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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2022-00463-01

Fecha
15 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2022-00463-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de agosto de 2022 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró improcedente la presente acción de tutela. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 15001-23-33-000-2022-00463-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

15 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 15001-23-33-000-2022-00463 01
Accionante: ÁNGELA INÉS GARCÍA TORRES
Accionado: RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – CONSEJO SECCIONAL
DE LA JUDICATURA DE BOYACÁ Y JUECES NOVENO Y
DOCE ADMINISTRATIVOS DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE TUNJA
Tema: REUBICACIÓN Y TRASLADO LABORAL

Acción de tutela - sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación formulada por la accionante contra la
sentencia del 23 de agosto de 2022 mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Boyacá declaró improcedente la acción de tutela de
la referencia.

I. ANTECEDENTES

La señora Ángela Inés García Torres, actuando en nombre propio,
interpuso acción de tutela en contra de la Rama Judicial, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Boyacá y los jueces Noveno y Doce Administrativos de
Oralidad del Circuito Judicial de Tunja, con el fin de obtener la
protección de los derechos fundamentales a la salud, dignidad humana,

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ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 15001-23-33-000-2022-00463 01
Ac c i o n a n t e : Án g e l a I n é s G a r c í a T o r r e s

petición y demás que se encuentren amenazados o vulnerados, con
fundamento en los siguientes:

1. HECHOS

1.1 Indicó que desde el año 2017 ocupa en propiedad el cargo de
profesional universitario en el Juzgado Doce Administrativo de
Oralidad de Tunja, y que además, al momento de tomar posesión
del mismo se encontraba en óptimas condiciones de salud.

1.2 Manifestó que ha sido objeto de acoso laboral por parte de las
señoras Deyna Johana Beltrán González y Milena Edith Rátiva
García quiénes se han desempeñado como jueces titulares del
juzgado en mención, razón por la cual interpuso las
correspondientes quejas disciplinarias.

1.3 Señaló que fue evaluada con calificación integral insuficiente en
el 2018, 2019 y 2021; no obstante, en dos oportunidades el
Tribunal Administrativo de Boyacá revocó dichas calificaciones.

1.4 Expresó que como consecuencia de la persecución de la que fue
objeto y de una alta carga laboral, sumado a la presión de las
titulares del juzgado, se le generó un estrés agudo con
diagnóstico de trastorno mixto ansiedad y depresión, el cual
desencadenó, a su vez, otras enfermedades, lo que dio lugar a la
necesidad de ser atendida por profesionales de la salud e incluso
ser sometida a cirugía, aunado a que en varias oportunidades
estuvo en incapacidad médica y se vio obligada a solicitar
licencias no remuneradas.

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1.5 El 8 de agosto de 2019, se rindió un informe de valoración y
seguimiento por la especialista en sicología de la IPS SALUD
VITAL INTEGRAL en el que formuló algunas recomendaciones.

1.6 El 4 de mayo de 2020, la EPS SANITAS a la que se encuentra
afiliada, calificó la enfermedad como de origen laboral.

1.7 El 21 de julio de 2020, la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Boyacá emitió dictamen en primera instancia en el
que estableció como diagnóstico Trastorno de ansiedad y
depresión F412. Origen: Enfermedad laboral, decisión que fue
apelada por la ARL Positiva y en segunda instancia confirmada el
20 de enero de 2021.

1.8 Señaló que se encuentra medicada y en sesiones con
especialistas, quienes recomendaron disminución de la carga
laboral y traslado. Igualmente, afirmó que la ARL Positiva expidió
las recomendaciones médico laborales las cuales fueron
objetadas por la juez titular del despacho.

