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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00798-01

Fecha
5 de mayo de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00798-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase la sentencia del 10 de marzo de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar: Niégase la acción de tutela interpuesta por la señora Elsa Plazas Chaparro, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-00798-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

5 de mayo de 2022

Demandante: Elsa Plazas Chaparro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00798-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00798-01
Demandante: ELSA PLAZAS CHAPARRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B

Tema: Tutela contra providencia judicial – Defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP-, contra el fallo proferido por la Subsección A de la Sección Segunda de
esta corporación que decidió:

“Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y
seguridad social de la señora Elsa Plazas Chaparro, cuya protección
solicitó a través de la acción de tutela instaurada en contra del Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

Segundo: Dejar sin efectos la sentencia del 25 de noviembre de 2021
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y
ordenarle que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria
de la presente providencia judicial, dicte una nueva decisión, de
conformidad con lo aquí expuesto.

(…)”

1

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Demandante: Elsa Plazas Chaparro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00798-01

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

La señora Elsa Plazas Chaparro, a través de apoderado judicial, ejerció acción de
tutela1 con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social,
en concordancia con los principios de seguridad jurídica, favorabilidad, cosa
juzgada e inescindibilidad normativa, garantías que estimó vulneradas con ocasión
de la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021 por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual infirmó la
providencia del 31 de mayo de 2012 dictada por el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión de Santa Rosa de Viterbo para, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda.

Esta decisión se presentó en el marco del recurso de revisión, con radicado
número 11001032500020180099700, interpuesto por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social contra el fallo del 31 de mayo de 2012 dentro del trámite judicial iniciado por
la señora Plazas Chaparro contra la UGPP con el fin de obtener la reliquidación de
su pensión, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho2.

En consecuencia, la demandante solicitó:

«1.- Tutelar los derechos fundamentales al Debido Proceso y Acceso a
la Administración de Justicia (art. 29 y 229 de la C.N.) violación directa
de la Constitución; iv) Violación del derecho a la Seguridad Social,
Favorabilidad, irrenunciabilidad, Progresividad y no Regresividad
Pensional (art 48 de la C.N.) en virtud de i) Defecto sustantivo violación
al Debido Proceso (art. 29 de la C.N.); ii) Defecto sustantivo por
aplicación indebida del precedente jurisprudencial proferido por el H.
Consejo de Estado (sentencia de unificación del 28 de agosto de 2.018)
y precedentes constitucionales previos (C 258/13 y SU 230-2015).

2.- Dejar sin efectos la sentencia del 25 de Noviembre de 2.021
proferida por el H. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÒN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “B”, siendo Consejera Ponente la Dra. SANDRA LISSET
IBARRA VÉLEZ, por medio de la cual se declaró fundada la acción de
revisión presentada por la UGPP.

1 La acción de tutela se presentó a través de mensaje de texto dirigido a la Secretaría General del

Consejo de Estado el 31 de enero de 2022.
2 El expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se identifica con el número

de radicación 1569333170220110027100.
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3.- Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al H. Consejo de
Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda -
Subsección “B” C.P. Dra. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ que en un
término perentorio profiera una nueva sentencia, teniendo en cuenta la
norma aplicable y el aparte del precedente jurisprudencial de esa
Corporación que ordena:

“[…] que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa
juzgada en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables.”

(…)

“… de manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario de
revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido la pensión
con fundamento en jurisprudencia diferente a la ratio decidendi aquí
expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo
previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del
CPACA.”» (Sic para toda la cita).

2. Hechos

Indicó que nació el 29 de enero de 1947 y laboró para el Estado Colombiano por
41 años, 2 meses y 6 días en el Municipio de Sogamoso y en el Ministerio de
Educación.

Señaló que adquirió su estatus pensional el 29 de enero de 1997, fecha en la cual
cumplió 50 años y es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo
1.° de la Ley 33 de 1985, puesto que tenía más de 15 años de servicio oficial con
anterioridad al 13 de febrero de 1985.

Precisó que la Caja de Previsión Social reconoció su pensión de jubilación
condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio mediante la Resolución
38430 del 4 de agosto de 2006. Para el cálculo de la mesada pensional se incluyó
la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, pero no se tuvo en
cuenta las primas de vacaciones, de servicios y de navidad, devengadas
igualmente durante el último año de servicio.

Añadió que contra la decisión anterior se interpuso el correspondiente recurso, el
cual fue decidido mediante la Resolución PAP 52619 del 11 de mayo de 2011, por
la cual se modificó parcialmente el acto de reconocimiento de la pensión de vejez,
pero no tuvo en cuenta como parte del ingreso base de liquidación las primas de
vacaciones, de servicios y de navidad.

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Explicó que interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, la cual fue tramitada por el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Santa Rosa de Viterbo,
autoridad judicial que el 31 de mayo de 2012 ordenó reliquidar la pensión con la
inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicio, decisión que quedó ejecutoriada el 26 de junio de 2012.

Sostuvo que la UGPP, el 12 de junio de 2018, interpuso un recurso extraordinario
de revisión en contra del fallo proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Santa Rosa de Viterbo.

Advirtió que la Sala de Decisión declaró fundado el recurso extraordinario de
revisión y, en consecuencia, infirmó la providencia del 31 de mayo de 2012,
mediante sentencia del 25 de noviembre de 2021.

La sentencia dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado expuso que la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en
concordancia con lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, tiene por propósito
garantizar los principios constitucionales de sostenibilidad financiera, solidaridad y
universalidad que rigen el sistema general de pensiones y, en consecuencia, evitar
así el reconocimiento de beneficios desproporcionados a cierta población de
pensionados, prevenir su creación y, además, solventar el bajo nivel de cobertura
pensional que tenía el país.

