Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00287-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00287-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00287-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
18 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00287-00 (2175-2022)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: José Leoviseldo Fernández
Temas: Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Reliquidación de pensión de jubilación, funcionarios del INPEC
_____________________________________________________________________
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta, Sala Quinta Oral, del 8 de abril
de 2021, a través de la cual modificó el numeral décimo noveno de la parte resolutiva y
confirmó en lo demás el contenido de la providencia emitida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Villavicencio, el 5 de julio de 2018, que había accedido parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderado judicial,
pretende infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta, Sala Quinta Oral,
del 8 de abril de 2021, a través de la cual modificó el numeral décimo noveno de la parte
resolutiva y confirmó en lo demás el contenido de la providencia emitida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Villavicencio, el 5 de julio de 2018, que había accedido
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00287-00 (2175-2022)
Demandante: UGPP
parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por el señor José Leoviseldo
Fernández, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado
50001333300220160007902.
Con fundamento en lo anterior, además solicita i) declarar que el señor José Leoviseldo
Fernández en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedor de un
derecho adquirido amparable por la legislación colombiana, debiéndose excluir las
primas de vacaciones, de navidad y de servicios, el subsidio familiar o de unidad familiar
y la prima de riesgo que no es factor salarial y sobre los cuales tampoco se hicieron
aportes o descuentos por el empleador INPEC; ii) ordenar a la UGPP reliquidar la mesada
pensional del demandado, teniendo en cuenta únicamente los factores salariales
contenidos en las Leyes 33 y 62 de 1985 y en el Decreto 1158 de 1994; iii) ordenar al
demandado reintegrar los dineros, debidamente indexados, recibidos en exceso por
virtud de la reliquidación pensional ordenada en la sentencia objeto de revisión; y iv)
condenar al señor Fernández a pagar los intereses moratorios en los términos del
artículo 192 del CPACA.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente señaló los siguientes:
i) El 3 de noviembre de 1948, nació el señor José Leoviseldo Fernández.
ii) Desde el 16 de noviembre de 1974 hasta el 30 de septiembre de 2004, el señor
Leoviseldo Fernández prestó sus servicios en el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC), como dragoneante.
iii) El 6 de diciembre de 1994, el demandado adquirió el estatus jurídico de pensionado,
cuando cumplió 20 años de servicio.
iv) El 10 de marzo de 1997, la Caja Nacional de Previsión Social expidió la Resolución
2916, por medio de la cual reconoció una pensión de jubilación al señor José Leoviseldo
Fernández, en cuantía de $ 193.146.41, efectiva a partir del 1.° de enero de 1995,
condicionada al retiro definitivo del servicio. Para tal efecto, la autoridad pensional tomó
una tasa de reemplazo del 75 % del promedio de lo devengado en el último año de
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Demandante: UGPP
servicio, lo cual arrojó una cuantía de $ 196.144,25, «de acuerdo con las Leyes 33 y 62
de 1985, al haber cumplido los requisitos [del artículo] 96 Ley 32 de 1986».
v) El 9 de junio de 2006, a través de la Resolución RDP 4740 CAJANAL reliquidó la pensión
de jubilación del demandado, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, en el equivalente al 75 % del promedio de lo devengado en 2 años, 8
meses y 5 días de servicio, en cuantía de $ 573.031,52 efectiva a partir del 1.º de
octubre de 2004.
vi) El 22 de agosto de 2006, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio,
emitió sentencia en el marco de una acción de tutela instaurada por el señor Fernández,
mediante la cual resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:1
SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección General de prestaciones Económicas de CAJANAL
E.I.C.E. S.A., en Bogotá, que en el término de quince (15) días hábiles, contabilizados a partir
de la notificación de este proveído, emita el acto administrativo de reliquidación de pensión
del señor JOSE LEOVISELDO FERNANDEZ, identificado con la cedula No 3.116.366,
teniendo en cuenta lo indicado en la parte motiva de este fallo o sea que el accionante está
amparado por los regímenes de transición y especial señalados. Que los factores salariales
son: sobresueldo, subsidio familiar, auxilio de transporte, bonificación por servicios
prestados, prima de navidad, prima de servicios, prima de riesgo y lo demás especificado
por el pagador INPEC, con la indexación correspondiente. […]
vii) El 5 de agosto de 2008, a través de la Resolución 37035, CAJANAL dio cumplimiento
a la sentencia de tutela arriba transcrita y en consecuencia, reliquidó la pensión de
jubilación del demandado en cuantía de $1.007.552,11, efectiva a partir del 1.° de
octubre de 2004, incluyendo los factores devengados en el último año de servicio.
viii) El 30 de mayo de 2011, CAJANAL expidió la Resolución PAP 055523, mediante la cual
negó la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación.
ix) El 5 de julio de 2018, el Juzgado Segundo Administrativo de Villavicencio profirió
sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda interpuesta por el señor José Leoviseldo Fernández contra
la UGPP y resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:2
[…] DÉCIMO SÉPTIMO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. 4740 del 9 de
junio de 2006 expedida por Cajanal, en cuanto al ingreso base de liquidación teni[en]do en
1 Véase, acción especial de revisión, obrante a a índice 3 de la plataforma SAMAI
2 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 14 de la plataforma SAMAI.
