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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00884-00

Fecha
20 de abril de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00884-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-00884-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

20 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. EL TRIBUNAL NO INCURRIÓ
EN EL DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE ENDILGADO. TOPES
INDEMNIZATORIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS
MORALES EN CASOS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS
HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO. PARA APLICAR LA EXCEPCIÓN DE LA REGLA GENERAL DE
TOPES INDEMNIZATORIOS DEBE ACREDITARSE LA MAYOR INTENSIDAD Y
GRAVEDAD DEL DAÑO MORAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA, A LA
IGUALDAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la

actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA

CATALINA1.

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

La señora LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ, actuando a

través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

defensa, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y

al principio de reparación integral, los cuales, a su juicio, les fueron

vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de

4 de agosto de 2022, dentro de la acción de reparación directa

identificada con el número único de radicación 41001-33-31-003-

2008-00467-01, a la cual se le acumuló el expediente núm.

41001-33-31-003-2007-00273-01

I.2 Hechos

1
En adelante el Tribunal.

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3

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Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ

Manifestó que el 4 de enero de 2007, un hombre llamado “LUIYI”,

citó al señor JOSÉ ARISTIDES GARCÍA CLAROS Q.E.P.D. a

encontrarse esa noche a las 7 p.m. en el matadero municipal, cita

a la que también acudieron los señores FAIBER CUELLAS

GONZÁLEZ Q.E.P.D. y DIEGO FERNEY SIERRA ALVAREZ.

Resaltó que, al llegar al lugar, un vehículo de propiedad de “LUIYI”

los transportó hacia la inspección de la Jagua – Garzón, con el

propósito de conseguir marihuana, pero contrario a ello, fueron

entregados a un grupo del Ejército Nacional perteneciente al

Batallón de Infantería núm. 26 “Cacique Pigoanza”, que los

esperaba en el trayecto entre la Jagua y el Puente del Zapatero.

Indicó que los militares retuvieron a los señores JOSÉ

ARISTIDES GARCÍA CLAROS Q.E.P.D., FAIBER CUELLAS

GONZÁLEZ Q.E.P.D. y DIEGO FERNEY SIERRA ALVAREZ, y los

condujeron hacia la vereda Puerto Alegría de Garzón – Huila, lugar

en el cual fueron acribillados a tiros de fusil, logrando escapar con

vida únicamente el señor DIEGO FERNEY SIERRA ALVAREZ,

quien contó a la Fiscalía Veintiuno (21) lo ocurrido, pues sus otros

dos compañeros fallecieron en ese momento.

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Resaltó que los militares los presentaron como delincuentes

comunes dados de baja.

Sostuvo que, como hija del señor JOSÉ ARISTIDES GARCÍA

CLAROS Q.E.P.D., junto con su núcleo familiar, promovió

demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la

Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, a la

cual le fue asignado el número único de radicación 2007-00273-

00.

Precisó que los familiares del señor FAIBER CUELLAS

GONZÁLEZ Q.E.P.D. también promovieron demanda dentro de la

acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio de

Defensa Nacional – Ejército Nacional, por los mismos hechos, a la

cual le correspondió el número único de radicación 2008-00467-00.

Destacó que los mencionados procesos fueron acumulados

mediante providencia de 10 de mayo de 2013, dictada por el

Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Neiva,

ordenándose continuar la actuación bajo el número único de

radicación 2008-00467-00.

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Afirmó que el asunto correspondió en primera instancia al Juzgado

Sexto Administrativo Oral del Circuito de Neiva2 que, mediante

sentencia de 10 de noviembre de 2017, denegó las pretensiones

de la demanda al considerar que no se probó la falla del servicio

alegada.

