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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00759-00

Recurso extraordinario de revisión: artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Fecha
25 de abril de 2019
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez
Citada por
24 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00759-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declárase fundada la acción de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta de fecha 8 de abril de 2014. SEGUNDO. Infírmase la sentencia de fecha 8 de abril de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, en consecuencia confírmase el fallo de fecha 22 de marzo de 2013 del juzgado quinto administrativo del circuito de Villavicencio, excepto los ordinales primero y segundo los cuales quedan de la siguiente manera: «PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de parcial de las Resoluciones No 36869 del 5 de agosto de 2008, No 07973 del 23 de febrero de 2009 y la PAP 042398 del 4 de marzo de 2011 expedidas por la Caja Nacional de Previsión Social. SEGUNDO.- CONDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social a reliquidar la pensión de jubilación del señor José Ariosto Hende Rincón, identificado con cedula de ciudadanía No 4.103.680 de Chita - Boyacá, con base en el 75% del promedio del salario devengado en el último año de servicio, es decir, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de esa misma anualidad, incluyendo para tal efecto la asignación básica, sobresueldo, prima de clima, subsidio familiar, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima de servicio, prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación por recreación, excluyendo de la misma la prima de riesgo». TERCERO. En el evento que la Caja Nacional de Previsión Social o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social hayan pagado la reliquidación de la pensión de jubilación al señor José Ariosto Hende Rincón con ocasión de la inclusión de la prima de riesgo como factor salarial en cumplimiento de la sentencia que se infirmó en el numeral anterior, no habrá lugar a devoluciones por parte del pensionado, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones que anteceden. CUARTO. No se condena en costas. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2016-00759-00

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

25 de abril de 2019

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION - Artículo 20 de la Ley 797 de 2003 / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION - Marco normativo / LEY 797 DE 2003 - Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Revisión de sentencias proferidas por fuera de los límites establecidos en la norma causando un detrimento patrimonial al estado / PRIMA DE RIESGO FUNCIONARIO DEL INPEC - No constituye factor salarial / PRIMA DE RIESGO - No debe ser tenida en cuenta para reconocimiento pensional / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION - Fundado / REINTEGRO DE DINEROS PAGADOS - Improcedente. Percibidos de buena fe

La Ley 32 de 1986 fue un régimen pensional especial frente al régimen general adoptado por la Ley 33 de 1985 para los servidores públicos; Que la especialidad de dicho régimen obedeció a los riesgos inherentes a la función de custodia y vigilancia de los internos en las cárceles y penitenciarias nacionales, y por lo mismo, el requisito para su causación se circunscribió a 20 años de servicios, continuos o discontinuos, en ejercicio de esa función; La Ley 32 de 1986 no creó en favor del personal de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional- INPEC la prima de riesgo, sino que tal prestación solo vino a surgir en virtud del Decreto 446 de 1994, sin carácter salarial; El régimen de personal, salarial, prestacional y pensional del INPEC adoptado por el Decreto Ley 407 de 1994, conservó la pensión especial en comento, expresamente para los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia mediante la remisión expresa que al artículo 96 de la Ley 32 hizo el artículo 168 del Decreto Ley 407 en cita; En cuanto a los parámetros para la liquidación del derecho pensional, la Ley 32 de 1986 no estableció qué factores constituían salario para la liquidación de la pensión de jubilación, sin que se pudiera acudir al régimen prestacional de los funcionarios públicos consagrado en la Ley 33 de 1985, en razón de lo preceptuado en el artículo 1º ibídem, que excluye del régimen general al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional - INPEC, por lo tanto, ante la ausencia de norma expresa, resulta procedente acudir a los presupuestos del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. Así lo ha estimado la Sección Segunda de esta Corporación al decidir situaciones de contornos similares al que nos ocupa. El actor estuvo vinculado desde el 13 de septiembre de 1982 hasta el 30 de diciembre de 2008, para efecto del reconocimiento pensional debe acudirse al régimen especial que regía para los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Penitenciaria Nacional, esto es, las normas consagradas en la Ley 32 de 1986 en concordancia con lo preceptuado en el artículo 168 del Decreto 407 de 1994, derogado por el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003, que estableció que los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional que a la fecha de su entrada en vigencia, se encontraran prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrían derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la citada Ley 32 de 1986. Es al Legislador a quien le compete fijar lo que constituye o no salario, de suerte que, al instituir la prima de riesgo como una prestación en favor de los servidores del INPEC, reconoce la exposición a la que se encuentran sometidos en razón de la actividad que desarrollan, observando que también define el alcance concreto de los beneficios que en un momento dado contribuyen al mejoramiento económico de los servidores del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario, que para el caso de la prima de riesgo la instituyó sin carácter salarial. La prima de riesgo no constituía factor computable para la reliquidación pensional pretendida por el actor, como quiera que, el ordenamiento no ha previsto que pueda ser tenida en cuenta para efectos de establecer la base de liquidación de la pensión, precisamente, porque la normatividad indica que no es factor salarial, además de no ser factor computable para pensión de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, ni sobre tal prestación se efectuó los aportes al sistema de pensiones.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1045 DE 1978 - ARTICULO 45 / LEY 32 DE 1986

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION "B"

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 11001-03-25-000-2016-00759-00(3482-16)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP

Demandado: JOSE ARIOSTO HENDE RINCON

Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN. ASUNTO: LA PRIMA DE RIESGO NO TIENE CARÁCTER SALARIAL COMPUTABLE PARA LA PENSIÓN DE SERVIDORES DEL INPEC. DECISIÓN: SE DECLARA FUNDADA LA ACCIÓN DE REVISIÓN.

ASUNTO.

La Sala procede a dictar sentencia dentro de la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta de fecha 8 de abril de 2014 que confirmó el fallo de fecha 22 de marzo de 2013 del juzgado quinto administrativo de descongestión del circuito de Villavicencio, excepto los ordinales primero y segundo de dicho proveído los cuales quedaron de la siguiente manera:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones No 36869 del 5 de agosto de 2008, No 07973 del 23 de febrero de 2009, y No PAP 042398 del 4 de marzo de 2011 expedidas por la Caja Nacional de Previsión Social EICE.
SEGUNDO: CONDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social EICE, a reliquidar la pensión de jubilación del señor JOSE ARIOSTO HENDE RINCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía 4.103.680 de Chita Boyacá, con base en el 75% del promedio del salario devengado en el último año de la prestación de sus servicios, es decir, entre el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008, teniendo en cuenta la totalidad los factores devengados como sueldo, sobresueldo, prima de riesgo, prima de clima, subsidio familiar, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, sueldo de vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por recreación, bonificación por servicios, prima de servicios y prima de navidad».

Del recurso extraordinario de revisión.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social invocó la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que a su tenor señala lo siguiente:

«ARTÍCULO 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.
(…)
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
(…)
Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables» Negrillas fuera de texto.

