Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00881-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00881-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00881-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
1 de junio de 2023
Demandante: Odeny González Narváez
Demandado: Tribunal Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00881-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D. C., primero (1.°) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00881-00
Demandante: ODENY GONZÁLEZ NARVÁEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la
acción por falta de relevancia constitucional. Cuantía de la
reparación ordenada.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por la
señora Odeny González Narváez Castro contra el Tribunal Administrativo del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito presentado el 17 de febrero de 2023, en la ventanilla virtual1, la
señora Odeny González Narváez2, actuando a través de apoderada, ejerció acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
defensa, a la igualdad, al “Reconocimiento y Cumplimiento del Precedente
Jurisprudencial” y a la “Reparación Integral a las Víctimas”.
1 La Secretaría General del Consejo de Estado asignó por reparto a este Despacho el expediente del
vocativo de la referencia el 20 de febrero de 2023.
2 La accionante indicó que ejercía la acción de tutela en su “nombre y representación” y “obrando en mi
condición de Madre del señor FAIBER CUELLAR GONZALEZ (q.e.p.d.)”.
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Demandante: Odeny González Narváez
Demandado: Tribunal Administrativo del Departamento
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00881-00
2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina3 el 4 de agosto de 20224,
mediante la cual revocó el fallo dictado por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Neiva de 10 de noviembre de 2017 para, en su lugar, acceder parcialmente
a las pretensiones de la demanda que presentaron la señora Lucila Claros de García
y otros, en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional– Ejército Nacional.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
PRIMERO: Que se Tutele los Derechos al Debido Proceso, Libre Acceso a la Administración de
Justicia, a la Defensa, a la Igualdad, al Reconocimiento y Cumplimiento del Precedente
Jurisprudencial, Reparación Integral de las Víctimas y el Derecho a no ser revictimizado por la
Rama Judicial y otros, consagrados en la Constitución Nacional, vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA
Y SANTA CATALINA.
SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración se condene LA NACION –
MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, a pagar por concepto de perjuicios
morales a favor de los demandantes de conformidad con la sentencia de unificación de
Jurisprudencia del 28 de agosto de 2014, proferida por el Consejo de Estado, Sala plena de la
sección tercera, siendo consejero ponente el Doctor RAMIRO PAZOS GUERRERO, dentro del
expediente número 05001232500019991063-01 (32988), teniendo en cuenta la gravedad del
daño moral por la grave violación a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional
humanitario, a favor de cada uno de los demandantes del primer orden, el equivalente a 300
S.M.L.M.V., a favor de cada uno de los demandantes del segundo orden, el equivalente a 150
S.M.L.M.V..5
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El 4 de enero de 2007, en el matadero del municipio de Garzón (Huila), se
encontraron los señores José Aristides García Claros, Faiber Cuéllar González y
Diego Ferney Sierra Álvarez, para trasladarse en el vehículo de “Luiyi” a comprar
marihuana en la inspección de la Jagua. Mientras ellos transitaban en la carretera,
fueron entregados por “Luiyi” a miembros del Ejército Nacional pertenecientes al
3 El tribunal accionado conoció del asunto por lo dispuesto en materia de descongestión judicial en el
Acuerdo PCSJA21-11814 del 16 de julio de 2021, prorrogado por los acuerdos PCSJA21-11889 del 30
de noviembre de2021 y PCSJA22-11955 del 7 de junio de 2022.
4 Con esta sentencia se resolvieron los procesos acumulados con radicados n.º 41001-33-31-003-2008-
00467-01 y N° 41001-33-31-003-2007-00273-01.
5 La transcripción corresponde al texto original de la demanda, puede contener errores.
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Batallón de Infantería n.º 25 ‘Cacique Pigoanza’. Los uniformados los mantuvieron
retenidos en un vehículo de la institución y, finalmente, los bajaron en la vereda Puerto
Garzón, donde los “acribillaron a tiros de fusil”. El señor Sierra Álvarez escapó y
denunció lo ocurrido en la Fiscalía Veintiuno Seccional de Garzón.
5. Por lo anterior, las familias de los señores García Claros6 y Cuellar González7
instauraron dos demandas de reparación directa contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional, radicados n.º 41001-33-31-003-2008-00467-01
y n.° 41001-33-31-003-2007-00273-01. Estos procesos fueron acumulados y, en
primera instancia, en sentencia del 10 de noviembre de 2017, el Juzgado Sexto
Administrativo Oral de Neiva negó las pretensiones de los medios de control
promovidos. Los demandantes apelaron esa decisión.
