Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-01917-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-01917-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2021-01917-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
15 de julio de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Ampara / DEFECTO FÁCTICO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / TASACIÓN ESPECIAL DE PERJUICIOS MORALES / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL / MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL
Para la Sala el análisis del Tribunal resultó contradictorio pues, para señalar los hechos como de falla en el servicio por uso excesivo de la fuerza, otorgó un peso importante a la prueba que indicó que en el cuerpo del señor [JVSM] existían “rastros de disparo”; pero, al analizar la defensa del Ejército Nacional basada en la culpa exclusiva de la víctima, ponderó que el arma que se encontró cerca del cuerpo del señor [JVSM], esto es, la escopeta calibre 20, no servía para disparar.
En ese orden, la valoración defectuosa y contraevidente del conjunto probatorio, que incidió de forma directa y determinante en la solución del litigio, condujo al Tribunal a encuadrar la situación en una falla en el servicio por uso excesivo de la fuerza y descartar de tajo, sin análisis alguno, que se trataba de una con las características propias de una ejecución extrajudicial. Ello permite a la Sala confirmar la sentencia de tutela del 14 de mayo de 2021, por la configuración del defecto fáctico que evidenció la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y, proceder a examinar, si, de contera, se incurrió en un desconocimiento del precedente judicial en materia de ejecuciones extrajudiciales, particularmente, respecto de la tasación especial de perjuicios morales. (…) La Sala pasa a determinar si en el caso bajo examen la parte actora tiene derecho a una tasación excepcional del daño moral, y, como consecuencia, el Tribunal incurrió en desconocimiento del precedente judicial sobre esa materia. La Sala advierte que, efectivamente, en el proceso ordinario la [accionante] probó haber padecido dolor, incertidumbre o aflicción de una intensidad bastante considerables, dados los reprochables hechos en que fue asesinada su pareja sentimental, lo que incluyó manipulación de la escena del crimen, que lo entregaran semidesnudo y que se le tildara de miembros de grupos terroristas, razón por la cual el Tribunal Administrativo del Huila debió aplicar la regla de excepción. En consecuencia, el Tribunal desconoció el precedente judicial, comoquiera que la parte actora tenía derecho a la aplicación de la regla de excepción tratándose del reconocimiento de perjuicios morales, dado que, se insiste, los hechos acreditados permiten concluir que la muerte de los señores (…) involucró graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en la modalidad de ejecuciones extrajudiciales.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001 03 15 000 2021 01917 01(AC)
Actor: LUZ DENNY GALLARDO AGATÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la parte demandada en contra de la sentencia de 14 de mayo de 2021, proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
SÍNTESIS DEL CASO
Luz Denny Gallardo Agatón, por intermedio de apoderada judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, de defensa y a “la reparación integral de las víctimas”, los cuales estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo del Huila con ocasión de la sentencia que dictó el 14 de agosto de 2020, en el proceso de reparación directa que se adelantó en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios causados por la muerte de los señores Ángel María Petevi, Franklin Eidelber Satiaca Muñoz, Jhon Vilmer Satiaca Muñoz y Osmidio Flor Ortiz.
La parte actora argumentó que el Tribunal incurrió en defecto fáctico y en desconocimiento del precedente judicial en materia de ejecuciones extrajudiciales, particularmente, en lo que a la tasación especial de perjuicios morales concierne.
En lo relacionado con el defecto fáctico, adujo que por lo menos cuatro (4) de las pruebas que reposaron en el expediente permitían establecer con claridad que el caso trató de una ejecución extrajudicial. Puntualizó las siguientes pruebas: i) necropsia realizada al cadáver de Jhon Wilmer Satiaca Muñoz; ii) testimonios de las personas que conocían a las víctimas; iii) falta de denuncia e informe del investigador de campo –FPJ-11-de fecha 14 de julio de 2008; iv) oficio núm. DAS.SHUI.GOPE – 64896-1 del 5 de septiembre de 2008, y v) testimonio del señor Juan de Dios Chambo Hernández.
En lo que respecta al desconocimiento del precedente, alegó que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta los criterios trazados por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, así como las características consignadas en el informe especial del Relator Especial para las Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, sobre los llamados “falsos positivos”.
Indicó que la situación fáctica y jurídica ameritaba una tasación especial de los perjuicios morales. A su juicio, los hechos produjeron las más graves violaciones de derechos humanos y, por consiguiente, una mayor intensidad del perjuicio moral por la forma brutal en que fueron asesinadas las víctimas, en total estado de indefensión.
TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. El Tribunal Administrativo del Huila se opuso a las pretensiones expuestas en el escrito de tutela. Al efecto, argumentó que valoró todos los medios de prueba que permitieron confirmar la decisión de responsabilidad de la entidad demandada por la configuración de una conducta constitutiva de falla del servicio porque, aunque se evidenció que algunos de los occisos tenían residuos de pólvora y, por ende, atacaron a las fuerzas del orden, hubo exceso en el uso de la fuerza.
Agregó que, si bien los disparos fueron a corta distancia siendo dable concluir que se produjo una ejecución extrajudicial, esa situación exigía no solo que en el proceso obrara prueba idónea para establecer que fue la conducta punible la que desencadenó el daño antijurídico, sino también, que ese hecho ilícito hubiese sido objeto de investigación y sanción penal mediante sentencia ejecutoriada; situación que en el sub lite no se dio.
Añadió que la tasación de perjuicios se ajustó al criterio jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado en sentencia del 28 de agosto de 2014, que reiteró los argumentos contenidos en la sentencia proferida el 28 de agosto de 2013 por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
2.2. El Ministerio de Defensa Nacional afirmó que, si bien la parte actora alegó que no se realizó un estudio juicioso de las pruebas, también lo es que se incumplió el deber de demostrar en el proceso de reparación directa las circunstancias que probaran mayor intensidad y gravedad del daño moral.
Manifestó que es falso el argumento según el cual la supuesta falta de valoración de algunas pruebas impidió reconocer el caso como una muerte extrajudicial. Anotó que el Tribunal en la parte resolutiva de la providencia fue claro al manifestar que se trataba de un uso excesivo de la fuerza y descartó el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.
Concluyó que la parte actora no puede pretender que se le reconozcan perjuicios en mayores porcentajes a los indicados en la sentencia, pues los montos que se reconocieron se basaron en lo probado en el proceso, situación que no puede ser desconocida en sede de tutela.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia de 14 de mayo de 2021, concedió el amparo de los derechos fundamentales “[…] al debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa, a la reparación integral […]” y, en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia de 14 de agosto de 2020, proferida por la Tribunal Administrativo de Huila en el proceso con radicado número 410013331-702 2009-00207-01.
El juez constitucional de primera instancia concluyó que en la sentencia cuestionada se configuraron el desconocimiento del precedente judicial y el defecto fáctico. Como fundamento de la decisión puntualmente señaló:
“[…] la Sala encuentra que en este caso le asiste razón a la parte actora en cuanto a que se desatendieron las características de las ejecuciones extrajudiciales fijadas en la jurisprudencia no solo del Consejo de Estado, sino también de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Corte Interamericana de Derechos Humanos e informes del Relator de la Oficina de las Naciones Unidas.
