Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02475-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02475-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-02475-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
15 de junio de 2023
Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02475-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02475-00
Demandante: RIGOBERTO OLIVELLA ARZUAGA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D
Temas: Tutela contra providencia judicial – reliquidación pensional -
falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
el señor Rigoberto Olivella Arzuaga contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de demanda
1. Con escrito presentado el 10 de mayo de 2023, el señor Rigoberto Olivella
Arzuaga, por medio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, con el
fin de que sean amparados sus derechos fundamentales «al debido proceso -
art.29 CN-, a la igualdad y no discriminación -art. 13 CN-, la confianza legítima
(buena fe) -art. 83 CN-, prelación de la Constitución sobre las demás normas -art.
4 C.N.-, la obligación de dar eficacia a los derechos fundamentales -art. 2 C.N.-, la
primacía de los derechos humanos -art. 5 CN-, prevalencia del derecho sustancial
-art. 228 CN-, al pago oportuno de las pensiones y al ingreso mínimo vital y móvil -
art. 53 CN- y a la seguridad social -art.48 CN».
2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales,
con ocasión de la sentencia del 10 de noviembre de 2022, mediante la cual se
revocó la providencia del 20 de mayo de 2021 del Juzgado Cincuenta y Uno
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió a las pretensiones de la
demanda, para en su lugar, negarlas. Lo anterior, en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-051-2019-
00569-01, instaurado contra la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones.
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Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D
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3. El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en
consecuencia, pidió:
[D]eje sin efecto la sentencia proferida por el 10 de noviembre de 2022, en el
proceso ordinario promovido por RIGOBERTO OLIVELLA ARZUAGA contra la
Administradora Colombiana de Pensiones ‘COLPENSIONES’, en ejercicio del
medio de control nulidad y restablecimiento del derecho, radicado Nº 11001-
33-42- 051- 2019-00569-01, y en su lugar:
1. Ordene a la Administradora Colombiana de Pensiones ‘COLPENSIONES’ a
reliquidar la pensión del señor RIGOBERTO OLIVELLA ARZUAGA, aplicando
el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, y le pague la diferencia pensional causada.
2. Ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, dictar una nueva sentencia de segunda instancia condenando
a la Administradora Colombiana de Pensiones ‘COLPENSIONES’ a reliquidar
la pensión del señor RIGOBERTO OLIVELLA ARZUAGA, aplicando el artículo
1º de la Ley 33 de 1985, y le pague la diferencia pensional causada.
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El 22 de noviembre de 2012, mediante radicado 2012-951627, el señor
Rigoberto Olivella Arzuaga solicitó a la Administradora Colombiana de Pensiones
– Colpensiones el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, petición que fue
negada mediante la Resolución GNR 202016 del 8 de agosto de 2013.
5. Posteriormente, mediante la Resolución SUB 36596 del 12 de febrero de 2019
la entidad demandada ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a
partir del 20 de julio de 2019, aplicando el artículo 33 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, en la cual estableció un IBL de
$5.960.192, y al cual aplica una tasa de remplazo del 66.19%
6. El 20 de febrero de 2019, el accionante presentó recurso de apelación contra la
Resolución antes mencionada, con el fin de modificar dicha decisión,
reconociendo su derecho al régimen de transición y aplicando en consecuencia la
Ley 33 de 1985, sin embargo, la decisión fue confirmada mediante la Resolución
DPE 1550 del 9 de abril de 2019.
7. El señor Olivella Arzuaga presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra Colpensiones, con el fin de que
se declarara la nulidad de la resolución SUB 36596 del 12 de febrero de 2019, por
medio de la cual se reconoció la pensión, y de la resolución DPE 1550 del 9 de
abril de 2019, que confirmó la anterior decisión.
8. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condenara a la entidad
demandada a: «i) reconocer y pagar la pensión la pensión conforme la Ley 33 de
1985, a partir del día que adquirió el estatus pensional, esto es, 20 de julio de
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2011, de manera subsidiaria el reconocimiento se efectúe de conformidad con lo
establecido en el Decreto 758 de 1990, a partir del 20 de julio de 2016, fecha en
que adquirió el estatus pensional; ii) se efectúe la liquidación en porcentaje del
75% del promedio salarial del último año de servicios, de manera subsidiaria en
porcentaje del 90% del promedio de los dos últimos años de servicio; iii) el pago
de las mesadas causadas y no canceladas desde la fecha de adquisición del
estatus pensional hasta su inclusión en nómina; iv) las diferencias causadas entre
la pensión reconocida y la ordenada en la sentencia; v) las sumas de dinero se
pagarán debidamente indexadas, se dé cumplimiento a la sentencia en los
términos de los Artículos 192 y 195 del CPACA y se condene en costas».
