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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04465-00

Fecha
13 de febrero de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04465-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR los derechos derechos al debido proceso de Rufino Cárdenas Oviedo, por las razones expuestas. SEGUNDO. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de segunda instancia 1 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Huila en el proceso de reparación directa No. 41001-33- 8 de 9 Radicación: 11001-03-15-000-2022-04465-00 Demandante: Rufino Cárdenas Oviedo Demandado: Tribunal Administrativo de Huila Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Concede amparo ______________________________________________________________________________________________________________ 31-002-2008-00143-01 acumulado con el expediente No. 41001-33-31-004- 2010-00007-01, y ORDENAR a aquella autoridad judicial que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera la providencia que en derecho corresponda de conformidad con la parte motiva de esta Sentencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04465-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

13 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 13 de febrero de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04465-00
Demandante: Rufino Cárdenas Oviedo
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Desconocimiento del
precedente jurisprudencial.

Síntesis del caso: La parte actora enjuició, de manera parcial, la sentencia de segunda
instancia proferida en un proceso de reparación directa, en el que la accionante y otras
personas demandaron al Ejército Nacional para obtener una reparación por el daño
ocasionado por la ejecución de 3 personas. En la providencia se revocó la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, accedió a las
mismas y, como consecuencia del daño ocasionado, se condenó al pago de perjuicios
morales, de conformidad con la Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2014,
proferida por el Consejo de Estado dentro del expediente No. 26.251.

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a
resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada Rufino
Cárdenas Oviedo en contra del Tribunal Administrativo de Huila.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
los terceros.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 16 de agosto de 2022, Rufino Cárdenas Oviedo, por medio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Huila, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso (derecho de defensa), acceso a la
administración de justicia e igualdad, con ocasión de la Sentencia de
reemplazo de segunda instancia, proferida por la autoridad judicial
accionada, el 1 de febrero de 2022, dentro del proceso de reparación
directa No. 41001-33-31-002-2008-00143-01, acumulado con el proceso No.
41001-33-31-004-2010-00007-01.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04465-00
Demandante: Rufino Cárdenas Oviedo
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
______________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“PRIMERO: Que se Tutele los Derechos al Debido Proceso, Libre Acceso a
la Administración de Justicia, Derecho a la Defensa, Derecho a la
Igualdad, Derecho al Reconocimiento del Precedente Jurisprudencial, y
otros, vulnerados por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
HUILA – SALA SEXTA DE DECISIÓN.

SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene
al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA – SALA QUINTA DE
DECISIÓN, Modificar la sentencia de segunda instancia para aumentar la
tasación de los perjuicios morales, a 300 SMMLV para los demandantes de
primer orden y a 150 SMMLV para los demandantes de segundo orden, de
conformidad con la sentencia de unificación de Jurisprudencia del 28 de
agosto de 2014, proferida por el Consejo de Estado, Sala plena de la
sección tercera, siendo consejero ponente el Doctor RAMIRO PAZOS
GUERRERO, dentro del expediente número 05001232500019991063-01 (
32988), es decir teniendo en cuenta la gravedad del daño moral por la
grave violación a los derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario, es decir, a favor de cada uno de los
demandantes del primer orden, el equivalente a 300 S.M.L.M.V. y a favor
de cada uno de los demandantes del segundo orden, el equivalente a
150 S.M.L.M.V..”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:

4. 1) El 22 de octubre de 2007, aproximadamente a las 9:00 p.m., Diego
Armando Cárdenas Sánchez, Marlio Mauricio Murillo Quintero y Luis Ernesto
Vargas Olaya perdieron su vida, a manos de miembros del Ejército
Nacional, quienes les dispararon en el sector de Caracolí (Gigante – Huila).

5. 2) Por esos hechos, los grupos familiares2 de las víctimas presentaron
demanda de reparación directa en contra del Ejército Nacional, con el fin
de que se le declarara responsable y se le condenara al pago de los
perjuicios morales y materiales causados, toda vez que la ejecución de los
señores Cárdenas Sánchez, Murillo Quintero y Vargas Olaya se produjo por
el disparo de fusil por parte de miembros de dicha institución.

6. 3) El 28 de noviembre de 2014, el Juzgado 1 Administrativo de
descongestión de Neiva negó las pretensiones de la demanda. El juez
consideró que no se logró desvirtuar el hecho de que los fallecidos
portaban armas de fuego y comenzaron a disparar una vez se percataron
de la presencia del Ejército Nacional.