6. En fallo del 4 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, consideró que:
Si bien la demandada quiso insistir en que los occisos eran delincuentes y en la sentencia de
primera instancia se dio por sentado que estos al igual que el señor DIEGO FERNEY SIERRA
hacían parte de una empresa criminal y que la noche del 4 de enero de 2007 se encontraron
con el propósito de realizar actos delictivos, al plenario no se aportó una prueba contundente
que demostrara que estos efectivamente se encontraban esa noche realizando tales actividades
delictivas, por lo que existiendo duda, conforme al Protocolo I de los convenios de Ginebra,
estos han de ser considerados miembros de la población civil.
De las pruebas de inspección al lugar de levantamiento de los cadáveres de los señores
CUELLAR y GARCIA, se estableció que a los finados no se les pudo realizar toma de residuos
de disparo, esto es, no existe prueba de absorción atómica que diera cuenta que los finados
efectivamente dispararon las armas que les encontraron, las cuales si bien, tal y como lo dice
el A quo conforme al informe balístico estas presentaban sus mecanismos de disparo aptos
para disparar, se trataba de armas envejecidas en regular estado de conservación, y a pesar
de que se indicó también que las mismas habían sido percutidas, para la Sala resulta
indispensable que para determinar que los finados ciertamente se enfrentaron a la fuerza
pública mediante la acción de las armas de fuego encontradas, existiera la prueba técnica que
indique que estos ciertamente las accionaron, y en ningún aparte probatorio se logra demostrar
esto8.
7. Con base en lo anterior, la autoridad judicial accionada revocó la providencia
del a quo y, en su lugar, decidió lo siguiente:
SEGUNDO: DECLÁRASE a la Nación-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional responsable por
los daños antijurídicos producidos con ocasión del homicidio de los señores FAIBER CUELLAR
6 Conformada por Lucila Claros de García, Fanny García Claros, María Leyla García de Scarpetta,
Marilú García Claros, Alba Denis García Claros, Luisa Fernanda García Rodríguez, José Onaire García
Claros, Rafael García Claros y Mariela García Claros.
7 Conformada por Odeny González Narváez, Jhon Eider Riaños González, Jeisson Andrés Riaños
González, Huver Saddi Riaños González; Wilson Cuellar González, Luz Mary Cuellar González, Ana
Libia Cuellar González y Norbey Cuellar González.
8 La transcripción corresponde al texto original de la sentencia, puede contener errores.
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GONZALEZ y JOSE ARISTIDES GARCIA CLAROS, en hechos ocurridos el 05 de enero de 2007
en la vereda Puerto Alegría Jurisdicción del Municipio de Garzón – Huila.
En consecuencia, de lo anterior, CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa Ejército
Nacional a pagar a los demandantes, como indemnización de perjuicios, las sumas de dinero que
se mencionan en los siguientes acápites.
• A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de
las siguientes personas las cifras que a continuación se relacionan:
1. A LUCILA CLAROS DE GARCIA, MARTHA LILIANA RODRIGUEZ MAZA, JOSE ALBEIRO
GARCIA RODRIGUEZ, LUISA FERNANDA GARCIA RODRIGUEZ, MARIALY GARCIA
RODRIGUEZ, JOSE ARISTIDES GARCIA RODRIGUEZ Y YESENIA GARCIA RODRIGUEZ se
les reconoce el pago de 100 SMLMV a cada uno.
2. A FANNY GARCIA CLAROS, MARIA LEYLA GARCIA DE SCARPETTA, MARILU GARCIA
CLAROS, ALBA DENIS GARCIA CLAROS, JOSE ONAIRE GARCIA CLAROS, RAFAEL GARCIA
CLAROS, y MARIELA GARCIA CLAROS se les reconoce el pago de 50 SMLMV a cada uno.
