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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00655-01

Fecha
2 de junio de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00655-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 4 de marzo de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente la tutela presentada por el señor Nelyony Alonso Velásquez Santiago, para, en su lugar, NEGAR el amparo deprecado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-00655-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

2 de junio de 2022

Demandante: Nelyony Alonso Velásquez Santiago
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00655-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00655-01
Demandante: NELYONY ALONSO VELÁSQUEZ SANTIAGO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial – defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente. Revoca improcedencia y
niega la solicitud de amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo de 4 de marzo de 2022, por medio del cual la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo de la
referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Nelyony Alonso Velásquez Santiago, por conducto de apoderado judicial,
el 25 de enero de 2022 interpuso acción de tutela para que le fueran amparados
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la seguridad social, así como los principios a la favorabilidad, la
irrenunciabilidad, a la progresividad y no regresividad pensional.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia de 14 de octubre de 2021 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, mediante la cual resolvió el recurso extraordinario de
revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, promovido por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social
– UGPP contra el accionante, proceso que se identificó con el radicado 11001-03-
25-000-2016-01027-00.

1.2. Pretensiones

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

«1.- Tutelar los derechos fundamentales al Debido Proceso y Acceso a la
Administración de Justicia (arts. 29 y 229 de la C.N.) violación directa de la
Constitución; iv) violación del derecho a la seguridad social, favorabilidad,
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Demandante: Nelyony Alonso Velásquez Santiago
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
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irrenunciabilidad, progresividad y no regresividad pensional (art. 48 de la C.N.) en
virtud del i) Defecto Sustantivo violación al Debido Proceso (art. 29 de la C.N.); ii)
defecto sustantivo por aplicación indebida del precedente jurisprudencial proferido por
el H. Consejo de Estado (sentencia de unificación del 28 de agosto de 2.018) y
precedentes constitucionales previos (C 258/13 y SU 230- 2015).

2. Dejar sin efectos la sentencia del 14 de Octubre de 2.021 proferida por el H.
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”, de fecha 14 de Octubre de 2.021, siendo
Consejero Ponente el Dr. CARMELO PERDOMO CUETER, por medio de la cual se
declaró fundada la acción de revisión presentada por la UGPP.

3.- Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al H. Consejo de Estado Sala
de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda-Subsección “B” C.P. CARMELO
PERDOMO CUETER, que en un termino perentorio profiera una nueva sentencia,
teniendo en cuenta lanorma aplicable y el aparte del precedente jurisprudencial de
esa Corporación que ordena:

“(…) que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada en virtud del
principio deseguridad jurídica, resultan inmodificables”
(…)
“…de manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra sentencia
ejecutoriada que haya reconocido la pensión con fundamento en jurisprudencia diferente a la
ratio decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo
previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA.» (Sic para la
cita)

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta sentencia:

A través de la Resolución de 13 de mayo de 2005, la extinta Caja Nacional de
Previsión Social (CAJANAL hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP) le reconoció la pensión de
jubilación al señor Nelyony Alonso Vásquez Santiago por haber prestado su servicio
por más de 20 años a la Rama Judicial. Tal prestación fue reliquidada con la
Resolución 56693 de 18 de noviembre de 2008, no obstante, contra dicha decisión
interpuso recurso de reposición, frente al cual la referida entidad guardó silencio.

Inconforme, el accionante instauró el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra CAJANAL, con el fin de que se declarara la nulidad del citado
acto y se ordenara el reajuste de la pensión de jubilación con la inclusión de todos
los factores salariales devengados con la asignación más alta percibida durante el
último año de servicios, incluido el 100% de la bonificación por servicios prestados,
de conformidad con lo establecido en el Decreto 546 de 19711.

El proceso lo resolvió en primera instancia, el Juzgado 30 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá con sentencia de 9 de septiembre de 2011, mediante la cual
accedió parcialmente a las pretensiones.

1
“Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”.
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El recurso de apelación fue desatado por la Sección Segunda, Subsección A del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la sentencia del 12 de abril de
2012, en el sentido de confirmar lo decidido por el a quo.

