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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05177-00

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05177-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por la señora Mistelva Rosa Garcés Álvarez, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05177-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

10 de noviembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05177-00
Demandante: Mistelva Rosa Garcés Álvarez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05177-00
Demandante: MISTELVA ROSA GARCÉS ÁLVAREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial –falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
la señora Mistelva Rosa Garcés Álvarez contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. Con escrito recibido en el Despacho ponente el 28 de septiembre de 20221 la
señora Mistelva Rosa Garcés Álvarez, actuando a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con
el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales “al debido proceso
dentro de las formas propias de cada juicio, conexo con el principio de favorabilidad en
materia laboral, por vía de hecho y el acceso a la administración de justicia y el derecho a
la igualdad.”

2. La accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 17 de agosto de 2022, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca revocó lo resuelto por el Juzgado Doce
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, en la providencia del 10 de junio
de 2019, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, y, en su lugar,
declaró la nulidad de las resoluciones que reconocieron la pensión de jubilación de
su cónyuge fallecido y la reliquidó, lo que generó la disminución en el valor de la
pensión de sobrevivientes que recibe, o algo así en tus propias palabras.

3. Lo anterior, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, que instauró contra la Unidad Administrativa de Gestión y

1 Radicado en el correo de recepción de tutelas y habeas corpus de la Rama Judicial el 27 de
septiembre de 2022.
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Demandante: Mistelva Rosa Garcés Álvarez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, que se identificó con
el radicado N.º 76001-33-33-012-2018-00054-00/01.

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“1- al señor Magistrado se conceda la presente acción constitucional por vía
de hecho por los defectos material sustantivo, fáctico y violación directa a la
Constitución.

2- Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA en particular la sala presidida
por la Doctora ANA MARGOTH CHAVARRO BENAVIDES, decretar la nulidad
de la providencia judicial proferida y en su lugar se ordene la protección de los
derechos demandados, debiendo proferir nueva sentencia en la que se
mantengan las condiciones de la pensión de sobrevivientes reconocida
mediante resolución RDP 006143 del 16 de 2015 mediante la cual se reliquido
la pensión.

3- Solicito del Honorable Magistrado que, como medida cautelar, se ordene a
la UGPP abstenerse de dar cumplimiento a la sentencia proferida TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA dentro del radicado 76001-3333-
012-2018-00054-01. Hasta tanto no se resuelva la presente acción de tutela.

4- Solicito del Honorable Magistrado, se ordene la correspondiente notificación
a la accionada, para que haga valer sus derechos y se pronuncie sobre los
hechos de la presente acción”. (Sic a toda la cita)2

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El señor Horacio Elías Madachi de Ávila, esposo de la accionante, laboró en
el Ministerio de Justica y en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
INPEC, desde el 19 de mayo de 1989 al 5 de junio de 2012, para un total de
tiempo de servicio de 23 años y 17 días.

6. Mediante la Resolución N.º PAP 0004922 de 31 de mayo de 2010 proferida
por la Unidad Administrativa de Gestión y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, se le reconoció al señor Madachi de Ávila una pensión
de jubilación a partir del 1º de julio de 2009.

7. El 5 de junio de 2012, el señor Horacio Elías Madachi de Ávila falleció,
razón por la cual la tutelante, el 21 de mayo de 2014 solicitó el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes; dicha prestación fue reconocida por medio
de la Resolución N.º RDP 021947 de 16 de julio de 2014, en la misma cuantía que
se le pagó al causante, efectiva a partir del 6 de junio de 2012.

8. Mediante escrito presentado el 16 de diciembre de 2014, la señora Mistelva
Rosa Garcés Álvarez radicó ante la Unidad Administrativa de Gestión y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP una solicitud de
reliquidación de la pensión de vejez de su esposo para que se tuvieran en cuenta

2 Folio 4 de la demanda de tutela. Índice 2 del aplicativo SAMAI.

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nuevos factores salariales devengados durante la prestación del último año de
servicio, los cuales fueron certificados por la entidad nominadora, según lo
dispuesto en la Ley 4 de 1966, el Decreto 1045 de 1978 y la Ley 32 de 1986.