1.9 Por lo anterior, afirmó que, en noviembre de 2019, abril y julio
de 2021 y en el 2022 solicitó el traslado justificado en su estado
de salud, teniendo en cuenta las recomendaciones de la EPS
SANITAS y de la ARL POSITIVA – IPS MUTALIS, sin que las
mismas se hubieran resuelto favorablemente, aun cuando en una
primera oportunidad el Consejo Seccional de la Judicatura de
Tunja emitió concepto favorable y recomendó el traslado, y en
otras oportunidades lo negó. No obstante, señaló que el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial, revocó
tales decisiones y emitió concepto favorable de traslado.

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1.10 Con posterioridad, esto es, el 26 de enero de 2021, solicitó la
reubicación laboral a la Rama judicial y a la juez doce
administrativa de oralidad de Tunja, sin que la misma hubiera
sido atendida, aun cuando presuntamente la ha requerido en
varias oportunidades.

1.11 Sostuvo que la juez novena administrativa de oralidad de Tunja
expidió las resoluciones n.º 0089 del 23 de junio de 2022 y 017
del 2 de agosto del mismo año, rechazando la solicitud de
traslado.

1.12 Finalmente, insistió en que han sido elevadas las solicitudes de
traslado y/o reubicación laboral pero las accionadas han omitido
dar respuesta de fondo, y lo que hacen es remitírselas entre sí.

2. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«1.- TUTELAR mis derechos a la vida, salud, dignidad humana, petición, y demás que se
encuentren amenazados y/o vulnerados o pudieran ser conculcados.

2.-Solicito respetuosamente, se ORDENE a las accionadas RAMA JUDICIAL –
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA – JUECES NOVENO Y DOCE
ADMINISTRATIVOS DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA, ordenar mi
TRASLADO o mi REUBICACIÓN LABORAL, toda vez que se cumplieron los requisitos
legales.»

3. INFORMES

Mediante auto del 9 de agosto de 2022 el Tribunal Administrativo de
Boyacá admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a
la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Jueces Noveno y Doce

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administrativos de oralidad del circuito judicial de Tunja. Asimismo,
requirió al Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Tunja para que presentara informe de cada una de las actuaciones
desplegadas, así como también copia del expediente administrativo
adelantado al interior del proceso que dio lugar a la expedición de la
Resolución n.º 017 del 2 de agosto de 2022; se abstuvo de decretar la
medida provisional solicitada y vinculó como coadyuvante al señor
Pedro Alejandro Otálora Guerrero.

3.1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare
solicitó la declaratoria de ausencia de vulneración de algún derecho
fundamental de la accionante por parte de la entidad, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

Lo anterior, dado que si bien la actora había elevado varias peticiones
de traslado y reubicación, lo cierto era que, en virtud de las funciones
legales encomendadas al Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá
y Casanare, se habían remitido las peticiones de reubicación por
competencia al COSPASTT y, en cuanto a las de traslado, estas fueron
tramitadas en su totalidad por la entidad.

Ahora, en relación con la última solicitud de traslado por salud
presentada por la actora el 8 de febrero de 2022, fue resuelta
desfavorablemente por la entidad mediante Oficio CSJBOYO22-748 del
25 de febrero de 2022, al estimar que no se aportó certificación médica
en la que se recomiende el traslado por la imposibilidad de continuar
desempeñando el actual, conforme lo establece el artículo 9.º del
Acuerdo PCSJA17-10754, decisión que fue revocada por el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
por medio de la Resolución n.º CJR22-0099 del 26 de abril de 2022.

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En ese orden, mediante oficio CSJBOYO22-1834 del 3 de junio del
presente año, remitió al Juzgado Noveno Administrativo de Tunja lista
de elegibles y traslado de profesional universitario grado 16,
relacionando el concepto favorable emitido por el Consejo Superior de
la Judicatura; sin embargo, el despacho en mención puso en
conocimiento que mediante resolución n.º 009 del 23 de junio de 2022
nombró en propiedad como profesional universitario a Pedro Alejandro
Otálora Guerrero, decisión que fue confirmada mediante la Resolución
n.º 017 del 2 de agosto del año en curso.

