Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04423-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04423-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04423-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
23 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022).
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04423-00
Accionante: Ángela Inés García Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – IMPROCEDENTE / SUBSIDIARIEDAD – La
accionante no agotó los medios ordinarios.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá y la Juez Doce Administrativa de Oralidad del Circuito de Tunja.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 16 de agosto de 2022, la señora Ángela Inés García Torres, actuando en
nombre propio, instauró demanda de tutela para la protección de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, vida, integridad física, igualdad, honra, trabajo,
debido proceso, seguridad social, salud, mínimo vital, “a la implementación de
herramientas para la rehabilitación e integración social y estabilidad laboral”,
presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al expedir la
primera, las Resoluciones de 10 de junio y 11 de agosto de 2022 y, la segunda, la
Resolución del 8 de agosto de 2022.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
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Accionante: Ángela Inés García Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
<< 1.- TUTELAR mis derechos fundamentales a la dignidad humana (art. 1), vida e
integridad física (art. 11), igualdad (art. 13), la honra (art. 21), al trabajo (art. 25), el debido
proceso (art. 29), a la implementación de herramientas para la rehabilitación e
integración social (art. 47), la seguridad social (art. 48), la salud (art. 49), así como la ley
especial Ley 361 art. 26 y con ello mi fuero de protección por mi discapacidad, la
estabilidad laboral, y el mínimo vital y demás que se encuentren amenazados y/o vulnerados
o pudieran ser conculcados.
2.-Solicito respetuosamente, se ORDENE lo siguiente:
LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS:
• RESOLUCIÓN No. 110 DE 08 DE AGOSTO DE 2022, EXPEDIDA POR LA SEÑORA
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, NOTIFICADA EL 10 DE
AGOSTO DE 2022 MEDIANTE OFICIO 375 DEL MISMO DÍA ENVIADA A MI CORREO
INSTITUCIONAL Y VISTA EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2022, por medio de la cual, “MODIFICÓ
el ítem de Calificación integral de servicios del acto administrativo de CALIFICACIÓN
INTEGRAL DE SERVICIOS EMPLEADOS CON FUNCIONES JURÍDICAS correspondiente al
periodo de 2021… de la Profesional Universitaria del Juzgado Doce Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja ANGELA INÉS GARCÍA TORRES, de 36 puntos a 50, según las
motivaciones precedentes. TERCERO: CONFIRMAR la decisión de calificación
INSATISFACTORIA y la consiguiente orden de retiro del servicio de la Profesional Universitaria
ANGELA INÉS GARCÍA TORRES adscrita al Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial
de Tunja.”
• De la RESOLUCIÓN SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, NOTIFICADA EL
MISMO DÍA, emitida en primera instancia por la Juez Doce Administrativo de Oralidad
del Circuito de Tunja.
• De la RESOLUCIÓN No. 43 DE 11 DE AGOSTO DE 2022, EMITIDA POR LA JUEZ DOCE
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE TUNJA, “POR MEDIO DEL CUAL SE SUSPENDE LA
EJECUCIÓN DE UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE ORDENA REMITIR LA HOJA DE
VIDA DE UN EMPLEADO A LA OFICINA DE TRABAJO.”
3.- Salvaguardar y tutelar la cláusula de fuero de protección y estabilidad reforzada, por ser
sujeto de especial protección por debilidad manifiesta y discapacidad.
4.- Dar aplicación al Acuerdo No. PSAA16-10618 de 2016 “Por medio del cual se reglamenta
el sistema de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de carrera de la Rama
Judicial” artículo 6°
5.- Se emita CALIFICACIÓN SATISFACTORIA, de conformidad con los argumentos y pruebas
aportadas al plenario.
6.- Dar aplicación a la Ley 1010 DE 2006, artículo 11, sobre GARANTÍAS CONTRA
ACTITUDES RETALIATORIAS, con el fin de evitar actos de represalia contra quienes han
formulado peticiones, quejas y denuncias de acoso laboral, “(…)cuando la destitución de la
víctima del acoso laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos
y sancionatorios de esta Ley, carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de los
seis (6) meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa,
judicial o de control competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento.”
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7.- El pago de la indemnización consagrada en la Ley 361 de 2997 art. 26, equivalente a ciento
ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que
hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo
modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.