3. A NINI JOHANNA SUAREZ CONDE y ODENY GONZALEZ NARVAEZ se les reconoce el pago
de 100 SMLMV a cada uno. Y finalmente JHON EIDER RIAÑOS GONZALEZ, JEISSON ANDRES
RIAÑOS GONZALEZ, HUVER SADDI RIAÑOS GONZALEZ; WILSON CUELLAR GONZALEZ,
LUZ MARY CUELLAR GONZALEZ, ANA LIBIA CUELLAR GONZALEZ, y NORBEY CUELLAR
GONZALEZ se les reconoce el pago de 50 SMLMV a cada uno. - A título de indemnización de
perjuicios materiales por lucro cesante consolidado, se ordena pagar a favor de NINI JOHANNA
SUAREZ CONDE (compañera del occiso FAIBER CUELLAR GONZALEZ) la suma de
$226.087.359 y a título de lucro cesante futuro, la suma de $135.927.553,78.
• A título de indemnización de perjuicios materiales por lucro cesante consolidado, se ordena
pagar a favor de JOSE ALBEIRO GARCIA RODRIGUEZ (Hijo de Jose Aristides García) la suma
de $34.794.358.oo.
• A título de indemnización de perjuicios materiales por lucro cesante consolidado, se ordena
pagar a favor de LUISA FERNANDA GARCIA RODRIGUEZ (Hijo de Jose Aristides García) la
suma de $44.214.665.13.
• A título de indemnización de perjuicios materiales por lucro cesante consolidado y futuro, se
ordena pagar a favor de MARTHA LILIANA RODRIGUEZ MAZA (Compañera permanente era
Aristides García) la suma de $147.078.336,24
• TERCERO: Niéganse las demás pretensiones de la demanda
• CUARTO: No hay lugar a condena en costas 9.
8. Contra la decisión de segunda instancia, los demandantes del proceso
acumulado presentaron solicitudes de aclaración y corrección de la sentencia, las
cuales fueron decididas en providencia del 28 de octubre de 2022 del Tribunal
Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, en el siguiente sentido:
PRIMERO: CORREGIR el numeral SEGUNDO de la sentencia No. 0134 calendada cuatro (4) de
agosto de dos mil veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo del Departamento
9 La transcripción corresponde al texto original de la demanda, puede contener errores.
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Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el sentido de que el segundo
apellido de la demandante MARTHA LILIANA RODRIGUEZ es “MEZA” y no “MAZA”. conforme
fue identificada en el expediente.
SEGUNDO: ADICIONAR el siguiente numeral a la parte resolutiva de la Sentencia proferida por
este Tribunal en segunda instancia el 4 de agosto de 2022.
“SEXTO. El cumplimiento de la condena aquí impuesta deberá hacerse bajo las condiciones y
términos establecidos de los Arts. 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y en la Ley
446 de 1998”.
9. La anterior providencia quedó ejecutoriada el 21 de noviembre de 2022, según la
constancia secretarial del Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
1.4. Fundamentos de la vulneración
10. En primer lugar, la demandante afirmó que la autoridad judicial incurrió en un
defecto por desconocimiento del precedente sustantivo porque omitió aplicar la
excepción a la regla jurisprudencial establecida en la sentencia de unificación del 28
de agosto de 2014 de la Sección Tercera del Consejo de Estado (expediente 32988),
que en casos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario, admite una indemnización hasta de 300 SMLMV para el
primer orden y hasta 150 SMLMV para el segundo orden10. Sin embargo, el ad quem
no la implementó.
11. En segundo lugar, refirió que la decisión incurrió en un defecto fáctico porque,
en su opinión, el tribunal no tuvo en cuenta el hecho que el occiso “con su compañera
… ya habían perdido el hijo que habían procreado, que eran una familia que apenas
estaba empezando a vivir, que el Ejército dejó una viuda y a unos padres y hermanos
de la víctima que además del estigma de ser familiares de un bandido, fueron privados
de ver crecer a futuros hijos de FAIBER”. A juicio de la parte actora, al no valorar “las
pruebas, circunstancias e indicios al momento de la tasación de los perjuicios morales,
incurrió en un defecto fáctico, desconociendo el precedente jurisprudencia aplicable
en este caso”.
12. Para la señora González Narváez, la parte actora tenía derecho a que se le
aplicara la regla de excepción y se les reconociera un monto más alto por concepto de
los perjuicios morales causados, por tratarse de un homicidio en persona protegida, lo
que constituye un crimen de lesa humanidad y una grave violación de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario.