Los jueces ordinarios, con fundamento en la sentencia de 4 de agosto de 2010,
estimaron que al actor le asiste el derecho a que su pensión de jubilación sea
liquidada de conformidad con el régimen especial de pensiones previsto en el
Decreto 546 de 1971, esto es, con base en el 75% de la asignación mensual más
alta devengada durante el último año de servicio, comoquiera que el demandante
es beneficiario de la transición establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y, además, laboró por más de 20 años enla Rama Judicial.

Posteriormente, la UGPP interpuso recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia de 12 de abril de 2012, proferida por la Sección Segunda, Subsección A
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, marco en el cual invocó la causal de
revisión prevista en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar
que: i) el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de1993, solo
aplica en relación con la edad, el tiempo de servicio y el monto de la prestación, por
lo que se excluye el Ingreso Base de Liquidación (IBL), según lo previsto en las
sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 proferidas por la Corte Constitucional
y, ii) no resultaba procedente incluir en el cómputo de la mencionada prestación el
valor correspondiente a la bonificación por actividad judicial, toda vez que no
comportaba el carácter de factor salarial.

Dicho asunto lo zanjó la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
que, con providencia de 14 de octubre de 2021, declaró fundado el mecanismo
extraordinario, infirmó el fallo de 12 de abril de 2012 y, en ese orden, dictó sentencia
de remplazo, mediante la cual revocó la sentencia de 9 de septiembre de 2011,
dictada por el Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Bogotá, al interior del
aludido proceso de nulidad y restablecimiento del derecho para, en su lugar, negar
las pretensiones de la demanda.

Al respecto, el Consejo de Estado consideró configurada la causal invocada, toda
vez que al ordenar reliquidar la pensión del demandante se autorizó un pago que
excede al que tenía derecho, situación que perjudica injustificadamente el erario.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El tutelante indicó que el tribunal censurado incurrió en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente.

1.4.1. Respecto al defecto sustantivo, sostuvo que se interpretó indebidamente la
causal invocada en el recurso extraordinario de revisión, el cual, a su juicio, resultaba
improcedente, pues el fallo recurrido fue proferido con la suficiente carga
argumentativa legal y jurisprudencial vigente para el momento de su expedición, sin
que se advierta un fraude a la ley o abuso del derecho.

En ese sentido, señaló que la procedencia del recurso extraordinario de revisión
requería un análisis teleológico, según el cual, teniendo en cuenta el criterio de
motivación del legislador, el propósito de consagrar las causales de revisión
consistía en afrontar graves casos de corrupción en materia de reconocimiento
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pensional y evitar perjuicios que por esa causa pudiese sufrir el erario, lo cual no se
acompasa con el asunto de la referencia.

1.4.2. El desconocimiento del precedente lo cimentó en el criterio fijado por el
Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018,
consistente en que: “(…) los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada,
en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables(…) las pensiones que
han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición con fundamento en la tesis
que sostenía la Sección Segunda del Consejode Estado, no pueden considerarse que lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley”.

Adujo que, en la sentencia de tutela de 28 de junio de 2018 dictada por la Sección
Primera del Consejo de Estado se concluyó que en el caso que fue objeto de debate
en tal oportunidad “(…) se efectuó una errónea aplicación de las providencias C-258 de
2073 (sic) y SU-230 «e (sic) 2015 SU 247 de 2016 proferidas por Ja (sic) Corte
Constitucional, toda vez que los presupuestos fácticos y jurídicos que fundamentan dichas
decisiones no se adecúan a la situación fáctica jurídica del accionante. Motivo (sic) por el
cual no constituye en precedente de la controversia planteada”.

Agregó que, en la sentencia de unificación de 11 de junio de 2020 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado,2 en la que se abordó el régimen especial de
jubilación de la Rama Judicial y del Ministerio Público en relación con los
beneficiarios de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se
estipuló que “(…) los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa
juzgada y en consecuencia resultan inmodificables”.

