Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04974-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04974-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04974-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
3 de noviembre de 2022
Demandantes: Marlene David y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Oralidad
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04974-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04974-00
Demandantes: MARLENE DAVID Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
PRIMERA DE ORALIDAD
Temas: Tutela contra providencia judicial – Niega – Desconocimiento del
precedente, defecto fáctico y violación directa de la Constitución.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por Marlene
David y otros en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Oralidad.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito radicado el 15 de septiembre de 2022, la señora Marlene David
y otros1, actuando por intermedio de apoderado judicial, interpusieron acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad. Los
peticionarios consideraron que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales de igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
2. Desde el punto de vista de los accionantes, la trasgresión de las citadas
garantías constitucionales se presentó en la providencia proferida el 14 de marzo
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad. En
1
Dimas Osorno David, Leonardo Osorno David, Sebastián Osorno David, Soraida Osorno David,
León Ángel Osorno David, Álvaro de Jesús Padierna David, Parmenio José Padierna David, Jairo
Tuberquia David, Otoniel López David, Anadione David, Margoth Milena Tuberquia David y Hiberli
Salas Oquendo.
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Demandantes: Marlene David y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Oralidad
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04974-00
esta decisión, la referida autoridad judicial confirmó el auto emitido por el Juzgado
1.º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Turbo, Antioquia, del 24 de febrero
de 2021. En esta providencia, el juez de primera instancia rechazó la demanda de
reparación directa incoada por los accionantes por haber operado la caducidad2.
1.2. Pretensiones
3. Los accionantes solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Estas
garantías las consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Oralidad.
4. En razón de lo anterior, los accionantes solicitaron:
(…)
2. Dejar sin efecto el Auto 23 del 14 de marzo de 2022 proferido por el H.
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA
PRIMERA DE ORALIDAD dentro del proceso de reparación directa No. 05 837
33 33 001 2020 00219 01.
3. Ordenar al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA
PRIMERA DE ORALIDAD que en el término que determine esta instancia
constitucional, profiera un NUEVO AUTO INTERLOCUTORIO en el cual se
permita continuar con el trámite procesal del medio de control de Reparación
Directa, promovido por la ejecución extrajudicial de NEIL ANTONIO OSORNO
DAVID, hasta determinar con claridad si se está o no ante la ocurrencia de
hechos amparados bajo el corpus iuris de derechos humanos y la demás
normatividad internacional suscrita y ratificada por Colombia, que debe ser
resuelta aplicando el bloque de constitucionalidad 3. (SIC a toda la cita).
1.3. Hechos probados y/o admitidos
5. El 13 de mayo de 2008, el señor Neil Antonio Osorno David fue asesinado
cuando se dirigía en un vehículo particular desde el corregimiento de San José de
Apartadó hacia la finca donde laboraba como agricultor y que se ubica en
Chigorodó, Antioquia. La Brigada XVII del Ejército Nacional presentó la muerte de
Osorno David como baja ocurrida en un combate, en el curso de la operación
“Furia”.
2
Rad. 05837-33-33-001-2020-00219-01.
Esta acción fue presentada por los peticionarios en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin que se les declarara
administrativa y patrimonialmente responsables de la muerte de Neil Antonio Osorno David en lo que
habría sido presunta una ejecución extrajudicial por parte de las fuerzas militares en hechos
ocurridos el 13 de mayo de 2008.
3
Folio 9 del escrito de tutela cargado a SAMAI.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
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6. El 16 de mayo de 2008, la señora Marlene David manifestó que se enteró de
la muerte de su hijo, así como de la participación en los hechos del Ejército
Nacional4.
7. El 9 de septiembre de 2020, los accionantes presentaron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Esto, con
el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables de los
perjuicios ocasionados por la muerte del señor Neil Antonio Osorno David ocurrida
el 13 de mayo de 2008, en hechos en los que presuntamente tuvo participación el
Ejército Nacional.
8. En primera instancia, el asunto fue conocido por el Juzgado 1.º Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Turbo, Antioquia. Esta autoridad judicial, en auto del 24
de febrero de 2021, rechazó de plano la demanda de reparación directa.
9. Como fundamento de su decisión, expuso que de conformidad con la
sentencia de unificación del 29 de enero de 20205, cuando se ejerce el medio de
control de reparación directa por daños sufridos con ocasión de los delitos de lesa
humanidad, como regla resulta exigible el término para demandar establecido por
el legislador en el artículo 164 del CPACA. También, se estableció en el precedente
que este plazo no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido
el ejercicio del derecho de acción.
10. Así, al descender al caso concreto, encontró que la demandante tuvo
conocimiento de la muerte del señor Neil Antonio Osorno David, tres días después
de la ocurrencia de los sucesos, esto es, el 16 de mayo de 2008.
11. Además de lo anterior, la autoridad de primera instancia evidenció que los
demandantes no argumentaron ninguna situación que les haya impedido acudir a la
jurisdicción en los términos establecidos en el artículo 164 del CPACA.
12. Por lo anterior, advirtió que el término de caducidad del medio de control
debía contabilizarse desde el 17 de mayo de 2008. No obstante, los accionantes
presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 19 de noviembre de 2019 y la
demanda de referencia el 9 de septiembre de 2020, es decir, cuando se había
superado el término legal para presentar la demanda de reparación directa.
13. El auto referenciado fue objeto de apelación por la parte demandante. El
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, conoció de la
alzada. Esta autoridad judicial, mediante providencia del 14 de marzo de 2022,
confirmó la decisión de primera instancia. Esto, bajo los siguientes argumentos:
4
Esto, de conformidad con lo mencionado en de la demanda de reparación directa.
5
Proferida por la Sección Tercera de esta Corporación. Rad. N.º 85001-33-33-002-2014-00144-01.
