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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04753-00

Fecha
29 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
15 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04753-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado en la presente acción de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-04753-00 ACTORA: MARTHA ADORCINDA BARRERA ROA tutela, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04753-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

29 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04753-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARTHA ADORCINDA BARRERA ROA

TESIS: DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. SOLICITUD DE RELIQUIDACIÓN PENSIONAL DE DOCENTE.
AUSENCIA DE DEFECTOS SUSTANTIVO Y DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JURISPRUDDENCIAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDADA LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL MÍNIMO VITAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra el JUZGADO CUARENTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE BOGOTÁ1 y la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN

“C”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2.

1
En adelante el Juzgado
2
En adelante el Tribunal

2

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-04753-00
ACTORA: MARTHA ADORCINDA BARRERA ROA

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora MARTHA ADORCINDA BARRERA ROA, actuando a través

de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la

seguridad social y al mínimo vital, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por el Juzgado y el Tribunal al proferir las providencias

de 25 de octubre de 2021 y de 15 de junio de 2022,

respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2020-00279-01.

I.2.- Hechos

Afirmó que laboró como docente al servicio del Estado, desde el 8 de

febrero de 1991, hasta la fecha de presentación de la acción de tutela

de la referencia.

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ACTORA: MARTHA ADORCINDA BARRERA ROA

Agregó que mediante la Resolución núm. 9148 de 28 de noviembre

de 2017, el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio3 reconoció

y ordenó el pago de la pensión de jubilación a su favor, sin tener en

cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante el

último año de servicio.

Manifestó que el 15 de enero de 2020, solicitó la revisión y ajuste de

su pensión de jubilación con el fin de incluir la totalidad de los

factores salariales devengados en el año anterior al cumplimiento de

su estatus pensional, petición que fue denegada mediante la

Resolución núm. 1033 de 13 de febrero de 2020, expedida por la

Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

Refirió que mediante el Oficio S-2020-7034 de 20 de enero de 2020,

la Secretaría de Educación Distrital negó la solicitud referente a que

se efectuaran los descuentos a seguridad social sobre los factores

salariales que devengó durante su vinculación al servicio docente.

3 En adelante FOMAG

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Sostuvo que en ejercicio del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho demandó la legalidad de los anteriores

actos administrativos y solicitó la inclusión de todos los factores

salariales devengados en el año anterior al cumplimiento de su

estatus pensional, el reintegro de los valores descontados en exceso

para salud y, el reconocimiento y pago del reajuste de la condena

con inclusión del IPC.

Adujo que la demanda correspondió por reparto al Juzgado que,

mediante sentencia de 25 de octubre de 2021, denegó las

pretensiones de la demanda, decisión contra la cual interpuso

recurso de apelación ante el Tribunal que, en sentencia de 15 de

junio de 2022, confirmó lo dispuesto por el a quo, al encontrar que

no le asistía derecho a que se ordenara la reliquidación de su pensión

con la inclusión de emolumentos diferentes sobre los cuales cotizó.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

La actora indicó que las autoridades judiciales demandadas

vulneraron sus derechos fundamentales invocados, por cuanto en las

decisiones cuestionadas incurrieron en defecto sustantivo al

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desconocer las normas que establecen que en su caso el monto

pensional debe calcularse con el 75% de lo percibido durante el año

anterior al cumplimiento del estatus pensional.

Sostuvo que se configuró un defecto sustantivo en las providencias

cuestionadas, toda vez que al negar el reajuste pensional solicitado,

incurrieron en una inapropiada aplicación de la Ley 812 de 2003 y

desconocieron el principio de favorabilidad, conforme al cual debía

optarse por la condición más benéfica para el trabajador, por lo que

se vulneraron sus derechos fundamentales y, en consecuencia, a su

juicio, tiene derecho a que se reliquide la pensión de jubilación que

le fue reconocida.

En relación con el desconocimiento del precedente, indicó que para

la reliquidación de su pensión se debía aplicar el criterio establecido

en la sentencia de 4 de agosto de 2010 proferida por la Sección

Segunda de esta Corporación, según el cual la base de liquidación

comprende todos los factores salariales devengados durante el

último año de servicio.