9. El Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
mediante fallo del 20 de mayo de 2021 accedió a las pretensiones de la demanda,
para lo cual señaló que el demandante tenía derecho a que se le aplicara el
régimen anterior al cual se hallaba afiliado, en cuanto a la edad para acceder a la
pensión de vejez, al tiempo de servicio y al monto de la prestación, según lo
dispone la Ley 33 de 1985. Esto, dado que contaba con más de 55 años y acreditó
más de 20 años de servicio en el sector público.
10. El a quo consideró que era procedente el reconocimiento de la pensión de
vejez conforme lo dispone el Decreto 758 de 1990, por ser más favorable, en un
monto del 90% a partir del 1º de diciembre de 2016 y el IBL aplicable para al caso
correspondía al promedio de salarios o rentas sobre los cuales cotizó el afiliado
durante los últimos 10 años, con la inclusión de los factores salariales percibidos y
que se encontraran regulados en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los cuales
hubiese realizado los correspondientes aportes.
11. Finalmente, señaló que para el cálculo del IBL se debían tener en cuenta las
cotizaciones tanto públicas como privadas que realizó el demandante, ya que la
Ley 100 de 1993 no hacía distinción y tiene en cuenta todas las cotizaciones
realizadas al Sistema General de Pensiones dentro del periodo de liquidación que
corresponda.
12. Inconforme, la entidad demandada la apeló, recurso del que tuvo conocimiento
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
que, a través de la providencia del 10 de noviembre de 2022, revocó la decisión de
primera instancia, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda, toda
vez que si bien el demandante, en principio era beneficiario del régimen de
transición y le eran aplicables los regímenes pensionales previstos en la Ley 71 de
1988 y Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad,
lo cierto era, que al verificar el cumplimiento de los requisitos de ambas normas,
se evidenciaba que el actor, pese a tener más de 20 años de servicios, no
consolidó el derecho o adquirió el estatus pensional antes del límite temporal que
extinguió la transición.
13. Esto, ya que los 60 años que exigen ambas normas cuando se trata de
hombres, los cumplió el 20 de julio de 2016, esto es, con posterioridad al 31 de
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diciembre de 2014, cuando ya había fenecido el régimen de transición.
14. Concluyó que, «por lo anterior, no es factible reliquidar la pensión bajo el
régimen pensional del Decreto 758 de 1990, que fue aplicado por el a quo y, en
consecuencia, la situación pensional del actor, pasó a regirse por el régimen
general de las Leyes 100/93 y 797/03».
1.3. Fundamentos de la solicitud
15. Defecto sustantivo: como sustento del yerro, adujo que el tribunal accionado
omitió las normas que son aplicables al caso, lo que le impidió acceder a la
pensión de jubilación prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985. Las referidas
normas son:
Inciso segundo del artículo 14 del Decreto 386 de 1982: «Para efectos
prestacionales será acumulable el tiempo trabajado en el banco con el trabajado al
servicio de la nación, los departamentos o los municipios o cualquiera de sus
»respectivas entidades descentralizadas».
Artículo 42 de la Ley 31 de 1992: «ACUMULACIÓN DE TIEMPO DE
SERVICIOS. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7o. de la Ley 71 de 1988,
para efectos del reconocimiento de la pensión legal plena de jubilación, será
acumulable el tiempo trabajado en el Banco de la República con el laborado al
servicio de la Nación, los Departamentos, Distritos, Municipios, entidades
descentralizadas y cualquier empresa o entidad oficial en la que el Estado tenga
participación mayoritaria».
Artículo 49 del Decreto 2520 de 1993: «Acumulación de tiempo de servicios. Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, para efectos del
reconocimiento de la pensión legal plena de jubilación, será acumulable el tiempo
trabajado en el Banco de la República con el laborado al servicio de la Nación, los
Departamentos, Distritos, Municipios, entidades descentralizadas y cualquier
empresa o entidad oficial en la que el Estado tenga participación mayoritaria».