En ese sentido, concluyó que la autoridad reprochada desconoció que, en su caso,
al haber operado la cosa juzgada, no era posible que el juez de la revisión aplicara
un criterio que no estaba vigente para el momento en que fue resuelta su situación
jurídica como lo es el contenido en la sentencia unificadora de 28 de agosto de
2018, máxime, porque incluso omitió la regla estipulada en esta, concerniente a que
no tendría efectos respecto de los casos ejecutoriados.

1.5. Trámite de la acción3

Mediante auto de 2 de febrero de 2022, el juez a quo admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a la parte actora, al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B como autoridad judicial accionada y comunicó de la existencia de este
asunto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE.

Adicionalmente, dispuso la vinculación de Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP, en calidad de tercero con
interés.

2
CE-SUJ-S2-021-20, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
3
Mediante auto del 22 de noviembre de 2021 se inadmitió la acción de tutela y se dispuso requerir
a la parte accionante para que allegara: (i) el poder especial con el lleno de los requisitos legales y
(ii) un memorial aclaratorio, en el que indicaran cuáles eran las entidades accionadas y las
providencias o actos, según sea el caso, que consideraba la causa de la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales.
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Finalmente, reconoció personería al abogado Luis Alfredo Rojas León para actuar
en el proceso de la referencia, como apoderado del accionante.

1.6. Intervenciones

Librados los oficios correspondientes, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

Con memorial allegado el 9 de febrero de 2022, el magistrado ponente de la decisión
censurada manifestó que, en relación con los hechos, se atiene a lo que se logre
demostrar en el trámite de tutela y, respecto a los motivos de inconformidad contra
la providencia de 14 de octubre de 2021, adujo que las razones que sirvieron como
fundamento se encuentran consignadas en esta

1.6.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales - UGPP

A través de oficio radicado el 8 de abril de 2022, el subdirector de Defensa Judicial
Pensional de la unidad, solicitó que se deniegue el amparo solicitado por cuanto lo
pretendido por el accionante consiste en debatir un asunto que ya fue zanjado por
el juez ordinario al utilizar este mecanismo como una tercera instancia.

Asimismo, aseguró que esta acción no cumple con los requisitos generales y
especiales que hacen procedente el análisis del fondo del asunto, ni se advierte la
existencia de un perjuicio irremediable que permita la intervención del juez
constitucional.

Finalmente, adujo que los jueces de la república están revestidos de autonomía en
el ejercicio de su función judicial y que, en todo caso, no se vislumbra la vulneración
fundamental deprecada.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 4 de marzo de 2022,4 la Subsección A, de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, declaró “improcedente” la tutela al concluir que la solicitud de
amparo no satisface el requisito de relevancia constitucional.

No obstante, acotó que, si bien la providencia recurrida acogió el criterio fijado por
esta Corporación en el fallo de 4 de agosto de 2010, por cuanto para la fecha en
que fue proferida -12 de abril de 2012- no se habían expedido la sentencias C-258
de 2013 y SU-230 de 2015, ni el fallo unificador del 8 de agosto de 2018, lo cierto
es que, acorde con la posición mayoritaria de la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado, a partir de la expedición del Acto Legislativo No. 01 de 2005,
se dispuso que para la liquidación de las pensiones únicamente se tendrían en
cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere cotizado, así como hizo
remisión a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158
de 1994, respecto al régimen de transición del IBL.

4
Esta decisión se notificó vía electrónica el 10 de marzo de 2022.
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Señaló que el ordenamiento jurídico ha permitido que, bajo ciertas causales, las
providencias judiciales puedan ser objeto de revisión, pues, dada su naturaleza, es
un medio de impugnación y una excepción al principio de inmutabilidad de las
sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada porque, a través de este, se abre la
posibilidad de controvertir fallos ejecutoriados.

Advirtió que, contrario a lo indicado por la parte actora, la autoridad judicial
accionada no incurrió en una indebida interpretación de la causal de revisión
prevista en literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues, en el caso objeto
de estudio, en la providencia recurrida se le reconoció al señor Nelyony Alonso
Vázquez Santiago el reajuste de su pensión de jubilación, excediendo el derecho
pensional que legalmente le asistía.

