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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04423-01

Fecha
24 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04423-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de septiembre de 2022 mediante la cual la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado declaró improcedente la presente acción de tutela. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04423-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

24 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04423-01
Accionante: ÁNGELA INÉS GARCÍA TORRES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRA
Tema: Suspensión provisional de actos administrativos por
medio de los cuales se confirma calificación
insatisfactoria y retiro de una servidora pública /
incumplimiento del requisito de subsidiariedad

Acción de tutela - sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación formulada por la accionante contra la
sentencia del 23 de septiembre de 2022 por medio de la cual la Sección
Tercera, Subsección A de esta corporación declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

La señora Ángela Inés García Torres, actuando en nombre propio,
interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Boyacá y la juez doce administrativa de oralidad del circuito de Tunja,
con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales a la
dignidad humana, vida, integridad física, igualdad, honra, trabajo,

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04423-01
Accionante: Ángela Inés García Torres

debido proceso, seguridad social, salud y mínimo vital, con fundamento
en los siguientes:
1. HECHOS

1.1. Manifestó que desde el año 2017 ocupa, en propiedad, el cargo
de profesional universitario en el Juzgado Doce Administrativo de
Oralidad de Tunja y que, además, al momento de tomar posesión del
mismo se encontraba en óptimas condiciones de salud.

1.2. Indicó que ha sido objeto de acoso laboral por parte de las
señoras Deyna Johana Beltrán González y Milena Edith Rátiva García,
quiénes se han desempeñado como jueces titulares del juzgado en
mención, razón por la cual interpuso las correspondientes quejas
disciplinarias.

1.3. Expresó que como consecuencia de la persecución de la que fue
objeto y de una alta carga laboral, sumado a la presión de las titulares
del juzgado, se le generó un estrés agudo con diagnóstico de trastorno
mixto ansiedad y depresión, el cual desencadenó, a su vez, otras
enfermedades, lo que dio lugar a la necesidad de ser atendida por
profesionales de la salud e incluso ser sometida a cirugía, aunado a que
en varias oportunidades estuvo en incapacidad médica y se vio obligada
a solicitar licencias no remuneradas.

1.4. El 8 de agosto de 2019, se rindió un informe de valoración y
seguimiento por la especialista en sicología de la IPS SALUD VITAL
INTEGRAL en el que formuló algunas recomendaciones como la
disminución de carga de trabajo y reubicación laboral.

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1.5. El 4 de mayo de 2020, la EPS SANITAS a la que se encuentra
afiliada, calificó la enfermedad como de origen laboral.

1.6. El 21 de julio de 2020, la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Boyacá emitió dictamen en primera instancia en el que
estableció como diagnóstico Trastorno de ansiedad y depresión F412.
Origen: Enfermedad laboral, decisión que fue apelada por la ARL
Positiva y en segunda instancia confirmada el 20 de enero de 2021.

1.7. Señaló que se encuentra medicada y en sesiones con
especialistas, quienes recomendaron disminución de la carga laboral y
traslado. Igualmente, afirmó que la ARL Positiva expidió las
recomendaciones médico-laborales las cuales fueron objetadas por la
juez titular del despacho.

1.8. Por lo anterior, afirmó que, en noviembre de 2019, abril y julio
de 2021 y en el 2022 solicitó el traslado justificado en su estado de
salud, teniendo en cuenta las recomendaciones de la EPS SANITAS y
de la ARL POSITIVA – IPS MUTALIS, sin que las mismas se hubieran
resuelto favorablemente, aun cuando en una primera oportunidad el
Consejo Seccional de la Judicatura de Tunja emitió concepto favorable
y recomendó el traslado, y en otras oportunidades lo negó. No
obstante, señaló que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Carrera Judicial, revocó tales decisiones y emitió concepto favorable de
traslado.

1.9. Con posterioridad, esto es, el 26 de enero de 2021, solicitó la
reubicación laboral a la Rama judicial y a la juez doce administrativa de
oralidad de Tunja, sin que la misma hubiera sido atendida, aun cuando
presuntamente la ha requerido en varias oportunidades.

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1.10. Sostuvo que la juez novena administrativa de oralidad de Tunja
expidió las resoluciones n.º 0089 del 23 de junio de 2022 y 017 del 2
de agosto del mismo año, rechazando la solicitud de traslado.

