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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00022-01

Fecha
13 de abril de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00022-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la providencia del 23 de febrero de 2023 proferida por el Consejo de Estado - Sección Cuarta, y en su lugar DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por los señores María Teresa Ospina Montoya, Gloria María Posada Betancur, Migdonia Manco Quiroz, Sol Beatriz Taborda Escobar, Adriana Gómez Arteaga, Sol Beatriz Restrepo Correa, Luis Ignacio Zapata Jaramillo, Silvia Montoya Echeverri, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. 28 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573 de 2017 y C-590 de 2005. 29 SU-215 de 2022. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: María Teresa Ospina Montoya y otros Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-00022-01 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la de la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00022-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

13 de abril de 2023

Demandantes: María Teresa Ospina Montoya y otros
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00022-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00022-01
Demandantes: MARÍA TERESA OSPINA MONTOYA Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO –SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN
B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por los señores María Teresa
Ospina Montoya, Gloria María Posada Betancur, Migdonia Manco Quiroz, Sol Beatriz
Taborda Escobar, Adriana Gómez Arteaga, Sol Beatriz Restrepo Correa, Luis Ignacio
Zapata Jaramillo y Silvia Montoya Echeverri1, contra la providencia del 23 de febrero
de 2023, proferida por el Consejo de Estado - Sección Cuarta, que negó la solicitud
de amparo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Mediante escrito recibido, en el despacho del magistrado ponente (Consejo de
Estado – Sección Cuarta), el 12 de enero de 20232, la parte actora instauró acción de
tutela contra el auto del 1º de julio de 2022, proferido por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado; que confirmó la decisión de primera
instancia, del 1° de febrero de 2021, del Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Segunda de Oralidad.

2. Los accionantes consideraron vulnerados los derechos fundamentales “al
debido proceso, en conexidad con el derecho a la defensa, acceso a la
administración de justicia e igualdad, en conexidad con el principio de confianza
legítima y prevalencia del derecho sustancial”, con ocasión del auto del 1º de julio de
2022, proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
1 Se denominarán en lo sucesivo la parte actora.
2 El 6 de enero de 2023, los accionantes presentaron acción de tutela ante el Juzgado Noveno de

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá; el 10 de enero de 2023 este juzgado remitió
dicha demanda a la Secretaría General del Consejo de Estado, con el propósito de que fuera
sometida a reparto.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: María Teresa Ospina Montoya y otros
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00022-01

que declaró la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho interpuesto contra el acto administrativo S- 2017-396038-0101, del 27 de
julio de 2017, expedido por el director de Gestión Humana del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, que les negó el reconocimiento de la prima técnica por
evaluación de desempeño.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

Dejar sin efectos el numeral 1º. De la parte resolutiva del auto del 1 de julio de 2022,
emitido por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B; con ponencia del Dr.
CARMELO PERDOMO CUÉTER, mediante el cual se confirmó el auto de 1º de
febrero de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala segunda de
oralidad), que declaró de oficio probada la excepción de caducidad.

Ordenar al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSOADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B; con
ponencia del Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER, que profiera nuevo auto
interlocutorio, por medio del cual resuelva sobre la caducidad, de conformidad con los
precedentes y orientaciones de la jurisprudencia aquí invocados3.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia de segunda
instancia:

4. Los señores María Teresa Ospina Montoya, Gloria María Posada Betancur,
Migdonia Manco Quiroz, Sol Beatriz Taborda Escobar, Adriana Gómez Arteaga, Sol
Beatriz Restrepo Correa, Luis Ignacio Zapata Jaramillo y Silvia Montoya Echeverri
ocupan cargos que pertenecen al nivel profesional en el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (en adelante ICBF) y consideran que, conforme a lo previsto en
los Decretos 1661 y 2164 de 1991, tienen derecho al reconocimiento y pago de la
prima técnica por evaluación de desempeño.

5. El 5 de julio de 2017, los accionantes le solicitaron al ICBF el reconocimiento
de la prima técnica por evaluación de desempeño. Mediante oficio n.° S-2017-
396038-0101 del 27 de julio de 2017, la entidad negó lo pedido.

6. El 15 de enero de 2018, se declaró fallida la audiencia de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría 222 Judicial II para Asuntos Administrativos de
Antioquia.

7. El 13 de febrero de 2019, los demandantes ejercieron el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el propósito de que se declarara la

3 Texto copiado con los errores.

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ilegalidad del oficio n.° S-2017-396038-0101 del 27 de julio de 2017 y se ordenara el
reconocimiento y pago de la mencionada prestación.