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Demandante: UGPP
cuenta para el reconocimiento de la pensión del señor JOSÉ LEOVISELDO FERNÁNDEZ y
la nulidad total de la Resolución PAP 55523 del 30 de mayo de 2011 expedida por la UGPP,
por cuanto negó el reajuste de dicha prestación.
DÉCIMO OCTAVO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -
UGPP a reliquidar la pensión del señor JOSÉ LEOVISELDO FERNÁNDEZ de tal manera
que sea equivalente al 75 % de lo devengado en el último año de servicios, teniendo en
cuenta los factores salariales ya reconocidos, y ahora con inclusión de los siguientes factores
salariales: Prima de Vacaciones y Prima de Servicios.
DÉCIMO NOVENO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -
UGPP a pagar al señor JOSÉ LEOVISELDO FERNÁNDEZ la diferencia entre lo pagado y lo
que resulte de la reliquidación que aquí se ordena, desde el 1° de octubre de 2004 y hasta
la fecha en que se empiece el pago regular de la pensión reliquidada, previo descuento, en
caso de ser procedente, de los aportes que no se hubieran realizado en razón a los nuevos
factores salariales que integrarán la pensión del demandante.
VIGÉSIMO: Declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad, en
consecuencia, se encuentran prescritas las diferencias de las mesadas causadas a favor de
JOSÉ LEOVISELDO FERNÁNDEZ con anterioridad al 4 de septiembre de 2006.
[…]
VIGÉSIMO SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones en todos los procesos sujetos a
estudio. […] (Resaltado original del texto).
x) El 8 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo del Meta, Sala Quinta Oral, emitió
sentencia de segunda instancia, mediante la cual modificó el numeral décimo noveno y
en lo demás confirmó la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Villavicencio, en los siguientes términos:3
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal décimo noveno de la sentencia proferida el 05 de julio de
2018 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Villavicencio, el cual quedará así:
“DÉCIMO NOVENO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL- UGPP a pagar la pensión en favor del señor JOSÉ LEOVISELDO FERNÁNDEZ,
en los términos señalados en el ordinal anterior, desde el 4 de septiembre de 2006 y hasta
la fecha en que se realice el pago, previo descuento, debidamente indexado, de los
aportes que no se hubieran realizado en razón a los nuevos factores salariales que
integran la pensión del demandante”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en los demás aspectos la sentencia dictada por el Juzgado
Segundo Administrativo Oral de Villavicencio el 05 de julio de 2018, en la que se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por el señor JOSÉ LEOVISELDO
FERNÁNDEZ contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP, por las
3 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 14 de la plataforma SAMAI.
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Demandante: UGPP
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. (Resaltado, subrayado y
cursiva originales del texto)
xi) El 29 de abril de 2021, quedó ejecutoriada la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, Sala Quinta Oral.
xii) El 7 de septiembre de 2021, por medio de la Resolución RDP 023328, la UGPP dio
cumplimiento a la providencia transcrita en el numeral x).
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo del Meta, Sala Quinta Oral, mediante sentencia del 8 de abril
de 20214 modificó el numeral décimo noveno y confirmó las demás partes de la parte
resolutiva de la providencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Villavicencio el 5 de julio de 2018, que había accedido parcialmente a las pretensiones
de la demanda presentada por el señor José Leoviseldo Fernández contra la UGPP, con
sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:
i) El a quo condenó a la UGPP a reliquidar la pensión de jubilación reconocida al señor
Fernández, en el equivalente al 75% de lo devengado en el último año de servicio, con
efectos fiscales a partir del 4 de septiembre de 2006, por prescripción trienal, teniendo
en cuenta además de los factores salariales ya reconocidos, esto es, la asignación
básica, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, prima de antigüedad,
sobresueldo, prima de clima, subsidio de alimentación, subsidio familiar, subsidio de
transporte y prima de riesgo; las primas de vacaciones y de servicios.
Igualmente, ordenó a la UGPP pagar la diferencia entre lo inicialmente cancelado y lo
que resultare de la reliquidación desde el 1.° de octubre de 2004 y hasta la fecha
efectiva de pago de la prestación reliquidada, previo descuento, en caso de ser
procedente, de los aportes que no se hubieran realizado en razón a los nuevos factores
salariales.
ii) Para que un funcionario del INPEC pueda acceder al régimen especial de pensiones
contemplado en la Ley 32 de 1986, respecto de la edad, tiempo de servicio o número
de semanas cotizadas y tasa de reemplazo, debe cumplir con los parámetros
4 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 14 de la plataforma SAMAI.