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I.4.- Pretensiones

La actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales,

presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas y,

en consecuencia, que:

“[…] SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION SEGUNDA-
SUBSECCION "C" de fecha 15 de Junio del 2022, mediante la
cual CONFIRMA la sentencia 25 de octubre del 2021 proferida
por el Juzgado Cincuenta y dos (52) Administrativo de Oralidad
del Circuito Judicial de Bogotá - Sección Segunda la cual NEGO
LA RELIQUIDACION PENSIONAL.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito
respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se ORDENE al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN “C” a proferir sentencia de fondo
ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO a reliquidar la pensión de la señora MARTHA
ADORCINDA BARRERA ROA, incluyendo TODOS los factores
salariales devengados en especial LA PRIMA DE NAVIDAD Y
PRIMA DE SERVICIOS.
TERCERO: Así mismo ordenar el pago de las cotizaciones al
sistema de seguridad social de los factores salariales que se
tengan en cuenta para liquidar el IBL, sobre las cuales no se
efectuaron los respectivos aportes al sistema de seguridad
social.
CUARTO: Que se condene en costas a las entidades demandadas
de conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
QUINTO: Solicito cordialmente a su distinguida Sala si es el caso
oficiar al Juzgado Cuarenta y siete (47) Administrativo de
Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá - Sección Segunda para
que allegue en su integralidad :11001-33-42-047-2020-00279-
01, en dado caso de que el expediente administrativo haya sido
devuelto al juzgado de origen.
SEXTO: Solicito cordialmente a su distinguida Sala si es el caso
oficiar al Juzgado Cuarenta y siete (47) Administrativo de
Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá - Sección Segunda para

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que allegue en su integralidad la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección "C" de fecha 11 de Mayo del 2022 que CONFIRMO la
sentencia de primera instancia […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El Tribunal sostuvo que la decisión cuestionada se encuentra

ajustada a derecho, por lo cual invocó como medio de prueba la

referida providencia, en la que se puede verificar que se efectuó el

análisis fáctico y jurídico pertinente del cual se desprende que no

existe vulneración alguna a los derechos fundamentales de la

accionante.

I.5.2.- El Juzgado realizó un recuento de las actuaciones surtidas

dentro del proceso, conforme al cual concluyó que esa autoridad no

vulneró los derechos de la accionante y aplicó las disposiciones

normativas y jurisprudenciales vigentes, las cuales se encuentran

ajustadas al sustento fáctico y jurídico del caso, por lo cual solicitó

declarar la improcedencia de la acción de tutela de la referencia.

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Sostuvo que al abordar el estudio del caso de la señora BARRERA

ROA, se encontró que fue vinculada como docente oficial el 8 de

febrero de 1993 y que, en virtud de lo anterior, mediante la

Resolución núm. 9148 de 28 de noviembre de 2017, la Secretaría de

Educación de Bogotá, FOMAG, le reconoció una pensión vitalicia de

jubilación, en los términos de la Ley 33 de 1985, en cuantía de

$2.490.667, equivalente al 75% del promedio de salarios

devengados en el año de servicios anterior al cumplimiento del

estatus de pensionada, a partir del 4 de abril de 2017.

Alegó que la tutelante pertenece al régimen pensional de la Ley 33

de 1985 y que durante las cotizaciones pensionales únicamente

efectuó aportes sobre los factores salariales de sueldo y prima de

vacaciones, conceptos que fueron tenidos en cuenta al momento del

reconocimiento pensional, por lo cual se negaron las pretensiones de

la demanda, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado, mediante

sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de abril de

2019, aclaró que los factores salariales que deben ser incluidos en la

mesada pensional únicamente son aquellos sobre los que se hayan

efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la

Ley 62 de 1985.

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I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La Secretaría de Educación de Bogotá afirmó que lo

realmente pretendido por la actora es invalidar las actuaciones

procesales, en las cuales no tuvo injerencia alguna, por lo cual solicitó

ser desvinculada de la acción constitucional de la referencia, pues no

le asiste legitimación en la causa por pasiva.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

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Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la Secretaría de Educación de Bogotá solicitó

su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a
que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones
del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes
en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso. (…).

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La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como
un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho
proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr
que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las
personas, y lo mismo señala el segundo
estatuto."(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es
responsable del menoscabo de los derechos fundamentales
del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse
la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción
de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable
de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o
cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”
(Destacado de la Sala).

Comoquiera que la Secretaría de Educación de Bogotá fue parte

demandada dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2020-00279-01, objeto de reproche, le asiste interés en

las resultas de la acción de tutela de la referencia, razón por la que

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la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva, como en efecto lo dispondrá en

la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

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elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda

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una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito

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de la relevancia constitucional, por cuanto la parte actora plantea las

razones por las cuales, en su criterio, se han vulnerado sus derechos

fundamentales; contra la decisión cuestionada no proceden recursos

y tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios

de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de

jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se

interpuso en un plazo razonable4 y, por último, la solicitud identifica

los hechos y derechos que se estiman lesionados.

Verificado lo anterior, la Sala advierte que la presente acción de

tutela tiene como objeto que se dejen sin efectos las providencias

de 25 de octubre de 2021 y de 15 de junio de 2022, proferidas

por el Juzgado y el Tribunal, respectivamente, mediante las cuales

se negaron las pretensiones de la demanda del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 2020-00279-01.

A las citadas providencias la actora les atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la

4 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en

sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero
ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

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seguridad social y al mínimo vital, toda vez que, a su juicio, dichas

autoridades judiciales incurrieron en defecto sustantivo, pues

efectuaron una inapropiada aplicación de la Ley 812 de 2003 y

desconocieron el principio de favorabilidad, conforme al cual se debió

ordenar el reajuste de su pensión de vejez con la inclusión de todos

los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición

de dicho estatus.