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14. En concreto, señaló que de conformidad con la sentencia de unificación del
29 de enero de 2020, el término de caducidad debe contabilizarse desde que los
afectados tuvieron conocimiento o debieron conocer de la participación del Estado
por acción u omisión. A partir de lo anterior, consideró acertada la decisión de
primera instancia. Esto, por cuanto encontró que el 17 de mayo de 2008 las víctimas
podían inferir a quien le era atribuible la responsabilidad administrativa y patrimonial.
En consecuencia, se debía tener tal fecha para contar el término de caducidad.
15. Finalmente, refirió que no obraba prueba en el expediente ordinario de que
los demandantes en algún momento vieron truncada la posibilidad de acudir
libremente a la justicia, más allá de aducir a su condición de víctimas. En suma, no
se evidenció siquiera de manera sumaria alguna situación que haya imposibilitado
ejercer el medio de control dentro del término establecido por el legislador.
1.4. Fundamentos de la vulneración
16. Los accionantes consideraron que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales por cuanto incurrió en los defectos fáctico,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la constitución por los
siguientes motivos:
17. La autoridad judicial accionada incurrió en una indebida valoración de los
medios probatorios. Según los accionantes, con estos elementos se encontraba
acreditaba que hasta el año 2019 pudieron identificar que la muerte del joven
Osorno David se trataba de una ejecución extrajudicial. Por esto se debía tener en
cuenta esa fecha para efectos del cómputo de caducidad. En concreto, hizo alusión
a las siguientes pruebas:
i) el poder conferido a un abogado en ese año que los asesoró para iniciar un
proceso de esclarecimiento de la verdad de los hechos que rodearon el
crimen en el que falleció el señor Neil Antonio Osorno David;
ii) las piezas procesales de la investigación penal que se adelanta en la Fiscalía
109 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos
Humanos, por el deceso del occiso; y
iii) las denuncias y quejas instauradas el 24 de enero de 2020 por la señora
Marlene David en calidad de madre del occiso en la Procuraduría Delegada
para la Defensa de los Derechos Humanos.
18. Por esto, también consideraron que el tribunal accionado confirmó el rechazo
de la demanda de reparación directa sin una motivación que señalara y justificara
específicamente los medios de convicción en que se sustenta la decisión.
19. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión desconoció
la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020. En esta providencia se fijó
como regla que el computo del término de caducidad debe contabilizarse desde el
conocimiento de los hechos. Esto, a su juicio, sólo ocurrió hasta el año 2019 cuando
contaron con la asesoría legal para verificar las circunstancias de lo ocurrido.
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20. Adicionalmente, señalaron que el ad quem desconoció que en el precedente
aludido se estableció que, para declarar la caducidad del medio de control, debe
estar claro el hecho para las víctimas. Sin embargo, tal claridad aún no la tienen,
pues aún no existe un pronunciamiento en materia penal que permita esclarecer los
sucesos.
21. Por otro lado, los peticionarios refirieron que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Oralidad desconoció el auto proferido en Sala Unitaria
por el magistrado Ramiro de Jesús Pazos Guerrero en el que decidió el caso “del
exterminio del partido político Unión Patriótica”6. Este precedente se refiere que la
caducidad no puede enervar la acción judicial cuando se trate de violaciones de
derechos humanos.
22. También, la parte accionante consideró que el operador judicial desconoció
la sentencia T-026 de 2022. Según los peticionarios, en esta decisión, la Corte
Constitucional estableció que, para determinar la responsabilidad del Estado por la
comisión delitos de lesa humanidad, era necesario que penalmente se hubiese
condenado a una persona.
23. Asimismo, señalaron que el Ad quem desconoció el precedente horizontal de
la Sala Quinta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, fijado en un
auto7 en el que se decidió un asunto similar. En esta providencia, se consideró que
no era procedente rechazar la demanda de reparación directa, por encontrarse
acreditado ese fenómeno. Esto, porque era necesario avanzar probatoriamente en
el esclarecimiento de los hechos antes de declarar la caducidad del medio de
control.
24. Los accionantes mencionaron que la decisión reprochada desconoció lo
parámetros convencionales que deben tenerse en cuenta en virtud de la figura del
control de convencionalidad. De acuerdo con ellos, los delitos de lesa humanidad
son imprescriptibles no solo en materia penal sino también en materia contenciosa
administrativa. Por ello, el operador judicial trasgredió el bloque de
constitucionalidad establecido en el artículo 93 de la Constitución Política.
1.5. Trámite de la acción de tutela
25. En auto del 16 de septiembre de 2022, el magistrado ponente de la decisión
admitió la acción de tutela8. Asimismo, dispuso la notificación del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sala
Unitaria de Decisión. C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Auto del 26 de noviembre de 2018.
Rad. 05001-23-33-000-2017-00164-01 (58.814).
7
Los accionantes señalaron que se profirió tal decisión dentro del proceso de reparación directa
Rad. 05001333301720190037701. Sin embargo, verificado en la página de consulta de procesos de
la Rama Judicial se evidencia que se trata del auto del 17 de febrero de 2021.
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
8
Documento 6 cargado a SAMAI
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26. Además, se ordenó la vinculación como terceros con interés de: i) el Juzgado
1.º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Turbo9; ii) de la señora Amparo David
de Salas10; iii) de la Fiscalía General de la Nación y de la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional11; y iv) de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado como terceros con interés.
1.6. Intervención
27. Realizadas las notificaciones ordenadas12 de manera electrónica, se
presentó la siguiente intervención:
1.6.1. Fiscalía General de la Nación
28. El ente investigador rindió informe en el que solicitó declarar improcedente la
presente solicitud de amparo. Esto, porque la parte accionante no sustentó la
configuración del presunto defecto fáctico en que habría incurrido la autoridad
judicial accionada. Asimismo, consideró que la autoridad judicial accionada realizó
una valoración de las pruebas allegadas al plenario bajo los criterios establecidos
para ello.