8.- Compulsar copias a los competentes – en materia penal y disciplinaria - para investigar la
posible incursión en la tipificación de posibles delitos penales y conductas sancionables. >>2
(Negrilla y subrayado del texto original)
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada se
tiene, que:
3.1.- Desde el 17 de julio de 2017, la señora Ángela Inés García Torres ocupa, en
propiedad, en el cargo de Profesional Universitaria Grado 16 en el Juzgado 12
Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja.
3.2.- Señala que, en desarrollo de su cargo, ha sido sujeto de matoneo, malos tratos,
persecución, acoso y sobrecarga laboral por parte de las Directoras3 del referido
despacho, lo que ha deteriorado su salud física y mental al punto de padecer estrés
agudo con diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad – depresión, un déficit en el
sistema hematopoyético -cuadro severo de anemia-, entre otras enfermedades. Por
tal razón, ha interpuesto varias quejas disciplinarias4.
3.3.- El 8 de agosto de 2019, la psicóloga de la IPS Salud Vital Integral rindió informe
de valoración y seguimiento, formulando algunas recomendaciones médico laborales
-como la disminución de carga laboral y reubicación laboral-.
3.4.- Indica que fue diagnosticada con la patología de trastorno mixto de ansiedad y
depresión, la cual fue valorada el 20 de enero de 20215 por la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez como una enfermedad de origen laboral y fue calificada con
una pérdida de capacidad laboral del 18.20%.
3.5.- Producto de la patología mencionada, la actora tuvo que atender diferentes
situaciones médicas y personales, por lo que se vio obligada a ausentarse
periódicamente de su puesto de trabajo tras varias incapacidades médicas y
licencias, tanto remuneradas como no remuneradas.
2 Expediente digital, folios 78 y 79 del escrito de tutela.
3 Dras. Milena Edith Rátiva García y Deyna Johana Beltrán Gómez, antigua y actual juez,
4 Radicados No. 15000110200020190091800 de agosto de 2019 y 15001250200020210006600 de febrero de
2021, respectivamente.
5 Decisión adoptada con ocasión al recurso de apelación interpuesto por la ARL POSITIVA – COMPAÑÍA DE
SEGUROS contra la calificación del 21 de julio de 2021, expedida por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Boyacá.
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3.6.- Posteriormente, el 15 de febrero y 8 de abril de 2021 6 , la ARL Positiva le
comunicó una serie de recomendaciones médico laborales al Juzgado 12
Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja. Con fundamento en lo expuesto y
en razón a su estado de salud, solicitó reiteradamente su traslado y reubicación del
cargo que venía desempeñando en el referido juzgado, sin que a la fecha se haya
accedido a sus peticiones, a pesar de contar con el concepto favorable del Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial7.
3.7.- Por otro lado, mediante Resolución de 10 de junio de 2022, el Juzgado 12
Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja calificó, de forma insatisfactoria, los
servicios prestados por la actora, en su condición de profesional universitaria del
aludido despacho, durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2021 y, en consecuencia, ordenó el retiro de la accionante del
servicio. Contra dicha decisión, la accionante interpuso recurso de apelación.
3.8.- Mediante Resolución No. 110 del 8 de agosto de 2022, el Tribunal
Administrativo de Boyacá modificó el puntaje de la calificación inicialmente otorgado
a la señora García Torres; sin embargo, por el puntaje obtenido, resolvió confirmar
la calificación insatisfactoria de servicios del año 2021 y la orden de retiro del cargo
proferida en contra de la accionante.
3.9.- Por lo anterior, el Juzgado 12 Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja
solicitó ante la Seccional Tunja de la Oficina del Inspector del Trabajo, autorización
de retiro del servicio de la servidora Ángela Inés García Torres, argumentando que
existe causal objetiva de retiro, en atención a lo dispuesto en la Ley 361 de 19978.
En consecuencia, por medio de la Resolución del 11 de agosto de 2022, suspendió
la ejecución de la orden de retiro contenida en la Resolución del 8 de agosto de la
misma anualidad, hasta tanto la autoridad administrativa en materia laboral emitiera
un concepto sobre la solicitud en mención.
