Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00746-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00746-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00746-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
13 de abril de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00746-00
Demandantes: Ana Julia Vásquez Gómez y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 11001-03-15-000-2023-00746-00
Demandantes: ANA JULIA VÁSQUEZ GÓMEZ Y OTRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial –actos propios del servicio.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
la señora Ana Julia Vásquez Gómez y otro contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Con escrito recibido en el Despacho ponente el 14 de febrero de 20231 la
señora Ana Julia Vásquez Gómez, quien actúa a nombre propio y en
representación de su hija menor de edad Isabela Palacios Vásquez, a través de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C con el fin de que sean amparados sus derechos
fundamentales “al DEBIDO PROCESO, a la IGUALDAD, a SOLIDARIDAD, a la
DIGNIDAD, a la EQUIDAD y al ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACION DE
JUSITICIA”.
2. La accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 30 de marzo de 2022, mediante la cual el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C revocó lo resuelto por el Tribunal
Administrativo del Choco, en la providencia del 12 de diciembre de 2013, que
accedió a las pretensiones de su demanda.
3. Lo anterior, en el marco del medio de control de reparación directa, que
instauró contra la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional, que se
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Radicado en el correo de recepción de tutelas y habeas corpus de la Rama Judicial el 10 de
febrero de 2023.
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Demandantes: Ana Julia Vásquez Gómez y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C
identificó con el radicado N. º 27001-23-33-000-2012-00022-00/01.
1.2. Pretensiones
4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
“(…)
1- Declarar sin efecto jurídico la sentencia del treinta (30) de marzo de 2022,
proferida por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Honorable Consejo
de Estado, por medio de la cual revocó la sentencia del doce (12) de diciembre
de 2013, emitida por el Tribunal Administrativo del Chocó, dentro del
expediente de la acción de Reparación Directa, radicado bajo el No. Rad.
27001-23-33-003-2012-00022-01 (504832).
2- Ordénese a la Sección Tercera, Subsección C del Honorable Consejo de
Estado, proferir providencia de reemplazo de la sentencia del 30 de marzo de
2022, teniendo en cuenta la prueba obrante en el expediente y los precedentes
jurisprudenciales en la materia objeto de controversia.
3- Ruego se adopten por parte de esta Magistratura las medidas o correctivos
que estime procedentes o necesarias para garantizar el restablecimiento de los
derechos fundamentales de las accionantes y el cese en su vulneración”. (Sic
a toda la cita).
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
5. El 20 de marzo de 2011, el señor agente de policía Jedier Yarlinson
Palacios Mosquera mientras prestaba su servicio de guardia en una garita al frente
del Comando de Policía del Municipio de Tutunendo, Choco, recibió un disparo por
parte de su compañero de turno, el señor Fredys Córdoba Córdoba, quien utilizó
su arma de fuego de dotación oficial, causándole la muerte.
6. El 20 de agosto de 2011 se surtió la audiencia de formulación de imputación
de cargos y de imposición de medida de aseguramiento ante el Juzgado Segundo
Penal Municipal de Quibdó en función de control de garantías, contra el señor
Córdoba Córdoba, quien luego de su captura aceptó los hechos que se le
endilgaban, por lo que el 28 de noviembre del mismo año se profirió sentencia
condenatoria en contra del agente de policía.
7. En consecuencia, la señora Vásquez Gómez y otros, presentaron demanda
en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Policía Nacional,
con el propósito que se les declarara patrimonialmente responsables por los daños
y perjuicios causados con ocasión del daño antijurídico producido por el uso
ilegitimo y desproporcionado de un arma de fuego entregada en dotación.
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8. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Choco, mediante
sentencia de 12 de diciembre de 2013, declaró administrativa y patrimonialmente
responsable la Policía Nacional por la muerte del señor Jedier Yarlinson Palacios
Mosquera y la condenó a indemnizar a los demandantes. Lo anterior, por cuanto
considero:
“(…) Sobre el particular, obra el audio de la audiencia de control constitucional y legal al
allanamiento en la que quedó demostrado que el señor Fredys Córdoba Córdoba, en
ejercicio de sus funciones disparó su arma de dotación oficial, contra la humanidad de su
compañero de armas señor Jedier Yarlinson Palacios Mosquera, y posteriormente lo despojó
de su fusil y lo disparó en varias ocasiones para hacer creer que estaban siendo víctimas de
un ataque guerrillero.
