Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00884-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-00884-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00884-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00884-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
20 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. EL TRIBUNAL NO INCURRIÓ
EN EL DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE ENDILGADO. TOPES
INDEMNIZATORIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS
MORALES EN CASOS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS
HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO. PARA APLICAR LA EXCEPCIÓN DE LA REGLA GENERAL DE
TOPES INDEMNIZATORIOS DEBE ACREDITARSE LA MAYOR INTENSIDAD Y
GRAVEDAD DEL DAÑO MORAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA, A LA
IGUALDAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la
actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA1.
I. ANTECEDENTES
I.1 La solicitud
La señora LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ, actuando a
través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y
al principio de reparación integral, los cuales, a su juicio, les fueron
vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de
4 de agosto de 2022, dentro de la acción de reparación directa
identificada con el número único de radicación 41001-33-31-003-
2008-00467-01, a la cual se le acumuló el expediente núm.
41001-33-31-003-2007-00273-01
I.2 Hechos
1
En adelante el Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
Manifestó que el 4 de enero de 2007, un hombre llamado “LUIYI”,
citó al señor JOSÉ ARISTIDES GARCÍA CLAROS Q.E.P.D. a
encontrarse esa noche a las 7 p.m. en el matadero municipal, cita
a la que también acudieron los señores FAIBER CUELLAS
GONZÁLEZ Q.E.P.D. y DIEGO FERNEY SIERRA ALVAREZ.
Resaltó que, al llegar al lugar, un vehículo de propiedad de “LUIYI”
los transportó hacia la inspección de la Jagua – Garzón, con el
propósito de conseguir marihuana, pero contrario a ello, fueron
entregados a un grupo del Ejército Nacional perteneciente al
Batallón de Infantería núm. 26 “Cacique Pigoanza”, que los
esperaba en el trayecto entre la Jagua y el Puente del Zapatero.
Indicó que los militares retuvieron a los señores JOSÉ
ARISTIDES GARCÍA CLAROS Q.E.P.D., FAIBER CUELLAS
GONZÁLEZ Q.E.P.D. y DIEGO FERNEY SIERRA ALVAREZ, y los
condujeron hacia la vereda Puerto Alegría de Garzón – Huila, lugar
en el cual fueron acribillados a tiros de fusil, logrando escapar con
vida únicamente el señor DIEGO FERNEY SIERRA ALVAREZ,
quien contó a la Fiscalía Veintiuno (21) lo ocurrido, pues sus otros
dos compañeros fallecieron en ese momento.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
Resaltó que los militares los presentaron como delincuentes
comunes dados de baja.
Sostuvo que, como hija del señor JOSÉ ARISTIDES GARCÍA
CLAROS Q.E.P.D., junto con su núcleo familiar, promovió
demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, a la
cual le fue asignado el número único de radicación 2007-00273-
00.
Precisó que los familiares del señor FAIBER CUELLAS
GONZÁLEZ Q.E.P.D. también promovieron demanda dentro de la
acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, por los mismos hechos, a la
cual le correspondió el número único de radicación 2008-00467-00.
Destacó que los mencionados procesos fueron acumulados
mediante providencia de 10 de mayo de 2013, dictada por el
Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Neiva,
ordenándose continuar la actuación bajo el número único de
radicación 2008-00467-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
Afirmó que el asunto correspondió en primera instancia al Juzgado
Sexto Administrativo Oral del Circuito de Neiva2 que, mediante
sentencia de 10 de noviembre de 2017, denegó las pretensiones
de la demanda al considerar que no se probó la falla del servicio
alegada.