29. Adicionalmente, mencionó que la parte actora no acreditó la configuración
del defecto sustantivo. Esto, por cuanto no identificó que el juez haya efectuado una
interpretación irregular de las normas aplicables, ni de la Constitución y la
jurisprudencia. Refirió que el operador judicial emitió la providencia en cuestión bajo
un análisis riguroso de las disposiciones legales que se deben tener en cuenta para
determinar la caducidad del medio de control.
30. Finalmente, refirió que los accionantes pretenden retrotraer a través del
amparo, las etapas procesales de un asunto que ya surtió su trámite. De esta
manera intentan establecer confusión y proyectar que se trasgreden sus derechos
fundamentales.
31. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión y el
Juzgado 1.º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Turbo se limitaron a enviar
el expediente del medio de control de reparación directa.
32. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica pese a que fue notificada, guardó
silencio.
9
Juez de primera instancia dentro del medio de control de reparación directa.
10
También figura como demandante dentro del proceso de reparación directa.
11
Entidades demandadas dentro del proceso de reparación directa.
12
La señora Amparo David de Salas al haber fallecido el 26 de mayo de 2022, se notificó mediante
aviso a sus herederos indeterminados.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
33. Esta Sala es competente para conocer de la demanda presentada por
Marlene David y otros en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Oralidad. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86
de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa – sobre los defectos alegados
34. De la lectura de la acción de tutela, la Sala encuentra que la parte accionante
considera que la providencia censurada incurrió en los defectos de desconocimiento
del precedente judicial, defecto fáctico y violación directa de la Constitución.
35. En este punto es importante aclarar que la parte actora en el escrito de tutela
señaló que el operador judicial no motivó su decisión. Esto, bajo el argumento que
no justificó los medios de convicción en que sustenta su decisión. Para Sala, este
cargo se adecúa más a un defecto fáctico porque lo que reprocha la actora es la
insuficiencia de los medios probatorios para justificar el sentido de la decisión. Por
lo tanto, la decisión sin motivación se adecuará y estudiará como parte del defecto
fáctico invocado.
36. En consecuencia, estos yerros, se deberán analizar de encontrarse
superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.
2.3. Legitimación en la causa
37. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
38. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que los
señores Marlene David, Dimas Osorno David, Leonardo Osorno David, Sebastián
Osorno David, Soraida Osorno David, León Ángel Osorno David, Álvaro de Jesús
Padierna David, Parmenio José Padierna David, Jairo Tuberquia David, Otoniel
López David, Anadione David, Margoth Milena Tuberquia David y Hiberli Salas
Oquendo se encuentran legitimados en la causa por activa. Esto porque estas
personas figuraban como demandantes en el proceso de reparación directa en el
que se profirió la providencia aquí cuestionada.
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39. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Oralidad se encuentra legitimado en la causa por pasiva
al ser la autoridad judicial que profirió la decisión de segunda instancia reprochada
en esta oportunidad.
2.4. Problemas jurídicos
40. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela.
41. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:
• ¿La autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia de los
accionantes. Lo anterior, con la expedición de la providencia del 14 de marzo de
2022, que confirmó el rechazo de la demanda de reparación directa incoada por
los peticionarios por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del
aludido medio de control. Esto, porque incurrió en los defectos fáctico,
desconocimiento e indebida aplicación del precedente y violación directa de la
Constitución?
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201213. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema14. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales15.
43. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201416. En esta sentencia se
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
14
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
15
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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establecieron seis requisitos generales de procedencia17 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial18.
44. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
45. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.
17
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
18
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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46. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
47. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, y, solo en el caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.6.1. Tutela contra tutela
48. Se advierte que no se ataca una decisión de tutela, sino un auto proferido
dentro del proceso de reparación directa, el cual se identifica con el radicado No.
05837-33-33-001-2020-00219-01.
2.6.2. Subsidiariedad
49. Se trata de un auto de segunda instancia que resolvió el recurso de apelación
que interpuso la parte demandante contra la decisión de primer grado que rechazó
de plano la demanda de reparación directa por encontrarse caducada. Por esto, es
evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.
50. Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia. Esto, porque la providencia censurada es un auto
proferido en el curso del proceso de reparación directa, contra el cual no proceden
los recursos extraordinarios.
2.6.3. Inmediatez
51. También se acredita el requisito de inmediatez. El auto de segunda instancia
reprochado fue dictado el 14 de marzo de 2022 y la solicitud de amparo se interpuso
el 15 de septiembre de 2022. Por ende, la Sala advierte que la acción de amparo
se radicó dentro del término razonable de 6 meses señalado por la jurisprudencia19.
2.6.4. Relevancia constitucional
52. La Sala considera que se cumple con este requisito. Esto, porque la parte
tutelante justificó de manera suficiente y en clave constitucional los motivos por los
que consideró que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales.
53. En efecto, esta Sala de Decisión nota que se trata de una discusión que
involucra un debate ius fundamental – que no es de mera legalidad–. Esta discusión
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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tiene su origen en la presunta configuración de los defectos de desconocimiento e
indebida aplicación del precedente jurisprudencial, fáctico por indebida valoración
probatoria y violación directa de la Constitución. Adicionalmente, se evidencia que
estos yerros se encuentran debidamente sustentados (acápite 1.3 de esta
providencia).