Así las cosas, aseguró que, en el marco de sus competencias, expidió
los correspondientes conceptos y los remitió a la juez titular para que
ella, a su vez, como nominadora y titular del despacho, realizara el
análisis y se pronunciara al respecto.

3.2. El Juzgado Noveno Administrativo Oral de Tunja, por medio
de la juez titular del despacho judicial, expresó que mediante la
Resolución n.º 009 del 23 de junio de 2022 y de conformidad con el
artículo 131 de la Ley 270 de 1996 procedió a nombrar al primero que
conformaba la lista de elegibles con base en el Acuerdo n.º CSJBOYA22
– 151 del 4 de marzo de 2022, esto es, al señor Pedro Alejandro Otálora
Guerrero, tras haber realizado un análisis comparativo entre él y la
actora, toda vez que tanto en la calificación de servicios de los años
anteriores como en el puntaje obtenido en el registro seccional de
elegibles del concurso de méritos, el señor Otálora Guerrero obtuvo una
puntación superior a la accionante, decisión que se ajustaba a razones
objetivas, en virtud de dar preponderancia al mérito, principio que
orienta la carrera administrativa, conforme lo establece el artículo 125
de la Constitución Política.

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A su vez, informó que el 8 de agosto del año en curso el señor Pedro
Alejandro Otálora Guerrero tomó posesión en el cargo de profesional
universitario grado 16.

Señaló que enfrenta una situación de salud que repercute en el
desarrollo normal de las funciones judiciales y que en muchas ocasiones
son solventadas por el equipo de trabajo, circunstancia por la que
consideró que acceder a la solicitud de traslado de la actora en lugar
de favorecerles podría empeorar la situación de ambas, viéndose
afectado su derecho a laborar en condiciones dignas, por lo que
además, para el equipo de trabajo del despacho, tener dos personas en
condiciones de enfermedad laboral podría generar una sobrecarga
adicional.

Por otra parte, manifestó que la acción de tutela era improcedente
porque no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que
existe el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
como mecanismo de defensa ordinario ante la jurisdicción contencioso
administrativo para dirimir este tipo de conflictos, en el cual se pueden
solicitar medidas cautelares de carácter ordinario; máxime cuando en
el asunto bajo estudio no se acreditó perjuicio irremediable alguno en
relación con la decisión de no aceptar el traslado.

3.3. El Juzgado Doce Administrativo Oral de Tunja, a través de la
juez titular del despacho, indicó que la acción de tutela no era el
mecanismo idóneo respecto del acoso laboral invocado por la
accionante, razón por la cual debía declararse su improcedencia.

Informó que, con anterioridad, la actora interpuso dos tutelas ante el
Tribunal Administrativo de Boyacá bajo los radicados 2021-443 y 444-
2021 con el mismo fin, es decir, advertir el acoso laboral por parte de

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dicha funcionaria; no obstante, fueron negadas tanto en primera como
en segunda instancia.

De otra parte, manifestó que el mecanismo constitucional debía
negarse igualmente, toda vez que no tiene la competencia para
resolver la solicitud de reubicación laboral pretendida por la actora, por
lo tanto fue remitida al competente.

Asimismo, alegó su improcedencia, teniendo en cuenta que existen
actos administrativos que se encuentran en firme, por lo que el
presupuesto de la subsidiaridad no se cumple, en la medida que debe
acudir a la administración de justicia, a través de los medios de control
para demandar la legalidad del mismo, aunado a que no acreditó
ningún perjuicio irremediable.

3.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Tunja,
indicó que, en relación con la pretensión del traslado solicitada por la
actora, la competencia radica en el Consejo Seccional de la Judicatura
de Boyacá y Casanare.

En cuanto a la pretensión de reubicación laboral, la cual se indica
solicitó mediante el radicado n.º EXTDESAJTU21-415, adujo que,
contrario a lo afirmado por la actora, se dio respuesta mediante Oficio
n.º DESAJTUO21-1529 del 4 de junio de 2021, en que le informó a la
accionante que debía radicar la petición ante la entidad competente.