Comentó que, inconformes con lo anterior, interpusieron recurso

de apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que,

mediante providencia de 4 de agosto de 2022, revocó la decisión

del a quo y, en su lugar, declaró responsable a las accionadas por

los daños antijurídicos producidos con ocasión del homicidio de los

señores JOSÉ ARISTIDES GARCÍA CLAROS Q.E.P.D. y FAIBER

CUELLAS GONZÁLEZ Q.E.P.D., por lo que a título de

indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral le fue

reconocido el pago de 100 SMLMV, así como la suma de

$44.214.665,13 a título de perjuicios materiales por lucro cesante

consolidado, denegando las demás pretensiones de la demanda.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió

en defecto sustantivo al dejar de aplicar la regla de excepción

2
En adelante el Juzgado.

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prevista en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014,

proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de

Estado3, teniendo en cuenta que, pese a que se probó la gravedad

del daño moral y la violación de los derechos humanos y el

Derecho Internacional Humanitario, únicamente le fueron

reconocidos 100 SMLMV.

Sustentó que la regla jurisprudencial dispuesta en la mencionada

sentencia de unificación permite que, en casos excepcionales,

como lo son las graves violaciones a los derechos humanos e

infracciones al Derecho Internacional Humanitario, dentro de las

cuales se encuentran los eventos de ejecuciones extrajudiciales,

el juez natural de la causa ordene el reconocimiento de perjuicios

morales en un monto superior a los 100 SMLMV, fijados como

máxima general, hasta 300 SMLMV.

Explicó que la muerte de su padre, esto es, el señor JOSÉ

ARISTIDES GARCÍA CLAROS Q.E.P.D. es un homicidio en

persona protegida, que claramente constituye un delito de lesa

humanidad y es uno de los casos que amerita una tasación

especial de los perjuicios morales, precisamente por ser una

ejecución extrajudicial, lo que demuestra una grave violación de

3
Expediente identificado con el número único de radicación 05001-23-25-000-1999-1063-01
(32988), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

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los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario,

comoquiera que no sólo fue privado de su derecho a la vida, sino

que también de su buen nombre, honra e integridad, lo que le

produjo a los familiares un sufrimiento irremediable y un dolor

intenso.

Resaltó que el señor JOSÉ ARISTIDES GARCÍA CLAROS

Q.E.P.D. procreó cuatro hijos, dos de los cuales al momento de los

hechos eran menores de edad, dejándolos a temprana edad y con

el estigma de que su padre era un delincuente, situación que hizo

más difícil superar el daño que no debían soportar.

Finalmente, puso de presente que la sentencia de unificación

mencionada ha sido replicada en varias oportunidades por el

Consejo de Estado4 que, en casos similares al de la referencia, han

ordenado aplicar la regla de excepción en materia de

reconocimiento de perjuicios materiales en asuntos de violación

de derechos humanos como ocurre en el caso concreto.

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”,
sentencia de 8 de octubre de 2020, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, expediente identificado
con el número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00276-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”,
sentencia de 14 de mayo de 2021, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente identificado con el
número único de radicación 11001-03-15-000-2021-01917-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
julio de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, expediente identificado con el número único de
radicación 11001-03-15-000-2021-01917-01.

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I.4. Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como violados y, en consecuencia:

“[…] se condene (sic) LA NACION – MINISTERIO DE
DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, a pagar por concepto de
perjuicios morales a favor de los demandantes de
conformidad con la sentencia de unificación de
Jurisprudencia del 28 de agosto de 2014, proferida por el
Consejo de Estado, Sala plena de la sección tercera, siendo
consejero ponente el Doctor RAMIRO PAZOS GUERRERO,
dentro del expediente número 05001232500019991063-
01 ( 32988), teniendo en cuenta la gravedad del daño
moral por la grave violación a los derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario, a favor
de cada uno de los demandantes del primer orden, el
equivalente a 300 S.M.L.M.V., a favor de cada uno de los
demandantes del segundo orden, el equivalente a 150
S.M.L.M.V. […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL, luego de hacer un recuento del trámite

surtido dentro del proceso ordinario, arguyó que en la providencia

cuestionada se refirió al análisis probatorio de las circunstancias

de mayor intensidad y gravedad del daño moral alegado, citando

la jurisprudencia correspondiente al contexto de la excepción de

los topes indemnizatorios, llegando a colegir que a los allí

accionantes se les debía aplicar el límite fijado, toda vez que de

los medios de pruebas obrantes en el expediente no era dable

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colegir alguna condición de aflicción, mayor gravedad, exposición

o revictimización, que permitiera establecer una circunstancia de

mayor intensidad del dolor.