4.- Como fundamento de derecho de las pretensiones, la parte actora aduce que las
autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, vida, integridad física, igualdad, honra, trabajo, debido proceso,
seguridad social, salud, mínimo vital, “a la implementación de herramientas para la
rehabilitación e integración social y estabilidad laboral”, presuntamente vulnerados
por las autoridades judiciales accionadas, al expedir, por un lado, las resoluciones
de 10 de junio y 11 de agosto de 2022 y, por otro, la Resolución del 8 de agosto de
2022.
6 Notificadas el 23 de marzo y 18 de junio siguiente, respectivamente
7 Por este motivo la accionante ha presentado tres acciones de tutela ante el Tribunal Administrativo de Boyacá
solicitando el traslado de su puesto de trabajo. Ver: Rad. 15001-23-33-000-2022-00463-00
8 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas <en situación de discapacidad>
y se dictan otras disposiciones.”.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
4.1.- Al respecto aseguró que ha sido “sujeto-objeto” de persecución por parte de la
Juez evaluadora, al punto de recargarla laboralmente, hacerle constantes
requerimientos formales y emitir calificaciones contrarias a la ley, lo que generó que
la accionante presentara múltiples quejas disciplinarias en contra de la mencionada
autoridad judicial, razón por la cual se activaron las garantías de la Ley 1010 de
20069, de modo que esta no se encontraba facultada para calificarla o desvincularla
del cargo que actualmente desempeña en propiedad10.
4.2.- En cuanto a la carga laboral, informó que la Jueza directora le delegó funciones
adicionales de carácter secretarial, como el escaneo y subida de expedientes a
OneDrive, elaboración de directorios para notificar, atención al público, entre otros.
Además, tenía que dar respuesta a los requerimientos formales e informales de la
Jueza a través del correo electrónico institucional y Microsoft Teams, aspecto que
según la actora denota una constante persecución laboral.
Aunado a lo anterior, adujo la actora que, cuando se reincorporaba a sus labores una
vez terminadas las incapacidades médicas o las licencias de permiso, pese a haber
distribuido los procesos a su cargo con los compañeros del despacho, existían
muchos procesos sin evacuar, razón por la cual le fue asignada una carga laboral
insostenible. En ese sentido, sostuvo que, a pesar del aumento en sus funciones,
estas no se vieron reflejadas en la calificación de servicios.
4.3.- Por otra parte, aseveró que, por gozar del fuero de protección y estabilidad
laboral por su condición de discapacidad, no puede ser retirada del servicio sin
haberse tramitado el correspondiente procedimiento ante el Ministerio del Trabajo –
Oficina del Trabajo, en virtud del artículo 2611 de la Ley 361 de 1997. Sin embargo,
la Juez accionada adelantó todo el proceso de “calificación emitiendo previamente la
orden de retiro y exclusión de la carrera judicial y posteriormente solicitan la
autorización del Ministerio de Trabajo”12, siendo flagrante la vulneración a su debido
proceso.
4.5.- Por otro lado, afirmó que las causales objetivas para la terminación de su
vínculo laboral están establecidas en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo
y que no se encuentra inmersa en ninguna de ellas, siendo la Resolución 43 de 2022
contraria a la ley.
9 “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo”
.10 Expediente digital, folio 29 del escrito de tutela.
11 <<ARTÍCULO
26. En ningún caso la discapacidad de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una
vinculación laboral, a menos que dicha discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e
insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona en situación de
discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo que medie
autorización de la oficina de Trabajo.>> (Resaltado del texto)
12 Expediente digital, folio 20 del escrito de tutela.
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4.6.- Por lo expuesto, citó fragmentos de las Sentencias T-996 de 2010, C-531 de
2000, C-137 de 1997 y T-170 de 2005, que versan sobre las garantías ofrecidas por
el fuero de estabilidad laboral reforzada a las que tienen derecho las personas en
condición de discapacidad. Además, mencionó la Sentencia T-217 de 2014 para
señalar que la acción de tutela procede transitoriamente en aras de evitar que se
produzca un perjuicio irremediable al despedir un trabajador que se encuentra en
estado de debilidad manifiesta.
4.7.- De otro lado, sostuvo que, una vez se resuelve calificar insatisfactoriamente a
un servidor judicial, se debe retirar del cargo inmediatamente, a menos que se
revoque esa decisión con fundamento en las causales contenidas en el artículo 92 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011.