Igualmente, sostuvo que las accionadas también incurrieron en el

desconocimiento del precedente jurisprudencial contenido en la

sentencia de 4 de agosto de 2010, proferida por la Sección Segunda

de esta Corporación, según la cual la base de liquidación comprende

todos los factores salariales devengados durante el último año de

servicios.

En este punto, es del caso resaltar que aun cuando la actora alega la

vulneración de sus derechos fundamentales invocados tanto a la

sentencia de 25 de octubre de 2021 como a la proferida el 15 de

junio de 2022, la Sala se limitará a analizar únicamente la

providencia proferida por el Tribunal, comoquiera que en esta se

confirmó en su totalidad lo dispuesto por el a quo y fue la que puso

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fin al proceso.

Conforme con lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si la

autoridad judicial accionada incurrió en los yerros alegados al proferir

la providencia de 15 de junio de 2022, dentro del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 2020-00279-01.

En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a

conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten

vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en

sentencia

T-949 de 20097, la Corte Constitucional señaló los siguientes:

“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente
d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de
que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no
se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.

(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las

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partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”.

De igual forma, la Corte Constitucional5, ha dicho que al examinar

estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura

con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no

puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del

grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados

por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la

incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la

materia debatida en sede jurisdiccional […]”.

Por su parte, en lo que respecta al desconocimiento del

precedente judicial se ha determinado que de acuerdo con lo

establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el

poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus

providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla

general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que

encuentra sus límites en la realización de otros valores

5 Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia

constitucional. En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte

Constitucional puntualizó:

“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el
respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta), que
supone no solamente la igualdad ante la ley sino también de
trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades
judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y
con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la que
se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo anterior,
surge como límite a la autonomía e independencia de
los Jueces el respeto por el precedente”.

De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando

la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En

especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa

Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está

vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la

igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que

su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos

fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial6.

6 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.

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No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha

admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y

cuando se sustenten debidamente las razones de su posición

(principio de razón suficiente)7.

Régimen especial de la pensión de los docentes

En primer lugar, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo

señalado en el artículo 279 de la Ley 100, los docentes vinculados

antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 26 de junio de 20038,

no están sujetos a la Ley 100, excepto en lo que resulte procedente

atendiendo al principio de favorabilidad laboral9.

En efecto, el artículo 279 de la citada Ley, estableció lo siguiente:

“[…] Artículo. 279. - Excepciones. El sistema integral de
seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a

7
Ver sentencia T-292 de 2006.
8 “Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado
comunitario”.
9 Artículos 48, 49 y 53 de la Constitución Política.

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los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional,
ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con
excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de
la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al fondo nacional
de prestaciones sociales del magisterio, creado por la
Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración. Este fondo será responsable de la expedición
y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se
retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación
que para el efecto se expida […]”. (Destacado de la Sala).

Al declarar exequible esta norma, la Corte Constitucional en la

sentencia C-461 de 12 de octubre de 199510, resaltó que “[…] la

intención del legislador al excluir a los afiliados del Fondo Nacional de

Seguridad Social del Magisterio del régimen general de pensiones

establecido en la Ley 100 de 1993, fue claramente la de proteger los

derechos adquiridos de este sector de trabajadores en materia

pensional […]”.

En el mismo sentido, la mencionada Corte en la sentencia

unificación SU-189 de 12 de marzo de 2012, reiteró que:

“[…] Debe aclararse, en todo caso, que, al entrar en vigencia
el nuevo sistema general de pensiones contenido en la Ley
100 de 1993, a partir del 1 de abril de 1994, se unificó el

10 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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régimen de pensiones de todos los servidores públicos
derogando tácitamente la normatividad anterior. Sin
embargo, dicha Ley contiene algunas excepciones
específicas que están previstas en su artículo 279 para
las cuales no aplica su contenido normativo, y entre
ellas se encuentra precisamente el Magisterio.

Lo anterior quiere decir que, para el mencionado régimen
especial siguen vigentes las normas anteriores a la Ley 100
de 1993, entre ellas el Decreto 3135 de 1968 y las demás
disposiciones referentes a la pensión por edad de retiro, lo
que quiere decir que las mismas son aplicables a este caso
concreto […]11 (Destacado de la Sala).

Sobre el mismo aspecto, el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005,

reafirmó que la Ley 100 no es aplicable a los docentes, toda vez que

conservan el régimen especial en materia pensional. En este sentido,

el parágrafo transitorio 1, ibídem, establece lo siguiente:

"[…] Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la
vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima
media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de
2003 […]".