Así las cosas, sostuvo que no incurrió en el defecto alegado,

comoquiera que fundamentó en derecho la sentencia acusada,

guardando total coherencia entre los fundamentos y la decisión

proferida, además, aseguró que brindó garantía y protección de

los derechos fundamentales, por lo que solicitó denegar el amparo

deprecado.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO y los señores LUCILA CLAROS DE GARCÍA,

FANNY, MARILU, ALBA DENIS, JOSÉ ONAIRE, RAFAEL y

MARIELA GARCÍA CLAROS, MARÍA LEYLA GARCÍA DE

SCARPETTA, ODENY GONZÁLEZ NARVÁEZ, JHON EIDER,

JEISSON ANDRÉS y HUVER SADDI RIAÑOS GONZÁLEZ,

WILSON, LUZ MARY, ANA LIBIA y NORBEY CUELLAR

GONZÁLEZ, MARTHA LILIANA RODRÍGUEZ MAZA, NINI

JOHANA SUÁREZ CONDE, JOSÉ ALBEIRO, MARIALY, JOSÉ

ARÍSTIDES y YESENIA GARCÍA RODRÍGUEZ, pese a ser

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notificados del presente trámite constitucional en debida forma,

guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6

de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número

377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre

las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de

2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento

de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de

20125, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y

con miras a unificar la jurisprudencia, luego de analizar la

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P.
Dra. María Elizabeth García González, número de radicación: 2009-01328.

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evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra

providencias judiciales tanto en la Corte Constitucional como en

esta Corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio

mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la

acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que

las distintas Secciones que la componen han abierto paso a dicha

acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha

advertido la vulneración de derechos constitucionales

fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se

modificó ese criterio radical y se declaró la procedencia de la

acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en

presencia de la violación de derechos constitucionales

fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros

fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella, elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

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de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo6.

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción

de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa
de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la
acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias
de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de
2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 11001 03 15 000 2012
02201 01

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vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio
y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida,
mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha

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señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución. […]”

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En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que

se deje sin efecto la providencia de 4 de agosto de 2022,

proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual revocó la

decisión dictada por el JUZGADO y, en su lugar, accedió a las

pretensiones de la demanda promovida dentro de la acción de

reparación directa identificada con el número único de radicación

2008-00467-01, a la cual se le acumuló el expediente núm. 2007-

00237-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la

igualdad, al acceso a la administración de justicia y al principio de

reparación integral, habida cuenta que, a juicio de la parte actora,

la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto sustantivo.

Los disensos de la actora radican en que, a su juicio, el TRIBUNAL

desconoció la regla de excepción prevista en la sentencia de

unificación de 28 de agosto de 2014, proferida por la Sala Plena

de la Sección Tercera del Consejo de Estado7, la cual dispone que

en casos excepcionales de graves violaciones a los derechos

humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, el

7
Expediente identificado con el número único de radicación 05001-23-25-000-1999-01063-01
(32988), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

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juez natural de la causa puede ordenar el reconocimiento de

perjuicios morales en un monto superior a los 100 SMLMV, fijados

como máxima general, hasta 300 SMLMV.

En este punto la Sala advierte que, aun cuando la parte actora

alega la existencia de un defecto sustantivo, los argumentos de

inconformidad están dirigidos a demostrar un desconocimiento del

precedente judicial de la sentencia de unificación de 28 de agosto

de 2014, dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta

Corporación, por lo que bajo tal precepto será desarrollada la

solicitud de amparo.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que

debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso

cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la

acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal

derrotero, ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulneró

los derechos fundamentales invocados al proferir la providencia de

4 de agosto de 2022, dentro de la acción de reparación directa

identificada con el número único de radicación 2008-00467-01, a

la cual se le acumuló el expediente núm. 2007-00237-01.

