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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01532-00

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01532-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Betty Inés Banguero Paz contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01532-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

7 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01532-00
Demandante: Betty Inés Banguero Paz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01532-00
Demandante: Betty Inés Banguero Paz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Tema: Tutela contra providencia judicial – recurso extraordinario de
revisión - Relevancia constitucional.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por la señora
Betty Inés Banguero Paz contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, conforme a lo establecido en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 26 de febrero de 2026, la señora Betty Inés Banguero Paz interpuso acción de tutela
contra las providencias el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A por
estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, así
como el principio de favorabilidad en materia laboral. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:
«(…) SEGUNDA: (…) ordénese que decreten la nulidad de las sentencia emitida en el
Recurso Extraordinario de Revisión, con Radicación: 11001-03-25-000- 2023-00017-00
(0317-2023), (…) y en su lugar se emita nueva sentencia (…)»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001-33-31-
007-2015-00517-00/01

La señora Betty Inés Banguero Paz interpuso demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante
Colpensiones), con la finalidad de que se declarara la nulidad de las Resoluciones
núm.160187 de 29 de mayo de 2015 y VPB 59718 de 2 de septiembre de 2015 en las
que se ordenó el reconocimiento y pago de la pensión vejez a su favor.

A título de restablecimiento del derecho, la demandante solicitó que se reliquidara la
pensión de vejez con el 75 % de la totalidad de factores salariales devengados en el
último año de servicio como funcionaria del INPEC.

El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado Séptimo
Administrativo de Popayán que, en sentencia de 29 de marzo de 2019, negó las
pretensiones de la demanda al considerar que los actos administrativos demandados
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01532-00
Demandante: Betty Inés Banguero Paz

no estaban viciados de nulidad, dado que en ellos se aplicó el régimen de transición
previsto en la Ley 100 de 1993, al liquidar la pensión de la demandante con
fundamento en la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994 en cuanto edad, tiempo
de servicios, tasa de reemplazo y los factores sobre los cuales se realizaron aportes
durante los últimos 10 años de servicio.

Contra la anterior decisión, la señora Banguero Paz interpuso recurso de apelación,
porque a su juicio había lugar a apartarse del precedente de unificación del Consejo
de Estado del 28 de agosto del 2018 y acoger la línea jurisprudencial del Tribunal de
Cundinamarca, y la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 proferida por el
Consejo de Estado, con el fin de proteger al más débil.

El Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia de 9 de diciembre de 2021,
confirmó la decisión de primera instancia al considerar que no hay lugar a ordenar la
reliquidación pretendida dado que la pensión fue reconocida bajo el criterio
jurisprudencial vigente.

Del recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-25-000-2023-
00017-00

La demandante interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 9
de diciembre de 2021 del Tribunal Administrativo del Cauca, con fundamento en las
causales 1 y 5 del artículo 250 del CPACA1. Al efecto, indicó que por causas ajenas a
ella, no pudo allegar oportunamente certificación expedida por el INPEC que incorpora
nueve factores salariales cotizados conforme al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978,
a diferencia de la certificación anterior -expedida cinco años antes- que solo
comprendía tres factores previstos en el Decreto 1158 de 1994.

Explicó que la omisión en aportar la referida prueba obedeció a la actuación de la parte
contraria, pues ni Colpensiones ni el INPEC aportaron al expediente administrativo la
certificación completa, lo cual a su juicio también ocasionó nulidad originada en la
sentencia.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 28 de
agosto de 2025, declaró infundado el recurso extraordinario de revisión al considerar
que no se configuró la causal primera en la medida en que la certificación a la que se
refirió la actora no era una prueba recobrada, dado que ese documento no existía al
momento en que se tramitó el medio de control.

Destacó que, aunque la señora Banguero Paz sostuvo que no le fue posible aportar
en el proceso ordinario los documentos allegados con la demanda de revisión por
«obra de la parte contraria», no se probó conducta alguna atribuible a la entidad
pensional ni al INPEC que hubiera imposibilitado su presentación.