28. Lo anterior, por cuanto en el proceso ordinario se demostró que: i) la muerte fue perpetrada por miembros del Ejército Nacional, ii) las acciones se desplegaron en el desarrollo de la misión “MINERAL”, bajo las órdenes de superiores, iii) las víctimas fueron catalogadas como “terroristas”, supuestamente adscritos a grupos insurgentes, pese a que en realidad desempeñaban la labor de “coteros” y fueron conducidos al lugar en que fueron asesinados bajo la promesa falsa de un trabajo, v) tres de los occisos tenían 19, 20 y 29 años, vi) fueron presentados como dados de baja en un presunto combate, vi) en la escena de los hechos se encontraron armas de fuego, una de ellas ni siquiera apta para disparar y una sola vainilla calibre 5.56, donde supuestamente hubo un enfrentamiento, vii) eran ocho militares contra cuatro civiles, viii) los hechos ocurrieron aproximadamente a las 22:00 horas, es decir, en horas de la noche y en zona rural de difícil acceso, viii) la justicia penal militar archivó la investigación sin adelantar mayores pesquisas y iv) la otra persona que se encontraba con las víctimas huyó del lugar de los hechos.
29. De lo expuesto se aprecia con claridad que las particularidades del caso concreto coinciden con las características de las ejecuciones extrajudiciales consignadas en las sentencias que la parte actora alega como desconocidas, de ahí que resulte diáfano que los hechos no se trataron de un simple exceso en el uso de la fuerza, sino que se enmarcaron en los abominables hechos, para la época desgraciadamente sistemáticos, cometidos por las fuerzas militares en el marco de una política de seguridad dirigida a demostrar bajas de civiles como si se tratara de insurgentes asesinados en combate.
30. Ahora, la parte actora a efectos de demostrar el defecto fáctico presentó como desconocidas las pruebas que se exponen seguidamente, a saber: i) necropsia del cadáver de Jhon Wilmer Satiaca Muñoz, ii) testimonio de las personas que conocían a las víctimas, iii) falta de denuncia e informe del investigador de campo –FPJ-11-de fecha 14 de julio de 2008, iv) oficio n.º DAS.SHUI.GOPE – 64896-1 del 5 de septiembre de 2008 y v) testimonio del señor Juan de Dios Chambo Hernández.
31. Frente al anterior cuestionamiento, la Sala observa que el Tribunal Administrativo del Huila, si bien mencionó las pruebas antes descritas, lo cierto es que de ellas no concluyó que los hechos ocurridos comportaron ejecuciones extrajudiciales. A la conclusión que arribó la accionada con los elementos de prueba es que: “en el presente caso lo acreditado es el uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de la entidad demandada”.
[…]
35. Con lo dicho, de paso se configuró un defecto fáctico al no valorarse de manera adecuada las pruebas enunciadas y los indicios que rodearon el caso, pues estos permitían encausar los hechos en lo que la Corte ha catalogado como un “fenómeno macrocriminal" […]”.
(Énfasis fuera del texto original)
En ese orden, la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación, para determinar si la parte actora tenía derecho a una tasación excepcional del daño moral, se remitió a los parámetros establecidos en la sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2014 por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Bajo dichos parámetros, precisó que el Tribunal Administrativo del Huila debió aplicar la regla de excepción, comoquiera que encontró que en el proceso ordinario la parte actora probó haber padecido “[…] dolor, incertidumbre o aflicción de una intensidad considerable, dados los reprochables hechos en que fue vilmente asesinado su familiar, lo que incluyó manipulación de la escena del atroz crimen […]”.
Aclaró que, si bien el fundamento del que se sirvió el Tribunal para negar la aplicación de la regla de excepción fue la sentencia de unificación 25 de septiembre de 2013, según la cual, además de la prueba idónea que relacione el punible con el daño antijurídico, se debe acreditar que los hechos fueron investigados y sancionados penalmente y que la sentencia penal se encuentra ejecutoriada, tal razonamiento fue expuesto para el caso concreto de la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013, pues el daño en esa oportunidad devino de la comisión de una conducta punible, la cual fue investigada y se materializó en una sentencia penal.
Agregó que, entre otras, en la sentencia del 28 de agosto de 2014, se habían reconocido montos hasta de 300 SMLMV sin existir sentencia penal ejecutoriada, motivo por el cual no le asistía razón al Tribunal al establecer para los casos de ejecuciones extrajudiciales la exigencia de que se cuente con una sentencia penal debidamente ejecutoriada.
Finalmente, dispuso que el Tribunal debía proferir una decisión de reemplazo, previa consideración y tratamiento del asunto como un caso de ejecución extrajudicial en el cual correspondía aplicar la regla de excepción en materia de reconocimiento de perjuicios morales.
IMPUGNACIÓN
Inconforme con la decisión adoptada, el Tribunal Administrativo del Huila impugnó el fallo de primera instancia y solicitó revocarlo luego de indicar que la acción de tutela se tornaba improcedente, pues, a su juicio, la parte actora reiteraba los argumentos expuestos en el recurso de apelación, convirtiendo el mecanismo constitucional en una tercera instancia que tenía como único fin incrementar los perjuicios reconocidos en el proceso ordinario.
Respecto del fondo del asunto señaló que:
“[…] no se probó que las víctimas hayan sido catalogadas como “terroristas”, supuestamente adscritas a grupos insurgentes, toda vez que en el plenario no obra prueba alguna que señale que los miembros del Ejército hayan informado a la opinión pública o en acto oficial que las bajas eran pertenecientes a grupos subversivos, igualmente, si bien los hechos de la demanda y la declaración del señor Nelson Flor Ortiz, manifiestan que las víctimas fueron conducidas en un camión hasta el lugar en que fueron hallados, también obra prueba testimonial, de la misma persona y del señor Deimar Alexander Muñoz Satica (ante la Fiscalía), en el sentido que los hoy occisos se movilizaron en moto hasta la vereda el Naranjal, automotores que se relacionaron en los informes del Ejército y en el informe AFEUR 11- de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11, por lo que la afirmación […] se desvirtúa con las pruebas obrantes […]”.
Añadió que valoró la prueba técnica contenida en el oficio DAS.SHUI.GOPE-648986 del 5 de septiembre de 2008, la cual describió que los señores Jhon Vilmer Satiaca Muñoz y Ángel María Petevi Satiaca presentaron residuos de disparo en sus manos junto con armas, situación que no fue analizada en sede de tutela, y que permitía concluir que los occisos accionaron armas en contra de los uniformados.
Igualmente, manifestó que evaluó las declaraciones de Juan de Dios Chambo Hernández y Gustavo López, residentes del sector, quienes escucharon una detonación antes de los múltiples disparos, con lo que se demostró la existencia de otros elementos bélicos en el lugar, como la espoleta de una granada encontrada, y no solo una vainilla.
Argumentó que, contrario a lo sostenido por el juez de tutela de primera instancia, la Justicia Penal Miliar no archivó la investigación, pues, mediante auto del 25 de julio de 2009, remitió la investigación a la Jurisdicción Ordinaria.