Refiere que, la Jueza 12 Administrativa de Tunja, al suspender los efectos de la
resolución expedida por el Tribunal accionado, se extralimitó en sus funciones por
carecer de competencia para utilizar la figura de la “suspensión” regulada en el
artículo 230 del CPACA, comoquiera que la misma únicamente está prevista para
ser aplicada en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, confundiendo la
actuación administrativa como si fuese un medio de control ordinario o especial; por
ende, el cuestionado acto administrativo se encuentra en firme por haber resuelto el
último recurso procedente contra este.
4.8.- De la misma manera, adujo la actora que la titular del despacho en el que se
desempeña expidió la calificación de servicios del año 2021 omitiendo, sin justa
causa, la calificación del primer trimestre del mismo año, estando esta la mayor parte
del tiempo incapacitada por médicos especialistas; adiciona que trabajó con
normalidad desde el 12 de enero de 2021 hasta parte de junio y noviembre de 2021,
por lo que tuvo que haber sido notificada en agosto de 2021, de acuerdo con lo
estipulado en el Acuerdo No. PSAA16-10618 de 201613.
En consecuencia, afirmó que la autoridad judicial perdió competencia para emitir la
calificación integral de servicios por haberle notificado la misma hasta el 10 de junio
de 2022.
4.9.- Finalmente, la señora García Torres sostuvo que está inconforme con su
calificación de servicios, específicamente, en los ítems de calificación titulados como
‘factor de calidad, factor de eficiencia o rendimiento y el factor organización del
trabajo’, debido a que la Juez evaluadora no tuvo en cuenta el primer trimestre del
2021 porque nunca le fue notificada dicha valoración.
13 “Por medio del cual se reglamenta el sistema de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de
carrera de la Rama Judicial”
6
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Accionante: Ángela Inés García Torres
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
En consideración al factor de ‘calidad’, afirmó que desarrolló sus funciones bajo los
parámetros de la Juez del momento y adoptando los modelos establecidos en los
casos que lo ameritaban, como también implementó los nuevos cuando se requerían
y siguiendo el control de los términos procesales.
Frente al factor de ‘eficiencia o rendimiento’ adujo que no existió una motivación
objetiva, pero si “un mayor desgaste al requerirme constantemente por informes
constantes de inventarios, de proyectos como se prueba con los soportes adjuntos
al presente recurso y los pantallazos del sinnúmero de requerimientos enviados a mi
correo institucional” 14, ocasionando una constante interrupción en su trabajo. Sin
embargo, siempre adelantó las funciones inherentes a su cargo.
En cuanto al factor ‘organización del trabajo’ cuestiona el puntaje ponderado, en
consideración a que lleva un flujo organizado de los procesos que tiene a su cargo
que se encuentran plasmados en cuadros indicativos desde su vinculación hasta la
fecha.
4.10.- Por último, la accionante esbozó que la calificación del cuarto trimestre no es
coherente con las actividades realizadas por esta, ya que, pese a haber cumplido
con las labores encomendadas por la Juez demandada, obtuvo una calificación baja
lo que deja en evidencia la subjetividad a la hora de motivar los ítems evaluados.
Por último, solicitó que se revise cada uno de los factores, indicadores y el puntaje
calificado para que se subsane dicha calificación en concordancia con lo realizado.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
5.- Mediante Auto de 12 de julio de 2022, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a las autoridades demandadas.
(i) Tribunal Administrativo de Boyacá15
6.- El Tribunal Administrativo de Boyacá señaló que la Resolución No. 110 del 8 de
agosto de 2022 no transgredió derecho alguno al confirmar la calificación
insatisfactoria de la actora, comoquiera que se expidió de acuerdo a lo establecido
en el artículo 17116 de la Ley 270 de 1996.
14 Expediente digital, folio 49 del escrito de tutela.
15 Intervención digital contenida en 4 folios.
16 <<
ARTÍCULO 170. FACTORES PARA LA EVALUACIÓN. La evaluación de servicios de conformidad con el
reglamento que expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, deberá ser motivada y
resultante de un control permanente del desempeño del funcionario o empleado. Comprenderá calidad, eficiencia
o rendimiento y organización del trabajo y Publicaciones.