En ese orden, el a quo estimó que la determinación de declarar fundado el recurso
extraordinario de revisión se adoptó con suficiencia argumentativa, de cara al marco
jurídico, probatorio y judicial, en el contexto del principio de la sana crítica y de la
autonomía judicial, sin que ello implique la vulneración de las garantías
fundamentales deprecadas por el tutelante.

1.8. Impugnación

Mediante escrito radicado oportunamente el 16 de marzo de 2022, el señor Nelyony
Alonso Velásquez Santiago impugnó el fallo de primera instancia, solicitó que se
revoque y, en su lugar, se acceda a la protección de sus derechos fundamentales.

1.8.1. Respecto al defecto sustantivo, insistió en que la judicatura reprochada
interpretó indebidamente la causal invocada en el recurso extraordinario de revisión,
por cuanto el fallo ordinario a través del cual se le había accedido a sus pretensiones
no configuró un fraude a la ley o un abuso del derecho.

1.8.2. En relación con el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado
contenido en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, reiteró que se
desconoció la regla establecida en esta, concerniente a que los casos en que operó
la cosa juzgada son inmodificables, razón por la que la decisión censurada no podía
fundamentarse en el referido pronunciamiento, ni en las sentencias C-258 de 2013
y SU 230 de 2015, por haber sido posteriores a la fecha en que se resolvió su
situación jurídica en el respectivo proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
(12 de abril de 2012).

Iteró que, en la sentencia de unificación de 11 de junio de 2020 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado,5 en cuanto a los empleados de la Rama Judicial
beneficiarios de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se
estipuló que “(…) los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa
juzgada y en consecuencia resultan inmodificables”.

Agregó que, en el fallo de 24 de febrero de 2022 expedido por la Subsección A de
la Sección Segunda de esta Corporación, con ponencia del magistrado Gabriel
Valbuena Hernández, a través del cual se resolvió un caso similar en el marco de

5
CE-SUJ-S2-021-20, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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una acción de revisión de una sentencia que fue proferida en el año 2011, en la que
se le reconoció a una exfuncionaria de la Rama Judicial la reliquidación de su
pensión, se indicó:

“(…) el argumento sobre el desconocimiento del precedente alegado por la UGPP
respecto la posición jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la liquidación de
las pensiones bajo régimen de transición de la Ley 100 de 1993 fijada en la sentencia
C-258 de 2013, al analizar el régimen especial de congresistas, no está llamado a
prosperar, porque precisamente el Tribunal Administrativo de Boyacá al analizar el
caso puesto en su conocimiento, ajustó su resolución a la sentencia de unificación del
4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado vigente para la época en que se profirió
la decisión judicial objeto de revisión, corporación que tratándose de la jurisdicción
contenciosa administrativa (sic) constituye su superior funcional, de tal manera que al
desarrollarla, además de atender al precedente judicial, garantizó con ello el principio
de seguridad jurídica y de igualdad de la antes nombrada.
(…)

Es por ello, que la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la ley
797 de 2003 no se configura en el presente caso, toda vez que la reliquidación de la
pensión ordenada en la sentencia, objeto de revisión, aplicó la cuantía prevista en el
sistema pensional anterior en virtud del régimen de transición (…) bajo los parámetros
fijados por la jurisprudencia unificada de la Sección Segunda (…)

En ese sentido, la Sala advierte que el respeto hacia las decisiones proferidas con
base en la normatividad y la jurisprudencia vigentes para su época, constituye la
salvaguarda de institucionales de raigambre constitucional como lo son la seguridad
jurídica (…)”.

1.9. Trámite en segunda instancia

Mediante autos de 28 de abril y 16 de mayo de 2022, se ordenó poner en
conocimiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A y del Juzgado 30 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, la
nulidad de carácter saneable que se presentaba en el asunto de la referencia con
ocasión de la indebida integración del contradictorio, por ser las autoridades
judiciales que decidieron el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que dio lugar a la sentencia de 12 de abril de 2012.

