Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01013-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01013-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01013-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
7 de abril de 2022
Demandante: Myriam Leonor Enciso de Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2022-01013-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01013-00
Demandante: MYRIAM LEONOR ENCISO DE RODRÍGUEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial. Defectos: sustantivo y
violación directa de la Constitución. Niega el amparo
solicitado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1. Petición de amparo constitucional
Mediante escrito radicado el 8 de febrero de 2022 en el Sistema de Recepción
de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, la señora Myriam
Leonor Enciso de Rodríguez en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con el fin de que
le sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y a la seguridad social.
Sostuvo que tales garantías le han sido vulneradas por la autoridad accionada,
al proferir la sentencia del 21 de octubre de 2021, en la que declaró la
prosperidad del recurso extraordinario de revisión promovido por la UGPP
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la
accionante, el cual se identificó con el radicado 110010325000201800851 00
(número interno 3086-2018).
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Demandante: Myriam Leonor Enciso de Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2022-01013-00
En consecuencia, solicitó lo siguiente:
«1. CONCEDER el amparo de mis derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y seguridad social.
2. REVOCAR la sentencia de fecha 21 de octubre de 2021, proferida por el
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda
– Subsección B, por la cual se declaró fundada la acción de revisión (sic) con
radicación No. 11001-03-25-000-2018-00851-00, impetrada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales -
UGPP.»
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
Sostuvo que mediante sentencia del 30 de mayo de 2013, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en
descongestión confirmó con aclaración, el fallo del Juzgado Cuarto
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá dictado el 28
de noviembre de 2011, que ordenó a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) la reliquidación de su pensión de jubilación con el 75% del promedio de
todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.
Indicó que el 7 de junio de 2018, la UGPP presentó recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia del 30 de mayo de 2013, bajo las causales
previstas en las letras «a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 (sic)», por
la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993.
Mencionó que de acuerdo con la referida unidad, la sentencia anterior
comportaba una vulneración al debido proceso y una erogación grave a los
recursos públicos, pues en su criterio, se configuró un desconocimiento de los
precedentes judiciales de la Corte Constitucional, contenidos en sentencias C-
258 de 2013 y SU-230 de 2015, los cuales aluden a que el concepto de
«monto», contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solamente hace
referencia a la tasa de reemplazo y no incluye el IBL.
Adujo que mediante sentencia del 21 de octubre de 2021, el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, declaró fundado el recurso
extraordinario de revisión con radicado 11001-03-25-000-2018-00851-00, en
aplicación de la causal señalada en la letra b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, esto es, cuando la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de
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Sección Segunda, Subsección B
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acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables1.
Añadió que de acuerdo con el Consejo de Estado, la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, desconoció la correcta interpretación
y aplicación del IBL, establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en el
Acto Legislativo 01 de 2005, donde se definen reglas encaminadas a «evitar los
desequilibrios producidos por el otorgamiento de mesadas en cuantías
excesivas, que no correspondan a lo efectivamente cotizado, que establezcan
privilegios injustificados o que desconozcan el régimen legal bajo el que se
causó el derecho».
3. Sustento de la vulneración
La parte actora sostuvo que con la providencia demandada se incurrió en los
defectos:
3.1. Defecto sustantivo o material
3.1.1. Porque la autoridad judicial demandada se basó en un precedente judicial
inaplicable al caso concreto:
Señaló que la providencia demandada concluyó que los fallos objeto de la
revisión incluyeron rubros que no podían ser tomados en cuenta para liquidar su
pensión de jubilación, con sustento en la sentencia de unificación adoptada por
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 28 de
agosto de 2018.
Precisó que dicho pronunciamiento de unificación no resulta aplicable al caso
concreto, si se considera que la pensión de jubilación le fue reconocida en el
año 2011 y posteriormente le fue confirmada con aclaración en el año 2013,
vigencias en las cuales no se había proferido el precedente judicial desarrollado
en el año 2018 por el Consejo de Estado.
Mencionó que se trata de un precedente que no resulta aplicable a su situación
fáctica, en tanto la Sala Plena de lo Contencioso administrativo señaló
expresamente que su aplicación se haría en forma retrospectiva, lo que quiere
decir que la aplicación del fallo sólo toma en cuenta situaciones no
consolidadas antes de su vigencia, lo cual no ocurre en el presente caso.
Advirtió que si bien es cierto que en la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2018, se consignó que en los casos en que eventualmente se interpusieran
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Y como consecuencia, infirmó la sentencia, revocó el fallo de primera instancia y negó las
pretensiones de la demanda.