8. Mediante auto del 1.° de febrero de 2021 el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Segunda de Oralidad rechazó la demanda por considerar que
caducó la fecha con la que contaban para interponer el citado medio de control.
Indicó que, si bien el acto administrativo demandado fue proferido el 27 de julio de
2017 por el director de Gestión Humana del ICBF y no fue comunicado a los actores,
se tomaría como fecha de conocimiento de esa decisión el 15 de enero de 2018, que
corresponde con aquella en la que se expidió la certificación de no conciliación; por
lo que el plazo de 4 meses empezó a correr el 16 de enero de 2018, y la demanda
fue radicada el 13 de febrero de 2019, es decir, por fuera del tiempo estipulado para
ejercer el medio de control.
9. Los actores interpusieron recurso de apelación contra la referida decisión y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en auto del 1º de julio
de 2022, la confirmó y manifestó que la prima técnica no puede ser tenida en cuenta
como prestación periódica cuando no ha sido reconocida al trabajador4 y por eso
insistió en que la disposición que rige la contabilización del término de caducidad del
medio de control es la prevista en el numeral 2.°, literal d del artículo 1645 de la Ley
1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en adelante CPACA); por ende, no podía ser aplicado el numeral 1.°,
literal c del mismo artículo6.

1.4. Fundamentos de la solicitud

10. Los accionantes indicaron que cumplen con todos los requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra el proveído judicial, del 1.° de julio de 2022,
proferido por el Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección B, y alegaron
los defectos sustantivo, por violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente jurisprudencial.

11. Consideraron que la providencia configuró un defecto sustantivo debido a
que la caducidad declarada carece de sustento normativo, por interpretación errónea
del numeral 1.°, literal c del artículo 164 del CPACA; pues la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho puede ser presentada en cualquier tiempo cuando “[s]e
dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones

4 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Rad. N.° 20001-23-33-000-2015-00284-01

(3633- 2015). 11.07.2016. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
5Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…) 2. En

los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…) d) Cuando se pretenda la nulidad y
restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales; (…).
6 Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: 1. En

cualquier tiempo, cuando: (…) c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe; (…).

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe”.

12. Así mismo señalaron que el demandado incurrió en el defecto por la violación
directa de la Constitución, en consideración a que se vulneró su derecho para
acceder a la administración de justicia (artículo 229 de la Constitución Política) con el
auto, del 1.° de julio de 2022, al interpretar equivocadamente el artículo 164 del
CPACA, que regula el tema de la caducidad, razones que lo llevaron a declarar la
ocurrencia de ese fenómeno jurídico sin que existieran los presupuestos fácticos
requeridos.

13. Respecto al desconocimiento del precedente jurisprudencial, indicaron
que en el auto cuestionado se omitió darles aplicación a las providencias de la
Sección Segunda del Consejo de Estado 00260 del 25 de agosto de 2016; 01393 del
1.° de febrero de 2018 y 2017-05670 de 2020.

1.5. Trámite de la acción de tutela

14. Mediante auto del 17 de enero de 2023, el magistrado ponente de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela de la referencia, ordenó
notificar a las partes y dispuso vincular en calidad de terceros con interés: al ICBF y
al Tribunal Administrativo de Antioquia.

15. Así mismo, notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y
reconoció personería al abogado Carlos Alberto Rhenals Doria, como apoderado de
la parte actora.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.6.1. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B

16. Mediante escrito del 20 de enero de 2023, el magistrado ponente manifestó
que se atiene a lo que se demuestre durante el trámite, y que en la parte motiva de la
providencia del 1º de julio de 2022 se establecieron las razones que sirvieron de
fundamento a la decisión.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Antioquia

17. El escribiente del tribunal, a través de correo electrónico del 20 de enero de
2023, envió copia digital del expediente con radicado n.° 05001-23-33-000-2019-
0448-00.

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1.7. Fallo impugnado

18. Mediante la sentencia del 23 de febrero de 2023, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado negó la solitud de amparo al considerar que la providencia objeto
de reproche se fundamentó en el criterio establecido por el Consejo de Estado7, el
cual señala que la prima técnica no puede ser tenida en cuenta como prestación
periódica cuando no ha sido reconocida al trabajador y se viene devengando. Por
eso insistió en que la disposición que rige la contabilización del término de caducidad
del medio de control es el previsto en el numeral 2.°, literal d del artículo 164 del
CPACA porque no se trata de una ingreso ordinario pues aún no había sido percibida
por ninguno de los integrantes de la parte actora y, por ende, no podía ser aplicado el
numeral 1.° literal c.