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Demandante: UGPP
establecidos en el artículo 6º del Decreto 2090 de 2003 y los previstos en el inciso 2.º,
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, el IBL se regirá por la Ley 100 de
1993 y el Decreto 1158 de 1994. En otras palabras, siempre que a. se hubiese realizado
500 semanas de cotización especial, una vez acreditado el número mínimo de semanas
establecido en la Ley 797 de 2003; y b. se alcanzaran, igualmente, los requisitos
señalados en el artículo 36, de la Ley 100 de 1993.
iii) Del material probatorio allegado al expediente se advierte que a. mediante la
Resolución 2916 del 10 de marzo de 1997, la entidad demandada le reconoció al actor
una pensión de jubilación en el equivalente al 75% del promedio de lo devengado sobre
el salario promedio de 8 meses y 6 días, comprendido entre el 1.° de abril de 1994 y el
6 de diciembre de 1994, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y la Sentencia C-168 de 1995; teniendo en cuenta los factores salariales de
asignación básica, bonificación por servicios prestados, prima de antigüedad y
sobresueldo; b. se reliquidó la prestación a través de las Resoluciones 04740 del 9 de
junio de 2006 y 37035 del 5 de agosto de 2008, para lo cual incluyó la asignación básica,
bonificación por servicios prestados, primas de antigüedad, de clima, de riesgo y de
navidad, subsidios de alimentación y de transporte y sobresueldo; y c. el actor percibió
en el último año de servicio comprendido entre noviembre de 2003 y octubre de 2004,
los siguientes factores: asignación básica, primas de riesgo, de vacaciones, de navidad,
de servicios y de clima, subsidio de alimentación, subsidio de unidad familiar, auxilio de
transporte, bonificación por recreación.
iv) Si bien el demandante ingresó con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto
2090 de 2003 y para dicha data tenía más 500 semanas de cotización especial,
teniendo en cuenta que llevaba vinculado a la entidad 28 años, 8 meses, y 12 días, así
como que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1994, contaba con 45
años de edad y más de 19 años de servicio; lo cierto es que al momento de expedirse
el Decreto 2090 de 2003, tenía su derecho pensional adquirido bajo los presupuestos
contenidos en el Decreto 407 de 1994, puesto que obtuvo su estatus pensional el 6 de
diciembre de 1996.
v) El actor tiene derecho a que su pensión sea reliquidada con la inclusión de todos los
factores salariales «que habitual y periódicamente haya percibido en el último año de
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Demandante: UGPP
servicios», en aplicación del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, pues aunque la Ley
32 de 1986 no los contempló expresamente, su artículo 114 remite «al régimen general
vigente para los empleados públicos del orden nacional», conforme lo sostuvo el
Consejo de Estado en la sentencia del 25 de abril de 2019, radicado 11001-03-25-000-
2016-00759-00 (3482-16).
vi) En razón a que la prima de servicios y la prima de vacaciones están enlistadas en el
Decreto 1045 de 1978, resulta acertado que integren el IBL pensional del demandante
y, en ese orden, se confirmará la sentencia recurrida.
Por su parte, se advierte que en el acto de reconocimiento pensional se incluyeron
factores que no se encuentran enlistados en el referido decreto y por ende no han
debido tenerse en cuenta, no obstante, dicho aspecto escapa de la órbita de la presente
litis.
vii) Si bien el a quo declaró la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad
al 4 de septiembre de 2006, ordenó el pago de la reliquidación desde el 1.° de octubre
de 2004, fecha de la causación del derecho y, adicional a ello, ordenó el descuento de
los aportes que no se hubieran realizado en razón a los nuevos factores salariales que
integran la pensión del demandante, sin disponer la indexación correspondiente, por lo
que habrá lugar a modificar el numeral décimo noveno de la sentencia apelada.
viii) En consecuencia, se impone modificar numeral décimo noveno de la parte
resolutiva de la providencia apelada, en el sentido de precisar que la entidad
demandada debe pagar la diferencia entre lo pagado y lo que resulte de la reliquidación
ordenada, desde el 4 de septiembre de 2006, por prescripción trienal, previo descuento,
debidamente indexado, de los aportes que no se hubieran realizado en razón a los
nuevos factores salariales que integran la pensión del demandante. Se confirma en lo
demás la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Villavicencio
el 05 de julio de 2018. Con condena en costas.