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recursos extraordinarios de revisión en contra de las sentencias dictadas
previamente con la tesis anterior, el juez debía definir o no la prosperidad de la
causal invocada, también lo es que ello no implica que pueda desconocerse la
posición vigente para la época en que se dictó la providencia recurrida, puesto
que al resolverse con base en ella, aun cuando posteriormente se haya
modificado, la decisión estuvo ajustada a derecho y, por tanto, no puede
sostenerse que se haya ordenado incorrectamente la liquidación pensional.
Refirió que la inaplicabilidad del precedente judicial invocado por la Corte
Constitucional se plasmó en el salvamento de voto que se hiciere frente a la
decisión acusada, en el que se indicó que tampoco resulta aplicable la línea
jurisprudencial desarrollada en sentencias como la C-258 de 2013 y SU-230 de
2015, proferidas por la Corte Constitucional, las cuales no tienen aplicación en
el presente caso por gozar igualmente de efectos retrospectivos, lo que significa
que se excluyen las situaciones jurídicas consolidadas.
3.1.2. El Despacho Judicial no tuvo en cuenta sentencias que, para la fecha de
los hechos, habían definido su alcance con efectos erga omnes:
Recordó que así como se indicó en el salvamento de voto, el precedente judicial
aplicable para el caso concreto era el del 4 de agosto de 2010, que desarrolló
un análisis sobre los factores salariales que debían constituirse en ingreso base
de liquidación pensional en virtud de la Ley 33 de 1985; marco normativo
aplicable al caso concreto.
Añadió que el precedente judicial con efecto erga omnes que era correspondía
a la mencionada sentencia de unificación, sin embargo, dicha providencia no
fue aplicada por la autoridad judicial acusada.
3.1.3. Porque a pesar de que la norma cuestionada está vigente y es
constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó:
Agregó que en la providencia demandada se dio aplicación al Acto Legislativo
01 de 2005, a sabiendas que dicha normativa no se adecúa a su situación
fáctica. En ese sentido, en la sentencia objeto de discusión se argumentó que
dicho acto legislativo contiene reglas especiales para el reconocimiento de
pensiones.
Precisó que para declarar fundada la revisión, se concluyó que la sentencia que
ordenó reliquidar su pensión con base en todos los factores percibidos en el
último año de servicios, desconoció la correcta interpretación y aplicación del
IBL, de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005.
Destacó que, por lo anterior, hizo referencia a la exposición de motivos del
mencionado acto, para destacar que se desconoció que dicha norma resulta
aplicable en los siguientes casos:
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i) Eliminación de regímenes excepcionales o exceptuados;
ii) Eliminación de la décimo cuarta mesada pensional;
iii) Eliminación de condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las
leyes del Sistema General de Pensiones, esto es, contenidas en pactos,
convenciones colectivas o laudos;
iv) No reconocimiento de pensiones superiores a veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a partir del 31 de julio de 2010;
v) Establecimiento de un procedimiento para la revisión de pensiones
reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos
legales o convencionales, válidamente celebrados.
Refirió que el Acto Legislativo 01 de 2005, contempla entonces una serie de
mecanismos que no tienen aplicabilidad al caso concreto, si se considera que el
reconocimiento de su pensión de jubilación no obedece a un régimen
excepcional ni fue reconocida mediante pacto colectivo.
Adujo que tampoco se trata de una pensión desproporcionada, como se quiere
hacer ver en reiterados apartados de la sentencia objeto de la presente acción
constitucional, toda vez que para el año 2013, ya que su pensión no excedía los
seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Aclaró que lo que se discute en el presente caso tiene que ver con los factores
sobre los cuales se calcula el Ingreso Base de Liquidación de su pensión de
jubilación, sin embargo, dicho aspecto no fue desarrollado en el mencionado
Acto Legislativo.
Mencionó que la sentencia que ordenó su reliquidación pensional con
fundamento en la tesis de la providencia del 4 de agosto de 2010 no constituye
fraude a la ley ni un abuso del derecho; presupuestos sobre los que se sustentó
el Acto Legislativo 01 de 2005, para restringir el reconocimiento de beneficios
desproporcionados a cierta población de pensionados.
3.1.4. Por la indebida interpretación de la letra b del artículo 20 de la Ley 797 de
2003:
Sostuvo que no se observa que la procedencia de dicha causal se encuentre
supeditada a que la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido, de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que eran aplicables, así como
también se desconoce que su propósito en materia pensional es afrontar graves
casos de corrupción, fraude a la ley o abuso del derecho, evitando así los
perjuicios que por esa causa pudiere sufrir el erario.