19. Agregó que no se configuró el defecto sustantivo alegado porque el término
del conteo de la caducidad obedeció a la naturaleza de la prestación, es decir, el que
debía aplicarse era el de 4 meses y no en cualquier tiempo como lo pretende la parte
actora por, justamente el criterio que tiene esa subsección frente a la esencia de la
prima técnica.

20. Respecto al presunto desconocimiento del precedente judicial, la Sala destacó
que, en el caso objeto de estudio, la decisión proferida por la autoridad demandada
es razonable en la medida en que no existe posición unificada8 respecto a la
posibilidad de demandar en cualquier tiempo el acto administrativo que niega el
reconocimiento de la prima técnica. Es decir, el juez natural podía optar por
cualquiera de las dos posturas señaladas y como se vio, optó por dar aplicación al
literal d, numeral 2.° del artículo 164 del CPACA, conclusión que, en todo caso, se
encuentra debidamente motivada y respaldada por la autonomía que caracteriza la
actividad judicial, la jurisprudencia vigente aplicable al caso y el análisis normativo
propio del proceso ordinario.

1.8. Impugnación

21. Mediante escrito remitido el 6 de marzo de 2023 la parte actora impugnó la
anterior decisión, y señaló que tanto los autos de los jueces ordinarios, como la
sentencia de tutela de primera instancia, no tuvieron en cuenta que los demandantes
tienen vigente el vínculo laboral con el ICBF y, por tanto, no existe un término de
caducidad para presentar la demanda, conforme a lo previsto en el literal c del
numeral 1.º del artículo 164 del CPACA. Esto significa que no había lugar a que se
declarara la caducidad de la acción; por el contrario, al tribunal le correspondía fijar la
fecha para la audiencia inicial.

7Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Rad. N.° 20001-23-33-000-2015-00284-01

(3633- 2015). 11.07.2016. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
8 Ver, sentencias en las que se evidencia posiciones contrarias: 12 de noviembre de 2020 radicado

2014-00199- 01 C.P Rafael Francisco Suárez; 31 de mayo de 2018 radicado 2015-002204-01 C.P
Sandra Lisset Ibarra.

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22. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Consejo de Estado
respecto a la prima técnica, entre otros conceptos laborales, como prestación
periódica cuando es negada estando vigente el vínculo laboral del demandante, y
apoyó su argumento en varias providencias proferidas por el alto tribunal de lo
contencioso administrativo9.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

23. Esta sala es competente para conocer de la impugnación, presentada por la
parte demandante contra el fallo del 23 de febrero de 2023, proferido por el Consejo
de Estado – Sección Cuarta, de conformidad con lo establecido por el numeral 7.° del
artículo 2.2.3.1.2.1.10 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta
corporación.

2.2. Problemas jurídicos

24. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia proferida por la Sección Cuarta de esta corporación, el 23 de
febrero de 2023.

9- Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente, Ibarra Vélez, Sandra
Lisset, actor: Flor Cecilia Ramírez Sánchez, radicado: 25000 23 42 000 2017 04738 01 (0850-2018)
de fecha 21 de junio de 2018.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
consejero ponente, Rafael Francisco Suarez Vargas, actor: Andrés Isabelino Urrutia Moreno, radicado:
76001-23-33-000-2017-00715- 01(1389-19) de fecha 13 de mayo de 2021.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
consejero ponente, César Palomino Cortés, actor: María Isabel Ospina Castro, radicado: 25000-23-42-
000-2018-01669-01(4324-19) de fecha 25 de febrero de 2021.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
consejero ponente, Gabriel Valbuena Hernández, actor: Fernando Torres Caicedo, radicado: 76001-
23-31-000-2013-0007-01(4468-18) de fecha 13 de febrero de 2020.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
consejero ponente, Gabriel Valbuena Hernández, actor: Lilian Clemencia Palacio Luján, radicado:
76001-23-33-000-2017-00897-01(0820-19) de fecha 2 de julio de 2020.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
consejero ponente, William Hernández Gómez, actor: Rafael Martínez Sánchez, radicado: 25000-23-
42-000-2014-00599-01(4212-15) de fecha 18 de febrero de 2021.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
consejero ponente, Rafael Francisco Suárez Vargas, actor: Clara Isabel Nieto Rodríguez, radicado:
25000-23-42-000-2017-05670-01(1553- 18) de fecha 23 de enero de 2020.
10 “ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37

del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se
produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se
refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto”.

