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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04756-00

Fecha
6 de octubre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04756-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación solicitada por la Nación – Rama Judicial, de conformidad con lo expuesto. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por la señora Carmen Sánchez Ruiz y otros, por lo expuesto en este proveído. TERCERO NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04756-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

6 de octubre de 2022

Demandantes: Carmen Sánchez Ruiz y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04756-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04756-00
Demandante: CARMEN SÁNCHEZ RUIZ Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN
B

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial – caducidad del medio
de control de reparación directa – falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por la señora Carmen
Sánchez Ruiz y otros contra la sentencia del 13 de julio de 2022, proferida por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, que revocó la decisión del a
quo, para en su lugar, declarar probada la excepción de caducidad de la acción.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 2 de septiembre de 2022 los señores Carmen Sánchez
Ruiz y Yesid Ilich Mariño Sánchez, actuando a través del apoderado judicial, Dr. Polo
Yesid Mariño Cristiano, quien también actúa en nombre propio, interpusieron acción
de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, con el fin
de que sean amparados sus derechos fundamentales al “debido proceso, a la honra,
dignidad y demás que se probaren en el curso del trámite correspondiente.”

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 13 de julio de 2022 proferida por el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección B, que revocó la providencia del 16 de octubre de
2018, que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar, declarar probada
la excepción de caducidad de la acción. Lo anterior, en el marco del proceso de

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Demandantes: Carmen Sánchez Ruiz y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04756-00

reparación directa N°. 50001-23-31-000-2011-00113-01, instaurado contra la Nación
– Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación.

3. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó la protección de los derechos
fundamentales invocados, y como consecuencia pidió:

“(…) SEGUNDA. - (…) se revoque la sentencia de segunda instancia de fecha
trece de julio 13 del 2022, proferida por la subsección segunda sección tercera
del Consejo de Estado y se acceda a las pretensiones del proceso de reparación
directa No. 50001233100020110011301 o se ordene cumplir esta decisión.” (sic
para toda la cita).

1.2. Hechos probados y/o admitidos

4. La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El 16 de noviembre de 2010 el abogado Polo Yesid Mariño Cristiano y su grupo
familiar1 demandaron en ejercicio del medio de control de reparación directa a la
Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, con la finalidad que se
les declarara administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios
causados con ocasión al error judicial y el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia en que incurrieron en el marco de un proceso de
reparación directa, lo que le impidió al demandante recibir el pago de sus honorarios
profesionales.

6. La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante fallo del
16 de octubre de 2018 negó las pretensiones de la demanda porque el daño
invocado, esto es, el no pago de los honorarios profesionales en el proceso de
reparación directa, no era cierto, “pues no se tenía (sic) certeza de la fecha en la cual fue
notificado el auto del 23 de mayo de 2007 mediante el cual el Tribunal Administrativo del
Meta decidió el incidente de regulación de honorarios.”

7. Agregó que el abogado tenía la posibilidad de reclamar ante la justicia laboral el
pago de estos, pues no era excluyente con el incidente de regulación de honorarios.

8. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación,
el cual fue desatado por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B,
autoridad judicial que mediate sentencia del 13 de julio de 2022 revocó la decisión
del a quo, para en su lugar, declarar probada la excepción de caducidad de la acción
porque la demanda se interpuso mas de 2 años después de la ejecutoria del auto del
23 de mayo de 2007, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Meta despachó

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Carmen Sánchez Ruiz y Yesid Ilich Mariño Sánchez

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desfavorablemente el incidente de regulación de honorarios por falta de prueba de
las condiciones del contrato de mandato.

9. Agregó que, una vez consultado el proceso 50001-23-31-000-2000-10057-01 en la
página web de la Rama Judicial, la providencia fue notificada en estado del 29 de
mayo de 2007, quedando ejecutoriada el 1° de junio de 2007, “ en consecuencia la
demanda presentada el 16 de noviembre de 2010 se radicó por fuera del término”.

10. Concluyó que no era procedente la contabilización del término de caducidad
desde el 26 de noviembre de 2008, fecha en la que se entregó parte del título a favor
de Carlos Alfonso León, pues el daño no devenía de un defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia “sino del auto que negó la regulación de los horarios al
demandante.”

