de las plataformas tecnológicas institucionales, con el fin de preservar la salud e integridad de los funcionarios de la Rama Judicial, así como de los usuarios de la administración de justicia. En el Consejo de Estado se crearon correos electrónicos exclusivos para la interacción de los ciudadanos y se implementó el sistema de gestión judicial SAMAI, lo que ha permitido que las funciones del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo se sigan desarrollando de manera virtual.
2.3. Legitimación en la causa
32. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
33. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.
34. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-416 de 1997, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
35. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.
36. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
37. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.
38. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el señor Pedro Nel Bornacelly Matute es el titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a que fue la parte demandante en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó la providencia censurada.
39. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.
40. En relación con la autoridad judicial, se advierte que la demanda se dirigió contra el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A, que profirió la decisión que, a juicio de la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales, por lo que se encuentra legitimado por pasiva.
2.4. Problema jurídico
41. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:
¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
42. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿Vulneró el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A, los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad social de la parte actora, por presuntamente incurrir en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, al proferir la sentencia del 19 de junio de 2020, mediante la cual se confirmó el fallo dictado por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá el 30 de agosto de 2019, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda que presentó el señor Pedro Nel Bornacelly Matute en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-?
43. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) sujetos de especial protección constitucional; (iii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y (iv) el análisis del caso concreto.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.
45. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
46. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
47. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.6. Sujetos de especial protección constitucional
48. En lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección, la Corte Constitucional los ha definido como aquellas personas que, debido a condiciones particulares, a saber, física, psicológica, económica o social, merecen un amparo reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva.
49. En ese sentido, ha establecido que entre los grupos de especial protección se encuentran los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia, los ciudadanos que se encuentran en extrema pobreza y “todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados”.
50. Lo anterior encuentra su fundamento en la Constitución Política que, en los artículos 13 y 43, impone la obligación de promover condiciones para que la igualdad sea material, es decir, real y efectiva.
2.7. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.7.1. Relevancia constitucional
51. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado por cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la providencia del 19 de junio de 2020 comoquiera que, a su juicio, se incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, debido a que (i) no se tuvo en cuenta que el señor Pedro Nel Bornacelly Matute era beneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de 1985; (ii) no se aplicaron las reglas de decisión adecuadas para resolver la controversia pensional; y (iii) su caso se resolvió de manera distinta al de otras personas que se encontraban en su misma situación.
52. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues en efecto, el tutelante considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad social, por cuanto una vez la autoridad judicial accionada confirmó el fallo dictado por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá el 30 de agosto de 2019, desconoció que tenía derecho a que su pensión se liquidara con base en el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.
53. En ese sentido, el argumento que a juicio del accionante es irrazonable y contrario al ordenamiento jurídico, concretamente considerar que para resolver su controversia pensional se debía aplicar la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado, habría transgredido el alcance y la aplicación de sus derechos fundamentales, lo que conllevó a que se omitiera el deber del juez contencioso administrativo de actuar tanto como juez de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad en la causa ordinaria.
54. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte actora entre la razonabilidad de la decisión que, al estimar que no había lugar a liquidar la pensión de vejez del señor Pedro Nel Bornacelly Matute, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad social.
55. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal o judicial establecido por la ley para su protección, como lo alega la parte actora en el caso objeto de estudio, lo que implica que el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que busque reabrir el debate procesal.
56. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas, concretamente al debido proceso.
2.7.2. Tutela contra tutela
57. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues, la providencia judicial demandada fue proferida en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado N° 08001-33-33-004-2018-00302-01, que promovió el señor Pedro Nel Bornacelly Matute contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-.
2.7.3. Inmediatez
58. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A el 19 de junio de 2020, la cual fue notificada por correo electrónico que se envió el 25 de noviembre de 2020, quedando ejecutoriada el 30 de noviembre de 2020, mientras que la acción de tutela se presentó el 24 de mayo de 2021, lo que para la Sala es un término razonable para el uso del mecanismo de amparo constitucional.
59. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.7.4. Subsidiariedad
60. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse de la sentencia del 19 de junio de 2019 de una providencia que resolvió el recurso de apelación que interpuso Pedro Nel Bornacelly Matute contra el fallo dictado por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla el 30 de agosto de 2019, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N° 08001-33-33-004-2018-00302-01, es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.
61. Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por la parte actora no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y 258 de la Ley 1437 de 2011.