Comentó que, inconformes con lo anterior, interpusieron recurso
de apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que,
mediante providencia de 4 de agosto de 2022, revocó la decisión
del a quo y, en su lugar, declaró responsable a las accionadas por
los daños antijurídicos producidos con ocasión del homicidio de los
señores JOSÉ ARISTIDES GARCÍA CLAROS Q.E.P.D. y FAIBER
CUELLAS GONZÁLEZ Q.E.P.D., por lo que a título de
indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral le fue
reconocido el pago de 100 SMLMV, así como la suma de
$44.214.665,13 a título de perjuicios materiales por lucro cesante
consolidado, denegando las demás pretensiones de la demanda.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió
en defecto sustantivo al dejar de aplicar la regla de excepción
2
En adelante el Juzgado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
prevista en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014,
proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado3, teniendo en cuenta que, pese a que se probó la gravedad
del daño moral y la violación de los derechos humanos y el
Derecho Internacional Humanitario, únicamente le fueron
reconocidos 100 SMLMV.
Sustentó que la regla jurisprudencial dispuesta en la mencionada
sentencia de unificación permite que, en casos excepcionales,
como lo son las graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, dentro de las
cuales se encuentran los eventos de ejecuciones extrajudiciales,
el juez natural de la causa ordene el reconocimiento de perjuicios
morales en un monto superior a los 100 SMLMV, fijados como
máxima general, hasta 300 SMLMV.
Explicó que la muerte de su padre, esto es, el señor JOSÉ
ARISTIDES GARCÍA CLAROS Q.E.P.D. es un homicidio en
persona protegida, que claramente constituye un delito de lesa
humanidad y es uno de los casos que amerita una tasación
especial de los perjuicios morales, precisamente por ser una
ejecución extrajudicial, lo que demuestra una grave violación de
3
Expediente identificado con el número único de radicación 05001-23-25-000-1999-1063-01
(32988), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario,
comoquiera que no sólo fue privado de su derecho a la vida, sino
que también de su buen nombre, honra e integridad, lo que le
produjo a los familiares un sufrimiento irremediable y un dolor
intenso.
Resaltó que el señor JOSÉ ARISTIDES GARCÍA CLAROS
Q.E.P.D. procreó cuatro hijos, dos de los cuales al momento de los
hechos eran menores de edad, dejándolos a temprana edad y con
el estigma de que su padre era un delincuente, situación que hizo
más difícil superar el daño que no debían soportar.
Finalmente, puso de presente que la sentencia de unificación
mencionada ha sido replicada en varias oportunidades por el
Consejo de Estado4 que, en casos similares al de la referencia, han
ordenado aplicar la regla de excepción en materia de
reconocimiento de perjuicios materiales en asuntos de violación
de derechos humanos como ocurre en el caso concreto.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”,
sentencia de 8 de octubre de 2020, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, expediente identificado
con el número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00276-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”,
sentencia de 14 de mayo de 2021, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente identificado con el
número único de radicación 11001-03-15-000-2021-01917-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
julio de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, expediente identificado con el número único de
radicación 11001-03-15-000-2021-01917-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
I.4. Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como violados y, en consecuencia:
“[…] se condene (sic) LA NACION – MINISTERIO DE
DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, a pagar por concepto de
perjuicios morales a favor de los demandantes de
conformidad con la sentencia de unificación de
Jurisprudencia del 28 de agosto de 2014, proferida por el
Consejo de Estado, Sala plena de la sección tercera, siendo
consejero ponente el Doctor RAMIRO PAZOS GUERRERO,
dentro del expediente número 05001232500019991063-
01 ( 32988), teniendo en cuenta la gravedad del daño
moral por la grave violación a los derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario, a favor
de cada uno de los demandantes del primer orden, el
equivalente a 300 S.M.L.M.V., a favor de cada uno de los
demandantes del segundo orden, el equivalente a 150
S.M.L.M.V. […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL, luego de hacer un recuento del trámite
surtido dentro del proceso ordinario, arguyó que en la providencia
cuestionada se refirió al análisis probatorio de las circunstancias
de mayor intensidad y gravedad del daño moral alegado, citando
la jurisprudencia correspondiente al contexto de la excepción de
los topes indemnizatorios, llegando a colegir que a los allí
accionantes se les debía aplicar el límite fijado, toda vez que de
los medios de pruebas obrantes en el expediente no era dable
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
colegir alguna condición de aflicción, mayor gravedad, exposición
o revictimización, que permitiera establecer una circunstancia de
mayor intensidad del dolor.