9. El 16 de febrero de 2015, mediante la Resolución N.º RDP 006143 la
entidad mencionada ordenó el reajuste solicitado. No obstante, la demandante
presentó un recurso de apelación al considerar que no se tomaron en cuenta los
factores salariales de prima de riesgo, unidad familiar y bonificación por
recreación, los cuales fueron devengados durante el último año de servicio del
causante. Mediante la Resolución N.º RDP 021251 del 27 de mayo de 2015, se
resolvió por parte de la entidad confirmar la decisión anterior.

10. Seguidamente, la señora Mistelva Rosa Garcés Álvarez presentó una
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Unidad Administrativa de Gestión y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP, con el objeto de que se declarara la nulidad del
anterior acto administrativo que accedió parcialmente a su solicitud y, en
consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago del reajuste pensional
teniendo en cuenta todos los factores solicitados.

11. El medio de control mencionado le correspondió ser conocido en primera
instancia al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali,
autoridad judicial que mediante sentencia del 10 de junio de 2019, negó las
pretensiones de la demanda y declaró probada de oficio la excepción de
inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido.

12. Inconforme con lo anterior, la parte demandante la apeló, recurso del que
tuvo conocimiento el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que, a través de
la providencia del 17 de agosto de 2022, revocó la decisión de primera instancia, y
en su lugar, estableció:

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de junio de 2019 proferida por el
Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cali conforme a las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones Nos. 004922 del 31 de
mayo de 2010 que reconoció una pensión de jubilación y de la Resolución
006143 del 16 de febrero de 2015 que reliquidó una pensión.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se CONDENA a la UGPP
profiera un nuevo acto administrativo reconociendo la pensión de
sobreviviente a la demandante en aplicación estricta del numeral 2 del artículo
46 de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 2090 de 2003, artículos 3, 4 y 7. Como
quiera que la actora percibió la mesada pensional por fuera del ordenamiento
aplicable. La liquidación se hará a partir de la ejecutoria de esta sentencia, sin
lugar a recuperar prestaciones pagadas a la demandante porque es un
particular de buena fe.

CUARTO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte
demandante, conforme lo previsto en los artículos 188 del CPACA en
concordancia con los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.
(…)”

13. La anterior decisión fue notificada por medios electrónicos el 24 de agosto
de 2022.
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1.3. Fundamentos de la solicitud

14. La señora Mistelva Rosa Garcés Álvarez aseguró que la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales “al debido proceso dentro de las
formas propias de cada juicio, conexo con el principio de favorabilidad en materia laboral,
por vía de hecho y el acceso a la administración de justicia y el Derecho a la igualdad.”.
Del escrito de tutela, se advierte que, si bien la tutelante no mencionó de manera
expresa los yerros en los que presuntamente incurrió la autoridad judicial
accionada, lo cierto es que, de sus argumentos se extrae que la providencia
atacada incurrió en un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente,
por las razones que se exponen a continuación:

15. En cuanto al defecto sustantivo, manifestó que la autoridad demandada en la
providencia atacada no tuvo en cuenta que en su caso es aplicable en Decreto
2090 de 20033, cuerpo normativo que indica que, para actividades de alto riesgo,
se deben acreditar 500 semanas de cotización. Motivo por el cual, aplicar el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso
cuando el servidor aspira al reconocimiento de su pensión de vejez en los
términos del Decreto anteriormente mencionado.

16. Expresó que la autoridad judicial demandada desconoció providencias del
Consejo de Estado, dentro de las cuales mencionó:

• Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 28 de febrero de 2020, Rad. 76001-23-31-000-
2011-01522-01, M.P. William Hernández Gómez. Manifestó que en esta
decisión se releva de la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
cuando se ha demostrado que se cumplieron 500 semanas de cotización en
actividades de alto riesgo para el 28 de julio de 2003, hecho que fue
desconocido por el tribunal demandado.

• Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 25 de abril de 2019, Rad. 11001-03-25-000-2016-
00759-00, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez. Citó que “En cuanto a los
parámetros para la liquidación del derecho pensional, la Ley 32 de 1986 no
estableció qué factores constituían salario para la liquidación de la pensión de
jubilación, sin que se pueda acudir al régimen prestacional de los funcionarios
públicos consagrado en la ley 33 de 1985, en razón de lo preceptuado en el
artículo 1° ibídem, que excluye del régimen general al Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional – INPEC- por lo tanto, ante la
ausencia de norma expresa, resulta procedente acudir a los presupuestos del
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. Así lo ha estimado la sección segunda de
esta corporación al decidir situaciones de contornos similares al que nos ocupa”

17. Sostuvo que la autoridad judicial demandada le causó un grave perjuicio para
sus intereses económicos, por cuanto para el futuro se le estaría reconociendo un
monto menor en la pensión de sobrevivientes que le había sido reconocida, pues

3 Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y

señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades.
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sin que se le hubiese permitido intervenir se le modificó el contenido de su
derecho particular y concreto que no había sido demandado.

1.4. Trámite de la acción de tutela

18. Mediante auto del 11 de octubre de 20224, se admitió la acción de tutela y se
dispuso su notificación5 a la parte actora, así como a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, como autoridades judiciales accionadas.

19. Así mismo, se vinculó en calidad de terceros con interés jurídico al Juzgado
Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali y a la Unidad Administrativa
de Gestión y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, toda vez
que dicho juzgado fue la autoridad judicial de primera instancia y la entidad fungió
como parte demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que se debate.

20. De igual manera, se negó la medida provisional solicitada por la parte actora,
con fundamento en que el despacho ponente consideró que no se logró demostrar
ni explicar en esa etapa del proceso, en qué medida el Tribunal accionado
desconoció las normas vigentes o el precedente judicial establecido por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, aplicable a este asunto.

1.5. Intervenciones

21. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente6, se presentaron las siguientes
contestaciones:

1.5.1. Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali

22. Mediante correo electrónico remitido el 18 de octubre de 2022 allegó el
expediente solicitado, pero no se pronunció frente a la presente demanda de
tutela.

1.5.2. Unidad Administrativa de Gestión y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP

23. Por medio de correo electrónico del 19 de octubre de 2022, la directora jurídica
de la entidad solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional, o de
manera subsidiaria, que se nieguen las pretensiones de la parte demandante
teniendo en cuenta que no puede pretender usar la acción de tutela como una
tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de
la causa, después de haberse agotado un procedimiento establecido en la ley para
el efecto.

24. Igualmente, indicó que la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo
para el reconocimiento de peticiones prestacionales, máxime cuando ya se ha

4 Índice 4 del expediente digital en el aplicativo SAMAI.
5 Actuación realizada el 13 del mismo mes y año.
6 De conformidad con las notificaciones obrantes en el expediente digital de la acción de tutela,

Índice 7, Oficio No. 109007, 109008, 109009 y 109010, del 13 de octubre de 2022.
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pronunciado el juez competente de la causa, además, agregó que no se incurrió
en defecto material o sustantivo, sino que por el contrario la providencia atacada
se ajustó al ordenamiento legal y al precedente judicial.

25. Sostuvo que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
se evidenció que no había lugar a reliquidar la pensión de sobrevivientes de la
tutelante con el último año de servicios sino por el contrario con los últimos 10
años, y que en razón de ello el tribunal ordenó a la unidad ajustar a derecho la
prestación reconocida.

1.5.3. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

26. Mediante memorial presentado el 19 de octubre de 2022, el magistrado
ponente de la providencia atacada solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela, pues señaló que en el fondo lo que busca la parte demandante
es reabrir un debate que se cerró en el juicio ordinario.

27. Agregó que en el fallo cuestionado se dieron las razones de hecho y de
derecho que llevaron a la Sala tomar esa decisión, y se explicó que la demandante
sometió los actos demandados al control de legalidad y abrió el debate
jurisdiccional al respecto, por lo que en el curso del proceso se encontró probado
que los actos sí eran ilegales, pero, porque el causante, el señor Horacio Elías
Madachi de Ávila, no era destinatario de la Ley 32 de 1986, por lo cual lo legal era
aplicar lo dispuesto en el Decreto Ley 2090 de 2003.