Por consiguiente, la herida que le causó la muerte del señor Jedier Yarlinson Palacios
Mosquera, devino del uso de una arma de fuego de dotación oficial, por parte de agentes de
la Fuerza Pública con ocasión y por razón del servicio, toda vez que el policía Fredys
Córdoba Córdoba estaba en turno de vigilancia en la Estación de Policía del Corregimiento
de Tutunendo – Municipio de Quibdó, de modo que el estudio de impugnación del daño
irrogado a la parte actora será analizado, como en precedencia se indicó, con base en el
título de riesgo excepcional. (…)” (Sic para toda la cita)
9. En segunda instancia, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, a través de fallo de 11 de noviembre de 2022, revocó la decisión del a
quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, tras señalar:
“Aunque la persona que cometió el delito estaba vinculada a la Policía Nacional,
no se probó que actuó dentro del servicio, ni que sus actuaciones tuvieran
conexión con este. Por ello precisamente, el conocimiento de los hechos no estuvo
a cargo de la justicia penal militar –encargada del juzgamiento de los delitos
cometidos por miembros de la fuerza pública activos, en función y con ocasión del
servicio- sino que correspondió a la justicia penal ordinaria (art. 221 CN y arts. 2 y
3 de la Ley 1407 de 2010).
De acuerdo con las pruebas practicadas en este proceso, si daño escapó del
funcionamiento del servicio público a cargo de la fuerza pública. (…)” (Sic a toda
la cita)
”.
10. Dicha providencia fue notificada personalmente el11 de noviembre de 2022.
1.4. Fundamentos de la vulneración
11. La parte actora señaló que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad, con ocasión de la sentencia del 11 de noviembre de 2022
por cuanto, a su juicio, incurrió en una violación directa a la Constitución,
desconocimiento de precedente y defecto fáctico por las siguientes razones:
12. En relación con la violación directa de la Constitución sostuvo que la
providencia atacada vulneró los artículos 29 y 90 de la Carta, pues desconoció la
voluntad del constituyente en relación con la obligación de reparar los daños
antijurídicos imputables al Estado. Así mismo, señaló que el planteamiento de la
culpa personal del agente homicida para no atribuirle responsabilidad al Estado no
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tiene asidero por cuanto aquel estaba prestando el servicio de vigilancia y accionó
su arma de dotación oficial.
13. Adujó que dentro del proceso se probó que quien cometió el homicidio fue
un uniformado en servicio activo y con el arma de dotación por lo que el
funcionario se extralimitó en el ejercicio de sus funciones y su conducta fue
dolosa, razón por la cual lo que correspondía era declarar patrimonialmente
responsable al Estado y este podría ejercer luego el medio de control de repetición
contra el señor Córdoba.
14. Respecto del desconocimiento del precedente explicó que la sentencia
cuestionada omitió los siguientes pronunciamientos:
• Consejo de Estado, sentencia de 9 de julio de 2021, MP. Martín Bermúdez
Muños, Rad. 19001-23-31-000-2006-00886-01 (46885). }
Sobre esta providencia la parte actora señaló que los procesos por
ejecuciones extrajudiciales que se han adelantado por la jurisdicción
ordinaria, en los que la Fiscalía como ente acusador ha puesto al
descubierto una serie de delitos cometidos por miembros de la fuerza
pública, que de otra forma no se hubieren descubierto, han puesto en tela
de juicio la imparcialidad e independencia de la justicia castrense.
Por lo anterior, adujo que atendiendo al principio de igualdad consagrado
en el artículo 13 de la Constitución, cuál sería el criterio diferenciador entre
el daño antijurídico causado a las víctimas de los denominados falsos
positivos y ellos teniendo en cuenta que, la muerte del señor Palacios
Mosquera fue causada por un miembro de la policía nacional que en
ejercicio de sus funciones, accionó su arma de dotación oficial con el
pretexto de que afrontaba una emboscada de la insurgencia, lo que no era
cierto.
• Consejo de Estado, sentencia de 3 de agosto de 2020, MP. Ramiro Pazos
Guerrero, Rad. 05001-23-31-000-2011-00253-01; Consejo de Estado,
sentencia de 7 de septiembre de 2015, MP. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa, Rad. 17 001 23 31 000 2009 00212 01 (52892) y Consejo de
Estado, sentencia del 5 de septiembre de 2017, MP. Nicolás Yepes
Corrales, Rad. 73001-23-31-000-2008-00561-01 (38.058).