1.2. La causal de revisión invocada
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Demandante: UGPP
El apoderado de la entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de esta, expuso los siguientes argumentos:
i) Pese a que la Ley 32 de 1986 no señaló los factores salariales para la liquidación de
la pensión de jubilación del personal del INPEC, se debe acudir a su artículo 114 y al
artículo 184 del Decreto 407 de 1994, los cuales permiten aplicar el régimen contenido
en las Leyes 33 y 62 de 1985 que regulan a los servidores públicos nacionales incluidos
los de la referida institución y al Decreto 1158 de 1994.
No obstante, el restablecimiento del derecho ordenado en la providencia excede lo
debido de acuerdo con la ley, al accederse a una reliquidación pensional en contravía
de lo dispuesto por las normas aplicables a la situación fáctica del demandado, pues si
bien el juzgador, en aplicación errónea del Decreto 1045 de 1978, ordenó la inclusión
de las primas de vacaciones y de servicios y mantuvo las primas de riesgo y de navidad
y el subsidio de unidad familiar, devengadas en el último año de servicio del
demandado; lo cierto es que aquellos emolumentos no están enlistados en Leyes 33 y
62 de 1985 y mucho menos en el Decreto 1158 de 1994.
ii) El juzgador mantuvo la inclusión del subsidio familiar o de unidad familiar en la
liquidación de la prestación a pesar de que no constituye factor salarial para liquidar la
pensión, como lo advirtió el a quo, sin embargo, no dispuso lo pertinente en la parte
resolutiva, so pretexto de hacer alusión a que la Resolución 37035 de 2008 era un acto
de ejecución de una sentencia en el marco de una acción de tutela. Así, «dado que en
cumplimiento de la orden de tutela se creó una situación nueva favorable al pensionado,
en desmedro de las arcas pensionales públicas, […] en dicho evento el [j]uzgador est[á]
legitimado para adoptar la decisión que en derecho corresponde como es la exclusión
del subsidio familiar de la liquidación pensional».
iii) Debe observarse la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por
el Consejo de Estado, que señaló que los factores a incluir deben ser los enlistados en
las Leyes 33 y 62 de 1985, sobre los cuales efectivamente se hayan realizado los
descuentos respectivos o cotizaciones al sistema de pensiones, en aplicación del
principio de solidaridad.
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00287-00 (2175-2022)
Demandante: UGPP
iv) No es posible incluir la prima de riesgo en la reliquidación de la prestación porque el
artículo 11 del Decreto 446 de 1994, expresamente consagra que no es factor salarial,
máxime si se tiene en cuenta que el demandado adquirió el estatus jurídico pensional
el «6 de diciembre de 1994» (sic), fecha en la cual la referida norma, estaba vigente,
además en el último año servicio 2003 a 2004, sobre la prima de riesgo no se realizaron
los correspondientes aportes.
v) En definitiva, el caso concreto atenta contra el equilibrio financiero del sistema
pensional, comoquiera que la reliquidación pensional no atendió debidamente al
contenido de Leyes 33 y 62 de 1985 y mucho menos del Decreto 1158 de 1994 y al
precedente vinculante fijado por la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.
En consecuencia, con el fin de dar aplicación al principio de justicia material, restablecer
el imperio de la justicia, el interés general, se deben infirmar las sentencias objeto de
revisión.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
El señor José Leoviseldo Fernández, por intermedio de apoderado, se opuso a las
pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los siguientes
argumentos:5
i) Es preciso aclarar que las sentencias reprochadas accedieron parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en el sentido de ordenar, en la reliquidación de la pensión
de jubilación del señor Fernández, la inclusión de las primas de vacaciones y de
servicios, pues los demás factores ya habían sido reconocidos antes de radicar la
demanda; sin que haya hecho parte de la litis. Aquellos emolumentos fueron ordenados
mediante sentencia en el marco de una acción de tutela.
ii) Debe acatarse lo sostenido en la sentencia de unificación jurisprudencial emitida por
el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, en lo relacionado a los casos en los que
ha operado la cosa juzgada, pues estos resultan inmodificables. Así mismo, las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda de la referida corporación, no
pueden considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley.
5 Índice 12 de la plataforma SAMAI.
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00287-00 (2175-2022)
Demandante: UGPP
iii) El Consejo de Estado a través de la sentencia de unificación del 28 de julio de 2022,
radicado 2500 23 42 000 2013 02380 01 (2656-2014), concluyó que la prima de riesgo
debe ser computada en el monto de la pensión de jubilación.
iv) No es procedente la pretensión de reintegro de las sumas canceladas porque el
demandado actuó de buena fe.
v) La providencia recurrida fundamentó su decisión en el precedente jurisprudencial
emitido por el Consejo de Estado, el cual era la postura vigente al momento de emitir el
fallo, puesto que mantuvo la posición de reliquidar la pensión de jubilación de acuerdo
a la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994, en concordancia con los artículos 4 de
la Ley 4 de 1966 y 45 del Decreto 1045 de 1978; incluyendo todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicio.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta Corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.6 Así mismo, atendiendo al
criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección
Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente
para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 2019.7
De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo
de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias judiciales
«que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
6 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas
por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la
materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos
conocerán los Tribunales Administrativos.».