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Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional,

acogida por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala observa que en el presente asunto se cumple con el

requisito de la relevancia constitucional, por cuanto la actora

plantea con suficiente carga argumentativa, las razones por las

cuales, en su criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en

desconocimiento del precedente judicial y vulneró sus derechos

fundamentales invocados; contra la decisión cuestionada no

proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los

recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y

unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de

tutela se interpuso en un plazo razonable 8 y, por último, la

solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman

lesionados.

Verificado lo anterior, corresponde determinar si el TRIBUNAL

incurrió en el desconocimiento del precedente judicial alegado al

8
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente:
doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

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proferir la providencia de 4 de agosto de 2022, por abstenerse de

aumentar el quantum indemnizatorio de los perjuicios morales

reconocidos, dentro de la acción de reparación directa identificada

con el número único de radicación 2008-00467-01, a la que se le

acumuló el expediente núm. 2007-00237-01.

Desconocimiento del precedente judicial

Por su parte, en lo que respecta al desconocimiento del

precedente judicial se ha determinado que de acuerdo con lo

establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política,

el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus

providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla

general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que

encuentra sus límites en la realización de otros valores

constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia

constitucional.

En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional

puntualizó:

“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca
el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la
Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y

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concretamente igualdad en la interpretación y aplicación de
la ley por las autoridades judiciales, garantizándose de esta
forma la seguridad jurídica y con ella la certeza de la
comunidad respecto a la forma en la que se van a decidir
los casos iguales. Como resultado de lo anterior, surge como
límite a la autonomía e independencia de los Jueces el
respeto por el precedente9”.

De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela

cuando la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las

partes. En especial, respecto del precedente vertical, la

Jurisprudencia de esa Corporación ha sido enfática en sostener

que el Juez no sólo está vinculado por el artículo 13 de la

Constitución Política, que impone la igualdad de trato jurídico en

la aplicación de la ley, sino también que su autonomía se

encuentra limitada por la eficacia de los derechos fundamentales

y, en particular, del debido proceso judicial10.

No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también

ha admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre

y cuando se sustenten debidamente las razones de su

9
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-
571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte
Constitucional.

10
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.

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posición (principio de razón suficiente)11.

En el asunto bajo examen, la actora alega que el TRIBUNAL

desconoció el precedente fijado por la Sala Plena de la Sección

Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 28

de agosto de 2014, por medio de la cual se dispuso que, en casos

excepcionales, como lo son las graves violaciones a los derechos

humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario,

dentro de las que se encuentran los eventos de ejecuciones

extrajudiciales, el juez de la causa puede ordenar el

reconocimiento de perjuicios morales en un monto superior a los

100 SMLMV.

Explicó que en la providencia acusada, la autoridad judicial

accionada únicamente ordenó reconocérsele como perjuicios

morales 100 SMLMV, pese a que la muerte de su padre, esto es,

el señor JOSÉ ARISTIDES GARCÍA CLAROS Q.E.P.D., fue un

homicidio en persona protegida a manos de miembros del Ejército

Nacional, lo que claramente constituye un delito de lesa

humanidad y amerita aumentar el quantum indemnizatorio de los

perjuicios reconocidos, tal como lo fue solicitado en el escrito de

demanda.

11
Ver sentencia T-292 de 2006.

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Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, es del caso

traer a colación la sentencia de unificación presuntamente

desconocida.

Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, proferida

por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de

Estado

Mediante sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 12, la

Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció

un conjunto de reglas vinculantes a todos los operadores judiciales

en asuntos en los que se analice el daño antijurídico y se vean

gravemente involucrados bienes o derechos protegidos por la

Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Política.