Ahora bien, el artículo 81 de la Ley 812 dispuso que el régimen

11 Al respecto es importante hacer mención de la sentencia T-086 de 15 de febrero de 2011,

M.P. Humberto Antonio Sierra Porto en la que, de manera puntual se sostuvo la mencionada
exégesis.

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prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,

que se encontraban vinculados antes de la entrada en vigencia de

dicha ley al servicio público educativo oficial, como es el caso de la

ahora accionante, es el establecido para el Magisterio en las

disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de

dicha ley, es decir, la Ley 91 de 1989.

Esta ley estableció en el artículo 15 lo siguiente:

“[…] A partir de la vigencia de la presente Ley el personal
docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con
posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las
siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las
prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada
entidad territorial de conformidad con las normas
vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de
enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y
sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los
empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el
futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley […]”
(Destacado de la Sala).

Al respecto, el artículo 3° del Decreto 2277 de 14 de septiembre de

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197912, dispone que los educadores que prestan sus servicios en

entidades oficiales de orden nacional o territorial, son empleados

oficiales de régimen especial; y, en cuanto al régimen pensional, los

docentes vinculados antes de la Ley 812, como es el caso de la

accionante, están sometidos a lo regulado en las leyes 33 de 1985 y

91 de 1989.

Y el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, determinaba que los factores

que deben servir para establecer la base de liquidación, eran todos

aquellos que hubieren servido de base para calcular los

aportes13.

Ahora bien, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia

de unificación proferida el 4 de agosto de 201014, al referirse a la

determinación del ingreso base de liquidación de las pensiones de

12 “Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”.
13 Artículo 3º de la Ley 33 de 1985. "Artículo 3º. Todos los empleados oficiales de una
entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las
normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como
funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de
liquidación de los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará
constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional:
asignación básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados
oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan
servido de base para calcular los aportes."
14 Proferida dentro del expediente Nro. 25000-23-25-000-2006-07509-01.

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jubilación reguladas por el régimen de la Ley 33 de 1985, precisó que

deben ser liquidadas con base en todos los factores salariales

efectivamente devengados en el año anterior a la adquisición del

estatus de pensionado, dado que estas no indican en forma taxativa

los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional.

Dijo al respecto:

“[…] En aras de garantizar los principios de igualdad material,
primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad
en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con
apoyo en antecedentes históricos, normativos y
jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de
unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de
1985 no indica en forma taxativa los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional, sino
que los mismos están simplemente enunciados y no
impiden la inclusión de otros conceptos devengados
por el trabajador durante el último año de prestación
de servicios.

[…]

Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las
directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de
las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en
cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir
aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual
y periódica, como contraprestación directa por sus servicios,
independientemente de la denominación que se les dé, tales
como, asignación básica, gastos de representación, prima
técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de
transporte y alimentación, bonificación por servicios
prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad,
quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores
de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya
denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron

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a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual
como retribución directa del servicio. Se excluyen aquellas
sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el
trabajador se puede ver enfrentando […]”. (Destacado de la
Sala).

Este criterio jurisprudencial fue modificado por la Sala Plena del

Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación dictada el

28 de agosto de 201815, en la cual, luego de precisar que los

docentes no están sometidos a la regulación del régimen de transición

de la Ley 100 de 1993, señaló, con efectos retrospectivos, una

hermenéutica distinta en relación con el contenido del artículo 3° de

la Ley 33 de 1985, la cual determina que en el ingreso base de

liquidación de las pensiones solo se deben incluir los factores salariales

por los cuales se hayan efectuado aportes o cotizaciones al sistema de

seguridad social en pensiones. Al respecto, la Sala Plena del Consejo

de Estado precisó lo siguiente:

“[…] 96. La segunda subregla es que los factores salariales
que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los
servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los
aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la
Constitución Política que consagra el principio de solidaridad
como uno de los principios fundamentales del Estado Social

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación

de 28 de agosto de 2018, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 2012-
00143-01.

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de Derecho.

98. El artículo 48 constitucional define la Seguridad Social
como “un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado,
en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad, en los términos que establezca la Ley”. El
legislador (artículo 2 de la Ley 100 de 1993) explica este
principio como “[…] la práctica de la mutua ayuda entre las
personas, las generaciones, los sectores económicos, las
regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte
hacia el más débil”.

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al
artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el
régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado
el aporte o cotización pueden incluirse como elemento
salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por
el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a
la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de
servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de
las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre
los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la
Sección Segunda de la Corporación, en la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el
artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma
taxativa los factores salariales que conforman la base
de liquidación pensional, sino que los mismos estaban
simplemente enunciados y no impedían la inclusión de
otros conceptos devengados por el trabajador durante
el último año de prestación de servicio, va en contravía
del principio de solidaridad en materia de seguridad
social. La inclusión de todos los factores devengados
por el servidor durante el último año de servicios fue
una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del
sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor
salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario
todas las sumas que habitual y periódicamente recibe
el empleado como retribución por sus servicios” con
fundamento, además, en los principios de

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favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin
embargo, para esta Sala, dicho criterio interpretativo
traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud
de su libertad de configuración enlistó los factores que
conforman la base de liquidación pensional y a ellos es
que se debe limitar dicha base.