Las notificaciones se realizaron los días 3 y 19 de mayo de 2022, sin embargo,
dichas judicaturas guardaron silencio, razón por la cual se entiende saneada la
referida nulidad.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 4 de marzo de 2022, proferida por la Subsección A,
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591
de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 4 de marzo de 2022, a través de la cual, la Sección
Tercera, Subsección A de esta Corporación declaró improcedente la solicitud de
amparo.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el
estudio de los requisitos adjetivos de procedibilidad y, solo en el caso de
encontrarse superado; (iii) las generalidades de los defectos alegados y; (iv) el
análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 6,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Contrario a lo señalado por el juez de tutela de primer grado, para la Sala el
caso objeto de estudio está revestido de relevancia constitucional, por cuanto al
revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en relación con los supuestos
fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se
advierte que la parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al

6
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
9
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social, así
como los principios a la favorabilidad, la irrenunciabilidad, a la progresividad y no
regresividad pensional.

De acuerdo con lo anterior, en el asunto concreto, se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los
derechos fundamentales señalados por el tutelante, comoquiera que alegó que se
incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, por lo que, se
advierte que trasciende de un estudio de lo meramente legal.

2.4.2. Por otro lado, se establece que la acción de tutela de la referencia no se
dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la providencia
judicial censurada fue proferida en el marco de un recurso extraordinario de revisión
ejercido por la UGPP.

2.4.3. Frente al agotamiento de los medios de defensa judicial, se observa que
se encuentra superado el referido requisito, por cuanto se reprocha la sentencia
dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el
marco del recurso extraordinario de revisión, frente a la cual no procede ningún otro
mecanismo.

2.4.4. Respecto al requisito de inmediatez es preciso señalar que, la providencia
censurada fue proferida el 14 de octubre de 2021 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mientras que la solicitud de amparo se presentó
el 25 de enero de 2022, de manera que, sin necesidad de precisar la fecha de su
ejecutoria, se evidencia que ha transcurrido un término que a juicio de la Sala es
razonable.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 10, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200511, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales
y, reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.5. Generalidades de los defectos alegados

2.5.1. Defecto sustantivo

Frente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional12, ha explicado que
este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
9
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
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caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que
contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”13.

Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente14 o porque ha sido derogada15, es inexistente16,
inexequible17 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador18.

b) No se hace una interpretación razonable de la norma19.

c) La disposición aplicada es regresiva20 o contraria a la Constitución21.

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición22.

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma23.

f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un
defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.

2.5.2. Desconocimiento del precedente

Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de precedente,
el cual se sinteriza en los siguientes términos:

“…es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en
sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi
constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado
sentido…”.24

13
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
14
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
19
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-
1101 del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
20
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
21
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
22
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
23
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de
febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
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Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos25 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o subregla de derecho.

Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de cierre, encuentra su
fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma
superior y a la garantía de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como,
en la coherencia del ordenamiento jurídico.

2.6. Caso concreto

2.6.1. En el sub examine el tutelante adujó la trasgresión de sus garantías
constitucionales con ocasión de la sentencia de 4 de octubre de 2021, proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró
fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP e infirmó la
sentencia de 12 de abril de 2012 dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A en el marco del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.6.1.1. En sentir del tutelante, la Colegiatura cuestionada incurrió en un defecto
sustantivo por aplicar indebidamente, en la resolución de su caso, la causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, comoquiera
que el fallo de 12 de abril de 2012, con el que se puso fin al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se dictó con suficiencia argumentativa, normativa y
jurisprudencial, razón por la que no debía declararse fundado el recurso
extraordinario, puesto que la sentencia infirmada no fue dictada con abuso del
derecho o como consecuencia de fraude a la ley.

2.6.1.2. En relación con el precedente del Consejo de Estado contenido en las
sentencias de unificación de 28 de agosto de 2018 y de 11 de junio de 2020, iteró
que se desconoció que su caso era inmodificable por cuanto operó la cosa juzgada
y, adicionalmente, tampoco le eran aplicables las sentencias C-258 de 2013 y SU
230 de 2015, por haber sido posteriores a la fecha en que se resolvió su situación
jurídica en el respectivo proceso ordinario.