62. Superados todos los requisitos de procedibilidad adjetiva, la Sala abordará el fondo del amparo solicitado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la acción de tutela, la cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en las decisiones judiciales.
2.8. Caso concreto
63. La parte actora aseguró que el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad social, por cuanto al proferir la sentencia del 19 de junio de 2020 incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
64. Aunado a lo anterior, precisó que el señor Pedro Nel Bornacelly Matute era un sujeto de especial protección constitucional, debido a que era un adulto mayor y, por ello, era más grave que se negara la reliquidación de su pensión.
65. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- y el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A, en sus intervenciones, aseguraron que no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante, toda vez que para calcular el ingreso base de liquidación de su pensión sólo se podían tener en cuenta los factores salariales sobre los que se cotizó al sistema de seguridad social.
66. Así las cosas, la Sala advierte que estudiará los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución de manera conjunta, comoquiera que todos están dirigidos a que no se apliquen las reglas de decisión establecidas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, debido a que el tutelante es beneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 y no del de la Ley 100 de 1993.
67. La parte actora, manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, por cuanto no tuvo en cuenta que el señor Pedro Nel Bornacelly Matute era beneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de 1985. Sin embargo, este yerro no se configuró, pues, el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A en la sentencia del 19 de junio de 2021, precisó:
“A su turno, conforme con lo manifestado en el recurso de alzada, en efecto, la Ley 33 de 1985, también estableció un régimen de transición, pues fue querer del Legislador salvaguardar aquellas expectativas de algunos servidores públicos que para la época estaban cerca de adquirir su beneficio pensional, no obstante, no es aplicable lo pretendido por el actor, esto es, la reliquidación de la pensión a la luz del Decreto 1848 de 1969, artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, en concordancia con el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985, en primer lugar, porque el demandante se retiró del servicio oficial a partir del 30 de marzo de 1993, es decir, en vigencia de la Ley 33 de 1985, por lo que le es aplicable para la liquidación de su pensión de jubilación, pero solo en cuanto la edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y la tasa de reemplazo, en razón a que como viene de verse, de conformidad con lo planteado en la nueva tesis fijada por el Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo, el ingreso base de liquidación de la pensión no hace parte del régimen de transición”.
68. De lo expuesto ut supra, se observa que la autoridad judicial accionada reconoció que el tutelante era beneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, sin embargo, también advirtió que esta situación no lo eximía de que el ingreso base de liquidación de su pensión debiera calcularse sólo con los factores sobre los que cotizó al sistema de seguridad social.
69. Por otra parte, el tutelante indicó que el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A incurrió en desconocimiento del precedente por aplicar de manera equivocada la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, comoquiera que en esa providencia se establecieron reglas de decisión en relación con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, por ello, no podían aplicárseles a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985.
70. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.
71. Sin embargo, resulta necesario advertir que “debe aceptarse que no todas las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una actividad creadora del juez.”
72. Ahora bien, se observa que, efectivamente, la autoridad judicial accionada expuso las consideraciones y reglas de decisión establecidas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, para fundamentar su decisión de confirmar el fallo del Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla el 30 de agosto de 2019, a través del cual se negaron las pretensiones de la demanda.
73. Al respecto, en la referida sentencia de unificación, la Sala Plena de esta Corporación, consideró:
“(…)
Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición
92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial:
“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
(…)
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.
97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política que consagra el principio de solidaridad como uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho.
98. El artículo 48 constitucional define la Seguridad Social como “un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley”. El legislador (artículo 2 de la Ley 100 de 1993) explica este principio como “[…] la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil”.
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.
101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base.
102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que el tomar en cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado los aportes, no afecta las finanzas del sistema ni pone en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad debe el Estado, en acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia.
103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que la pensión de los beneficiarios de la transición se liquide conforme a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia que en un sistema de contribución bipartita debe existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema.
(…)
115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta sentencia.
(…)” (Negrita propia del texto).
74. De lo citado, es claro que la Sala Plena del Consejo de Estado estableció que los factores que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones en el régimen previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, solo corresponden a aquellos sobre los cuales se hayan efectuado los respectivos aportes al sistema pensional, con lo cual retomó lo ya planteado por la Corte Constitucional en las sentencias de constitucionalidad y unificación C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017.