2 - El grupo familiar de Diego Armando Cárdenas Sánchez estaba conformado por: Rufino Cárdenas Oviedo,

Judith Sánchez Gonzáles, Pablo Esteban Chavarro Sánchez, Juan Camilo Chávarro Sánchez, Juan David
Cárdenas, Cesar Augusto Cárdenas Sánchez y William Orlando Sánchez.
• El grupo familiar de Marlio Mauricio Murillo Quintero estaba conformado por: Héctor Murillo Sánchez, Luz Dary
Quintero, Yorman Andrés Murillo Quintero, Judy Viviana Murillo Quintero, John Wilmar Murillo Almario y John
Robinson Murillo Quintero.
• El grupo familiar de Luis Ernesto Vargas Olaya estaba conformado por: Ernesto Vargas, Irma Olaya, Yasmin
Espinosa Olaya, Emilsen Espinosa Olaya, Martha Cecilia Espinosa Olaya, Otilia Espinosa Olaya y Maritza Espinosa
Olaya.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04465-00
Demandante: Rufino Cárdenas Oviedo
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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7. 4) Los grupos familiares demandantes presentaron recurso de
apelación3 y, el 7 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de Huila
confirmó la sentencia apelada.

8. 5) Los demandantes presentaron acción de tutela contra la
providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Huila el 7 de
febrero de 2018, por la aparente configuración de un defecto fáctico, en
la medida que se omitió la valoración de la totalidad del material
probatorio decretado y practicado en el proceso, y porque se valoraron
defectuosamente otras pruebas. El mecanismo constitucional fue
conocido, en primer grado, por la Sección Segunda del Consejo de Estado
que, mediante Sentencia de 15 de noviembre de 2018, negó el amparo
solicitado. Esa decisión fue confirmada mediante Sentencia de 11 de abril
de 2019, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

9. 6) Una vez la acción fue enviada a la Corte Constitucional para
revisión, fue seleccionada y, mediante Sentencia T-214 de 1 de julio de
2020, la Corte revocó las Sentencias de tutela proferidas el 15 de
noviembre de 2018 y 11 de abril de 2019, por las Secciones Segunda y
Quinta del Consejo de Estado. En consecuencia, tuteló los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad invocados por los
demandantes, dejó sin efectos la Sentencia proferida el 7 de febrero de
2018 por el Tribunal Administrativo de Huila; y le ordenó que, en un término
de 30 días, expidiera una nueva decisión.

10. La Corte Constitucional encontró que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto fáctico en la medida en que no valoró
todas las pruebas decretadas y practicadas en el proceso de reparación
directa.

11. 7) El 1 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Huila profirió
sentencia de reemplazo en la que, revocó la sentencia de primer grado,
declaró probada la excepción de falta de legitimación activa en la causa
respecto de algunos demandantes4; declaró responsable al Ejército
Nacional por los daños ocasionados a los demandantes por los hechos
ocurridos el 22 de octubre de 2007 en el municipio de Gigante y ordenó el
pago de los perjuicios morales, de conformidad con los topes fijados en la

3 El recurso se fundamentó en que, de las pruebas decretadas y practicadas en el expediente estaba probado

que Diego Armando Cárdenas Trujillo, Marlio Mauricio Murillo Quintero y Ernesto Vargas Olaya fueron víctimas de
una ejecución extrajudicial, perpetrada por integrantes del Ejército Nacional, quienes, además los presentaron
de manera fraudulenta como delincuentes abatidos en combate.
En concordancia con lo anterior, señaló que la conducta en que incurrió el Ejército Nacional coincidía con la
noción de delitos de lesa humanidad, de conformidad con el artículo 7 del estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional.
En ese orden, expresó que, al encontrarse probado el daño alegado, se debía declarar la responsabilidad de la
demandada y, en ese orden condenarla por el enorme daño moral, el cual debía resarcirse con el máximo de
perjuicios morales, de conformidad con lo establecido en la Sentencia de Unificación proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2014.
4 Puntualmente respecto de los señores John David Espinosa Olaya y Claudia Milena Montaño Rodríguez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04465-00
Demandante: Rufino Cárdenas Oviedo
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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Sentencia de Unificación del Consejo de Estado, del 28 de agosto de 2014,
proferida en el expediente No. 26.251.