Explicó que en la sentencia cuestionada se consideró que el Ejército incurrió en una falla en el servicio por uso excesivo de la fuerza, “[…] toda vez que de la prueba técnica de absorción de residuos practicada a los cadáveres, la cual dio positiva, y de la que no se hizo referencia alguna en la demanda de tutela, ni en el fallo, se pudo determinar junto con otros aspectos, como la existencia de material bélico aunque incipiente, que hubo un ataque en contra de los uniformados, pero estos, a pesar de poder controlar la situación dado su entrenamiento decidieron emprender fuego contra los motociclistas […]”.
Por último, insistió en que no dejó de valorar pruebas; contrario a ello, examinó la totalidad de los testimonios, unos relacionaban que las víctimas se transportaban en moto, la cual se halló en el lugar de los hechos, lo que descarta que los uniformados trasladaran a las víctimas al lugar de los acontecimientos con el propósito de quitarles la vida; así como la prueba técnica de absorción que resultó positiva para residuos de disparo en dos de los occisos; los rastros de la granada que escucharon los residentes del lugar; el informe de balística que determinó que dos de las tres armas estaban en funcionamiento; la dimensión de la totalidad de orificios de los demás occisos, y que los cuerpos no presentaron traumatismos distintos a los disparos, de los que se pudieran inferir signos de tortura o de forcejeo.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. Luz Denny Gallardo Agatón y otros interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios causados por la muerte de los señores Ángel María Petevi, Franklin Eidelber Satiaca Muñoz, Jhon Vilmer Satiaca Muñoz y Osmidio Flor Ortiz. A título de indemnización se solicitó el pago de perjuicios morales en cuantía de 500 SMLMV para cada uno de los demandantes.
5.2.2. Mediante sentencia del 23 de agosto de 2018, el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva accedió a las pretensiones de la demanda de la siguiente forma:
“ […] SEGUNDO: Declarar que la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL es patrimonial, extracontractual y administrativamente responsable de la muerte de los señores ANGEL MARIA PETEVI SATIACA, FRANKLIN EIDELBER SATIACA MUÑOZ y JHON VILMER PETEVI MUÑOZ y OSMIDIO FLOR ORTIZ, en hechos acaecidos el 12 de julio de 2008, en la vereda Naranjal jurisdicción del municipio de Timaná (H), quienes fallecieran por la acción armada propiciada por miembros del Ejército Nacional.
TERCERO: En consecuencia, CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL, a pagar por concepto de perjuicios morales los montos que a continuación se describen y a favor de las siguientes personas:
[…]
Por la muerte de FRANKLIN EIDELBER SATIACA MUÑOZ
[…]”.
(Énfasis fuera del texto original)
5.2.3. Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación manifestando su inconformidad en relación con los perjuicios morales reconocidos, toda vez que, a su juicio, el juez ordinario de primera instancia contrarió la jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual, cuando existen graves violaciones a los derechos humanos, las condenas deben establecerse entre 150 y 300 SMLMV.
5.2.4. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 14 de agosto de 2020, confirmó la providencia recurrida luego de considerar que la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional, incurrió en uso excesivo de la fuerza, en contravía de la misión constitucional de proteger la vida de los residentes en Colombia.
Consideró que la tasación de los perjuicios morales realizada por el a quo se ajustó a la sentencia proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2014, por lo cual no asistía razón a los recurrentes al pretender el incremento de la condena por perjuicios morales.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Tratándose de tutelas contra providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional adoptó los siguientes requisitos de carácter general, los cuales han sido acogidos por esta Corporación:
“[…] a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones13. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable14. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración15. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora16. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible17. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela18. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. […]”
En consideración a lo expuesto, la Sala advierte que, cuando se cuestiona una providencia judicial por medio de una acción de tutela, el demandante debe cumplir con los requisitos de procedencia. En este sentido, el éxito de la solicitud de amparo en estos eventos se encuentra supeditado al cumplimiento de los denominados requisitos generales de procedencia; a la verificación de al menos una de las “causales específicas de procedibilidad” que representan las razones concretas por las cuales se puede acusar una providencia judicial de infringir derechos fundamentales, y a que el actor despliegue una carga argumentativa consistente en explicar las anomalías de la providencia, que se pueden enmarcar dentro de las siguientes categorías: a) El defecto material o sustantivo; b) La violación directa de la Constitución; c) El defecto fáctico; d) El defecto procedimental; e) La decisión sin motivación; f) El defecto orgánico; g) El desconocimiento del precedente, y h) El error inducido, o, como mínimo, que en la petición de amparo haga una exposición suficientemente clara de los hechos y derechos que la fundamentan, de forma tal que el juez constitucional pueda deducir, sin elucubraciones, cuál es el defecto que la parte actora reprocha de la providencia.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
De conformidad con lo anterior, el análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial. En ese orden, la Sala analizará, en primer lugar, si se cumplen los requisitos generales fijados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela formulada por Luz Denny Gallardo Agatón frente a la sentencia de 14 de agosto de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila en el proceso de reparación directa que promovió en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios causados por la muerte de los señores Ángel María Petevi, Franklin Eidelber Satiaca Muñoz, Jhon Vilmer Satiaca Muñoz y Osmidio Flor Ortiz.
En el caso bajo examen, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, de defensa y a la “reparación integral de las víctimas”. El análisis de procedencia de la presente acción se realizará en consideración a todos los derechos invocados, pues, el derecho a la “reparación integral de las víctimas”, conforme a la jurisprudencia constitucional, constituye un derecho fundamental cuando se trata de asuntos de graves violaciones de los derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario, escenario que justamente es objeto de debate en el presente asunto.
En la solicitud la parte actora planteó la configuración del defecto fáctico y del desconocimiento del precedente.
Con relación al primer cargo, en síntesis, la parte actora planteó que el Tribunal habría incurrido en un defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas que reposaron en el expediente y que permitían establecer con claridad que el caso trató de una ejecución extrajudicial. Puntualizó las siguientes pruebas: i) necropsia del cadáver de Jhon Wilmer Satiaca Muñoz, ii) testimonio de las personas que conocían a las víctimas, iii) falta de denuncia e informe del investigador de campo –FPJ-11-de fecha 14 de julio de 2008, iv) oficio n.º DAS.SHUI.GOPE – 64896-1 del 5 de septiembre de 2008, y v) testimonio del señor Juan de Dios Chambo Hernández.
En lo que respecta al desconocimiento del precedente, la parte actora alegó que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta los criterios trazados por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, así como las características consignadas en el informe especial del Relator Especial para las Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, sobre los llamados “falsos positivos”.