7 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00287-00 (2175-2022)
Demandante: UGPP
pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».8
Es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013
y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la interposición
de esta demanda, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir,
cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
2.2. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro
de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite,
la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 29 de abril de 20219 y la acción
especial de revisión se interpuso el 29 de abril de 2022,10 por lo que es dable concluir
que fue presentado dentro del término establecido en la ley.
2.3. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta, Sala Quinta
Oral del 8 de abril de 2021, se encuentra inmersa en la causal de revisión contemplada
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite acudir a la acción
especial de revisión «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
2.4. Marco normativo
2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
8 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también reconoció a la
UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797
de 2003.
9 Consta en el expediente que la sentencia objeto de revisión fue notificada electrónicamente a las partes el 26
de abril de 2021 (el a quo envió a las partes el mensaje de datos el 25 de abril de 2021, día no hábil), índice 14
visible en la plataforma SAMAI, contentivo del expediente digital del proceso ordinario. De esa manera, aquella
cobró ejecutoria el 29 del mismo mes y año.
10 Índice 3 de la plataforma SAMAI.
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00287-00 (2175-2022)
Demandante: UGPP
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas
a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por
el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a
solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción
o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo
cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto
por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los
cuales se tienen los siguientes:
i) Son susceptibles del recurso las sentencias ejecutoriadas.
ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00287-00 (2175-2022)
Demandante: UGPP
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.
Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró11 que el recurso extraordinario de
revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,12 procede contra sentencias
ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y
constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».
11 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter
absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se
ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia
ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que
ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate
habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y
verdad material, como fines esenciales del Estado».
12 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión
se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En
materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo
192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188.
(modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de
revisión en materia contencioso-administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
13
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Demandante: UGPP
En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.
2.4.2. Alcance de la causal de revisión invocada
Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció
otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la
Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las
conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por
montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar
las pensiones irregularmente otorgadas y de esta manera se permite afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la
Nación».13
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones y
a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los
reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]». 14
Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito
primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la
ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario».15
Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas en dos
eventos: el primero, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación del
debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
13 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017, radicado 2017-
01529 (REV)
14 Ibidem.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 2014-
00845-00 (2743-13)
14
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00287-00 (2175-2022)
Demandante: UGPP
Para el análisis de este recurso y de la causale antes mencionada, corresponde al juez
determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente encuadren
en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea posible, en ningún
caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias de las instancias
ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso, sino que,
efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido irregularmente
otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.
2.5. El régimen especial del INPEC
Para resolver el problema jurídico planteado, es necesario tener en cuenta que las
normas que se refieren a los regímenes pensionales generales en nuestro país, esto
es, tanto la Ley 33 de 1985, como la Ley 100 de 1993, consagraron excepciones a su
aplicación.
Específicamente, en el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 se estableció en cabeza del
Gobierno nacional la obligación de expedir el régimen especial de los servidores
públicos que laboren en actividades de alto riesgo, motivo por el cual es evidente que
sus disposiciones no se les aplican a los trabajadores comprendidos en esa
clasificación.
Con base en esa excepción, en el artículo 17 de la Ley 797 de 2003 se confirieron
facultades extraordinarias al presidente de la República, por el término de seis meses,
para expedir el régimen legal de los trabajadores que laboran en actividades de alto
riesgo.
En ejercicio de esas facultades se expidió el Decreto 2090 de 2003, en el cual se incluyó
al personal dedicado a la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC), como destinatario de las normas sobre actividades de alto riesgo.
Debe tenerse en cuenta que en el artículo 1.º del Acto Legislativo 1 de 2005, como ya
se había señalado en el artículo 168 del Decreto 407 de 1994, se estableció que a los
miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional que
ingresaron con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, se les
aplica el régimen establecido por la Ley 32 de 1986 de manera integral.
15
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00287-00 (2175-2022)
Demandante: UGPP
En ese orden, el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 se señaló que los miembros del cuerpo
de custodia y vigilancia del INPEC, tienen derecho a gozar de la pensión de jubilación al
cumplir veinte años de servicio, sin tener en cuenta su edad.
Respecto de los trabajadores que forman parte de ese cuerpo, el artículo 126 del
Decreto 407 de 1994 señaló que «[el] Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes,
Alumnos y los Bachilleres Auxiliares que presten el servicio militar en la Institución».