12. Como fundamento de la vulneración la parte accionante señaló
que el tribunal, en la Sentencia de segunda instancia, incurrió en un
desconocimiento de las sentencias de 28 de agosto de 2014, proferida por
la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del
expediente número 05001-23-25-000-1999-1063-01 (32988); de 31 de agosto
del 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
dentro del proceso con radicado No. 54001-33-31-003-2008-000374-00; de
tutela de 23 de abril de 2020, proferido por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en el proceso radicado No. 11001-03-15-
000-2020-00276-00; y de 15 de julio de 2021, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado en el expediente radicado No. 11001-03-15-
000-2021-01917-01, en lo relacionado con los topes indemnizatorios en
casos de ejecuciones extrajudiciales.

1.2. Posición de la parte demandada y los terceros5

13. El Juzgado 2 Administrativo de Neiva remitió el expediente judicial
requerido, pero no emitió ningún pronunciamiento sobre los fundamentos
de la acción de tutela.

14. El Tribunal Administrativo de Huila, el Ejército Nacional, y los demás
integrantes de la parte actora6 en el proceso de reparación directa
guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de derechos. 2.2. Identificación del defecto alegado 2.3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Fijación de la
controversia. 2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales. 2.6. Conclusión.

2.1. Identificación de derechos

15. Pese a que el accionante, en su solicitud de amparo, señaló como
violados distintos derechos fundamentales, esta Sala centrará su análisis en
la vulneración del derecho al debido proceso, pues ante una presunta
vulneración de garantías constitucionales en el marco de una actuación
5 El 22 de agosto de 2022, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2) tener como

demandado al Tribunal Administrativo de Huila y, (3) vincular, en calidad de terceros, Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión de Neiva, al Juzgado 2 Administrativo de Neiva, a la Nación – Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional, a los demandantes del medio de control de reparación directa: Claudia Milena
Montaño Rodríguez, Irma Olaya, Ernesto Vargas, John David Espinosa Olaya, Judith Sánchez González, Pablo
Esteban Chávarro Sánchez, Juan Camilo Chávarro Sánchez, Juan David Cárdenas Calderón, César Augusto
Cárdenas Sánchez, William Orlando Sánchez, Luz Dary Quintero Javela, Héctor Murillo Sánchez, Yorman Andrés
Murillo Quintero, Judy Viviana Murillo Quintero, John Wilmar Murillo Almario, John Robinson Murillo Quintero,
Yazmin Espinosa Olaya, Martha Cecilia Espinosa Olaya, Otilia Espinosa Olaya y Maritza Espinosa Olaya.
6 Quienes fueron notificados mediante aviso fijado en la página web del Consejo de Estado, el 22 de septiembre

de 2022, ante la imposibilidad de realizar la notificación personal.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04465-00
Demandante: Rufino Cárdenas Oviedo
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue lesionado durante el
desarrollo del trámite judicial ordinario. Aunado a ello, la vulneración de los
derechos constitucionales invocados surge como consecuencia de la
misma afrenta al debido proceso. En consecuencia, en el evento de
encontrar lesionado este derecho, existirá razón suficiente para conceder
el amparo.

2.2. Identificación del defecto alegado

16. Es importante aclarar que el defecto alegado será analizado de
cara a las Sentencias del Consejo de Estado, de las que se predicó su
desconocimiento. Lo anterior, pues a pesar de que la parte demandante
también hizo referencia a la Sentencia de 31 de agosto del 2017, proferida
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro del proceso
con radicado No. 54001-33-31-003-2008-000374-00, lo cierto es que, de
conformidad con la Sentencia SU-354 de 20177 de la Corte Constitucional,
el precedente judicial se predica de las decisiones proferidas por las altas
cortes como órganos de cierre, pues sobre ellas recae el deber de
unificación jurisprudencial. En consecuencia, la Sala se sustrae del estudio
de la providencia mencionada, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial8