Frente a las anteriores sentencias los accionantes resaltaron que fueron
desconocidas por cuanto, el hecho de que se afirmara por la providencia
atacada que el señor Córdoba “actuó en un proceder propio para obtener un
beneficio personal e individual” , no quiere decir que la actuación estuviera
desvinculada del servicio, pues como se indicó en el fallo cuestionado, los
hechos ocurrieron cuando el policial prestaba guardia al frente de la
subestación de policía, razón por la cual, enfatizó que el beneficio personal
no desdibuja ni restaba importancia a que el agente de policía que causó la
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muerte al señor Palacios Mosquera, estuviera en el turno de su trabajo,
uniformado y accionó su arma de dotación oficial de manera dolosa.
Finalmente, reiteró que lo mismo acontece cuando se trata del autor de un
“falso positivo”, quien ejecutó actos criminales en procura de ascensos,
permisos y beneficios que nada tienen que ver con el deber ser o con la
misión de las fuerzas armadas.
• Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2002, MP. Ricardo
Hoyos Duque.
En relación con este fallo, la parte demandante señaló que no se tuvo en
cuenta lo que se establece en él sobre cuales se consideran actos propios
del servicio.
Lo anterior, ya que, en dicha decisión se expuso que la condición de
servidor público se debe exteriorizar de tal forma que permita aseverar que
la conducta cuestionada es una expresión o consecuencia del servicio
público y no de un acto particular.
Explicó que, en el caso estudiado en este pronunciamiento, los agentes se
encontraban en horario del servicio y actuaron prevalidos de su condición
de policías y no de particulares. Por lo anterior, el extremo actor concluyó
que, si se compara con los hechos del presente proceso, el autor del
homicidio se encontraba prestando el servicio de guardia al frente de la
estación de policía y su actuar lo quiso hacer ver como una reacción ante
un ataque guerrillero, motivo por el cual no existe duda de que sea un acto
propio del servicio con extralimitación del agente agresor.
15. Finalmente, la parte demandante alegó que se incurrió en un defecto
fáctico. En este punto, vale la pena aclarar que, si bien la parte actora denomina
el anterior defecto como material o sustantivo, lo que en realidad realiza es un
cuestionamiento frente a la manera en cómo se valoró el material probatorio en el
medio de control de reparación directa.
16. Argumentó que la autoridad judicial accionada valoró indebidamente, en
primer lugar, la minuta (fl. 183 C. 2) la cual demostró que, para el día de los
hechos, 20 de marzo de 2011, el agente de la policía Fredys Córdoba Córdoba se
encontraba en servicio activo, en su condición de comandante de guardia y se le
había asignado el arma identificada con el No. 0331.
17. También, agregó que no tuvo en cuenta que el Oficio 2932 FGN C.T.I. UPJ
del 27 de julio de 2011 (fl. 221 C.1) arrojó que la Fiscalía General de la Nación al
momento de la diligencia de inspección técnica realizada al cadáver del señor
Palacios Mosquera, decomisó el fusil, marca galil, calibre 5.56, color negro,
número de serie 07420331, y por otro lado al patrullero Córdoba se le decomiso el
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fusil, marca galil, calibre 5.56, con el número de serie 04336297, arma que le
había sido asignada al fallecido por lo que se evidencia el ocultamiento de la
verdad por parte del agente homicida en el cambio de las armas.
18. Del mismo modo, alegó que se omitió el testimonio presentado por el señor
Salatiel Antonio Perea Perea, quien manifestó:
“(…) el día de los hechos, es decir, el domingo 20 de marzo en curso, eran más o
menos las once de la mañana, yo venía de mi casa que queda en el barrio San
Francisco del corregimiento de Tutunuendo, para negocio que tengo con mi mujer y
queda diagonal a la estación de policía, llegué y luego me quedé un rato más allí
parado en ese sitio, y cuando yo iba a dar el paso para pasarme a mi negocio, sentí
un disparo, miré al frente, es decir para la policía, y observe al policía de apellido
Córdoba haciendo un tiro con el fusil hacia el policía de apellido Palacios, me
acerque hacia ese sitio de la casa abandonada donde se encontraba los dos
policías, esa casa queda al frente de la estación, cuando me iba acercando
observo que el policía Córdoba, tomó el fusil del herido Palacios, lo volvió a
colocar al suelo, luego volvió y lo levantó fue que soltó un rafagazo hacia el rio,
y a la vez grito “teniente me atacan”, de ahí mismito salieron unos policías y uno
de ellos largó un rafagazo con el arma para el aire, en el momento entonces yo me
acerque al policía caído Palacios con un martillo que llevaba en la mano, y este me
miraba como intente darle con este martillo al policía Córdoba porque lo había hecho
…” (Subrayado y negrita fuera del texto)
19. Lo anterior, por cuanto los hechos fueron inicialmente presentados como
una incursión guerrillera, sin embargo, el anterior testimonio, junto con otros
elementos probatorios demostraban que lo ocurrido se causó por un acto arbitrario
e injusto cometido por el agente Córdoba, quien luego de haber sido identificado
como el homicida aceptó los cargos endilgados por lo que se produjo una
sentencia condenatoria en su contra, y a su vez, le trajo graves consecuencias
disciplinarias.