16. Explicó que de dichos artículos se desprende que el tiempo laborado para el
Banco de la República, para la DIAN y para la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios deben ser sumados para efectos de acceder a la pensión
plena de jubilación prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
17. Desconocimiento del precedente: Puso de presente que, a pesar que en la
decisión acusada se citó la sentencia SU-769 de 2014 de la Corte Constitucional y
se admitió que era posible acumular tiempos públicos para acceder a la pensión
de vejez prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, no se hizo el mismo
estudio frente a la Ley 33 de 1985.
18. Adujo que con fundamento en el principio de favorabilidad, la Corte
Constitucional ha permitido la aplicación de tiempos públicos para acceder a la
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pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, pero nada
obstaba para que también se pudiera acceder a la pensión de jubilación prevista
en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
19. Concluyó que «prestó sus servicios a la administración pública por más de 20
años en el Banco de la República, la DIAN y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios; cotizó más de 15 años de servicios y su equivalente en
semanas antes del 1º de abril de 1994 y por ende también antes del 31 de julio de
2005; y cumplió 55 años el 20 de julio de 2011; por lo que no hay duda que tiene
derecho a la pensión plena de jubilación prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de
1985».
1.4. Trámite de la acción de tutela
20. Mediante auto del 19 de mayo de 2023 se admitió la acción de tutela y se
dispuso su notificación a la parte actora, así como a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, como
autoridades judiciales accionadas.
21. Igualmente, se vinculó en calidad de terceros con interés jurídico, al Juzgado
Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, toda vez que dicho
juzgado fue la autoridad judicial de primera instancia y la entidad fungió como
parte demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
que se debate.
1.5. Intervenciones
22. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente, se presentaron las siguientes
contestaciones:
1.5.1. Colpensiones
23. Solicitó declarar la improcedencia de la acción ya que, a su juicio, decidir de
fondo las pretensiones del accionante y acceder a las mismas invade la órbita del
juez ordinario y su autodominio, pero además excede las competencias del juez
constitucional, en la medida que no se probó vulneración a derechos
fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable
proteger derecho alguno.
24. Igualmente, adujo que en el caso concreto no se cumplía con ninguna de las
causales de procedibilidad que permitan revocar la decisión judicial «y por lo tanto
la misma debe declararse improcedente».
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1.5.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
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25. Luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en el marco del
proceso ordinario, requirió negar las pretensiones de la demanda toda vez que de
las pruebas obrantes en el expediente se concluyó que no era factible reliquidar la
pensión bajo el régimen pensional de la Ley 33 de 1985, ni con el Decreto 758 de
1990, y en consecuencia, la situación pensional del actor pasó a regirse por el
régimen general de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
26. Adujo que, al verificar el cumplimiento de los requisitos de la parte
demandante respecto al Decreto 758 de 1990 y de la Ley 71 de 1988, a pesar de
que el actor contaba con más de 20 años de servicios, no consolidó el derecho, ni
adquirió el estatus pensional antes del límite temporal señalado, porque los 60
años que exigen ambas normas cuando se trata de hombres, los cumplió el 20 de
julio de 2016, es decir, con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, cuando ya
había fenecido el régimen de transición.
1.5.3. Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá
27. Envío el expediente solicitado en medios digitales, sin realizar ninguna
consideración adicional.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
28. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el señor Olivella Arzuaga, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7° del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del
Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por
tanto, debe aplicarse el numeral 7° de la referida norma.
2.2. Problema jurídico
29. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados,
los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
30. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
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● ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D vulneró los derechos fundamentales invocados por el señor
Olivella Arzuaga por incurrir en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, al proferir el fallo del 10 de noviembre de
2022, que recovó la decisión del a quo, para en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda tendiente a obtener la reliquidación pensional
conforme a la Ley 33 de 1985?
31. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii)
análisis del caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
32. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20121 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 2 y declaró su
procedencia.3
33. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
34. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
35. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
2 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
3 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional4
36. Cabe destacar que la Corte Constitucional desde la sentencia C-590 de 2005
incluyó como requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial que (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que
se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii)
se cumpla el requisito de la inmediatez, y (iv) no se trate de sentencias de tutela.
37. El concepto de relevancia constitucional se refiere a un método objetivo de
procedencia de la acción de tutela, pues busca excluir, en el estudio de
procedibilidad, las vulneraciones de derechos fundamentales que no tengan tal
relevancia.
38. Ello comprende una carga para el actor de la acción de tutela contra
providencia judicial, de justificar la vulneración del derecho fundamental con una
argumentación diferente de la que se expuso en el proceso ordinario y que se
dedique a la lesión de la garantía fundamental invocada.