Pese a que los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC tienen derecho
a obtener una pensión de jubilación al cumplir con el tiempo de servicio en los términos
del artículo 96 de la Ley 32 de 1986, nada se estableció en relación con la forma de
liquidarla, por lo que se debe tener en cuenta que en el artículo 114 ejusdem se
determinó que en los aspectos no previstos en la ley, se aplicarían las normas vigentes
para los empleados públicos nacionales, lo cual fue reiterado en el artículo 184 del
Decreto 407 de 1994.
Así las cosas, con fundamento en el desarrollo legislativo realizado en líneas
precedentes, se tiene que: i) la Ley 32 de 1986 fue un régimen pensional especial frente
al régimen general adoptado por la Ley 33 de 1985 para los servidores oficiales; ii) la
especialidad de dicho régimen obedeció a los riesgos inherentes a la función de
custodia y vigilancia de los internos en las cárceles y penitenciarias nacionales, y por lo
mismo, el requisito para su causación se circunscribió a 20 años de servicios, continuos
o discontinuos, en ejercicio de esa función; iii) el régimen de personal, salarial,
prestacional y pensional del INPEC, adoptado por el Decreto Ley 407 de 1994, conservó
la pensión especial en comento, expresamente para los miembros del cuerpo de
custodia y vigilancia mediante la remisión expresa que al artículo 96 de la Ley 32 hizo
el artículo 168 del Decreto Ley 407 en cita; y iv) en cuanto a los parámetros para la
liquidación del derecho pensional, la Ley 32 de 1986 no estableció qué factores
constituían salario para la liquidación de la pensión de jubilación, sin que se pudiera
acudir al régimen prestacional de los funcionarios públicos consagrado en la Ley 33 de
1985, en razón de lo preceptuado en el artículo 1º ejusdem, que excluye del régimen
general al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional (INPEC);
16
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00287-00 (2175-2022)
Demandante: UGPP
por lo tanto, ante la ausencia de norma expresa, esta Corporación señaló que se debía
acudir, para el efecto, al Decreto 1045 de 1978. 16
2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala
En primera medida, la Sala advierte que la inconformidad de la entidad recurrente
consiste en que la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta, del 8 de abril de
2021, habría incurrido en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, en tanto modificó el numeral décimo noveno y confirmó en lo demás
la providencia emitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Villavicencio el
5 de julio de 2018.
Con ello, en su concepto, si bien la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994 no
señalaron los factores salariales que se deben incluir, el tribunal debió acudir a las
Leyes 33 y 62 de 1985 y el Decreto 1158 de 1994, y no como erróneamente lo hizo al
aplicar el Decreto 1045 de 1978, conllevando a que tuviera en cuenta las primas de
vacaciones y de servicios; y a mantener los emolumentos previamente reconocidos de
las primas de navidad y de riesgo y el subsidio de unidad familiar, que no están
enlistadas en Leyes 33 y 62 de 1985.
Igualmente, la UGPP enfatiza que la prima de riesgo no constituye factor salarial, en los
términos del artículo 11 del Decreto 446 de 1994, lo cual imposibilita tenerla en cuenta
en la liquidación pensional.
Pues bien, es pertinente destacar que la entidad recurrente no reprocha el régimen
especial pensional que aplicó el Tribunal Administrativo del Meta al señor Fernández,
razón por la cual no corresponde a esta Subsección realizar pronunciamiento alguno;
por el contrario, se insiste, la censura se circunscribe a los factores incluidos en la
reliquidación de su pensión de jubilación.
Por su parte, el tribunal concluyó que el régimen aplicable al entonces demandante, era
el contenido en la Ley 32 de 1986 y si bien era cierto esa norma no contemplaba los
16 Véase, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 20 de mayo de 2021, radicado N.° 11001-03-25-000-2018-01559-00 (5111-18).
Igualmente, véase, Sección Segunda, Subsección B, sentencias de 27 de abril de 2006, radicado interno 2849-
04 y de 22 de abril de 2010, radicado interno 0858-09; Sección Segunda, Subsección A, sentencias de 10 de
agosto de 2006, radicado interno 3146- 05, de 22 de febrero de 2007, radicado interno 4193-04 y de 3 de marzo
de 2011, radicado interno 0277-09.
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00287-00 (2175-2022)
Demandante: UGPP
factores a tener en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación,
también lo era que el artículo 114 remitía expresamente, y así lo confirma el artículo
184 del Decreto 407 de 1994, al régimen general vigente para los empleados públicos
del orden nacional, esto es, la Ley 4 de 1966 y el Decreto 1045 de 1978.