102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
considera que el tomar en cuenta solo los factores sobre los
que se han efectuado los aportes, no afecta las finanzas del
sistema ni pone en riesgo la garantía del derecho
irrenunciable a la pensión del resto de habitantes del
territorio colombiano, cuya asegurabilidad debe el Estado, en
acatamiento de los principios constitucionales de
universalidad y eficiencia.

103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza
que la pensión de los beneficiarios de la transición se liquide
conforme a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii)
se respeta la debida correspondencia que en un sistema de
contribución bipartita debe existir entre lo aportado y lo que
el sistema retorna al afiliado y (iii) se asegura la viabilidad
financiera del sistema […]” (resaltado fuera del texto).

De lo anterior se colige que los docentes afiliados al Fondo Nacional

de Prestaciones Sociales del Magisterio, es decir, los vinculados con

anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812, fueron

exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por virtud del

artículo 279 de la Ley 100 y, en esa medida, no están cobijados por el

régimen de transición, sino por el previsto en el artículo 15 de la Ley

91 de 1989, que remite a la Ley 33 de 1985.

Es del caso mencionar que la Sala Plena de esta Corporación, en la

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sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, excluyó la aplicación

de la primera regla hermenéutica16 a los educadores oficiales

vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio;

sin embargo, ello no aconteció respecto de la segunda. Siendo ello así,

de manera pacífica, esta Sección ha venido reiterando que este

segundo criterio tiene plena aplicación al régimen excepcional de los

docentes17.

Precisamente, la segunda subregla se refiere a los alcances

interpretativos del artículo 3º de la Ley 33 de 1985 que se aplica tanto

a los docentes como a los beneficiarios del régimen de transición. Así,

la citada subregla es del siguiente tenor: “[…] en el régimen

general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los

16 “[…] 94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…]”.
17 A modo de ejemplo se citan las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Primera,

sentencia de 19 de diciembre de 2018, Ponente: Oswaldo Giraldo López (11001-03-15-000-
2018-03110-01 AC) / sentencia de 20 de noviembre de 2018, Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez (11001-03-15-000-2018-03012-01 AC) / Sentencia de 19 de noviembre de 2018,
Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización

pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la

mesada pensional […]”.

Así mismo, en sentencia de unificación jurisprudencial, proferida

por la Sección Segunda del Consejo de Estado18, se establecieron

las siguientes reglas jurisprudenciales sobre el ingreso base de

liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del

servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones

Sociales del Magisterio, al señalarse que:

“[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo
01 de 2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de
la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de
estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o
vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:

a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812
de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores
que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los
que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia

de unificación de 25 de abril de 2019, C.P. César Palomino Cortés, número único de
radicación 2015-00569-01.

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con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no
se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en
el mencionado artículo.

b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en
dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57
años para hombres y mujeres. Los factores que se deben
incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos
en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones […]”.

En ese orden de ideas, para determinar el ingreso base de liquidación

de la pensión de jubilación de los docentes, solo pueden incluirse los

factores salariales con fundamento en los cuales se realizaron aportes

al sistema de seguridad social en pensiones.

Finalmente, la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que la

citada sentencia de unificación tiene efectos retrospectivos con

características de permanencia, identidad y carácter vinculante y

obligatorio, señalando que las reglas jurisprudenciales que se fijaron

se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía

administrativa como judicial, lo cual garantiza la seguridad jurídica y

dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social.

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Caso en concreto

Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que el TRIBUNAL

mediante sentencia de 15 de junio de 2022, para efectos de

determinar si había lugar a confirmar la decisión del a quo, que

denegó la pretensión encaminada a que se ordene la reliquidación y

pago de la pensión de jubilación de la actora en cuantía equivalente

al 75% del promedio mensual de todos los factores salariales que

devengó durante el año anterior a la adquisición de su estatus de

pensionada, estableció lo siguiente:

“[…]
3.- Fundamentos jurídicos de la decisión

[…]

El Estatuto Docente previsto en el decreto 2277 de 1979,
estableció el régimen especial para regular las condiciones de
ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de las personas
que desempeñan la profesión docente en los distintos niveles y
modalidades que integran el Sistema Educativo Nacional; sin
embargo, no reguló de manera especial un régimen pensional de
los docentes. Estos, a partir de algunas disposiciones específicas
contenidas en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993, 115 de 1994 y
812 de 2003, así como del acto legislativo No. 1 de 2005 y el
artículo 279 de la ley 100 de 1993, continúan regidos por parte
de las disposiciones ordinarias de pensiones, con las precisiones
que adelante se hacen.