Por lo anterior, se indicó que la sentencia que ordenó reliquidar la pensión de la
señora Plazas Chaparro con base en todos los factores salariales devengados en
el último año de servicio, desconoció la correcta interpretación y aplicación del IBL
de acuerdo con lo expresamente establecido por el legislador en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, por el constituyente en el Acto Legislativo 01 de 2005 y los
principios de eficiencia del Sistema de Seguridad Social al no haber
correspondencia entre lo cotizado y lo liquidado.

3. Sustento de la petición

A juicio de la parte actora la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales al incurrir en el desconocimiento del precedente judicial sobre la
caducidad frente a las sentencias de condena contra Cajanal o Cajanal en
Liquidación, puesto que, en su sentir, se omitieron las reglas y lineamientos del
Consejo de Estado respecto a que es a partir del 8 de noviembre de 2011 que la
UGPP asumió la competencia de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4269 de
2011.

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Citó las sentencias del Consejo de Estado de la Sección Primera, radicado 2018-
00773-01, de la Sección Segunda con número 2017-00625-00 del 2 de junio de
2017 y la dictada en el proceso número 2019-04576-00, para sustentar el defecto
mencionado.

Expuso que si la Sala de Revisión hubiese aplicado sus mismos lineamientos,
debió declarar la caducidad del recurso.

Alegó que también se incurrió en un defecto sustantivo por cuanto la causal de
revisión invocada por la UGPP, establecida en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, exige que el derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva, situación que no se encontró demostrada en
el caso en estudio porque la sentencia dictada por el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Santa Rosa de Viterbo
sustentó en debida forma su decisión con base en los argumentos legales y
jurisprudenciales vigentes al momento en que se dictó, sin que se comprobase
ninguna aplicación indebida del precedente, abuso del derecho, grave error o una
indebida aplicación de la ley.

Señaló que no es válido el argumento respecto de la sostenibilidad financiera
porque realizó cotizaciones durante más de 41 años.

Advirtió que la autoridad judicial demandada desconoció el precedente contenido
en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 la cual expresamente
indicó que:

«De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los
cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables.

Tercero.- Las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición con fundamento en la tesis que sostenía la
Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que
lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley.»

4. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto del 16 de febrero de 2022, el magistrado ponente de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo y
ordenó notificar esa decisión a la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, como parte demandada y vinculó a la Unidad Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social como
tercero con interés.

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5. Contestaciones e intervenciones

5.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

La ponente de la decisión atacada rindió el informe solicitado en los siguientes
términos:

Señaló que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 faculta al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Contralor General
de la República o al Procurador General de la Nación y a la UGPP para solicitar la
revisión de providencias judiciales, transacciones o conciliaciones judiciales o
extrajudiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimientos que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública
la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza cuando: a) el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso y b) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables.

Precisó que, lo anterior, se sustentó en que, en búsqueda de una mayor equidad,
solidaridad y viabilidad financiera del sistema pensional para proporcionar un trato
igualitario a todos los colombianos, se buscaron mecanismos para la eliminación
de los privilegios que actualmente gozan algunos sectores por estar exceptuados
de la Ley 100 de 1993 o por razón de disposiciones especiales del régimen de
transición, que generaban circunstancias de corrupción.

Expuso que por eso, en los artículos 20 y 21 de la reforma a la Ley 100 de 1993
se estableció la posibilidad de revisar las decisiones judiciales que han reconocido
pensiones de manera irregular o por motivos que no corresponden de acuerdo con
la ley y así afrontar los graves casos de corrupción derivados de la existencia de
los regímenes de transición para evitar grandes perjuicios a la Nación.

Indicó que, por lo anterior, podría pensarse que se generó una tensión entre la
acción de revisión y el principio de la seguridad jurídica, en cuanto que, después
de contar con una decisión judicial que le confirió el derecho reclamado al cabo del
tiempo su situación podría ser revisada, con lo cual se afectaría su inmutabilidad.

Explicó que, el Consejo de Estado, con fundamento en unas consideraciones de la
Corte Suprema de Justicia, ha considerado que la acción de revisión se erige
como una herramienta judicial cuyo ejercicio busca introducir una excepción a la
cosa juzgada para reivindicar y defender un fin constitucionalmente válido, como
sería la defensa del Tesoro Público.

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Sostuvo que, en esa medida, ese medio extraordinario no es solo un instrumento
de lucha contra la corrupción, en la medida que a través de ella se puede solicitar
la revisión de pensiones reconocidas irregularmente, sino que paralelamente hace
prevalecer el interés de la colectividad por encima del particular al detener o
armonizar con la ley el pago de pensiones reconocidas en exceso, ya sea por
error, ignorancia o desconocimiento de las normas aplicables o por adoptarse una
interpretación que no se acompasa con los principios reguladores del sistema de
seguridad social en pensiones de la Constitución.

Manifestó que, con base en lo anterior, al revisar la sentencia proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Santa Rosa de Viterbo que
ordenó liquidar la pensión de vejez de la señora Plazas Chaparro le correspondía
determinar si la pensión en los términos reconocidos se encontraba ajustada a
derecho o si, por el contrario, se efectuó una liquidación en detrimento de la
sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones.

Explicó que, para el efecto, se encontró que la liquidación de la pensión en los
términos ordenados desconocía la forma correcta de liquidar las pensiones de los
beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por el
Consejo de Estado, en la cual se dispuso que la liquidación debe realizarse en
atención a la edad, el monto y el tiempo de servicio del sistema anterior y en
cuanto al IBL, debe ser el previsto en los artículos 21 y 30 de la Ley 100 de 1993,
con la inclusión de los factores contemplados en el Decreto 1158 de 1998.

Sostuvo que en la sentencia enjuiciada a través de la acción de revisión se estaba
ordenando, con cargo al erario, una pensión injustificada e ilegítima frente al
ordenamiento jurídico, lo cual comporta una transgresión al interés general y al
principio de universalidad del sistema de seguridad social.

Mencionó que si bien es cierto que el fallo de unificación del 28 de agosto de 2018
fue dictado con posterioridad a la sentencia del 31 de mayo de 2012, también lo es
que mediante la providencia que resolvió la revisión se dejaron las razones por las
cuales resulta aplicable dicho precedente al caso concreto.