Así las cosas, sostuvo que no incurrió en el defecto alegado,
comoquiera que fundamentó en derecho la sentencia acusada,
guardando total coherencia entre los fundamentos y la decisión
proferida, además, aseguró que brindó garantía y protección de
los derechos fundamentales, por lo que solicitó denegar el amparo
deprecado.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El JUZGADO y los señores LUCILA CLAROS DE GARCÍA,
FANNY, MARILU, ALBA DENIS, JOSÉ ONAIRE, RAFAEL y
MARIELA GARCÍA CLAROS, MARÍA LEYLA GARCÍA DE
SCARPETTA, ODENY GONZÁLEZ NARVÁEZ, JHON EIDER,
JEISSON ANDRÉS y HUVER SADDI RIAÑOS GONZÁLEZ,
WILSON, LUZ MARY, ANA LIBIA y NORBEY CUELLAR
GONZÁLEZ, MARTHA LILIANA RODRÍGUEZ MAZA, NINI
JOHANA SUÁREZ CONDE, JOSÉ ALBEIRO, MARIALY, JOSÉ
ARÍSTIDES y YESENIA GARCÍA RODRÍGUEZ, pese a ser
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
notificados del presente trámite constitucional en debida forma,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6
de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre
las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de
2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento
de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20125, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y
con miras a unificar la jurisprudencia, luego de analizar la
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P.
Dra. María Elizabeth García González, número de radicación: 2009-01328.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra
providencias judiciales tanto en la Corte Constitucional como en
esta Corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la
acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen han abierto paso a dicha
acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se
modificó ese criterio radical y se declaró la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en
presencia de la violación de derechos constitucionales
fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros
fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella, elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo6.
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa
de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la
acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias
de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de
2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 11001 03 15 000 2012
02201 01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio
y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida,
mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución. […]”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que
se deje sin efecto la providencia de 4 de agosto de 2022,
proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual revocó la
decisión dictada por el JUZGADO y, en su lugar, accedió a las
pretensiones de la demanda promovida dentro de la acción de
reparación directa identificada con el número único de radicación
2008-00467-01, a la cual se le acumuló el expediente núm. 2007-
00237-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y al principio de
reparación integral, habida cuenta que, a juicio de la parte actora,
la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto sustantivo.
Los disensos de la actora radican en que, a su juicio, el TRIBUNAL
desconoció la regla de excepción prevista en la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2014, proferida por la Sala Plena
de la Sección Tercera del Consejo de Estado7, la cual dispone que
en casos excepcionales de graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, el
7
Expediente identificado con el número único de radicación 05001-23-25-000-1999-01063-01
(32988), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
juez natural de la causa puede ordenar el reconocimiento de
perjuicios morales en un monto superior a los 100 SMLMV, fijados
como máxima general, hasta 300 SMLMV.
En este punto la Sala advierte que, aun cuando la parte actora
alega la existencia de un defecto sustantivo, los argumentos de
inconformidad están dirigidos a demostrar un desconocimiento del
precedente judicial de la sentencia de unificación de 28 de agosto
de 2014, dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta
Corporación, por lo que bajo tal precepto será desarrollada la
solicitud de amparo.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que
debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso
cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal
derrotero, ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulneró
los derechos fundamentales invocados al proferir la providencia de
4 de agosto de 2022, dentro de la acción de reparación directa
identificada con el número único de radicación 2008-00467-01, a
la cual se le acumuló el expediente núm. 2007-00237-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional,
acogida por la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala observa que en el presente asunto se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional, por cuanto la actora
plantea con suficiente carga argumentativa, las razones por las
cuales, en su criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial y vulneró sus derechos
fundamentales invocados; contra la decisión cuestionada no
proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los
recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y
unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de
tutela se interpuso en un plazo razonable 8 y, por último, la
solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman
lesionados.