1.11. Por otro lado, indicó que mediante Resolución sin número del 10
de junio de 2022, la titular del Juzgado Doce Administrativo de Oralidad
del Circuito de Tunja calificó de forma insatisfactoria los servicios
prestados entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2021 y, en
consecuencia, ordenó el retiro de la accionante del servicio.

1.12. Inconforme con la decisión, la actora interpuso recurso de
apelación el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
a través de la Resolución n.° 110 del 8 de agosto de 2022, en la que si
bien modificó el puntaje de la calificación inicialmente otorgado por el
aludido despacho, lo cierto es que resolvió confirmar la calificación
insatisfactoria del 2021 y la orden de retiro del cargo proferida en
contra de la accionante.

1.13. No obstante lo anterior, sostuvo que el Juzgado Doce
Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja solicitó ante la
Seccional Tunja de la Oficina del Inspector del Trabajo, autorización de
retiro del servicio de la señora Ángela Inés García Torres, con el
argumento de que existe causal objetiva de retiro, en atención a lo
dispuesto en la Ley 361 de 1997.

1.14. En ese contexto, el despacho judicial en mención, por medio de
la Resolución del 11 de agosto de 2022, suspendió la ejecución de la
orden de retiro contenida en la Resolución n.° 110 del 8 de agosto de

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la misma anualidad hasta que la autoridad administrativa en materia
laboral emitiera un concepto respecto de dicho retiro.

2. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

« 1.- TUTELAR mis derechos fundamentales a la dignidad humana (art. 1), vida e
integridad física (art. 11), igualdad (art. 13), la honra (art. 21), al trabajo (art. 25), el debido
proceso (art. 29), a la implementación de herramientas para la rehabilitación e integración
social (art. 47), la seguridad social (art. 48), la salud (art. 49), así como la ley especial Ley
361 art. 26 y con ello mi fuero de protección por mi discapacidad, la estabilidad laboral, y
el mínimo vital y demás que se encuentren amenazados y/o vulnerados o pudieran ser
conculcados.

2.-Solicito respetuosamente, se ORDENE lo siguiente:

LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
ACUSADOS:

• RESOLUCIÓN No. 110 DE 08 DE AGOSTO DE 2022, EXPEDIDA POR LA SEÑORA
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, NOTIFICADA EL
10 DE AGOSTO DE 2022 MEDIANTE OFICIO 375 DEL MISMO DÍA ENVIADA A MI
CORREO INSTITUCIONAL Y VISTA EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2022, por medio de
la cual, “MODIFICÓ el ítem de Calificación integral de servicios del acto administrativo
de CALIFICACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS EMPLEADOS CON FUNCIONES
JURÍDICAS correspondiente al periodo de 2021… de la Profesional Universitaria del
Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Tunja ANGELA INÉS GARCÍA
TORRES, de 36 puntos a 50, según las motivaciones precedentes. TERCERO:
CONFIRMAR la decisión de calificación INSATISFACTORIA y la consiguiente orden de
retiro del servicio de la Profesional Universitaria ANGELA INÉS GARCÍA TORRES
adscrita al Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Tunja.”

• De la RESOLUCIÓN SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022,
NOTIFICADA EL MISMO DÍA, emitida en primera instancia por la Juez Doce
Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja.

• De la RESOLUCIÓN No. 43 DE 11 DE AGOSTO DE 2022, EMITIDA POR LA JUEZ
DOCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE TUNJA, “POR MEDIO DEL CUAL SE
SUSPENDE LA EJECUCIÓN DE UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE ORDENA
REMITIR LA HOJA DE VIDA DE UN EMPLEADO A LA OFICINA DE TRABAJO.”

3.- Salvaguardar y tutelar la cláusula de fuero de protección y estabilidad reforzada, por ser
sujeto de especial protección por debilidad manifiesta y discapacidad.

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4.- Dar aplicación al Acuerdo No. PSAA16-10618 de 2016 “Por medio del cual se
reglamenta el sistema de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de carrera de
la Rama Judicial” artículo 6°

5.- Se emita CALIFICACIÓN SATISFACTORIA, de conformidad con los argumentos y
pruebas aportadas al plenario.