Señaló que la primera razón es el carácter vinculante y obligatorio del precedente
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado como órgano de cierre de la
jurisdicción contenciosa.

Argumentó que la segunda razón es la aplicación de esta a todos los casos que se
encuentren en trámite, lo cual se hace extensivo a aquellos en los que se
resuelvan acciones extraordinarias que se llegaren a interponer dentro de la
oportunidad legal correspondiente, esto porque la misma decisión de unificación
precisó «que, si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra
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una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en
cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada». Por lo que, la
autoridad judicial podrá invocar la posición actual sobre el IBL aplicable a los
beneficiarios del régimen de transición a través de medios extraordinarios
previstos en la ley.

Adicionó que otra razón es que la sentencia de unificación estudió de manera
expresa la situación de los beneficiarios del régimen de transición regido por la
Ley 33 de 1985 y aclaró que el reconocimiento pensional de dichos servidores
debe guardar estricta observancia de los principios constitucionales de
sostenibilidad financiera, solidaridad y universalidad en el Acto Legislativo 01 de
2005.

Resaltó que a partir de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 la garantía
del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional adquirió el estatus
de principio constitucional y tiene como finalidad que exista correspondencia entre
los recursos que ingresan al sistema y los recursos que deben destinarse a la
protección de personas que han asegurado su contingencia de vejez y para ello se
establecieron unas reglas especiales para el reconocimiento de las prestaciones
periódicas.

Añadió que, entonces, si bien la sentencia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho acogió el criterio jurisprudencial fijado en la sentencia
del 4 de agosto de 2010, lo cierto es que a partir del Acto Legislativo 01 de 2005,
el principio de sostenibilidad financiera se tornaba de obligatorio acatamiento.

Concluyó que cuando se ordenó la reliquidación de la pensión de la señora Plazas
Chaparro teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales percibidos en el
último año de servicio, desconoció la correcta interpretación y aplicación del IBL
de acuerdo con lo expresamente establecido por el legislador y por el
constituyente, así como el principio de eficiencia del sistema de seguridad social,
al no existir correspondencia entre lo cotizado y lo liquidado.

Precisó que en el caso en estudio no se han presentado los defectos alegados y
solicitó que se denegara la acción de tutela.

5.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Mediante el subdirector de Defensa Judicial Pensional, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP rindió el informe solicitado en los siguientes términos:

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Advirtió que la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 2011 otorgó a la
UGPP un término para interponer el recurso de revisión, teniendo en cuenta la
fecha en la que se asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a su cargo
la Caja Nacional de Previsión Social, esto es, a partir del 12 de junio de 2013.

Expuso que, conforme a lo anterior, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, determinó correctamente que el recurso de revisión presentado se
encontraba dentro del término y que cumplía con las causales señaladas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto con el fin de reducir el déficit fiscal y hacer
viable financieramente el sistema pensional.

Explicó que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la señora Plazas
Chaparro contaba con más de 35 años de edad y más de 15 años de servicio,
encontrándose amparada por el régimen de transición contemplado en el artículo
36 de la norma mencionada, por lo tanto, la disposición que rige su pensión es la
contenida en la Ley 33 de 1985, en relación con la edad, tiempo y monto de la
prestación periódica, pero en lo relacionado con el ingreso base de liquidación
debía tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.

Aclaró que esta ha sido la interpretación jurisprudencial que el Consejo de Estado
y la Corte Constitucional han desarrollado.

Añadió que en el caso en estudio no se ha presentado la vulneración de los
derechos fundamentales alegados por la parte actora porque la acción de revisión
es una institución que busca la corrección de situaciones que afectan el
ordenamiento jurídico, lo que en el caso particular resulta al reconocer una
pensión en una cuantía superior a la que en derecho corresponde.

Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque la decisión
atacada no incurrió en los defectos alegados, sino que, por el contrario, se ajustó
al ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial que regula el tema y porque
no puede utilizarse la acción de tutela como tercera instancia para revisar las
decisiones adoptadas por los jueces competentes de la causa, después de
haberse agotado el procedimiento establecido en la ley para el efecto.

6. Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 10 de marzo de 2022, amparó los derechos fundamentales al debido
proceso y a la seguridad social de la señora Elsa Plazas Chaparro y dejó sin
efectos la sentencia del 25 de noviembre de 2021 proferida por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado con base en el siguiente análisis:

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Analizó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-258 de 2013 había decidido
la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el régimen especial de los
congresistas establecido en el artículo 17 de la Ley 4.a de 1992. En esta
providencia se declaró la exequibilidad de la norma bajo el entendido, entre otros
aspectos, que como factores de liquidación de la pensión solo podrían tomarse
aquellos ingresos, con carácter remunerativo, que efectivamente habían sido
recibidos por el beneficiario y sobre los cuales se hubiesen realizado las debidas
cotizaciones.

Precisó que, posteriormente, la misma corporación dictó la sentencia SU-230 de
2015 en la cual se adoptó la tesis acerca del IBL en el régimen de transición y
extendió el modo de promediar el ingreso base de liquidación contemplado en el
inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Expuso que la postura del Consejo de Estado, inicialmente, fue adoptada de
manera unificada a través de la sentencia del 4 de agosto de 2010, en la cual se
señaló que las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de transición y
de la Ley 33 de 1985 se calculan con todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicio, aunque sobre ellos, o alguno de ellos, no se
haya mencionado manera taxativa en la norma.

Aclaró que esta posición jurídica se mantuvo hasta que la Sala Plena del Consejo
de Estado profirió el fallo del 28 de agosto de 2018 y aclaró que el IBL del inciso
3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 forma parte del régimen de transición
para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985, decisión que constituye precedente vinculante y
obligatorio para la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos.