Como sustento de la causal invocada, señaló que la sentencia cuestionada ordenó reliquidar la pensión del accionado con la inclusión del factor prima de riesgo, desconociendo de esta manera el marco normativo, toda vez que dicho rubro no constituye factor salarial según lo contemplado en el artículo 11 del Decreto 446 de 1994 y el artículo 10 del Decreto 611 de 2007, factor que fue incluido en la Resolución RDP 022451 del 21 de julio de 2014, reliquidada la pensión de vejez del accionado en cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Meta de fecha 8 de abril de 2014.

Contestación del recurso extraordinario.

El señor José Ariosto Hende Rincón por conducto de apoderado judicial se opuso a cada una de las pretensiones de la demanda, para lo cual, adujo que el computo de la prima de riesgo en el monto de la pensión fue el resultado de una sentencia judicial que tiene respaldo en el fallo de fecha 7 de abril de 2011, expediente 1260-08 y expediente 0568-08 citados en la decisión aquí acusada, donde se expuso razonadamente los motivos por los cuales, pese a que la norma señala que no es factor salarial, su naturaleza jurídica permite inferir que si lo es.

Alegó que si bien existen decisiones que negaron el computo de la referida prestación basándose en una interpretación gramatical, lo cierto es que la Sala Plena de la Sección Segunda en sentencia del 1 de agosto de 2013, unificó la naturaleza jurídica de la prima de riesgo para funcionarios del DAS, efectos que se extendieron a guardianes del INPEC mediante sentencia de tutela del 7 de mayo de 2015.
Por último, indica que sin aceptar que el ente previsional tiene la razón, lo que se recibió de buena fe no se está en la obligación de hacer devolución.

CONSIDERACIONES DE LA SALA.

De la competencia.

La demanda en ejercicio de la acción de revisión que ocupa la atención de la Sala fue interpuesta el 12 de agosto de 2016, es decir, en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, motivo por el cual, esta Corporación es competente para conocerlo, en aplicación de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 249 ibídem.

Así mismo, precisa la Sala que atendiendo el criterio de especialización laboral, se le atribuye la competencia a la Sección Segunda del Consejo de Estado y a la Subsección que le corresponda de acuerdo al reparto, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, modificado por el artículo 1° del Acuerdo N° 55 de 2003.

Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta de fecha 8 de abril de 2014 se encuentra inmersa en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 como causal de revisión invocada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, de manera que, la Sala deberá establecer, si el señor José Ariosto Hende Rincón en su calidad de exfuncionario del INPEC tiene derecho o no a que le incluyan en la reliquidación la prima de riesgo como factor computable para la pensión.

Con el objeto de presentar un análisis sistemático y coherente, la Sala abordará el asunto sometido a su consideración en el siguiente orden: 1. La causal de revisión invocada; 2. De la prima de riesgo para los servidores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. 3. Finalmente, resolver el caso concreto.

De la causal de revisión invocada.

La acción prevista en la Ley 797 de 2003, «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales», contempló la revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.». Negrillas fuera de texto

La acción de revisión constituye un instrumento judicial, cuyo ejercicio busca introducir una excepción a la cosa juzgada para reivindicar y defender un bien superior: la protección del patrimonio público, el cual es un bien sagrado de todos los colombianos que con el esfuerzo, trabajo y cumplimiento de nuestros deberes contribuimos a formarlo.

En la exposición de motivos que dio origen a la acción de revisión, se estableció que el propósito de consagrar las causales de revisión consistía en afrontar graves casos de corrupción en materia de reconocimiento pensional y evitar los perjuicios que por esa causa pudiese sufrir el erario. La siguiente fue la explicación que se adujo sobre ese particular:

«Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera, se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».

Es decir, la consagración de las causales contenidas para dicha acción especial tienen como intención primordial poder realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario.

Dicha revisión no puede ser invocada por cualquier órgano estatal sino por el contrario, la legitimación en la causa para incoar dicha acción fue establecida de manera restrictiva en determinadas autoridades tales como: el Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. Sin embargo, el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 5021 de 2009 atribuyó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, la competencia para iniciar acciones de tal naturaleza.

De la prima de riesgo para funcionarios del INPEC y el régimen pensional especial del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional.

La Ley 32 del 3 de febrero de 1986 tuvo como objeto regular el ingreso, la formación, la capacitación, los ascensos, traslados y retiros del personal de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, su administración y el régimen prestacional y pensional, definiendo en el artículo 2º lo siguiente:

«Artículo 2°. Definición del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional. El Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional es un organismo armado, de carácter civil y permanente al servicio del Ministerio de Justicia e integrado por personal uniformado. Sus miembros recibirán formación y capacitación en la Escuela Penitenciaria Nacional; pertenecerán a la Carrera Penitenciaria de que trata el artículo 100 del Decreto 1817 de 1964 y no podrán elegir o ser elegidos para corporaciones políticas ni participar en organizaciones u actividades de índole partidista».

Dicha regulación se configuró como un régimen especial en materia pensional para el personal de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional- INPEC-, en la medida que el artículo 1º, inciso 2º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985 los excluyó del régimen general de pensiones. En ese sentido, el inciso segundo del citado artículo 1º de la Ley 33 de 1985, refiriéndose a los sujetos exceptuados de la misma dispuso lo siguiente:

«No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.»

En lo atinente al componente prestacional del personal de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional estableció en los artículos 73 al 80 del citado estatuto un listado de prestaciones entre las cuales se encuentra la prima de navidad, prima de vacaciones, prima de servicio, prima de instalación, prima de clima, prima de antigüedad, prima de vigilantes instructores y prima extracarcelaria, sin que se observe que tal dispositivo normativo creara para dichos servidores la prima de riesgo.

En cuanto al tema pensional, el artículo 96 de la ley en comento, reguló lo relativo a las pensiones de los servidores del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional señalando sobre el particular que:

«Artículo 96. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta su edad.»

Ahora bien, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 20 transitorio de la Constitución Política de 1991, fue expedido el Decreto 2160 de 1992 por el cual se fusionaron la Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia y el Fondo Rotatorio del mismo ministerio, entidad que se denomina en adelante Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Luego fue expedido el Código Penitenciario y Carcelario - Ley 65 de 1993-, que estableció en el artículo 15 el Sistema Nacional Penitenciario y en el artículo 172 confirió facultades extraordinarias para que se adoptara el régimen de personal del INPEC.

Con base en las mencionadas facultades extraordinarias fue expedido el Decreto Ley 407 de 1994, que entró a regir el 21 de febrero del mismo año, encontrando que en el artículo 78 del mencionado decreto clasificó el personal del INPEC en dos categorías: a) Personal administrativo, y b) Personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional.

De acuerdo a lo consagrado en el Decreto ley 407 de 1994, se observa que el mismo en su artículo 168 conservó el régimen especial de la Ley 32 de 1986 para el personal que se encontraba vinculado al 21 de febrero de 1994, fecha en la que entró en vigencia ese decreto ley, y dejó previsto que para quienes ingresaran al INPEC después de esa fecha le aplicaría lo correspondiente al artículo 140 de la Ley 100 de 1993, sobre actividades de alto riesgo de los servidores públicos. Dijo el artículo 168 del Decreto Ley 407 de 1994:

«Artículo 168. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en cuenta para estos efectos.

Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el Gobierno Nacional.

Parágrafo 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a una pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.

Parágrafo 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas establecidas en la Ley 100 de 1993».

Posteriormente, la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993, en el artículo 140, incluyó como actividades de alto riesgo para los servidores públicos, las desarrolladas por el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria así:

«Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De conformidad con la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el cuerpo de custodia y vigilancia nacional penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad». Negrillas fuera de texto.

Por su parte, el Decreto ordinario 446 del 24 de febrero de 1994 « por el cual se establece el régimen prestacional de los servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario, INPEC» en su artículo 11 consagró la prima de riesgo como una prestación en favor de los servidores de dicha institución, norma que a su tenor reza de la siguiente manera:

«Artículo 11.PRIMA DE RIESGO. Los Directores y Subdirectores de establecimiento carcelario y el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a una prima de riesgo sin carácter salarial, en los porcentajes que fije el Gobierno Nacional, que no podrá ser inferior al actualmente vigente.» Negrillas fuera de texto.

A su vez, la Ley 797 de 2003 introdujo algunas modificaciones a la Ley 100 de 1993 y confirió facultades extraordinarias para expedir el régimen legal de los servidores públicos que laboran en actividades de alto riesgo, en ejercicio de las cuales fue expedido el Decreto 2090 de 2003, que derogó expresamente el artículo 168 del Decreto Ley 407 de 1994. El artículo 1º del Decreto Ley 2090 de 2003 definió las actividades de alto riesgo en los siguientes términos:

«Artículo 1º. Definición y campo de aplicación. El presente decreto se aplica a todos los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su trabajo.»

Y el artículo 2º del mismo Decreto Ley 2090 relacionó entre las actividades de alto riesgo, las de custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria:

«Artículo 2º.Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:
(…)

7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública (…)».

Después de adoptado el estatuto de las actividades de alto riesgo en el sector público, en el año 2005 se reglamentó el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 mediante el Decreto 1950, que en su artículo 1º determinó:

«De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. Con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad con el Decreto-ley 407 de 1994 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994».

Finalmente, el Acto Legislativo 1 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política dispuso en el inciso séptimo que a partir de su vigencia, esto es, 25 de julio, quedaban suprimidos todos los regímenes pensionales especiales, como regla general, con las excepciones o bajo las condiciones señaladas en el mismo acto legislativo; y en el parágrafo transitorio 5º se ocupó expresamente del régimen pensional especial de los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia:

«[…] A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo.
Parágrafo transitorio 5º. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes».

Con fundamento en el desarrollo legislativo realizado en líneas precedentes, se tiene que:

La Ley 32 de 1986 fue un régimen pensional especial frente al régimen general adoptado por la Ley 33 de 1985 para los servidores públicos;

Que la especialidad de dicho régimen obedeció a los riesgos inherentes a la función de custodia y vigilancia de los internos en las cárceles y penitenciarias nacionales, y por lo mismo, el requisito para su causación se circunscribió a 20 años de servicios, continuos o discontinuos, en ejercicio de esa función;

La Ley 32 de 1986 no creó en favor del personal de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional- INPEC la prima de riesgo, sino que tal prestación solo vino a surgir en virtud del Decreto 446 de 1994, sin carácter salarial;

(iv) El régimen de personal, salarial, prestacional y pensional del INPEC adoptado por el Decreto Ley 407 de 1994, conservó la pensión especial en comento, expresamente para los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia mediante la remisión expresa que al artículo 96 de la Ley 32 hizo el artículo 168 del Decreto Ley 407 en cita;

(v) En cuanto a los parámetros para la liquidación del derecho pensional, la Ley 32 de 1986 no estableció qué factores constituían salario para la liquidación de la pensión de jubilación, sin que se pudiera acudir al régimen prestacional de los funcionarios públicos consagrado en la Ley 33 de 1985, en razón de lo preceptuado en el artículo 1º ibídem, que excluye del régimen general al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional - INPEC, por lo tanto, ante la ausencia de norma expresa, resulta procedente acudir a los presupuestos del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. Así lo ha estimado la Sección Segunda de esta Corporación al decidir situaciones de contornos similares al que nos ocupa.

Con fundamento en lo antes expuesto, procede a Sala a resolver el caso concreto.

Del caso concreto.

Es importante precisar, a efecto de resolver el problema jurídico planteado, que la UGPP no discute el régimen especial de pensión aplicable al señor José Ariosto Hende Rincón, por cuanto, de acuerdo al certificado expedido por el Jefe de Recurso Humanos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de la Colonia Penal de Oriente de fecha 17 de junio de 2002, en el cual hace constar que el señor «Hende Rincón José Aristo (sic) identificado con cedula de ciudadanía No 4.103.682 expedida en Chita - (Boyacá), labora con el INPEC desde el 13-09-82, en el cargo de Distinguido, Código 5255, grado 12 de la planta global del INPEC», los antecedentes administrativos dejan ver que el demandado se encontraba vinculado al servicio del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional - INPEC con antelación al 21 de febrero de 1994 siendo destinatario del régimen pensional previsto en la Ley 32 de 1986, beneficiario de esa manera de acuerdo al artículo 168 del Decreto ley 407 de 1994, del régimen especial de la Ley 32 de 1986.

Siendo así las cosas, el debate planteado por el ente previsional se circunscribe a establecer si la prima de riesgo que le fue computado al señor José Ariosto Hende Rincón por disposición del fallo aquí controvertido, constituye factor salarial que debe tenerse en cuenta para el reconocimiento pensional.

En esa medida, el argumento de la entidad demandante sobre el cual edifica la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consiste en que la pensión de jubilación reliquidada al referido demandado se está pagando en una cuantía superior a la que dispone la ley, en la medida que la sentencia de fecha 8 de abril de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta ordenó incluir la prima de riesgo como factor computable para la pensión, sin que tuviese dicha prestación tal condición.

Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a examinar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor José Ariosto Hende Rincón contra la Caja Nacional de Previsión Social, en la cual, la citada corporación fijó como problema jurídico a resolver el siguiente:

« Consistente en determinar si al demandante le asiste el derecho a que la Caja Nacional de Previsión Social le reliquide su pensión computando la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicio, con arreglo a las disposiciones normativas del régimen especial consagrado para algunos miembros del INPEC»

En las consideraciones del fallo, se observa que el tribunal precisó a fin de resolver el problema jurídico planteado sostuvo lo siguiente:

«[…] para efecto de reliquidar la pensión del actor debió tenerse en cuenta el régimen especial consagrado para los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciario y carcelario INPEC, observando lo establecido en el artículo 45 del decreto 1045 de 1978 e incluyendo los factores devengados por el actor durante el último año de servicio.

En consecuencia, el demandante tiene derecho a que la Caja Nacional de Previsión Social le reliquide la pensión de jubilación en cuantía equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales recibidos durante el último año de la prestación de sus servicios, que para el caso de marras lo componen: sueldo, sobresueldo, prima de riesgo, prima de clima, subsidio familiar, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, sueldo de vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por recreación, bonificación por servicios, prima de servicios y prima de navidad, según certificación allegada al proceso». Negrillas fuera de texto.