Verificado lo anterior, corresponde determinar si el TRIBUNAL
incurrió en el desconocimiento del precedente judicial alegado al
8
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente:
doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
proferir la providencia de 4 de agosto de 2022, por abstenerse de
aumentar el quantum indemnizatorio de los perjuicios morales
reconocidos, dentro de la acción de reparación directa identificada
con el número único de radicación 2008-00467-01, a la que se le
acumuló el expediente núm. 2007-00237-01.
Desconocimiento del precedente judicial
Por su parte, en lo que respecta al desconocimiento del
precedente judicial se ha determinado que de acuerdo con lo
establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política,
el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus
providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla
general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que
encuentra sus límites en la realización de otros valores
constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca
el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la
Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
concretamente igualdad en la interpretación y aplicación de
la ley por las autoridades judiciales, garantizándose de esta
forma la seguridad jurídica y con ella la certeza de la
comunidad respecto a la forma en la que se van a decidir
los casos iguales. Como resultado de lo anterior, surge como
límite a la autonomía e independencia de los Jueces el
respeto por el precedente9”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela
cuando la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las
partes. En especial, respecto del precedente vertical, la
Jurisprudencia de esa Corporación ha sido enfática en sostener
que el Juez no sólo está vinculado por el artículo 13 de la
Constitución Política, que impone la igualdad de trato jurídico en
la aplicación de la ley, sino también que su autonomía se
encuentra limitada por la eficacia de los derechos fundamentales
y, en particular, del debido proceso judicial10.
No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también
ha admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre
y cuando se sustenten debidamente las razones de su
9
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-
571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte
Constitucional.
10
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
posición (principio de razón suficiente)11.
En el asunto bajo examen, la actora alega que el TRIBUNAL
desconoció el precedente fijado por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 28
de agosto de 2014, por medio de la cual se dispuso que, en casos
excepcionales, como lo son las graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario,
dentro de las que se encuentran los eventos de ejecuciones
extrajudiciales, el juez de la causa puede ordenar el
reconocimiento de perjuicios morales en un monto superior a los
100 SMLMV.
Explicó que en la providencia acusada, la autoridad judicial
accionada únicamente ordenó reconocérsele como perjuicios
morales 100 SMLMV, pese a que la muerte de su padre, esto es,
el señor JOSÉ ARISTIDES GARCÍA CLAROS Q.E.P.D., fue un
homicidio en persona protegida a manos de miembros del Ejército
Nacional, lo que claramente constituye un delito de lesa
humanidad y amerita aumentar el quantum indemnizatorio de los
perjuicios reconocidos, tal como lo fue solicitado en el escrito de
demanda.
11
Ver sentencia T-292 de 2006.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, es del caso
traer a colación la sentencia de unificación presuntamente
desconocida.
Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, proferida
por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado
Mediante sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 12, la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció
un conjunto de reglas vinculantes a todos los operadores judiciales
en asuntos en los que se analice el daño antijurídico y se vean
gravemente involucrados bienes o derechos protegidos por la
Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Política.
En la mencionada providencia, la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado unificó su criterio respecto de las reglas
jurisprudenciales relacionadas con la tasación de los perjuicios
morales en caso de muerte o lesión de un ser querido, de la
siguiente manera:
“[…] Sea lo primero señalar, que procede la Sala a unificar
la jurisprudencia en materia de reparación de
12
Expediente identificado con el número único de radicación 05001-23-25-000-1999-01063-01
(32988), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
perjuicios inmateriales; lo anterior, por cuanto la
Sección considera necesario y oportuno determinar los
criterios generales que se deben tener en cuenta para
la liquidación del mencionado perjuicio.