La ley 33 de 1985, por la cual se dictan algunas medidas en
relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales

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para el sector público, resulta aplicable a los empleados oficiales
de todos los órdenes12, excepto a:
1) Los empleados oficiales que a la fecha de entrar a regir dicha
norma hayan cumplido 15 años de servicio, a quienes se les
aplicarán las disposiciones que regían con anterioridad;

2) Los empleados oficiales que trabajen en actividades que por
su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya
determinado expresamente y aquellos que por ley disfruten de
un régimen especial de pensiones (los docentes no disfrutaban
de régimen especial de pensiones) y

3) Los empleados oficiales que, a la fecha de la vigencia de la
ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de
jubilación, quienes se continuarían rigiendo por las normas
anteriores (ley 4ª de 1966 y decretos 1743 de 1966, 3135 de
1968 y 1848 de 1969).

La ley 91 de 1989, mediante la cual se creó el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, en primer lugar, dejó a
salvo la pensión gracia reglada en las leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado
o modificado, solo para los docentes territoriales vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980.
En segundo lugar, dispuso en su artículo 1513 que los docentes
nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989
mantendrían el régimen prestacional que venían gozando en
cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
Y “Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a
partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos
de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente
al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados
del sector público nacional y adicionalmente de una prima de
medio año equivalente a una mesada pensional.”

[…]

Es necesario precisar que, no obstante, la clasificación que de
los docentes hizo la ley 91 de 1989 en su artículo 1°16 como
nacionales, nacionalizados y territoriales para precisar la
distinción y los beneficios de ella derivados, históricamente y en
forma general, son docentes nacionales aquellos vinculados por
nombramiento del Gobierno Nacional. De ellos, se entiende, que

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son nacionalizados quienes integran las plantas de personal
financiadas por la Nación en virtud de la ley 43 de 1975, y
simplemente territoriales quienes se nombren después de la
nacionalización por fuera de esas plantas. Estos últimos
quedarían financiados con recursos propios de las entidades
territoriales y bajo su exclusiva responsabilidad. La
nacionalización fue justamente para los docentes territoriales.
La ley 812 de 2003, “Por la cual se aprueba el Plan Nacional de
Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”, respecto al
régimen prestacional de los docentes oficiales contempló en su
artículo 8117 que solo para los docentes que se vincularon a
partir de la vigencia de esa ley, se aplicaría parcialmente la ley
100 de 1993 en tanto se dispuso que, para este último grupo de
docentes, regiría siempre el régimen de prima media con
prestación definida. Dicho régimen estaría a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como medida
de protección, para evitar que sean perjudicados con afiliación a
los fondos privados de pensiones.
Esta ley, no hizo cosa distinta que ratificar el régimen
prestacional previsto en la ley 91 de 1989 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, extendiendo su
vigencia para los docentes que se vincularon no solo antes de la
vigencia de la ley 100 de 1993, sino también para aquellos que
se vincularon antes de la vigencia de la ley 812 de 2003. Esta
norma quedó a salvo en el parágrafo transitorio 1º del acto
legislativo No. 1 de 2005.
De conformidad con el inciso 2º del artículo 81 de la ley 812 de
2003, solo a los docentes que se vincularon a partir de la entrada
en vigencia de dicha ley19, les aplica las reglas del régimen
pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, con los requisitos allí previstos, con excepción
de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para
docentes hombres y mujeres.
En las anteriores condiciones y analizada la evolución normativa,
se logra inferir que la ley 33 de 1985 es el régimen general
aplicable para los docentes que se vincularon antes de la
vigencia de la ley 812 de 2003, con la salvedad hecha para los
docentes beneficiarios de la transición de esta ley y de la pensión
por aportes contenida en la ley 71 de 1988.

[…]