Explicó que bajo ese contexto, debía aplicarse a todos los procesos pendientes de
solución tanto en vía gubernativa como judicial a través de acciones ordinarias,
salvo en los casos en que haya operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica.

Consideró que, una vez analizada la providencia atacada, para el momento en el
que el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Rosa de Viterbo profirió la
providencia del 31 de mayo de 2012, la posición adoptada por el Consejo de
Estado, en relación con el ingreso base de liquidación de las pensiones
reconocidas con base en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, era la
contenida en la sentencia del 4 de agosto de 2010.

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Señaló que, igualmente, se evidenció que el precedente de la Corte Constitucional
sobre la no transición del IBL tampoco existía para la fecha en la que el juzgado
mencionado dictó la decisión revisada.

Concluyó que no era exigible una interpretación normativa distinta a la acogida y
menos era viable determinar que la decisión no se acompasaba con una tesis
jurisprudencial que no existía en el momento en que fue proferida, con mayor
razón si se tiene que había un precedente vigente y vinculante por parte del
Consejo de Estado para resolver las situaciones jurídicas como la de la señora
Plazas Chaparro.

Indicó que, si bien la autoridad judicial demandada ha señalado que frente al
ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas a los beneficiarios de la
transición normativa debían tenérsele en cuenta lo previsto en el Acto Legislativo
01 de 2005, lo cierto es que no puede desconocerse que el juzgado que dirimió la
controversia en el proceso ordinario aplicó el precedente del Consejo de Estado
vigente al momento en que se profirió la sentencia y, en ese orden de ideas, no
puede concluirse que existió una desatención de esa disposición constitucional.

Precisó que es claro que el órgano de cierre, en la sentencia del 28 de agosto de
2018, previó escenarios como el que aquí se analiza y, en salvaguarda de
principios superiores como la seguridad jurídica y la cosa juzgada, consideró que
las situaciones jurídicas pensionales consolidadas con fundamento en el criterio
de interpretación jurisprudencial anterior no podían considerarse como contrarias
al ordenamiento jurídico. Esta posición permite garantizar el derecho al debido
proceso y a la autonomía judicial por cuanto no es exigible a una autoridad
adoptar una interpretación jurisprudencial inexistente para el momento en que
profiere la sentencia.

Aclaró que, si bien es cierto que la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018 consignó que en los casos en que eventualmente se interpusieran recursos
extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas con base en la tesis
anterior, el juez debía definir o no la prosperidad de la causal invocada, también lo
es que ello no implica que pueda desconocerse la posición vigente para la época
en que se dictó la providencia recurrida, puesto que aún cuando posteriormente se
haya modificado el criterio, la decisión estuvo ajustada a derecho.

Concluyó que el fallo dictado por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado de declarar fundado el recurso extraordinario de revisión que
promovió la UGPP e infirmar el fallo del 31 de mayo de 2012 proferido por el
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Santa
Rosa de Viterbo, desconoció el precedente judicial definido en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018 y afectó el derecho pensional de la
demandante, al disminuir el valor reconocido.
11

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
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7. Impugnación

7.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Por escrito radicado oportunamente3, la parte demandada impugnó el proveído de
primera instancia en los siguientes términos:

Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y concluyó
que no es posible sostener la existencia de una vulneración a los derechos
fundamentales de la señora Plazas Chaparro con la sentencia del 25 de
noviembre de 2021 porque la interpretación del régimen de transición establecido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 debe estar acompasada con los principios
constitucionales de sostenibilidad financiera del sistema pensional consagrado en
el Acto Legislativo 01 de 2005, en el sentido de determinar que para calcular el
ingreso base de liquidación deben tenerse en cuenta los factores sobre los cuales
cada persona hubiera realizado cotizaciones.

Explicó que dicha normatividad es anterior a la fecha en la que se profirió la
decisión revisada y que es de obligatorio acatamiento para el Consejo de Estado y
las demás autoridades judiciales.

Insistió que, bajo esa tesis, la decisión dictada por el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Santa Rosa de Viterbo
desconoció la correcta interpretación y aplicación del IBL de acuerdo con lo
establecido por el legislador en la Ley 100 de 1993 y por el constituyente en el
Acto Legislativo 01 de 2005, así como los principios de eficiencia del sistema de
seguridad social y de sostenibilidad financiera, al no haber concordancia entre lo
cotizado y lo liquidado, lo que implicaba que la Sala aplicara la excepción de la
cosa juzgada con base en lo dispuesto en las causales consagradas en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003.

Concluyó que no se ha incurrido en el defecto sustantivo alegado por la
demandante, pues se aplicó en su integridad la regla jurisprudencial contemplada
en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por esta
Corporación que materializó lo previsto previamente por el Acto Legislativo 01 de
2005.

Solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y, en consecuencia, se
mantuviera incólume la sentencia del 25 de noviembre de 2021.

3 El recurso fue interpuesto el 18 de marzo de 2022 y la sentencia de primera instancia fue
notificada el 16 del mismo mes y año.
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7.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Por escrito radicado oportunamente4, la parte vinculada impugnó el proveído de
primera instancia y reiteró íntegramente los argumentos expuestos en el memorial
allegado al proceso en primera instancia.

Solicitó que se revocara la decisión del a quo y, en su lugar, se declarara
improcedente el amparo porque la autoridad judicial no incurrió en los defectos
alegados y porque la acción de tutela no es una tercera instancia y que se negara
el amparo pretendido porque no se configuró la violación de los derechos
fundamentales invocados.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591
de 1991, Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y con el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, de conformidad con los argumentos
planteados en el escrito de impugnación, hay lugar a confirmar, modificar o
revocar el fallo de primera instancia proferido por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que amparó los derechos fundamentales al
debido proceso y a la seguridad jurídica de la señora Plazas Chaparro y, en
consecuencia, dejó sin efectos la sentencia del 25 de noviembre de 2021.