Finalmente, expresó que dio cumplimiento a lo ordenado por la ley y
ha efectuado las acciones que le corresponden, para propender al
bienestar de la servidora judicial, ello, en atención a lo dispuesto en las
acciones de tutela con radicados n.º 15001-23-33-000-2021-00444-
00; 15001-33-33-014-2021-00067-00 y 15001-23-33-000-2021-

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00443-00, las cuales fueron instauradas por la accionante en contra de
las mismas accionadas.

3.5. El señor Pedro Alejandro Otálora Guerrero manifestó que,
mediante la Resolución n.º 009 del 23 de junio de 2022, fue nombrado
como profesional universitario en carrera en el Juzgado Noveno
Administrativo de Tunja, la cual, tras haber sido recurrida por la
accionante, fue confirmada por medio de la Resolución n.º 017 del 2 de
agosto del año en curso.

Indicó que la acción de tutela es improcedente por no cumplir el
requisito de subsidiariedad, pues en efecto la misma va dirigida contra
la decisión tomada por la titular del Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Tunja al rechazar el traslado solicitado y nombrarlo en el
cargo vacante, decisión contenida en un acto administrativo que podría
ser objeto del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 de la ley 1437 de 2011.

En torno al perjuicio irremediable, expresó que se debía evaluar la
orden de traslado de la accionante al Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito de Tunja, comoquiera que se podrían afectar los derechos
de terceras personas, es decir, de la titular del despacho quién sufría
una enfermedad de origen laboral, o sus derechos de carrera.

4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia del 23 de
agosto de 2022, declaró improcedente el amparo constitucional
solicitado por la señora Ángela Inés García Torres.

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Al respecto, señaló que mediante fallo proferido el 15 de junio de 2021
al interior de la acción de tutela con radicación n.º 15001-23-33-000-
2021-00443-00, instaurada por la accionante en contra de la Rama
Judicial, la ARL positiva, el Juzgado Doce administrativo de Tunja y el
Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, este último como
vinculado, se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso
y de petición y, en consecuencia, ordenó a las accionadas informar a la
señora García Torres lo ocurrido con la expedición de las
recomendaciones laborales del 15 de febrero de 2021 y, a su vez,
brindar respuesta congruente a las peticiones de reubicación laboral
elevadas por la actora.

En ese sentido, indicó que si bien no había lugar a declarar la temeridad
de la accionante, en razón a que no se comprobó identidad de partes,
identidad en la causa petendi e identidad en el objeto entre la acción
de tutela de la referencia y la que tenía como radicado 2021-443, lo
cierto era que sí había lugar a declarar la improcedencia de la acción
en relación con la pretensión de ordenar a las accionadas resolver la
solicitud de reubicación laboral que, según informa la actora, a la fecha
no había sido resuelta, ello, por desconocimiento del principio de
subsidiariedad, comoquiera que frente a esa pretensión existía un
pronunciamiento previo que las accionadas debían acatar so pena de
incurrir en desacato por incumplimiento de una orden judicial.

Con relación al traslado, dispuso que analizadas las pruebas aportadas
al expediente, no cumplía con el requisito de subsidiariedad, dado que
la actora disponía de otros mecanismos de defensa de carácter judicial
contemplados en el CPACA para demandar la legalidad de las
resoluciones n.º 009 del 23 de junio y 017 del 2 de agosto del año en
curso, por medio de las cuales no se acogió la solicitud del traslado y
se designó al señor Pedro Alejandro Otálora Guerrero en el cargo de

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profesional universitario en propiedad del Juzgado Noveno
Administrativo de Tunja, quien ocupó el primer lugar en la lista de
elegibles y a su vez se nombró atendiendo a los factores objetivos, con
la debida comparación de la evaluación de servicios y los resultados
obtenidos en los concursos públicos para acceso a la Rama Judicial,
superando en ambos factores a la accionante.