54. En este orden, la Sala evidencia que el debate se circunscribe a la correcta
interpretación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 en la que se
fijan las reglas en torno al cómputo de caducidad del medio de control de reparación
directa por graves violaciones de derechos humanos. Este es un asunto en el
posiblemente estén involucradas víctimas del conflicto armado. También, se
cuestiona que el Tribunal no valoró adecuadamente unas pruebas que hubieran
dado lugar a que se les aplicara la excepción que la misma sentencia de unificación
plantea. Y finalmente, que lo decidido desconoce los parámetros y estándares
internacionales que deben tenerse en cuenta en virtud de la figura del control de
convencionalidad.
55. Así las cosas, el asunto sometido a consideración de esta Sección tiene una
clara y marcada importancia constitucional. Esto porque no se trata de aspectos
puramente legales. Y tampoco se percibe este mecanismo de amparo como un
medio dirigido a reabrir el debate jurídico.
2.6.5. Que la parte actora identifique de manera clara, detallada y
comprensible tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos desconocidos
56. La parte accionante presentó una explicación clara y suficiente de los hechos
y argumentos de los motivos por los que consideró le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia. Por tanto, cumplió con la carga argumentativa mínima.
2.6.6. Irregularidad procesal
57. Finalmente, no se observa que se haya alegado una irregularidad procesal,
razón por la que no es procedente su análisis en el caso concreto.
58. Habiéndose cumplido los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, la Sala analizará si en el caso concreto se encuentran configurados, los
defectos de desconocimiento e indebida aplicación del precedente jurisprudencial,
fáctico y violación directa de la Constitución.
59. Para esto se pasará, en un primer momento, a realizar una explicación
general sobre los defectos invocados, para posteriormente abordar el fondo del
asunto.
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2.7. Noción de los defectos invocados
2.7.1. Desconocimiento del precedente
60. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes
con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos, problemas
jurídicos y ratio decidendi que fija una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el caso reciente20.
61. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos21 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.
62. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se aparta
del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la carga de
justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.
2.7.2. Del defecto fáctico
63. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201522, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión.
64. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso.
65. Se estudiará la valoración irracional o arbitraria de los medios probatorios,
pues fue planteada en el caso concreto. Este cargo, procede cuando a la luz de los
postulados de la sana crítica la apreciación efectuada por el fallador resulta
manifiestamente equivocada y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende
alterado.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de
julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
21
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del 12 de
noviembre de 2015. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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66. Para su procedencia, se requiere entonces que la parte: i) precise cuál o
cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez; ii) identifique
la razón del por qué en cada caso en particular, la consideración del operador
judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica; y iii) refiera
la incidencia de la prueba en el fallo atacado.
2.7.3. Violación directa de la Constitución
67. Al respecto, la Corte Constitucional23 ha señalado que este defecto se
configura cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la
Constitución en los siguientes eventos:
68. El primero de ellos, tiene lugar cuando el juez “deja de aplicar una disposición
fundamental a un caso concreto”24. En este caso, procede la tutela contra
providencia judicial por el defecto referido cuando: (i) el juez no interpreta y aplica
una disposición legal orientado por el precedente constitucional; (ii) la controversia
versa sobre un derecho de aplicación inmediata y (iii) cuando en la providencia se
vulnera un derecho fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación
conforme a la Constitución25.
69. El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando
el juez “aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución”26, y se fundamenta
en el artículo 4° de la Constitución Política que establece que la Carta es norma de
normas. Por tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es incompatible
con la Constitución, es deber del mismo “aplicar las disposiciones constitucionales
con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad”27.
2.8. Caso concreto
70. Como se ha explicado, los accionantes alegan la vulneración a sus derechos
fundamentales con la providencia proferida el 14 de marzo de 2022, dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad. En esta decisión
judicial se confirmó el rechazó de la demanda de reparación directa que
interpusieron contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
y la Fiscalía General de la Nación por la muerte de Neil Antonio Osorno David en lo
que habría sido una ejecución extrajudicial por parte de las fuerzas militares en
hechos ocurridos el 13 de mayo de 200828.
23
Corte Constitucional, Sentencia SU-198 del 11 de abril de 2013.
24
Ibídem.
25
Ibídem.
26
Ibídem.
27
Ibídem.
28
Rad. 05837-33-33-001-2020-00219-01.
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71. Esto porque a su juicio, incurrió en los defectos desconocimiento e indebida
aplicación del precedente, fáctico y violación directa de la Constitución, los cuales
se proceden a estudiar.
2.8.1. Análisis del desconocimiento e indebida aplicación del precedente
jurisprudencial
72. El accionante consideró que el Tribunal accionado incurrió en este defecto
por los siguientes motivos:
i) Indebida aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020. Esto, porque desconoció que en esta decisión se estableció que
para declarar la caducidad del medio de control debe estar claro el hecho.
Sin embargo, aún no se cuenta la claridad sobre el crimen de lesa
humanidad, porque aún no existe un pronunciamiento en materia penal
que permita esclarecer los sucesos.
ii) el Tribunal Administrativo accionado desconoció el precedente de la
Sección Tercera de esta Corporación fijado en el caso del exterminio del
partido político Unión Patriótica. En esta providencia, se consideró que la
caducidad no puede enervar la acción judicial cuando se trate de
violaciones a derechos humanos, como ocurre en el caso concreto; y
iii) el operador judicial desconoció la sentencia T-026 de 2022 de la Corte
Constitucional. En esta providencia se estableció que, para determinar la
responsabilidad del Estado por la comisión de delitos de lesa humanidad,
era necesario que penalmente se hubiese condenado a una persona; y
iv) finalmente, la autoridad judicial accionada desconoció el precedente
horizontal emanado del mismo Tribunal y fijado en un auto29 en el que se
decidió un asunto similar. En esta providencia, se consideró que no era
procedente rechazar la demanda de reparación directa, por encontrarse
acreditado el fenómeno. Esto, porque era necesario avanzar
probatoriamente en el esclarecimiento de los hechos antes de declarar la
caducidad del medio de control.