Respecto a la configuración de la causal quinta, explicó que no se precisó la nulidad
que habría viciado la sentencia e indicó que afirmar que el Tribunal falló con base en
certificaciones incompletas sin verificar de oficio la existencia de todos los factores
salariales no configura un defecto que invalide la decisión, pues el juez natural no
tenía la obligación de suplir la carga probatoria de las partes.

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«1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido
proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la
parte contraria.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
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Demandante: Betty Inés Banguero Paz

Además, explicó que, si bien de conformidad con el artículo 213 de la Ley 1437 de
2011, el juez tiene la facultad de decretar pruebas de oficio cuando lo estime
necesario, en el caso objeto de estudio se determinó que con las pruebas allegadas
era suficiente para emitir una decisión de fondo, sin que tal determinación pudiese
calificarse como generadora de nulidad procesal.

Esta última decisión se notificó mediante correo electrónico a las partes el 8 de octubre
de 2025.

3. Argumentos de la tutela

A juicio de la parte actora, la providencia cuestionada desconoció el derecho
fundamental a la igualdad dado que existen varias sentencias del Consejo de Estado
que respaldan que la pensión, bajo el régimen especial del cuerpo de custodia y
vigilancia del INPEC, se debe reconocer con el promedio del 75 % de los factores
salariales devengados durante el último año de servicio de conformidad al artículo 45
del Decreto 1045 de 1978 y el Decreto 446 de 1994, contrario a lo decidido en el
proceso ordinario.

En concordancia con lo anterior señaló que la autoridad judicial demandada, al
declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, incurrió en desconocimiento
del precedente judicial y citó como desconocidas las siguientes sentencias:

• Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A C.P Rafael Francisco
Suárez Vargas sentencia del 2 de febrero de 2023, radicado: 23001-23-33-000-
2016-00445-01 demandante: Gustavo Javier Jiménez Sampayo.
• Consejo de Estado – Sección Primera, C.P Hernando Sánchez fallo de tutela
del 27 de julio de 2017, radicado: 11001-03-15-000-2017-01476-00
demandante Jairo Mejía.
• Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección B C.P Sandra Lisseth
Ibarra sentencia del 25 de abril de 2019, radicado: 11001-03-25-000-2016-
00759-00.
• Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección A C.P Gustavo Gómez
Aranguren sentencia del 7 de noviembre de 2013 radicado: 68001-23-31-000-
2010-00831-01.
• Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, sentencia del 14 de marzo de 2024
radicado 76001-33-33-004-2019-00258-01.
• Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, sentencia del 12 de junio de 2025
radicado: 76001-33-33-007-2018-00224-01.
• Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, sentencia del 18 de septiembre de
2025 radicado: 76001-33-33-007-2021-00042-01.
• Sentencia C-651 del 14 de octubre de 2015 de la Corte Constitucional.

Finalmente destacó que no es justo el hecho de que compañeros que ostentaron el
mismo cargo de ella en el INPEC percibieran un monto distinto por concepto de la
pensión por el hecho de que la entidad pensional liquidara de forma desigual dicha
prestación.

4. Trámite previo

En auto del 4 de marzo de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la parte demandante, a los magistrados del Consejo de Estado, Sala
19 Especial de Decisión en calidad de demandados; y a la Administradora Colombiana

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Demandante: Betty Inés Banguero Paz

de Pensiones – Colpensiones; al Tribunal Administrativo del Cauca y al Juzgado
Séptimo Administrativo de Popayán en condición de terceros con interés.

Posteriormente en providencia del 17 abril de 2026, el despacho sustanciador dispuso
notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
(como accionados) y corregir la autoridad judicial demandada en el sistema SAMAI.

5. Oposiciones

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A no se pronunció frente a
los hechos objeto de la demanda.

6. Intervención de los terceros con interés

El Juzgado Séptimo Administrativo de Popayán informó que tuvo conocimiento de
la primera instancia del medio de control y negó lo pretendido por la demandante al
considerar que loa actos administrativos demandados se encontraban ajustados a
derecho.