En ese orden, la Sala advierte que:
i) La acción se presentó dentro de un término razonable, comoquiera que, si bien la sentencia cuestionada fue notificada el 20 de octubre de 2020 y la presente acción se interpuso el 26 de abril de 2021, esto es, pocos días después de haberse cumplido el término de seis (6) meses que se ha considerado como plazo razonable para presentar la acción de tutela en contra de providencias judiciales, lo cierto es que dicho término debe ser flexibilizado en el caso concreto, porque en la presente acción se discuten presuntas graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
i) La irregularidad que se le endilga a la sentencia cuestionada, especialmente, el argumento que apunta a la configuración del desconocimiento del precedente judicial, tendría de fondo un efecto decisivo y determinante en ella;
ii) La situación que generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales fue puntualizada en el escrito de tutela;
iii) No se acusa una providencia contentiva de una sentencia de tutela; y
iv) De lo que trata la presente acción de tutela es de definir, como primera medida, si de los hechos acreditados dentro del proceso de reparación directa que promovió la parte actora en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, se deduce que existió una falla en el servicio por uso excesivo de la fuerza, como lo afirmó el Tribunal Administrativo del Huila, o una ejecución extrajudicial, como lo señaló la señora Luz Denny Gallardo Agatón y lo consideró, como juez de tutela de primera instancia, la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, si bien el alegato por la supuesta violación de los derechos fundamentales apunta a que la sentencia controvertida incurrió en desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que, en primer lugar, se debe comprobar que la autoridad judicial cuestionada incurrió en valoración indebida del acervo probatorio, esto es, defecto fáctico, para, en segundo y último lugar, proceder con el análisis de la jurisprudencia en materia de ejecuciones extrajudiciales, particularmente, respecto de la tasación especial de perjuicios morales.
En ese sentido, la solicitud cumple con el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que involucra el estudio de la violación del derecho fundamental a la igualdad, el cual, como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, se encuentra inmerso en el desconocimiento del precedente, toda vez que las personas que acuden al aparato judicial en busca de remedio, alegan que este derecho puede resultar afectado, entre otros eventos, cuando se profiere una decisión sin tener en cuenta el precedente; esto es, las providencias anteriores que, debido a su pertinencia para resolver el problema jurídico planteado, debieron ser analizadas por la autoridad judicial para resolver el caso en estudio. Finalmente, atendiendo la posición mayoritaria de la Sala, se tiene que lo mismo ocurre frente al derecho fundamental al debido proceso, sin que por ello se comprometa igualmente el requisito general de la subsidiariedad.
Lo dicho, además, sirve a la Sala para desestimar el argumento que trae el Tribunal en la impugnación en relación con la falta de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
En consecuencia, la Sala procederá al estudio de la solicitud de amparo.
5.3.2. Respecto del defecto fáctico
La jurisprudencia constitucional ha identificado dos dimensiones en las que es posible que se configure el defecto fáctico. La primera, corresponde a una dimensión negativa que surge cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, situación que se presenta cuando (i) no decreta, ignora o hace una valoración defectuosa de la prueba o (ii) sin una razón válida da por no probado un hecho que emerge claramente, y, una dimensión positiva, que se produce cuando (i) el juez aprecia pruebas que fueron determinantes en la decisión de la providencia cuestionada, las cuales no ha debido tener en cuenta porque, por ejemplo, se recaudaron indebidamente o (ii) da por ciertas algunas circunstancias sin que exista material probatorio que fundamente su decisión.
En todo caso, para que se verifique la existencia de este defecto, el error debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la evaluación fáctica de la autoridad judicial que ordinariamente conoce de un asunto, ya que con ello invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares los jueces ordinarios.
A lo dicho, se agrega que la Corte Constitucional y esta Corporación han fijado como requisito para analizar el defecto fáctico que el accionante explique con suficiencia la razón por la cual estima que la providencia atacada no evaluó la prueba o la evaluó inadecuadamente, lo que implica que tiene la carga de exponer de forma clara los argumentos por los cuales considera que las pruebas que afirma, fueron desconocidas o defectuosamente valoradas, hubiesen conducido a una conclusión opuesta a la adoptada. Ello implica, en consecuencia, que deba detallar con suficiencia la incidencia que tendría su dicho sobre el análisis de la providencia, para lo cual resulta indispensable que haga la comparación de lo allí señalado con lo afirmado en sede de tutela, en un ejercicio que permitiría vislumbrar el yerro en que dice se incurrió.
De lo contrario las afirmaciones se quedan en simples especulaciones de los accionantes sobre la manera en que debió razonar el juez de instancia, que, por supuesto no constituye siquiera amenaza al núcleo esencial del debido proceso probatorio, requisito indispensable para acusar al juez de violar derechos humanos fundamentales.
En este punto, cabe señalar que entre los contenidos del derecho fundamental al debido proceso, la Corte Constitucional ha identificado un conjunto de garantías mínimas probatorias que componen lo que la misma jurisprudencia ha denominado el debido proceso probatorio, es decir, aquellos aspectos del ejercicio del derecho que están estrechamente relacionados con el decreto, práctica y valoración de los elementos de prueba en los procesos judiciales, aspectos que, a su vez, impactan en el ejercicio de los derechos fundamentales de defensa y acceso a la administración de justicia.
Al respecto, en sentencia C-163 de 2019, la Corte precisó que el debido proceso probatorio implica que las partes tienen derecho “(i) a presentar y solicitar pruebas, (ii) a controvertir las que se presenten en su contra; (iii) a la publicidad de la prueba, (iv) a la regularidad de la prueba; (v) a que el funcionario que conduce la actuación decrete y practique de oficio las pruebas necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos (Arts. 2 y 228 de la C.P.); y (vi) a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso”.
De la sentencia del 14 de agosto de 2020 la Sala observa que el Tribunal Administrativo del Huila consignó los hechos probados y enseguida los analizó de la siguiente forma:
“[…] En efecto, en el presente caso se demostró que la muerte de los señores Ángel María Petevi Satiaca, Franklin Eidelber Satiaca Muñoz, Jhon Vilmer Satiaca Muñoz y Osmidio Flor Ortiz, fue producida por miembros del Ejército Nacional con sus correspondientes armas de dotación.
[…]
Ahora bien, de manera concurrente los miembros de la fuerza pública involucrados en los hechos ocurridos el 12 de julio de 2008, manifestaron que actuaron en legítima defensa, comoquiera que las victimas reaccionaron con fuego a la proclama de quien estaba al mando de la operación y que luego detonaron una granada de fragmentación. Así mismo, las versiones de los uniformados fueron coincidentes en la descripción de los hechos y en cuanto a su ubicación durante el operativo, manifestado que se hallaban aproximadamente entre 7 y 10 metros de los sujetos.
Por su parte, los señores Juan de Dios Chambo Hernández (fl. 251 y 252 c. No. 2 pruebas) y Gustavo López Sarmiento (fl. 253 y 254 c. No. 2 pruebas), residentes de la zona, son coherentes en señalar que inicialmente escucharon disparos de armas de fuego y luego una explosión.
Adicionalmente, el informe de inspección el lugar de los hechos (fl. 74 a 82 c. No. 2 pruebas), reveló que junto al cuerpo del señor Jhon Vilmer Satiaca Muñoz, se encontró una escopeta y una granada de fragmentación, y en lo que respecta al señor Franklin Eidelber Satiaca Muñoz, éste se representa, de forma similar, con una escopeta a su costado y la espoleta resultante de la activación de la granada de fragmentación utilizada.