10 Con el fin de sustentar su dicho, enfatizó que esa regla de excepción se ha aplicado en asuntos de
tutela, en las sentencias de 14 de julio de 2021, expediente 2021-01917-01, de la Subsección B de la
Sección Tercera; y 8 de octubre de 2020, expediente 2020-00276-00, de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
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1.5. Trámite de la acción de tutela
13. Mediante auto del 9 de marzo 2023, la magistrada sustanciadora ponente
admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma actuación ordenó notificar a
la autoridad judicial demandada y vinculó al trámite al Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito Judicial de Neiva, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional y a los señores Lucila Claros de García, Fanny García Claros, María Leyla
García de Scarpetta, Marilu García Claros, Alba Denis García Claros, José Onaire
García Claros, Rafael García Claros, Mariela García Claros, Jhon Eider Riaños
González, Jeisson Andrés Riaños González, Huver Saddi Riaños González, Wilsón
Cuellar González, Luz Mary Cuellar González, Ana Libia Cuellar González y Norbey
Cuellar González.
14. Mediante auto del 5 de mayo de 2023, la magistrada sustanciadora ordenó
notificar la existencia de la presente acción a la señora Luisa Fernanda García
Rodríguez, en calidad de tercera con interés, para que, dentro del término de tres días,
contados a partir de la fecha de su recibo, se refiriera a sus fundamentos, allegara las
pruebas y rindiera el informe que considerara pertinente. Asimismo, se dispuso
remitirle a ella la copia digital íntegra del expediente del proceso de la referencia.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes contestaciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
15. En primer lugar, los magistrados de la Sala de Decisión informaron que una
acción de tutela similar, promovida por la señora Luisa Fernanda García Rodríguez,
cursa ante la Sección Primera del Consejo de Estado, expediente 11001- 03-15-000-
2023-00884-00, la cual no ha sido fallada todavía. Por lo anterior, solicitaron que se
verifique si se trató de una actuación temeraria y, en ese orden, se declare la
improcedencia del amparo.
16. En segundo lugar, describieron las causales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y, explicaron que la sentencia del 4 de agosto de
2022, no constituye ningún yerro, ya que se basó en las pruebas aportadas al proceso
y en la jurisprudencia vigente y aplicable al caso concreto.
17. En tercer lugar, manifestaron que la parte actora reclama una supuesta
anomalía en la sentencia acusada por la no aplicación de la regla de excepción al tope
indemnizatorio en materia de reparación de perjuicios morales, “arguyendo que se
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debió aplicar en el presente caso la regla de excepción que permite sobrepasar el
monto indemnizatorio establecido en la jurisprudencia, en razón a las graves
violaciones a los Derechos humanos de los señores José Arístides García Claros y
Faiber Cuellar González”.
18. En cuarto lugar, se explicó que se realizó el análisis probatorio de las
circunstancias de mayor intensidad y gravedad del daño moral alegado por los
accionantes, citando la jurisprudencia correspondiente al contexto de la excepción a
los topes establecidos por el Honorable Consejo de Estado para la reparación del daño
moral en caso de muerte, y llegando a colegir que la pretensión de los demandantes
por concepto de perjuicios morales, debe sostenerse hasta el límite fijado por la
jurisprudencia en casos de fallecimiento, toda vez que en los medios de prueba
allegados al expediente no resulta acreditada alguna condición de aflicción, mayor
gravedad, exposición o revictimización, que permitieran establecer una circunstancia
de mayor intensidad del dolor de los accionantes.
19. Con base en lo anterior, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina solicitó que se negara el amparo solicitado.
1.6.2. Ministerio de Defensa Nacional
20. La coordinadora del Grupo Constitucional de esa entidad hizo un recuento de
las causales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. A partir
de ello, la representante del ministerio afirmó que la parte actora no cumplió con la
carga de demostrar que no se valoraron adecuadamente las pruebas que daban lugar
a reconocer un monto de perjuicios por mayor valor.
21. En esa medida, estima que la cuantificación de los perjuicios se ajustó al
precedente del Consejo de Estado y con base en las pruebas allegadas. Según las
cuales “no se evidencia esta tipología en el caso concreto además en plenario no existe
prueba el cual nos permita a inferir más allá un sufrimiento o congoja que pudo haber
soportado y en esta etapa procesal ya no se puede demostrar este aspecto lo cual
aumentar los perjuicios no es viable jurisprudencialmente”.