Resaltó que se dio una interpretación indebida a lo consagrado en la letra b del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al desconocer que su reajuste pensional no
fue concedido en forma irregular o contrario al contenido legal, así como
tampoco se incurrió en fraude a la ley o abuso del derecho.
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Sección Segunda, Subsección B
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Añadió que las situaciones jurídicas pensionales consolidadas con fundamento
en el criterio de interpretación jurisprudencial anterior, no pueden considerarse
como contrarias al ordenamiento jurídico ni implican la existencia de un
reconocimiento por fuera del ordenamiento legal o con abuso del derecho, por
lo que menos pueda entenderse que se configura la aludida causal.
3.2. Violación directa de la Constitución
Sostuvo que la decisión cuestionada vulneró su derecho fundamental al debido
proceso, por los cargos alegados en el acápite anterior, al igual que su derecho
fundamental a la igualdad porque «…adoptó una decisión disímil a pesar de
contar con situaciones análogas anteriores en las que el mismo Consejo de
Estado ha considerado improcedente la aplicación de un precedente que no
existía para la fecha en que se resolvió judicialmente la reliquidación de
pensiones de jubilación». Citó: Consejo de Estado. Subsección A – Sección
Segunda. Sentencia del 29 de octubre de 2020. Expediente 11001-03- 15-000-
2020-03272-00.
Mencionó que el Consejo de Estado ha concluido sobre la inaplicabilidad del
precedente judicial del 28 de agosto de 2018, en aquellos casos en los que se
hubiere reconocido la reliquidación pensional en vigencia de la tesis
desarrollada en sentencia de unificación del 4 de agosto de 2020, en su caso
concreto se resolvió de manera contraria a pesar de versar antecedentes con
similares supuestos fácticos, en los que se resolvió sobre la improcedencia de
la causal de revisión.
4. Trámite de la solicitud de tutela
Con auto del 15 de febrero de 2022, se admitió la solicitud de tutela y, en
consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que integran el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
Como terceros se dispuso la vinculación de los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en
descongestión o a quien haga sus veces, del Juzgado Cuarto Administrativo de
Descongestión de Bogotá o quien haga sus veces y de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP), como
terceros con interés en las resultas de este proceso.
5. Contestaciones
Surtidas las notificaciones de las partes e intervinientes, se presentó lo
siguiente:
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5.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
La magistrada ponente de la decisión cuestionada se opuso a la prosperidad de
la solicitud de tutela, al considerar que
Destacó que el Acto Legislativo 01 de 2005 al erigir como principio
constitucional la sostenibilidad financiera del sistema pensional, lo consagra
como aquella prescripción jurídica general que supone una delimitación política
y axiológica reconocida y, en consecuencia, restringe el espacio de
interpretación, lo cual hace que su aplicación sea vinculante tanto por el
legislador al momento de generar nuevas disposiciones sobre el régimen
pensional como al juez en su interpretación.
Indicó que si bien la sentencia controvertida dentro de la acción de revisión
acogió el criterio jurisprudencial fijado en el precedente de fecha 4 de agosto de
2010, lo cierto es que a partir del Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, con
antelación a la prenotada sentencia, el principio de sostenibilidad financiera se
tornaba de obligatorio acatamiento para el Consejo de Estado como intérprete
de la ley, pues dicho mandato irradia de manera transversal todo el sistema
pensional.
Mencionó que aunque existía un precedente por el Consejo de Estado frente al
IBL como elemento de la transición, lo cierto es que no podía soslayarse lo
dispuesto en Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente, lo dispuesto en su
inciso 6, en el sentido que para la liquidación de las pensiones sólo se tendrían
en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones y, en cuanto al régimen de transición, hizo remisión a lo
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
Consideró que con base en los anteriores argumentos, no incurrió en el defecto
material o sustantivo alegado por la accionante y tampoco se configuró el
desconocimiento del precedente, ni vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados.
5.2. Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito judicial de Bogotá
Dicho despacho informó que el Juzgado Cuarto Administrativo de
Descongestión de Bogotá ya no existe.
5.3. UGPP
Esta entidad se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, al considerar
que debe declararse su improcedencia o en su defecto negarse, pues no se
configura vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la
demandante.
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Indicó que la parte actora no puede pretender usar esta vía constitucional como
una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez
competente de la causa, después de haberse agotado un procedimiento
establecido en la Ley para el efecto.