Así mismo, para el caso del señor Ángel María Pretevi Satiaca, se describe que su cadáver tenía un arma de fuego tipo revolver y una granada de fragmentación, y cerca de él se hallaba la motocicleta de placas FXY-37.y en lo que atañe al señor Osmidio Flor Ortiz se precisó que cerca de su mano derecha había una pistola “mini ingram”.
[…]
Así mismo, quedó probado que, al momento de realizarse las respectivas diligencias de levantamiento de cadáver a las victimas le fueron tomadas muestras para efectos de determinar la presencia de residuos de disparo, de las cuales dieron positivas las realizadas a los señores Jhon Vilmer Satiaca Muñoz y Ángel María Petevi Satiaca; y conforme el informe de balística, una de las escopetas no estaba en óptimas condiciones para plena realización del disparo (fl.30-39 c. pruebas 1).
De lo anterior, la Sala encuentra que en los hechos acaecidos el 12 de julio de 2008 en los que fallecieron los señores Ángel María Petevi Satiaca, Franklin Eidelber Satiaca Muñoz, Jhon Vilmer Satiaca Muñoz y Osmidio Flor Ortiz, el uso de la fuerza por parte de miembros del Ejército Nacional no fue proporcional, ni razonable, sino que por el contrario fue excesiva, desproporcionada e imprudente.
Lo anterior, en razón a que, en relación con el número de sujetos (4) que se dice perpetraron el ataque, la fuerza pública estaba constituida por una cuadrilla de 8 uniformados que se encontraban camuflados presuntamente esperando el paso de los extorsionistas, y ubicados aproximadamente, entre 7 y 10 metros de las víctimas, quienes, según las declaraciones de los propios agentes, se habían bajado de la motocicleta y caminaban, por lo tanto, los uniformados tenían el margen de maniobra para reducirlos y verificar su situación legal y/o ponerlos a órdenes de la autoridad judicial competente, sin quitarles la vida, pues el informe de inteligencia no facultaba a la fuerza pública para que las víctimas fueran abatidas.
En cuanto a la forma en que se hizo uso del armamento, se vislumbra indiscriminada, pues según las versiones de los uniformados y de los vecinos del sector, inicialmente se produjeron unos disparos, y dentro del proceso se demostró que solo tres armas de las que fueron halladas cerca de los cadáveres estaban en condiciones de disparar y solo se encontraron residuos de disparo en dos de las víctimas, esto es, en los señores Jhon Vilmer Satiaca Muñoz y Ángel María Petevi Satiaca, cerca de cuyos cadáveres había una escopeta y un revolver, respectivamente.
No obstante, el informe de investigador de laboratorio de 6 de enero de 2009 que reposa en el folio 30 a 41 con. pruebas 1 y que trata del análisis que fuese realizado a las armas de fuego encontradas en la escena, nada dice en relación a si la escopeta que portaba el señor Jhon Vilmer Satiaca Muñoz estaba apta o no para hacer disparos, máxime si se tiene en cuenta que dicha experticia no es medio para llevar a la convicción acerca del sujeto que disparó las armas analizadas, sino que su conclusión se contrae a determinar, tal y como el objeto de la misma diligencia permite concluir, la identificación, originalidad y características, funcionamiento y estado de conservación y residuos de disparo.
Por otra parte, se advierte que en el cadáver del Franklin Eidelber Satiaca Muñoz se halló la espoleta que presuntamente fue resultante de la activación de la granada de fragmentación utilizada, y según las declaraciones de los soldados y los residentes del sector la detonación fue posterior a los presuntos disparos, en ese sentido, tal y como señaló el A quo, la activación de la granada fue en presencia de los cinco sujetos y de la patrulla de aproximadamente 8 uniformados y a escasos diez (10) metros de distancia, sin que ninguno de éstos resultara herido con la explosión del dispositivo bélico, y los informes de necropsia nada dicen frente a esquirlas presentes en los cuerpos de los occisos, pues se reitera, se concluyó que todas las heridas fueron por arma de fuego.
[…]
En ese orden, concluye la Sala que lo que se impone es confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto estableció la falla en el servicio y endilgó responsabilidad a la entidad demandada respecto de la misma en razón a que se demostró en el proceso que se incurrió en un uso excesivo de la fuerza […]”.
(Énfasis fuera del texto original).
El anterior análisis probatorio llevó al Tribunal a concluir que el Ejército incurrió en una falla en el servicio por uso excesivo de la fuerza. Esa consideración la adoptó al inferir las circunstancias que rodearon los hechos, valiéndose, especialmente, de las siguientes pruebas:
(i) declaración del señor Nelson Ortiz (folios 259 a 263 del cuaderno principal núm. 2);
(ii) entrevista del señor Deimar Alexander Muñoz (folios 59 y 60 del cuaderno núm. 2 de pruebas);
(iii) orden de operación “MINERAL” (folios 121 a 122 del cuaderno principal núm. 1);
(iv) informe de inteligencia núm. 0309 / DIV5-BR9-RIME5-INT1-252 del 11 de julio de 2008 (folio 173 del cuaderno núm. 1 de pruebas);
(v) informe de fecha 13 de julio de 2008, suscrito por el comandante de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas núm. 11 (folio 112 del cuaderno principal núm. 1);
(vi) entrevista del señor Juan de Dios Chambo Hernández (folios 251 y 252 del cuaderno núm. 2 de pruebas);
(vii) entrevista del señor Gustavo López Sarmiento (folios 253 y 254 del cuaderno núm. 2 de pruebas);
(viii) los informes de necropsias de los señores Ángel María Petevi Satiaca, Franklin Eidelber Satiaca Muñoz, Jhon Vilmer Satiaca Muñoz y Osmidio Flor Ortiz (folios 157, 158, 158 vto, 159, 160, 161, 161 vto y 162 del cuaderno principal núm. 1, respectivamente);
(ix) informe del investigador de campo –FPJ-11– del 14 de julio de 2008, en relación a la inspección al escenario de los hechos (folios 74 a 82 del cuaderno núm. 2 de pruebas);
(x) oficio DAS.SHUI.GOPE-648986 del 5 de septiembre de 2008 (folio 172 del cuaderno núm. 2 de pruebas), según el cual los señores Jhon Vilmer Satiaca Muñoz y Ángel María Petevi Satiaca presentaban residuos de disparo en sus manos;
(xi) registro fotográfico de policía judicial que da cuenta que junto al cuerpo del señor Osmidio Flor Ortiz fue hallada una pistola Mini gram (imagen 6 toma 3937/38 folios 74 a 82 del cuaderno núm. 2 de pruebas);
(xii) informe de laboratorio PL13 de 6 de enero de 2009 (folios 30 a 41 del cuaderno núm. 1 de pruebas).
Por su parte, el escrito de amparo planteó que el Tribunal incurrió en defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas que reposaron en el expediente y que permitían establecer con claridad que el caso trató de una ejecución extrajudicial. Puntualizó las siguientes pruebas:
i) necropsia del cadáver de Jhon Wilmer Satiaca Muñoz;
ii) testimonio de las personas que conocían a las víctimas;
iii) falta de denuncia e informe del investigador de campo –FPJ-11-de fecha 14 de julio de 2008;
iv) oficio núm. DAS.SHUI.GOPE – 64896-1 del 5 de septiembre de 2008; y
v) testimonio del señor Juan de Dios Chambo Hernández.