28. Teniendo en cuenta lo anterior, sostuvo que era perentorio adoptar una
medida de protección del ordenamiento jurídico, del patrimonio público y la
sostenibilidad del sistema, como ordena la Constitución y la Ley, por lo que se
debía aplicar el Ingreso Base de Liquidación –IBL– de la Ley 100 de 1993 y los
factores del Decreto 1558 de 1994, es decir, liquidar con el promedio de los 10
últimos años sin incluir factores como la prima de riesgo, prima de unidad familiar
y bonificación por recreación.

29. En consecuencia, explicó que se declaró la nulidad de los actos
administrativos sometidos al control jurisdiccional, por infracción del ordenamiento
jurídico en que debían fundarse, y se ordenó la reliquidación en los términos de
ley, con base en la interpretación sistemática de las normas constitucionales y
legales sobre la pensión.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

30. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

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31. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, razón por la cual le corresponde a esta
Corporación conocer como máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

2.2. Problema jurídico

32. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados,
los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?

33. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

● ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos
fundamentales “al debido proceso dentro de las formas propias de cada juicio,
conexo con el principio de favorabilidad en materia laboral, por vía de hecho y el
acceso a la administración de justicia y el Derecho a la igualdad.”, por incurrir en
un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, al proferir el fallo
de 17 de agosto de 2022 que revocó la sentencia de primera instancia, y en
su lugar, declaró la nulidad de las resoluciones Nos. 004922 del 31 de
mayo de 2010 que reconoció la pensión de jubilación y de la Resolución
006143 del 16 de febrero de 2015 que reliquidó la pensión del causante, lo
que generó la disminución en el valor de la pensión de sobrevivientes
recibida por la señora Mistelva Rosas Garcés Álvarez?

34. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el
estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados;
(iii) las generalidades de los defectos alegados; y (iv) el caso concreto.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

35. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20127 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema8 y declaró su
procedencia.9

36. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia

7 Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:

Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
7

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constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y vi)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de
estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que
se analice el fondo del asunto.

37. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

38. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.3.2. Requisitos de procedibilidad adjetiva

2.3.2.1. Relevancia constitucional10

39. En relación con el aludido presupuesto general, la Sala cita como antecedente
la sentencia de tutela del 3 de noviembre de 202211 que replanteó la postura de
esta Sección en atención al criterio fijado por la Corte Constitucional en la
sentencia de unificación SU-215 de 16 de junio de 2022, por lo que declaró la
improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia constitucional
ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la trasgresión de
algún derecho fundamental y lo que pretendía era someter nuevamente a
discusión lo que analizó el juez natural de la causa.

2.4.3.2.1.1. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional, unificación
de criterios en materia de relevancia constitucional12

40. A través del aludido pronunciamiento, la Corte Constitucional revisó las
sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y
Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por
Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de
cierre.

41. Con la acción constitucional reprochó las sentencias dictadas dentro de un
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido contra las

10 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 10.03.22. Rad. 11001-03-15-000-2020-00822-00;
Sentencia del 02.12.21, Rad. 11001-03-15-000-2021-07007-00.
11 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de noviembre de 2022, M.P. Carlos Enrique

Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2022-04753-00.
12 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6 de octubre de 2022, M.P. Rocío Araujo

Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2022-04756-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6
de octubre de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2022-03065-01.
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liquidaciones oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se incluyó
como ingresos gravados la tarifa del IVA por los servicios de producción prestados
por RTI S.A.S. y se le sancionó por inexactitud frente a las declaraciones sobre el
impuesto sobre las ventas que presentó por el año gravable 2010.

42. En dicho proceso, la Sección Quinta definió en primera instancia declarar la
improcedencia por no encontrar satisfecho el requisito general de procedibilidad
de la subsidiariedad, y negó otros cargos de la acción constitucional. En segunda
instancia, la Sección Primera confirmó integralmente la decisión del a quo.

43. En esa oportunidad, al momento de estudiar los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección
Quinta se limitó a examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de
tutela contra una decisión de la misma naturaleza y la subsidiariedad.

44. Mientras que, la Sección Primera encontró satisfechos los requisitos generales
que ha señalado la Corte Constitucional13, salvo el de la subsidiariedad frente a
uno de los cargos y, sobre la relevancia constitucional determinó que «se
invocaron los derechos fundamentales presuntamente vulnerados».

45. Por su parte, la Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados
requisitos en sede de revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI
S.A.S. contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia
constitucional.