39. Respecto de la acción de tutela contra providencia judicial, dicha figura implica
un quebrantamiento del núcleo esencial del derecho fundamental alegado por la
parte actora y que no fue tenido en cuenta por aquella autoridad judicial, por las
razones anotadas.
40. En atención a la definición anterior, para determinar si en un caso concreto se
encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, el juez debe realizar
el test de procedibilidad en relación con las pretensiones de la demanda y la carga
argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora. Esto, desde la perspectiva del
núcleo esencial de las garantías fundamentales invocadas y los casos
anteriormente ejemplificados.
41. Dicha postura fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 5, en la que se indicó que para
4 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-
00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
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determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial se
debían analizar dichos requisitos.
42. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló
que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de
tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a
otras jurisdicciones.
43. En la sentencia SU-215 de 20226, el alto tribunal unificó los criterios que se
deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia
constitucional, de acuerdo precisamente a los fines acogidos hasta ese momento.
44. Por su parte, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 7
modificó su postura en relación con la relevancia constitucional frente a aquellos
casos en los que se hace evidente que los argumentos propuestos por los
tutelantes se limitan a desarrollar aspectos de índole legal o económico, sin que se
propongan razones de importancia para la interpretación y aplicación de la
Constitución ante la posible vulneración de derechos fundamentales, que amerite
el estudio del fondo del asunto.
45. De esta manera, esta Sala de Decisión en esa oportunidad, planteó que el
estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en
concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto
que este mecanismo sólo está instituido para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en
primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de
una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este
mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este
postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate
eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no
cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación
de los derechos fundamentales invocados.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente
legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia.
46. La carga argumentativa como criterio para determinar cuándo un asunto
reviste de relevancia constitucional: De acuerdo con la Corte Constitucional, este
presupuesto implica que el accionante cumpla con una carga explicativa mínima al
identificar: (i) los derechos fundamentales afectados; (ii) los hechos que generan la
vulneración; y (iii) los motivos por los que considera que la autoridad judicial
accionada ha incurrido en uno de los defectos.
47. Frente a este último punto, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar
que no es suficiente alegar una violación a un derecho fundamental con base en
una simple relación de los hechos, sino que se exige demostrar de manera
razonable una restricción desproporcionada de aquella8.
48. A su turno, esta Corporación en diferentes oportunidades ha considerado que
tratándose de la carga argumentativa como requisito sine qua non para definir la
procedibilidad de la acción de tutela, existe un deber de sustentar en términos
jurídicos el defecto en el que la autoridad judicial accionada incurrió. Por esto, el
peticionario está obligado a exponer de manera detallada las razones que
sustentan su demanda de amparo y los motivos que, en su criterio explican la
configuración de una causal especifica de procedencia.
2.5. Caso concreto
49. En lo referente al requisito de relevancia constitucional la Sala advierte que si
bien en casos similares al que nos ocupa se superó este presupuesto, lo cierto es
que en providencia de 3 de noviembre de 20229 se replanteó la postura en
atención al criterio fijado por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación
SU-215 de 16 de junio de 2022.
50. En el referido fallo la Alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga
un debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora
de sus garantías fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo
reprochado por cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la
discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial».
8 Corte Constitucional. Sentencia SU-103 de 2022.
9 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de noviembre de 2022, M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2022-04753-00.
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51. Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021,
oportunidad en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el
mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una
instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial».
52. En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional
ha hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la
acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias
con el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden
la esfera funcional de otras autoridades judiciales.
53. Es así, como dicha Corte indicó que la controversia propuesta en el marco de
una acción de tutela no puede versar sobre un asunto meramente legal o
económico, sino que es necesario que se advierta su contenido y trascendencia
constitucional, pues de no ser así, la discusión deberá ser resuelta mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para tal fin, so pena de que el juez de tutela se
inmiscuya en cuestiones que desbordan su competencia y podrían desnaturalizar
el carácter excepcional y especial de la solicitud de amparo.
54. En reciente sentencia SU-103 de 202210, llamó la atención sobre los criterios
que se deben tener en cuenta a la hora de verificar si en un caso concreto se
supera o no este requisito de relevancia, los cuales se pasan a mencionar:
107. Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional
y no meramente legal y/o económico. Esto, por cuanto las discusiones de
orden legal o aquellas relacionadas exclusivamente con derechos económicos
deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos en el
ordenamiento jurídico para su trámite.