6.- Dar aplicación a la Ley 1010 DE 2006, artículo 11, sobre GARANTÍAS CONTRA
ACTITUDES RETALIATORIAS, con el fin de evitar actos de represalia contra quienes
han formulado peticiones, quejas y denuncias de acoso laboral, “(…)cuando la destitución
de la víctima del acoso laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos,
correctivos y sancionatorios de esta Ley, carecerán de todo efecto cuando se profieran
dentro de los seis (6) meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad
administrativa, judicial o de control competente verifique la ocurrencia de los hechos
puestos en conocimiento.”

7.- El pago de la indemnización consagrada en la Ley 361 de 2997 art. 26, equivalente a
ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a
que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo
modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. 8.- Compulsar copias a los competentes –
en materia penal y disciplinaria - para investigar la posible incursión en la tipificación de
posibles delitos penales y conductas sancionables.»

3. INFORMES

Mediante auto del 22 de agosto de 2022, la Sección Tercera, Subsección
A de esta corporación, admitió la acción de tutela de la referencia y
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá y a la juez Doce
Administrativa de Oralidad del Circuito de Tunja como accionados y
vinculó al Ministerio de Trabajo – Oficina de Trabajo Seccional Tunja y
al Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá como terceros
interesados en las resultas del proceso. Finalmente, se abstuvo de
decretar la medida provisional solicitada.

3.1. Tribunal Administrativo de Boyacá, por conducto de su
presidente, precisó que la Resolución n.º 110 del 8 de agosto de 2022,
a través de la cual confirmó la calificación insatisfactoria de la señora
Ángela Inés García Torres en calidad de profesional universitaria, grado
16 del Juzgado Doce Administrativo de Tunja, no vulneró ningún

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derecho fundamental, debido a que se expidió como consecuencia de
la competencia legal otorgada por el artículo 171 de la Ley 270 de 1996.

Informó que se limitó a valorar las motivaciones de las actas de
seguimiento trimestral y la evaluación de los servicios del año 2021,
pues fueron los únicos argumentos relacionados con el proceso de
calificación, asimismo, que analizó todo lo concerniente a la estabilidad
reforzada de la actora según la pérdida de la capacidad laboral que
presenta; no obstante, se demostró que la titular del Juzgado Doce
Administrativo de Tunja cumplió a cabalidad con cada una de las
recomendaciones que en su momento emitió la ARL, para la recta
prestación del servicio.

Por otra parte, señaló que si bien no comparte la aplicación del artículo
26 de la Ley 361 de 1997 para el caso concreto, porque el retiro no
obedeció a la pérdida de capacidad laboral de la tutelante, lo cierto es
que la juez doce administrativa de Tunja, una vez conoció la decisión
que confirmó la calificación insatisfactoria proferida por el tribunal,
resolvió a motu proprio, a través de la Resolución n.º 43 del 11 de
agosto de 2022, suspender el efecto de las resoluciones, para contar
con el concepto del Ministerio de Trabajo, es decir, realizó una acción
que cumple con lo solicitado en la presente demanda de tutela.

Por último, señaló que, por regla general, la acción de tutela no procede
para controvertir la validez ni la legalidad de los actos administrativos,
en razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo
constitucional impone al ciudadano la carga razonable de acudir
previamente, a través de los respectivos medios de control, ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

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3.2. El Juzgado Doce Administrativo Oral de Tunja, a través de la
juez titular del despacho, indicó que la acción de tutela no era el
mecanismo idóneo respecto del acoso laboral invocado por la
accionante, razón por la cual debía declararse su improcedencia.

Informó que, con anterioridad, la actora interpuso dos tutelas ante el
Tribunal Administrativo de Boyacá bajo los radicados 2021-443 y 444-
2021 con el mismo fin, es decir, advertir el acoso laboral por parte de
dicha funcionaria; no obstante, fueron negadas tanto en primera como
en segunda instancia.

Asimismo, alegó su improcedencia, teniendo en cuenta que el
presupuesto de la subsidiaridad no se cumple, en la medida que debe
acudir a la administración de justicia, a través de los medios de control
para demandar la legalidad de los actos administrativos objeto de
censura, aunado a que no acreditó ningún perjuicio irremediable.