En todo caso se le informará al funcionario acerca de los resultados de la evaluación. >>
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04423-00
Accionante: Ángela Inés García Torres
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
6.1.- Así mismo, dicho acto administrativo no afectó la “estabilidad laboral reforzada”
de la accionante ya que, en el transcurso del año 2021, la juez evaluadora adoptó
las medidas recomendadas por la ARL para mitigar el estrés laboral -en razón a su
pérdida de capacidad laboral del 18%- en aras de que la señora García Torres
continuara prestando el servicio. Sin embargo, evaluadas las actas de seguimiento
trimestral y la evaluación de servicios, se determinó que la calificación era
insatisfactoria y, por lo mismo, se confirmó la decisión.
6.2.- A su vez, sostuvo que frente a la autorización exigida por el Ministerio del
Trabajo para poder retirarla del servicio “ni en el tramite(sic) de la calificación, ni en
reposición(sic) y menos en la apelación que se presentó contra la misma, la actora
puso de presente o argumentó que debía seguirse un procedimiento especial por su
condición de discapacidad”. Agregó que esta solo procede en los parámetros
establecidos en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, situación que no es aplicable
en el caso sub examine toda vez que el retiro se fundamentó en el seguimiento de
las labores y metas en cabeza de la demandante que, en la calificación, no se
acoplaron al Manual de Funciones del cargo.
6.3.- Por otro lado, señaló que, a pesar de no compartir con la aplicación de la norma
precitada -porque su retiro no fue con ocasión a su pérdida de capacidad-, al tener
conocimiento de la confirmación de la calificación insatisfactoria, el Juzgado 12
Administrativo de Tunja suspendió los efectos de la decisión de retiro de la actora,
con la finalidad de contar con el concepto del Ministerio del Trabajo, cumpliendo la
solicitud elevada por la actora. Frente a la suspensión, el Tribunal no tiene injerencia
alguna por no participar en la expedición de dicho acto administrativo.
6.4.- Así mismo, manifestó que no transgredió derecho fundamental alguno y que lo
pretendido por la señora García Torres es usar la acción de tutela como una tercera
instancia toda vez que está utilizando en esta sede los mismos argumentos
invocados en el recurso de alzada: i) el acoso laboral; ii) presunta decisión subjetiva
en la calificación; y, iii) supuestos yerros en la motivación de la decisión. La
aplicación de la Ley 361 de 1997, argumento que no fue propuesto en el mencionado
recurso.
6.5.- Adicionalmente, recordó que su labor y estabilidad en el servicio está regulada
por la Ley 270 de 199617 y el Código Único Disciplinario18 y no por las causales de
terminación de la relación laboral prescritas en el Código Sustantivo del Trabajo, en
consecuencia, es la calificación insatisfactoria el imperativo legal que faculta a la
nominadora a retirarla del servicio por no haber superado el puntaje mínimo exigido.
17 “Ley Estatutaria de la Administración de Justicia”
18 “Ley 1952 de 2019. “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de
2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.”
8
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04423-00
Accionante: Ángela Inés García Torres
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
6.6.- Finalmente, señaló que, por su naturaleza residual y subsidiaria, la acción de
tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos
administrativos, por ende, la accionante debe acudir, previamente, al ejercicio de los
medios de control respectivos ante la jurisdicción contencioso administrativa.
(ii) Juzgado 12 Administrativo de Tunja19
7.- Deyna Johana Beltrán González, en su condición de titular del Juzgado 12
Administrativo de Tunja, manifestó que el diagnóstico de ingreso a la entidad es un
concepto médico ocupacional que no atiende las condiciones de salud mental de la
actora, por lo que no es viable dar por cierto que estuviese apta psicológicamente
para ejecutar el cargo.
7.1.- Frente a la calificación insatisfactoria de servicios de 2021 esbozó que, a pesar
de haberse confirmado por el Tribunal accionado, expidió Resolución No. 43 del 11
de agosto de 2022 en la que suspendió los efectos de la precitada decisión de retiro
de la actora, comoquiera que consideró necesario el pronunciamiento previo de la
autoridad de trabajo, en consideración a su enfermedad de origen laboral, la pérdida
de capacidad laboral y la garantía de especial protección al trabajador.
7.2.- Aunado a lo anterior, señaló que la pretensión dirigida a suspender los actos
administrativos reprochados es redundante, ya que actualmente estos se encuentran
suspendidos por la misma Jueza evaluadora, en consecuencia, la actora se
encuentra aún vinculada y prestando el servicio.