(…)
108. Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. Sobre esto,
reiteró que la cuestión debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional. En esa medida, los asuntos en los que se invoca la
protección de derechos fundamentales, pero cuya solución se limita a la
interpretación y aplicación de normas de rango legal, no tienen, en principio,
relevancia constitucional. (Resaltado fuera del texto original).
55. En ese sentido, y con fundamento en lo que se cuestiona en esta tutela, se
tiene que los reparos propuestos por la parte tutelante, se dirigen a cuestionar la
disminución de su mesada pensional, por cuanto el tribunal accionado consideró
que no resultaba factible reliquidar la pensión bajo el régimen pensional del
Decreto 758 de 1990, toda vez que el actor cumplió los 60 años con posterioridad
al 31 de diciembre de 2014, cuando ya había fenecido el régimen de transición.
Por lo anterior, concluyó la situación del actor debía regirse por el régimen general
contenido en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003.
10 Corte Constitucional SU-103 de 2022.
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56. En aplicación del marco jurisprudencial expuesto al caso concreto, la Sala
declarará la improcedencia de la presente acción constitucional, ya que el reclamo
objeto de este mecanismo carece de relevancia constitucional en atención a que
se limita a discutir la interpretación y aplicación de las normas enunciadas en el
escrito de tutela, con el fin de obtener un aumento en la mesada pensional. En
otras palabras, se trata de un asunto de contenido económico, el cual tiene
connotaciones particulares o privadas que se reducen a un debate meramente
legal y no de índole constitucional.
57. En ese sentido, y de conformidad con los cargos planteados por el señor
Olivella Arzuaga, se advierte que el asunto se circunscribe a un debate
meramente legal, pues se discute que en la declaración de nulidad de las
resoluciones que habían liquidado inicialmente su pensión de vejez en el marco
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se omitió aplicar unas
normas, a saber, la Ley 71 de 1988, Ley 31 de 1992 y Decreto 2520 de 1993 (que
permiten la acumulación de tiempos mixtos para acceder a la pensión de vejez) y
a su vez el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, que consagró unos requisitos relativos
a edad y tiempo de servicio para acceder al régimen de transición.
59. Así, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión judicial
se transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es menester
que quien se considera afectado, cumpla con la carga de argumentar el concepto
de la violación que se deriva de una providencia judicial en abierta contradicción
de los postulados constitucionales, que implique por parte de este juez un estudio
de la interpretación que al respecto ha efectuado el máximo órgano en esta
materia.
60. Al tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, se exige con
mayor énfasis que el accionante ejecute una exposición que sin lugar a dudas
demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la
inescindible afectación de las garantías fundamentales en su núcleo esencial. En
otras palabras, debe probarse que el perjuicio se causa con la obstaculización del
ejercicio del derecho como es concebido en sí mismo, y no frente a lo que se
derive de él como sucede en el sub lite, puesto que al señor Olivella Arzuaga le
fue reconocida en su momento la pensión de jubilación y ello no ha sido objeto de
discusión, sin embargo, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho la tutelante solicitó que se ordenara la reliquidación
de la prestación.
61. Así, es que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, al resolver la segunda instancia en el referido trámite, consideró
que el actor no tenía derecho a la reliquidación pensional por las razones que se
sintetizan a continuación:
• Indicó que el actor no era beneficiario del régimen pensional consagrado en la
Ley 33 de 1985, toda vez que no acreditó los 20 años de servicios al sector
público, como quiera que los tiempos prestados al Banco de la República no
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podían ser catalogados como públicos, sino como privados, por lo cual, de
conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, se evidenció que
el accionante contaba con más de 25 años de servicios, sin embargo, alrededor de
12 años son al sector público, y el resto al sector privado. Se concluyó, que era
claro que la Ley 33 de 1985 no estableció la posibilidad de acceder a la pensión
de jubilación acumulando tiempos públicos con privados, y por lo tanto, no le era
aplicable dicha disposición.
-Adujo que, en principio el accionante sería beneficiario de los regímenes previstos
en la Ley 71 de 1988, que permite la acumulación de tiempos mixtos, y del
Decreto 758 de 1990, que también permite acumular tiempos cotizados al ISS y a
otras cajas de previsión, privados o públicos. Empero, el accionante no conservó
el régimen de transición respecto a los regímenes mencionados, porque
únicamente se mantuvieron hasta el año 2014.