Ahora bien, la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado advirtió que, si bien en la sentencia cuestionada fueron reseñadas las pruebas traídas a colación en el recurso de amparo por la parte actora, esto es, que no se presentó omisión probatoria, lo cierto era que de ellas el Tribunal no concluyó lo que correspondía, en tanto que desestimó que la situación corresponde a una ejecución extrajudicial y afirmó que lo acreditado se subsumía en un evento de falla en el servicio por uso excesivo de la fuerza. Ello, a juicio de la Sección Tercera, comoquiera que en el proceso ordinario se demostró que:
“[...] i) la muerte fue perpetrada por miembros del Ejército Nacional, ii) las acciones se desplegaron en el desarrollo de la misión “MINERAL”, bajo las órdenes de superiores, iii) las víctimas fueron catalogadas como “terroristas”, supuestamente adscritos a grupos insurgentes, pese a que en realidad desempeñaban la labor de “coteros” y fueron conducidos al lugar en que fueron asesinados bajo la promesa falsa de un trabajo, v) tres de los occisos tenían 19, 20 y 29 años, vi) fueron presentados como dados de baja en un presunto combate, vi) en la escena de los hechos se encontraron armas de fuego, una de ellas ni siquiera apta para disparar y una sola vainilla calibre 5.56, donde supuestamente hubo un enfrentamiento, vii) eran ocho militares contra cuatro civiles, viii) los hechos ocurrieron aproximadamente a las 22:00 horas, es decir, en horas de la noche y en zona rural de difícil acceso, viii) la justicia penal militar archivó la investigación sin adelantar mayores pesquisas y iv) la otra persona que se encontraba con las víctimas huyó del lugar de los hechos […]”.
La Sala coincide con el análisis y la conclusión a la cual arribó la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el sentido en que, pese a que el Tribunal Administrativo del Huila encontró acreditado con las pruebas que reposaron en el expediente de reparación directa que las víctimas eran civiles, fueron dados de baja con armas de uso privativo de las fuerzas públicas, ultimados con heridas de bala propinadas a corta distancia y que existían indicios y pruebas de que lo que ocurrió realmente fue un montaje de la escena para hacerla parecer como un combate contra blancos legítimos, prefirió catalogar los hechos como propios del “uso excesivo de la fuerza” sin darles la connotación de ejecución extrajudicial.
Para corroborar el pensamiento expuesto en la sentencia de tutela del 14 de mayo de 2021, la Sala considera importante resaltar que en manos del Tribunal reposaron pruebas de las cuales, con una lectura conjunta de la totalidad del acervo probatorio, era posible inferir que la controversia no se trataba una falla en el servicio por uso excesivo de la fuerza sino de un “falso positivo”. Entre otras, se destacan los informes:
(i) del investigador de campo FPJ-11- del 22 de mayo de 2013 (folios 116 a 121 del cuaderno de pruebas núm. 1) donde se consignó que “[…] la herida descrita en el occiso, Jhon Wilmer Satiaca Muñoz, […] indica que el disparo se realizó a corta distancia no mayor a 30 cm […]”.
(ii) de laboratorio PL 13 de 6 de enero de 2009 (folios 30 a 41 del cuaderno de pruebas núm. 1) que da cuenta que una de las cuatro armas incautadas, la escopeta calibre 20, no estaba en condiciones óptimas para ser utilizada.
Como también lo expresó el juez de tutela de primera instancia, el Tribunal pasó por alto que en materia de ejecuciones extrajudiciales los jueces deben efectuar un análisis a profundidad de las circunstancias que rodearon el caso e, incluso, en no pocos eventos flexibilizar la carga probatoria en favor de la parte actora, dada la dificultad natural del tipo de proceso para recaudar las pruebas, precisamente porque las escenas de los hechos suelen ser manipuladas.
Esos “deberes”, si se quiere, del juez, los incumplió el Tribunal, por ejemplo, en el momento en que sopesó: (i) la prueba de la espoleta que presuntamente resultó de la activación de una granada de fragmentación, con la cual, extrañamente, no resultaron heridos ni las víctimas ni los uniformados; (ii) la inexistencia de antecedentes penales y de pruebas sobre la comisión de conductas delictivas por parte de las víctimas, especialmente, las relacionadas con extorsión y narcoterrorismo, punibles con los cuales el Ejército Nacional justificó la operación “MINERAL”; y (iii) la prueba sobre los residuos de pólvora encontrados en los cuerpos de dos de las cuatro víctimas; toda vez que utilizó las pruebas para descartar los alegatos presentados por la entidad demandada, dirigidos a probar como eximente de responsabilidad del Estado la culpa exclusiva de las víctimas, y, al tiempo, respaldar la idea de existencia de una falla del servicio por uso excesivo de la fuerza, sin confrontarlas con la tesis propuesta por la parte actora sobre una ejecución extrajudicial. Esto fue lo sostenido por la autoridad judicial demandada:
“[…] Por otra parte, se advierte que en el cadáver del Franklin Eidelber Satiaca Muñoz se halló la espoleta que presuntamente fue resultante de la activación de la granada de fragmentación utilizada, y según las declaraciones de los soldados y los residentes del sector la detonación fue posterior a los presuntos disparos, en ese sentido, tal y como señaló el A quo, la activación de la granada fue en presencia de los cinco sujetos y de la patrulla de aproximadamente 8 uniformados y a escasos diez (10) metros de distancia, sin que ninguno de éstos resultara herido con la explosión del dispositivo bélico, y los informes de necropsia nada dicen frente a esquirlas presentes en los cuerpos de los occisos, pues se reitera, se concluyó que todas las heridas fueron por arma de fuego.
[…]
Si bien la ausencia de antecedentes penales no es prueba que los fallecidos no estuvieren ejerciendo actividades delictivas el día de los hechos, lo cierto es que dentro del proceso tampoco se acreditó comisión de la conducta delictiva que dio lugar a la orden de operaciones; pues no se allegó denuncia alguna respecto de los señores Osmidio Flor Ortiz, Jhon Vilmer Satiaca Muñoz, Franklin Eidelber Satiaca Muñoz y Ángel María Petevi Satiaca que los señalara como presuntos extorsionistas, ni se identificó victima por éste delito ni se trajo al plenario una investigación penal por hechos constitutivos de dicha conducta punible […]
[…]
Sin embargo, no puede desconocer la Sala que en poder de los hoy occisos fueron halladas armas y que al menos en dos de los mismos se estableció un resultado positivo en cuanto a residuos de disparo, con lo que puede inferir la existencia de algún tipo de enfrentamiento, pero este en todo caso no daba derecho a que los uniformados hicieran uso excesivo y desproporcional de la fuerza […]
[…]
Tampoco puede predicarse la culpa exclusiva de las víctimas alegada por la entidad demandada y recurrente, pues llama la atención de la Sala que, además de no estar probado que la escopeta que se encontró cerca del cuerpo del Jhon Vilmer Satiaca Muñoz estuviera apta para disparar, según los protocolos de necropsia su cadáver presentaba tatuaje de disparo en una de sus heridas, de manera que pudo ser impactado a una distancia menor a 30 cm, es decir, que para tal momento la fuerza pública tuvo la oportunidad de contrarrestar sin mayores daños a la integridad personal del citado la eventual acción de amenaza que este pudiera desplegar o representar contra los militares […]”.