Añadió que la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para la
reliquidación de peticiones prestacionales, máxime cuando ya se ha
pronunciado el juez competente de la causa.
Mencionó que en la decisión no se incurrió en defecto alguno, sino que por el
contrario la misma se ajustó al ordenamiento legal, para determinar que negaba
la reliquidación prestacional reclamada por la parte actora.
Adujo que en este caso existe cosa juzgada, la cual pretende desconocer la
parte actora con la invocación de su amparo, pasando por alto que en la
actuación hoy cuestionada ya se resolvió y se discutió el tema de la
reliquidación de la prestación pensional con la inclusión del 75% de todos los
factores devengados en el último año de servicios, tal y como se derivó de las
pruebas allí allegadas y que culminó con la negativa de lo pretendido por no
tener derecho.
Hizo referencia a la grave afectación a la sostenibilidad financiera del sistema
pensional que se genera con dichas reliquidaciones pensionales y que, además
la parte accionante no logró acreditar el perjuicio irremediable alegado, máxime
cuando la acción de tutela no es la vía adecuada para reclamar prestaciones
económicas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en
atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente evento se cumplen con los
presupuestos generales de procedencia y, de ser así, si la autoridad judicial
demandada incurrió en los defectos específicos alegados al infirmar la
sentencia objeto de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
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de 20022, revocar la decisión de primera instancia que había accedido a la
reliquidación pensional de la demandante y, en consecuencia, negar lo
pretendido en el proceso de nulidad y restablecimiento que promovió en contra
de la UGPP.
Previo a resolver, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial;
ii) el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará iii) el fondo del asunto.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3, mediante el cual
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales4, conforme al cual:
«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de
considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es
menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso
a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique
tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.»5.
La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio,
pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…».
2
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.
3
Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción
de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
5
Ibidem.
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Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra
providencia judicial no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia6 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
(procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto (procedencia adjetiva).
En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de
tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no
se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez, iii) relevancia constitucional y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de
los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que
se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo,
para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son
propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
4. Examen de requisitos generales
En primer lugar, se observa que no se trata de una tutela contra decisión de la
misma naturaleza, pues la providencia que censura la accionante se profirió en
el trámite de un recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2002.
6
Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de la
Corte Constitucional.
10
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Asimismo, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez, pues
la providencia demandada se dictó el 21 de octubre de 2021, mientras que la
acción de tutela se presentó el 8 de febrero de 2022, por lo que, se advierte un
ejercicio oportuno de ésta.
A su vez, se cumple con el requisito de la relevancia constitucional en la medida
en que el conflicto suscitado involucra el amparo de los derechos
fundamentales invocados.
Adicionalmente, la Sala encuentra cumplido el presupuesto de la
subsidiariedad, pues se demanda la decisión de un recurso extraordinario de
revisión contemplado en la Ley 797 de 2002, artículo 20, contra el cual no
procede recurso ordinario ni extraordinario alguno7.
En consecuencia, como en el caso en particular se superan los requisitos
adjetivos de procedibilidad, la Sala entrará a analizar el fondo del asunto.
5. Caso concreto
La parte accionante consideró que sus derechos fundamentales se vulneraron
con la decisión del 21 de octubre de 2021, en la que declaró la prosperidad del
recurso extraordinario de revisión promovido por la UGPP, en contra de la
sentencia dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurado por la accionante.
De manera específica, se encuentra que la parte demandante invocó como
defectos: uno sustantivo en el que incluyó aspectos relativos al
desconocimiento del precedente, razón por la cual se resolverán de manera
conjunta y, una violación directa de la Constitución por transgresión al debido
proceso y a la igualdad.
De manera previa, se encuentra un antecedente con similitud fáctica y jurídica
proferido por esta Sección el 27 de octubre de 2021, dentro de la acción de
tutela 11001-03-15-000-2021-06551-00, que negó el amparo solicitado al
7
Los cargos alegados por la parte accionante no encuadran en las causales de procedencia del
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, máxime cuando la norma no contempla,
en su taxatividad, la procedencia de este recurso, ante la resolución de una acción de revisión,
sino, respecto de las sentencias proferidas en el marco de procesos de nulidad y
restablecimiento, controversias contractuales, reparación directa, y procesos que se promuevan
sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales,
departamentales, municipales o distritales, fallos que a la postre, para la procedencia del
recurso, deberán acreditar una cuantía determinada en la condena o el monto de las
pretensiones.
11
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considerar que no se configuró el defecto por desconocimiento del precedente
alegado8.