(…)
Así las cosas, tenemos que el concepto de perjuicio moral se
encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los
sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor,
zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de
un daño antijurídico, individual o colectivo.
En consecuencia, para la reparación del perjuicio moral en
caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía
afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la
justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los
cuales se distribuyen así:
Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de
las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en
general, de los miembros de un mismo núcleo familiar
(1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o
compañeros permanentes o estables). A este nivel
corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.
Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del
segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos
y nietos). A este nivel corresponde una indemnización
equivalente al 50% del tope indemnizatorio.
Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia
del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel
corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope
indemnizatorio.
Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto
grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una
indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.
Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares
(terceros damnificados). A este nivel corresponde una
indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.
La siguiente tabla recoge lo expuesto:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
GRAFICO No. 1
REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
Relación afectiva del 2º
Relaciones afectivas de consanguinidad o Relación afectiva del 3º Relación afectiva del 4º Relaciones afectivas
Regla general en el conyugales y paterno- civil (abuelos, de consanguinidad o de consanguinidad o no familiares -
caso de muerte filiales hermanos y nietos) civil civil. terceros damnificados
Porcentaje 100% 50% 35% 25% 15%
Equivalencia en
salarios mínimos 100 50 35 25 15
Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del
estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los
niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación
afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la
relación afectiva.
En casos excepcionales, como los de graves violaciones
a los derechos humanos, entre otros, podrá otorgarse
una indemnización mayor de la señalada en todos los
eventos anteriores, cuando existan circunstancias
debidamente probadas de una mayor intensidad y
gravedad del daño moral, sin que en tales casos el
monto total de la indemnización pueda superar el triple
de los montos indemnizatorios antes señalados. Este
quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la
intensidad del daño […].
Así las cosas, se extrae de lo anterior que la Sala Plena de la
Sección Tercera de esta Corporación fijó unas reglas
jurisprudenciales con el fin de determinar los topes
indemnizatorios de los perjuicios morales por la muerte de un ser
querido, de conformidad con los niveles de afectividad que pruebe
o acredite cada una de las víctimas del daño, además, creó una
regla excepcional que faculta al juez contencioso a superar tales
topes.
Es así como en eventos de graves violaciones a los derechos
humanos, la indemnización de los perjuicios morales podrá
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
superar los montos establecidos en dicha tabla, siempre que
“existan circunstancias probadas de una mayor intensidad y gravedad
del daño moral”, sin que en tales casos el quantum total supere el
triple de los montos establecidos.
En efecto, cuando el juez de lo contencioso administrativo esté en
presencia de un acto grave de violación de derechos
humanos y, además, se encuentre debidamente acreditada
la gravedad e intensidad del daño moral, está facultado para
apartarse de la regla general asociada a los topes indemnizatorios
establecidos para perjuicios morales por muerte de un ser querido,
sin que se supere el triple de los montos indemnizatorios, decisión
que deberá estar motivada y ser proporcional a la intensidad del
daño probada.
Siguiendo el mismo criterio, la Corte Constitucional en sentencia
T-147 de 21 de mayo de 202013, dispuso:
“[…] 96. En vista de lo anterior, se observa que si bien existen
casos excepcionales en los que podría otorgarse una
indemnización mayor a la señalada en la tabla arriba expuesta
(ver supra numeral 92), esta excepción exige, además de la
configuración de situaciones particularmente gravosas
como las graves violaciones a los derechos humanos, la
verificación de circunstancias debidamente probadas
de una mayor intensidad y gravedad del daño moral.
Esto, a su vez, se traduce en una exigencia reforzada
13
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
para el juzgador al momento de fundamentar la
aplicación de la excepción establecida en la sentencia
de unificación del Consejo de Estado, debiendo, en
todos los casos, motivar la cuantía de manera
proporcional a la intensidad del daño. En consecuencia,
no basta con la manifestación de estar aplicando esta
excepción, sino que se exige una fundamentación
particular que permita entender por qué se aparta de la
regla general y qué sustenta la cuantía determinada por
el juez administrativo, la cual nunca podrá superar el triple
del monto tope establecido como regla general […]14.