Para ello, deberá analizarse si la autoridad judicial demandada incurrió en los
defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente al proferir la sentencia
del 25 de noviembre de 2021 por medio de la cual se infirmó la providencia objeto
de la acción de revisión, prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2002, que
revocó la decisión dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, que había accedido
a la reliquidación pensional de la demandante y, en consecuencia, negar lo
pretendido en el proceso de nulidad y restablecimiento que promovió en contra de
la UGPP.

4 El recurso fue interpuesto el 22 de marzo de 2022 y la sentencia de primera instancia fue
notificada el 16 del mismo mes y año.
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Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial;
ii) el fondo del asunto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 6, y en ella
concluyó:

«…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.»7 (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.

5 Sala Plena del Consejo de Estado. Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. M.P. María Elizabeth García González.
6
El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
7
Ibídem.
14

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La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia8 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, la solicitud de tutela debe cumplir unos presupuestos generales de
procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado; iii) inmediatez y iv) relevancia constitucional.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

4. Caso concreto

La parte demandante consideró que sus derechos fundamentales se vulneraron
con la decisión del 25 de noviembre de 2021, en la que se declaró fundado el
recurso extraordinario de revisión promovido por la UGPP, en contra de la
sentencia dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurado por la señora Plazas Chaparro con el fin de que se reliquidara su
mesada pensional, con la inclusión de todos los factores devengados en el último
año de servicio.

De manera específica, se encuentra que la parte actora invocó como defectos:
uno sustantivo por indebida interpretación de las normas sobre el término para
interponer el recurso de revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de

8
Entre otras en las T-949 del 16 de octubre de 2003, T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
15

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2003 y el desconocimiento del precedente consagrado en la sentencia del 28 de
agosto de 2018, porque las directrices allí consignadas no podían aplicarse a las
situaciones jurídicas en firme.

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como juez de
primera instancia, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la
seguridad social al considerar que al momento en que se dictó el fallo en el
proceso ordinario, el juez Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito
Judicial de Santa Rosa de Viterbo aplicó la tesis de interpretación contenida en la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.
Señaló que, igualmente, se evidenció que el precedente de la Corte Constitucional
sobre la no transición del IBL tampoco existía para la fecha en la que el juzgado
mencionado dictó la decisión revisada.

Concluyó que no era exigible una interpretación normativa distinta a la acogida y
menos era viable determinar que la decisión no se acompasaba con una tesis
jurisprudencial que no existía en el momento en que fue proferida, con mayor
razón si se tiene que había un precedente vigente y vinculante por parte del
Consejo de Estado para resolver las situaciones jurídicas como la de la señora
Plazas Chaparro.

Indicó que, si bien la autoridad judicial demandada ha señalado que lo dispuesto
en el Acto Legislativo 01 de 2005 debía tenerse en cuenta al calcular el ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas a los beneficiarios del régimen
de transición, lo cierto es que no puede desconocerse que el juzgado que dirimió
la controversia en el proceso ordinario aplicó el precedente del Consejo de Estado
vigente al momento en que se profirió la sentencia y, en ese orden de ideas, no
puede concluirse que existió una desatención de esa disposición constitucional.

Precisó que es claro que el órgano de cierre, en la sentencia del 28 de agosto de
2018, previó escenarios como el que aquí se analiza y, en salvaguarda de
principios superiores como la seguridad jurídica y la cosa juzgada, consideró que
las situaciones jurídicas pensionales consolidadas con fundamento en el criterio
de interpretación jurisprudencial anterior no podían considerarse como contrarias
al ordenamiento jurídico. Esta posición permite garantizar el derecho al debido
proceso y a la autonomía judicial por cuanto no es exigible a una autoridad
adoptar una interpretación jurisprudencial inexistente para el momento en que
profiere el fallo.

Inconformes con la decisión, la parte demandada y la UGPP impugnaron, escritos
en los que reiteraron los argumentos expuestos en los memoriales que allegaron
al proceso en primera instancia.

16

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00798-01

De manera previa, es necesario señalar que esta Sección se ha pronunciado en
casos con similitud fáctica y jurídica en los cuales ha denegado la acción de tutela,
entre las que se encuentran las sentencias del 27 de octubre de 2021, dentro de la
acción de tutela 11001-03-15-000-2021-06551-00, del 7 de abril de 2022, en el
expediente 11001-03-15-000-2022-01013-00 y del 28 de abril de 2022, en el
proceso con número de radicación 11001-03-15-000-2022-01513-00.

Para resolver el problema jurídico planteado en la presente providencia, la Sala
tendrá en cuenta:

4.1. Desconocimiento del precedente y defecto sustantivo

La parte demandante manifestó que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado incurrió estos defectos pues, en síntesis, la decisión del 25 de
noviembre de 2021 no podía aplicar la rectificación jurisprudencial del 28 de
agosto de 2018, en desmedro de la sentencia del 4 de agosto de 2010 de la
misma corporación, ni podía aplicar el Acto legislativo 01 de 2005 y por la indebida
interpretación de la causal de revisión de la letra b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

Como se encuentran íntimamente relacionados, la Sala resolverá los cargos
propuestos de manera conjunta.

4.1.1. Generalidades del desconocimiento del precedente

Para esta Sala9 el precedente es aquella regla creada por una alta corte y órgano
de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un determinado
conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo
sentido para que dicha regla sea considerada como tal.

Lo anterior en ejercicio de la actividad creadora del derecho, ya sea para definir la
interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe dársele la mejor
solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos normativos, siempre
a la luz de los preceptos constitucionales.

Dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y operadores
judiciales y constituye la creación del derecho, al definir directrices que permiten
resolver la controversia y que la misma pueda aplicarse a otros asuntos con
supuestos jurídicos y fácticos similares, bajo la primacía de la Constitución.

9 Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019,
radicación 11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y
la providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con
ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
17

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Esta Sección ha considerado que la parte que invoca el desconocimiento de un
precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión
que considera desatendida, ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo
caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y iii) la
incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.

En el caso en estudio, la Sala considera que la carga mínima argumentativa para
resolver el cargo propuesto fue cumplida por la demandante.

