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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02907-00

Fecha
7 de julio de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02907-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Blanca Nubia Melo Álvarez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda- Subsección B. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02907-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

7 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02907-00

Accionante: BLANCA NUBIA MELO ÁLVAREZ

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-Pretensiones netamente económicas.

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por la accionante contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 15 de mayo de 2025, Blanca Nubia Melo Álvarez, a través de apoderado judicial,
formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al principio de favorabilidad en materia laboral, de
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, que considera vulnerados por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B al
haber proferido la providencia del 23 de abril de 2025, en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho1 que adelantó contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-
UGPP.

1
Identificado con número de radicado: 11001-33-42-048-2020-00039-01.

2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02907-00
Accionante: Blanca Nubia Melo Álvarez
Acción de tutela – Primera instancia

En virtud de la acción de tutela, solicita que los derechos alegados sean protegidos
y, en consecuencia, se dejen si efectos la providencia reprochada. Pide que se
ordene a las accionadas a proferir una nueva decisión:

«Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA en particular la sala precidida por el Doctor
RAMIRO IGNACIO DUEÑAS RUGNON, decretar la nulidad de la providencia judicial
proferida y en su lugar se ordene la protección de los derechos demandados,
debiendo proferir nueva sentencia procediendo a incorporar el SOBRESUELDO
como factor base de liquidación de la pensión.»

2. Hechos relevantes

El 17 de febrero de 2020, Blanca Nubia Melo Álvarez incoó el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP.
Solicitó que se declare la nulidad de las Resoluciones No. RDP 41467 del 8 de
octubre de 2015, 46738 del 13 de diciembre de 2018, 17304 del 7 de junio de 2019,
30502 del 10 de octubre de 2019 y 000045 del 2 de enero de 2020.

Por medio de estas, la entidad negó la reliquidación de la pensión de sobreviviente,
reconocida en su favor, en calidad de cónyuge supérstite de Jaime Martínez
Cárdenas. Pidió la inclusión de la totalidad de los factores salariales percibidos en el
último año de servicio cumplido por el causante, mientras ejercía como miembro del
cuerpo de vigilancia y custodia nacional. A título de restablecimiento del derecho
solicitó la reliquidación de la mesada pensional con la incorporación de factores
salariales, prima de riesgo, subsidio de unidad familiar y bonificación recreación, y el
sobresueldo.

El asunto correspondió en primera instancia al Juez Cuarenta y Ocho Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá que, por sentencia del 19 de julio de 2024, accedió
parcialmente a las pretensiones. La demandada apeló la decisión. El asunto fue
conocido en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Segunda-Subsección B corporación que, por sentencia del 23 de abril de
2025, modificó la decisión.

3
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02907-00
Accionante: Blanca Nubia Melo Álvarez
Acción de tutela – Primera instancia

3. Fundamentos de la solicitud

La accionante considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al principio de favorabilidad en materia laboral, de
acceso a la administración de justicia y a la igualdad. Lo anterior, con ocasión a la
providencia proferida el 23 de abril de 2025. Sostiene que en estas se incurrió en los
defectos de desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

En cuanto al primer defecto mencionado, trajo a colación la sentencia del 2 de febrero
de 2024, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en el marco del
proceso de Rad. nº. 23001-23-33-000-2016-00445-01. Con base en esta plantea
que:

«Como se puede apreciar el precedente jurisprudencial mas resiente, deja
absolutamente claro que la reliquidación pensional de los funcionarios de la Guardia
Nacional Penitenciaria se deberá efectuar con los factores salariales establecidos en
el Decreto 446 de 1994 dentro de que se encuentra el sobresueldo.»

Sostiene que el Tribunal accionado, al modificar la decisión proferida por el Juez de
la primera instancia, erró al:

«retirar el SOBRESUELDO devengado, bajo el argumento que dicho factor, si
bien es cierto es factor salarial, no tiene incidencia prestacional y por lo tanto
lo ordena excluir en la base de liquidación toda vez que según su criterio no
se encuentra contemplado en el artículo 45 del decreto 1045 de 1978.