Agregó que en el fallo de 24 de febrero de 2022, expedido por la Subsección A de
la Sección Segunda de esta Corporación dentro de un recurso extraordinario de
revisión se indicó “(…) que la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de
la ley 797 de 2003 no se configura en el presente caso, toda vez que la reliquidación de la
pensión ordenada en la sentencia, objeto de revisión, aplicó la cuantía prevista en el sistema
pensional anterior en virtud del régimen de transición (…) bajo los parámetros fijados por
la jurisprudencia unificada de la Sección Segunda (…)”.

2.6.2. En la sentencia de 14 de octubre de 2021, la Colegiatura censurada luego de
establecer que el accionante era beneficiario de la transición prevista en el artículo

25
Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.
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36 de la Ley 100 de 1993 y de explicar suficientemente tal régimen, señaló (in
extenso):

«Así las cosas, a partir del 28 de agosto de 2018 el Consejo de Estado modificó su
criterio, para acompasarlo con aquel fijado por la Corte Constitucional, reiterado luego
por esta sección segunda, frente a las personas beneficiarias del régimen pensional
especial de la Rama Judicial y el Ministerio Público, en sentencia de unificación de 11
de junio de 2020, expediente 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017), que
determinó que el reconocimiento de dichas prestaciones debe ser efectuado de la
siguiente manera: “(...) y f) con los factores de liquidación contemplados por el artículo
1. del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992
con la modificación de la Ley 332 de 1996; 297 1. del Decreto 610 de 1998; 1. del
Decreto 1102 de 2012; 1. del Decreto 2460 de 2006; 1. del Decreto 3900 de 2008; y
1. del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama
Judicial o del Ministerio Público.” (…)

Por ende, como los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público no fueron
abstraídos o excepcionados de las condiciones de transición impuestas por la Ley
100 de 1993, la sección juzgó procedente extender las reglas de interpretación
normativa adoptadas en la citada sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018,
para el caso específico de aquellos. (…)

En tal sentido, se encuentra que, aunque la posición actual del máximo tribunal de lo
contencioso-administrativo coincide con la adoptada en el 2013 por la Corte
Constitucional, lo cierto es que para el 12 de abril de 2012, fecha en que fue dictada
la decisión acusada en sede de revisión, la tesis vigente, imperante y pacífica era la
fijada por la sección segunda del Consejo de Estado desde inicios de siglo (año 2000).
(…) (Subrayas del texto)

Agregase a lo expuesto que no es dable aceptar la afirmación según la cual en la
decisión revisada se desconocieron los criterios jurisprudenciales originarios de la
Corte Constitucional, puesto que, como se dijo, esta data del 12 de abril de 2012,
fecha para la cual no solo no se había emitido la sentencia C-258 de 2013 (7 de
mayo), cuyo estudio se contrajo al régimen especial de congresistas, sino que tan
solo con la providencia SU-230 de 2015 se determinó que tenía carácter vinculante la
interpretación efectuada en aquella respecto del ingreso base de liquidación
pensional de las personas beneficiarias del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Asimismo, cabe recordar que en los aludidos fallos de 28 de agosto de 2018 y 11 de
junio de 2020 esta Corporación precisó que «No puede entenderse, en principio,
que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la
tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con
abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un
recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido
una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la
prosperidad o no de la causal invocada»; y, por ende, determinó que «[…] los
casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. (…) (Énfasis propio)

5.6.1.1 Criterio de la sala mayoritaria. Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que la
sala mayoritaria de esta subsección, al desatar recursos extraordinarios de revisión
interpuestos por la UGPP con el ánimo de cuestionar providencias proferidas por
tribunales administrativos como la que aquí nos convoca, ha dicho que aunque estas
hayan acogido el precedente de 4 de agosto de 2010, «[…] lo cierto es que a partir
del Acto Legislativo No. 1 de 2005, es decir, con antelación a la prenotada sentencia,
el principio de sostenibilidad financiera se tornaba de obligatorio acatamiento para el
Consejo de Estado como intérprete de la ley […]. De tal manera que […] no podía
soslayarse lo dispuesto en Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente, lo dispuesto
en su inciso 6, en el sentido que para la liquidación de las pensiones sólo se tendrían
en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
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cotizaciones y, en cuanto al régimen de transición, hizo remisión a lo establecido en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994»26