(Destacado fuera de texto).
Caso concreto
Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que el TRIBUNAL
mediante sentencia de 4 de agosto de 2022, para efectos de
determinar si había lugar a confirmar o revocar la decisión del a
quo, que denegó las pretensiones de la demanda, estableció lo
siguiente:
“[…] - TESIS
La Sala de Decisión de esta Corporación revocará la sentencia
proferida en primera instancia, en tanto que, de una
ponderada y objetiva valoración de las pruebas técnicas
realizadas a los cuerpos de las víctimas, del armamento
incautado y de los testimonios recibidos, se desprende que la
muerte de los señores FAIBER CUELLAR GONZALEZ y JOSE
ARISTIDES GARCIA CLAROS no estuvo precedida de un
enfrentamiento legitimo con las unidades militares que
cegaron su vida.
Ha de concluir esta Sala de Decisión que la muerte de las
víctimas FAIBER CUELLAR GONZALEZ y JOSE ARISTIDES
GARCIA CLAROS resulta imputable a la demandada,
declarando su responsabilidad extracontractual que se deriva
del actuar antijurídico e ilegítimo de sus agentes miembros
del Ejército Nacional, encontrando fundada la falla del servicio
14
Corte Constitucional. Sentencia T – 147 de 2020. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
alegada por el recurrente – demandante, haciendo próspera
sus pretensiones.
[…]
Insiste la Sala que del análisis conjunto de las pruebas
allegadas al proceso es posible afirmar que no existe medio
de prueba que permita tener por demostrado que la muerte
de las víctimas a la que se ha hecho referencia, hubiere sido
determinada por razón de su propia y exclusiva culpa, tal
como lo sostiene la parte demandada.
Lo anterior, en razón a que en el curso del proceso: i) No se
demostró que las víctimas estuviesen cometiendo actos
delictivos advertidos en flagrancia; ii) las víctimas eran
civiles; iii) no se encuentra probado que las víctimas hayan
disparado un arma, pues no existe prueba técnica realizada
con ese propósito. Es así como su condición de miembros de
la población civil y sujetos de protección en el marco del
derecho internacional humanitario resultan incólumes en los
términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y el
Protocolo II Adicional a dichos convenios […]”.
Así las cosas, la autoridad judicial accionada concluyó que la parte
actora logró demostrar la falla del servicio imputable al Ejército
Nacional al perpetuar la muerte de los señores JOSÉ ARISTIDES
GARCÍA CLAROS Q.E.P.D. y FAIBER CUELLAS GONZÁLEZ
Q.E.P.D., los cuales hacían parte de la población civil que eran
ajenas al conflicto armado interno y eran sujetos de especial
protección, lo cual en el Derecho Internacional Humanitario recibe
el nombre de ejecución sumaria o extrajudicial, de tal forma que
el daño alegado era imputable a la acción del Ejército Nacional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
Sumado a lo anterior, destacó que los eventos acaecidos en esa
oportunidad eran un acto reprochable que ilegalmente se apoyó
en las atribuciones que el Estado confirió al Ejército Nacional, lo
que, en consecuencia, determinó que constituía una grave y
sistemática violación al Derecho Internacional Humanitario y al
derecho interno y, por ende, una falla ostensible del servicio.
Ahora, al entrar a estudiar el reconocimiento de los perjuicios
morales, el TRIBUNAL hizo referencia a la sentencia
presuntamente desconocida por la actora, para lo cual consideró
lo siguiente:
“[…] Perjuicios morales.
En el presente caso los demandantes solicitaron, por concepto
de perjuicios morales, el equivalente en pesos 500 y 200
salarios mínimos legales vigentes para cada uno de los
demandantes.
Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera del honorable
Consejo de Estado unificó los topes indemnizatorios en
materia de reparación de perjuicios morales hasta 100 SMLMV
en casos de muerte en los eventos allí descritos15.
Sin embargo, para casos excepcionales, como los de
graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario,
entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor
de la señalada en los eventos descritos en la sentencia
de unificación antes citada, cuando existan
15
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto
del 2014, rad. 26251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y rad. 27709, M.P. Carlos Alberto
Zambrano Barrera.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
circunstancias debidamente probadas de una mayor
intensidad y gravedad del daño moral, sin que en tales
casos el monto total de la indemnización pueda superar el
triple de los montos indemnizatorios fijados en dicha
sentencia.
Ahora bien, dentro del material probatorio allegado al
expediente no resulta apreciable las condiciones
especiales de aflicción, mayor gravedad, exposición o
revictimización de la memoria del difunto que permitan a esta
Corporación hallar probadas circunstancias de mayor
intensidad del dolor de los demandantes.
En atención de lo anterior, esta Sala halla justificable sostener
hasta el límite ordinario fijado por la jurisprudencia del
Honorable Consejo de estado, es decir, el monto ordinario de
los 100 smlmv que para la reparación del daño moral en los
casos de fallecimiento prevé la jurisprudencia […]” (Destacado
fuera de texto).
De lo anterior es dable inferir que el TRIBUNAL, al entrar a
establecer los perjuicios morales a reconocer, determinó que aun
cuando la actora solicitó el equivalente a 500 SMLMV, se hallaba
justificable sostener el límite ordinario fijado por la jurisprudencia
de esta Corporación, esto es, el monto de 100 SMLMV previstos
para la reparación del daño moral en los casos de fallecimiento de
un ser querido en primer nivel.
Para arribar a la anterior conclusión, la autoridad judicial
accionada sustentó su decisión precisamente en la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2014, alegada como desconocida,
para lo cual argumentó que si bien se trataba de un caso de graves
violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
Internacional Humanitario, no se acreditó circunstancia alguna o
condición de especial aflicción, mayor gravedad, exposición o
revictimización del daño moral, por lo que no era posible aplicar
la regla de excepción de los topes indemnizatorios establecida por
la jurisprudencia.
En este punto, la Sala advierte que no le asiste razón a la actora
al alegar desconocimiento del precedente judicial en el asunto,
comoquiera que la autoridad judicial accionada fundamentó su
decisión precisamente en la sentencia alegada como desconocida,
para lo cual, luego de revisar los elementos materiales probatorios
allegados al expediente, determinó que la accionante no acreditó
la mayor intensidad y gravedad del daño moral.
En efecto, se destaca que si bien la sentencia de unificación de 28
de agosto de 2014 invocada contiene la tesis que la actora alega,
no se logró demostrar ante el juez contencioso administrativo la
aflicción o gravedad del daño moral, dado que la simple
circunstancia de que el daño haya sido originado en un acto de
lesa humanidad no satisface, per se, los requisitos para aplicar la
excepción a la regla general de topes indemnizatorios en material
de perjuicios morales, tal como se explicó en líneas anteriores, por
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
lo que TRIBUNAL sí tuvo en cuenta el criterio dispuesto en la
sentencia de unificación.
En ese orden de ideas, el análisis ni la decisión contenida en la
providencia controvertida, resultan caprichosos o excedidos, sino
que fueron adoptados a partir del alcance dado a la situación
fáctica de la demanda respectiva, a las pruebas aportadas al
proceso y a la jurisprudencia aplicable al asunto, por lo que de
conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, se abstuvo de aumentar el quantum indemnizatorio
de los perjuicios morales reconocidos.
De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la
parte actora con las razones de la providencia judicial acusada,
no así la vulneración de los derechos fundamentales invocados,
motivo por el cual, al no haberse acreditado el yerro endilgado, la
Sala denegará el amparo deprecado, como en efecto lo dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de abril de
2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00884-00
Actora: LUISA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.