73. Para efectos metodológicos y prácticos, la Sala procederá en primer lugar a
analizar la providencia reprochada para efectos de determinar si los cargos antes
mencionados están llamados a prosperar.
74. Descendiendo al caso concreto se evidencia que el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Primera de Decisión, confirmó la decisión adoptada el 14 de
29
Los accionantes señalaron que se profirió tal decisión dentro del proceso de reparación directa
Rad. 05001333301720190037701. Sin embargo, verificado en la página de consulta de procesos de
la Rama Judicial se evidencia que se trata del auto del 17 de febrero de 2021.
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
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marzo de 2022 por el Juzgado 1.º de Oralidad del Circuito Judicial de Turbo,
Antioquia. En esta providencia, se rechazó la demanda impetrada por los
accionantes por haber operado el fenómeno de la caducidad. Como fundamento
de su decisión, el operador judicial trajo a colación la sentencia del 29 de enero de
2020 que unificó la jurisprudencia en relación con esa figura jurídica cuando se está
frente a delitos de lesa humanidad. En esta decisión, se fijaron las siguientes reglas:
Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se
unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas
con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro
asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al
Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta exigible el término
para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la
desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando
los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el
término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley.30
75. Así, en aplicación de las anteriores reglas jurisprudenciales, el Tribunal
accionado efectuó el siguiente análisis:
Sobre el momento a partir del cual se debe contabilizar dicho término, lograr
desprenderse de la providencia en mención, es desde que los afectados conocieron
o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial; de la misma forma, recordó que
dichos términos no se aplican en aquellos supuestos en los que materialmente las
víctimas no estaban en posibilidades de acceder a la administración de justicia.
A partir de lo anterior, conviene decir que la Sala está de acuerdo con la decisión del
juez, por cuanto la oportunidad para presentar la demanda se encontraba
ostensiblemente vencida, de acuerdo a la ley procesal vigente para esta jurisdicción.
Es que no se puede perder de vista que solo 3 días después del momento de la
ocurrencia de los hechos, las víctimas percibieron los perjuicios por el cual hoy
reclaman perjuicios (sic). Fue desde ese instante en que empezó a correr el término
de caducidad, sobre todo cuando pudieron inferir sobre quien provenía el daño y a
quien era atribuible la responsabilidad resarcitoria desde un principio, de acuerdo a lo
que se puede desprender de la demanda.
76. Por lo anterior, el Tribunal accionado determinó que la parte demandante
desde el 17 de mayo de 2008 contaba con elementos de juicio para demandar ante
la jurisdicción contencioso-administrativa y probar que el homicidio del señor Niel
Antonio Osorno David constituía un daño antijurídico imputable al Estado a
indemnizar. Asimismo, la autoridad judicial accionada encontró que los peticionarios
no acreditaron que estuvieron expuestos a una situación que les impidiera ejercer
sus derechos durante el término establecido por el legislador para demandar en
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020. Rad. 850013333002021400144.
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ejercicio del medio de control de reparación directa. Sobre el particular se pronunció
así:
En cuanto a la oportunidad para acceder a la administración de justicia, se destaca
que la condición de víctimas de los demandantes por sí sola no da lugar a inferir que
impidió el acceso a la administración de justicia. A esto añádasele que no obra
prueba en el expediente de que los hoy demandantes en algún momento vieron
truncado su derecho a acudir libremente a la justicia, más allá de la condición de
víctimas. Tampoco obra prueba de que los demandantes se hayan dirigido a las
autoridades de orden público buscando salvaguardar sus derechos y, por el
desinterés de estas, se haya visto truncado el derecho de acción. En suma, no se
vislumbra ni se prueba siquiera sumariamente situación alguna que haya
imposibilitado ejercer materialmente la acción dentro del término.
77. De conformidad con lo anterior, la Sala procede a analizar cada uno de los
cargos esbozados por los peticionarios, bajo el defecto de desconocimiento del
precedente.
78. Análisis del desconocimiento e indebida aplicación del precedente
jurisprudencial fijado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020
en la que se determinó las reglas sobre el computo de caducidad en los
eventos de graves violaciones a derechos humanos
79. Conforme al análisis efectuado de la providencia reprochada, la Sala
evidencia que el operador judicial accionado aplicó las reglas previstas en la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 en relación con la caducidad de
las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa
humanidad. Este criterio es vinculante en atención a que las decisiones de esta
naturaleza con proferidas con fundamento en asuntos de importancia jurídica,
trascendencia económica o social o por la necesidad de sentar jurisprudencia.
80. De esta manera, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Oralidad no incurrió en una actuación incursa en vía de hecho. Esto, de conformidad
con las razones y argumentos citados en precedencia, la autoridad judicial
accionada tenía argumentos suficientes aplicar al precedente vigente de unificación
expuesto por esta Corporación. Luego, la autoridad judicial accionada actuó
atendiendo a su autonomía judicial de cara a la tesis jurisprudencial vigente.
81. Ahora, los demandantes consideraron que el Tribunal accionado aplicó de
manera indebida el precedente. Esto, porque en su sentir, en la sentencia de
unificación se fijó como regla que para declarar la caducidad del medio de control
debe estar claro el hecho para las víctimas. En el caso concreto aún no se tenía tal
claridad, porque aún no existe un pronunciamiento en materia penal que permita
esclarecer los sucesos. Sin embargo, este cargo no está llamado a prosperar por
los siguientes motivos:
82. Como viene de decirse dentro de las reglas jurisprudenciales fijadas en esa
decisión la Sección Tercera de esta Corporación explicó que sí se debían
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contabilizar los términos de caducidad de las demandas de reparación directa frente
a delitos de lesa humanidad, salvo en los casos de desaparición forzada.