Aunado a lo anterior, sostuvo que no acoger el traslado se debió
también a la condición de salud que enfrenta la titular del Juzgado
Noveno Administrativo de Tunja, el cual era conocido por el tribunal.

Bajo esas condiciones, estimó que no se acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que tal y como lo consideró
el juez de tutela que profirió la sentencia dentro del radicado No. 2021-
443-00, «la condición de la salud de la actora hace que se pueda
adelantar de manera regular el procedimiento para solicitar el traslado
conforme lo ha establecido el referido acuerdo del Consejo Superior de
la Judicatura, en la medida que, según lo determinado por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá, la pérdida de capacidad
laboral es del 18%, así como las recomendaciones laborales expedidas
por la ARL, no ameritan la intervención del juez de tutela en tal
sentido», circunstancias fácticas que no habían variado.

Por lo expuesto, concluyó, respecto a la solicitud de reubicación laboral,
que existía un pronunciamiento judicial previo frente al cual, en caso
de incumplimiento, la accionante contaba con otro medio de defensa
judicial, esto es, el incidente desacato; y en cuanto a la petición del
traslado, al ser la presunta vulneración proveniente de los actos
administrativos contenidos en las resoluciones n.º 009 del 23 de junio
y 017 del 2 de agosto del año en curso, existían otros medios de control
contemplados en el CPACA.

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5. IMPUGNACIÓN

La accionante recurrió el fallo de primera instancia, en memorial en el
que reiteró todos y cada uno de los fundamentos de hecho y de derecho
y pruebas aportadas en su momento con el escrito de tutela de la
referencia.

En esa medida, solicitó sean valoradas y se profiera lo que en derecho
corresponda, y no se transgreda su derecho al acceso de la
administración de justicia, toda vez que la improcedencia declarada en
primera instancia desconoce que padece de una enfermedad de origen
laboral profesional que la convierte en un sujeto de protección
constitucional, al encontrarse en estado de indefensión.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿La presente solicitud de amparo es procedente para determinar
la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante
con ocasión de la expedición de las resoluciones n.º 0089 del 23
de junio de 2022 y 017 del 2 de agosto del mismo año mediante
las cuales la juez novena administrativa de Tunja le negó el
traslado a dicho despacho?

2. Fundamentos de decisión. Generalidades de la acción de
tutela

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Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta Política, la tutela
es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos
fundamentales cuando ellos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier entidad pública o de los particulares, cuya
conducta afecte grave o directamente derechos subjetivos
fundamentales.

En este orden, el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991
– reglamentario de la acción de amparo -, establece dentro de las
causales de improcedencia de la tutela, “cuando existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante”.

Este presupuesto responde al carácter subsidiario de la acción de tutela,
en aras de respetar la división de competencias que la misma Carta ha
delineado y el principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto,
desconocer tales atribuciones implicaría invadir a los jueces que
recibieron el encargo constitucional de poner fin a las controversias en
una jurisdicción determinada, para lo cual, fueron revestidos de
autonomía e independencia.

De igual forma, estos dispositivos normativos han sido interpretados y
desarrollados por la Corte Constitucional1, destacando que no basta con
la mera existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
determinar la improcedencia de la tutela, sino que el juez debe valorar
la idoneidad y la eficacia del mismo en el caso concreto, sin que ello

1
Se trae a colación lo señalado en la Sentencia T-641 de 2013.

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implique el desconocimiento de la prevalencia y validez de los medios
ordinarios de protección judicial como instrumentos legítimos para la
salvaguarda de los derechos.