Frente al trámite procesal de primera instancia indicó que realizó las actuaciones
pertinentes conforme a derecho sin desconocer garantía fundamental alguna de las
partes, por lo que solicitó que se declare improcedente la acción de tutela.

La Administradora Colombiana de Pensiones– COLPENSIONES solicitó que se
declare improcedente la acción de la referencia, al efecto señaló que lo solicitado por
la demandante desnaturaliza la tutela que tiene un carácter subsidiario y residual
frente a los derechos invocados.

Recalcó que la acción de tutela no puede ser empleada como instancia adicional dado
que su objetivo no es reabrir un debate procesal ya surtido a partir de nuevas
argumentaciones, por el contrario, su objeto está únicamente en determinar si la
providencia judicial ha vulnerado alguna garantía constitucional.

Explicó que en el caso objeto de estudio ya operó la cosa juzgada y mencionó que en
todo caso las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial demandada resultan
sensatas y acorde a lo probado en el proceso.

El Tribunal Administrativo del Cauca guardó silencio frente a los hechos objeto de
la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: « Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales
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En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» 2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad
de la señora Betty Inés Banguero Paz, al proferir la sentencia de 28 de agosto de
2025, que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión que ejerció contra la
sentencia del 9 de diciembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca.

En particular, la demandante aduce la configuración de desconocimiento del
precedente judicial, porque a su juicio, la autoridad judicial demandada omitió lo
expuesto en algunas sentencias del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca en las que se accedió a la reliquidación pensional de ex
funcionarios del INPEC con la totalidad de los factores salariales devengados durante
el último año de servicio.

La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional, puesto que los argumentos de la demanda no están dirigidos a
cuestionar los fundamentos de la decisión proferida en el recurso extraordinario de
revisión, sino que se circunscriben a reiterar las inconformidades debatidas y agotadas
en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Para estudiar el presente caso se analizarán los requisitos generales de procedencia
de tutela contra providencias judiciales y posteriormente el caso concreto.

Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para
el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para
cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio deciden di. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y
aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está
en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos
reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción, la parte actora pretende que se deje sin
efecto la sentencia del 28 de agosto de 2025, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, en el marco del recurso extraordinario de revisión
con radicado 2023-00017-00. La accionante se limitó a alegar que había lugar a
declarar fundado el recurso y, en consecuencia, declarar nula la decisión del medio
de control y en su lugar ordenar y reconocer la reliquidación de la pensión con el 75
% de los factores salariales devengados en el último año de servicios, por la
configuración de un presunto desconocimiento del precedente judicial.

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Al respecto, la Sala encuentra que la solicitud de amparo no cumple el requisito de
relevancia constitucional por las razones que se pasan a exponer:

En primer lugar, la Sala observa que la autoridad judicial demandada, en la
providencia objeto de debate proferida el 28 de agosto de 2025, resolvió de manera
desfavorable el recurso extraordinario de revisión con fundamento en que dicho
recurso no es era un mecanismo que habilitara una tercera instancia para discutir los
problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria.

Con base en lo anterior, fundamentó la decisión de declarar infundado el referido
recurso en dos grandes razones, a saber:

Frente a la causal primera invocada por la demandante, determinó que, si bien la
recurrente manifestó que, con posterioridad a la sentencia de segunda instancia
obtuvo una certificación expedida por el INPEC que incluye nueve factores salariales
conforme al Decreto 1045 de 1978, lo cierto era que el documento fue expedido el 7
de marzo de 2022, esto es, con posterioridad a la sentencia del 9 de diciembre de
2021. De modo que no era una prueba recobrada, pues la certificación no existía al
momento de tramitarse el proceso ordinario. Además, que no se probó conducta
alguna atribuible a la entidad pensional ni al INPEC que hubiera imposibilitado allegar
las pruebas a tiempo al trámite procesal.

En cuanto a la causal quinta, consistente en la nulidad originada en la sentencia,
explicó que la demandante no precisó la nulidad que habría viciado la sentencia, por
cuanto no bastaba con afirmar que el juez de la causa resolvió el caso con base en
certificaciones incompletas sin verificar de oficio la existencia de todos los factores
salariales, pues el juez no tenía la obligación de suplir la carga de la prueba, lo cual
era deber de las partes.