En ese sentido, la judicatura cuestionada concretó que, en aras de resguardar la
sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones,
respecto de las prestaciones reconocidas con base en factores sobre los cuales no
se cotizó, lo cual en su momento resultó razonable y fue uno de los aspectos que
dio lugar a la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 en el que se preceptuó
que, solo se tendrían en cuenta los emolumentos sobre los que se efectuaron los
respectivos aportes y, que la transición de la Ley 100 de 1993 no se extendería más
allá del 31 de julio de 2010, o hasta el año 2014 para quienes a la entrada en
vigencia de este acto contaran con al menos 750 semanas o su equivalente en
tiempo de servicio, resaltó que tal situación fue dirimida por esa Subsección27 en el
entendido de que en estos eventos lo que procedía era que se realizaran los
descuentos pertinentes.

No obstante, se indicó que en el asunto sub lite se aplicaría la postura dominante
de la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual varió, en
el sentido de acompasarse con la naturaleza y características del régimen de
transición y del Sistema General de Pensiones que, por tener una connotación
contributiva, determina el monto de las prestaciones de conformidad con las
cotizaciones realizadas. Para tal efecto, indicó: “[d]e manera que, atendiendo los
precitados postulados, la liquidación de las pensiones de las personas beneficiarias de la
transición debe hacerse con base en los ingresos recibidos por el afiliado que, de
conformidad con la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, sirven de base para el
cálculo de las cotizaciones que deben realizarse al Sistema General de Pensiones”.

En ese sentido, concluyó que en el caso concreto se configuró la causal establecida
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, comoquiera que al ordenarse
la liquidación de la pensión del actor se autorizó un pago que excede al que tenía
derecho, lo cual constituye un perjuicio injustificado al erario que debía ser
corregido.

2.6.3. Ahora bien, es preciso anunciar que la acción de tutela promovida por el señor
Velásquez Santiago no tiene vocación de prosperidad28, por tanto, se revocará la
decisión de primera instancia para, en su lugar, denegar el amparo solicitado.

2.6.3.1. Como primera medida, la Sala advierte que no encuentra configurado el
aludido defecto sustantivo, en la medida en que, contrario a lo señalado por el
extremo activo, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
ningún aparte de la providencia censurada manifestó que la sentencia de 12 de abril

26
Ver, por ejemplo, fallo de 22 de abril de 2021, expediente 11001-03-25-000-2018-01161-00 (4037-
2018), entre otros.
27
“Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, C. P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez, fallo de 17 de noviembre del 2016, expediente: 08001-23-31-000-2008-
00069-01 (4550-2014). También pueden consultarse, entre otros, los fallos de 28 de julio de 2016,
radicación: 25000-23-42-000-2013-00411-01 (2323-14), y de 30 de marzo del 2017, expediente
15001-23-31-000-2012-00040-01 (4211-2014)”
28
Postura iterada por la Sala. Ver sentencias de: (i) 28 de abril de 2022, M.P. Rocío Araújo Oñate,
expediente 11001-03-15-000-2022-01513-00; (ii) 7 de abril de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, expediente 11001-03-15-000-2022-01013-00; y (iii) 5 de mayo de 2022, M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, expediente 11001-03-15-000-2022-00798-01.
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de 2012 expedida en sede del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho hubiese incurrido en un fraude a la ley o en un abuso del derecho.

La anterior manifestación obedece a que en el fallo demandado se expuso de
manera suficiente y con carga de transparencia, que la Sección Segunda de esta
Corporación accedió en múltiples casos similares a la reliquidación de la prestación
con la inclusión de todos los factores que los interesados devengaron en el último
año de servicio, con fundamento en el criterio que se unificó con la sentencia de 4
de agosto de 2010.

También reconoció que, contrario a lo alegado por la UGPP en el mecanismo
extraordinario, en el fallo de 12 de abril de 2012 no se omitió la aplicación de lo
determinado en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 ni en el
pronunciamiento del 28 de agosto de 2018, habida cuenta que para el momento
procesal en que se resolvió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, el criterio vigente era el contenido en la referida providencia de 4 de
agosto de 2010.