Así, con miras a obtener la protección de sus derechos, los ciudadanos
se encuentran obligados a acudir en primer lugar y de manera
preferente a los mecanismos ordinarios, cuando ellos se presenten
como conducentes para conferir una eficaz protección constitucional, y
sólo en caso de que dichos mecanismos carezcan de idoneidad o
eficacia, es que procedería la acción de tutela para su protección. En
este sentido, se ha dicho que “[p]ara determinar la concurrencia de
estas dos características, deben examinarse los planteamientos fácticos
de cada caso y establecerse (i) si la utilización del medio o recurso de
defensa judicial existente tiene por virtud ofrecer la misma protección
que se lograría a través de la acción de tutela (ii) si es posible hallar
circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya
promovido los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance (iii) si la
persona que solicita el amparo es un sujeto de especial protección
constitucional, y por lo tanto su situación requiere de particular
consideración”2.

Una segunda excepción a la regla de subsidiariedad que rige la acción
de tutela es que se presente un perjuicio irremediable que afecte los
derechos fundamentales de quien invoca su protección, y que por lo
mismo se haga necesario que el juez constitucional actúe de manera
inmediata, caso en el cual la tutela deberá concederse como mecanismo
transitorio3. Frente a la ocurrencia del perjuicio irremediable y su
relación con la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
transitorio ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional:

2
Sentencia T-1054 de 2010.
3
Así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación en sentencia T-972 de 2005 y en la Sentencia
T-229 de 2006, entre muchas otras.

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ACCIÓN DE TUTEL A
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«Entratándose del amparo constitucional como mecanismo transitorio, el perjuicio
irremediable exigido se refiere a “un grave e inminente detrimento de un derecho
fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicación inmediata e
impostergables” que neutralicen, cuando ello sea posible, la violación del derecho. En caso
de darse un perjuicio de tal naturaleza, es razonable la protección excepcional por vía de
tutela de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, por lo que aún ante la
existencia de mecanismos de defensa alternativos, la acción de tutela resulta ser
impostergable, con el fin de asegurar su preeminencia constitucional y la eficacia de los
derechos fundamentales. Las características propias del perjuicio irremediable, ha sido
descritas así:

1. Inminencia en la amenaza, deben existir evidencias fácticas de la amenaza real en un
corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no
una mera conjetura hipotética.

2. Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes,
existe una relación directa entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace
relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta
proporcionada en la prontitud.

3. No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. No se
trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de
gran significación para la persona, objetivamente, es decir, la gravedad debe ser
determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces
inconveniente.

Se puede concluir que la acción de tutela procede cuando de continuar las circunstancias de
hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de
un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e
impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio»4.

De otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha hecho
referencia al tema de la procedibilidad de la tutela contra los actos
administrativos, destacando como regla general que no es la sede
adecuada para controvertirlos, puesto que son los procedimientos de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los escenarios naturales
para la discusión sobre ellos5.

4
Sentencia T-227 de 2010.
5
Ver entre otras las sentencias T-600 de 2002, T- 771 de 2004 y T-199 de 2008.

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De esta manera entonces, la tutela es improcedente para debatir
asuntos propios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyo
objeto se encuentra plenamente definido en el artículo 104 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
que le otorga la potestad de conocer “además de lo dispuesto en la
Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios
originado en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos
al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades
públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa…”.

Así, dentro del amplio radio de acción otorgado en virtud de la ley a la
jurisdicción, se encuentra instituido en el artículo 138 ibidem, el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a través del
cual, “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad
del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
(…)”.

Lo anterior, desde luego, con plena observancia del término de
caducidad dispuesto en el artículo 164 ibidem, que indica que “d)
Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la
demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las
excepciones establecidas en otras disposiciones legales”.

3. Caso concreto

En el asunto bajo estudio, la accionante, quien se desempeña como
profesional universitario en propiedad en el Juzgado Doce

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Administrativo Oral del Circuito de Tunja, solicita traslado o reubicación
laboral, por cuanto estima que cumple con los requisitos legales para
ello, pues padece de una enfermedad de origen laboral profesional.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia
del 23 de agosto de 2022, declaró improcedente la presente acción de
tutela por no acreditarse el requisito de subsidiariedad.