1.3. Fundamentos de la vulneración

11. Luego de hacer un recuento de las actuaciones procesales surtidas al interior del
proceso de reparación directa con radicado N.° 50001-23-31-000-2011-00113-01,
indicaron lo siguiente:

12. Que si bien la autoridad judicial accionada declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control de reparación directa, lo cierto era que a la fecha de
presentación de la presente aacción de tutela, los demandantes en el mismo proceso
de reparación directa N.° 50001-23-31-000-2000-00057-01 a saber: Fabiola Castro
de León, Maryori León Castro, Sirid Magdalena León Castro, Jhon Alfonso León
Castro, Nayiber León Castro y Yudy Cristina León Castro, “NO ME HAN REVOCADO
EL PODER en dicho proceso de reparación directa cuyas fotocopias de la sentencia judicial
con las constancias de Ley, fueron solicitadas por el suscrito apoderado judicial POLO
YESID MARIÑO CRISTIANO, ante el Tribunal Administrativo del Meta, y presentadas para
su cobro de la sentencia judicial a la Oficina Jurídica de la Fiscalía General de la Nación.”

13. Defecto fáctico2: Adujo que “los testimonios recibidos en el proceso de reparación
directa No. 50001233100020110011301 de RUBÉN GARCÍA MARTÍNEZ y el Dr. ÓSCAR
MORALES ROJAS, que corroboran los hechos de la demanda en este expediente y en
especial del porcentaje de honorarios profesionales en el proceso No. 50-001-23-31-000-
2000-00057 01.”

14. Finalmente, y frente a la decisión que declaró la caducidad del medio de control,
se limitó a exponer que el término para interponer la acción debió contabilizarse
desde el 26 de noviembre de 2008, sin embargo, no argumentó las razones de su
dicho.

2
De lo relatado en el escrito de tutela la Sala infiere que la parte actora adujo que la autoridad judicial
accionada no tuvo en cuenta una serie de pruebas, por lo que se abordará el estudio de dicho cargo
como un defecto fáctico.

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1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Auto admisorio

14. La magistrada ponente mediante auto del 23 de septiembre de 2022, entre otras
cosas, admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y,
como demandada, a los magistrados del Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B.

15. Así mismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sala Transitoria,
que fungió como a quo en el proceso ordinario, a la Nación – Rama Judicial – y a la
Fiscalía General de la Nación, quienes fueron los sujetos pasivos en el proceso de
reparación directa y al Ministerio Público.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes contestaciones:

1.5.1. Accionantes: El 23 de septiembre de 2022 solicitaron impulso procesal de la
acción de tutela toda vez que fue admitida el 5 de septiembre de 2022 y aun no se
había proferido fallo. Por otro lado, allegaron la providencia del 16 de octubre de
2018 proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
pidieron también dejar sin efectos de dicha decisión.

1.5.2. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B: El magistrado
ponente de la decisión enjuiciada adujo lo siguiente: “Con todo respeto me permito
manifestar que no participaré en la acción de tutela de la referencia como parte ni como
tercero y acataré estrictamente las disposiciones que se adopten en ella.”

1.5.3. Nación – Rama Judicial: Requirió su desvinculación de presente trámite
constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

22. Los demás sujetos vinculados como terceros con interés, pese a haber sido
notificados en debida forma, no rindieron informe frente al asunto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

23. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Carmen Sánchez Ruiz y otros, de conformidad con lo dispuesto en los

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artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1° del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019. Lo
anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección B, por tanto, debe aplicarse el numeral 7° de la
referida norma.

2.2. Solicitud de desvinculación

24. La Nación – Rama Judicial solicitó su desvinculación del presente trámite por
carecer de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, se tiene que la Sala
negará tal petición, puesto que la comparecencia al trámite de la acción de tutela de
la referencia se efectuó en la condición que ostenta de tercero con interés, por
cuanto fungió como parte pasiva en el proceso de reparación directa del derecho que
se discute en sede constitucional.

2.3. Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción
de tutela contra providencia judicial?

26. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B vulneró los derechos
fundamentales “debido proceso, a la honra, dignidad y demás que se probaren en el curso
del trámite correspondiente.” con ocasión de la sentencia del 13 de julio de 2022, que
revocó la decisión del a quo, para en su lugar, declarar probada la excepción de
caducidad de la acción de reparación directa?

27. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) análisis del
caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela

3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

5
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contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 4 y declaró su procedencia.5

29. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

30. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

31. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional6

32. Sea lo primero poner de presente que, en la aplicación de las políticas de
transparencia se acogerán y reiterarán algunas consideraciones expuestas en la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por esta Sala de Decisión,
mediante la cual se resolvió un caso con similares supuestos fácticos y jurídicos al
acá planteado, en la cual se declaró la improcedencia de la acción por no superar el
requisito de la relevancia constitucional ya que el actor no proponía ningún debate

4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
6
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.

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jurídico entorno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía era
someter nuevamente a debate lo que analizó el juez natural de la causa.

2.4.2. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional

33. A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias
proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del
Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones RTI
S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.