Adicionalmente, señaló que si bien la jurisprudencia por algún tiempo no tuvo una posición unificada sobre los factores salariales que deben constituir ingreso base de liquidación pensional, y en virtud de ello, esta corporación había excluido la prima de riesgo como factor computable para la pensión, también lo es que, dicha postura fue modificada al considerar que la mencionada prestación es un emolumento que ha sido devengado por el trabajador de forma permanente y como consecuencia de la labor desempeñada, lo que lo convierte en un factor salarial para la liquidación de la pensión.

Con fundamento en lo anterior, en la parte resolutiva de la sentencia de fecha 8 de abril de 2014, dispuso confirmar el fallo de primera instancia y modificó los ordinales primero y segundo en los siguientes términos:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones No 36869 del 5 de agosto de 2008, No 07973 del 23 de febrero de 2009, y No PAP 042398 del 4 de marzo de 2011 expedidas por la Caja Nacional de Previsión Social EICE.
SEGUNDO: CONDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social EICE, a reliquidar la pensión de jubilación del señor JOSE ARIOSTO HENDE RINCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía 4.103.680 de Chita Boyacá, con base en el 75% del promedio del salario devengado en el último año de la prestación de sus servicios, es decir, entre el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008, teniendo en cuenta la totalidad los factores devengados como sueldo, sobresueldo, prima de riesgo, prima de clima, subsidio familiar, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, sueldo de vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por recreación, bonificación por servicios, prima de servicios y prima de navidad». Nerills fuera de texto.

En efecto, se observa que el fallo cuestionado dispuso que se tuviera en cuenta la prima de riego como factor de salario computable para la reliquidación pensional pretendida por el señor José Hende Rincón.

De acuerdo con el recuento normativo realizado en las consideraciones generales y las conclusiones arrojadas del estudio de las mismas, al encontrar la Sala que el señor José Ariosto Hende Rincón estuvo vinculado desde el 13 de septiembre de 1982 hasta el 30 de diciembre de 2008, para efecto del reconocimiento pensional debe acudirse al régimen especial que regía para los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Penitenciaria Nacional, esto es, las normas consagradas en la Ley 32 de 1986 en concordancia con lo preceptuado en el artículo 168 del Decreto 407 de 1994, derogado por el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003, que estableció que los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional que a la fecha de su entrada en vigencia, se encontraran prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrían derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la citada Ley 32 de 1986.

Ahora bien, tratando que la Ley 32 de 1986 no contempló los factores a tener en cuenta para su liquidación, se debe atender a la remisión de los artículos 114 de la Ley 32 de 1986 y 184 del Decreto 407 de 1994, que señalan que en los aspectos no previstos en ellas, se aplicarán las normas vigentes para los empleados públicos nacionales. Sin embargo, la norma vigente para los empleados del orden nacional a que aluden los artículos 114 de la Ley 32 de 1986 y 184 del Decreto 407 de 1994, es la Ley 33 de 1985, canon que no aplica a los servidores cobijados por un régimen especial, dada la exclusión expresa consagrada en el artículo 1° inciso 2º y por tanto, en cuanto a los factores es necesario acudir al Decreto 1045 de 1978.

Bajo estos supuestos, para determinar qué factores deben tenerse en cuenta para liquidar la pensión de jubilación del señor Hende Rincón debe acudirse a lo contemplado en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 que a su tenor señala:

«ARTÍCULO 45. De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrá en cuenta los siguientes factores de salario:

a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación y la prima técnica;
c) Los dominicales y feriados;
d) Las horas extras;
e) Los auxilios de alimentación y transporte;
f) La prima de navidad;
g) La bonificación por servicios prestados;
h) La prima de servicios;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio;
j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978;
k) La prima de vacaciones;
l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio;
ll) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de 1968.»

Como se observa, de los factores de salario enlistados en la norma precitada, no se encuentra la prima de riesgo como prestación computable para liquidar la pensión. Así las cosas, el señor José Hende Rincón no tiene derecho a que se le reliquide su pensión de jubilación con inclusión de la aludida prestación en consideración a que, tal reconocimiento desborda la voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base, de suerte que, al no aparecer enlistado en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, el mismo se encuentra excluido de la base para la liquidación de la pensión, aunado al hecho que la pluricitada prestación no tiene el carácter de factor salarial por mandato de lo estatuido en el artículo 11 del Decreto 446 de 1994.

Ahora, el demandado presenta como argumento para que se le mantenga la sentencia, lo decidido por la Sala Plena de la Sección Segunda en sentencia del 1 de agosto de 2013, a través de la cual unificó la naturaleza jurídica de la prima de riesgo para funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, aludiendo que, los efectos de dicho fallo se extendieron a los guardianes del INPEC mediante sentencia de tutela del 7 de mayo de 2015.

Al respecto, revisada la aludida sentencia unificadora, se observa que la sección segunda de esta corporación, en decisión de fecha 1 de agosto de 2013 en un asunto en el cual se debatió sí la prima de riesgo que percibían los exservidores del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, tiene la naturaleza de factor salarial computable para el reconocimiento de las pensiones de jubilación o de vejez de quienes sean sujetos del régimen de transición pensional, la sala de decisión determinó lo siguiente:

«[…] Lo anterior, en primer lugar, porque la jurisprudencia de esta Corporación, ha entendido por salario la remuneración que percibe el trabajador por la prestación de un servicio a favor del empleador, de forma personal, directa y subordinada, el cual, no sólo está integrado por una remuneración básica u ordinaria sino también, por todo lo que bajo cualquier otra denominación o concepto, en dinero o en especies, ingrese al patrimonio del trabajador en razón a la prestación de sus servicios.

Bajo estos supuestos, ha de decirse que todas las sumas que de manera habitual y periódica perciba el trabajador, son factores que integran el salario que éste percibe lo que incide de manera directa en la forma cómo se establecen los ingresos base de cotización y liquidación de una prestación pensional. Negrillas original del texto.

[…]

Es precisamente este último principio, la primacía de la realidad sobre las formas, el que en este caso permite advertir que la prima de riesgo, de los empleados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, si goza del carácter de factor salarial, independientemente de que el Decreto 2646 de 1994 le niegue tal condición en la medida en que, como quedó visto, la referida prima constituye en forma visible una retribución directa y constante a los detectives, criminalísticos y conductores en atención a las características especiales de la labor que desarrollaban.

Teniendo en cuenta el carácter ordinario y fijo de la citada prestación, a juicio de la Sala no hay duda que la misma constituye salario, entendido este último como todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio lo que, en la práctica le permite satisfacer sus necesidades propias y familiares de donde, debe decirse, adquieren vital importancia los valores constitucionales a un orden laboral justo y a la dignidad humana.
[…]
Y, en segundo lugar, porque las mismas disposiciones que prevén la prima de riesgo a favor del personal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, le confieren un carácter periódico y permanente en tanto señalan en su tenor literal que: “Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad que desempeñen cargos de Detective Especializado, Detective Profesional, Detective Agente, (…) tendrán derecho a percibir mensualmente y con carácter permanente una Prima Especial de Riesgo.”.