Lo anterior, en la medida que al suspender la ejecución del retiro del
servicio, considera que se está garantizando el trámite ante la oficina
de trabajo.

3.3. El Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare,
manifestó no haber adoptado decisión alguna, de manera directa o
indirecta, que haya incidido en la determinación de la calificación
insatisfactoria de la accionante, ni en la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, en la Resolución n.º 110 del 8
agosto de 2022, ni en lo dispuesto por la juez Doce Administrativo del
Circuito Judicial de Tunja, a través de la Resolución n°. 43 del 11 de
agosto de 2022, por medio del cual se suspendió la ejecución de unos

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actos administrativos y ordenó remitir la hoja de vida de un empleada
a la oficina de trabajo.

Bajo ese contexto, manifestó no ser competente para resolver lo
pretendido por la accionante de acuerdo con lo establecido en el artículo
101 de la Ley 270 de 1996.

3.4. El Ministerio del Trabajo solicitó ser desvinculado del trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que no transgredió los derechos fundamentales invocados
por la accionante, ni ser la entidad competente para dirimir la
controversia.

Por otra parte, puso de presente que la acción de tutela no cumple con
el requisito de subsidiariedad, puesto que la demandante dispone de
otros medios de defensa judiciales ordinarios para salvaguardar los
derechos fundamentales que considera le han sido vulnerados, tal como
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, trámite
en el que incluso puede solicitar la medida cautelar aquí deprecada.

En ese contexto, concluyó que la acción de tutela no es el mecanismo
para ventilar la suspensión de las resoluciones cuestionadas, por cuanto
dicha pretensión que debe ser debatida ante la jurisdicción contencioso
administrativo.

4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Sección Tercera, Subsección A de esta corporación mediante
sentencia del 23 de septiembre de 2022, declaró improcedente el

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amparo constitucional solicitado por la señora Ángela Inés García
Torres.

Al respecto, señaló que el presente asunto carece del presupuesto de
subsidiariedad, toda vez que la actora no agotó los mecanismos
judiciales ordinarios, idóneos y eficaces que el ordenamiento jurídico le
otorga para proteger sus derechos fundamentales.

De esta manera, contaba con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y, con éste, la posibilidad de solicitar
medidas cautelares que le permiten debatir no solo la presunción de
legalidad de los actos administrativos que son objeto de reproche y
obtener el restablecimiento de sus derechos, sino también la
oportunidad de solicitar la suspensión provisional.

Aunado a lo anterior, manifestó que no se acreditó la configuración de
un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez
constitucional como mecanismo transitorio, pues si bien la actora alegó
que se le ha causado un perjuicio al retirarla del servicio, lo cierto es
que, a partir de las respuestas allegadas por las entidades demandadas
en el trámite de la presente acción, se estableció que actualmente la
accionante se encuentra vinculada al Juzgado Doce Administrativo de
Oralidad del Circuito de Tunja, desempeñando el cargo de profesional
universitaria grado 16.

Asimismo, sostuvo que dentro del plenario no se acreditó alguna acción
u omisión que ponga en grave riesgo o afecte de manera irreversible
los derechos invocados.

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De este modo, al estar en curso el procedimiento administrativo
referente a la autorización de desvinculación de la trabajadora, iniciado
ante el Ministerio del Trabajo, no observó que existiera proximidad del
presunto daño, aspectos ineludibles para habilitar la intervención
aunque fuera transitoria del juez constitucional en asuntos que
competen a otras jurisdicciones.

Bajo esas condiciones, concluyó que no se evidenció la existencia de un
daño grave e inminente que requiera del juez constitucional la adopción
de medidas urgentes e impostergables.

5. IMPUGNACIÓN

La accionante recurrió el fallo de primera instancia, en memorial en el
que reiteró todos y cada uno de los fundamentos de hecho y de derecho
y pruebas aportadas en su momento con el escrito de tutela de la
referencia.