Para la Sala el análisis del Tribunal resultó contradictorio pues, para señalar los hechos como de falla en el servicio por uso excesivo de la fuerza, otorgó un peso importante a la prueba que indicó que en el cuerpo del señor Jhon Vilmer Satiaca Muñoz existían “rastros de disparo”; pero, al analizar la defensa del Ejército Nacional basada en la culpa exclusiva de la víctima, ponderó que el arma que se encontró cerca del cuerpo del señor Jhon Vilmer Satiaca Muñoz, esto es, la escopeta calibre 20, no servía para disparar.
En ese orden, la valoración defectuosa y contraevidente del conjunto probatorio, que incidió de forma directa y determinante en la solución del litigio, condujo al Tribunal a encuadrar la situación en una falla en el servicio por uso excesivo de la fuerza y descartar de tajo, sin análisis alguno, que se trataba de una con las características propias de una ejecución extrajudicial. Ello permite a la Sala confirmar la sentencia de tutela del 14 de mayo de 2021, por la configuración del defecto fáctico que evidenció la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y, proceder a examinar, si, de contera, se incurrió en un desconocimiento del precedente judicial en materia de ejecuciones extrajudiciales, particularmente, respecto de la tasación especial de perjuicios morales.
5.3.3. Respecto del desconocimiento del precedente
La Corte Constitucional, al referirse al desconocimiento del precedente, ha precisado que: “El precedente es el conjunto de sentencias anteriores al caso estudiado por el juez, que debido a su pertinencia para resolver el problema jurídico planteado deben ser tenidas en cuenta por el juez o la autoridad a quien le competa”, y que la manera para determinar cuándo el precedente resulta necesario para la solución del caso es si: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente”. De esta forma -concluye- “[…] el precedente utilizado debe guardar similitud entre los hechos, el problema jurídico planteado y en la normatividad utilizada para resolver los casos […]”.
Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la sentencia pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar, unos mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados, e iguales fundamentos en derecho. A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que se ataque la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente, impone al actor la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho.
Visto desde esta perspectiva, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia cuestionada se identifica con aquél en su objeto y causa, entendiéndose por el primero la pretensión jurídica analizada, y por la causa los hechos en que se funda dicha pretensión y los fundamentos normativos de la misma.
No habrá entonces desconocimiento del precedente si la sentencia analizada difiere en cualquiera de los aspectos indicados. Tampoco podrá invocarse el desconocimiento del precedente si la sentencia que difiere del mismo fundamenta su decisión en contra de manera razonable y suficiente, justificando tal posición. Pues ello está dentro de la autonomía funcional del juez.
Frente al desconocimiento del precedente la parte actora señaló la sentencia del 7 de junio de 2017 proferida por el Consejo de Estado, entre otras, en las que se plasmaron una serie de características orientadoras para ayudar a identificar una ejecución extrajudicial, dado su carácter reiterativo en los procesos judiciales. Al respecto, se ilustra lo siguiente:
“[…] Para determinar que se trata de un acto de lesa humanidad la Sala ha debido analizar bajo criterios contextuales los hechos del presente caso y los de otras decisiones judiciales, de las que se desprenden los elementos singulares siguientes: (1) se trata de acciones desplegadas por diferentes unidades y miembros de las fuerzas militares con ocasión del conflicto armado; (2) se realizan bajo la cobertura de órdenes o misiones militares y con conocimiento de los altos mandos militares de cada zona en donde se despliegan; (3) presuntamente se identifican a miembros de grupos armados insurgentes, de bandas criminales o de narcotraficantes; (4) involucran a personas de la población civil que responden a ciertas características: (4.1) son jóvenes [edades que oscilan entre 19 y 26 años]; (4.2) algunos campesinos, otros personas que llegaron a las ciudades y que tenían un oficio, en determinados casos personas que se realizan actividades ilícitas menores, y alguno con una elección de vida social, como ser “punkero”, o con discapacidades mentales o sensoriales reconocibles exteriormente; (5) son presentados como dados de baja en presuntos combates entre las fuerzas militares y miembros de grupos armados insurgentes o bandas criminales; (6) en la escena de los hechos a las personas de la población civil muertas violentamente les encuentran armas de fuego de corto alcance [revólveres y pistolas] que fueron accionadas en pocas ocasiones o no lo fueron; (7) por el contrario los miembros de cada unidad militar dispara en el evento un abundante número de proyectiles de sus armas de dotación oficial]; (8) siempre se trataba de acciones en las que las unidades militares contaban con mayoría respecto de los presuntos insurgentes o de los miembros de bandas criminales; (9) los hechos ocurren en la noche, en zonas de difícil acceso y sin presencia de viviendas; y, (10) las investigaciones iniciales son adelantadas por la justicia penal militar con cierres, archivos y envío a la jurisdicción ordinaria después de enfrentar serias dificultades para lograr establecer la veracidad de los hechos […]”.
Pues bien, partiendo de la configuración del defecto fáctico atrás analizado, del cual se concluyó que los hechos acreditados en el proceso de reparación directa que adelantó la parte actora en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios causados por la muerte de los señores Ángel María Petevi, Franklin Eidelber Satiaca Muñoz, Jhon Vilmer Satiaca Muñoz y Osmidio Flor Ortiz, demostraron que la situación se trataba de una con características de ejecución extrajudicial, la Sala pasa a determinar si en el caso bajo examen la parte actora tiene derecho a una tasación excepcional del daño moral, y, como consecuencia, el Tribunal incurrió en desconocimiento del precedente judicial sobre esa materia.
En ese orden, tal como lo consideró la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, es necesario remitirse a la sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2014, por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que fijó la siguiente regla jurisprudencial:
“[…] No obstante, frente a esta pretensión, precisa la Sala que la jurisprudencia de esta Sección abandonó el criterio de remisión al oro, de manera que en la actualidad las indemnizaciones se fijan en moneda legal colombiana y su quantum se determina por el juzgador, en cada caso. Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencias de la presente fecha [28 de agosto de 2014] unificó los topes indemnizatorios en materia de reparación de perjuicios morales hasta 100 SMLMV en casos de muerte en los eventos allí descritos.
Sin embargo, la Sala precisa, con fines de unificación jurisprudencial, que en casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en los eventos descritos en la sentencia de unificación antes citada, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el triple de los montos indemnizatorios fijados en dicha sentencia. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño […]”.
La lectura de la regla jurisprudencial transcrita permite a la Sala denotar que, en casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, dentro de los cuales se encuentran los eventos de ejecuciones extrajudiciales, es posible que el juez natural del proceso ordinario ordene el reconocimiento de perjuicios morales en un monto que supere los 100 SMLMV, fijados como máximo general, hasta 300 SMLMV. En todo caso, la jurisprudencia previó que dicha prerrogativa judicial debe estar motivada y ser proporcional a la intensidad del daño probado.