7.3.- De otro lado, sostuvo que, en efecto, adoptó las recomendaciones médicas
laborales -como la disminución de la carga laboral- en razón al diagnóstico de estrés
agudo trastorno mixto de ansiedad y depresión, por lo que los motivos que
configuraron la causal objetiva de retiro no guarda relación con su discapacidad sino
con el incumplimiento de las funciones designadas y los demás factores valorables
en la calificación. Agrega que la ARL Positiva le manifestó que la señora García
Torres “NO TENIA PERDIDA DE CAPACIDAD INTELECTUAL, es decir, no tenía
pérdida de función cognitiva y por tanto, PODIA cumplir con las funciones laborales,
es decir, que su destreza jurídica no se había perdido”.
7.4.- Así mismo, indicó que, la accionante no puede pregonar una estabilidad laboral
y al mismo tiempo pretender que se le reintegre a su cargo cuando no se ha
producido su retiro efectivo del servicio pues aún se encuentra laborando en el
despacho bajo las mismas condiciones.
19 Intervención digital contenida en 48 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04423-00
Accionante: Ángela Inés García Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
7.5.- Por último, solicitó que el amparo se declare improcedente ya que no cumple
con el presupuesto de subsidiariedad, debido a que la parte actora cuenta con el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir el acto
que confirmó la calificación insatisfactoria y, en consecuencia, el retiro del servicio,
comoquiera que no acredita la ocurrencia de un perjuicio irremediable que posibilite
la intervención del juez constitucional.
(iii) Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare20
8.- El Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare solicitó que en el
presente trámite no se adopten medidas en su contra, comoquiera que lo pretendido
por la actora escapa de su competencia, ya que esta entidad no puede decidir sobre
la calificación de servicios de los empleados judiciales, ni respecto de su vinculación
o desvinculación del servicio, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 10121 de la
Ley 270 de 1996.
(iv) Ministerio del Trabajo
9.- El Ministerio del Trabajo solicitó ser desvinculado del trámite constitucional por
falta de legitimación en la causa por pasiva toda vez que no es la entidad que
presuntamente puso en peligro o transgredió los derechos fundamentales invocados
por no existir vínculo jurídico alguno entre la accionante y la autoridad del trabajo, ni
ser el competente para dirimir la controversia.
9.1.- A su vez, hizo un recuento jurisprudencial acerca de la estabilidad laboral
reforzada para enfatizar que el trabajador o contratista que se encuentre en estado
de debilidad manifiesta por una enfermedad o cualquier causa que afecte el
20 Intervenciones digitales contenidas en 3 folios.
21
“ARTÍCULO 101. FUNCIONES DE LAS SALAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CONSEJOS
SECCIONALES. Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura tendrán las siguientes
funciones: 1. Administrar la Carrera Judicial en el correspondiente distrito con sujeción a las directrices del
Consejo Superior de la Judicatura. 2. Llevar el control del rendimiento y gestión de los despachos judiciales
mediante los mecanismos e índices correspondientes. 3. Practicar visita general a todos los juzgados de su
territorio por lo menos una vez al año, con el fin de establecer el estado en que se encuentra el despacho de los
asuntos a su cargo y procurar las soluciones a los casos de congestión que se presenten. 4. Elaborar y presentar
a los Tribunales las listas de candidatos para la designación de Jueces en todos los cargos en que deba ser
provista una vacante definitiva, conforme a las normas de carrera judicial y conceder o negar las licencias
solicitadas por los jueces. 5. Elaborar e impulsar planes y programas de capacitación, desarrollo y bienestar
personal de la Rama Judicial conforme a las políticas del Consejo Superior. 6. Ejercer la vigilancia judicial para
que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de
funcionarios y empleados de esta Rama. 7. Poner en conocimiento de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria por
intermedio de su presidente o de sus miembros, las situaciones y conductas que puedan constituir faltas
disciplinarias, así como a las autoridades penales, las que puedan configurar delitos. 8. Realizar la calificación
integral de servicios de los jueces en el área de su competencia. 9. Presentar al Consejo Superior de la Judicatura
proyectos de inversión para el desarrollo armónico de la infraestructura y adecuada gestión de los despachos
judiciales. 10. Elegir a sus dignatarios para períodos de un año. 11. Vigilar que los Magistrados y jueces residan
en el lugar que les corresponde pudiendo autorizar residencias temporales fuera de su jurisdicción en casos
justificados, dando cuenta a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; y, 12. Las demás que
le señale la ley o el reglamento, o que le delegue a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04423-00
Accionante: Ángela Inés García Torres
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
desempeño de sus funciones en condiciones normales, se encuentra amparado
constitucionalmente. Por esto, el empleador o contratante que pretenda prescindir
de los servicios de un trabajador en dicha condición, deberá contar con la
autorización expedida por la Oficina del Trabajo; en caso contrario, la terminación
del vínculo laboral se entenderá ineficaz, deberá reincorporar o renovar al trabajador
e indemnizarlo.