22. Para la coordinadora “no puede perderse vista, el presupuesto de la carga
probatoria que incumbe a las partes, a efecto de sacar avante sus pretensiones, en la
medida que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso”, es decir, les correspondía a las partes demostrar
la “aflicción, congoja, agonía, dolor que pudieron haberse materializado por el daño
sufrido a las víctimas, ya que nada se probó”.
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23. Agregó que la jurisprudencia ha establecido que “podrá” reconocerse un monto
mayor cuando resulte probado un daño moral de intensidad y gravedad que vaya más
allá de lo soportado, lo cual no se acreditó en el plenario porque la parte actora no
allegó ningún dictamen o certificado sicológico o siquiátrico que demostrara la aflicción
o tristeza por la pérdida de su pariente.
24. Con base en lo anterior, pidió que se negara el amparo solicitado.
1.6.3. Luisa Fernanda García Rodríguez
25. A través de su apoderada le solicitó a esta corporación que conceda las
pretensiones del amparo y reiteró las consideraciones plasmadas en el escrito de
tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
26. Esta sala es competente para conocer de la demanda presentada por la señora
Odeny González Narváez, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación.
2.3. Cuestión previa
27. El Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina solicitó que se verificara si en el caso concreto existió un
ejercicio temerario de la acción, porque cursa otro recurso de amparo ante la Sección
Primera del Consejo de Estado expediente 11001- 03-15-000-2023-00884-00, el cual
no ha sido fallado todavía.
28. La Sala considera que, si bien está en trámite una acción de tutela contra la
sentencia de 4 de agosto de 2022 del tribunal accionado, que persigue una pretensión
similar, es decir, que se eleve el monto del valor de los perjuicios, lo cierto es que no
existe identidad de partes, porque en este recurso actuó una de las demandantes de
los dos procesos acumulados, la señora Odeny González Narváez familiar de la
víctima directa, Faiber Cuellar González, mientras que en el otro recurso (el que cursa
en la Sección Primera) figuran los familiares de la otra víctima directa, José Arístides
García Claros, y en ambas actuaciones lo hacen a través de apoderados judiciales
diferentes.
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29. Esto indica que no se cumple el requisito de identidad de sujetos procesales,
pues se trata de dos demandantes que fueron beneficiadas con la sentencia de 4 de
agosto de 2022, pero como consecuencia de la acumulación procesal que se hizo
desde la primera instancia del proceso ordinario. Por esta razón, se concluye que no
hay temeridad en el ejercicio de la acción.
2.4. Problema jurídico
30. Corresponde a la sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
31. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la sala analizará lo
siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
vulneró los derechos fundamentales de la parte actora al proferir la sentencia
del 4 de agosto de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda de reparación directa promovida, al no reconocer una reparación
superior a 100 SMLMV?
32. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el
estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii)
las generalidades de los defectos alegados; y (iv) el caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
33. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201211
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones y la misma sala plena
habían adoptado posturas diversas sobre el tema12 y declaró su procedencia.13
34. Así pues, esta sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de
tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
13 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declarará la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
35. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
36. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional14
37. En relación con el aludido presupuesto general, la sala cita como antecedente
la sentencia de tutela del 3 de noviembre de 202215 que replanteó la postura de esta
sección en atención al criterio fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
215, de 16 de junio de 2022, por lo que declaró la improcedencia de la acción por no
superar el requisito de relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún
debate jurídico en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que
pretendía era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la
causa.
2.5.1.1. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional, unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional16
38. A través del aludido pronunciamiento, la Corte Constitucional revisó las
sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las secciones Quinta y
14 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, sentencia del 10.03.22. M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2020-00822-00; y
sentencia del 02.12.21, rad. 11001-03-15-000-2021-07007-00.
15 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3.11.2022. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad.
11001-03-15-000-2022-04753-00.
16 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6.10.2022. M.P. Rocío Araujo Oñate, rad. 11001-
03-15-000-2022-04756-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6.10.2022. M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2022-03065-01.
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Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por
Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.
39. Con la acción constitucional reprochó las sentencias dictadas dentro de un
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido contra las
liquidaciones oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se incluyó como
ingresos gravados la tarifa del IVA por los servicios de producción prestados por RTI
S.A.S. y se le sancionó por inexactitud frente a las declaraciones sobre el impuesto
sobre las ventas que presentó por el año gravable 2010.