20. Concluyó que las pruebas mencionadas permiten asegurar que como lo
estableció la sentencia de primera instancia dentro del medio de control de
reparación directa, el señor Córdoba Córdoba obró en ejercicio de sus funciones,
cuando prestaba el servicio de guardia y utilizó arma de dotación oficial, que se
exterioriza como un acto propio del servicio.
1.5. Trámite de la acción de tutela
21. Mediante auto del 28 de febrero de 20232, se admitió la acción de tutela y
se dispuso su notificación3 a la parte actora, así como a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, como parte accionada, para
que se refiriera a sus argumentos y rindieran el informe que consideraran
pertinente.
22. Así mismo, se vinculó en calidad de terceros con interés jurídico de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, al
2
Índice 5 del expediente digital en el aplicativo SAMAI.
3
Actuación realizada el 2 de marzo de 2023.
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Tribunal Administrativo del Choco, como a quo del proceso ordinario y a la Nación
-Ministerio de Defensa -Policía Nacional, como entidades accionadas, en el medio
de control de reparación directa, que originó la radicación de este trámite 4.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
23. Por medio de correo electrónico enviado el 6 de marzo del 2023, el
magistrado ponente de la decisión cuestionada aportó la copia del expediente del
medio de control de reparación directa y adujo que las consideraciones esgrimidas
en la providencia del 30 de marzo de 2022 proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera de esta Corporación son suficientes para explicar la
improcedencia del amparo solicitado.
1.6.2. Tribunal Administrativo del Choco
24. Mediante documento allegado el 7 de marzo de 2023, la magistrada
ponente de la decisión de primera instancia dentro del proceso de reparación
directa indicó que la acción de tutela fue interpuesta antes de que se cumplieran 6
meses de haberse notificado la sentencia de segunda instancia, por tanto, puede
decirse que ésta cumple con el requisito de inmediatez de esta clase de acción
constitucional.
25. Por otra parte, consideró que si en la providencia proferida en primera
instancia se determinó que la Policía Nacional era responsable y le correspondía
indemnizar los daños sufridos por los demandantes, con ocasión a la muerte del
señor agente de la Policía Jedier Yarlinson Palacios Mosquera, quien fue herido
por su compañero, el también agente Fredys Córdoba Córdoba, cuando prestaban
sus servicios en la estación del corregimiento de Tutunendo, municipio de Quibdó,
en el departamento del Chocó, la afectación de los derechos fundamentales
alegados por la parte actora no le son endilgables.
26. Por último, sostuvo que se torna improcedente la intervención extraordinaria
del juez de tutela, más cuando se tiene certeza de que no se puede recurrir a esta
vía excepcional para imponer al juzgador una determinada valoración o aplicación
de la prueba que coincida plenamente con el de las partes, teniendo en cuenta
que la autoridad judicial explicó razonadamente en su providencia los motivos de
su decisión, por lo que no se puede usar la acción constitucional como una tercera
instancia.
1.6.3. Policía Nacional
4
De conformidad con las notificaciones obrantes en el expediente digital de la acción de tutela,
Índice 8, Oficio No. 18357, 18358, 18359, 18360, 18361 y 18362, el 2 de marzo de 2023.
7
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27. A través de correo electrónico enviado el 7 de marzo de 2023, el
representante de la entidad solicitó que se declarara improcedente la presente
acción constitucional o que de manera subsidiaria se denegaran las pretensiones
en el presente proceso.