Considera la Sala que al ser percibida en forma permanente y mensual por los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la prima de riesgo tiene un innegable carácter salarial, tal como lo prevé el mismo legislador extraordinario en los Decretos 1137 y 2646 de 1994 toda vez que, de acuerdo con la definición de salario vista en precedencia, no hay duda que, la referida prestación hacía parte de la contraprestación directa que percibían los empleados del DAS, por los servicios prestados como detectives, agentes, criminalísticos o conductores.

Así las cosas, y con el fin de unificar criterios en torno a la naturaleza de la prima de riesgo, concluye la Sala, teniendo en cuenta lo expresado en precedencia, dicha prestación sí goza de una naturaleza salarial intrínseca lo que permite que, en casos similares al presente, sea tenida en cuenta como factor salarial para efectos de establecer el ingreso base de cotización y liquidación de la prestación pensional de los servidores del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.»

De acuerdo con lo anterior, el fallo prenotado abordó el estudio del régimen pensional especial de los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad DAS contenido en el Decreto Ley 1933 de 1989, con la finalidad de unificar criterios en torno al asunto específico de la prima de riesgo de los servidores de dicho órgano como factor para el reconocimiento de las pensiones de jubilación o de vejez de quienes sean sujetos del régimen de transición pensional, régimen del cual el señor José Ariosto Hende Rincón no es destinatario, en la medida que su situación se regula por lo dispuesto en la Ley 32 de 1986, el artículo 184 del Decreto 407 de 1994 y el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 por derecho propio y no por vía de la transición consagrada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual, su situación fáctica difiere de la resuelta en la sentencia de unificación antes mencionada.

Además de lo señalado, considera la Sala que el Tribunal Administrativo del Meta dejó de considerar y evaluar el concepto de salario y de prestación, pues, el otorgamiento de una prerrogativa prestacional se da en el marco de la sostenibilidad financiera del Estado que garantice la efectividad del derecho, lo que sin duda lo inmiscuye en el escenario presupuestal para cubrir materialmente dicha obligación prestacional, razón por la cual, para determinadas prestaciones el legislador le confiere el carácter salarial mientras que para otras, como es el caso que nos compete, a la prima de riesgo no le fue otorgada tal naturaleza.

De ahí que la noción de salario ha de entenderse en los términos del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo -relativo a la protección del salario-, ratificado por la Ley 54 de 1992, que en el artículo 1° señala:

"El término ´salario´ significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que éste último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar".

Tal como se desprende de la norma citada, es al Legislador a quien le compete fijar lo que constituye o no salario, de suerte que, al instituir la prima de riesgo como una prestación en favor de los servidores del INPEC, reconoce la exposición a la que se encuentran sometidos en razón de la actividad que desarrollan, observando que también define el alcance concreto de los beneficios que en un momento dado contribuyen al mejoramiento económico de los servidores del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario, que para el caso de la prima de riesgo la instituyó sin carácter salarial.

Por consiguiente, el llamado a decidir si la prestación a la que alude el artículo 11 del Decreto 446 de 1994 debe o no ser de naturaleza salarial es quien otorga positivizadamente el derecho, se trata de una materia reservada a la libre configuración normativa del Legislador, pues ello gira en torno de la legitimidad de la conducta del Estado que, con fondos del erario, concede una prerrogativa prestacional que pretende compensar económicamente la exposición en la que se hayan los servidores del INPEC en razón de la actividad que ejecutan.

Además, la determinación legal de que una prestación tenga carácter salarial computable como factor pensional implica que sobre él se efectúen los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones, condición que se sustenta en el artículo 1 y 48 de la Constitución Política que consagra el principio de solidaridad como uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho, aspecto que fue inobservado por el Tribunal Administrativo del Meta al momento de proferir el fallo de segunda instancia de fecha 8 de abril de 2014.

Conforme con lo antes expuesto, para el caso bajo estudio el adquem al desatar el recurso de apelación presentado contra la sentencia del fecha 22 de marzo de 2013 del juzgado quinto administrativo de descongestión del circuito de Villavicencio, debió precisar que la prima de riesgo no constituía factor computable para la reliquidación pensional pretendida por el señor José Ariosto Hende Rincón, como quiera que, el ordenamiento no ha previsto que pueda ser tenida en cuenta para efectos de establecer la base de liquidación de la pensión, precisamente, porque la normatividad indica que no es factor salarial, además de no ser factor computable para pensión de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, ni sobre tal prestación se efectuó los aportes al sistema de pensiones.

Con base en el anterior contexto, la Sala concluye que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta de fecha 8 de abril de 2014, está incursa en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues al ordenar la inclusión de la prima de riesgo como factor computable para la reliquidación de la pensión dio lugar a que la Caja Nacional de Previsión Social pague una mesada pensional superior a la determinada por la ley.

Bajo las consideraciones antecedentes, se deberá declarar fundada la acción de revisión y en consecuencia, infirmar la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta y emitir la sentencia de reemplazo de que trata el siguiente acápite.

Sentencia de reemplazo.

La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y sus pretensiones.

El señor José Ariosto Hende Rincón por intermedio de apoderado, demandó la nulidad de la Resolución 36869 del 5 de agosto de 2008 por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión vitaliza por vejez, la Resolución 07973 del 23 de febrero de 2009 que reliquida una pensión de vejez por nuevos factores de salario y la Resolución PAP042398 del 4 de marzo de 2011, que desató el recurso de reposición contra la anterior decisión.

Como restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a la Caja Nacional de Previsión Social «reconozca y pague la pensión de jubilación aplicando la Ley 32 de 1986 y normas a las que remite el art. 114 ibídem, en cuantía equivalente al 75% del por medio mensual de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio […]»

Como sustento fáctico de las anteriores pretensiones, el actor manifestó que los empleados oficiales del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC tienen régimen especial de pensiones contenido en la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994. Aduce que los actos acusados desconocieron los artículo 168 y 184 del citado decreto por falta de aplicación, pues el ente previsional respecto de la edad y tiempo de servicio dio cumplimiento a la norma especial mas no así en cuanto al monto, para lo cual aplicó la Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios 691 y 1158 de 1994, quebrantando de esa manera el principio de inescindibilidad de la ley.

Alega que respecto del monto pensional debió aplicársele el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969, toda vez que esa es la normatividad vigente para empleados públicos nacionales de manera que al ser el INPEC un establecimiento público nacional, sus trabajadores son empleados destinatarios de dicho precepto.

De la contestación de la demanda.

La Caja Nacional de Previsión Social contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, argumentado para ello que, el actor adquirió el status pensional el 12 de septiembre de 2002, de manera que, al momento del reconocimiento pensional se tomó como punto de referencia el Decreto 691 de 1994 el cual hace alusión a la incorporación de servidores públicos al sistema general de pensiones prevista en la Ley 100 de 1993, teniéndose como norma vigente para el caso la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994.