75. En estas sentencias, si bien la Corte Constitucional no se pronunció en concreto sobre el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, lo cierto es que sí indicó que en procura de la sostenibilidad financiera del sistema pensional todas las pensiones, independientemente del régimen que les sea aplicable, deben liquidarse conforme a los factores salariales frente a los cuales se realizaron efectivamente los aportes, criterio que esta Sección acogió y hoy reitera.
76. Es decir, independientemente de la norma que se deba aplicar para liquidar la pensión de una persona, el ingreso base de liquidación se debe calcular sólo con los factores salariales sobre los cuales se haya cotizado al Sistema de Seguridad Social, aplicar una tesis contraría implicaría desconocer la doctrina constitucional sobre la materia.
77. En este punto, resulta pertinente resaltar que la única excepción propuesta en dicha oportunidad, fueron los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, más no se estableció alguna excepción, como lo pretende el actor, frente al régimen de transición de la mencionada Ley 33 de 1985.
78. Ahora bien, en cuanto a la aplicación en el tiempo de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 y sus efectos, en el numeral segundo de la parte resolutiva de esta se advirtió a la comunidad en general que las consideraciones expuestas, en relación con los temas objeto de unificación, eran obligatorias para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial, razón por la cual era aplicable a la controversia suscitada por el señor Pedro Nel Bornacelly Matute a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
79. Por lo anterior, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Atlántico no aplicó de manera equivocada la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
80. Finalmente, el accionante manifestó que se violó directamente la Constitución, debido a que su caso se decidió de manera distinta al de varias personas que se encontraban en su misma situación, es decir, eran beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985.
81. Al efecto, hizo referencia a las siguientes providencias dictadas por los Tribunales Administrativos de Cundinamarca y Boyacá:
CORPORACIÓN
FECHA DE PROVIDENCIA
RADICADO
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
2 de noviembre de 2018
11001-33-35-024-2014-00475-02
Tribunal Administrativo de Boyacá
25 de noviembre de 2018
No indicado
Tribunal Administrativo de Boyacá
12 de febrero de 2020
15001-33-33-011-2017-00039-01
82. Así mismo, indicó que en los fallos de tutela dictados por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B el 16 de octubre de 2019 y por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B de 21 de junio de 2019, se amparó el derecho fundamental al debido proceso de personas a las que le ocurrió lo mismo que al accionante.
83. Adicionalmente, aseguró que el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A en las sentencias del 31 de enero, 21 de febrero y 6 de junio de 2019, advirtió que a las personas que eran beneficiarias del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 no se les podía aplicar la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.
84. En ese orden de ideas, la Sala precisa que las decisiones proferidas por los Tribunales Administrativos de Cundinamarca y Boyacá no son vinculantes para el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A, por cuanto son autoridades judiciales de la misma jerarquía y no son el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, en ese sentido, no son considerados como precedente judicial.
85. Por otra parte, en relación con los fallos de tutela dictados por las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado no constituyen precedentes y no crean reglas de derecho que deban ser aplicadas por los tribunales administrativos, comoquiera que esas decisiones son proferidas como jueces constitucionales y no como autoridades del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Vale la pena recordar que, en materia de acciones de tutela, son precedente únicamente las decisiones de unificación que profiere la Corte Constitucional, es decir, aquellas identificadas con las letras SU.