En la mencionada providencia, la Sala Plena de la Sección Tercera

del Consejo de Estado unificó su criterio respecto de las reglas

jurisprudenciales relacionadas con la tasación de los perjuicios

morales en caso de muerte o lesión de un ser querido, de la

siguiente manera:

“[…] Sea lo primero señalar, que procede la Sala a unificar
la jurisprudencia en materia de reparación de

12
Expediente identificado con el número único de radicación 05001-23-25-000-1999-01063-01
(32988), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

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perjuicios inmateriales; lo anterior, por cuanto la
Sección considera necesario y oportuno determinar los
criterios generales que se deben tener en cuenta para
la liquidación del mencionado perjuicio.
(…)
Así las cosas, tenemos que el concepto de perjuicio moral se
encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los
sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor,
zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de
un daño antijurídico, individual o colectivo.

En consecuencia, para la reparación del perjuicio moral en
caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía
afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la
justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los
cuales se distribuyen así:

Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de
las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en
general, de los miembros de un mismo núcleo familiar
(1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o
compañeros permanentes o estables). A este nivel
corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.

Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del
segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos
y nietos). A este nivel corresponde una indemnización
equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia
del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel
corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope
indemnizatorio.

Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto
grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una
indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares
(terceros damnificados). A este nivel corresponde una
indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

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GRAFICO No. 1
REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
Relación afectiva del 2º
Relaciones afectivas de consanguinidad o Relación afectiva del 3º Relación afectiva del 4º Relaciones afectivas
Regla general en el conyugales y paterno- civil (abuelos, de consanguinidad o de consanguinidad o no familiares -
caso de muerte filiales hermanos y nietos) civil civil. terceros damnificados
Porcentaje 100% 50% 35% 25% 15%
Equivalencia en
salarios mínimos 100 50 35 25 15

Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del
estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los
niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación
afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la
relación afectiva.

En casos excepcionales, como los de graves violaciones
a los derechos humanos, entre otros, podrá otorgarse
una indemnización mayor de la señalada en todos los
eventos anteriores, cuando existan circunstancias
debidamente probadas de una mayor intensidad y
gravedad del daño moral, sin que en tales casos el
monto total de la indemnización pueda superar el triple
de los montos indemnizatorios antes señalados. Este
quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la
intensidad del daño […].

Así las cosas, se extrae de lo anterior que la Sala Plena de la

Sección Tercera de esta Corporación fijó unas reglas

jurisprudenciales con el fin de determinar los topes

indemnizatorios de los perjuicios morales por la muerte de un ser

querido, de conformidad con los niveles de afectividad que pruebe

o acredite cada una de las víctimas del daño, además, creó una

regla excepcional que faculta al juez contencioso a superar tales

topes.

Es así como en eventos de graves violaciones a los derechos

humanos, la indemnización de los perjuicios morales podrá

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superar los montos establecidos en dicha tabla, siempre que

“existan circunstancias probadas de una mayor intensidad y gravedad

del daño moral”, sin que en tales casos el quantum total supere el

triple de los montos establecidos.

En efecto, cuando el juez de lo contencioso administrativo esté en

presencia de un acto grave de violación de derechos

humanos y, además, se encuentre debidamente acreditada

la gravedad e intensidad del daño moral, está facultado para

apartarse de la regla general asociada a los topes indemnizatorios

establecidos para perjuicios morales por muerte de un ser querido,

sin que se supere el triple de los montos indemnizatorios, decisión

que deberá estar motivada y ser proporcional a la intensidad del

daño probada.

Siguiendo el mismo criterio, la Corte Constitucional en sentencia

T-147 de 21 de mayo de 202013, dispuso:

“[…] 96. En vista de lo anterior, se observa que si bien existen
casos excepcionales en los que podría otorgarse una
indemnización mayor a la señalada en la tabla arriba expuesta
(ver supra numeral 92), esta excepción exige, además de la
configuración de situaciones particularmente gravosas
como las graves violaciones a los derechos humanos, la
verificación de circunstancias debidamente probadas
de una mayor intensidad y gravedad del daño moral.
Esto, a su vez, se traduce en una exigencia reforzada

13
M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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para el juzgador al momento de fundamentar la
aplicación de la excepción establecida en la sentencia
de unificación del Consejo de Estado, debiendo, en
todos los casos, motivar la cuantía de manera
proporcional a la intensidad del daño. En consecuencia,
no basta con la manifestación de estar aplicando esta
excepción, sino que se exige una fundamentación
particular que permita entender por qué se aparta de la
regla general y qué sustenta la cuantía determinada por
el juez administrativo, la cual nunca podrá superar el triple
del monto tope establecido como regla general […]14.
(Destacado fuera de texto).