9.2.- Por último, sostuvo que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
suspender los efectos de la Resolución expedida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, toda vez que esta debe ser controvertida ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, razón por la cual considera que el recurso de amparo
resulta improcedente.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto
10.- Corresponde a la Sala verificar si las circunstancias que se alegan en la presente
causa acreditan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela,
particularmente, si cumple el requisito de subsidiariedad. Solo en el evento de
acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el fin de
establecer si las autoridades demandadas incurrieron en la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
11. En virtud de su carácter subsidiario, la acción de tutela procede cuando el
accionante no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Es
decir, los interesados deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación
que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se impida el uso indebido de
este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de
protección, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley
determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 86 22 de la Constitución Política y el
numeral 1° del artículo 623 del Decreto 2591 de 1991, los cuales prevén como causal
22 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
23 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
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de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa
para la protección de los derechos invocados.
Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el
interesado debió haber agotado los recursos -idóneos y eficaces- que tenía a su
disposición para lograr el amparo de sus derechos, pues, de lo contrario, la tutela
deviene improcedente.
12.- Específicamente, tratándose de la acción de tutela contra actos administrativos,
la Corte Constitucional ha indicado que la excepcionalidad del recurso de amparo se
torna especialmente estricta, en tanto no es el mecanismo idóneo para atacarlos ya
que, por su propia naturaleza, se encuentran amparados por el principio de legalidad,
pues se parte del presupuesto de que la administración, al momento de manifestarse
a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las
que se encuentra subordinada. De allí que la legalidad de un acto administrativo se
presuma, obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo que aquel se apartó,
sin justificación alguna, del ordenamiento jurídico, debate que se debe adelantar ante
la Jurisdicción Contencioso Administrativa24.
13.- No obstante, también habrá de reconocerse que aún en los casos en que
concurran otros medios de defensa, la jurisprudencia constitucional ha establecido
que existen excepciones que justifican la procedibilidad de la acción de tutela ante la
falta de idoneidad y eficacia del medio de defensa judicial ordinario, o en aquellas
hipótesis en las que pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no
impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable25, caso en el cual la acción de tutela
procede como mecanismo transitorio26.
14.- En el caso objeto de estudio, la accionante le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al Juzgado 12 Administrativo de Oralidad del Circuito de
Tunja y al Tribunal Administrativo de Boyacá al proferir la primera, las Resoluciones
de 10 de junio y 11 de agosto de 2022 y, la segunda, la Resolución del 8 de agosto
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”
24 Corte Constitucional, Sentencia T -332 de 2018.
25 La noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la
amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera
de ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, ante tales hipótesis, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela. Sobre la condición anotada, a Corte
Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio irremediable; así ha indicado que “es
aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente;
(iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos
es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-375 de 2018. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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de 2022, mediante las cuales se calificó insatisfactoriamente los servicios prestados
en su condición de Profesional Universitaria Grado 16 del referido despacho judicial,
durante el año 2021, por lo que, en consecuencia, fue retirada del servicio.
15.- Analizado el caso, la Sala advierte que el presente asunto carece del
presupuesto de subsidiariedad, toda vez que la actora no ha agotado los
mecanismos judiciales ordinarios, idóneos y eficaces que el ordenamiento jurídico le
otorga para proteger sus derechos, pues aquél cuenta con el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho 27 y, con éste, la posibilidad de solicitar
medidas cautelares28, mecanismos que le permiten debatir no solo la presunción de
legalidad de los actos administrativos que son objeto de reproche y obtener el
restablecimiento de sus derechos, sino también la de solicitar su suspensión
provisional, sin que ante estas opciones quepa oponer un carácter de insuficiencia
ante las eventuales dificultades que impone el curso normal y ordinario de un
proceso.