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25. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
argumentos del escrito de tutela, la impugnación y lo probado en el proceso,
corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?

26. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la sala analizará lo
siguiente:

• ¿La Subsección B de la Sección Segunda, del Consejo de Estado incurrió en
los defectos sustantivo, de violación directa de la Constitución y de
desconocimiento del precedente judicial, al declarar la caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que ejercieron los
actores contra el acto administrativo proferido por el ICBF, que les negó el
reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño?

27. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el
estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii)
las generalidades de los defectos alegados; y (iv) el caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
11
2012 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones y la misma
sala plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema12 y declaró su
procedencia.13

29. Así pues, esta sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate
de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declarará la
improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

30. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en
la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
13 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

31. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional14

32. En relación con el aludido presupuesto general, la sala cita como antecedente
la sentencia de tutela del 3 de noviembre de 202215 que replanteó la postura de esta
sección en atención al criterio fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
215, de 16 de junio de 2022, por lo que declaró la improcedencia de la acción por no
superar el requisito de relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún
debate jurídico en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que
pretendía era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la
causa.

2.4.1.1. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional, unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional16

33. A través del aludido pronunciamiento, la Corte Constitucional revisó las
sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las secciones Quinta y
Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por
Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.

34. Con la acción constitucional reprochó las sentencias dictadas dentro de un
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido contra las
liquidaciones oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se incluyó como
ingresos gravados la tarifa del IVA por los servicios de producción prestados por RTI
S.A.S. y se le sancionó por inexactitud frente a las declaraciones sobre el impuesto
sobre las ventas que presentó por el año gravable 2010.

35. En dicho proceso, la Sección Quinta definió en primera instancia declarar la
improcedencia por no encontrar satisfecho el requisito general de procedibilidad de la

14 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, sentencia del 10.03.22. M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2020-00822-00; y
sentencia del 02.12.21, rad. 11001-03-15-000-2021-07007-00.
15 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3.11.2022. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio,

rad. 11001-03-15-000-2022-04753-00.
16 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6.10.2022. M.P. Rocío Araujo Oñate, rad. 11001-

03-15-000-2022-04756-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6.10.2022. M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2022-03065-01.

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subsidiariedad, y negó otros cargos de la acción constitucional. En segunda
instancia, la Sección Primera confirmó integralmente la decisión del a quo.

36. En esa oportunidad, al momento de estudiar los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección Quinta
se limitó a examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de tutela contra
una decisión de la misma naturaleza y la subsidiariedad.

37. Mientras que, la Sección Primera encontró satisfechos los requisitos generales
que ha señalado la Corte Constitucional17, salvo el de la subsidiariedad frente a uno
de los cargos y, sobre la relevancia constitucional determinó que “se invocaron los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados”.

38. Por su parte, la Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados
requisitos en sede de revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI
S.A.S. contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia
constitucional.

39. En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial

(…) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y ‘no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad (…).

40. El alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para “…lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución”.

41. A su vez, la citada corporación precisó que las finalidades de este requisito
son las siguientes:

17 i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

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(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal18 (Énfasis de la Sala).

42. Asimismo, la Corte Constitucional expuso que los criterios relevantes para
determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico19; es decir, la
cuestión ‘debe revestir una ‘clara’, ‘marcada’ e ‘indiscutible’ relevancia
constitucional.’20

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que ‘la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.’21 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera ‘inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales’22

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto23, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni
es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal (…) (Resaltado de la Sala)

43. De tal forma, la corporación en mención, luego de abordar los criterios que
debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar
el requisito de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de tutela
18 Sentencia SU-573 de 2019.
19 Sentencia SU-103 de 2022.
20 Ib.
21 Ib.
22 Sentencia SU-128 de 2021.
23 Sentencia SU-573 de 2019.

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formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado, puesto que: i) No tenía la
identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el
alcance de un derecho fundamental; ii) involucraba un debate eminentemente legal;
iii) planteaba una discusión preponderantemente económica, y iv) no cumplía con la
carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación
de los derechos fundamentales invocados.

44. Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

2.5. Caso concreto

45. En lo referente al requisito de relevancia constitucional la sala advierte que si
bien en casos similares al que nos ocupa se superó este presupuesto, lo cierto es
que en providencia de 3 de noviembre de 202224 se replanteó la postura en atención
al criterio fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 16 de junio de
2022.