4.1.2. Generalidades del defecto sustantivo

La Corte Constitucional10 ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando «…la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o
deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que
contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica»11.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

i. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente12 o porque ha sido derogada13, es
inexistente14, inexequible15 o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el Legislador16.

ii. No se hace una interpretación razonable de la norma17.

iii. La disposición aplicada es regresiva18 o contraria a la Constitución19.

10 Corte Constitucional, Sentencia SU 195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio

Palacio.
11 Corte Constitucional, Sentencias SU 159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa,

T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de
2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio
de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras
12 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda

Espinosa
13 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas

Hernández
14 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo

Rentería
15 Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda

Espinosa
17 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda

Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
18 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
19 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda

Espinosa
18

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iv. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición20.

v. La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma21 .

vi. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

4.2. Fondo del asunto

La providencia atacada delimitó el problema jurídico a resolver en lo siguiente:
«…determinar si la sentencia proferida por el juzgado segundo administrativo de
descongestión de Santa Rosa de Viterbo de fecha 31 de mayo de 2012, se
encuentra inmersa en las causales de revisión consagradas en el literal a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es decir, establecer si a la demandada en su
calidad de beneficiaria del régimen de transición le resultaba aplicable la
reliquidación pensión en cuantía del 75% con la inclusión de la totalidad de los
factores salariales percibidos en el último año laborado, o si no debía
concedérsele atendiendo al principio de sostenibilidad fiscal y la normatividad
vigente al momento.» (Sic para toda la cita).

De manera que, resulta necesario acudir al contenido de dicha norma para poder
establecer si la providencia demandada incurrió en los defectos alegados por la
señora Plazas Chaparro.

Las causales de la acción de revisión se encuentran previstas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 200322, cuyo articulado dispone:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS
PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE
NATURALEZA PÚBLICA: Las providencias judiciales que hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o
a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas
de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por
el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General
de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado
de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

20 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
21 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
22 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.
19

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La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por
las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables.»

Al respecto, se observa que al analizar el caso concreto, la autoridad judicial
cuestionada advirtió la improsperidad del cargo relativo a la causal a) en tanto que
no se daban los elementos configurativos ya que el «…punto de derecho referido
a la correcta interpretación del mencionado artículo 36 fue debidamente analizado
y resuelto en sede del proceso ordinario, lo que per se no implica desconocimiento
de alguna de las garantías que rigen del debido proceso, puesto que el juez
cuenta con autonomía legal y constitucional para hacer interpretaciones de las
normas y la jurisprudencia uniforme en ejercicio del principio de independencia
judicial.»

Ahora bien, en relación con la causal b), en la providencia demandada se analizó
su procedencia, puesto que la UGPP cuestionó la cuantía del derecho, pues
excedió lo debido de acuerdo con la ley, en tanto que «…si bien la señora Elsa
Plazas Chaparro es beneficiaria del régimen de transición y en esa medida se rige
por la Ley 33 de 1985 respetando las condiciones de edad, tiempo y monto, lo
cierto es que en cuanto al ingreso base de liquidación le resulta aplicable el 75%
del promedio del salario promedio (sic) de los 10 años o el tiempo que le hiciere
falta para adquirir el derecho, ello con sustento en la interpretación que sobre el
punto realizó la Corte Constitucional en sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de
2015, que aluden que el concepto ‘monto’ solo hace referencia a la tasa de
reemplazo y no incluye el IBL.»

Así, la Subsección demandada procedió al análisis de la sentencia ordinaria de
primera instancia que accedió a la reliquidación pensional con el 75% del
promedio de la totalidad de factores percibidos en el último año de servicios de la
demandante; directrices que fueron acogidas por la UGPP, mediante Resolución
RDP 017981 del 4 de diciembre de 2012.

Asimismo, se precisó que conforme a lo ordenado judicialmente, la asignación
pensional de la señora Elsa Plazas Chaparro quedó establecida en $1.546.506, es
decir que tuvo un incremento de aproximadamente de $789.895.

A su vez, se advierte:

20

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«28. Bajo ese contexto, se podría establecer que se incluyeron en la
base para liquidar la pensión de la demandada, rubros que si bien
pudieran tener connotación salarial, no pueden ser tomados en cuenta
para liquidar la pensión de jubilación bajo los parámetros del régimen de
transición, pues según el Decreto 1158 de 1994 y la posición adoptada
por esta Corporación en sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018, solo pueden ser concebidos para dichos efectos la asignación
básica mensual, los gastos de representación, la prima técnica, cuando
sea factor de salario; las primas de antigüedad, ascensional de
capacitación cuando se factor de salario; la remuneración por trabajo
dominical o festivo; la remuneración por trabajo suplementario o de
horas extras; o realizado en jornada nocturna y la bonificación por
servicios prestados. En ese sentido, no tienen tal naturaleza las primas
de navidad, servicio y vacaciones reconocidas mediante la sentencia
objeto de revisión como parte de la base para calcular el monto de la
pensión de la señora Elsa Chaparro Plazas (sic)».

Por lo anterior, en la decisión cuestionada se concluyó que el supuesto fáctico
expuesto se adecuaba a la causal de revisión consagrada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, ya que era evidente el reconocimiento de una
cuantía superior y desproporcional a la que en derecho le correspondía.

A su vez, se observa que la autoridad judicial consideró necesario abordar los
argumentos presentados por la demandante en aquel trámite de revisión, dentro
de los que, consideró lo siguiente:

a. Señaló que, si bien la sentencia controvertida acogió el criterio jurisprudencial
fijado en el precedente de fecha 4 de agosto de 2010, lo cierto es que a partir del
Acto Legislativo 01 de 2005, el principio de sostenibilidad financiera se tornaba de
obligatorio acatamiento para el Consejo de Estado como intérprete de la ley,
comoquiera que dicho principio se irradia de manera transversal a todo el sistema
pensional.