Asimismo, insistió en que los actos administrativos objeto de censura
transgreden los derechos fundamentales invocados, dado que, se
profirieron sin atender el procedimiento previo ante el Ministerio del
Trabajo, pese a que se trata de un despido de una servidora pública
quien padece de una enfermedad de origen laboral denominada estrés
agudo con diagnóstico de trastorno mixto ansiedad y depresión.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

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• ¿La presente solicitud de amparo es procedente para determinar
la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante
con ocasión de la expedición de las resoluciones sin número del
10 de junio de 2022 y 110 de 08 de agosto de 2022 por medio
de las cuales se dispuso su retiro del servicio; y de la Resolución
n.º 43 de 11 de agosto de 2022 a través de la cual se suspendió
la ejecución de las mismas?

2. Cuestión previa

La señora García Torres, mediante memorial radicado el 15 de
noviembre de la presente anualidad1, recusó al magistrado ponente de
la presente providencia por haber conocido de una acción de tutela
anterior interpuesta por la misma accionante, tramitada bajo el número
15001-23-33-000-2022-00463 01, solicitud que resulta improcedente
a la luz de lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, que
al efecto dispone:

«ARTICULO 39. RECUSACION. En ningún caso será procedente la recusación. El
juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del
Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar
las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario, si fuere el caso.»

Ahora, es de advertir que en el presente asunto no concurre ninguna
de las causales de impedimento previstas en el Código de
Procedimiento Penal, toda vez que en el proceso de tutela anterior que
cursó en el mismo despacho sustanciador no se cuestionaron los actos
administrativos que se piden anular en la presente demanda, y, por el

1
Ver índice 6 en la aplicación de SAMAI.

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contrario, lo que se discutió fue la solicitud de traslado o reubicación de
la demandante.

Por tanto, al no ser procedente la recusación planteada y al no concurrir
ninguna causal de impedimento que le impida a esta Sala conocer el
asunto de la referencia, se resolverá el problema jurídico planteado.

3. Fundamentos de decisión. Generalidades de la acción de
tutela

Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la carta política, la tutela
es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos
fundamentales cuando ellos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier entidad pública o de los particulares, cuya
conducta afecte grave o directamente derechos subjetivos
fundamentales.

En este orden, el numeral 1.° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991
– reglamentario de la acción de amparo -, establece dentro de las
causales de improcedencia de la tutela, “cuando existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante”.

Este presupuesto responde al carácter subsidiario de la acción de tutela,
en aras de respetar la división de competencias que la misma carta ha
delineado y el principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto,
desconocer tales atribuciones implicaría invadir a los jueces que

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recibieron el encargo constitucional de poner fin a las controversias en
una jurisdicción determinada, para lo cual, fueron revestidos de
autonomía e independencia.

De igual forma, estos dispositivos normativos han sido interpretados y
desarrollados por la Corte Constitucional2, destacando que no basta con
la mera existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
determinar la improcedencia de la tutela, sino que el juez debe valorar
la idoneidad y la eficacia del mismo en el caso concreto, sin que ello
implique el desconocimiento de la prevalencia y validez de los medios
ordinarios de protección judicial como instrumentos legítimos para la
salvaguarda de los derechos.

Así, con miras a obtener la protección de sus derechos, los ciudadanos
se encuentran obligados a acudir en primer lugar y de manera
preferente a los mecanismos ordinarios, cuando ellos se presenten
como conducentes para conferir una eficaz protección constitucional, y
sólo en caso de que dichos mecanismos carezcan de idoneidad o
eficacia, es que procedería la acción de tutela para su protección. En
este sentido, se ha dicho que “[p]ara determinar la concurrencia de
estas dos características, deben examinarse los planteamientos fácticos
de cada caso y establecerse (i) si la utilización del medio o recurso de
defensa judicial existente tiene por virtud ofrecer la misma protección
que se lograría a través de la acción de tutela (ii) si es posible hallar
circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya
promovido los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance (iii) si la
persona que solicita el amparo es un sujeto de especial protección

2
Se trae a colación lo señalado en la Sentencia T-641 de 2013.

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constitucional, y por lo tanto su situación requiere de particular
consideración”3.