En cuanto a los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar la pensión, señaló que son los consagrados en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, por lo que, le fue reconocida la pensión con los requisitos de la Ley 32 de 1986 entre tanto, para las demás condiciones se aplicó la Ley 100 de 1993 y el citado decreto.

Sentencia de primera instancia.

El juzgado quinto administrativo de descongestión de Villavicencio, mediante proveído de fecha 22 de marzo de 2013, declaró la nulidad de la Resolución 36869 del 5 de agosto de 2008 y en consecuencia, «[…] condenó a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. a reliquidar la pensión de jubilación del señor JOSE ARIOSTO HENDE RINCON, identificado con cédula de ciudadanía 4.103.680 de Chita Boyacá, con base en el 75% del promedio mensual de salario devengados en el año anterior a adquirir su estatus pensional , es decir, el 12 de septiembre de 2002, con efectividad a partir del 1 de septiembre de 2005, incluyendo además de los factores ya tenidos en cuenta, la totalidad de los devengados en el año anterior a cumplir su estatus pensional, aclarando que los emolumentos reconocidos y pagados anualmente deben ser computados en su doceava para efectos de determinar la base de liquidación. Igualmente deberá pagar las diferencias entre los valores cancelados y los que resulten de la nueva liquidación.»

Como argumento para acceder a la reliquidación pensional solicitada por el actor, sostuvo que:

« […] se establece que el actor se vinculó al INPEC el día 13 de septiembre de 1982, por lo tanto, es beneficiario del régimen especial contemplado en la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994, no obstante, que la Resolución No 36869 del 5 de agosto de 2008 reconoció la pensión al demandante conforme a las normas que lo cobijaban, sin embargo, se observa que la liquidación pensional se realizó bajo los parámetros de la Ley 100 de 1993 tomando como base de liquidación el promedio salarial devengado durante los últimos diez años a adquirir su estatus pensional y como base de liquidación la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.
Es pertinente aclarar que si el reconocimiento se realiza conforme a las normas del régimen especial, Ley 32 de 1986, dicha aplicación debe ser total y no parcial como sucedió en este evento al realizar la liquidación pensional conforme a la Ley 100 de 1993»

Del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del aquo.

De la parte demandante.

La parte actora recurre en alzada la sentencia de primera instancia pretendiendo se revoque parcialmente la misma, en cuanto negó en el monto de la pensión, la inclusión de las primas de riesgo, clima y subsidio familiar, a fin de que se ordene su cómputo y con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio y no de haber adquirido el status de pensionado como lo ordena el fallo.

De la parte demandada.

El ente previsional accionado arguye que deben negarse las pretensiones de la demanda, toda vez que la motivación de los actos acusados fue suficiente, rigurosa y obedece a las normas que se ocupan de establecer la aplicación del régimen de transición en materia pensional que además de fijar los factores que integran el ingreso base de liquidación de la pensión, permiten la sostenibilidad y viabilidad del sistema pensional en general.

Adujo que con fundamento en la jurisprudencia de esta corporación, no todo lo devengado por el demandante durante el último año de prestación de servicios debe ser considerado base de liquidación de su pensión, haciendo referencia a las primas de servicios, navidad, vacaciones, productividad, riesgo, clima, capacitación entre otras, que carecen de naturaleza o carácter salarial por que no remuneran los servicios del demandante.

Del caso concreto.

El problema jurídico que ocupa la atención de la Sala consiste en establecer si para efecto de la reliquidación pensional pretendida por el señor José Ariosto Hende Rincón debe tenerse en cuenta la prima de riesgo como factor computable con arreglo a las disposiciones normativas del régimen especial consagrado para los servidores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

Pues bien, al examinar la Sala los actos acusados, encuentra que a través de la Resolución 36869 del 5 de agosto de 2008, se le reconoció al actor pensión mensual de vejez con fundamento en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 y el artículo 168 del Decreto 407 de 1994 y en cuanto a los factores, aplicaron lo consagrado en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 para lo cual, le fue tenido en cuenta los siguientes: Asignación básica, bonificación por servicios y sobresueldo, y prima de riesgo.

Posteriormente, el accionante presentó petición en fecha 10 de septiembre de 2008 y solicitó «se reliquide la pensión por nuevo tiempo de servicio y conforme a las normas antes trascritas, en consecuencia se compute todos los factores salariales devengados con el promedio del último año de servicio», siendo resuelta a través de la Resolución 07973 del 23 de febrero de 2009 que dispuso reliquidar la pensión aplicando lo preceptuado en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 elevando la cuantía de la misma a la suma de ($935.779,88), a partir del 1 de septiembre de 2008, tomando como factores computables los devengados entre el 1 de septiembre de 1998 hasta el 30 de agosto de 2008, esto es: asignación básica, bonificación de servicios prestados y sobresueldo, excluyendo como factor computable la prima de riesgo.

Contra el anterior acto administrativo, interpuso recurso de reposición el cual fue desatada mediante la Resolución PAP 042398 del 4 de marzo de 2011, que modificó la resolución atacada y ordenó reliquidar el valor de la mesada pensional en cuantía de ($941.423,78), efectiva a partir del 1 de enero de 2009, tomando para tal efecto, el promedio de lo devengado entre el 1 de enero de 1999 hasta el 30 de diciembre de 2008. El referido acto señaló respecto de los factores a incluir que «vista la certificación de factores salariales aportada por el peticionario, se concluye que la liquidación de la pensión se realizó teniendo en cuenta las disposiciones legales aplicables, por cuanto en las normas antes trascritas no se establecen como integrantes del ingreso base de liquidación: la prima de navidad, prima de alimentación, prima de vacaciones, prima de riesgo, prima de clima, subsidio familiar 7%, auxilio de transporte, bonificación por recreación, prima de servicio, por tal motivo no se tienen en cuenta estos factores».

En primer lugar, debe señalarse que al demandante le fue reconocida la pensión de vejez con aplicación del artículo 96 de la Ley 32 de 1986 y por remisión del artículo 168 del Decreto 407 de 1994, el cual dispuso que los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia que, a la fecha de su vigencia, es decir, para el 20 de febrero de 1994 se encuentran prestando sus servicios en el INPEC, tienen derecho a la pensión de jubilación en los términos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986 y el tiempo de servicio prestado en la Fuerza Pública se tendrá en cuenta para tales efectos, siendo esta la situación del actor.

Entonces, el régimen de personal que rige su situación pensional es el contemplado por la Ley 32 de 1986 que únicamente exige para efecto del reconocimiento de la pensión de jubilación, 20 años de servicios continuos o discontinuos sin que sea necesario el cumplimiento de una edad específica, y el que gobierna sus prestaciones sociales es el previsto por el Decreto 446 de 1994 que solo dispone como factores salariales: la prima de navidad; la prima de vacaciones; la prima de servicios; el subsidio de transporte; el subsidio de alimentación y el sobresueldo, excluyéndose la prima de riesgo.