Al respecto precisó:

«36. De acuerdo con lo antes señalado, se tiene que si bien la sentencia
controvertida fue expedida con anterioridad a la sentencia C-258 de
2013 y SU-230 de 2015, lo cierto es que a partir del Acto Legislativo No.
1 de 2005, el principio de sostenibilidad financiera se tornaba de
obligatorio acatamiento para toda la jurisdicción contenciosa
administrativa como intérprete de la ley, como quiera que dicho principio
irradia de manera transversal a todo el sistema pensional. De tal
manera que, no podía soslayarse lo dispuesto en el Acto Legislativo 01
de 2005, específicamente, lo previsto en el inciso 6, en el sentido que
para la liquidación de las pensiones sólo (sic) se tendría en cuenta los
factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
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cotizaciones y, en cuanto al régimen de transición, hizo remisión a lo
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de
1994.

(…)

39. Bajo tal égida, es claro que la sentencia que ordenó reliquidar la
pensión de la señora Elsa Plazas Chaparro teniendo en cuenta la
totalidad de los factores salariales percibidos en el último año de
servicios, afirmando que el ingreso base de liquidación hace parte del
régimen de transición, desconoció la correcta interpretación y aplicación
del IBL de acuerdo con lo expresamente establecido por el legislador en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por el Constituyente en el Acto
Legislativo 01 de 2005, así como con los principios de eficiencia del
Sistema de Seguridad Social, al no existir correspondencia entre lo
cotizado y lo liquidado.»

b. Respecto de la cosa juzgada, recordó que la acción de revisión se trata de un
mecanismo previsto por el legislador para constituir una excepción a dicho
fenómeno, que debe ceder ante un fin legítimo, el cual es determinar si el
reconocimiento se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida
excede lo ordenado por la Ley.

Por lo que, consideró que resulta imposible mantener una prestación periódica
cuando es evidente que no era viable su reconocimiento o cuando su monto difiere
en exceso, en tanto ello atentaría contra el interés de carácter general y el
principio de universalidad que gobiernan el sistema de seguridad social, bajo el
amparo de dar prevalencia a un interés particular ilegítimo, pues en últimas
representa un detrimento de los recursos del sistema.

Bajo la síntesis de la providencia demandada antes expuesta, la Sala considera
que resulta razonable el análisis efectuado por la autoridad judicial acusada, con lo
cual no incurrió en los defectos alegados, pues adoptó su decisión con sustento en
la normativa aplicable al caso concreto.

Para la Sala, la autoridad judicial demandada no podía desconocer la existencia
de la tesis de unificación del 28 de agosto de 2018, con la cual se rectificó el
criterio consagrado en la sentencia del 4 de agosto 2010, providencia en la cual se
estableció que los factores que se deben tener en cuenta para liquidar las
pensiones en el régimen previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, solo corresponden
a aquellos sobre los cuales se hayan efectuado los respectivos aportes o
cotizaciones al sistema pensional, con lo cual retomó lo ya planteado por la Corte
Constitucional en las sentencias de constitucionalidad y unificación C-258 de
2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017, que avalaron la protección de la
sostenibilidad del sistema pensional.
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Por tanto, se recuerda que el estudio de dicha providencia del 28 de agosto de
2018 se efectuó frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
que consagra el régimen de transición pensional para la aplicación de la Ley 33 de
1985 y conforme a ello se edificó una regla jurisprudencial23.

A su vez, entre las subreglas que se trazaron en el mencionado pronunciamiento
se indicó que en virtud de los artículos 1. ° y 48 de la Constitución Política «99. La
interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional.» (subrayado fuera del texto original)

Asimismo, en la referida providencia de unificación se recordó que de conformidad
con el Acto Legislativo 01 de 2005, por el cual se adiciona el artículo 48, para
adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de
servicio y las semanas de cotización; por lo que, la Sala considera razonable que
la autoridad judicial acusada acudiera al contenido de la citada norma.

Entonces, aunque la sentencia de unificación en cita analizó el asunto relacionado
con la inclusión de factores salariales a partir de la transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, sí se pronunció sobre la interpretación de la norma que más se
ajustaba a los mandatos de los artículos 1.° y 48 de la Constitución Política y al
Acto Legislativo 01 de 2005, en cuanto a tener en cuenta solo lo cotizado, en
procura de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

De manera que, si bien en la sentencia del 28 de agosto de 2018 se precisó que
las directrices allí consagradas debían aplicarse a todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial, lo cierto es que, el asunto
subyacente deriva de una prestación periódica, naturaleza esta que no podía
desconocer la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para
aplicar, bajo su autonomía judicial, el criterio jurisprudencial rectificado al momento
de resolver el recurso extraordinario de revisión.

Ahora bien, en cuanto a la aplicación en el tiempo de dicha providencia y sus
efectos, en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 28 de
agosto de 2018, se advirtió a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas, en relación con los temas objeto de unificación, son obligatorias para
todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial.

23 «El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace

parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen
con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto
en la Ley 33 de 1985».
23

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De manera que, la Sala descarta la procedencia del argumento según el cual
debía atenderse al criterio vigente al momento de presentar la demanda ordinaria
o de la fecha en que se dictó la decisión que puso fin al proceso de nulidad y
restablecimiento –sentencia del 4 de agosto de 2010-, que fue el aplicado por el
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Santa
Rosa de Viterbo, puesto que la rectificación de la postura acerca del ingreso base
de liquidación pensional resultaba obligatorio para todos los casos en discusión
tanto en vía administrativa como judicial, tal como aconteció con la acción de
revisión, objeto de demanda.

Al respecto, resulta necesario destacar que la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado resolvió el recurso extraordinario de revisión bajo
la autonomía que le otorga la Ley 270 de 199624 y la Constitución Política25, para
lo cual acudió principalmente al contenido del Acto Legislativo 01 de 200526, pues
consideró que «… el principio de sostenibilidad financiera se tornaba de obligatorio
acatamiento para el Consejo de Estado como intérprete de la ley, como quiera
(sic) que dicho principio se irradia de manera transversal a todo el sistema
pensional.»

