Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2011-00113-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2011-00113-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2011-00113-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
13 de julio de 2022
Radicado: 50001-23-31-000-2011-00113-01 (64215)
Demandantes: Polo Yesid Mariño y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Reparación directa
Radicación: 50001-23-31-000-2011-00113-01 (64215)
Demandantes: Polo Yesid Mariño y otros
Demandados: Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación
Tema: Responsabilidad del Estado por error judicial y defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia. Se revoca la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda y se declara la caducidad de la acción.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 16 de octubre de 2018 proferida por la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo que negó las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso
de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia
proferida en primera instancia por un tribunal, dentro de un proceso de reparación
directa por hechos de la administración de justicia.
El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 10 de junio de
2019. En el término de alegatos de conclusión la parte demandante solicitó la
revocatoria de la sentencia. La Fiscalía y el Ministerio Público solicitaron la
confirmación del fallo. La Rama Judicial guardó silencio.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue presentada el 16 de noviembre
2010 por el abogado Polo Yesid Mariño Cristiano y su grupo familiar. Se dirigió
contra la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación para obtener
la reparación del daño causado por el error judicial y el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia en los que incurrieron las
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Demandantes: Polo Yesid Mariño y otros
demandadas en un proceso de reparación directa. Ello impidió que Polo Yesid
Mariño Cristiano recibiera el pago de sus honorarios profesionales.
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones1:
<<Primera. La NACIÓN – RAMA JUDICIAL (…) y la FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN (…) son administrativamente responsables de los perjuicios materiales y
morales causados al suscrito abogado POLO YESID MARIÑO CRISTIANO,
CARMEN SANCHEZ RUIZ y YESID MARIÑO SANCHEZ por falla en el servicio,
error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en las
decisiones adoptadas en el proceso de reparación directa Nro. 2000-10057 que se
ventiló en el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta.
Segunda. Condenar a La NACIÓN – RAMA JUDICIAL (…) y la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN (…) al pago de perjuicios morales equivalentes a CIEN
(100) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, para la fecha de
la sentencia, para cada uno de los demandantes, CARMEN SÁNCHEZ RUIZ y
YESID MARIÑO SANCHEZ y QUINIENTOS (500) SALARIOS MÍNIMOS
MENSUALES LEGALES VIGENTES para POLO YESID MARIÑO CRISTIANO.
Tercera.- Condenar a La NACIÓN – RAMA JUDICIAL (…) y la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN (…) al pago de los perjuicios materiales para el
abogado POLO YESID MARIÑO CRISTIANO por la suma de OCHENTA Y UN
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS ($81.251.000) por
concepto de los honorarios pactados con los demandantes en el precitado proceso
de reparación directa 2000-00057>>.
3.- Las pretensiones de la demanda se fundaron en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El demandante Polo Yesid Mariño Cristiano se desempeñó como apoderado
judicial de Carlos Alfonso León y sus familiares en un proceso de reparación
directa contra la Fiscalía General de la Nación, en el que solicitó la indemnización
de perjuicios por la privación injusta de la libertad de Carlos Alfonso León. El
demandante y sus representados pactaron honorarios del 35% de la condena.
3.2.- El 1° de noviembre de 2005 el Tribunal Administrativo del Meta condenó a
la Fiscalía General de la Nación al pago de la indemnización en favor de Carlos
Alfonso León y sus familiares.
3.3.- Una vez enterado del resultado favorable de la sentencia, el señor Carlos
Alfonso León le revocó el poder al demandante. Polo Yesid Mariño Cristiano y
confirió poder a Fabio Guiza Santamaría para el cobro de la condena. En auto
del 24 de agosto de 2006 el Tribunal Administrativo del Meta aceptó la revocatoria
de poder.
3.4.- El demandante adelantó incidente de regulación de honorarios que fue
despachado desfavorablemente por el Tribunal Administrativo del Meta en auto
del 23 de mayo de 2007.
1 Según corrección de la demanda presentada el 16 de mayo de 2012 (Fl.s 454- 460 c.2)
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Demandantes: Polo Yesid Mariño y otros
3.5.- La Fiscalía liquidó la condena y reconoció 30% de esta a favor del
apoderado Guiza Santamaría. Esta liquidación fue adicionada en cuanto al monto
de la condena, pero, ante la reclamación del demandante Polo Yesid Mariño
Cristiano, la Fiscalía ordenó que los valores se consignaran en la cuenta de
depósitos judiciales del tribunal.
3.6.- En auto del 2 de septiembre de 2008 el Tribunal Administrativo del Meta
ordenó entregar el valor consignado a Carlos Alfonso León (demandante en el
proceso de reparación directa). Y esta decisión se adoptó porque al primer
apoderado, Polo Yesid Mariño Cristiano, se le había negado el incidente de
regulación de honorarios.