Una segunda excepción a la regla de subsidiariedad que rige la acción
de tutela es que se presente un perjuicio irremediable que afecte los
derechos fundamentales de quien invoca su protección, y que por lo
mismo se haga necesario que el juez constitucional actúe de manera
inmediata, caso en el cual la tutela deberá concederse como mecanismo
transitorio4. Frente a la ocurrencia del perjuicio irremediable y su
relación con la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
transitorio ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional:

«Entratándose del amparo constitucional como mecanismo transitorio, el perjuicio
irremediable exigido se refiere a “un grave e inminente detrimento de un derecho
fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicación inmediata e
impostergables” que neutralicen, cuando ello sea posible, la violación del derecho. En caso
de darse un perjuicio de tal naturaleza, es razonable la protección excepcional por vía de
tutela de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, por lo que aún ante la
existencia de mecanismos de defensa alternativos, la acción de tutela resulta ser
impostergable, con el fin de asegurar su preeminencia constitucional y la eficacia de los
derechos fundamentales. Las características propias del perjuicio irremediable, ha sido
descritas así:

1. Inminencia en la amenaza, deben existir evidencias fácticas de la amenaza real en un
corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no
una mera conjetura hipotética.

2. Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes,
existe una relación directa entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace
relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta
proporcionada en la prontitud.

3. No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. No se
trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de
gran significación para la persona, objetivamente, es decir, la gravedad debe ser

3
Sentencia T-1054 de 2010.
4
Así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación en sentencia T-972 de 2005 y en la Sentencia
T-229 de 2006, entre muchas otras.

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Accionante: Ángela Inés García Torres

determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces
inconveniente.

Se puede concluir que la acción de tutela procede cuando de continuar las circunstancias de
hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de
un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e
impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio»5.

De otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha hecho
referencia al tema de la procedibilidad de la tutela contra los actos
administrativos, destacando como regla general que no es la sede
adecuada para controvertirlos, puesto que son los procedimientos de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los escenarios naturales
para la discusión sobre ellos6.

De esta manera entonces, la tutela es improcedente para debatir
asuntos propios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyo
objeto se encuentra plenamente definido en el artículo 104 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
que le otorga la potestad de conocer “además de lo dispuesto en la
Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios
originado en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos
al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades
públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa…”.

Así, dentro del amplio radio de acción otorgado en virtud de la ley a la
jurisdicción, se encuentra instituido en el artículo 138 ibidem, el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a través del
cual, “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad
del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le

5
Sentencia T-227 de 2010.
6
Ver entre otras las sentencias T-600 de 2002, T- 771 de 2004 y T-199 de 2008.

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restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
(…)”.

Lo anterior, desde luego, con plena observancia del término de
caducidad dispuesto en el artículo 164 ibidem, que indica que “d)
Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la
demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las
excepciones establecidas en otras disposiciones legales”.

4. Caso concreto

En el asunto bajo estudio, la accionante, reprocha las resoluciones sin
número del 10 de junio de 2022 y la n°. 110 de 8 de agosto de 2022
por medio de las cuales se dispuso su retiro del servicio y de la
Resolución nº. 43 de 11 de agosto de 2022, a través de la cual se
suspendió dicha decisión, por cuanto estima que transgreden los
derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela.

Por su parte, la Sección Tercera, Subsección A de esta corporación
mediante sentencia del 23 de septiembre de 2022, declaró
improcedente la presente acción de tutela por no acreditarse el
requisito de subsidiariedad.

Lo anterior, dado que, en sentir del a quo la actora no agotó los
mecanismos judiciales ordinarios para debatir no solo la presunción de
legalidad de los actos administrativos que son objeto de reproche y
obtener el restablecimiento de sus derechos, a través del medio de

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control de nulidad y restablecimiento del derecho, sino también para
solicitar la suspensión provisional aquí deprecada.

En el escrito de impugnación, la accionante insistió en que los actos
administrativos objeto de censura transgreden los derechos
fundamentales invocados, dado que, se profirieron sin atender el
procedimiento previo ante el Ministerio del Trabajo, pese a que se trata
de un despido de una servidora pública quien padece de una
enfermedad de origen laboral.

En esa medida, le corresponde a la Sala establecer si la causal de
improcedencia de la acción de tutela por existencia de otros
mecanismos de defensa al alcance de la accionante debe ceder de
manera excepcional ante la existencia de la enfermedad de origen
laboral o si, contrario sensu, debe ser confirmada la providencia
recurrida.