46. En el referido fallo la Alta Corte señaló que tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, mas no en un juicio de corrección de la providencia
reprochada por cuanto esta circunstancia excluye “su formulación para la discusión
de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

47. Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021. En
esa oportunidad, se estableció que el mecanismo de amparo no puede ser utilizado
como una instancia adicional para discutir los asuntos “de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”. Por el contrario,
es necesario que se advierta su contenido y trascendencia constitucional, pues de no
ser así, la discusión deberá ser resuelta mediante los mecanismos ordinarios
dispuestos para tal fin, so pena de que el juez de tutela se inmiscuya en cuestiones
que desbordan su competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.

48. En la sentencia SU-103 de 202225, la Corte Constitucional llamó la atención
sobre los criterios que se deben tener en cuenta al momento de verificar si en un
caso concreto se supera o no este requisito de relevancia, los cuales se pasan a
mencionar:

107. Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no
meramente legal y/o económico. Esto, por cuanto las discusiones de orden legal o
aquellas relacionadas exclusivamente con derechos económicos deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos en el ordenamiento jurídico para su
trámite.

24 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de noviembre de 2022, M.P. Carlos Enrique

Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2022-04753-00.
25 Corte Constitucional SU-103 de 2022.

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(…)

108. Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. Sobre esto, reiteró que la
cuestión debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.
En esa medida, los asuntos en los que se invoca la protección de derechos
fundamentales, pero cuya solución se limita a la interpretación y aplicación de normas
de rango legal, no tienen, en principio, relevancia constitucional.

(…). (Resaltado fuera del texto original).

49. En ese sentido, se tiene que los reparos de esta acción están dirigidos a
cuestionar el auto de segundo grado, del 1º de julio de 2022, proferido por el Consejo
de Estado - Sección Segunda - Subsección B, que confirmó la declaratoria de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que
ejercieron los actores con la finalidad de que se declarara la ilegalidad del oficio S-
2017-396038-0101 del 27 de julio de 2017, que les negó el reconocimiento de la
prima técnica por evaluación de desempeño. Constituyendo este un debate
meramente legal, de interpretación y aplicación del artículo 164 CPACA, el cual fue
resuelto por los jueces naturales.

50. En el proceso ordinario se destaca que en el auto de segunda instancia,
proferido por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, se determinó
que la prima técnica solo constituye una prestación periódica, cuando después de ser
otorgada, el trabajador la recibe de manera permanente, lo que no acontece en este
asunto, puesto que el acto administrativo demandado negó su reconocimiento.

51. En este auto se hizo alusión a la providencia del Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección B, con rad. n.° 20001-23-33-000-2015-00284-01 (3633-
2015), del 11 de julio de 2016, consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez 26,
respecto a que el carácter de prestación periódica de la prima técnica,

se predica solo en el evento en que esté siendo percibida por funcionario (sic), por
ende, cualquier decisión de la administración que afecte esa situación podrá ser
impugnada en cualquier tiempo; y, al contrario, si la prima técnica no hace parte de
los beneficios salariales que el empleado percibe por el trabajo que desarrolla, no
tiene la condición de periodicidad, en tal virtud, toda manifestación de la entidad que
tenga relación con dicha prima, se debe impugnar dentro del término de 4 meses
contemplados en la ley para impugnar los actos administrativos.

(…)

“La posibilidad de demandar en cualquier tiempo, apunta a los actos que tienen el
carácter de prestación periódica, es decir, aquellos que reconocen emolumentos que
habitualmente percibe el beneficiario. En ese sentido, los actos que reconocen
prestaciones periódicas, comprenden no solo decisiones que reconocen prestaciones

26 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección A. Rad. n.° 41001-23-31-000-2002-1356-
01(2186-03) 27.11.2003. Consejero ponente: Alberto Arango Mantilla. Y Consejo de Estado - Sección
Segunda - Subsección A. Rad. n.° 15001-23-31-000-2000-02370- 01(5744-05). 05.10.2006.
Consejero ponente: Jaime Moreno García.