16.- Aunado a lo anterior, la Sala también observa que no se acreditó la configuración
de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional como
mecanismo transitorio, en asuntos que no son de su competencia, pues si bien la
actora alegó que se le ha causado un perjuicio al retirarla del servicio, lo cierto es
que, a partir de las respuestas allegadas por las entidades demandadas en el trámite
de la presente acción, se estableció que actualmente la accionante se encuentra
vinculada al Juzgado 12 Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja,
desempeñando el cargo de Profesional Universitaria Grado 16. Además, no se
acredita que haya alguna acción u omisión que ponga en grave riesgo o afecte de
manera irreversible los derechos invocados.
16.1.- Sin evidencia que acredite lo contrario, la Sala encuentra que no se demostró
la configuración de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez
constitucional, como mecanismo transitorio. En tal sentido, la actora cuestiona los
actos administrativos que emitieron una calificación insatisfactoria en el desempeño
de su cargo. Sin embargo, los efectos que tales actos podrían tener sobre los
derechos invocados, en particular, sobre el debido proceso administrativo, se
encuentran suspendidos actualmente. Así, la autorización del Inspector del Trabajo
relativa a la desvinculación de la accionante aún resulta eventual, por lo que no existe
27 El artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 establece que “Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular,
expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño (...) siempre
y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación.”
28 Desde el mismo momento en que el actor presente su demanda, tiene la posibilidad de solicitar la práctica de
medidas cautelares, tal y como lo señala el artículo 229 del CPACA , al tenor del cual: “en todos los procesos
declarativos que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativo, antes de ser notificado, el auto
admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá
el juez o magistrado ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.
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certeza acerca de la ocurrencia del supuesto perjuicio sobre las prerrogativas
fundamentales invocadas. Incluso, en el marco de ese proceso administrativo,
existen instancias para controvertir las decisiones allí adoptadas, por lo que no se
aprecia la inminencia como requisito necesario para la configuración del perjuicio
irremediable.
Sobre este particular, conviene recordar que la Corte Constitucional ha destacado
que “el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable
grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando
en cuenta, además, la causa del daño” 29 . De este modo, al estar en curso el
procedimiento administrativo referente a la autorización de desvinculación de la
trabajadora, iniciado ante el Ministerio del Trabajo, no se concluye que exista la
inminencia y proximidad del presunto daño, aspectos ineludibles para habilitar la
intervención (aunque sea transitoria) del juez constitucional en asuntos que
competen a otras jurisdicciones.
16.2.- De otra parte, la actora estima que los actos administrativos cuestionados
transgreden los siguientes derechos fundamentales “dignidad humana (art. 1), vida
e integridad física (art. 11), igualdad (art. 13), la honra (art. 21), al trabajo (art. 25), el
debido proceso (art. 29), a la implementación de herramientas para la rehabilitación
e integración social (art. 47), la seguridad social (art. 48), la salud (art. 49) (…)”. Con
todo, la Sala concluye que no hay elementos probatorios para tener por acreditados
estos perjuicios, con la gravedad que requiere la aplicación de la categoría de
perjuicio irremediable.
16.3.- En este contexto, la Corte Constitucional ha destacado que “un perjuicio
irremediable se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho
fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su
subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material)”30.
16.4.- De conformidad con lo anterior, aún en el evento en que no se encontraran
suspendidos los efectos de la calificación insatisfactoria, no se evidencia que el
posible retiro o la desvinculación de la accionante constituya un “daño antijurídico
grave e irreparable”, con una significación de tal entidad que torne indispensable la
intervención del juez de tutela.
16.5.- En suma, no se aprecia la existencia de un daño grave e inminente que
requiera del juez constitucional la adopción de medidas urgentes e impostergables.
29 Corte Constitucional, Sentencias T-451 de 2010 y T-318 de 2017.
30 Corte Constitucional, Sentencias T-451 de 2010 y T-318 de 2017.
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17.- Por todo lo expuesto, la acción de tutela que se examina no cumple con el
requisito general de subsidiariedad; en consecuencia, esta Sala declarará
improcedente la solicitud de amparo.
18.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE31
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
31 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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