Del material probatorio allegado al plenario se tiene que la accionante
actualmente padece un “Trastorno mixto de ansiedad y depresión” el
cual fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Boyacá el 21 de julio de 2021 y confirmado por la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez 20 de enero de 2021, enfermedad que ha
venido tratando a través de medicamentos y sesiones con especialistas.

Según el formato de calificación integral de servicios, expedido el 10 de
junio de 20227 por la titular del Juzgado Doce Administrativo Oral del
Circuito de Tunja la actora fue calificada entre el 1° de enero al 31 de
diciembre de 2021, con 36 puntos, es decir, de manera insatisfactoria.

7
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Inconforme con la decisión, la accionante presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Boyacá
por medio de la Resolución 110 del 8 de agosto de 20228, en la que si
bien dispuso modificar el puntaje y en consecuencia elevarlo a 50, lo
cierto es que al encontrarse por debajo de los 59 determinó que seguía
siendo insatisfactorio, razón por la cual resolvió confirmar la decisión
de calificación y por ende la orden de retiro de la señora García Torres,
en los siguientes términos:

«(…)
Totales: Factor Calidad: 21
Factor Rendimiento: 21
Factor Organización: 8
Factor Publicación: 0
Resultado Final: 50 142.

En consecuencia, la calificación de servicios del año 2021 será modificada en los ítems
antes explicados, existiendo una variación del puntaje final que inicialmente se había
otorgado de 36 puntos a 50 puntos, puntaje que en todo caso se encuentra por debajo de
los 59, puntos manteniéndose en el rango que determina su carácter de insatisfactoria, tal
como se evidencia en el siguiente cuadro:

Factor Máximo Calificación Calificación
puntos asignada por la modificada por el
Juez evaluadora Tribunal
Administrativo de
Boyacá
Calidad 42 21 21
Eficiencia o 45 9 21
rendimiento
Organización de 12 6 8
trabajo
Publicaciones 1 0 0
Total 100 36 50

(…)

R E S U E L V E:

PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento administrativo manifestado por el
Magistrado José Ascención Fernández Osorio, de acuerdo a lo antes expuesto.

8
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Accionante: Ángela Inés García Torres

SEGUNDO: MODIFICAR el ítem de Calificación integral de servicios del acto
administrativo de CALIFICACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS EMPLEADOS CON
FUNCIONES JURÍDICAS correspondiente al periodo de 2021 de la Profesional
Universitaria del Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Tunja ANGELA
INÉS GARCÍA TORRES, de 36 puntos a 50, según las motivaciones precedentes.

TERCERO: CONFIRMAR la decisión de calificación INSATISFACTORIA y la
consiguiente orden de retiro del servicio de la Profesional Universitaria ANGELA INÉS
GARCÍA TORRES adscrita al Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de
Tunja, de acuerdo a lo expuesto
(…)»

No obstante lo anterior, mediante la Resolución 43 del 11 de agosto de
20229 suscrita por la juez doce administrativa oral de Tunja, resolvió
suspender la ejecución de la decisión contenida en la Resolución 110
del 8 de agosto de 2022 y en consecuencia “solicitar a la Oficina de
Trabajo, Seccional Tunja, autorización de retiro del servicio de la
Profesional Universitaria ANGELA INÉS GARCÍA TORRES adscrita al
Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, conforme lo
dispone el artículo 26 y concordantes de la Ley 361 de 1997, en la
medida que existe causal objetiva de retiro” por las siguientes
consideraciones:

« (…)
Que el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante Resolución No. 110 del 8 de agosto
de 2022, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la profesional Universitaria del
Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, Ángela Inés García Torres,
en contra de la calificación integral de servicios 2021, emitida el 10 de junio de 2022 por
la suscrita juez, en calidad de nominadora.

Que la decisión adoptada fue “MODIFICAR el ítem de Calificación integral de servicios
del acto administrativo de CALIFICACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS EMPLEADOS
CON FUNCIONES JURÍDICAS correspondiente al periodo de 2021 de la Profesional
Universitaria del Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Tunja ANGELA
INÉS GARCÍA TORRES, de 36 puntos a 50, según las motivaciones precedentes”, y
como consecuencia de lo anterior, se CONFIRMO la decisión de calificación
INSATISFACTORIA y la consiguiente orden de retiro del servicio de la Profesional
Universitaria ANGELA INÉS GARCÍA TORRES adscrita al Juzgado Doce
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, de acuerdo a lo expuesto.