5.2. Defecto sustantivo
La Corte Constitucional9 ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando «…la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso
o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que
contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica»10.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
i. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente11 o porque ha sido derogada12, es
inexistente13, inexequible14 o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el Legislador15.
ii. No se hace una interpretación razonable de la norma16.
iii. La disposición aplicada es regresiva17 o contraria a la Constitución18.
8
En dicha providencia se indicó: «57. Para la Sala en el presente caso no se configura el
defecto por desconocimiento del precedente alegado, por cuanto la sentencia de 4 de agosto de
2010… alegada como desconocida, por la señora Gladys Yazmín Bobadilla de Durán,
desapareció del mundo jurídico con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018…
emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado…».
Asimismo, en dicha decisión se descartó la indebida aplicación de la sentencia del 28 de agosto
de 2018 por parte de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, bajo la
autonomía judicial.
9
Corte Constitucional, Sentencia SU 195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Corte Constitucional, Sentencias SU 159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José
Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de
marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-
743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de
2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio entre otras
11
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda
Espinosa
12
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández
13
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo
Rentería
14
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
15
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa
16
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
17
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
18
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa
12
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iv. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición19.
v. La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma20 .
vi. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
Frente a dicho vicio material, se observa que la parte accionante sostuvo que la
autoridad judicial demandada incurrió en un defecto material pues en síntesis la
decisión demandada no podía aplicar la rectificación jurisprudencial del 28 de
agosto de 2018, en desmedro de la sentencia del 4 de agosto de 2010 del
Consejo de Estado, ni podía aplicar el Acto legislativo 01 de 2005 y por la
indebida interpretación de la causal de revisión de la letra b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003.
Al respecto, se encuentra que en la providencia demandada el problema
jurídico consistió en lo siguiente: «…determinar si la sentencia de fecha 30 de
mayo de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección “F” en descongestión, se encuentra inmersa en
las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, es decir, establecer si a la demandada en su calidad de
beneficiaria del régimen de transición, le resultaba aplicable la reliquidación
pensión en cuantía del 75% con la inclusión de la totalidad de los factores
salariales percibidos en el último año laborado o si no debía concedérsele
atendiendo al principio de sostenibilidad fiscal y la normatividad vigente al
momento.»
De manera que, resulta necesario acudir al contenido de dicha norma para
poder establecer si la providencia demandada incurrió en el defecto sustantivo
alegado por la parte demandante.
Las causales de la acción de revisión se encuentran previstas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 200321, cuyo articulado dispone:
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA: Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública
la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
19
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz
20
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
21
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en
la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados
y especiales.
13
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Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
Al respecto, se observa que al analizar el caso concreto, la autoridad judicial
cuestionada advirtió la improsperidad del cargo relativo a la causal a) en tanto
que no se daban los elementos configurativos ya que el «…punto de derecho
referido a la correcta interpretación del mencionado artículo 36 fue debidamente
analizado y resuelto en sede del proceso ordinario, lo que per se no implica
desconocimiento de alguna de las garantías que rigen del debido proceso,
puesto que el juez cuenta con autonomía legal y constitucional para hacer
interpretaciones de las normas y la jurisprudencia uniforme en ejercicio del
principio de independencia judicial.»
Ahora bien, en relación con la causal b), en la providencia demandada se
analizó su procedencia, puesto que la UGPP cuestionó la cuantía del derecho,
pues excedió lo debido de acuerdo con la ley, en tanto que «…si bien la señora
Myriam Leonor Enciso de Rodríguez es beneficiaria del régimen de transición y
en esa medida se rige por la Ley 33 de 1985 respetando las condiciones de
edad, tiempo y monto, lo cierto es que en cuanto al ingreso base de liquidación
le resulta aplicable el 75% del promedio del salario promedio de los 10 años o el
tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho, ello con sustento en la
interpretación que sobre el punto realizó la Corte Constitucional en sentencias
C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, que aluden que el concepto ‘monto’ solo
hace referencia a la tasa de reemplazo y no incluye el IBL.»
Así, la Subsección acusada procedió al análisis de la sentencia ordinaria de
primera instancia que accedió a la reliquidación pensional con el 75% del
promedio de la totalidad de factores percibidos en el último año de servicios de
la accionante, así como de la dictada por el Tribunal que confirmó con
aclaración la providencia recurrida, objeto de la revisión; directrices que fueron
acogidas por la UGPP, mediante Resolución RDP 042446 de 12 de septiembre
de 2013.