28. Aclaró que no se presentó un perjuicio irremediable para la parte
demandante pues conforme a la información registrada en el Sistema de
Información para la Administración de Talento Humano – SIATH, donde una vez
consultado por nombre Jedier Yarlinson Palacios Mosquera y cédula de
ciudadanía No. 82.363.068, se evidencia que a sus beneficiarios les fue
reconocida mesada pensional por ocasión de su muerte.
29. Así mismo, señaló que por causa del fallecimiento del señor Palacios
Mosquera les fue también reconocida y cancelada la suma de VEINTITRÉS
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO
PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($23.872.178,52) por concepto de
compensación por muerte a la señora Ana Julia Vásquez Gómez, consignada a su
cuenta de ahorros, según certificado del tesorero General de la Policía Nacional.
30. A pesar de que los demás vinculados fueron debidamente notificados,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
31. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada
por la parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
32. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra la Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado; razón por la cual le corresponde a
esta Corporación conocer como máximo tribunal de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
2.2. Problema jurídico
33. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados,
los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
8
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34. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
● ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C vulneró los
derechos fundamentales de la parte actora por incurrir en una violación
directa a la Constitución, desconocimiento del precedente y defecto fáctico,
al proferir la sentencia del 22 de marzo de 2022 que revocó la decisión de
primera instancia, y en su lugar negó las pretensiones de la demanda
instaurada contra la Policía Nacional, al interior del medio de control de
reparación directa?
35. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el
estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados;
(iii) las generalidades de los defectos alegados; y (iv) el caso concreto.
2.3. Razones jurídicas de la decisión
2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
5
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 6 y declaró su
procedencia.7
37. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y vi)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de
estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que
se analice el fondo del asunto.
38. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
5
Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:
Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
7
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
9
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incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
39. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.3.2. Requisitos de procedibilidad adjetiva
2.3.2.1. Relevancia constitucional8
40. En relación con el aludido presupuesto general, la Sala cita como antecedente
la sentencia de tutela del 20 de octubre de 20229 que replanteó la postura de esta
Sección en atención al criterio fijado por la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación SU-215 de 16 de junio de 2022, por lo que declaró la improcedencia de
la acción por no superar el requisito de relevancia constitucional ya que el actor no
propuso ningún debate jurídico en torno a la trasgresión de algún derecho
fundamental y lo que pretendía era someter nuevamente a discusión lo que
analizó el juez natural de la causa.
2.3.2.1.1. Sentencia SU215 de 2022 de la Corte Constitucional, unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional10
41. A través del aludido pronunciamiento, la Corte Constitucional revisó las
sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y
Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por
Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de
cierre.
42. Con la acción constitucional reprochó las sentencias dictadas dentro de un
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido contra las
liquidaciones oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se incluyó
como ingresos gravados la tarifa del IVA por los servicios de producción prestados
por RTI S.A.S. y se le sancionó por inexactitud frente a las declaraciones sobre el
impuesto sobre las ventas que presentó por el año gravable 2010.
43. En dicho proceso, la Sección Quinta definió en primera instancia declarar la
improcedencia por no encontrar satisfecho el requisito general de procedibilidad
8
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 10.03.22. Rad. 11001-03-15-000-2020-00822-00;
Sentencia del 02.12.21, Rad. 11001-03-15-000-2021-07007-00.
9
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 20 de octubre de 2022, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-000-2022-05003-00.
10
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6 de octubre de 2022, M.P. Rocío Araujo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2022-04756-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6
de octubre de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2022-03065-01.
10
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de la subsidiariedad, y negó otros cargos de la acción constitucional. En segunda
instancia, la Sección Primera confirmó integralmente la decisión del a quo.
44. En esa oportunidad, al momento de estudiar los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección
Quinta se limitó a examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de
tutela contra una decisión de la misma naturaleza y la subsidiariedad.
45. Mientras que, la Sección Primera encontró satisfechos los requisitos generales
que ha señalado la Corte Constitucional 11, salvo el de la subsidiariedad frente a
uno de los cargos y, sobre la relevancia constitucional determinó que «se
invocaron los derechos fundamentales presuntamente vulnerados».
46. Por su parte, la Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados
requisitos en sede de revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI
S.A.S. contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia
constitucional.
47. En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «…el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada
señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo
de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una
providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo
en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y ‘no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta
vía, en la materialización del principio de igualdad…».
48. El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para «…lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución».
49. A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito
son las siguientes:
11
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
11
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«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal12» (Énfasis de la Sala).