83. Lo anterior, con la particularidad, de que los dos años dispuestos en el literal
“i” del numeral 2.º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, empiezan a correr a
partir de que el o los afectados tuvieron o pudieron tener conocimiento de la
participación de algún agente del Estado en los hechos objeto de análisis.
84. De igual forma, se precisó que no es necesario esperar la culminación del
proceso penal para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. En todo caso,
si lo definido por el juez penal incide en el proceso de reparación directa,
corresponde presentar la demanda dentro de los dos años establecidos y cuando
se enliste para fallo se deberá solicitar la suspensión por prejudicialidad.
85. En ese orden, la Sala considera que no le asiste razón a los accionantes.
Esto, porque el Tribunal Administrativo accionado no aplicó de manera indebida la
sentencia de unificación, por los motivos antes aludidos. Esto, en tanto, que en ella
no se fijo como regla jurisprudencial que el término de caducidad del medio de
control este supeditado a la definición de la causa penal.
86. Contrario sensu, en la sentencia de unificación se estableció que el plazo
preclusivo se computa desde que los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado en la comisión del crimen de lesa
humanidad por el que se pretende la declaratoria de responsabilidad. Así, en el caso
sometido a estudio, la regla en comento fue indiscutiblemente aplicada por la
autoridad judicial accionada como viene de decirse.
87. En conclusión, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Oralidad no incurrió en un defecto por desconocimiento e indebida
aplicación del precedente. Amén de señalar que en la sentencia censurada se
realizó un estudio y una argumentación razonable, propia de la autonomía del
operador judicial. Esta actividad solo encuentra su límite cuando el juzgador incurre
en arbitrariedad o capricho, escenario que no se advierte en el caso concreto.
88. Análisis del desconocimiento del auto proferido en Sala Unitaria por el
Magistrado Dr. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero en el que decidió el caso del
exterminio del partido político Unión Patriótica”
89. Ahora, los peticionarios refirieron que el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Oralidad desconoció el auto proferido en la Sala Unitaria por el
Magistrado Dr. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero – integrante de la Subsección B
de la la Sección Tercera de esta Corporación– en el que decidió el caso del
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exterminio del partido político Unión Patriótica31. En esta providencia se señaló que la
caducidad no puede enervar la acción judicial cuando se trate de violaciones a
derechos humanos.
90. Al efecto, es preciso señalar que en el auto aludido como desconocido, se
estudió si debía revocar la decisión de primera que rechazó por encontrarse
configurada la caducidad del medio de control de reparación directa. Esta acción
fue presentada con el fin de que se declarara la responsabilidad del Estado por la
muerte y desaparición de los militantes y miembros de la Unión Patriótica.
91. Para ello, el Magistrado Ramiro de Jesús Pazos Guerrero – integrante de la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación–, en Sala Unitaria en esa
oportunidad analizó el fenómeno de la caducidad del medio de control. De esta
manera, consideró que no era procedente aplicar de forma estática las reglas sobre
la temporalidad del reclamo del responsabilidad estatal. Esto, en “razón al carácter
especial de las situaciones puesta bajo conocimiento de la jurisdicción”.
92. Sin embargo, es importante señalar que la decisión proferida en Sala Unitaria
aludida como desconocida por el accionante no constituyen precedente. Esto,
porque no se trata de un auto que manifieste la posición al interior de la Subsección
B. Sin embargo, es relevante resaltar que el auto aludido no guarda plena identidad
fáctica con los supuestos discutidos en la decisión objeto de reproche constitucional.
93. Por lo anterior, lo decidido en el auto invocado como desconocido no podía
ser aplicado al caso concreto.
94. Aunado a lo anterior, esta Sección no desconoce que en materia del
fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación directa en el que se
pretende la responsabilidad del Estado por graves violaciones de derechos
humanos, la Sala Especializada en la materia mediante sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020 fijó las reglas que se deben seguir en esta materia, el cual
como viene de decirse fue atendido por el Tribunal accionado.
95. Lo anterior, por cuanto pese a que la Sala no desconoce que en ambos
asuntos se trata de graves violaciones a derechos humanos, lo cierto es que el
Tribunal Administrativo, Sala Primera de Oralidad en ejercicio de su autonomía
judicial aplicó el precedente imperante y vinculante fijado por la Sala Especializada
en materia de caducidad del medio de control de reparación directa en los eventos
en los que se pretende la responsabilidad del Estado por graves violaciones a
derechos humanos, lo cual per se no constituye un desconocimiento del
precedente.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sala
Unitaria de Decisión. C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Auto del 26 de noviembre de 2018.
Rad. 05001-23-33-000-2017-00164-01 (58.814).
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96. Análisis del desconocimiento de la sentencia T-026 de 2022 de la Corte
Constitucional en el caso concreto
97. Por otro lado, el accionante señaló que el Tribunal Administrativo accionado
desconoció la sentencia T-026 de 2022 de la Corte Constitucional. Según el
accionante en aquella se estableció que, para determinar la responsabilidad del
Estado por su participación u omisión en la comisión de delitos de lesa humanidad,
era necesario que penalmente se hubiese condenado a una persona.