34. La acción constitucional inicialmente formulada reprochó las sentencias dictadas
dentro de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado
contra las liquidaciones oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se
incluyó como ingresos gravados la tarifa del IVA por los servicios de producción
prestados por RTI S.A.S. y se le sancionó por inexactitud frente a las declaraciones
sobre el impuesto sobre las ventas que presentó por el año gravable 2010.

35. En el proceso de tutela llevado a cabo por el Consejo de Estado, la Sección
Quinta definió en primera instancia declarar la improcedencia por no encontrar
satisfecho el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, y negó otros
cargos de la acción constitucional. En segunda instancia, la Sección Primera
confirmó integralmente la decisión del a quo.

36. Se resalta que, al momento de estudiar los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección Quinta se limitó a
examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de tutela contra una decisión
de la misma naturaleza y la subsidiariedad. En cuanto a la Sección Primera, estudió
los 6 requisitos fijados en basta jurisprudencia por la Corte Constitucional. Pese a
que los encontró satisfechos todos, salvo el de la subsidiariedad frente a uno de los
cargos, sobre la relevancia constitucional determinó que “se invocaron los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados”.

37. La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en sede de
revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra la Sección
Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.

38. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial “el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante,
pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis
de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por
un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que

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también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

39. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los hechos y
del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no
son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución”.

40. Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal7 (Énfasis de la Sala).

41. De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 8; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional.”9

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”10 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo

7
Sentencia SU-573 de 2019.
8
Sentencia SU-103 de 2022.
9
Sentencia SU-103 de 2022.
10
Sentencia SU-103 de 2022.

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trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”11
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto 12, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni
es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal13. (Resaltado de la Sala)

42. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no
cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba
una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga
argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los
derechos fundamentales invocados.

2.4.3. Caso concreto

43. En primer lugar se tiene que, en la sentencia acusada se hizo un recuento de los
hechos que dieron origen al proceso de reparación directa, los cuales se sintetizan a
continuación:

-Explicó que el señor Marino Cristiano se desempeñó como apoderado judicial del
señor Carlos Alfonso León y sus familiares en un proceso de reparación directa
contra la Fiscalía General de la Nación, en el que se solicitaba la indemnización de
perjuicios por la privación injusta de la libertad que padeció.

• Adujo que el 1° de noviembre de 2005 el Tribunal Administrativo del Meta accedió a
las pretensiones de la demanda, sin embargo, el señor León le revocó el poder al
accionante y se lo confirió al abogado Guiza Santamaría para el cobro de la
condena, revocatoria que fue aceptada por el referido tribunal mediante auto del 24
de agosto de 2006.

-Refirió que el señor Marino Cristiano adelantó el trámite de incidente de regulación

11
Sentencia SU-128 de 2021.
12
Sentencia SU-573 de 2019.
13
Ibid.

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de honorarios que fue despachado desfavorablemente por el mencionado tribunal a
través de providencia del 23 de mayo de 2007.

-Arguyó que posteriormente, la Fiscalía liquidó la condena y reconoció 30% de esta
en favor del apoderado Guiza Santamaría. Esta liquidación fue adicionada en cuanto
al monto de la condena, pero, ante la reclamación del demandante Polo Yesid
Marino Cristiano, la Fiscalía ordenó que los valores se consignaran en la cuenta de
depósitos judiciales del tribunal.

-Concluyó que en auto del 2 de septiembre de 2008 el Tribunal Administrativo del
Meta ordenó entregar el valor consignado al señor Carlos Alfonso León, con
fundamento en que el primer apoderado se le había negado el incidente de
regulación de honorarios.

44. Paso seguido, el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B explicó
que según el artículo 136 del C.C.A. la acción de reparación directa caduca luego de
2 años contados a partir de día siguiente del acaecimiento del hecho por el cual se
imputa la responsabilidad y en este caso el daño alegado por el demandante, esto
es, el no pago de los honorarios profesionales del proceso de reparación directa,
devenía del auto del 23 de mayo de 2007 con el que el Tribunal Administrativo del
Meta despachó desfavorablemente el incidente de regulación de honorarios por falta
de prueba de las condiciones del contrato de mandato.

45. Al aterrizar lo anterior al caso concreto, el ad quem ordinario estimó que la
mencionada providencia fue notificada en estado del 29 de mayo de 2017 y quedó
ejecutoriada el 1° de junio de 2007, “en consecuencia la demanda presentada el 16 de
noviembre de 2010 se radicó por fuera del término”.

46. Igualmente, dicha autoridad concluyó que no era procedente la contabilización
del término de caducidad desde el 26 de noviembre de 2008, fecha en la que se
entregó parte del título a favor de Carlos Alfonso León, pues el daño no devenía de
un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia “sino del auto que negó
la regulación de los horarios al demandante.”

