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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06204-00

Fecha
23 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06204-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el señor Víctor Ramón Diz Castro, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría General del Consejo de Estado que modifique la carátula del expediente de la referencia, para que especifique que la parte demandante dentro de este proceso es el señor Víctor Ramón Diz Castro y no el señor Víctor Ramón Díaz Castro. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06204-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

23 de marzo de 2023

Demandante: Víctor Ramón Díaz Castro
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala de Conjueces
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06204-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000- 2022-06204-00
Demandante: VÍCTOR RAMÓN DÍAZ CASTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA – SALA DE
CONJUECES

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la
acción por falta de relevancia constitucional. Bonificación por
compensación judicial establecida en el Decreto 610 de 1998 para
magistrados de tribunal y otros funcionarios judiciales.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por el
señor Víctor Ramón Diz1 Castro, contra el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala
de Conjueces.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 22 de noviembre de 20222, en la ventanilla virtual3,
el señor Víctor Ramón Diz Castro, actuando por medio de apoderado judicial, ejerció
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Córdoba - Sala de Conjueces,
con el fin de obtener el amparo de los derechos fundamentales “al debido proceso, a
la igualdad y al trabajo”.

2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con la expedición de la sentencia del 10 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba - Sala de Conjueces, que confirmó el fallo del 24 de julio
de 2017, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Montería, dentro del proceso ejecutivo que inició el actor contra la Nación – Rama
Judicial, radicado n.° 23001-33- 33-003-2016-00255-00/01.

1 El apellido correcto del demandante es Diz y no Díaz.
2 Acción de tutela identificada con el número de solicitud 5344.
3 Después de resolver las manifestaciones de impedimento presentadas, el expediente pasó al
despacho el 20 de febrero de 2023, para ser admitido.

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Demandante: Víctor Ramón Díaz Castro
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala de Conjueces
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06204-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

(…) SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida por el JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MONTERÍA en el proceso ejecutivo de fecha
24 de julio de 2017 y confirmada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA
SALA DE CONJUECES de fecha 10 de agosto de 2022 dentro del proceso ejecutivo
con Radicado: 23 001 33 33 003 2016 00255 01, por constituir una flagrante VÍA DE
HECHO.

TERCERO: En consecuencia, ORDENAR al accionado modificar la sentencia
proferida dentro del proceso ejecutivo con radicado 23 001 33 33 003 2016 00255 01,
a realizar la liquidación de la condena en los términos de la sentencia base de
ejecución y conforme el precedente judicial contenido en la Sentencia Unificación de
la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, proferida el 18
de mayo de, Radicado número: 25000-23-25-000-2010-00246-02 (0845-15); y
ordenar el pago a favor del ejecutante de las sumas adeudas según la liquidación que
se presenta adelante.

CUARTO: Que se ordene al accionado a proferir condena en costas a cargo de la
Nación – Rama Judicial, y desde luego, se exonere a la parte ejecutante de dicha
condena, toda vez que, primero; la decisión debe ser favorable y segundo; las
excepciones propuestas por la ejecutada, solo prosperaron de manera parcial.4

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Víctor Ramón Diz Castro, en calidad de magistrado del Tribunal
Superior de Montería - Sala Penal, ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Rama Judicial5, contra el oficio n.°
DEAJ08-10778 del 12 de junio de 2008, que le negó el reconocimiento y pago del
reajuste de la bonificación por compensación, que establece el Decreto 610 de 1998
y la inaplicación del Decreto 4040 de 2004.

5. En sentencia del 25 de noviembre de 20106, el Juzgado Tercero Administrativo
Oral del Circuito de Montería declaró la nulidad del acto administrativo acusado y, en
consecuencia, ordenó que se le reconociera y pagara al señor Diz Castro la
bonificación por compensación prevista en el Decreto No. 610 de 1988, a partir del
11 de enero de 2004, por lo que el sueldo a pagar correspondería al 80% de lo que,

4 Se ha trascrito el texto con todos los errores.
5 El 15 de octubre de 2008.
6 Actuación 37 del expediente digital de Samai, folios 222 a 243 del expediente digital del proceso de

nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado n.° 23001-33-31-003-2009-00178-00/1, aportado
por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Montería.

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por todo concepto, devengaran los magistrados de las altas cortes, y no el 70%
previsto en el Decreto 4040 de 2004.

6. La anterior decisión fue apelada por la parte demandada y confirmada
mediante sentencia del 18 de diciembre de 2012 proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba - Sala de Conjueces7.