-Explicó que lo anterior en atención, a que el Acto Legislativo 01 de 2005, extendió
la aplicación del régimen de transición hasta el 31 de julio de 2010 o hasta el 31
de diciembre de 2014, en aquellos casos en que los beneficiarios contaran con
750 semanas de cotización al momento de su entrada en vigor -25 de julio de
2005-.
-Concluyó que, al verificar el cumplimiento de los requisitos de la parte
demandante respecto al Decreto 758 de 1990 y de la Ley 71 de 1988, a pesar de
que el actor contaba con más de 20 años de servicios, no consolidó el derecho, ni
adquirió el estatus pensional antes del límite temporal señalado, porque los 60
años que exigen ambas normas cuando se trata de hombres, los cumplió el 20 de
julio de 2016, es decir, con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, cuando ya
había fenecido el régimen de transición.
62. Lo anterior sería distinto, por ejemplo, si se tratara de una decisión denegatoria
del derecho sustancial al reconocimiento de la pensión de jubilación, frente a lo
que se tendría implícita la amenaza de los derechos constitucionales al mínimo
vital, a la vida digna y a todas aquellas prerrogativas que se desprenden de estos.
63. En ese orden, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece
de la carga argumentativa suficiente a través de la cual la accionante justifique la
relevancia del caso a partir de la exposición del concepto de la violación, lo cual
implica un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al juez de esta sede
advertir una prominente transgresión de sus prerrogativas superiores con ocasión
de la expedición de la providencia dictada por la autoridad censurada y no una
simple inconformidad con el criterio del fallador.
64. De conformidad con lo expuesto, esta Sala concluye que el señor Olivella
Arzuaga no satisfizo el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la acción
de tutela carece del ejercicio hermenéutico a partir del cual se acredite que la
sentencia acusada se constituye en una decisión arbitraria y desconocedora de
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sus derechos fundamentales, lo que de plano deriva en que el asunto no
transcienda de un debate meramente legal y económico11.
65. En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la
vulneración de garantías constitucionales que permitan superar el requisito de
relevancia constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial;
ello comoquiera que (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación
meramente legal; (ii) es de índole pecuniario, pues la tutelante reprocha la cuantía
de su pensión de jubilación ante la reliquidación solicitada; y (iii) no se evidencian
afectaciones al mínimo vital porque actualmente devenga dicha pensión, tampoco
al debido proceso pues no se alegó algún reproche frente a su ejercicio de
defensa y contradicción dentro del trámite adelantado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
66. Aunado a lo dicho, debe recordarse que esta Sección ha considerado que la
parte que invoca el desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir
con la carga mínima de identificar en su proceder argumentativo: (i) la decisión
que considera desatendida; (ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo
caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la
incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
67. Lo dicho cobra importancia máxime si tiene en consideración que para
determinar si un precedente es relevante o no se deben tener en cuenta factores
como que: i) en la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla
relacionada con el caso a resolver posteriormente, ii) la ratio debió haber servido
de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión
constitucional semejante, y iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la
sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho
semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable
que «cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes
no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no
considerar vinculante el precedente»12.
68. De conformidad con lo expuesto, la parte actora tenía la carga de, además de
identificar el precedente que invoca como desconocido, señalar la regla de
derecho que resulta aplicable al caso en concreto, aspecto que la Sala no
encuentra acreditado en tanto, se limitó a señalar apartes de la sentencia de
unificación 769 de 2014 de la Corte Constitucional.
69. Sobre este aspecto, se considera que, aunque el accionante, identificó la
providencia que alude como desconocida en la sentencia objeto de análisis, lo
11 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001- 03-
15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (iii) sentencia
de 28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2006.
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cierto es que no esbozó los argumentos que tienden a demostrar porque esa
sentencia resultaba aplicable a su situación particular.
70. Como se señaló en líneas precedentes, el actor se limitó a identificar la
providencia que aduce como desconocida y a citar un extracto de la misma, por lo
que no se cumple la carga argumentativa necesaria para que esta Sala advierta la
vulneración a los derechos fundamentales del accionante.
71. Todo lo explicado, da lugar a que esta Sala de Decisión declare la
improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia.
2.6. Conclusión
72. En consecuencia, se declarará la improcedencia de esta acción constitucional,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el
señor Rigoberto Olivella Arzuaga, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
(Firmado electrónicamente)
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
(Firmado electrónicamente)
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Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
(Firmado electrónicamente)
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
(Firmado electrónicamente)
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.
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