14
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Asimismo, se precisó que conforme a lo ordenado judicialmente, la asignación
pensional de la señora Myriam Leonor Enciso de Rodríguez que inicialmente
había sido reconocida en sede administrativa a través de la Resolución 14210
de 24 de abril de 2007 en los términos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 e
incluyendo como factores: asignación básica y bonificación por servicios
prestados en una cuantía de $2.701.123 quedó establecida en $3.352.807,
según consta de la Resolución RDP 043446 de 12 de septiembre de 2013 , es
decir que tuvo un incremento de aproximadamente de $651.684.
A su vez, se advierte que como punto central de cuestionamiento, la autoridad
judicial demandada sostuvo que si bien los rubros que se incluyeron con
ocasión de las sentencias ordinarias tenían carácter salarial, aquellos «…no
pueden ser tomados en cuenta para liquidar la pensión de jubilación bajo los
parámetros del régimen de transición, pues según el Decreto 1158 de 1994 y la
posición adoptada por esta Corporación en sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018…»22
Por lo anterior, en la decisión cuestionada se concluyó que el anterior supuesto,
esto es, el evidente reconocimiento de una cuantía superior y desproporcional a
la que en derecho corresponde, implicaba la configuración de la causal
invocada y el correspondiente estudio de la sentencia de reemplazo.
A su vez, se observa que la autoridad judicial consideró necesario abordar los
argumentos presentados por la accionante en aquel trámite de revisión, dentro
de los que, consideró lo siguiente:
i) Señaló que si bien las sentencias controvertidas acogieron el criterio
jurisprudencial fijado en el precedente de fecha 4 de agosto de 2010 y además
fueron dictadas antes la posición adoptada por la Corte Constitucional en las
sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, lo cierto es que a partir del Acto
Legislativo 01 de 2005, el principio de sostenibilidad financiera se tornaba de
obligatorio acatamiento para el Consejo de Estado como intérprete de la ley,
comoquiera que dicho principio se irradia de manera transversal a todo el
sistema pensional.
Al respecto precisó:
«29 …De tal manera que, aunque existía un precedente por el Consejo de
Estado frente al IBL como elemento de la transición, lo cierto es que no podía
soslayarse lo dispuesto en Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente, lo
22
Ello, puesto que «…solo pueden ser concebidos para dichos efectos la asignación básica
mensual, los gastos de representación, la remuneración por trabajo dominical o festivo, la
bonificación por servicios prestados, así como la prima técnica y de antigüedad, ascensional y
de capacitación, cuando constituyan factor de salario. En esa medida, no tienen tal naturaleza
las primas de navidad, de servicios y de vacaciones que los juzgadores de 1ª y 2ª instancia
computaron como parte de la base para calcular el monto de la pensión de la señora Myriam
Leonor Enciso de Rodríguez.»
15
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dispuesto en su inciso 6, en el sentido que para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrían en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones y, en cuanto al régimen de transición, hizo remisión a
lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
…
32. Bajo tal égida, es claro que la sentencia que ordenó reliquidar la pensión de
la señora Myriam Leonor Enciso de Rodríguez con base en el promedio de todos
los factores percibidos en el último año de servicios, afirmando que el ingreso
base de liquidación hace parte del régimen de transición, desconoció la correcta
interpretación y aplicación del IBL de acuerdo con lo expresamente establecido
por el legislador en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por el Constituyente en
el Acto Legislativo 01 de 2005, así como con los principios de eficiencia del
Sistema de Seguridad Social, al no existir correspondencia entre lo cotizado y lo
liquidado.»
ii) Respecto de la cosa juzgada recordó que se trata de un mecanismo previsto
por el legislador para constituir una excepción a dicho fenómeno, que debe
ceder ante un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento se hizo con
violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la
Ley.
Por lo que, consideró que en la medida que resulta imposible mantener una
prestación periódica cuando es evidente que no era viable su reconocimiento o
cuando su monto difiere en exceso, en tanto ello atentaría contra el interés de
carácter general y el principio de universalidad que gobiernan el sistema de
seguridad social, bajo el amparo de dar prevalencia a un interés particular
ilegítimo, pues en últimas representa un detrimento de los recursos del sistema.
Bajo la síntesis de la providencia demandada antes expuesta, la Sala considera
que resulta razonable el análisis efectuado por la autoridad judicial acusada,
con lo cual no incurrió en el defecto sustantivo alegado, pues adoptó su
decisión con sustento en la normativa aplicable al caso concreto.