Es decir, la ratio decidendi de la sentencia cuestionada por la demandante se basó en
que no se encontraron probadas las causales primera y quinta. Además, que la señora
Banguero Paz pretendía era reabrir el debate sobre los aspectos facticos y jurídicos
del proceso original con el fin de obtener un fallo favorable.

Ahora bien, la Sala observa que la accionante, en el escrito de tutela, manifestó que
la autoridad judicial demandada vulneró los derechos fundamentales invocados dado
que, a su juicio, la autoridad judicial demandada incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente judicial al omitir que existían varias sentencias del
Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en las que en
casos similares se accedió a la reliquidación pretendida. Puntualmente señaló:
«Contrario a lo fallado en la sentencia de la acción de revisión, si existe desigualdad, pues
son varias las sentencias del consejo de estado que respaldan que la pensión bajo el
régimen especial del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec, se debe reconocer con el
promedio del 75% del último año de servicio laborado y con los factores salariales del
Artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 que rige los servidores públicos y el Decreto 446 de
1994 que fue creado para el INPEC, contario a lo decidido por el juzgado y el tribunal del
cauca, que decidieron que la pensión de la señora BETTY INES BANGUERO PAZ,
perteneciente al régimen especial del cuerpo de custodia y vigilancia del inpec, se debía
liquidar con normas de la ley 100 de 1993, desconociendo la normatividad favorable al
régimen especial al cual pertenece (…)

Existe Desigualdad, se vulnera igualmente la seguridad social y la Dignidad humana
proclamada en el preámbulo constitucional, pues si existe suficiente jurisprudencia del
consejo de estado, sobre el régimen especial del inpec, lo que debió hacer el juzgado y el
tribunal, fue aplicarla de forma favorable, me permito trascribir el texto de algunos textos
de las innumerables jurisprudencias sobre el régimen especial del cuerpo de custodia y
vigilancia del INPEC(…)
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Demandante: Betty Inés Banguero Paz

Dejaré a la sala, otro razonamiento por el cual el derecho fundamental de igualdad, si a
sido vulnerado a lo largo de este expediente, empezando por el juzgado y el tribunal, por
esto se pidió que por medio de la acción de revisión se emitiera una decisión subsanando
el desconocimiento del régimen especial del INPEC, y empezando por colpensiones que
decide al reconocer y liquidar las pensiones de forma diferente entre uno y otro cotizante
que laboro mismo tiempo y cotizo para mismos factores salariales, esto solo puede
llamarse desigualdad ocasionada por un desorden administrativo de la entidad estatal.
Honorables consejeros, con conocimiento de causa paso a decirles que al igual que la
demandante también laboré como su compañero de trabajo, bajo el régimen especial del
inpec comprendido en la ley 32 de 1986, cumpliendo las mismas funciones de custodia y
vigilancia de los infractores de la ley penal, con los mismos deberes y derechos, que
precisamente hoy son desconocidos, al pensionarme me fue reconocidos dos (2) factores
salariales del decreto 1158 de 1994, que cobija a trabajadores pensionados bajo la general
ley 100 de 1993, desconociendo que pertenecía a un régimen especial, al presentar los
recursos de ley me fueron reconocidos los siete (7) factores salariales que cotice,
basándose en el artículo 45 del decreto 1045 de 1978, que igualmente están establecidos
en el decreto 446 de 1994,con el promedio del 75% del último año de servicio laborado,
pero en el presente caso tutelado , no fue así, pues a mi compañera de trabajo, le
liquidaron la pensión con el artículo 21 de la ley 100 de 1993, con el promedio de los
últimos 10 años de servicio laborado, mediante Resolución GNR 160187 de 29 mayo 2015.
No es una cuestión menor el derecho fundamental de igualdad, hoy reclamado pues la
demandante a debido vivir con la carga de tener que percibir un monto inferior que, a sus
compañeros de trabajo, traeré a manera de ejemplo para formar una idea de lo que hoy
acontece, citaré y anexare mi resolución de pensión, la de otros compañeros y la
resolución de la hoy tutelante, las cuales podrán ser verificadas en su autenticidad(…)
Acudiendo nuevamente al Derecho Fundamental de Igualdad, existen sentencias del
Tribunal del Valle del Cauca, basadas en jurisprudencia del honorable Consejo de Estado,
que fueron base para ordenar reconocer los derechos pensionales, donde se observa la
diferencia entre lo que dictan las altas cortes y lo que decidió en grave desequilibrio en la
acción de revisión (…) con todo respeto su señoría, se pide que el Consejo de Estado
establezca una igualdad, entre los compañeros de trabajo y la señora Betty Inés Banguero
Paz, pues como se expuso laboraron bajo el mismo régimen especial , establecido en el
Artículo 96 de la ley 32 de 1986, del cuerpo de custodia y vigilancia del Régimen Especial
de los funcionarios del INPEC, y que mediante sentencia de acción de revisión del fallo del
tribunal administrativo del cauca, se desconocieron los derechos fundamentales de:
Igualdad, Principio de favorabilidad en materia laboral, Dignidad Humana, Irrenunciabilidad
de Derechos Laborales.