98. Sin embargo, la Sección considera que la mentada providencia no constituye
un precedente pues del caso, bajo los siguientes argumentos:
99. En primer lugar, es preciso advertir que en virtud del criterio mayoritario de la
32
Sala , la decisión T-026 de 2022 no constituye precedente. Sin embargo, es
importante resaltar que la sentencia en comento no guarda una relación fáctica con
el presente asunto, como se pasa a explicar. En efecto, en aquella oportunidad se
sometió a revisión del Alto Tribunal Constitucional un asunto que tuvo su origen en
las decisiones que declararon la caducidad del medio de control de reparación
directa. En esa oportunidad, se pretendía la declaratoria de responsabilidad del
Estado por los daños causados a una mujer que fue objeto del delito de acceso
carnal violento en el transcurso de un procedimiento médico33.
100. Análisis de la vulneración al derecho a la igualdad por desconocimiento
del precedente horizontal en el caso concreto
101. El accionante mencionó que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente horizontal de la Sala Quinta de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia, fijado en un auto34 en el que se decidió un asunto similar. En esta
providencia, se consideró que no era procedente rechazar la demanda de
reparación directa, por no encontrarse acreditado el fenómeno jurídico. Esto, porque
era necesario avanzar probatoriamente en el esclarecimiento de los hechos antes
de declarar la caducidad del medio de control.
102. Al efecto, debe ponerse de presente que este pronunciamiento fue proferido
por una Sala de Decisión diferente a la que expidió la providencia reprochada en
32
Es preciso advertir que en criterio del despacho ponente: “las sentencias de tutela, tanto las que
profiere la Corte Constitucional en sede de revisión o de unificación – como los demás órganos
jurisdiccionales de cierre – pueden constituir precedente judicial si se cumplen con los presupuestos
para que opere dicha figura. Dichos presupuestos, en síntesis, son la similitud fáctica y jurídica y la
posibilidad de poder aplicar o extender la regla al caso objeto de estudio”. Aclaración de voto
presentada a la sentencia del 5 de mayo de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-00798-01
33
En concreto, por las presuntas fallas en el servicio por omisión en su posición de garantes como
consecuencia de los atentados contra la integridad física y sexual de que fue víctima una persona
mientras se encontraba en un hospital, por parte del médico adscrito a dicha entidad y encontrándose
en estado de indefensión por su situación de salud.
34
Los accionantes señalaron que se profirió tal decisión dentro del proceso de reparación directa
Rad. 05001333301720190037701. Sin embargo, verificado en la página de consulta de procesos de
la Rama Judicial se evidencia que se trata del auto del 17 de febrero de 2021.
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
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esta oportunidad (Sala Primera de Oralidad). Por esto, no se puede colegir que se
vulneró el derecho a la igualdad. Lo anterior, porque se tratan de Salas de Decisión
diferentes que en razón del principio de autonomía e independencia de los jueces
adoptaron su decisión.
2.8.2. Análisis del defecto fáctico en el caso concreto
103. Los accionantes aducen que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Oralidad desconoció el contenido de las pruebas que obraban en el
plenario35. Según los peticionarios, con estos elementos se encontraba acreditaba
que hasta el año 2019 pudieron identificar que la muerte del joven Osorno David se
trataba de una ejecución extrajudicial. Por esto se debía tener en cuenta esa fecha
para efectos del computo de caducidad y no la que tomó el operador judicial.
104. En este punto, la Sala estima que el Tribunal para establecer si se ejerció en
forma oportuna el medio de control de reparación directa, valoró las pruebas que se
allegaron con el libelo de la demanda, que no se limitan a la confesión de parte.
105. A partir de lo anterior, el operador judicial concluyó que como lo había
resuelto el a quo se debía aplicar la regla general de caducidad prevista en el literal
i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
106. De esta manera, los 2 años con los que contaban para incoar la acción
empezaron a correr desde el 17 de mayo de 2008, día siguiente a la fecha en que
los demandantes tuvieron conocimiento de los hechos y expiró el 17 de mayo de
2010. No obstante, los accionantes presentaron solicitud de conciliación
extrajudicial el 19 de noviembre de 2019 y la demanda de referencia el 9 de
septiembre de 2020, es decir, cuando se había superado el término legal para
presentar la demanda de reparación directa.
107. Por último, es importante resaltar que el Tribunal accionado no desconoció
que en el año 2019 los accionantes recibieron asesoría de un profesional del
derecho, tan es así, que presentaron en ese año solicitud de conciliación
extrajudicial. Sin embargo, consideró que tal fecha no podía ser tenida en cuenta y
que tal excusa no era valida.
108. También se advierte que las piezas procesales de la investigación penal que
se adelanta en la Fiscalía 109 de la Dirección Especializada contra las Violaciones
a Derechos Humanos, por el deceso del señor Osorno David; y las denuncias y
quejas instauradas el 24 de enero de 2020 por la señora Marlene David a instancias
35
Entre los medios probatorios a los que hacen alusión los demandantes se encuentran: i) el poder
conferido a u abogado en ese año que los asesoro para iniciar un proceso de esclarecimiento de la
verdad de los hechos que rodearon el crimen en el que falleció el señor Neil Antonio Osorno David;
y ii) Las piezas procesales de la investigación penal que se adelanta en la Fiscalía 109 de la Dirección
Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, por el deceso del occiso; y iii) las
denuncias y quejas instauradas el 24 de enero de 2020 por la señora Marlene David en calidad de
madre del occiso a instancias de la Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos
Humanos.
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de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, no tienen
la virtualidad de modificar la decisión adoptada por el ad quem, en atención a que
como ya se explicó ampliamente, en estos casos la caducidad se computa desde la
fecha de conocimiento del daño.
109. En consecuencia, no se evidencia que el Tribunal accionado haya
desconocido los medios probatorios que obraban en el plenario. Por el contrario, de
su valoración arrimó a la conclusión que el medio de control estaba caducado y que
no estaba acreditada circunstancia alguna que permitiera la inaplicación de tal
fenómeno.