7. A través de la Resolución n.° 3780 del 26 de junio de 20148, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, dio
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del 25 de noviembre del 2010, proferida
por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Montería y le reconoció al
señor Víctor Ramón Diz Castro la suma de $284.840.528 por concepto de liquidación
de las diferencias de bonificación por compensación (Decreto 610 de 1998), del
periodo comprendido entre el 22 de mayo de 2005 al 26 de enero de 2012.

8. Posteriormente, el actor inició un proceso ejecutivo en contra de la Nación –
Rama Judicial. En sentencia del 24 de julio de 20179, el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Montería señaló que la base para liquidar la
bonificación por compensación corresponde al 80% de los ingresos anuales de los
magistrados de las altas cortes y no de los ingresos mensuales como lo pretendía la
parte ejecutante, y como equivocadamente se dispuso en el mandamiento de pago.
No obstante, advirtió que al momento de efectuar la liquidación la Rama Judicial
omitió incluir el valor de las cesantías devengadas por los magistrados de altas
cortes.

9. Por lo expuesto, se resolvió en los siguientes términos:

PRIMERO. DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE la excepción de "pago de la
obligación" propuesta por la entidad ejecutada, por las razones expuestas en la
parte motiva. En consecuencia,

SEGUNDO. Seguir adelante la ejecución por el valor de $4.466.130,91 por concepto
de capital causado hasta la ejecutoria de la sentencia, más el capital causado por las
diferencias que se han venido generando con posterioridad a la ejecutoria de la
sentencia hasta la fecha en que se incluya en nómina el valor correcto según la
liquidación que antecede, mientras el ejecutante siga desempeñando el cargo de
Magistrado de Tribunal, más los intereses moratorios liquidados en la forma explicada
en la parte considerativa, de conformidad con los motivos expuestos.

TERCERO: REALIZAR liquidación del crédito de conformidad con expuesto en el
artículo 446 del C.G.P.

7 Folios 377 a 405, ib.
8 Folios 418 a 428, ib.
9 Actuación 37 del expediente digital de Samai. Folios 440 a 461, del expediente digital del proceso

ejecutivo con radicado n.° 23001-33-33-003-2016-00255-00/1, aportado por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Montería.

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CUARTO: No hay lugar a condenas en costas, de conformidad con los numerales 3 y
4 del artículo 443 del C.G.P. (…).

10. Dicho fallo fue apelado por el accionante y confirmado en segunda instancia,
el 10 de agosto de 2022, por el Tribunal Administrativo de Córdoba - Sala de
Conjueces.

1.4. Fundamentos de la vulneración

11. El accionante argumentó que la sentencia, del 10 de agosto de 2022,
desconoció no solo el título (la sentencia proferida en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho del 25 de noviembre de 2010, confirmada en segunda
instancia el 18 de diciembre de 2012), sino también el precedente jurisprudencial
establecido en la sentencia de unificación del 18 de mayo de 2016 proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado – Sala de Conjueces, radicado n.° 25000-
23-25-000-2010-00246-01, que reiteró el derecho que le asiste a los magistrados de
tribunal, de percibir el 80% de los ingresos mensuales que por todo concepto
devengue un magistrado de alta corte, de acuerdo con el Decreto 610 de 1998.

12. Señaló que conforme al artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992 los magistrados de
las altas cortes, son igualados a los congresistas en relación a los ingresos que
deben percibir anualmente. Como consecuencia, la reliquidación de la bonificación
por compensación debe tener en cuenta los ingresos anualizados, sumado “el nuevo
factor salarial auxilio de cesantías" que fue reconocido a los magistrados de las altas
cortes en sentencia de unificación y que no fue incluido al momento de liquidar la
bonificación por compensación del actor.

13. Agregó que la decisión incurrió en vías de hecho por defecto fáctico, para lo
cual transcribió apartes de la sentencia SU-453 de 2019, que hace referencia a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, y resaltó que la valoración de las
pruebas fue defectuosa por parte del juez ejecutivo. Y que se vulneró el derecho a la
igualdad, al debido proceso y al trabajo porque existen actos administrativos y fallos
judiciales que dan cuenta del reconocimiento de esas prestaciones a otros
magistrados del Tribunal Superior de Montería.

14. En virtud de todo lo anterior, sostuvo que no se atendió el deber de aplicación
uniforme de las normas y la jurisprudencia, ocasionando con ello, la vulneración de
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al trabajo.