50. Asimismo, la Corte Constitucional expuso que los criterios relevantes para
determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:
«En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico13; es
decir, la cuestión ‘debe revestir una ‘clara’, ‘marcada’ e ‘indiscutible’ relevancia
constitucional.’14
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que ‘la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.’15 En este
orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera ‘inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales’16
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto17, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal…» (Resaltado de la Sala)
51. De tal forma, la Corporación en mención, luego de abordar los criterios que
debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para
superar el requisito de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de
tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado, puesto que: i) No
tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o
desarrollar el alcance de un derecho fundamental, ii) involucraba un debate
eminentemente legal, iii) planteaba una discusión preponderantemente económica
12
Sentencia SU-573 de 2019.
13
Sentencia SU-103 de 2022.
14
Sentencia SU-103 de 2022.
15
Sentencia SU-103 de 2022.
16
Sentencia SU-128 de 2021.
17
Sentencia SU-573 de 2019.
12
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y, iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
52. Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.
2.4. Caso concreto
53. En lo referente al requisito de relevancia constitucional la Sala advierte que si
bien en casos similares al que nos ocupa se superó este presupuesto, lo cierto es
que en providencia de 20 de octubre de 202218 se replanteó la postura en atención
al criterio fijado por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-215
de 16 de junio de 2022.
54. En el referido fallo la Alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga
un debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora
de sus garantías fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo
reprochado por cuanto esta circunstancia excluye “su formulación para la discusión
de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
55. Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021,
oportunidad en la que se concretó que el referido enfoque “impide que el mecanismo
de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a
la controversia judicial”.
56. En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional
ha hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la
acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias
con el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden
la esfera funcional de otras autoridades judiciales.
57. Es así, como dicha Corte indicó que la controversia propuesta en el marco de
una acción de tutela no puede versar sobre un asunto meramente legal o
económico, sino que es necesario que se advierta su contenido y trascendencia
constitucional, pues de no ser así, la discusión deberá ser resuelta mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para tal fin, so pena de que el juez de tutela se
inmiscuya en cuestiones que desbordan su competencia y podrían desnaturalizar
el carácter excepcional y especial de la solicitud de amparo.
58. Así, en reciente sentencia SU-103 de 202219, llamó la atención sobre los
criterios que se deben tener en cuenta a la hora de verificar si en un caso concreto
18
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 20 de octubre de 2022, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-000-2022-05003-00.
19
Corte Constitucional SU-103 de 2022.
13
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se supera o no este requisito de relevancia, los cuales se pasan a mencionar:
“107. Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no
meramente legal y/o económico. Esto, por cuanto las discusiones de orden legal o
aquellas relacionadas exclusivamente con derechos económicos deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos en el ordenamiento jurídico para su
trámite.
(…)
108. Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. Sobre esto, reiteró que la
cuestión debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.
En esa medida, los asuntos en los que se invoca la protección de derechos
fundamentales, pero cuya solución se limita a la interpretación y aplicación de normas
de rango legal, no tienen, en principio, relevancia constitucional.
109. Tercero, no debe ser una instancia adicional para reabrir debates
meramente legales. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en
señalar que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera
instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez
de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal”. En ese
sentido, la tutela en contra de una sentencia o laudo arbitral exige valorar si la
decisión se fundamentó en una actuación ostensiblemente arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas al debido proceso.
110. Finalmente, y en cuarto lugar, la acción de tutela que tenga origen en hechos
adversos ocasionados por el mismo accionante. (…).” (Resaltado fuera del texto
original).
59. En ese sentido, y con fundamento en que lo que se cuestiona en esta tutela,
se tiene que los reparos propuestos por la parte tutelante, se dirigen a cuestionar
la sentencia de 30 de marzo de 2022, mediante la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C revocó lo resuelto por el Tribunal Administrativo
del Choco, en la providencia del 12 de diciembre de 2013, que accedió a las
pretensiones de su demanda en cuanto a declarar responsable a la Policía
Nacional y que dicha entidad efectuara el pago de la indemnización por los
perjuicios causados con ocasión del fallecimiento del agente de policía Jedier
Palacios Mosquera, quien fue víctima de los disparos propinados por su
compañero de guardia.
60. En sentir de la parte actora dicho acto se generó en el marco de la prestación
del servicio y con un arma de dotación oficial, por lo que en aplicación del régimen
objetivo es deber del Estado indemnizarle.