9
Ver índice 6 dentro del proceso con radicado No. 11001-03-15-000-2022-04423-00.

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Que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 dispone que ninguna persona “en situación de
discapacidad” podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad,
salvo que medie autorización de la oficina de trabajo.

Que en la hoja de vida de la señora Ángela Inés García Torres, reposa constancia de la
Junta de Calificación de Invalidez Nacional en la que se determina un diagnóstico en salud
de “depresión y ansiedad” por origen laboral, y con pérdida de capacidad laboral
establecida en 18.02%, además de tener recomendaciones médico laborales a surtir dentro
del cargo que ejerce.

Que, en la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, se consolida la causal objetiva
de despido, siendo necesario a continuación, solicitar la autorización exigida en la norma
precitada, y, por tanto, la ejecución de las órdenes emanadas, deberán quedar suspendidas,
hasta tanto, se conozca el concepto de la autoridad del trabajo. Por lo anteriormente
expuesto, el Juzgado Doce Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDASE LA EJECUCIÓN de la Resolución No. 110 del
8 de agosto de 2022 emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que CONFIRMO
la decisión de calificación INSATISFACTORIA y la consiguiente orden de retiro del
servicio de la Profesional Universitaria ANGELA INÉS GARCÍA TORRES adscrita al
Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, de acuerdo a lo expuesto, y
en consecuencia, el acto de calificación integral de servicio emitido el 10 de junio de 2022
por la juez titular, hasta tanto, se conozca el concepto de la autoridad del trabajo.

ARTICULO SEGUNDO: SOLICITESE a la Oficina de Trabajo, Seccional Tunja,
autorización de retiro del servicio de la Profesional Universitaria ANGELA INÉS
GARCÍA TORRES adscrita al Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de
Tunja, conforme lo dispone el artículo 26 y concordantes de la Ley 361 de 1997, en la
medida que existe causal objetiva de retiro.

ARTICULO TERCERO: Por Secretaría, remítase la hoja de vida de la Profesional
Universitaria ANGELA INÉS GARCÍA TORRES adscrita al Juzgado Doce
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja a la Oficina de Trabajo, Seccional Tunja,
incluida los actos de calificación de primera y segunda instancia, para que se surta el
trámite que corresponda.»

Por lo expuesto, considera la Sala que es el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho el escenario propicio para evaluar a
profundidad si los actos administrativos contenidos en las resoluciones
sin número del 10 de junio de 2022 y la n°. 110 de 08 de agosto de
2022 por medio de las cuales se dispuso el retiro del servicio de la
demandante y la Resolución n.º 43 de 11 de agosto de 2022, a través
de la cual se suspendió dicha decisión, adolecen de alguna causal de
nulidad o si, por el contrario, conservan la presunción de legalidad.

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Es menester señalar que, en el asunto bajo estudio no se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable que haga necesaria la
intervención del juez constitucional, en tanto, se demostró que la
accionante aún se encuentra vinculada al Juzgado Doce Administrativo
Oral del Circuito de Tunja y que además está en curso un proceso ante
la Oficina de Trabajo, Seccional Tunja.

Por otra parte, considera la Sala que no hay lugar a declarar la
temeridad, en esta sede judicial, puesto que las resoluciones aquí
recurridas no habían sido cuestionadas en los procesos 15001-23-33-
000-2022-00463 01 y 15001-23-33-000-2021-00444-00, lo que torna
diferente la presente acción de tutela.

Así las cosas, la Sala confirmará el fallo de primera instancia que
declaró improcedente la presente acción de tutela, puesto que este
mecanismo, dado su carácter subsidiario y residual, no es el medio
idóneo para sustituir los mecanismos de defensa previstos en el
ordenamiento jurídico, pues de lo contrario, propiciaría un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la
carta política a los jueces constitucionales.

III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

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FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de septiembre de 2022
mediante la cual la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado declaró improcedente la presente
acción de tutela.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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