Incluso, la judicatura cuestionada informó que durante un periodo la tesis que
adoptaron se circunscribió a señalar que, con el objeto de garantizar la
sostenibilidad financiera del sistema, en los casos en que no se hubiesen efectuado
los descuentos, tal situación fue resuelta por esa Colegiatura en el entendido de que
en esos eventos, no había lugar a la exclusión de los factores sino, a que al
momento de la reliquidación, la entidad de previsión social debería efectuar las
deducciones correspondientes.

No obstante, indicó que la postura de la Corte Constitucional establecida en las
sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 fue acogida por la autoridad
demandada, por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación e
incluso por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, según la cual únicamente
deben tenerse en cuenta, al momento de determinar el IBL, los emolumentos sobre
los cuales se hubiesen efectuado los respectivos aportes con fundamento en que,
el Sistema General de Pensiones es de naturaleza contributiva y, con estos recursos
se provee el pago de las prestaciones que han sido reconocidas, de tal manera que,
de proceder en forma contraria, generaría un perjuicio a erario al tener que sufragar
costos excesivos.

A partir de tal tesis, es que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado justificó el hecho de encontrar configurada la causal contenida en el literal b
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la cual es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A
CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA.
<Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público
o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.

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b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.”
(Énfasis propio)

En ese orden de ideas, no advierte esta Sala de Decisión que la Corporación
censurada incurriera en un yerro sustantivo, por el contrario, se evidencia que en la
providencia que desató el recurso extraordinario de revisión se desarrolló un análisis
normativo y jurisprudencial integral, a partir del cual, en el marco de los principios
de la sana crítica y de la autonomía judicial, determinó que en consideración al
criterio adoptado en la materia, debía infirmarse la sentencia de 12 de abril de 2012.

Además, no debe perderse de vista que tal decisión no es contraria a derecho,
habida cuenta que, en el mismo sentido que lo expuso la Subsección reprochada,
la excepción a la regla de la inmutabilidad de la cosa juzgada es el pronunciamiento
del juez del mecanismo extraordinario, de manera que si este medio es promovido
contra un fallo a través del cual hubiese sido reconocida una pensión bajo la tesis
del pronunciamiento de 4 de agosto de 2010, de conformidad con los fallos de 28
de agosto de 2018 y 11 de junio de 2020 esta Corporación precisó que «será el juez,
en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada».

2.6.3.2. De conformidad con lo expuesto, es claro que tampoco prospera el cargo
por desconocimiento del precedente de las sentencias de unificación de 28 de
agosto de 2018 y 11 de junio de 2020, puesto que, incluso en esos
pronunciamientos se señaló la excepción a la inmutabilidad de las decisiones
ejecutoriadas en materia pensional, como consecuencia del ejercicio de la revisión.

Ahora, en relación con la sentencia de 24 de febrero de 2022, expedida por la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación dentro de otro recurso
extraordinario de revisión, en el que se declaró infundado el mecanismo, se trata de
un argumento nuevo al que solo se hizo referencia en el escrito de impugnación,
por lo que no es posible que en sede de tutela, en segunda instancia, este juez se
pronuncie de fondo debido a que se vulnerarían los derechos de la contraparte y de
quienes intervinieron en este trámite tutelar, los cuales no pudieron ejercer su
derecho de defensa y contradicción frente a este aspecto, por tanto, ello no será
abordado.

2.7. Conclusión

Por todo lo anterior, esta Judicatura advierte que en el asunto sub judice no se
presentan los defectos alegados en la sentencia de 14 de octubre de 2021 expedida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, comoquiera que la
interpretación de la normatividad y la jurisprudencia aplicadas en la resolución del
recurso extraordinario no fue arbitraria ni caprichosa, por el contrario, obedeció al
criterio judicial del órgano de cierre en la materia.

En consecuencia, se revocará la sentencia de 4 de marzo de 2022 dictada por la
Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, que declaró improcedente
la solicitud de amparo, para, en su lugar, denegarlo.

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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 4 de marzo de 2022 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró
improcedente la tutela presentada por el señor Nelyony Alonso Velásquez Santiago,
para, en su lugar, NEGAR el amparo deprecado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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