i) Sobre la reliquidación pensional

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Del contenido de los medios de prueba allegados al expediente,
se observa que mediante la resolución No. 9148 de 28 de
noviembre de 2017 fue reconocida una pensión de jubilación a
la señora Martha Adorcinda Barrera Roa, con el “75% del
promedio de salarios del año de servicios anterior al
cumplimiento de la fecha status de pensionada”, incluyendo
como factores la asignación básica y la prima de vacaciones.
Se encuentra probado con el formato único para expedición de
certificado de salarios que, entre el 3 de abril de 2016 a 2 de
abril de 2017, la actora devengó emolumentos por concepto de
sueldo, prima especial, prima de servicios, bonificación por
decreto, prima de vacaciones y prima de navidad. Realizó
aportes sobre el sueldo y la prima de vacaciones.
Como se advierte, la prima especial, la prima de servicios, la
prima de navidad y la bonificación decreto son los emolumentos
que a la fecha no se han computado para efectos de liquidar su
mesada pensional.
Tal como lo consideró el juez de primera instancia, esa situación
se ajusta a derecho, como quiera que la actora no efectuó
aportes sobre ellos ni se encuentran enlistados en el artículo 1º
de la ley 62 de 1985 y, por consecuencia, no hacen parte del IBL
conforme a la regla impartida por el Consejo de Estado en la
sentencia de unificación de 25 de abril de 2019.
La parte actora presenta desacuerdo con la decisión de primera
instancia en cuanto aplicó la sentencia de unificación calendada
el 25 de abril de 2019, la cual en su sentir no debe acogerse en
su caso, e insiste en la aplicación de las reglas señaladas en la
sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010.
Sobre el particular se indica en primer lugar, que la tesis que
otrora acogió el H. Consejo de Estado en la sentencia de
unificación calendada el 4 de agosto de 2010, fue recogida por
las sentencias de unificación proferidas el 28 de agosto de 2018
y el 25 de abril de 2019, oportunidad en la que se dejó sin
efectos la posición que invoca la parte actora, habida
consideración a que la alta corporación consideró que la
interpretación acogida en aquella sentencia de unificación
“traspasa la voluntad del legislador”.
En segundo lugar, para el caso del personal docente, el Consejo
de Estado profirió sentencia unificadora adiada el 25 de abril de
2019, en la que acogió los argumentos ya sentados por la
corporación en la providencia del 28 de agosto de 2018 y fijó
como regla de interpretación que la liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la
vigencia de la ley 812 de 2003, debe efectuarse computando
únicamente los factores sobre los que se hayan efectuado los

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respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la ley 62 de
1985 y, por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente
a los enlistados en el mencionado artículo.
Dicho análisis debe aplicarse para las pensiones reconocidas con
fundamento en las Leyes 33 y 62 de 1985, así como también
para las reconocidas bajo el amparo de la 71 de 1988 y su
Decreto Reglamentario 2709 de 1994, razón por la cual, de la
aplicación de dicha regla jurisprudencial no escapa el caso de la
demandante.
Además, según la orientación impartida por el Consejo de Estado
mediante sentencia de unificación de 25 de abril de 2019, las
reglas allí consignadas en relación con los temas objeto de
unificación son obligatorias para todos los casos pendientes o en
discusión tanto en vía administrativa como judicial de manera
retrospectiva, siempre y cuando no haya operado la cosa
juzgada, por lo que los criterios que fueron utilizados en la
presente providencia a partir de la jurisprudencia sentada por el
máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo son
plenamente válidos43.
De otro lado, frente al argumento según el cual es viable ordenar
la inclusión de todos los factores salariales devengados por la
actora, siempre y cuando se ordene la deducción o pago de los
aportes que debían haberse efectuado al momento de reconocer
el beneficio pensional, debe señalarse que, fue una orden que
en alguna oportunidad algunas salas tanto del Consejo de Estado
como de esta Corporación emitieron en virtud de la
interpretación primigenia de las leyes 33 y 62 de 1985 en
materia de factores a incluir en el monto pensional. Se trató más
de una excepción recogida hoy por la nueva jurisprudencia, por
lo tanto, no es regla para seguir aplicando, si la sentencia de
unificación dice que la orientación jurisprudencial en tal sentido
excede el mandato legal.
Para algunos despachos, ante la procedencia del reconocimiento
en la pensión de todos los factores devengados lo consecuente
era ordenar la deducción que por aportes debía realizarse al
sistema de pensiones en aplicación del principio de sostenibilidad
y para disminuir el impacto fiscal que generaba tal
reconocimiento; no obstante, actualmente ante la nueva
interpretación del régimen de transición sentada en las
sentencias de unificación que indican la inexistencia del derecho,
no es viable ordenar este tipo de condenas como lo pretende la
parte actora.
En virtud de lo anterior, se concluye que no le asiste razón a la
parte actora en los argumentos que presenta en la alzada
encaminados a obtener la reliquidación pensional en los

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términos de pretensiones, en consecuencia, habrá de
confirmarse la sentencia de primera instancia de conformidad
con el análisis realizado […]”.

De las consideraciones transcritas, la Sala advierte que la autoridad

judicial accionada inicialmente, estudió la normativa que regula la

pensión ordinaria de jubilación de los docentes, así como los factores

que debían tenerse en cuenta para la liquidación y, para ese

propósito, se refirió a la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-

2019 del 25 de abril de 2019, en la que el Consejo de Estado estudió

lo referente al régimen pensional aplicable a los docentes que

prestaron sus servicios al Estado y la forma en la que debe

determinarse el IBL, teniendo en cuenta la fecha de vinculación al

FOMAG.