Por lo anterior, es indispensable volver sobre lo probado en el expediente ordinario que fue aportado al presente trámite de tutela, para verificar si, en efecto, la parte actora demostró que sufrió mayor intensidad y gravedad del daño moral.
La parte actora señaló que se encontraba en estado de embarazo al momento del fallecimiento del señor Franklin Eidelber Satiaca Muñoz, y, como consecuencia, a su hijo menor se le privó de crecer junto a su padre, así como de recibir su cariño. Aunado a ello, alegó que se le vulneraron sus derechos al buen nombre, honra e integridad, toda vez que fueron expuestos al señalamiento público, lo cual generó un sufrimiento irremediable y un dolor mucho más intenso, ante la acusación de ser familiares de un “terrorista”.
La Sala advierte que, efectivamente, en el proceso ordinario la señora Luz Denny Gallardo Agatón probó haber padecido dolor, incertidumbre o aflicción de una intensidad bastante considerables, dados los reprochables hechos en que fue asesinada su pareja sentimental, lo que incluyó manipulación de la escena del crimen, que lo entregaran semidesnudo y que se le tildara de miembros de grupos terroristas, razón por la cual el Tribunal Administrativo del Huila debió aplicar la regla de excepción.
En consecuencia, el Tribunal desconoció el precedente judicial, comoquiera que la parte actora tenía derecho a la aplicación de la regla de excepción tratándose del reconocimiento de perjuicios morales, dado que, se insiste, los hechos acreditados permiten concluir que la muerte de los señores Ángel María Petevi, Franklin Eidelber Satiaca Muñoz, Jhon Vilmer Satiaca Muñoz y Osmidio Flor Ortiz involucró graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en la modalidad de ejecuciones extrajudiciales.
Por todo lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 14 de mayo de 2021, mediante la cual la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, proferida el 14 de mayo de 2021 por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, por las razones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejera de Estado Consejero de Estado
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 8 de noviembre de 2017, rad. 50.844, M.P. Patricia Salazar Cuellar.
Consejo de Estado, sentencia del 9 de junio del 2017, rad. 54001-23-31-000-2010-00370-01, M.P. Jaime Orlando Santofimio.
Informe especial del Relator para las Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU (2010 – 2014).
Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
Dentro del expediente con radicado número 68-001-23-31-000-2002-02548-01 (36149), M.P. Hernán Andrade Rincón.
Dentro del expediente con radicado número 05001-23-31-000-1996-00659-01 (25022).
Con esta prueba, la parte actora señaló que se desconoció que, los disparos a corta distancia, son propios de las ejecuciones extrajudiciales.
La parte actora indicó que no se tuvieron en cuenta los testimonios de las personas que daban cuenta que las victimas “fueron sacadas de sus casas con el ofrecimiento de trabajo, engañados, aprovechándose de su necesidad económica”.
Frente a esta prueba la parte actora arguyó que se valoró incorrectamente el hecho de no obrar en el plenario prueba de alguna denuncia ciudadana por las acusaciones a las víctimas de “extorsionistas”.
Frente a esta prueba la parte actora alegó que se valoró indebidamente este informe, pues, pese haber ocurrido un supuesto combate, en el lugar de los hechos solo se encontró una vainilla de fusil 5.56, cuando los impactos de las víctimas fueron múltiples.
Por medio del cual se certificó la inexistencia de antecedentes judiciales de las víctimas.
Con esta prueba la parte actora alegó que no se valoró en toda su dimensión el testimonio y con ello se desconoció la “flexibilización de la prueba en casos de graves violaciones a los derechos humanos”.
Dentro del proceso de reparación directa con radicado núm. 05001-23-25-000-1999- 01063-01 (32988).
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de septiembre del 2013, rad. 36460, M.P. Enrique Gil Botero.
Para respaldar su afirmación se refirió de forma breve a las consideraciones de la sentencia de tutela de segunda instancia del 20 de mayo de 2021, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del proceso con radicado núm. 11001-03-15-000-2020-05142-01.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Sentencia C-753 de 2013.
Del núcleo esencial del derecho fundamental a la igualdad se desprenden, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, dos mandatos básicos: otorgar el mismo trato a supuestos de hecho equivalentes y otorgar un trato diferente a situaciones de hecho disímiles. Para determinar con mayor precisión el alcance del derecho a la igualdad, la Corte ha identificado cuatro reglas que se derivan de los dos mandatos generales, a saber: (i) debe darse un tratamiento distinto a situaciones de hecho que no tienen ningún elemento en común; (ii) debe darse el mismo trato a situaciones de hecho idénticas; (iii) debe darse un trato paritario a situaciones de hecho que presenten similitudes y diferencias, cuando las similitudes sean más relevantes que las diferencias; y (iv) debe darse un trato diferente a situaciones de hecho que presenten similitudes y diferencias, cuando las diferencias sean más relevantes que las similitudes. (Corte Constitucional, sentencia C-571 de 2017)
El magistrado ponente advierte que no comparte la posición mayoritaria de la Sala.
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, Sentencias T-567 de 1998 y T-417 de 2008, entre otras.
Cfr. Sentencias T-239 de 1996 y T-747 de 2009.
Ver Corte Constitucional, Sentencias T-538 de 1994, T-086 de 2007 y T-747 de 2009, entre otras.
Corte Constitucional, sentencia C-163 de 2019, M.P.: Diana Fajardo Rivera.
Con esta prueba, la parte actora señaló que se desconoció que, los disparos a corta distancia, son propios de las ejecuciones extrajudiciales.
La parte actora indicó que no se tuvieron en cuenta los testimonios de las personas que daban cuenta que las victimas “fueron sacadas de sus casas con el ofrecimiento de trabajo, engañados, aprovechándose de su necesidad económica”.
Frente a esta prueba la parte actora arguyó que se valoró incorrectamente el hecho de no obrar en el plenario prueba de alguna denuncia ciudadana por las acusaciones a las víctimas de “extorsionistas”.
Frente a esta prueba la parte actora alegó que se valoró indebidamente este informe, pues, pese haber ocurrido un supuesto combate, en el lugar de los hechos solo se encontró una vainilla de fusil 5.56, cuando los impactos de las víctimas fueron múltiples.
Por medio del cual se certificó la inexistencia de antecedentes judiciales de las víctimas.
Con esta prueba la parte actora alegó que no se valoró en toda su dimensión el testimonio y con ello se desconoció la “flexibilización de la prueba en casos de graves violaciones a los derechos humanos”.
Sentencia T-1033 de 2012.
Consejo de Estado, sentencia del 9 de junio del 2017, rad. 54001-23-31-000-2010-00370-01, M.P. Jaime Orlando Santofimio.
Sentencia emitida dentro del proceso de reparación directa con radicado n.º 05001-23-25-000-1999- 01063-01 (expediente 32988).
Radicado: 11001-03-24-000-2018-03711-01
Demandante: Andrés Mauricio Acero Fernández
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