1.5. Trámite de la acción de tutela

1.5.1. Actuaciones procesales relevantes

15. El 22 de noviembre de 2022, el presente proceso fue sometido a reparto,
correspondiéndole al magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, no obstante, de forma

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previa al trámite de admisión, manifestó su impedimento para conocer e intervenir en
este asunto, porque consideró que se encontraba incurso en la causal consagrada
en el numeral 1º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, aplicable por remisión del
artículo 39 del Decreto Ley 2591 de 1991, toda vez que ha ocupado diversos cargos
en la Rama Judicial y obtuvo el reconocimiento y pago de la bonificación por
compensación, objeto de debate.

16. El 29 de noviembre de 2022, el proceso de la referencia fue asignado al
despacho de la magistrada Rocío Araújo Oñate para su conocimiento. De manera
simultánea, el 1º de diciembre siguiente, el magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio
manifestó su impedimento por la misma razón aducida por el doctor Álvarez Parra.

17. Mediante auto del 2 de diciembre de 2022, la magistrada ponente ordenó el
sorteo de dos conjueces para conformar el quórum deliberatorio de la sala de
decisión de esta sección. Así las cosas, el 26 de enero de 2023, la sala compuesta
por los magistrados Rocío Araújo Oñate, Pedro Pablo Vanegas Gil y los conjueces
Germán Lozano Villegas y José Rodrigo Vargas del Campo, resolvieron declarar
fundados los impedimentos presentados.

1.5.2. Auto admisorio de la demanda

18. Mediante auto del 28 de febrero de 2023, la magistrada sustanciadora de
primera instancia admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma actuación
ordenó:

i) notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Córdoba - Sala
de Conjueces como autoridad judicial accionada;

ii) vincular en calidad de terceros con interés, a la Nación – Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Montería, que conformaron el extremo
pasivo y al juez de primera instancia que resolvió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y el proceso ejecutivo, con radicados
n.º 23001-33-31-003-2009-00178-00/1 y n.° 23001-33-33-003-2016-00255-
00/1, respectivamente;

iii) oficiar al Tribunal Administrativo de Córdoba - Sala de Conjueces y al
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Montería, para que
alleguen copia digital, íntegra de los expedientes del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y del proceso ejecutivo, identificados
con radicados n.º 23001-33-31-003-2009-00178-00/1 y n.° 23001-33-33-003-
2016-00255-00/1, respectivamente, y

iv) reconocer personería para actuar, al abogado Kamell Eduardo Jaller
Castro, en calidad de apoderado judicial del señor Víctor Ramón Diz Castro.

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1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes contestaciones:

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Montería

19. El 3 de marzo de 202310, a través de correo electrónico, el director ejecutivo
señaló que la actual discusión carece de relevancia constitucional, pues se trata de
un proceso ejecutivo en el cual el título fue claro expreso y exigible, por lo tanto, no
se está frente al reconocimiento de derechos inherentes ni se desconoce el artículo
29 de la Carta Política, que hace referencia al debido proceso.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Córdoba

20. El 7 de marzo de 202311 por correo electrónico, se recibe memorial del
conjuez Daniel Eduardo Patrón Pérez, quien solicitó que se niegue por improcedente
la acción de tutela, ya que no se configuró el defecto fáctico endilgado a la sentencia
del 10 de agosto de 2022, proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Córdoba. Lo anterior porque la decisión se fundamentó en la
sentencia y en los medios probatorios allegados al proceso.

21. Indicó que no existe el defecto fáctico invocado por el actor en el cálculo de la
liquidación del valor de la bonificación por compensación, ya que debió liquidarse y
cancelarse mensualmente tal como lo ordenó el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Montería y que confirmó la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo
de Córdoba.

22. Señaló que las decisiones judiciales, que dieron origen a la ejecución, fueron
acordes a lo establecido en la plurimencionada sentencia de unificación del 18 de
mayo del 2016, proferida por el Consejo de Estado. En tales providencias se ordenó
de manera clara y precisa que la entidad demandada pagará mensualmente por
nómina, con carácter de permanente, al actor un salario que equivale al 80% del que
devenguen los magistrados de las altas cortes en los términos del Decreto 610 de
1998, el cual debe coincidir con los ingresos totales anuales permanentes de los
congresistas de conformidad con artículos 15 y 16 de la Ley 4.ª de 1992, así: sueldo
básico, gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de salud,
prima de servicios, prima de navidad y cesantías.