En ese orden, definió que solamente deben incluirse los factores

salariales respecto de los que se efectuaron aportes y para el caso

de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de

2003, serían los enlistados en el artículo 3º de la Ley 33 de 1985,

modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985. De ese modo, en

el caso concreto concluyó que debían negarse las pretensiones de la

demanda, por cuanto en la liquidación de la pensión de la actora,

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conforme con su fecha de vinculación como docente, el 8 de febrero

de 1993 y la fecha en que adquirió el estatus de pensionada, esto es,

el 3 de abril de 2017, no se omitió ningún factor de los enlistados en

las citadas normas, por lo cual, la prestación se liquidó con el 75%

del promedio de salarios del año de servicios anterior al

reconocimiento de la pensión de jubilación.

En efecto, la autoridad judicial accionada explicó que la anterior tesis

fue acogida precisamente, en atención a lo definido en las normas

citadas, conforme a las cuales debido a que la actora se vinculó como

docente el 8 de febrero de 1993, es decir, antes de la entrada en

vigencia de la Ley 812 de 2003, el régimen general que le resultaba

aplicable era la Ley 33 de 1985, lo cual se acompasaba con la regla

fijada en la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 proferida

el 25 de abril de ese año, según la cual los factores a incluir en la

liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes

vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, son sólo

aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes y

que estén enlistados en el artículo 1.° de la Ley 65 de 1985.

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En este sentido, el Tribunal sustentó su decisión en el alcance que

debe darse a las precitadas disposiciones, en tanto dispuso que para

la liquidación de las pensiones sólo se podían tener en cuenta los

factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las

respectivas cotizaciones y, como se indicó, la interpretación de las

normas aplicables al caso en concreto resulta conforme a las reglas

jurisprudenciales vigentes, fijada en la sentencia de unificación de 25

de abril de 2019.

Así las cosas, el Tribunal atendiendo la normativa prevista para el

asunto y analizándola de forma integral, encontró que no había lugar

a acceder a tal pretensión, pues la decisión cuestionada se adoptó

con fundamento en lo prescrito en la normativa que regula el caso

bajo estudio, en el criterio de unificación del Consejo de Estado sobre

el régimen pensional aplicable a los educadores vinculados antes de

la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 y el ingreso base de

liquidación de las prestaciones reconocidas a estos, de tal forma que,

para la Sala, la autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto

sustantivo endilgado, por lo que el hecho de que la parte actora no

comparta la posición allí dispuesta, no significa que la decisión sea

arbitraria, sino que, de conformidad con la autonomía judicial de la

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que goza el juez de conocimiento, confirmó el fallo del a quo.

Por lo anterior, la Sala encuentra que no resulta procedente dejar sin

efectos la sentencia de 15 de junio de 2022, proferida por Tribunal,

toda vez que se fundamentó en la interpretación vigente de las

normas aplicables al caso concreto, conforme a las cuales los

factores salariales que se deben incluir en el ingreso base de

liquidación para la pensión de jubilación son únicamente

aquellos sobre los cuales se hayan efectuado aportes o

cotizaciones al sistema de pensiones.

De otra parte, en cuanto al alegado desconocimiento del precedente

judicial, la parte actora sostiene que el Tribunal pasó por alto la

sentencia de 4 de agosto de 2010, proferida por la Sección Segunda

de esta Corporación, según la cual la base de liquidación comprende

todos los factores salariales devengados durante el último año de

servicios.

Al respecto, resulta oportuno precisar que tal y como se explicó en

precedencia, la posición de esta Corporación sentada en la sentencia

de 4 de agosto de 2010 fue modificada, en primer lugar, mediante la

sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 dictada por la Sala

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Plena y, posteriormente, mediante la sentencia de 25 de abril de

201919, en la cual se abordó el estudio referente al régimen pensional

aplicable a los docentes que prestaron sus servicios al Estado y la

forma en la que debe determinarse el IBL, la cual resultaba

completamente aplicable al caso en concreto, teniendo en cuenta que

en la misma también se modularon los efectos de aplicación en el

tiempo, así: “se acudirá al método de aplicación en forma

retrospectiva del precedente, disponiendo para ello, que las reglas

jurisprudenciales que se han fijado en este pronunciamiento se

acojan de manera obligatoria en todos los casos pendientes de

solución tanto en vía administrativa como en vía judicial. En

consecuencia, al Tribunal le correspondía atenerse a lo dispuesto en

esa decisión.

Así las cosas, no se advierte configurado el desconocimiento del

precedente judicial endilgado por la parte actora, toda vez que la

autoridad judicial accionada fundamentó su decisión respetando la

jurisprudencia vigente dispuesta para el asunto y aplicando la

normativa prevista para el efecto.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia

del 25 de abril de 2019, rad. 68001-23-33-000-2015-00569-01, exp. 093517, C.P, César
Palomino Cortés.

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De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la

accionante con las razones de la providencia judicial acusada, más

no así la vulneración de los derechos fundamentales invocados,

motivo por el cual, al no haberse acreditado los defectos endilgados,

la Sala denegará las pretensiones de la acción de tutela, como en

efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la SECRETARÍA

DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado en la presente acción de

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tutela, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la

presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de septiembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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