46. En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «…el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada
señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo
de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una
providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo
en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y ‘no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta
vía, en la materialización del principio de igualdad…».

47. El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para «…lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución».

13 i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
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48. A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito
son las siguientes:

«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal14» (Énfasis de la Sala).

49. Asimismo, la Corte Constitucional expuso que los criterios relevantes para
determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:

«En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico15; es
decir, la cuestión ‘debe revestir una ‘clara’, ‘marcada’ e ‘indiscutible’ relevancia
constitucional.’16
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que ‘la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.’17 En este
orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera ‘inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales’18

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto19, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal…» (Resaltado de la Sala)

50. De tal forma, la Corporación en mención, luego de abordar los criterios que
debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para
superar el requisito de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de
tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado, puesto que: i) No
tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o
desarrollar el alcance de un derecho fundamental, ii) involucraba un debate
eminentemente legal, iii) planteaba una discusión preponderantemente económica
y, iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
14 Sentencia SU-573 de 2019.
15 Sentencia SU-103 de 2022.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-128 de 2021.
19 Sentencia SU-573 de 2019.

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51. Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

2.4. Caso concreto

52. En lo referente al requisito de relevancia constitucional la Sala advierte que si
bien en casos similares al que nos ocupa se superó este presupuesto, lo cierto es
que en providencia de 3 de noviembre de 202220 se replanteó la postura en
atención al criterio fijado por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación
SU-215 de 16 de junio de 2022.

53. En el referido fallo la Alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga
un debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora
de sus garantías fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo
reprochado por cuanto esta circunstancia excluye “su formulación para la discusión
de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

54. Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021,
oportunidad en la que se concretó que el referido enfoque “impide que el mecanismo
de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a
la controversia judicial”.

55. En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional
ha hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la
acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias
con el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden
la esfera funcional de otras autoridades judiciales.

56. Es así, como dicha Corte indicó que la controversia propuesta en el marco de
una acción de tutela no puede versar sobre un asunto meramente legal o
económico, sino que es necesario que se advierta su contenido y trascendencia
constitucional, pues de no ser así, la discusión deberá ser resuelta mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para tal fin, so pena de que el juez de tutela se
inmiscuya en cuestiones que desbordan su competencia y podrían desnaturalizar
el carácter excepcional y especial de la solicitud de amparo.

57. Así, en reciente sentencia SU-103 de 202221, llamó la atención sobre los
criterios que se deben tener en cuenta a la hora de verificar si en un caso concreto
se supera o no este requisito de relevancia, los cuales se pasan a mencionar:

“107. Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional
y no meramente legal y/o económico. Esto, por cuanto las discusiones de
orden legal o aquellas relacionadas exclusivamente con derechos económicos
deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos en el
ordenamiento jurídico para su trámite.
(…)

20 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de noviembre de 2022, M.P. Carlos Enrique

Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2022-04753-00.
21 Corte Constitucional SU-103 de 2022.

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108. Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. Sobre esto,
reiteró que la cuestión debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional. En esa medida, los asuntos en los que se invoca la
protección de derechos fundamentales, pero cuya solución se limita a la
interpretación y aplicación de normas de rango legal, no tienen, en principio,
relevancia constitucional.
(…).” (Resaltado fuera del texto original).

58. En ese sentido, y con fundamento en lo que se cuestiona en esta tutela, se
tiene que los reparos propuestos por la parte tutelante, se dirigen a cuestionar la
disminución de su mesada pensional por cuanto la misma se sometió a un trámite
de reliquidación y debía ajustarse a la normatividad vigente, en su escrito inicial
expresó:

“16.- Con la decisión adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA en particular por la sala presidida por la Doctora ANA
MARGOTH CHAVARRO BENAVIDES, se causa un grave perjuicio para los
intereses económicos de mi poderdante, por cuanto para el futuro se le estaría
reconociendo un monto menor en la pensión de jubilación que le había sido
reconocida (…)”

59. En aplicación del marco jurisprudencial expuesto al caso concreto, la Sala
declarará la improcedencia de la presente acción constitucional, toda vez que el
reclamo objeto de este mecanismo carece de relevancia constitucional en atención
a que se limita a discutir la interpretación y aplicación de los decretos enunciados
en el escrito de tutela, con el fin de obtener un aumento en la mesada pensional.
En otras palabras, se trata de un asunto de contenido económico, el cual tiene
connotaciones particulares o privadas que se reducen a un debate meramente
legal y no de índole constitucional.