Con la decisión adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA (...) , se causa un grave perjuicio para los intereses económicos
de mi poderdante, por cuanto al efectuar la liquidación sin la incorporación de
SOBRESUELDO, se DISMINUYE el valor de la pensión reconocida, por cuanto dicho
factor equivale al 30% de la asignación basica»

Sostiene que el Tribunal desconoció que el sobresueldo es factor salarial el cual debe
considerado en la base de liquidación para el valor de la pensión y que esto vulnera
sus derechos fundamentales. Afirma que el artículo 17 del Decreto 446 de 1994 en
ningún momento señala que el sobresueldo no tiene incidencia prestacional. En línea
con lo anterior, sostiene que, de conformidad con lo que ha establecido el Consejo
de Estado, el Decreto 446 de 1994 es la normativa aplicable para su caso en concreto

4
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02907-00
Accionante: Blanca Nubia Melo Álvarez
Acción de tutela – Primera instancia

por cuanto es aquella que establece los factores que han de ser tenidos en cuenta
para liquidar las pensiones de los funcionarios de la Guardia Nacional Penitenciaria.

4. Trámite procesal

El 26 de mayo de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó su notificación a la
autoridad judicial accionada, así como a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, en
calidad de tercera con interés. También se comunicó la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

En el escrito de contestación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección B- solicitó que se declare improcedente la acción. Adujo que
la accionante pretende una instancia adicional al proceso ordinario. Sostuvo que en
la providencia reprochada se precisó que el sobresueldo establecido en el artículo
17 del Decreto 446 de 1994, es un factor salarial que no tiene incidencia prestacional.

Planteó que el causante era destinatario del régimen especial de pensión
contemplado en la Ley 32 de 1986, razón por la cual la pensión en cuestión debe ser
liquidada con los factores devengados en el último año de servicio. Estos son los
contemplados en el Decreto 1045 de 1978. Sostiene que por esta razón:

«se dispuso ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación con el 75 % de los
factores salariales devengados en el último año de servicio comprendido entre el 25
de julio de 2017 y el 24 de julio de 2018, es decir, con la asignación básica o sueldo,
el subsidio de alimentación y el auxilio de transporte, los cuales devengó de forma
mensual, y en una doceava parte la bonificación por servicios prestados, la prima de
servicios, la prima de vacaciones y la prima de navidad que se encuentran señalados
en el Decreto 1045 de 1978, efectiva a partir del 25 de julio de 2018.»

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social-UGPP solicitó que se declare improcedente la
acción o, en su defecto, se denieguen las pretensiones. Consideró que la accionante
acude a la tutela en busca de una instancia adicional al proceso ordinario. Adujo que
el Juez accionado se pronunció sobre el litigio luego de efectuar un estudio profundo
del caso. Planteó que la autoridad no incurrió en la vulneración que considera la

5
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02907-00
Accionante: Blanca Nubia Melo Álvarez
Acción de tutela – Primera instancia

accionante y que ejerció una debida interpretación del marco normativo que regula
el tema en cuestión.

También planteó, como argumento para declarar la improcedencia de la acción, que
no es dable utilizar la acción de tutela con el fin de obtener el reconocimiento de
prestaciones económicas, como lo pretende la actora.

El Juez Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá remitió copia
digital del expediente ordinario.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la providencia
del 23 de abril de 2025, en el marco de nulidad y restablecimiento del derecho, en el
que la accionante fungió como parte demandante.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;

2
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

6
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Accionante: Blanca Nubia Melo Álvarez
Acción de tutela – Primera instancia

iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad

3 Ibidem.
4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Accionante: Blanca Nubia Melo Álvarez
Acción de tutela – Primera instancia

de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

La accionante considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al principio de favorabilidad en materia laboral, de
acceso a la administración de justicia y a la igualdad. Lo anterior, con ocasión a la
providencia proferida el 23 de abril de 2025, en la cual afirma se incurrió en los
defectos de desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

Sostiene que la accionada debió tener en consideración el sobresueldo, como parte
de los factores salariales que deben ser tenidos en cuenta en la base de su
liquidación pensional. Afirma que el Decreto 446 de 1994 es la normativa aplicable
para su caso en concreto, el cual no establece, en su artículo 17, que el sobresueldo
no tiene incidencia prestacional.

Plantea que la accionada debió considerar la sentencia del 2 de febrero de 2024,
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en el marco del proceso de
Rad. nº. 23001-23-33-000-2016-00445-01 la cual determina que el Decreto
mencionado es el aplicable a los funcionarios de la Guardia Nacional Penitenciaria,
como lo fue su cónyuge.