Lo anterior, dado que, respecto a la solicitud de reubicación laboral,
existe un pronunciamiento previo por un juez constitucional, frente al
cual en caso de incumplimiento la accionante cuenta con otro medio de
defensa judicial, esto es, el incidente desacato; y en cuanto a la petición
del traslado al ser la presunta vulneración proveniente de los actos
administrativos contenidos en las resoluciones n.º 009 del 23 de junio
y 017 del 2 de agosto del año en curso, consideró que existían otros
medios de control contemplados en el CPACA.

En el escrito de impugnación, la accionante insistió en que es sujeto de
protección constitucional, toda vez que se encuentra en estado de
indefensión, por una enfermedad de origen laboral.

Bajo ese contexto, le corresponde a la Sala establecer si la causal de
improcedencia de la acción de tutela por existencia de otros
mecanismos de defensa al alcance de la accionante debe ceder de
manera excepcional ante la existencia de la enfermedad de origen
laboral o si, contrario sensu, debe ser confirmada la providencia
recurrida.

Al respecto, es menester aclarar que no existe duda en el plenario de
que la accionante actualmente padece un “Trastorno mixto de ansiedad
y depresión” el cual fue calificado por la Junta Regional de Calificación

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de Invalidez de Boyacá el 21 de julio de 2021 y confirmado por la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez 20 de enero de 2021, enfermedad
que venido tratando a través de medicamentos y sesiones con
especialistas.

Ahora bien, observa la Sala que tal como lo advirtió el juez
constitucional en la decisión de primera instancia, existe un
pronunciamiento previo dentro de la acción de tutela con radicado
150012333000202100443 00 la cual fue resuelta mediante providencia
del 15 de julio de 2021 y confirmada por esta corporación el 27 de
agosto del mismo año, relacionada con la petición de reubicación
laboral solicitada por la accionante el 26 de enero de 2021 sin que a la
fecha hubiera sido atendida.

Pues en efecto, en el acápite de hechos de la decisión de la referencia
dispuso “Precisó que el 26 de enero de 2021, solicitó la reubicación
laboral a la Rama Judicial, sin que a la fecha ésta haya sido atendida”
en esa medida, el juez constitucional en esa oportunidad ordenó a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Tunja – Boyacá
– Coordinador SG SST, quien es también accionada en el presente
asunto que “[…] en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de esta providencia, brinde respuesta congruente a las
peticiones de reubicación laboral elevadas por la actora, resolviendo de
fondo cada una de aquellas e indicando, fundadamente, las razones por
las cuales dicha autoridad no es la competente para resolver la petición;
igualmente, se especifique, la razón por la cual no es procedente remitir
la petición a la autoridad competente, en la forma establecida en el
artículo 21 de la ley 1755 de 2015”.

Es de advertir que en el escrito de tutela indicó “13.- Así mismo, el 26
de enero de 2021, solicité reubicación laboral (figura diferente al

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traslado y permitida por los acuerdos del Consejo Superior de la
Judicatura) a mi empleadora RAMA JUDICIAL-así como a la señora JUEZ
DOCE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA, sin
que haya sido atendida.”

Así las cosas, le asiste razón al juez constitucional cuando aduce que si
bien no hay lugar a declarar la temeridad, pues no se demostró
identidad de partes, identidad en la causa petendi e identidad de objeto
entre la acción de tutela con radicado 150012333000202100443 00 y
la de la referencia, lo cierto es que la actora cuenta con el mecanismo
de incidente desacato frente al presunto incumplimiento de la orden
impartida dentro del proceso 2021-00443, el cual deberá ser decidido
por el juez que la profirió.

De otra parte, con relación a la petición de traslado, analizado el acervo
probatorio, se observa la solicitud con radicación n.º EXTCSJBOY22-
990 del 8 de febrero de 20226, a través de la cual la accionante requirió
al Consejo Seccional de la Judicatura – Sala Administrativa de Boyacá
emitir concepto favorable de traslado por razones de salud al Juzgado
Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, petición que
fue resuelta desfavorablemente mediante oficio CSJBOYO22-748 del 25
de febrero de 20227, el cual con posterioridad fue revocado por el
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera
Judicial mediante la Resolución n.º CJR22-0099 del 26 de abril de
20228 y en consecuencia accedió a lo solicitado.