60. En ese sentido, y de conformidad con los cargos planteados por la señora
Mistelva Rosa Garcés Álvarez, se advierte que el asunto se circunscribe a un
debate meramente legal, pues se discute que en la declaración de nulidad de las
resoluciones que habían liquidado inicialmente su pensión de sobrevivientes en el
marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se aplicó
indebidamente las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de
2003.

61. No es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión judicial se
transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es menester
que quien se considera afectado, cumpla con la carga de argumentar el concepto
de la violación que se deriva de una providencia judicial en abierta contradicción
de los postulados constitucionales, que implique por parte de este juez un estudio
de la interpretación que al respecto ha efectuado el máximo órgano en esta
materia.

62. Al tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, se exige con
mayor énfasis que el accionante ejecute una exposición que sin lugar a dudas
demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la
inescindible afectación de las garantías fundamentales en su núcleo esencial. En
otras palabras, debe probarse que el perjuicio se causa con la obstaculización del
ejercicio del derecho como es concebido en sí mismo, y no frente a lo que se

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derive de él como sucede en el sub lite, puesto que la señora Garcés Álvarez le
fue reconocida en su momento la pensión de sobrevivientes y ello no ha sido
objeto de discusión, sin embargo, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho la tutelante solicitó que se ordenara la reliquidación
de la prestación.

63. Así, es que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al resolver la
segunda instancia en el referido trámite, consideró que la Unidad Administrativa de
Gestión y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP había
reliquidado más allá de lo dispuesto en la ley que regía la situación de su cónyuge,
razón por la cual declaró la nulidad de los actos administrativos y condenó a la
mencionada entidad a proferir un nuevo acto administrativo reconociendo la
pensión de sobreviviente a la demandante en aplicación del numeral 2 del artículo
46 de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 2090 de 2003, artículos 3, 4 y 7,
comoquiera que la actora percibió la mesada pensional por fuera del ordenamiento
aplicable.

64. Lo anterior sería distinto, por ejemplo, si se tratara de una decisión denegatoria
del derecho sustancial al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, frente a
lo que se tendría implícita la amenaza de los derechos constitucionales al mínimo
vital, a la vida digna y a todas aquellas prerrogativas que se desprenden de estos.

65. En ese orden, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece
de la carga argumentativa suficiente a través de la cual la accionante justifique la
relevancia del caso a partir de la exposición del concepto de la violación, lo cual
implica un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al juez de esta sede
advertir una prominente transgresión de sus prerrogativas superiores con ocasión
de la expedición de la providencia dictada por la autoridad censurada y no una
simple inconformidad con el criterio del fallador.

66. De conformidad con lo expuesto, esta Sala concluye que la señora Mistelva
Rosa Garcés Álvarez no satisfizo el requisito de relevancia constitucional, por
cuanto la acción de tutela carece del ejercicio hermenéutico a partir del cual se
acredite que la sentencia de 17 de agosto de 2022 se constituye en una decisión
arbitraria y desconocedora de sus derechos fundamentales, lo que de plano deriva
en que el asunto no transcienda de un debate meramente legal y económico22.

67. En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la
vulneración de garantías constitucionales que permitan superar el requisito de
relevancia constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial;
ello comoquiera que (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación
meramente legal; (ii) es de índole pecuniario, pues la tutelante reprocha la cuantía
de su pensión de sobrevivientes ante la reliquidación solicitada; y (iii) no se
evidencian afectaciones al mínimo vital porque actualmente devenga dicha
pensión, tampoco al debido proceso pues no se alegó algún reproche frente a su

22 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001- 03-

15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (iii) sentencia
de 28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra.
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ejercicio de defensa y contradicción dentro del trámite adelantado en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.

68. Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala de Decisión declare la
improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia.

2.5. Conclusión

69. En consecuencia, se declarará la improcedencia de esta acción constitucional,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por la
señora Mistelva Rosa Garcés Álvarez, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

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