En efecto, no podía desconocer la existencia de la tesis de unificación del 28 de
agosto de 2018, pues con ella se rectificó el criterio que se consideró en la
sentencia del 4 de agosto 2010, al establecer que los factores que se deben
tener en cuenta para liquidar las pensiones en el régimen previsto en las Leyes
33 y 62 de 1985, solo corresponden a aquellos sobre los cuales se hayan
efectuado los respectivos aportes o cotizaciones al sistema pensional, con lo
cual retomó lo ya planteado por la Corte Constitucional en las sentencias de
constitucionalidad y unificación C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de
2017, que avalaron la protección de la sostenibilidad del sistema pensional.
Por tanto, se recuerda que el estudio de dicha providencia del 28 de agosto de
2018 se efectuó frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
16
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que consagra el régimen de transición pensional para la aplicación de la Ley 33
de 1985 y conforme a ello se trazó una regla jurisprudencial23.
A su vez, entre las subreglas que se trazaron en el mencionado
pronunciamiento se indicó que en virtud de los artículos 1° y 48 de la
Constitución Política «99. La interpretación de la norma que más se ajusta al
artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de
pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se
haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial
en la liquidación de la mesada pensional.» (subrayado fuera del texto original)
Asimismo, en la referida providencia de unificación se recordó que de
conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la
edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización; por lo que, la Sala
considera razonable que la autoridad judicial acusada acudiera al contenido de
la citada norma.
Entonces, aunque la sentencia de unificación en cita analizó el asunto
relacionado con la inclusión de factores salariales a partir de la transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que sí se pronunció sobre la
interpretación de la norma que más se ajustaba a los mandatos de los artículos
1° y 48 de la Constitución Política y al Acto Legislativo 01 de 2005, en cuanto a
tener en cuenta solo lo aportado o cotizado, en procura de garantizar la
sostenibilidad financiera del sistema pensional.
De manera que, si bien con la sentencia del 28 de agosto de 2018 se precisó
que las directrices allí consagradas debían aplicarse a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial, lo cierto
es que, el asunto subyacente deriva de una prestación periódica, naturaleza
esta que no podía desconocer la autoridad judicial demandada, para aplicar,
bajo su autonomía judicial, el criterio jurisprudencial rectificado al momento de
resolver el recurso extraordinario de revisión.
Ahora bien, en cuanto a la aplicación en el tiempo de dicha providencia y sus
efectos, en el numeral segundo de la parte resolutiva de esta última
providencia, se advirtió a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas, en relación con los temas objeto de unificación, son obligatorias
para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial.
23
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace
parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se
pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
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De manera que, la Sala descarta la procedencia del argumento según el cual
debía atenderse al criterio vigente al momento de presentar la demanda
ordinaria –sentencia del 4 de agosto de 2010-, que fue el aplicado por el
Juzgado y Tribunal de instancias, puesto que la rectificación de la postura
acerca del ingreso base de liquidación pensional resultaba obligatorio para
todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial, tal como
aconteció con la acción de revisión, objeto de demanda.
Al respecto, resulta necesario destacar que la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado resolvió el recurso extraordinario de revisión
bajo la autonomía que le otorga la Ley 270 de 199624 y la Constitución
Política25, para lo cual acudió principalmente al contenido del Acto Legislativo
01 de 200526, pues consideró que «… el principio de sostenibilidad financiera se
tornaba de obligatorio acatamiento para el Consejo de Estado como intérprete
de la ley, como quiera (sic) que dicho principio se irradia de manera transversal
a todo el sistema pensional.»
De igual manera, en la providencia demandada se señaló lo siguiente:
«30. En efecto, la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en
concordancia con lo previsto por el Acto Legislativo 01 de 2005, tiene por
propósito garantizar los principios constitucionales de sostenibilidad financiera,
solidaridad y universalidad que rigen el sistema general de pensiones y
consecuencia, evitar así el reconocimiento de beneficios desproporcionados a
cierta población de pensionados, prevenir su creación y además solventar el bajo
nivel de cobertura pensional que ten[í]a el país. En otras palabras se buscó que
los recursos económicos se utilizarán para el reconocimiento de pensiones sobre
los factores realmente cotizados.
31. Los aludidos principios propenden por que el sistema pueda obtener los
recursos de financiamiento para sus afiliados e incluso para aquellos que
carecen de los medios para tal efecto, sin que este pueda ser quebrantado ante
la creación de beneficios desproporcionados para los pensionados, como los es
el reconocimiento pensional de factores sobre los cuales no ha habido
cotización, y es por ello, que con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005,
no solo se limitó la creación de sistemas especiales, sino que también surgió la
necesidad de restringir la interpretación de los regímenes anteriores y en
consecuencia, evitar la concesión de privilegios que vulneren la estabilidad
financiera del sistema.»