110. Asimismo, esta Sección evidencia que los accionantes pretenden un examen
de las pruebas que a su juicio, es el que debe darse, lo cual no puede avalarse por
el juez constitucional, no solo porque no es de su competencia realizar este tipo de
valoraciones, sino porque el defecto fáctico está estructurado en especificas
causales referenciadas por la Corte Constitucional y en ninguno de los previstos allí
se encuentra la posibilidad de estudiar la prueba bajo consideraciones propias del
juez de tutela36.
111. En consecuencia, la Sala encuentra que la valoración probatoria realizada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad no resulta
arbitraria ni irrazonable. Esto, porque de un análisis probatorio que fue realizado
dentro de las reglas de la sana crítica y en ejercicio de los principios de autonomía
e independencia judicial. Distinto es que los accionantes se encuentren en
desacuerdo con la conclusión a la que se llegó en la providencia objeto de reproche.
Y en consecuencia que pretendan desconocer tal decisión queriendo imponer su
propio criterio, únicamente por ser contraria a sus intereses.
2.8.3. Violación directa de la Constitución
112. Finalmente, los accionantes mencionaron que la decisión reprochada
desconoció los parámetros convencionales que deben tenerse en cuenta en virtud
de la figura del control de convencionalidad. De acuerdo con ellos, los delitos de
lesa humanidad son imprescriptibles no solo en materia penal sino también en
materia contenciosa administrativa. Por ello, el operador judicial trasgredió el bloque
de constitucionalidad establecido en el artículo 93 de la Constitución Política.
113. Al respecto, la Sala nota que en la sentencia del 29 de enero de 2020, la
Sección Tercera de esta Corporación realizó el respectivo control de
convencionalidad. En especifico, hizo alusión a la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Esto, como fundamento para no aplicar las
reglas dispuestas por aquel Alto Tribunal sobre la caducidad de la reparación directa
en la legislación colombiana.
36
En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2022. Rad. 11001031500020220317500
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114. En concreto, en la sentencia de unificación, se hizo mención a la sentencia
del caso Órdenes Guerra y otros vs Chile, en los siguientes términos:
(…)
Pues bien, las sentencias de la CIDH resultan vinculantes en tanto interpreten las
normas de la Convención. El fallo analizado no contiene una interpretación del artículo
25 de la CADH –acceso a la administración de justicia–, pues, se insiste, avala la
aceptación de responsabilidad de Chile, en cuanto a los efectos de sus normas de
prescripción de las acciones civiles frente a los delitos de lesa humanidad.
Adicionalmente, esta Sala precisa que el ordenamiento jurídico chileno contiene
preceptos distintos a las establecidos en el derecho colombiano, en cuanto no prevén
la posibilidad de contar el plazo pertinente a partir del conocimiento de la participación
del Estado, lo cual, como antes se explicó, es una regla que tiene los mismos efectos
que la imprescriptibilidad en materia penal.
En las condiciones analizadas, la Sala concluye que, como en el caso Órdenes
Guerra y otros vs. Chile no se interpretó la Convención Americana de Derechos
Humanos a la luz de reglas con contenido material similar a las que prevé nuestro
Código Contencioso Administrativo y la Ley 1437 de 2011, tal pronunciamiento no
resulta vinculante para resolver el presente asunto. (Énfasis de la Sala).
115. De otro lado, la Sección Tercera del Consejo de Estado explicó que en el
ordenamiento jurídico chileno no se dispuso la posibilidad de que se contabilice el
plazo para acudir a interponer las correspondientes acciones judiciales a partir de
que se conozca el hecho dañino, como sí lo contempló el legislador colombiano en
la Ley 1437 de 2011. En ese sentido, es evidente que estos dos cuerpos normativos
difieren. Por ello no son equiparables ya que en nuestro ordenamiento existe la
posibilidad de que el término de caducidad se empiece a contabilizar desde que la
persona tuvo o debió tener conocimiento de la ocurrencia del hecho dañino. En
consecuencia, las reglas fijadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
no son trasladables de manera automática al presente asunto.
116. Adicionalmente, en otras oportunidades esta Sala ha precisado que, de
acuerdo con la sentencia C-101 de 2018 de la Corte Constitucional, los
pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “deben ser
tenidos en cuenta como criterio de interpretación de los derechos fundamentales”,
pero que no tienen un carácter estrictamente vinculante37.
117. Así las cosas, para esta Sala de Decisión la providencia del 14 de marzo de
2022 en la que se confirmó el rechazo de la demanda por caducidad, dentro del
proceso contencioso de reparación directa presentado por los accionantes, está
acorde a derecho y a los postulados de la Sección de cierre del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional. En ese sentido, no desconoció los parámetros
convencionales que deben tenerse en cuenta en virtud de la figura del control de
convencionalidad. Esto, porque las decisiones que se han adoptado a nivel
37
En el mismo sentido se pronunció esta Sala en la sentencia del 2 de junio de 2022. Rad. 11001-
03-15-000-2022-02440-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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interamericano en relación con la prescripción, no constituyen un precedente para
el Estado colombiano en lo que atañe al término de caducidad para interponer
demandas de reparación directa.
118. En consecuencia, la Sala negará el amparo, en tanto que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad no incurrió en los defectos
desconocimiento del precedente, fáctico y violación directa de la Constitución; y por
ello, no se vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales de derechos
fundamentales de igualdad, a la integridad personal, al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia solicitado por los señores Marlene David, Dimas
Osorno David, Leonardo Osorno David, Sebastián Osorno David, Soraida Osorno
David, León Ángel Osorno David, Álvaro de Jesús Padierna David, Parmenio José
Padierna David, Jairo Tuberquia David, Otoniel López David, Anadione David,
Margoth Milena Tuberquia David y Hiberli Salas Oquendo.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con
lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
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Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.
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