Itera la Sala que el Decreto 446 de 1994 que creó la prima de riesgo lo hizo pero sin carácter salarial. En esa medida, debe indicarse que es de la competencia del legislador, dentro de la libertad que tiene como conformador de la norma jurídica, determinar los elementos de la retribución directa del servicio dentro de la relación laboral subordinada, esto es, lo que constituye salario.

Para el caso específico de la prima de riesgo, se observa el ejercicio de la competencia compartida que existe entre el Congreso de la República y el ejecutivo nacional para regular el régimen de prestaciones sociales de los empleados público, en tanto, la Carta Superior al regular lo relativo a las atribuciones del Congreso, estableció en el artículo 150, numeral 19, literal e), que al primero le corresponde dictar normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para regular, entre otras materias el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

Entonces, el Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en desarrollo de la Ley 4º de 1992 expidió el Decreto ordinario No 446 de 1994 en el cual creó la prima de riesgo para los servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario, prestación que como se ha indicado, carece del carácter salarial y en esa medida, no puede ser factor computable para la reliquidación de la pensión pretendida por el demandante.

Aunado a ello, el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, tampoco consagró como factor computable para la liquidación de la pensión, la aludida prima de riesgo, tal como se dejó ilustrado en líneas antecedentes, razones por las cuales resulta improcedente su inclusión para la liquidación pensional del actor.

Con fundamento en lo antes señalado, concluye la Sala que la prima de riesgo al no figurar como factor liquidable para la pensión de acuerdo al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 aunado al hecho de carecer del carácter de factor salarial, no resulta computable para la reliquidación pensional pretendida por el señor José Ariosto Hende Rincón, razón por la cual, se confirmará con modificaciones la sentencia de fecha 22 de marzo de 2013 proferida por el juzgado quinto administrativo del circuito de Villavicencio en cuanto al derecho que le asiste al actor de reliquidarle la pensión de jubilación con base en el 75% del promedio de salario devengado en el último año de prestación de servicio, es decir, entre el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de esa misma anualidad, incluyendo para tal efecto la asignación básica, sobresueldo, prima de clima, subsidio familiar, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima de servicio, prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación por recreación, excluyendo de la misma la prima de riesgo.

No obstante, en el evento que en cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Meta que ordenó la inclusión de la prima de riesgo como factor salarial dentro de la reliquidación de la pensión del señor José Ariosto Hende Rincón, la Caja Nacional de Previsión Social o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social hayan pagado las diferencias pensionales producto de la inclusión de ese factor, no se dispondrá el reintegro de estas por parte del pensionado comoquiera que tales sumas fueron recibidas de buena fe, en el entendido que fueron el producto de una condena judicial, razón por la cual se debe aplicar lo dispuesto en la parte final del artículo 164, numeral 1, literal c) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que es del siguiente tenor literal:

«Artículo 164. La demanda deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
(…)
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.»

Finalmente, en cuanto a la condena en costas, al tener en cuenta lo previsto en el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por remisión de lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en especial, de lo previsto en sus artículos 1 y 8, al haberse resuelto favorable la acción de revisión, no hay lugar a condena en costas, máxime cuando no se demostró que estas se hubieran causado.

A manera de conclusión, encuentra la Sala que de acuerdo a los anteriores argumentos se configuró la causal de revisión prevista en el artículo 20 literal b) de la Ley 797 de 2003, lo que conlleva a declarar fundada la acción de revisión y como consecuencia de ello, infirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta y en su reemplazo, se confirmará con modificaciones la sentencia proferida por el juzgado quinto administrativo de Villavicencio, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor José Ariosto Hende Rincón en contra de la Caja Nacional de Previsión Social. Además, conforme al acápite que antecede, no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declárase fundada la acción de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta de fecha 8 de abril de 2014.

SEGUNDO. Infírmase la sentencia de fecha 8 de abril de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, en consecuencia confírmase el fallo de fecha 22 de marzo de 2013 del juzgado quinto administrativo del circuito de Villavicencio, excepto los ordinales primero y segundo los cuales quedan de la siguiente manera:

«PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de parcial de las Resoluciones No 36869 del 5 de agosto de 2008, No 07973 del 23 de febrero de 2009 y la PAP 042398 del 4 de marzo de 2011 expedidas por la Caja Nacional de Previsión Social.

SEGUNDO.- CONDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social a reliquidar la pensión de jubilación del señor José Ariosto Hende Rincón, identificado con cedula de ciudadanía No 4.103.680 de Chita - Boyacá, con base en el 75% del promedio del salario devengado en el último año de servicio, es decir, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de esa misma anualidad, incluyendo para tal efecto la asignación básica, sobresueldo, prima de clima, subsidio familiar, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima de servicio, prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación por recreación, excluyendo de la misma la prima de riesgo».

TERCERO. En el evento que la Caja Nacional de Previsión Social o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social hayan pagado la reliquidación de la pensión de jubilación al señor José Ariosto Hende Rincón con ocasión de la inclusión de la prima de riesgo como factor salarial en cumplimiento de la sentencia que se infirmó en el numeral anterior, no habrá lugar a devoluciones por parte del pensionado, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones que anteceden.

CUARTO. No se condena en costas.

QUINTO. Por secretaria, devolver al tribunal de origen el expediente No500013331005201100103, que fue enviado en calidad de préstamo a esta Corporación.

Notifíquese y cúmplase.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER

Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr. Acción presentada en fecha 12 de agosto de 2016, tal como consta a folio 2789vto del cuaderno principal. Ver folio 24 de origen. Obra a folios 240 al 253 del cuaderno principal. Artículo 11.PRIMA DE RIESGO. Los Directores y Subdirectores de establecimiento carcelario y el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a una prima de riesgo sin carácter salarial, en los porcentajes que fije el Gobierno Nacional, que no podrá ser inferior al actualmente vigente.
por el cual se establece el régimen prestacional de los servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario, Inpec
Artículo 10. Prima de Riesgo. El personal carcelario y penitenciario, a que se refiere el artículo 6° del presente decreto, tendrá derecho a una prima de riesgo, que no constituye factor salarial para ningún efecto legal, equivalente al treinta por ciento (30%) de la asignación o sueldo básico mensual.
por el cual se establece la prima de seguridad, se fija un sobresueldo para algunos empleos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y se dictan otras disposiciones.
«Artículo 249. Competencia.
(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala). Apartes tachados declarados inexequibles mediante Sentencia C- 835 de 2003. M.P.: Jaime Araujo Rentería, en tanto «[…] resulta lesiva del debido proceso (art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho que a todos nos concierne observar y mantener (art. 1 C.P.), en la medida en que desborda y contradice el campo de acción que el artículo 89 superior le demarca al legislador, el cual, precisamente, le encomienda a éste la función de propugnar por la integridad del orden jurídico, que de suyo debe proteger los derechos de todas las personas frente a la acción u omisión de las autoridades públicas.»
ttps://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/xpexm_l0797003.htm#Art%C3%ADculos%2020%20y%2021
«6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen».
«Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias». Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección “A”, sentencia del 12 de mayo de 2014, Rad. No.5001-23-31-000-2008-00239-01(0889-13).
“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector
Artículo 73.Prima de navidad. Todos los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tienen derecho a una prima de navidad equivalente a un mes de salario que corresponda al cargo desempeñado el treinta de noviembre de cada año, prima que se pagará en la primera quincena del mes de diciembre. Cuando el empleado no hubiere servido durante el año civil completo, tendrá derecho a la mencionada prima de navidad en proporción al tiempo servido, a razón de una (1) doceava parte por cada mes completo de servicios, que se liquidará y pagará con base en el último salario devengado, o en el último promedio mensual, si fuere variable. Artículo 74.Prima de vacaciones. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tienen derecho a que se les reconozca una prima de vacaciones equivalente a quince (15) días de salario por cada año de servicio. Artículo 75.Prima de servicios.

Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a una prima de servicio anual equivalente a quince (15) días de remuneración, que se pagará en los primeros quince (15) días del mes de julio de cada año. Artículo 76.Prima de instalación. Cuando un miembro del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, sea trasladado de una localidad a otra, se le pagará una prima de instalación que tendrá un valor equivalente a una suma que fluctúe entre el treinta (30) y el cincuenta (50) por ciento del sueldo básico, la cual será fijada por el Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta factores tales como la distancia, la calidad de las vías de comunicación, los medios de transporte empleados y otros semejantes. Igualmente se reconocerá una prima de alojamiento correspondiente a un treinta por ciento (30%) del sueldo básico. Cuando el traslado sea efectuado a solicitud propia no habrá lugar a reconocimiento de la prima de instalación. Artículo 78.Prima de clima. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, que laboren en los establecimientos carcelarios mencionados en el Decreto 1421 de 1975, tendrán derecho a que se les pague una prima de clima, equivalente al veinte por ciento (20%) del sueldo básico que devenguen. Esta prima será cancelada mensualmente. Artículo 79.Prima de antigüedad. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, que en la actualidad devenguen prima de antigüedad, continuarán devengándola en los mismos términos y en la misma cuantía establecida por el Gobierno Nacional
Artículo 80. Prima de vigilantes instructores. Los guardianes de primera clase que ejerzan las funciones de instructores, de acuerdo con el artículo 14, disfrutarán de una prima del diez por ciento (10%) mensual sobre el sueldo básico, mientras cumplan simultáneamente las funciones de vigilancia y enseñanza, por lo menos durante la mitad del tiempo de servicio diario. Artículo 85.Prima extracarcelaria. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, que presten sus servicios en establecimientos donde se reciben presos departamentales o municipales, tendrán derecho a que el Municipio o Departamento correspondiente les cancele un sobresueldo no menor al veinte por ciento (20%) de las asignaciones que devenguen, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 259 de 1938. Decreto 2160 de 1992 (Diciembre 30) “Por el cual se fusiona la Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia.” Artículo 2º. “Naturaleza. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es un establecimiento público adscrito al Ministerio de Justicia, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa.”
Ley 65 de 1993 (agosto 19) “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario". Decreto Ley 407 de 1994 (febrero 20), “Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.” Artículo 186. “Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.” Fue publicado en el Diario Oficial No. 41.233, de 21 de febrero de 1994
D.L. 407/94, artículo 78: “Categorías. El personal de carrera vinculado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, para efectos del presente estatuto se clasifica en dos (2) categorías, las cuales se denominan de la siguiente forma: a) Personal administrativo, y b) Personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional”. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Ley 797 de 2003 (29 de enero) “por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.” Artículo 17. “Facultades extraordinarias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de facultades extraordinarias para: (…) 2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar el equilibrio financiero del sistema.”
Decreto 2090 de 2003 (26 de julio) "Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades". Artículo 11. “Vigencia y derogatorias. El presente decreto regirá a partir de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias, en particular, el artículo 168 del Decreto 407 de 1994, los Decretos 1281, 1835, 1837 y el artículo 5º del Decreto 691 de 1994, el Decreto 1388 y el artículo 117 del Decreto 2150 de 1995 y el Decreto 1548 de 1998.” Fue publicado en el Diario Oficial 42262 del 28 de julio de 2003
Decreto 1950 de 2005 (13 de junio) “por el cual se reglamenta el artículo 140 de la Ley 100 de 1993”
Acto Legislativo 1 de 2005 (julio 22) “por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política”. Artículo 2°. “El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su publicación.” Fue publicado en el Diario Oficial 45980 de julio 25 de 2005. De la Sección Segunda, Subsección “B”: Sentencia del 27 de abril de 2006, radicado interno 2849-04, CP Dr. Jesús María Lemos Bustamante; sentencia del 22 de abril de 2010, radicado interno 0858-09, CP Dr. Gerardo Arenas Monsalve. De la Sección Segunda, Subsección “A”: Sentencia del 10 de agosto de 2006, radicado interno 3146-05, y del 22 de febrero de 2007, radicado interno 4193-04, CP Dr. Jaime Moreno García; sentencia del 3 de marzo de 2011, radicado interno 0277-09, CP Dr. Luis Rafael Vergara Quintero, por mencionar algunas. Reposa a folio 22 del cuaderno de antecedentes administrativos
Ver folio 342 vto del cuaderno de origen. Ver folio 23 cuaderno de segunda instancia del expediente de origen. Ver folio 24 de origen. Ver certificado de tiempo de servicio que reposa a folio 384 del cuaderno de antecedentes administrativo del expediente de origen. 21 de febrero de 1994
Artículo 114.Normas subsidiarias. En los aspectos no previstos en esta Ley o en sus decretos reglamentarios, a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, se les aplicarán las normas vigentes para los empleados públicos nacionales. ARTÍCULO 184. NORMAS SUBSIDIARIAS. En los aspectos no previstos en este Decreto o en los reglamentarios, a los empleados del Instituto se les aplicarán las normas vigentes para los servidores públicos nacionales. Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve, proceso radicado No 44001-23-31-000-2008-00150-01(0070-11)
Consejo de Estado, sentencia proferida dentro del proceso con radicación número: 44001-23-31-000-2008-00150-01(0070-11), Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia de 8 abril de 2010. Rad. 1026-2008. M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Artículo 1 del Decreto 2646 de 1994. Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad. Ver folios 12 al 18 del cuaderno de origen. Ver folio 15 del cuaderno de origen. Folios 19 al 24 del cuaderno de origen. Folio 25 al 30 expediente de origen. Ver folio 60 del expediente. ARTÍCULO 73.- Cuantía de la pensión.

El valor de la pensión mensual vitalicia de jubilación será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios y primas de toda especie en el último año de servicios por el empleado oficial que haya adquirido el status jurídico de jubilado, por reunir los requisitos señalados por la ley para tal fin. Ver folio 119 del cuaderno de origen. Folio 118 del cuaderno de origen. Ver folio 12 al 18 del cuaderno de origen. Folio 34 al 38 del cuaderno de origen. Folio 33 del expediente de origen.

El artículo 186 del Decreto 407 de 1994 en cuanto a su vigencia señala que « […] rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias». La publicación se efectuó en el Diario Oficial 41.233 de 21 de febrero de 1994.

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e. Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública;
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto».
«8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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