17. La Sala advierte que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe recurso idóneo y
eficaz que permitiera al demandante alegar los reparos planteados vía
tutela y procurar la defensa del derecho presuntamente vulnerado. Hubo
un plazo razonable entre el día siguiente a la ejecutoria de la Sentencia
cuestionada (17/2/2022)9 y la de interposición de la presente acción de
tutela (16/8/2022). No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se
relacionó con la sentencia de segunda instancia dictada en el marco de
un proceso de reparación directa. Se identificaron de manera clara,
7 “Esta Corporación ha sido enfática en señalar que el precedente judicial no está limitado a la jurisprudencia de

la Corte Constitucional, sino que se extiende a las Altas Cortes. En la sentencia C-335 de 2008, la Corte se refirió a
las decisiones de todos los órganos de cierre jurisdiccional y reiteró el carácter vinculante de su jurisprudencia, en
los siguientes términos:
“Reconocerle fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, redunda en una mayor
coherencia del sistema jurídico colombiano, lo cual no se contradice con imperativos de adaptación a los
cambios sociales y económicos. De igual manera, la vinculatoriedad de los precedentes garantiza de mejor
manera la vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, por cuanto casos semejantes son
fallados de igual manera. Así mismo, la sumisión de los jueces ordinarios a los precedentes sentados por las Altas
Cortes asegura una mayor seguridad jurídica para el tráfico jurídico entre los particulares”.
De manera similar se pronunció la Corte en la sentencia C-816 de 2011, al sostener que la fuerza vinculante de
las Altas Cortes surge de su definición constitucional como órganos de cierre, “condición que les impone el
deber de unificación jurisprudencial en sus respectivas jurisdicciones”.
La importancia de este precedente también fue explicada recientemente en la sentencia SU-053 de 2015, al
señalar que cuando emana de los Altos Tribunales de Justicia adquiere un carácter ordenador y unificador “que
busca realizar los principios de primacía de la Constitución, igualdad, confianza, certeza del derecho y debido
proceso” (…)”
8 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-066 de 2019.
9 Según constancia que se encuentra en el expediente de reparación directa.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04465-00
Demandante: Rufino Cárdenas Oviedo
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de
ellos. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de los derechos
fundamentales de la parte actora, en el marco de un proceso de
reparación directa. Asimismo, no se advierte que los argumentos
planteados sean una reiteración de aquellos presentados en el proceso
ordinario.

2.4. Fijación de la controversia

18. Corresponde a la Sala establecer si el Tribunal Administrativo de Huila
incurrió en un desconocimiento de las providencias del Consejo de Estado
enunciadas en el párrafo 12 de esta providencia.

2.5. Verificación de las causales específicas de la acción de tutela
contra providencias judiciales

19. La Sala accederá a la solicitud de amparo porque se configuró el
defecto alegado, como se explica a continuación.

20. El Tribunal Administrativo de Huila, mediante Sentencia de 1 de
febrero de 2002, accedió a las pretensiones de la demanda de reparación
directa interpuesta por los grupos familiares de Diego Armando Cárdenas,
Marlio Mauricio Murillo Quintero y Luis Ernesto Vargas Olaya, tras determinar
que su muerte fue ocasionada por miembros del Ejército Nacional, como
consecuencia de acciones militares sistemáticas que fueron denominadas
como “ejecuciones extrajudiciales”.

21. En ese orden, el mencionado tribunal condenó a la demandada al
pago de los perjuicios morales reclamados, de conformidad con los topes10
que fueron establecidos en la Sentencia de Unificación del Consejo de
Estado de 28 de agosto de 2014 dentro del expediente No. 26.25111.
Adicional a lo anterior hizo referencia a que, en casos excepcionales como
los de graves violaciones a Derechos Humanos e Infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, podría otorgarse una indemnización mayor,

10

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
Relaciones afectivas Relaciones Relaciones Relaciones Relaciones
propias de esposos o afectivas propias afectivas propias afectivas propias afectivas que
compañeros del segundo del tercer grado del tercer grado se tienen con
permanentes o grado de de de terceros
estables, y relaciones consanguinidad consanguinidad consanguinidad damnificados
paterno-filiales, y en civil civil o civil no familiares.
general, del primer
grado de
consanguinidad.
% 100% 50% 35% 25% 15%
s.m.l.m.v 100 50 35 25 15

11 La Sentencia en la que se fundamentó el tribunal para determinar los topes indemnizatorios fue en un caso de

muerte que no se trató de una ejecución extrajudicial.

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siempre que existieran circunstancias probadas de mayor intensidad y
gravedad del daño moral.