86. Ahora bien, respecto de las sentencias del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A que el señor Pedro Nel Bornacelly Matute identificó como desconocidas y aseguró que debían ser aplicadas a su caso por guardar identidad fáctica, se pone de presente que, en efecto, la referida Corporación considera lo siguiente sobre la materia:
“Igualmente, se advierte que el demandante era beneficiario del régimen de transición previsto por la Ley 33 de 1985, pues tenía más de 15 años de servicio para su entrada en vigencia, lo cual no se afecta por el hecho de que la prestación hubiera sido reconocida en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, que de acuerdo con el análisis efectuado en precedencia su pensión debía regirse por la Ley 6 de 1945 y no las reglas y subreglas definidas para los beneficiarios del régimen de transición de la mencionada Ley 100 de 1993 en la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado.”(Negrita y subrayado fuera del texto)
87. No obstante, la Sala advierte que el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, comparte una tesis contraria a la de su homóloga y sobre la manera de calcular el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, sostiene:
“29. En conclusión, de conformidad con el régimen de transición establecido por la Ley 33 de 1985 en el inciso 1º del parágrafo 2º de su artículo 1º, si para el 13 de febrero de 1985, fecha en la cual cobró vigencia dicha ley, el empleado oficial ha reunido los 15 años de servicios continuos o discontinuos, se tiene que es destinatario de la pensión de jubilación de conformidad con lo ordenado por el literal b) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, es decir con el cumplimiento de 50 años de edad y 20 años de servicios continuos o discontinuos, en cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio y con los factores salariales contenidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
30. Ahora bien, sobre la norma anterior que resulta oponible por virtud del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, se considera que la lectura desprevenida del parágrafo 2º de su artículo 1º, supone que solo sea para efectos de determinar la edad; criterio que pese a ser contrario a lo que por mucho tiempo defendió la sección segunda, en cuanto a la aplicación integral e inescindible de la norma pensional, y a la noción de salario para integrar la base de liquidación pensional, será el que acogerá esta Sala, porque apunta a la real intención del legislador al distinguir expresamente qué aspecto protegía respecto de la norma anterior, sustentado en su libertad de configuración normativa, y porque resulta ser la interpretación que de mejor forma se acopla a los principios constitucionales, según los cuales la pensión se liquida con los factores efectivamente cotizados, que en vigencia de la Ley 33 de 1985, eran los previstos en la Ley 62 del mismo año” (Negrita y subrayado fuera del texto).
88. Desde este panorama, se observa que, en el órgano de cierre en materia laboral administrativa, es decir, el Consejo de Estado – Sección Segunda, no existe una posición unificada en relación con los factores salariales que se deben tener en cuenta para calcular el ingreso base de liquidación de la pensión de una persona que es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 33 de 1985.
89. En ese sentido, un tribunal administrativo puede adoptar una u otra tesis sin que ello implique que incurra en desconocimiento del precedente, pues, al existir dos posiciones disímiles respecto de un mismo punto de derecho puede elegir la que, en su criterio, se adecúe en mayor medida al ordenamiento jurídico, atendiendo a la autonomía de la que gozan las autoridades judiciales.
90. Por lo anterior, se advierte que la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A no fue caprichosa o arbitraria, y por el contrario resulta razonable y acorde con la doctrina constitucional sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para calcular el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez.
91. Por último, si bien el señor Pedro Nel Bornacelly Matute es un sujeto de especial protección constitucional por ser un adulto mayor, lo cierto es que esta situación no es una razón para que se acceda al amparo que solicitó, por cuanto la providencia judicial cuestionada se profirió de conformidad con el ordenamiento jurídico y, por ello, no se observa que se hubieran vulnerado sus derechos fundamentales.
92. De conformidad con lo expuesto en precedencia, para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución al proferir la sentencia del 19 de junio de 2020.
93. Así las cosas, habrá que negarse el amparo de los derechos fundamentales del señor Pedro Nel Bornacelly Matute al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad social.
2.9. Conclusión
94. El Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección A, al proferir la sentencia del 19 de junio de 2020, no incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente, y violación directa de la Constitución, razón por la cual no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad social.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad social del señor Pedro Nel Bornacelly Matute, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.8. de la parte considerativa de esta providencia
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
Folio 1 del expediente digital de tutela.
Rad. 41001-23-31-000-2012-00101-01.
Rad. 73001-23-33-000-2014-00637-01.
Rad. 11001-03-15-000-2019-01843-00.
Rad. 11001-03-15-000-2019-01371-01.
El 28 de junio de 2021, la Secretaría General del Consejo de Estado pasó al despacho el memorial de contestación presentado por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
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Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell.
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
Corte Constitucional, Séptima de Revisión, Sentencia T-495 del 16.06.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05025-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 19.02.15., M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.
Al respecto, consultar Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 17.09.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-000-2020-01637-01; Sentencia del 09.07.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05228-01; Sentencia del 26.03.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05289-01; y Sentencia del 26.09.19., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-03321-01. Rad. 11001-03-15-000-2019-01843-00. Rad. 11001-03-15-000-2019-01371-01. Rad. 41001-23-31-000-2012-00101-01. Rad. 73001-23-33-000-2014-00637-01. Rad. 08001-23-31-000-2011-00814-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 31.01.19., M.P. William Hernández Gómez, Rad. 41001-23-31-000-2012-00101-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 28.01.21., M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 47001-33-33-003-2016-00229-01. El accionante nació el 18 de octubre de 1946, razón por la cual hoy en día tiene 74 años de edad.
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