En ese orden, modificó el numeral décimo noveno y confirmó en lo demás la providencia
emitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Villavicencio el 5 de julio de
2018. Así mantuvo la orden de reliquidación de la pensión de jubilación que percibe el
hoy demandado, con efectos fiscales desde el 4 de septiembre de 2006, por
prescripción trienal, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el
último año de servicio, de conformidad con la Ley 32 de 1986, el Decreto Ley 407 de
1994 y el Decreto 1045 de 1978, es decir, además de los previamente ya reconocidos
la asignación básica, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, prima de
antigüedad, sobresueldo, prima de clima, subsidio de alimentación, subsidio familiar,
subsidio de transporte y prima de riesgo; las primas de vacaciones y de servicios.
No obstante, el tribunal advirtió que si bien el a quo declaró la prescripción de las
mesadas causadas con anterioridad al 4 de septiembre de 2006, ordenó el pago de la
reliquidación desde el 1.° de octubre de 2004, fecha de la causación del derecho y,
adicional a ello, ordenó el descuento de los aportes que no se hubieran realizado en
razón a los nuevos factores salariales que integran la pensión del demandante, sin
disponer la indexación correspondiente, por lo que modificó el numeral décimo noveno
de la parte resolutiva de la providencia apelada en ese sentido.
Esta Subsección encuentra que la sentencia objeto de revisión decidió acoger la tesis
sostenida por el Consejo de Estado en la sentencia del 25 de abril de 2019, radicado
11001-03-25-000-2016-00759-00 (3482-16), que expresamente citó, según la cual, los
empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional
están sujetos a un régimen especial para acceder a la pensión de jubilación
contemplado en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986; y los factores salariales a tener en
cuenta debían ser los previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, en
observancia al principio de favorabilidad en materia laboral.
Sobre el asunto, la Sala en sentencia del 22 de septiembre de 2022, en el marco de
una acción especial de revisión, reiteró que sobre este tema, «la jurisprudencia del
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Demandante: UGPP
Consejo de Estado señaló que se debía acudir al Decreto 1045 de 197817 y no a la Ley
33 de 1985, toda vez que esta no aplica a los servidores cobijados por un régimen
especial, en virtud de la exclusión contenida en el artículo 1.° inciso segundo».18
De lo expuesto se advierte que el Tribunal Administrativo del Meta valoró las pruebas
allegadas junto con la normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger
la tesis vigente para la época de su expedición de su superior funcional y máximo
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En ese sentido, no puede admitirse que la
decisión bajo estudio haya sido caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, sino que
se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada en el precedente vinculante.
Así las cosas, de acuerdo con el criterio adoptado por la sentencia objeto de revisión,
la determinación de los factores a incluir en la liquidación de las pensiones debía
observar la definición amplia de salario, por lo que era dable computarse todos los
emolumentos que devengara el trabajador como retribución por su servicio, de manera
habitual y periódica, con lo que se distanciaba de un entendimiento taxativo de las
normas que enlistaban dichos conceptos.
Ahora, la Sala advierte que la entidad recurrente pretende la aplicación de la sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2018, emitida por esta corporación, no obstante, se
precisa que aquella decisión se enmarcó en el ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993
a la luz de la Ley 33 de 1985, situación difiere a la del hoy demandado.
Por su parte, la UGPP en la acción de revisión, por un lado señala que para calcular el
IBL del pensionado, debe excluirse las primas de vacaciones, de servicios, de navidad
y el subsidio de unidad familiar, en razón a que, en su concepto, no están enlistados en
las Leyes 33 y 62 de 1985; y por el otro, respecto a la prima de riesgo, porque no
constituye factor salarial.
Al respecto, se advierte que los factores que se tuvieron en cuenta por la autoridad
pensional al momento del reconocimiento y reliquidación con ocasión al cumplimiento
17 Así lo sostuvo el Consejo de Estado en las siguientes providencias: Sección Segunda, Subsección B,
sentencias del 27 de abril de 2006, radicado interno 2849-04 y del 22 de abril de 2010, radicado interno 0858-
09. De la Subsección A, sentencias del 10 de agosto de 2006, radicado interno 3146-05, del 22 de febrero de
2007, radicado interno 4193-04 y del 3 de marzo de 2011, radicado interno 0277-09.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de septiembre de 2022, radicado
11001032500020190054100 (4240-2019).
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00287-00 (2175-2022)
Demandante: UGPP
de un fallo de tutela emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio
el 22 de agosto de 2006, para el período de 2003 y 2004, fueron: asignación básica;
primas de antigüedad, de navidad, de clima y de riesgo; subsidios de alimentación, de
transporte y familiar; bonificación por servicios prestados y sobresueldo.19 Sobre estos
no se hizo reproche alguno en la demanda en el marco del medio de control de nulidad
y restablecimiento impetrada por el señor Fernández contra la UGPP, comoquiera que la
pretensión de restablecimiento del derecho se planteó en los siguientes términos: 20
Bajo ese panorama, no corresponde a la Sala efectuar análisis alguno respecto a los
referidos emolumentos. Por el contrario, la inclusión de las primas de vacaciones y de
servicios sí fue ordenada en la sentencia recurrida.