40. En dicho proceso, la Sección Quinta definió en primera instancia declarar la
improcedencia por no encontrar satisfecho el requisito general de procedibilidad de la
subsidiariedad, y negó otros cargos de la acción constitucional. En segunda instancia,
la Sección Primera confirmó integralmente la decisión del a quo.
41. En esa oportunidad, al momento de estudiar los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección Quinta se
limitó a examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de tutela contra una
decisión de la misma naturaleza y la subsidiariedad.
42. Mientras que, la Sección Primera encontró satisfechos los requisitos generales
que ha señalado la Corte Constitucional17, salvo el de la subsidiariedad frente a uno
de los cargos y, sobre la relevancia constitucional determinó que “se invocaron los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados”.
43. Por su parte, la Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados
requisitos en sede de revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI
S.A.S. contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia
constitucional.
44. En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
(…) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando
se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más
restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y
‘no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
17 i) Que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad,
iv)
relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) efecto
decisivo de la irregularidad procesal.
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fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor
jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad (…).
45. El alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas
que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para “…lograr
un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene
la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza
que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución”.
46. A su vez, la citada corporación precisó que las finalidades de este requisito son
las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal18 (Énfasis de la Sala).
47. Asimismo, la Corte Constitucional expuso que los criterios relevantes para
determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico19; es decir, la cuestión
‘debe revestir una ‘clara’, ‘marcada’ e ‘indiscutible’ relevancia constitucional.’20
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que ‘la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.’21 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
18 Sentencia SU-573 de 2019.
19 Sentencia SU-103 de 2022.
20 Ib.
21 Ib.
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trascienda la mera ‘inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales’22
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto23, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal (…) (Resaltado de la Sala)
48. De tal forma, la corporación en mención, luego de abordar los criterios que debe
reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el
requisito de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de tutela
formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado, puesto que: i) No tenía la
identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el
alcance de un derecho fundamental; ii) involucraba un debate eminentemente legal;
iii) planteaba una discusión preponderantemente económica, y iv) no cumplía con la
carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación
de los derechos fundamentales invocados.
49. Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.
2.6. Caso concreto
50. En lo referente al requisito de relevancia constitucional la sala advierte que, si
bien en casos similares a este se superó este presupuesto, lo cierto es que en
providencia de 3 de noviembre de 202224 se replanteó la postura en atención al criterio
fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022.
51. En el referido fallo la Corte señaló que, tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta
circunstancia excluye “su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial”.
22 Sentencia SU-128 de 2021.
23 Sentencia SU-573 de 2019.
24 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de noviembre de 2022, M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2022-04753-00.
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52. Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021. En esa
oportunidad, se estableció que el mecanismo de amparo no puede ser utilizado como
una instancia adicional para discutir los asuntos “de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”. Por el contrario, es
necesario que se advierta su contenido y trascendencia constitucional, pues de no ser
así, la discusión deberá ser resuelta mediante los mecanismos ordinarios dispuestos
para tal fin, so pena de que el juez de tutela se inmiscuya en cuestiones que desbordan
su competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la
solicitud de amparo.
53. En la sentencia SU-103 de 202225, la Corte Constitucional llamó la atención
sobre los criterios que se deben tener en cuenta al momento de verificar si, en un caso
concreto, se supera o no este requisito de relevancia, los cuales se pasan a mencionar:
107. Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no
meramente legal y/o económico. Esto, por cuanto las discusiones de orden legal o
aquellas relacionadas exclusivamente con derechos económicos deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos en el ordenamiento jurídico para su
trámite.
(…)
108. Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. Sobre esto, reiteró que la
cuestión debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.
En esa medida, los asuntos en los que se invoca la protección de derechos
fundamentales, pero cuya solución se limita a la interpretación y aplicación de normas
de rango legal, no tienen, en principio, relevancia constitucional.
(…). (Resaltado fuera del texto original).
54. En ese sentido, se tiene que los reparos de esta acción están dirigidos a
cuestionar la sentencia del 4 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que no
dispuso una reparación superior a 100 SMLMV.
55. De acuerdo con los argumentos del escrito inicial, se observa que la parte actora
reclama la configuración de los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente.