De igual manera, en la providencia demandada se señaló lo siguiente:

«37. En efecto, la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en
concordancia con lo previsto por el Acto Legislativo 01 de 2005, tiene por
propósito garantizar los principios constitucionales de sostenibilidad
financiera, solidaridad y universalidad que rigen el sistema general de
pensiones y consecuencia, evitar así el reconocimiento de beneficios
desproporcionados a cierta población de pensionados, prevenir su creación y
además solventar el bajo nivel de cobertura pensional que ten[í]a el país. En
otras palabras se buscó que los recursos económicos se utilizarán para el
reconocimiento de pensiones sobre los factores realmente cotizados.

38. Los aludidos principios propenden por que el sistema pueda obtener los
recursos de financiamiento para sus afiliados e incluso para aquellos que
carecen de los medios para tal efecto, sin que este pueda ser quebrantado
ante la creación de beneficios desproporcionados para los pensionados,
como los es el reconocimiento pensional de factores sobre los cuales no ha
habido cotización, y es por ello, que con la expedición del Acto Legislativo 01

24 «ARTICULO 5º AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LA RAMA JUDICIAL. La Rama Judicial

es independiente y autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar
justicia. // Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar,
exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que
deba adoptar en sus providencias».
25 «ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. //

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios
auxiliares de la actividad judicial».
26 En consonancia con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

24

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de 2005, no solo se limitó la creación de sistemas especiales, sino que
también surgió la necesidad de restringir la interpretación de los regímenes
anteriores y en consecuencia, evitar la concesión de privilegios que vulneren
la estabilidad financiera del sistema.»

A partir de tales planteamientos y, bajo la autonomía que le asiste a la autoridad
judicial demandada, en la providencia acusada se demostró que al no existir una
correspondencia entre lo cotizado y lo liquidado27, se desconoció la correcta
interpretación y aplicación del IBL de acuerdo con lo expresamente establecido
por el legislador en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por el Constituyente en
el Acto Legislativo 01 de 2005, así como con los principios de eficiencia del
Sistema de Seguridad Social.

Finalmente, la Sala tampoco encuentra que la autoridad judicial cuestionada
incurriera en una indebida interpretación del literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, en tanto que, este prevé la procedencia de la revisión de reconocimiento
de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de fondos de la misma
naturaleza cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables, que fue precisamente el objeto de la acción promovida por la UGPP.

Es así como, se encuentra razonable que en la providencia demandada sí se
configuró la aludida causal, al no existir correspondencia entre lo cotizado y lo
liquidado, porque se evidenció el reconocimiento de una cuantía superior y
desproporcional a la que en derecho correspondía por la inclusión de unos rubros
que no constituían factor salarial, a saber las «…primas de navidad, de servicios y
de vacaciones reconocidas mediante la sentencia objeto de revisión como parte
de la base para calcular el monto de la pensión de la señora Elsa Chaparro Plazas
(sic).»

Por tanto, contrario a las consideraciones de la parte demandante, para la Sala tal
causal sí se encuentra supeditada a que la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido, lo cual puede derivar no solo de que el reajuste pensional no
fuera concedido en forma irregular, o que se constatara contrario al contenido
legal (como lo fue en este asunto), sino también con fraude a la ley o abuso del
derecho.

En atención a todo lo anterior, la Sala no encuentra configurado los defectos
alegados por la parte accionante y, en consecuencia, la sentencia dictada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado deberá ser revocada.

27 Pues la reliquidación pensional ordenada judicialmente en sede ordinaria se efectuó bajo el
criterio jurisprudencial basado en que el «IBL hace parte del régimen de transición» (actualmente
rectificado).
25

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Por último, es del caso que la Sala se pronuncie en relación con la presunta
violación de los derechos fundamentales al haber dado trámite al recurso de
revisión pese a que el término para interponerlo había caducado, ya que la UGPP
fue facultado para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa una vez la
competencia recayó sobre esa entidad, esto es, el 8 de noviembre de 2011, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4269 de 2011.

Sobre este asunto, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
explicó que el estudio de la oportunidad para presentar el referido mecanismo
extraordinario fue realizado mediante el auto del 28 de enero de 2019, el cual no
fue recurrido por las partes.

Además, señaló que con fundamento en la sentencia de unificación SU-427 de
2013, la UGPP está facultada para interponer la acción de revisión a partir del
momento en que se asumió la defensa judicial de los asuntos de la extinta Cajanal
EICE, esto es, el 12 de junio de 2013 y es, en virtud de dicha orden judicial, que el
término de caducidad de los 5 años de este mecanismo debe contabilizarse desde
esa fecha.

La parte demandante afirma que este análisis realizado por la autoridad judicial
demandada desconoce el precedente judicial contenido en las sentencias del
Consejo de Estado, Secciones Primera y Segunda, dictadas el 30 de agosto de
2018, expediente 2018-00773-01, 2 de junio de 2017, radicado número 2017-
00625-00 y 19 de marzo de 2020, dentro del proceso 2019-04576-01.

Al revisar las providencias citadas como desconocidas la Sala evidenció que todas
se profirieron dentro de trámites de acciones de tutela y que no constituyen
precedente porque no fueron proferidas por el órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional.

En consecuencia, se revocará la decision del 10 de marzo de 2022, dictada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que amparó los
derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social de la señora
Elsa Plazas Chaparro y, en su lugar, negará la acción de tutela interpuesta al
considerar que no se presentó la configuración de los defectos invocados por la
parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

26

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Demandante: Elsa Plazas Chaparro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00798-01

FALLA

PRIMERO: Revócase la sentencia del 10 de marzo de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar:

Niégase la acción de tutela interpuesta por la señora Elsa Plazas Chaparro, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión y envíese copia de esta al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Aclara el voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

27

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