Para esta Subsección, aquella decisión se encuentra ajustada a derecho, pues el
referido emolumento se enlistó en el Decreto 1045 de 1978, para liquidar las pensiones
e inclusive fue reiterado por el Decreto 446 de 1994, que reguló el régimen prestacional
de los servidores públicos del INPEC, el cual también se ha aplicado por esta corporación
para establecer el IBL pensional del referido personal.21
Al respecto, se advierte que las primas de vacaciones y de servicios que el tribunal
ordenó incluir en la reliquidación de la prestación fueron debidamente devengadas por
el hoy demandado, tal como lo certificó el coordinador del Grupo de Tesorería del
INPEC,22 en el período comprendido entre septiembre de 2003 y septiembre de 2004.
En esta línea argumentativa, la Sala observa que este criterio interpretativo se
encuentra ajustado a la normativa y jurisprudencia entonces vigente a la época de
19 Conforme consta en la parte resolutiva de la Resolución AMB 37035 del del 5 de agosto de 2008, emitida por
la extinta CAJANAL. Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 14 de SAMAI.
20 Véase, escrito de demanda en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento impetrada por el
señor Fernández contra la UGPP. Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 14 de SAMAI.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2018, radicado
27001-23-31-000-2011-00242-01 (1344-2014).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2020, radicado 20001-23-
39-000-2015-00434-01(4589-18).
22 Expediente digital del proceso ordinario obrante en el índice 14 visible en la plataforma SAMAI.
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00287-00 (2175-2022)
Demandante: UGPP
expedición de la providencia objeto de revisión, esto es, a las sentencias expedidas por
esta corporación del 25 de abril de 2019, radicado 11001-03-25-000-2016-00759-00
(3482-16); que expresamente el tribunal trajo a colación. Dicho de otro modo, en razón
a la omisión relativa a los factores a tener en cuenta en la liquidación de la prestación,
para la fecha de expedición de la sentencia recurrida, estos eran los contenidos en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, pues así lo señalaba la jurisprudencia de la época.
Por consiguiente, a juicio de esta Sala, la posición adoptada por el tribunal guardó
armonía con la jurisprudencia imperante en el órgano de cierre de lo contencioso
administrativo para la fecha, razón por la cual debe mantenerse incólume, por ser una
situación consolidada que goza de los efectos de cosa juzgada.
Así las cosas, en el sub lite la Sala no comparte el argumento de la UGPP según el cual
la sentencia en revisión resulta ser desproporcionada por reconocer una cuantía que
excede lo debido, pues la pensión de jubilación percibida por el demandado, lejos de
ser abusiva o lesiva del erario, fue reliquidada, se insiste, con base en la normativa y la
jurisprudencia vigentes al momento en que aquella fue objeto de pronunciamiento; de
manera que no solo se obtuvo sin abuso del derecho, sino que se encuentra revestida
de los principios de la buena fe y de la confianza legítima.
En este punto, la Sala debe recordar que el respeto hacia las decisiones proferidas con
base en la normativa y la jurisprudencia vigentes para su época, constituye la
salvaguarda de instituciones de raigambre constitucional como lo son la seguridad
jurídica y la confianza legítima.23
Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por la UGPP, al no haberse configurado la causal contemplada en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, comoquiera que la sentencia cuestionada se
profirió bajo la jurisprudencia vigentes para aquella época en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y, por ende, no excedió lo debido de acuerdo con la ley.
23 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes para la
época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo de Estado,
Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01943-
00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019,
radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-
00(2861-2016), demandante: UGPP.
21
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00287-00 (2175-2022)
Demandante: UGPP
3. De la condena en costas
En consideración a que la acción especial de revisión se interpuso el 29 de abril de
2022,24 en aplicación del inciso 2.° del artículo 188 del CPACA, en el presente caso, se
advierte que los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que
contaban con suficiente respaldo legal y jurisprudencial para obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de
imponer condena en costas.
4. Conclusión
Con los anteriores argumentos, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el
Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora
es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la presente acción
de revisión debe ser declarada infundada, puesto que no se acreditó la configuración
de la causal invocada, esto es, la señalada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Meta, Sala Quinta Oral
del 8 de abril de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
24 Índice 3 de la plataforma SAMAI.
22
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00287-00 (2175-2022)
Demandante: UGPP
Tercero. Reconocer personería al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina como
apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de acuerdo y para los efectos del poder
visible a índice 23 de la plataforma SAMAI.
Cuarto. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 50001333300220160007902 al tribunal de
origen y archivar la acción de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
SBZ
23
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