22. En este punto es importante recordar que sobre lo relacionado con
los perjuicios morales en temas como el que aquí se examina, la Sentencia
de Unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado de 28 de agosto de 2014, proferida dentro del expediente No.
05001-23-25-000-1999-00163-01(32988), fijó la siguiente regla (se trascribe):

“(…) Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencias de la
presente fecha unificó los topes indemnizatorios en materia de reparación
de perjuicios morales hasta 100 SMLMV en casos de muerte en los eventos
allí descrito.

15.11.3. Sin embargo, la Sala precisa, con fines de unificación
jurisprudencial, que en casos excepcionales, como los de graves
violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, entre otros, podrá otorgarse una indemnización
mayor de la señalada en los eventos descritos en la sentencia de
unificación antes citada, cuando existan circunstancias debidamente
probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin que en
tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el triple de
los montos indemnizatorios fijados en dicha sentencia. Este quantum
deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.”

23. Ahora bien, pese a la mención hecha sobre la mayor indemnización
que podía otorgarse, el Tribunal Administrativo de Huila no se detuvo a
analizar si el caso puntual bajo análisis ameritaba que se superaran los
topes fijados en la sentencia de unificación, ni tampoco indicó porque no
había lugar a reconocer una indemnización mayor.

24. Lo anterior llama la atención de la Sala pues, revisado el expediente
del medio de control de reparación directa, se evidenció que los
demandantes, a través del recurso de apelación contra la Sentencia de
primer grado, solicitaron de manera expresa que, en virtud de la Sentencia
de Unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 28 de
agosto de 2014, se debía condenar a la autoridad administrativa
demandada, al pago de perjuicios morales en el valor máximo al que se
podía acrecentar.

25. Además, de los testimonios decretados y practicados dentro del
proceso judicial logró advertirse que los fallecidos aparecieron reportados
como NN, fueron tildados de guerrilleros y delincuentes, que aparecieron
como dados de baja en un enfrentamiento y fue necesario que los
reconocieran sus propios familiares, en difíciles condiciones.

26. Los mencionados aspectos podrían considerarse como
circunstancias de mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin
embargo, el tribunal demandado omitió realizar un análisis sobre tales
aspectos y/o justificar porque en este caso no había lugar a conceder una

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indemnización por encima de los topes fijados en la sentencia de
unificación del Consejo de Estado.

27. Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, es necesario aclarar que, será
el juez natural del proceso, de acuerdo a las particularidades que
rodearon el asunto, el que realice el estudio y verifique si se cumplieron las
circunstancias de mayor intensidad y gravedad del daño, teniendo en
cuenta para ello las pruebas oportunamente decretadas y practicadas
que obran en el expediente del medio de control de reparación directa.

28. En consecuencia, para la Sala se configuró el defecto alegado,
motivo por el que se accederá a la solicitud de amparo y ordenará que se
realice un pronunciamiento en la sentencia, pero únicamente sobre lo
mencionado.

29. Ante el desconocimiento del precedente advertido, la Sala
considera que no es necesario estudiar las demás sentencias del Consejo
de Estado a las que hizo referencia el demandante, en la medida que el
estudio de la Sentencia de Unificación de la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2014, proferida dentro
del expediente No. 05001-23-25-000-1999-00163-01(32988), fue suficiente
para declarar la existencia del defecto reclamado.

2.6. Conclusión

30. La Sala, una vez revisados los argumentos planteados en la acción
de tutela, considera que le asiste razón a la parte accionante, por lo que
amparará su derecho al debido proceso, dejará sin efectos la providencia
enjuiciada y ordenará al Tribunal Administrativo de Huila que profiera una
sentencia de reemplazo, en la cual se pronuncie sobre el aspecto
mencionado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR los derechos derechos al debido proceso de Rufino
Cárdenas Oviedo, por las razones expuestas.

SEGUNDO. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de
segunda instancia 1 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Huila en el proceso de reparación directa No. 41001-33-

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Demandante: Rufino Cárdenas Oviedo
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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31-002-2008-00143-01 acumulado con el expediente No. 41001-33-31-004-
2010-00007-01, y ORDENAR a aquella autoridad judicial que, dentro de los
10 días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera la
providencia que en derecho corresponda de conformidad con la parte
motiva de esta Sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin12.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con salvamento de voto Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

12 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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