10 Actuación n.° 35 del expediente digital de Samai.
11 Actuación n.° 38, ib.

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23. Agregó que, de acuerdo con lo estudiado, el pago que hizo la Nación – Rama
Judicial al actor en la Resolución No. 3780 de 26 de junio de 2014 por la suma de
$284.840.528, se ajustó a lo expresamente ordenado en dichas sentencias, que
sirven hoy de título ejecutivo.

24. Resaltó que, sin embargo, tal como consideró el a quo, la entidad ejecutada al
momento de realizar la liquidación de la condena no incluyó el valor de las cesantías
devengadas por los magistrados de las altas cortes en consecuencia, se efectuó una
incorrecta liquidación por parte de la Nación – Rama Judicial, razón por la cual se
reconocieron dichas diferencias y se ordenó el pago de la suma adeudada al
ejecutante, equivalente a $4.466.130.

1.6.3. Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Montería

25. La jueza tercera administrativa oral del circuito judicial de Montería, el 7 de
marzo de 202312 adjuntó la copia digital del proceso ejecutivo con radicado n.°
230013333003201600255-00/1 y solicitó que se nieguen las pretensiones, pues no
existe violación al precedente jurisprudencial, tampoco del debido proceso, de la
igualdad ni del trabajo, en tanto la providencia que se cuestiona se apegó a lo
ordenado en la sentencia base de ejecución, es decir, a lo dicho en el Decreto No.
610 de 1998 y conforme a las pruebas allegadas al proceso.

26. Ello, por cuanto para la determinación mensual, de lo adeudado al actor, se
procedió inicialmente a establecer el total devengado anualmente por los
magistrados de las altas cortes, de acuerdo con el certificado, del 10 de noviembre
de 2015, expedido por la Rama Judicial, y con lo señalado en la sentencia de
unificación reclamada como desconocida, pues fue aquella la que dispuso que
para efectos de determinar el total devengado por un magistrado de las altas
cortes, debería incluirse lo referente a las cesantías definitivas.

27. Así las cosas, se tuvo en cuenta el monto señalado en el certificado como
ingreso anual total de un magistrado de una alta corte, se sumó lo correspondiente a
las cesantías definitivas; sin que la referida providencia unificadora hiciera referencia
a los intereses de las cesantías como lo reclama el tutelante. Emolumento frente al
cual (intereses de las cesantías), tal como lo señala el Departamento Administrativo
de la Función Pública, en concepto 275191 de 2021, no existe norma que permita
establecer que constituye un ingreso laboral de carácter permanente.

28. De los cálculos anteriores surge el monto anual adeudado al demandante,
cifra que al restarle lo reconocido por la entidad mensualmente a través de la
resolución n.°3780 de 26 de junio de 2014 arrojó, el monto mensual adeudado por la
entidad, conforme a lo ordenado en el titulo base de ejecución. La liquidación antes
referida quedó definida en la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución y

12 Actuación n.° 37, ib.

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ajustó las diferencias, que siguieron causándose en fechas posteriores, las que
fueron indicadas en la referida sentencia hasta el año 2015.

29. Destacó que “de igual forma se advierte, que realizada la liquidación en la
forma que se señala en el escrito de tutela, y utilizando el certificado salarial aportado
al momento de presentar la demanda ejecutiva por el aquí accionante, según
cálculos hechos por esta judicatura, arroja el mismo valor”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

30. Esta sala es competente para conocer de la demanda presentada por el señor
Víctor Ramón Diz Castro, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

2.2.1. Modificación de carátula

31. De acuerdo con los documentos aportados, se ordenará en la parte resolutiva
de esta providencia a la Secretaría General del Consejo de Estado, modificar la
carátula del expediente de la referencia para que especifique que el nombre de la
parte demandante dentro de este proceso es el señor Víctor Ramón Diz Castro y no
el señor Víctor Ramón Díaz Castro.

2.3. Problema jurídico

32. Corresponde a la sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?

33. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la sala analizará lo
siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala de Conjueces vulneró los
derechos fundamentales “al debido proceso, a la igualdad y al trabajo”, al
proferir la sentencia del 10 de agosto de 2022, que confirmó la decisión de
primera instancia del 24 de julio de 2017, del Juzgado Tercero Administrativo
Oral del Circuito de Montería, al no acceder al cálculo de la liquidación del

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valor de la bonificación por compensación realizado por el señor Víctor Ramón
Diz Castro?

34. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el
estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii)
las generalidades de los defectos alegados; y (iv) el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

35. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
13
2012 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones y la misma
sala plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema14 y declaró su
procedencia.15

36. Así pues, esta sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate
de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declarará la
improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

37. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en
la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

38. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
15 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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Demandante: Víctor Ramón Díaz Castro
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala de Conjueces
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06204-00

2.5. Requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional16

39. En relación con el aludido presupuesto general, la sala cita como antecedente
la sentencia de tutela del 3 de noviembre de 202217 que replanteó la postura de esta
sección en atención al criterio fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
215, de 16 de junio de 2022, por lo que declaró la improcedencia de la acción por no
superar el requisito de relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún
debate jurídico en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que
pretendía era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la
causa.

2.5.1.1. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional, unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional18

40. A través del aludido pronunciamiento, la Corte Constitucional revisó las
sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las secciones Quinta y
Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por
Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.

41. Con la acción constitucional reprochó las sentencias dictadas dentro de un
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido contra las
liquidaciones oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se incluyó como
ingresos gravados la tarifa del IVA por los servicios de producción prestados por RTI
S.A.S. y se le sancionó por inexactitud frente a las declaraciones sobre el impuesto
sobre las ventas que presentó por el año gravable 2010.

42. En dicho proceso, la Sección Quinta definió en primera instancia declarar la
improcedencia por no encontrar satisfecho el requisito general de procedibilidad de la
subsidiariedad, y negó otros cargos de la acción constitucional. En segunda
instancia, la Sección Primera confirmó integralmente la decisión del a quo.

43. En esa oportunidad, al momento de estudiar los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección Quinta
se limitó a examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de tutela contra
una decisión de la misma naturaleza y la subsidiariedad.

16 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, sentencia del 10.03.22. M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2020-00822-00; y
sentencia del 02.12.21, rad. 11001-03-15-000-2021-07007-00.
17 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3.11.2022. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio,

rad. 11001-03-15-000-2022-04753-00.
18 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6.10.2022. M.P. Rocío Araujo Oñate, rad. 11001-

03-15-000-2022-04756-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6.10.2022. M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2022-03065-01.

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44. Mientras que, la Sección Primera encontró satisfechos los requisitos generales
que ha señalado la Corte Constitucional19, salvo el de la subsidiariedad frente a uno
de los cargos y, sobre la relevancia constitucional determinó que “se invocaron los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados”.

45. Por su parte, la Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados
requisitos en sede de revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI
S.A.S. contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia
constitucional.

46. En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial

(…) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y ‘no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad (…).

47. El alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para “…lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución”.

48. A su vez, la citada corporación precisó que las finalidades de este requisito
son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones

19 i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

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competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal20 (Énfasis de la Sala).

49. Asimismo, la Corte Constitucional expuso que los criterios relevantes para
determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico21; es decir, la
cuestión ‘debe revestir una ‘clara’, ‘marcada’ e ‘indiscutible’ relevancia
constitucional.’22

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que ‘la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.’23 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera ‘inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales’24

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto25, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni
es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal (…) (Resaltado de la Sala)

50. De tal forma, la corporación en mención, luego de abordar los criterios que
debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar
el requisito de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de tutela
formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado, puesto que: i) No tenía la

20 Sentencia SU-573 de 2019.
21 Sentencia SU-103 de 2022.
22 Ib.
23 Ib.
24 Sentencia SU-128 de 2021.
25 Sentencia SU-573 de 2019.

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identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el
alcance de un derecho fundamental; ii) involucraba un debate eminentemente legal;
iii) planteaba una discusión preponderantemente económica, y iv) no cumplía con la
carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación
de los derechos fundamentales invocados.

51. Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

2.6. Caso concreto

52. En lo referente al requisito de relevancia constitucional la sala advierte que si
bien en casos similares al que nos ocupa se superó este presupuesto, lo cierto es
que en providencia de 3 de noviembre de 202226 se replanteó la postura en atención
al criterio fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 16 de junio de
2022.

53. En el referido fallo la Alta Corte señaló que tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye “su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

54. Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021. En
esa oportunidad, se estableció que el mecanismo de amparo no puede ser utilizado
como una instancia adicional para discutir los asuntos “de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”. Por el contrario,
es necesario que se advierta su contenido y trascendencia constitucional, pues de no
ser así, la discusión deberá ser resuelta mediante los mecanismos ordinarios
dispuestos para tal fin, so pena de que el juez de tutela se inmiscuya en cuestiones
que desbordan su competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.