3.7.- El daño es imputable a las demandadas a título de falla del servicio y
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia porque no exigieron
el paz y salvo por concepto de honorarios profesionales del señor Polo Yesid
Mariño Cristiano.
B. Posición de la parte demandada
4.- La Rama Judicial propuso las excepciones de: (i) culpa de la víctima porque
el demandante no recurrió la revocatoria de poder ni la providencia que decidió
el incidente de regulación de honorarios y (ii) caducidad de la acción porque
transcurrieron más de dos años desde la ejecutoria del auto que decidió el
incidente de regulación de honorarios. La acción también estaría caducada si el
término se contabiliza desde el auto del 2 de septiembre de 2008 que ordenó
entregar el título judicial a una persona distinta del demandante.
5.- La Fiscalía General de la Nación no contestó la demanda.
C. Sentencia recurrida
6.- En sentencia de primera instancia la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo:
6.1.- Analizó el fondo del asunto porque no existía certeza de la fecha en la cual
fue notificado el auto del 23 de mayo de 2007, mediante el cual el Tribunal
Administrativo del Meta decidió el incidente de regulación de honorarios.
6.2.- Señaló que se alegó la configuración del defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia por la entrega de un título judicial sin exigir el paz y
salvo por concepto de honorarios profesionales del demandante, pero estableció
que <<el régimen aplicable es el de error judicial, pues el demandante aduce
como el daño el no pago de unos honorarios profesionales (…) y la fuente de
dicho daño fue la providencia que negó el incidente de regulación de
honorarios>>.
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Demandantes: Polo Yesid Mariño y otros
6.3.- Negó las pretensiones porque el daño invocado, esto es, el no pago de los
honorarios profesionales del proceso de reparación directa, no era cierto. Indicó
que el abogado tenía la posibilidad de reclamar ante la justicia laboral el pago de
estos, pues no era excluyente con el incidente de regulación de honorarios.
D. Recurso de apelación
7.- La parte demandante manifiesta que:
7.1.- La acción no había caducado porque el término se contabiliza desde el auto
del 26 de noviembre de 2008, fecha en la que el Tribunal Administrativo del Meta
ordenó la entrega del monto de la condena a favor de Carlos Alfonso León. Por
lo tanto, la demanda fue presentada en término, el 16 de noviembre de 2010.
7.2.- El tribunal no tuvo en cuenta los hechos constitutivos de defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia narrados en la demanda. La falla
en servicio estaba probada, como consta con las pruebas aportadas al proceso.
II. CONSIDERACIONES
8.- La Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, declarará probada la
excepción de caducidad de la acción porque la demanda se interpuso más de
dos años después de la ejecutoria del auto del 23 de mayo de 2007, mediante el
cual se decidió el incidente de regulación de honorarios al demandante.
9.- Según el artículo 136 del C.C.A. la acción de reparación directa caduca luego
de dos (2) años contados a partir de día siguiente del acaecimiento del hecho por
el cual se imputa responsabilidad y en este caso el daño alegado por el
demandante, esto es, el no pago de los honorarios profesionales del proceso de
reparación directa, deviene del auto del 23 de mayo de 2007 con el que el
Tribunal Administrativo del Meta <<despachó desfavorablemente>> el incidente
de regulación de honorarios por falta de prueba de las condiciones del contrato
de mandato2.
10.- Aunque no obra constancia de notificación de la mencionada providencia, lo
cierto es que según consulta del proceso 2000-10057 en la página web de la
Rama judicial, la providencia fue notificada en estado del 29 de mayo de 2007
por lo que de conformidad con el artículo 331 del CPC la misma quedó
ejecutoriada el 1° de junio de 2007. En consecuencia, la demanda presentada
el 16 de noviembre de 20103 se radicó por fuera de término.
11.- No es procedente la contabilización del término de caducidad desde el 26 de
noviembre de 2008, fecha en la que se entregó parte del título judicial a favor de
2 Fls. 304-306 c.1.
3 Inclusive, el 6 de octubre de 2010 fecha en que se presentó la solicitud de conciliación ante la
Procuraduría 147 Judicial, la acción ya estaba caducada (Fls.350 c.1.)
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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00113-01 (64215)
Demandantes: Polo Yesid Mariño y otros
Carlos Alfonso León, pues el daño no deviene de un defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia sino del auto que negó la regulación de los
honorarios del demandante. En auto del 2 de septiembre de 2008 el Tribunal
ordenó la entrega del título judicial a Carlos Alfonso León porque al demandante
Polo Yesid Mariño se le había negado el incidente de regulación de honorarios4.
E.- Costas
12.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 16 de octubre de 2018 por la
Sala Transitoria del Tribunal Administrativo y en su lugar DECLÁRASE probada
la excepción de caducidad de la acción
SEGUNDO: Sin CONDENA en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
4 Fls. 284 c.1.
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