Caso concreto

Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que el TRIBUNAL

mediante sentencia de 4 de agosto de 2022, para efectos de

determinar si había lugar a confirmar o revocar la decisión del a

quo, que denegó las pretensiones de la demanda, estableció lo

siguiente:

“[…] - TESIS
La Sala de Decisión de esta Corporación revocará la sentencia
proferida en primera instancia, en tanto que, de una
ponderada y objetiva valoración de las pruebas técnicas
realizadas a los cuerpos de las víctimas, del armamento
incautado y de los testimonios recibidos, se desprende que la
muerte de los señores FAIBER CUELLAR GONZALEZ y JOSE
ARISTIDES GARCIA CLAROS no estuvo precedida de un
enfrentamiento legitimo con las unidades militares que
cegaron su vida.

Ha de concluir esta Sala de Decisión que la muerte de las
víctimas FAIBER CUELLAR GONZALEZ y JOSE ARISTIDES
GARCIA CLAROS resulta imputable a la demandada,
declarando su responsabilidad extracontractual que se deriva
del actuar antijurídico e ilegítimo de sus agentes miembros
del Ejército Nacional, encontrando fundada la falla del servicio

14
Corte Constitucional. Sentencia T – 147 de 2020. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.

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alegada por el recurrente – demandante, haciendo próspera
sus pretensiones.

[…]

Insiste la Sala que del análisis conjunto de las pruebas
allegadas al proceso es posible afirmar que no existe medio
de prueba que permita tener por demostrado que la muerte
de las víctimas a la que se ha hecho referencia, hubiere sido
determinada por razón de su propia y exclusiva culpa, tal
como lo sostiene la parte demandada.

Lo anterior, en razón a que en el curso del proceso: i) No se
demostró que las víctimas estuviesen cometiendo actos
delictivos advertidos en flagrancia; ii) las víctimas eran
civiles; iii) no se encuentra probado que las víctimas hayan
disparado un arma, pues no existe prueba técnica realizada
con ese propósito. Es así como su condición de miembros de
la población civil y sujetos de protección en el marco del
derecho internacional humanitario resultan incólumes en los
términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y el
Protocolo II Adicional a dichos convenios […]”.

Así las cosas, la autoridad judicial accionada concluyó que la parte

actora logró demostrar la falla del servicio imputable al Ejército

Nacional al perpetuar la muerte de los señores JOSÉ ARISTIDES

GARCÍA CLAROS Q.E.P.D. y FAIBER CUELLAS GONZÁLEZ

Q.E.P.D., los cuales hacían parte de la población civil que eran

ajenas al conflicto armado interno y eran sujetos de especial

protección, lo cual en el Derecho Internacional Humanitario recibe

el nombre de ejecución sumaria o extrajudicial, de tal forma que

el daño alegado era imputable a la acción del Ejército Nacional.

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Sumado a lo anterior, destacó que los eventos acaecidos en esa

oportunidad eran un acto reprochable que ilegalmente se apoyó

en las atribuciones que el Estado confirió al Ejército Nacional, lo

que, en consecuencia, determinó que constituía una grave y

sistemática violación al Derecho Internacional Humanitario y al

derecho interno y, por ende, una falla ostensible del servicio.

Ahora, al entrar a estudiar el reconocimiento de los perjuicios

morales, el TRIBUNAL hizo referencia a la sentencia

presuntamente desconocida por la actora, para lo cual consideró

lo siguiente:

“[…] Perjuicios morales.

En el presente caso los demandantes solicitaron, por concepto
de perjuicios morales, el equivalente en pesos 500 y 200
salarios mínimos legales vigentes para cada uno de los
demandantes.

Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera del honorable
Consejo de Estado unificó los topes indemnizatorios en
materia de reparación de perjuicios morales hasta 100 SMLMV
en casos de muerte en los eventos allí descritos15.

Sin embargo, para casos excepcionales, como los de
graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario,
entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor
de la señalada en los eventos descritos en la sentencia
de unificación antes citada, cuando existan

15
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto
del 2014, rad. 26251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y rad. 27709, M.P. Carlos Alberto
Zambrano Barrera.

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circunstancias debidamente probadas de una mayor
intensidad y gravedad del daño moral, sin que en tales
casos el monto total de la indemnización pueda superar el
triple de los montos indemnizatorios fijados en dicha
sentencia.
Ahora bien, dentro del material probatorio allegado al
expediente no resulta apreciable las condiciones
especiales de aflicción, mayor gravedad, exposición o
revictimización de la memoria del difunto que permitan a esta
Corporación hallar probadas circunstancias de mayor
intensidad del dolor de los demandantes.

En atención de lo anterior, esta Sala halla justificable sostener
hasta el límite ordinario fijado por la jurisprudencia del
Honorable Consejo de estado, es decir, el monto ordinario de
los 100 smlmv que para la reparación del daño moral en los
casos de fallecimiento prevé la jurisprudencia […]” (Destacado
fuera de texto).

De lo anterior es dable inferir que el TRIBUNAL, al entrar a

establecer los perjuicios morales a reconocer, determinó que aun

cuando la actora solicitó el equivalente a 500 SMLMV, se hallaba

justificable sostener el límite ordinario fijado por la jurisprudencia

de esta Corporación, esto es, el monto de 100 SMLMV previstos

para la reparación del daño moral en los casos de fallecimiento de

un ser querido en primer nivel.

Para arribar a la anterior conclusión, la autoridad judicial

accionada sustentó su decisión precisamente en la sentencia de

unificación de 28 de agosto de 2014, alegada como desconocida,

para lo cual argumentó que si bien se trataba de un caso de graves

violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho

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Internacional Humanitario, no se acreditó circunstancia alguna o

condición de especial aflicción, mayor gravedad, exposición o

revictimización del daño moral, por lo que no era posible aplicar

la regla de excepción de los topes indemnizatorios establecida por

la jurisprudencia.

En este punto, la Sala advierte que no le asiste razón a la actora

al alegar desconocimiento del precedente judicial en el asunto,

comoquiera que la autoridad judicial accionada fundamentó su

decisión precisamente en la sentencia alegada como desconocida,

para lo cual, luego de revisar los elementos materiales probatorios

allegados al expediente, determinó que la accionante no acreditó

la mayor intensidad y gravedad del daño moral.

En efecto, se destaca que si bien la sentencia de unificación de 28

de agosto de 2014 invocada contiene la tesis que la actora alega,

no se logró demostrar ante el juez contencioso administrativo la

aflicción o gravedad del daño moral, dado que la simple

circunstancia de que el daño haya sido originado en un acto de

lesa humanidad no satisface, per se, los requisitos para aplicar la

excepción a la regla general de topes indemnizatorios en material

de perjuicios morales, tal como se explicó en líneas anteriores, por

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lo que TRIBUNAL sí tuvo en cuenta el criterio dispuesto en la

sentencia de unificación.

En ese orden de ideas, el análisis ni la decisión contenida en la

providencia controvertida, resultan caprichosos o excedidos, sino

que fueron adoptados a partir del alcance dado a la situación

fáctica de la demanda respectiva, a las pruebas aportadas al

proceso y a la jurisprudencia aplicable al asunto, por lo que de

conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, se abstuvo de aumentar el quantum indemnizatorio

de los perjuicios morales reconocidos.

De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la

parte actora con las razones de la providencia judicial acusada,

no así la vulneración de los derechos fundamentales invocados,

motivo por el cual, al no haberse acreditado el yerro endilgado, la

Sala denegará el amparo deprecado, como en efecto lo dispondrá

en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley.

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F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con

lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito

y eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de abril de

2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial

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SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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