47. Así, esta Sala de Decisión anticipa que declarará la improcedencia de la acción
de tutela de la referencia por no encontrar satisfecho el requisito de la relevancia
constitucional, por lo que pasa a exponerse:

48. Se tiene que, al momento de fundamentar los cargos que le adjudicaban a la
sentencia cuestionada, indicaron que estaba viciada, por estas razones: i) los
demandantes en el proceso de reparación directa N.° 50001-23-31-000-2000-00057-
01 no le habían revocado el poder, motivo por el cual solicitó a la Oficina Jurídica de
la Fiscalía General de la Nación el respectivo cobro de la sentencia con las
constancias de ley; ii) adujeron que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta

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los testimonios rendidos por los señores Rubén García Martínez y Óscar Morales
Rojas, los cuales a su juicio, “corroboran los hechos de la demanda en este expediente y
en especial del porcentaje de honorarios profesionales en el proceso No. 50-001-23-31-000-
2000-00057 01.”(sic para toda la cita). y iii) frente a la decisión que declaró la caducidad
del medio de control, se limitaron a exponer que el término para interponer la acción
debió contabilizarse desde el 26 de noviembre de 2008, sin embargo, no
argumentaron las razones de su dicho.

49. En tal sentido, no explicaron en qué sentido se les conculcaron sus derechos
fundamentales al “debido proceso, a la honra, dignidad y demás que se probaren en el
curso del trámite correspondiente” con ocasión a la a la decisión del 13 de julio de 2022
proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, que revocó la
decisión del a quo, para en su lugar, declarar probada la excepción de caducidad de
la acción porque la demanda se interpuso más de 2 años después de la ejecutoria
del auto del 23 de mayo de 2007, mediante el cual el Tribunal Administrativo del
Meta despachó desfavorablemente el incidente de regulación de honorarios por falta
de prueba de las condiciones del contrato de mandato.

50. Esto implica que, lo que persiguieron la señora Carmen Sánchez Ruiz y otros con
la interposición de esta tutela consistió en que el juez constitucional realizara
nuevamente el estudio zanjado en el proceso ordinario, contrario a proponer la
vulneración de los derechos fundamentales sobre los que invocaron la protección.

51. A juicio de la Sala los actores no precisaron de qué forma la providencia acusada
transgredió sus derechos constitucionales fundamentales, ya que su línea
argumentativa no está dirigida a debatir la declaratoria de caducidad declarada por el
ad quem, por el contrario se limitaron a reiterar los reparos presentados ante las
autoridades judiciales accionadas sobre las actuaciones procesales surtidas al
interior del proceso de reparación directa, referentes al presunto error judicial y el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que a juicio de los
actores incurrieron las autoridades demandadas.

52. Así, para esta Sala de Sección lo pretendido por la parte actora es utilizar este
mecanismo de amparo constitucional como una tercera instancia del proceso
ordinario. Se advierte que sus reproches no cuestionan la providencia
supuestamente censurada, sino que pretenden poner en tela de juicio nuevamente el
trámite de reparación directa y reiteran los argumentos que fueron resueltos por la
autoridad judicial accionada en la sentencia del 13 de julio de 2022, los cuales se
basan en que se debía declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de las
entidades demandadas debido a que el señor Polo Yesid Mariño Cristiano no recibió
el pago de sus honorarios en un proceso en el que fungió como abogado.

53. Se reitera que, lo anterior deja en evidencia que los actores pretenden utilizar
esta acción de tutela como una instancia adicional donde puedan volver a debatir lo

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expuesto en el proceso de reparación directa. En ese sentido, para la Sala el asunto
no supera el requisito de la relevancia constitucional.

54. Como se explicó ampliamente, a la hora de definirse una acción de tutela contra
una sentencia proferida por el órgano de cierre en la materia, se debe estudiar el
requisito de forma más rigurosa. Al respecto, se advirtió en líneas atrás que la acción
constitucional no propone ningún debate jurídico entorno a la trasgresión de algún
derecho fundamental y, en ese sentido, la acción de tutela formulada por los
accionantes carece de relevancia constitucional.

55. Para esta Sala es importante enfatizar que la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad. En especial cuando se pretenden cuestionar por esta vía las
decisiones de los órganos de cierre en la materia. Lo anterior en garantía de los
principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y del respeto por el precedente judicial.

2.6. Conclusión

56. Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional
toda vez que los actores pretenden que el juez constitucional realice nuevamente el
estudio zanjado en el proceso ordinario, contrario a proponer la vulneración de los
derechos fundamentales sobre los que invocaron la protección.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA

PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación solicitada por la Nación – Rama
Judicial, de conformidad con lo expuesto.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por la señora Carmen Sánchez Ruiz y otros, por lo expuesto en este proveído.

TERCERO NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04756-00

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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