Para evitar un perjuicio irremediable y por ser esta la última vía en esta instancia se pide
que se aplique la igualdad, reconociendo los mismos derechos que se han dado en las
jurisprudencias emitidas por el concejo de estado, respecto a la liquidación de las
pensiones del régimen especial del INPEC, se debe incluir los factores salariales
cotizados, los cuales están plasmados en la certificación expedida por la Coordinadora del
Grupo de Prestaciones Sociales del INPEC, los factores sobre los que se realizó el aporte
o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional.(…)».
(subrayado fuera de texto)

Es decir, la razón central de la actora para el ejercicio de la solicitud de amparo fue
que la autoridad judicial demandada desconoció el derecho fundamental a la igualdad,
dado que, a su juicio había lugar a ordenar la reliquidación pretendida como sucedió
en los casos citados como desconocidos en los que el Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca accedieron a la reliquidación pensional con la
inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio de
ex funcionarios del INPEC que laboraron bajo sus mismas condiciones.

De manera que, resulta evidente que la parte actora no cuestiona las razones por las
que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A concluyó que la acción
de cumplimiento no debía prosperar, pues ninguno de los argumentos expuestos
cuestiona con razones precisas y concretas lo expuesto en la providencia objeto de
debate, que permitan advertir de qué manera se configuraron los aludidos defectos.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01532-00
Demandante: Betty Inés Banguero Paz

En otras palabras, no ataca la razón de la decisión objeto de debate más allá de insistir
en la simple inconformidad que le genera la decisión objeto de cuestionamiento y el
hecho de que las decisiones proferidas en el medio de control fuesen adversas a sus
intereses.

Así, queda demostrado que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por cuanto la parte actora no cumple con la carga mínima
argumentativa para cuestionar las razones en que se sustentó la decisión que
cuestiona por esta vía y se limita a insistir en la conclusión a la que, a su juicio, debió
arribar el juez natural de conocimiento.

Además, de lo anterior es necesario destacar que la decisión que se cuestiona fue
proferida por el Consejo de Estado, punto en el cual es importante recordar que, en
los casos en que la tutela se dirige contra una decisión proferida por una Alta
Corporación, la Corte Constitucional5 ha establecido un requisito adicional de
procedencia, en el sentido que se constate la configuración de una anomalía de tal
entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional.

Como se anticipó, por más informal que sea la tutela y, aunque sus objetivos sean la
salvaguarda de derechos fundamentales, la interesada estaba en la obligación de
controvertir las razones de la sentencia que cuestiona por esta vía.

Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre la vulneración alegada por la actora, dado que, la acción de tutela no
cumple los requisitos de procedencia que habiliten el estudio del cargo por parte del
juez constitucional y, en esa medida, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Betty Inés
Banguero Paz contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

5
Sentencias, SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-573 de
2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Demandante: Betty Inés Banguero Paz

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha

(Firmado electrónicamente) (Fimado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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