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sociales, sino también envuelve los actos que reconocen prestaciones salariales que
periódicamente se sufragan al beneficiario siempre y cuando la periodicidad en la
retribución se encuentre vigente. La prima técnica se otorga a título de
reconocimiento económico a los funcionarios altamente calificados o por evaluación
del desempeño, en determinado porcentaje de la asignación básica mensual. Una
vez asignada, se convierte en remuneración periódica del beneficiario. A lo anterior se
agrega que la periodicidad de la prima técnica, depende de que una vez asignada, el
beneficiario se encuentre percibiéndola, en caso contrario dejará de ser periódica…”27

52. En el sub lite, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B al
proferir el auto, tuvo en cuenta que la conciliación extrajudicial adelantada ante la
Procuraduría 222 Judicial II para Asuntos Administrativos, fue declarada fallida por
falta de ánimo conciliatorio a través de constancia del 15 de enero de 2018, por lo
que los 4 meses de que trata el artículo 164 del CPACA comenzaron a correr a
partir del día siguiente a la expedición de la constancia de conciliación fallida,
esto es, desde el 16 de enero de 2018 y fenecieron el 16 de mayo del mismo
año, de tal suerte que la presentación de la demanda el 13 de febrero de 2019,
fue extemporánea.

53. Se observa que si bien en la demanda de tutela, la parte accionante consideró
que en el auto demandado se configuraron los defectos sustantivo, de violación
directa de la Constitución y de desconocimiento del precedente judicial, que involucra
el acceso a la administración de justicia, lo que realmente se presenta es un debate
meramente legal, de interpretación del artículo 164 del CPACA, que busca abrir una
tercera instancia.

54. Para la Sala no es suficiente que la parte interesada refiera que con la
decisión judicial se transgredieron los derechos fundamentales “al debido proceso,
en conexidad con el derecho a la defensa, acceso a la administración de justicia e
igualdad, en conexidad con el principio de confianza legítima y prevalencia del
derecho sustancial”, sino que es necesario cumplir con la carga de argumentar el
concepto de la violación que se deriva de una providencia judicial en abierta
contradicción de los postulados constitucionales, que implique por parte de este juez
un estudio de la interpretación de contenidos ius fundamentales, y no una simple
inconformidad con el criterio del fallador.

55. En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la
vulneración de garantías constitucionales que permita superar el requisito de
relevancia constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial;
ello comoquiera que (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación
meramente legal, y (ii) no se evidencian afectaciones al mínimo vital porque los
actores actualmente devengan su salario.

56. Luego, es posible concluir que los argumentos expuestos por la parte actora
apuntan a convertir este mecanismo constitucional en una instancia adicional al
proceso ordinario, máxime cuando sus fundamentos fueron resueltos por el juez

27 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Rad. n.° 25000 23 25 000 05916 (4926).
25.05.2007. Consejero ponente: Alejandro Ordoñez Maldonado.

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natural de la causa, lo que implica que la tutela se torna improcedente. En este
sentido, para esta sección, resulta claro que la controversia se circunscribe a una
mera inconformidad de los tutelantes frente a la decisión adoptada por el funcionario
judicial aquí enjuiciado, de modo que la situación descrita es «de competencia
exclusiva del juez ordinario»28.

57. Al respecto, esta sala advierte que no le corresponde al juez constitucional
realizar un estudio de fondo del caso con el fin de señalar, de manera oficiosa, cuál
es la correcta interpretación jurisprudencial o implementación normativa aplicable al
caso, pues se vulneraría la independencia y autonomía con la que cuenta el
funcionario que conoce el trámite ordinario, donde cabe destacar que de hacerlo, se
reitera, esta sección se convertiría en una tercera instancia o una segunda para
asuntos que son de único grado.

58. En palabras de la Corte Constitucional «[…] al tratarse de un argumento que
busca un cambio en la forma en la que la autoridad judicial accionada interpretó la
ley, el asunto carece de relevancia constitucional»29.

2.6. Conclusión

59. Por lo anterior, esta sección revocará la decisión impugnada, que negó la
tutela, para declarar la improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional, pues se observa que los accionantes pretenden usar el mecanismo
como una instancia adicional, sin contar con una carga argumentativa suficiente que
le permita a esta sala, investida como juez de tutela, realizar un pronunciamiento de
fondo, aunado a que los fundamentos de la acción tampoco advierten una anomalía
evidente o una «vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales» en los
términos de la jurisprudencia en cita, máxime cuando estamos en presencia de la
decisión de una alta corte.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la providencia del 23 de febrero de 2023 proferida por el
Consejo de Estado - Sección Cuarta, y en su lugar DECLARAR la improcedencia de
la solicitud de amparo ejercida por los señores María Teresa Ospina Montoya, Gloria
María Posada Betancur, Migdonia Manco Quiroz, Sol Beatriz Taborda Escobar,
Adriana Gómez Arteaga, Sol Beatriz Restrepo Correa, Luis Ignacio Zapata Jaramillo,
Silvia Montoya Echeverri, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

28 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
29 SU-215 de 2022.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la de la ejecutoria de esta
providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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