24
«ARTICULO 5º.AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA RAMA JUDICIAL. La Rama
Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal de
administrar justicia. // Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional
podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las
decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias».
25
«ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.
// La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios
auxiliares de la actividad judicial».
26
En consonancia con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
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A partir de tales planteamientos y, bajo la autonomía que le asiste a la autoridad
judicial demandada, en la providencia acusada se demostró que al no existir
una correspondencia entre lo cotizado y lo liquidado27, se desconoció la
correcta interpretación y aplicación del IBL de acuerdo con lo expresamente
establecido por el legislador en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por el
Constituyente en el Acto Legislativo 01 de 2005, así como con los principios de
eficiencia del Sistema de Seguridad Social.
Finalmente, la Sala tampoco encuentra que la autoridad judicial cuestionada
incurriera en una indebida interpretación de la letra b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, en tanto que, esta prevé la procedencia de la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro público o de fondos de
la misma naturaleza cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables, que fue precisamente el objeto de la acción promovida
por la UGPP.
Es así como, se encuentra razonable que en la providencia demandada se sí se
configuró la aludida causal, al no existir correspondencia entre lo cotizado y lo
liquidado, en tanto que se evidenció el reconocimiento de una cuantía superior y
desproporcional a la que en derecho correspondía por la inclusión de unos
rubros que no constituían factor salarial, a saber las «…primas de navidad, de
servicios y de vacaciones que los juzgadores de 1ª y 2ª instancia computaron
como parte de la base para calcular el monto de la pensión de la señora Myriam
Leonor Enciso de Rodríguez.»
Por tanto, contrario a las consideraciones de la parte accionante, para la Sala
tal causal sí se encuentra supeditada a que la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido, lo cual puede derivar no solo de que el reajuste pensional
no fuera concedido en forma irregular, o que se constatara contrario al
contenido legal (como lo fue en este asunto), sino también con fraude a la ley o
abuso del derecho.
En consecuencia, la Sala no encuentra configurado el defecto sustantivo
alegado por la parte accionante.
5.2. Violación directa de la Constitución
En relación con dicho vicio, la Corte Constitucional ha establecido lo siguiente:
«Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales
involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de
27
Pues la reliquidación pensional ordenada judicialmente en sede ordinaria se efectuó bajo el
criterio jurisprudencial basado en que el «IBL hace parte del régimen de transición»
(actualmente rectificado).
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específicos supuestos de procedebilidad (sic) en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones
ilegítimas que afectan derechos fundamentales…»28.
En lo particular, la parte accionante manifestó en su escrito de tutela que la
decisión cuestionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso, por los
cargos alegados en el acápite anterior, al igual que su derecho fundamental a la
igualdad.
En primer lugar, como la parte demandante sustentó la vulneración del debido
proceso en los argumentos antes expuestos, la Sala se remite a ellos para
descartar dicha transgresión.
En segundo lugar, se encuentra que la accionante acudió al derecho
fundamental a la igualdad pues a juicio de la actora se adoptó una decisión
disímil en un asunto análogo al suyo, pues se consideró improcedente la
aplicación de un precedente que no existía para la fecha en que se resolvió
judicialmente la reliquidación de pensiones de jubilación.
Para tal efecto, la parte demandante citó: Consejo de Estado. Subsección A –
Sección Segunda. Sentencia del 29 de octubre de 2020. Expediente 11001-03-
15-000-2020-03272-00.
Al respecto, la Sala considera que este cargo no tiene vocación de prosperidad,
primero porque la providencia en cita fue dictada por una Subsección diferente
a la que aquí se demandada y, en segundo lugar, porque de aplicarse este
criterio, nunca no procedería inclusive la acción de revisión prevista en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que taxativamente habilita la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública.
Por tanto, la Sala advierte que el juez natural de la causa se enfrenta a
múltiples posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación
de normas a un caso en específico, lo cual bajo el principio de autonomía debe
respetarse, sin que ello sea el sustento para cuestionar su decisión.
En consecuencia, se negará la configuración de los defectos específicos
invocados por la parte actora.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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Sentencia C - 590 de 2005.
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Demandante: Myriam Leonor Enciso de Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2022-01013-00
FALLA
PRIMERO: Deniégase la acción de tutela instaurada por la señora Myriam
Leonor Enciso de Rodríguez, de conformidad con lo señalado en esta
providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081»
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