61. En aplicación del marco jurisprudencial expuesto al caso concreto, la Sala
declarará la improcedencia de la presente acción constitucional, toda vez que el
reclamo objeto de este mecanismo carece de relevancia constitucional, en
atención a que se limita a discutir la interpretación y aplicación del régimen de
imputación en el escrito de tutela, con el fin de obtener el pago de una
indemnización. En otras palabras, se trata de reabrir el debate.
62. Sin embargo, como pasara a explicarse, la presente acción constitucional no
puede dar lugar a una tercera instancia, pues la competencia del juez de tutela se
14
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restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal”.
63. En ese sentido, la Sala advierte que la tutela en contra de una sentencia
procede si la decisión atacada se fundamentó en una actuación ostensiblemente
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas al
debido proceso.
64. Es importante indicar que, como base del fallo acusado la autoridad judicial
accionada explicó que, el daño se encontró demostrado, porque Jedier Palacios
Mosquera falleció el 20 de marzo de 2011 en el Hospital San Francisco de Asís de
Quibdó y la causa de muerte fue un shock hipovolémico secundario a dos
impactos por arma de fuego en la región inguinoescrotal derecha.
65. De igual manera, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado tuvo como acreditado que:
• El 21 de marzo de 2011, la oficina de control interno disciplinario del
departamento de Policía de Chocó inició indagación preliminar por la
muerte del patrullero Palacios Mosquera y vinculó al agente Fredys
Córdoba Córdoba.
• El 19 de agosto de 2011, en el proceso penal se legalizó la captura y la
Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra el policía Córdoba por
el delito de homicidio agravado. El fiscal consideró que el sindicado disparó
a la víctima porque había denunciado a sus superiores la pérdida de dos
fusiles en la subestación y, al parecer, el responsable del hurto era un
policía amigo de los agentes, el señor Fredys Córdoba Córdoba se allanó a
los cargos, por tal razón le impusieron medida de aseguramiento de
detención preventiva en la cárcel.
• La oficina de control interno disciplinario del departamento del Chocó
destituyó e inhabilitó por 15 años al señor Córdoba Córdoba, también que el
mismo fue condenado penalmente por estos hechos a una pena de 225
meses de prisión por un juez ordinario y no por un penal militar, pues se
encontró probado que el homicidio fue premeditado.
• Que luego de analizado el testimonio del señor Salatiel Antonio Perea
Perea, se constató que el patrullero Córdoba le disparó al señor Palacios
Mosquera, no obstante, la autoridad judicial resaltó que en cuanto a la
afirmación “lo que se escuchaba en el pueblo” era que el motivo del
homicidio fue que la víctima había denunciado la pérdida de unos fusiles, se
trataba de un dicho de oídas.
• Por todos los elementos probatorios se pudo acreditar que no se había
presentado un hostigamiento en la subestación de policía de Tutunuendo,
15
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pues el uniformado Córdoba simuló un ataque guerrillero para asesinar al
patrullero con el que tenía diferencias personales y laborales.
66. Lo anterior, denota que la decisión de la autoridad judicial demandada no
fue ostensiblemente arbitraria pues al momento de sustentar las razones de su
decisión expuso:
“De acuerdo con las pruebas practicadas en este proceso, el daño escapó del
funcionamiento del servicio público a cargo de la fuerza pública. La persona
involucrada fue investigada y condenada penalmente por la justicia ordinaria y
actuó en un proceder propio para obtener un beneficio personal e individual.
Como no se probó que el implicado hubiera actuado dentro del servicio ni que
sus actuaciones tuvieran conexión con el servicio público durante el homicidio,
el daño que causó se debe exclusivamente a la culpa personal de ese agente,
Por ello, no se comprometió la responsabilidad civil del Estado. (…)”
67. Lo citado evidencia que la Sección Tercera Subsección C concluyó que el
actuar del agente de policía culpable del homicidio no tenía conexión con el
servicio que prestaba en su calidad de funcionario de la fuerza pública, sino que
se debía a una causa personal y particular en la cual la Policía Nacional como
entidad demandada dentro del medio de control de reparación directa no tenía
dominio del hecho ni injerencia.