La anterior decisión fue comunicada a la titular del Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja mediante oficio n.º

6
Ver índice 17 dentro del proceso con radicado No. 15001233300020220046300.
7
Ver índice 17 dentro del proceso con radicado No. 15001233300020220046300.
8
Ver índice 17 dentro del proceso con radicado No. 15001233300020220046300.

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CSJBOYO22 – 1834 del 3 de junio del presente año9, por el cual remitió
lista de elegibles integrada por quienes superaron el concurso de
méritos y puso a consideración el concepto favorable de traslado de la
actora para el nombramiento del profesional universitario que se
encontraba vacante, informando que la decisión debería tomarla
teniendo en cuenta los artículos 131, 132, 162 y 167 de la Ley 270 de
1993.

En ese orden, el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Tunja expidió la Resolución n.º 009 del 23 de junio del año
en curso10, por medio de la cual resolvió no acoger la solicitud de
traslado de la accionante y en consecuencia nombró en propiedad a
Pedro Alejandro Otálora Guerrero como Profesional Universitario,
decisión que fue confirmada mediante la Resolución n.º 017 del 2 de
agosto del presente año11 y se encuentra en firme.

Igualmente, se aportó como prueba copia del acta de posesión del 8 de
agosto del presente año12 de Pedro Alejandro Otálora Guerrero en el
cargo de Profesional Universitario Grado 16 del Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja.

Así las cosas, considera la Sala que es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho el escenario propicio para que se evalúe
a profundidad si los actos administrativos contenidos en las
resoluciones n.º 009 del 23 de junio y 017 del 2 de agosto de 2022 por
medio de los cuales se negó el traslado a la accionante adolecen de

9
Ver índice 17 dentro del proceso con radicado No. 15001233300020220046300.
10
Información que se extrae del documento ANEXO 9 -EXTCSJBOY22-6296 - Informa novedad
administrativa.pdf. Ver índice 17 dentro del proceso con radicado No. 15001233300020220046300.
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Información que se extrae del documento ANEXO 9 -EXTCSJBOY22-6296 - Informa novedad
administrativa.pdf. Ver índice 17 dentro del proceso con radicado No. 15001233300020220046300.
12
Información que se extrae del documento ANEXO 9 -EXTCSJBOY22-6296 - Informa novedad
administrativa.pdf. Ver índice 17 dentro del proceso con radicado No. 15001233300020220046300.

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alguna causal de nulidad o si, por el contrario, conserva la presunción
de legalidad.

Máxime cuando el nombramiento del señor Pedro Alejandro Otálora
Guerrero obedeció a factores objetivos, pues la titular del Juzgado
Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja informó que
hizo la debida comparación de la evaluación de servicios y de los
resultados obtenidos en los concursos públicos para el acceso a la Rama
Judicial de quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles y a su
vez superó a la actora en ambos aspectos.

En esa medida, considera la Sala que en el asunto bajo estudio no se
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que haga necesaria
la intervención del juez constitucional, en tanto su condición de salud
no le impide adelantar de manera regular el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la resoluciones n.º 009 del
23 de junio y 017 del 2 de agosto de 2022 por medio de la cuales se le
negó el traslado.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala confirmará el fallo de primera
instancia que declaró improcedente la presente acción de tutela, puesto
que este mecanismo, dado su carácter subsidiario y residual, no es el
medio idóneo para tratar asuntos de legalidad, pues de lo contrario,
propiciaría un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones que le encomendó la carta política a los jueces
constitucionales.

III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

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administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de agosto de 2022
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá
declaró improcedente la presente acción de tutela.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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