La autoridad accionada, de conformidad con el material probatorio allegado al
proceso, y el marco normativo y jurisprudencial aplicable al mismo, determinó que
no había lugar considerar el sobresueldo como parte de los factores salariales en la
base de liquidación pensional. Esto pues el Decreto 1045 de 1978, aplicable al caso,
no enlista como parte de estos factores al sobresueldo. La autoridad planteó que:

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Accionante: Blanca Nubia Melo Álvarez
Acción de tutela – Primera instancia

«Revisado el contenido del Decreto 1045 de 1978 se evidencia que solo se
encuentran enlistados y pueden ser incluidos como factores computables para la
pensión de jubilación de alto riesgo del causante y de la cual es beneficiaria la señora
Blanca Nubia Melo Álvarez, la asignación básica o sueldo, la bonificación por
servicios prestados, el subsidio de alimentación, el auxilio de transporte, la prima de
servicios, la prima de vacaciones y la prima de navidad.»

Determinó que la norma aplicable es el Decreto 1045 de 1978. Respecto de la
aplicación del Decreto 446 de 1994 y la no inclusión del sobresueldo como factor
salarial, el Tribunal accionado planteó que:

«la disposición aplicable para el cálculo de la pensión de alto riesgo es el Decreto
1045 de 1978, de conformidad con lo señalado por el Consejo de Estado5
(...)
Se aclara que el sobresueldo fue establecido en el artículo 17 del Decreto 446 de
1994 como factor salarial, pero sin incidencia prestacional, por lo que de conformidad
con la normatividad citada y la postura acogida por esta Subsección6, solo es
procedente la inclusión de aquellos factores salariales que hayan sido devengados,
y se encuentren enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, razón por la
cual el sobresueldo no puede ser incluido.»

En virtud de lo anterior, la autoridad determinó que:

«Por lo anterior, la Sala considera que es procedente ordenar la reliquidación de la
pensión de sobrevivientes de la cual es beneficiaria la demandante Blanca Nubia
Melo Alvares, pues en aplicación del régimen pensional contenido en la Ley 32 de
1986 se debe liquidar la prestación con los factores devengados en el último año de
servicios (comprendido del 25 de julio de 2017 al 24 de julio de 2018), siempre y
cuando se trate de aquellos señalados taxativamente en el Decreto 1045 de 1978,
es decir, con la inclusión de la asignación básica o sueldo, la bonificación por
servicios prestados, el subsidio de alimentación, el auxilio de transporte, la prima de
servicios, la prima de vacaciones y la prima de navidad. »

La Sala advierte que los argumentos presentados por la accionante no acreditan una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver
sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen divergencias
de carácter netamente legal. Esto, pues el juez natural del asunto, de conformidad

5 C. E. S. de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 25 de abril de 2019, Sección Segunda, Subsección "B".

Magistrada Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación número: 11001032500020160075900 (3482-2016).
6 Sección Segunda, Subsección E, sentencia 25 de marzo de 2022 radicado No. 11001-33-42-057- 2019-000143-

01, sentencia 14 de diciembre de 2022 radicado No. 11001-33-42-052-2021-00175-01.

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Accionante: Blanca Nubia Melo Álvarez
Acción de tutela – Primera instancia

con el marco normativo y jurisprudencial aplicable, consideró que el sobresueldo no
se podría tener en cuenta en la base de la liquidación pensional de la accionante,
como beneficiaria de la pensión de su cónyuge, toda vez que solo es procedente los
factores salariales dispuestos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

Además de ello, considerando los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión,
la Sala estima que provienen de una interpretación razonable de las pruebas
aportadas al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al
asunto.

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez de tutela revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.

Además de lo expuesto, se pide que se ordene a la autoridad judicial a proferir una
nueva decisión en la que se acceda a reliquidar la pensión de la cual es beneficiaria,
teniendo en consideración el sobresueldo como factor salarial en la base de la
liquidación pensional. Esta pretensión, netamente económica y de naturaleza legal,
escapa la órbita del juez de tutela, que debe verificar la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales. Por demás, la jurisprudencia constitucional ha señalado
que ese tipo de pretensiones “deben ser resueltas mediante los mecanismos
ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que le está prohibido al juez de tutela
inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de ser
definidos por las jurisdicciones correspondientes”7. Dicha circunstancia reitera que la
acción de tutela carece de relevancia constitucional, toda vez que se trata de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas8.

7
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021
8
Corte Constitucional Sentencia SU-134 de 2022. MP José Fernando Reyes Cuartas

10
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02907-00
Accionante: Blanca Nubia Melo Álvarez
Acción de tutela – Primera instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Blanca Nubia Melo
Álvarez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección B.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES

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