Pese a que son dos yerros distintos, la Sala encuentra que sus fundamentos están
relacionados entre sí, ya que la accionante reprocha que no se tuvieron en cuenta sus
condiciones particulares (porque según ella, demostró que enviudó joven y perdió una
familia que apenas comenzaba, además de vivir con el estigma de que su difunto
marido era un “bandido”) al momento de tasar los perjuicios, los cuales debieron ser
25 Corte Constitucional SU-103 de 2022.
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reconocidos siguiendo las subreglas establecidas en la sentencia de unificación del 28
de agosto de 2014 de la Sección Tercera del Consejo de Estado (expediente 32988),
que en casos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario, admiten una indemnización hasta de 300 SMLMV para el
primer orden y hasta 150 SMLMV para el segundo orden26.
56. Según la señora González Narváez tenía derecho a que se le aplicara la regla
de excepción de la unificación jurisprudencial y se le reconociera un monto de dinero
más alto al ordenado por el Tribunal accionada por concepto de los perjuicios morales
causados, por tratarse de un homicidio en persona protegida.
57. En síntesis, la demandante acude al amparo con el objetivo de que el juez
constitucional, basado en las pruebas que dice haber aportado, ordene aplicar un
precedente judicial que le permitiría aumentar la cuantía de la reparación económica
que le fue reconocida.
58. Para la Sala tal pretensión carece de relevancia constitucional porque discute
el alcance que el juez ordinario debió otorgarle a unas pruebas con el objetivo de que
se modifique la interpretación de una regla jurisprudencial que fue valorada por la
autoridad judicial al momento de tasar los perjuicios. Esto significa que la discusión
propuesta tiene como objetivo lograr una pretensión eminentemente económica. Es
decir, que esta acción no plantea una cuestión de índole constitucional.
59. Para la Sala no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron los derechos fundamentales, sino que es necesario cumplir
con la carga de argumentar el concepto de la violación que se deriva de una
providencia judicial en abierta contradicción de los postulados constitucionales, que
implique por parte de este juez un estudio de la interpretación de contenidos ius
fundamentales, lo cual no ocurre en el presente caso.
60. Después de revisar el expediente digital se evidencia que en la demanda del
proceso de reparación directa (cuya sentencia de segunda instancia es cuestionada
en la tutela de la referencia), la demandante se limitó a señalar que existen decisiones
judiciales que han reconocido montos superiores a 100 SMLMV en casos de
ejecuciones extrajudiciales, como el que decidió el Tribunal Administrativo del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sin explicar
las razones o los motivos por los cuales ella era acreedora a un mayor valor, en
26 Con el fin de sustentar su dicho, enfatizó que esa regla de excepción se ha aplicado en asuntos de
tutela, en las sentencias de 14 de julio de 2021, expediente 2021-01917-01, de la Subsección B de la
Sección Tercera; y 8 de octubre de 2020, expediente 2020-00276-00, de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
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cumplimiento de los parámetros jurisprudenciales. Es decir, que la pretensión es de
carácter netamente económico.
61. En ese orden, se concluye que no se evidencia la vulneración de garantías
constitucionales que permitan superar el requisito de relevancia constitucional
tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello comoquiera que el
debate gira en torno a la inconformidad de la actora con la valoración probatoria y su
alcance, de cara a la aplicación de un precedente jurisprudencial que
excepcionalmente admite un mayor valor de la reparación económica ordenada por el
tribunal accionado.
62. Adicionalmente, si la Sala entendiera que los dos defectos endilgados no están
íntimamente ligados y que deben estudiarse de manera individual, lo cierto es que esta
acción sería improcedente respecto del yerro por desconocimiento del precedente
judicial, toda vez que para controvertir la supuesta inaplicación de la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014 de la Sección Tercera del Consejo de Estado
(expediente 32988), la actora contó con el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, del cual no hizo uso.
63. Todo lo anterior, da lugar a que esta sala de decisión declare la improcedencia
de la solicitud de amparo de la referencia.
2.7. Conclusión
64. No se evidencia que la tutela de la referencia cumpla con los requisitos de la
relevancia constitucional y de subsidiariedad. Esto porque el asunto es meramente
económico y no se acreditó que se hubieren agotado todos los medios de defensa
judiciales al alcance de la señora Odeny González Narváez.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por la
señora Odeny González Narváez, por las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
Con aclaración de voto
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086”.
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