68. Así mismo, la Sala destaca que las sentencias que la parte actora alega
como precedentes jurisprudenciales desconocidos contienen supuestos fácticos
diferentes a los aquí se estudian, como pasa a explicarse:
69. Frente a la sentencia del Consejo de Estado, del 9 de julio de 2021, MP.
Martín Bermúdez Muños, Rad. 19001-23-31-000-2006-00886-01 (46885), la parte
actora señaló que trata sobre ejecuciones extrajudiciales que se han adelantado
por la jurisdicción ordinaria y que por el principio de igualdad consagrado en el
artículo 13 de la Constitución, debería tenerse en cuenta para la muerte del señor
Palacios Mosquera porque fue causada por un miembro de la Policía Nacional que
en ejercicio de sus funciones, accionó su arma de dotación oficial con el pretexto
de que afrontaba una emboscada de la insurgencia, lo que no era cierto.
70. En relación con las sentencias de 3 de agosto de 2020, MP. Ramiro Pazos
Guerrero, Rad. 05001-23-31-000-2011-00253-01; de 7 de septiembre de 2015,
MP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Rad. 17 001 23 31 000 2009 00212 01
(52892) y del 5 de septiembre de 2017, MP. Nicolás Yepes Corrales, Rad. 73001-
23-31-000-2008-00561-01 (38.058). La parte actora expresó, frente a las
anteriores sentencias, que se tratan del autor de un “falso positivo”, quien ejecutó
actos criminales en procura de ascensos, permisos y beneficios que nada tienen
que ver con el deber ser o con la misio de las fuerzas armadas, por lo que se
pueden aplicar al caso concreto ya que como en la situación del señor Córdoba
Córdoba, quien ejecutó dichas conductas buscaba un beneficio personal, pero eso
no desdibuja que estuviera en el turno de su trabajo, uniformado y accionó su
arma de dotación oficial de manera dolosa.
16
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71. Adicionalmente, frente a la providencia que se refiere a lo que se
consideran actos propios del servicio, sentencia de 26 de septiembre de 2002, la
parte actora indicó que en este caso se condenó a agentes que se encontraban en
horario del servicio y actuaron prevalidos de su condición de policías y no de
particulares. Por lo anterior, concluyó que, si se compara con los hechos del
presente proceso, el autor del homicidio se encontraba prestando el servicio de
guardia al frente de la estación de Policía y su actuar lo quiso hacer ver como una
reacción ante un ataque guerrillero, motivo por el cual no existe duda de que sea
un acto propio del servicio con extralimitación del agente agresor
72. Sin embargo, la Sala advierte que, como lo explicó la parte actora en su
escrito inicial, son hechos ocurridos en el marco de ejecuciones extrajudiciales
imputables a agentes del estado, motivo por el cual se trata de supuestos fácticos
disímiles y que se causaron por hechos completamente distintos.
73. Es así como a la hora de estudiar el caso concreto bajo los parámetros de
los anteriores pronunciamientos los mismos les resultan inaplicables.
74. En ese orden, es completamente evidente que esta solicitud de amparo
carece de la carga argumentativa suficiente a través de la cual la parte accionante
justifique la relevancia del caso a partir de la exposición del concepto de la
violación, lo cual implica un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al
juez de esta sede advertir una prominente transgresión de sus prerrogativas
superiores con ocasión de la expedición de la providencia dictada por la autoridad
censurada y no una simple inconformidad con el criterio del fallador.
75. De conformidad con lo expuesto, esta Sala concluye que la señora Ana
Julia Vásquez Gómez no satisfizo el requisito de relevancia constitucional, por
cuanto la acción de tutela carece del ejercicio hermenéutico a partir del cual se
acredite que la sentencia de 30 de marzo de 2022 se constituye en una decisión
arbitraria y desconocedora de sus derechos fundamentales.
76. En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la
vulneración de garantías constitucionales que permitan superar el requisito de
relevancia constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial;
ello comoquiera que (i) la tutela no cuenta con la carga argumentativa en contraste
con los fundamentos del fallo cuestionado, los cuales fueron bastante robustos,
tanto en el análisis probatorio, como del fundamento jurisprudencial para negar las
pretensiones, (ii) tampoco al debido proceso, pues no se alegó algún reproche
frente a su ejercicio de defensa y contradicción dentro del trámite adelantado en el
proceso de reparación directa y, (iii) el debate propuesto obedece a una
inconformidad de la parte actora con respecto a la decisión adoptada por el juez
que conoció de la causa.
77. Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala de Decisión declare la
improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por la
señora señora Ana Julia Vásquez Gómez, quien actúa a nombre propio y en
representación de su hija menor de edad Isabela Palacios Vásquez, por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
18
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