55. En la sentencia SU-103 de 202227, la Corte Constitucional llamó la atención
sobre los criterios que se deben tener en cuenta al momento de verificar si en un
caso concreto se supera o no este requisito de relevancia, los cuales se pasan a
mencionar:

107. Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no
meramente legal y/o económico. Esto, por cuanto las discusiones de orden legal o
aquellas relacionadas exclusivamente con derechos económicos deben ser resueltas

26 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de noviembre de 2022, M.P. Carlos Enrique

Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2022-04753-00.
27 Corte Constitucional SU-103 de 2022.

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mediante los mecanismos ordinarios dispuestos en el ordenamiento jurídico para su
trámite.

(…)

108. Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. Sobre esto, reiteró que la
cuestión debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.
En esa medida, los asuntos en los que se invoca la protección de derechos
fundamentales, pero cuya solución se limita a la interpretación y aplicación de normas
de rango legal, no tienen, en principio, relevancia constitucional.

(…). (Resaltado fuera del texto original).

56. En ese sentido, se tiene que los reparos de esta acción están dirigidos a
cuestionar la sentencia del 10 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba - Sala de Conjueces, que no accedió al cálculo de la
liquidación del valor de la bonificación por compensación realizado por el señor Diz
Castro; carecen de relevancia constitucional porque discuten la interpretación y
aplicación del Decreto 610 de 1998 para efectos de lograr una pretensión económica,
pero no de índole constitucional.

57. Para la Sala no es suficiente que la parte interesada refiera que con la
decisión judicial se transgredieron los derechos fundamentales, sino que es
necesario cumplir con la carga de argumentar el concepto de la violación que se
deriva de una providencia judicial en abierta contradicción de los postulados
constitucionales, que implique por parte de este juez un estudio de la interpretación
de contenidos ius fundamentales, lo cual no ocurre en el presente caso.

58. Después de revisar el expediente digital se evidencia que en la demanda del
proceso ejecutivo (cuyas sentencias de primera y segunda instancia son
cuestionadas en la tutela de la referencia) el actor realizó los siguientes cálculos
respecto a lo adeudado por parte de la Rama Judicial, así:

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59. Así mismo, el escrito de tutela28 actualiza dicha liquidación a 31 de octubre de
2022, y solicita “ordenar el pago a favor del ejecutante de las sumas adeudadas
según la liquidación que se presenta (…)”29, en los siguientes términos:

60. En ese orden, se concluye que esta solicitud de amparo carece de la carga
argumentativa suficiente a través de la cual la accionante justifique la relevancia del
caso a partir de la exposición del concepto de la violación, lo cual implica un ejercicio
explicativo jurídico y lógico que le permita al juez de esta sede advertir una
prominente transgresión de sus prerrogativas superiores con ocasión de la
expedición de la providencia dictada por la autoridad censurada y no una simple
inconformidad con el criterio del fallador.

61. En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la
vulneración de garantías constitucionales que permitan superar el requisito de
relevancia constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial;
ello comoquiera que (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación
meramente legal; (ii) es de índole pecuniario, pues el tutelante reprocha la cuantía de
su bonificación por compensación judicial ante la reliquidación solicitada; (iii) no se
evidencian afectaciones al mínimo vital porque actualmente devenga dicha
bonificación, y iv) tampoco al debido proceso pues no se alegó algún reproche frente
a su ejercicio de defensa y contradicción dentro del trámite adelantado en el proceso
de ejecutivo.

62. Todo lo anterior, da lugar a que esta sala de decisión declare la improcedencia
de la solicitud de amparo de la referencia.

2.7. Conclusión
63. No se evidencia que la tutela de la referencia cumpla con el requisito de la
relevancia constitucional, por tratarse de un asunto meramente económico.

28 Numeral 23.
29 Pretensión tercera, del escrito de tutela.

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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el
señor Víctor Ramón Diz Castro, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría General del Consejo de Estado que
modifique la carátula del expediente de la referencia, para que especifique que la
parte demandante dentro de este proceso es el señor Víctor Ramón Diz Castro y no
el señor Víctor Ramón Díaz Castro.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
GERMÁN LOZANO VILLEGAS
Conjuez

(Firmado electrónicamente)
JOSÉ RODRIGO VARGAS DEL CAMPO
Conjuez

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

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