RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2022-00225-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00225-00

Fecha
29 de febrero de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00225-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 12 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del expediente 15238 33 33 002 2017 00043 02. Segundo. Sin condena en costas. 16 Radicación: 11001 03 25 000 2022 00225 00 (0423-2022) Demandante: UGPP Tercero. Reconocer personería adjetiva a la abogada Lucía Arbeláez de Tobón, como apoderada de la UGPP, de conformidad y para los efectos del poder general visible en índice 24 del aplicativo SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2022-00225-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

29 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001 03 25 000 2022 00225 00 (0423-2022)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: José Eduardo Cuadros

Temas: Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Reliquidación de pensión de jubilación, régimen del INPEC
__________________________________________________________________

Cumplidas las etapas procesales previstas en los artículos 253, 254 y 255 del CPACA,
aplicables por remisión expresa del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Sala procede
a decidir de fondo la acción especial de revisión de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, la UGPP, por conducto de apoderado judicial, solicitó infirmar la sentencia del
23 de enero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 15238 33 33 002 2017 00043 00,
mediante la cual se confirmó parcialmente el fallo del 10 de abril de 2018, emitido por
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Duitama.

Como consecuencia de lo anterior, pidió i) declarar que al señor José Eduardo

1 En adelante UGPP.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 25 000 2022 00225 00 (0423-2022)
Demandante: UGPP

Cuadros no le asiste el derecho a que se reliquide su pensión de jubilación con la
inclusión de los auxilios de alimentación y de transporte, de las primas de navidad,
servicios y de vacaciones, y del sobresueldo, porque no hacen parte de los factores
señalados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985; ii) determinar que la mesada del
accionado debe ajustarse a lo consagrado en la Ley 32 de 1986, esto es, teniendo en
cuenta los factores salariales establecidos en la referida Ley 62 de 1985, y no los
contemplados en el Decreto 1045 de 1978; iii) ordenar al señor José Cuadros restituir
a la UGPP la totalidad de los dineros recibidos en exceso, debidamente actualizados,
junto con el pago de los intereses moratorios a que haya lugar.

1.1.2. Hechos

El apoderado de la entidad recurrente señaló los siguientes:

i) El 14 de enero de 1945, nació el señor José Eduardo Cuadros.

ii) Entre el 21 de enero de 1974 y el 31 de diciembre de 1995, el hoy accionado
laboró para el INPEC, y su último cargo fue el de dragoneante en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá.

iii) El 12 de mayo de 1995, la extinta Cajanal emitió la Resolución 004169, a través
de la cual le reconoció una pensión de jubilación al señor José Eduardo Cuadros con
el 75 % del promedio de lo devengado por él durante el último año de servicio, de
conformidad con lo establecido en la Ley 32 de 1986, y con la inclusión de la
asignación básica, los auxilios de transporte y alimentación, las primas de navidad, de
servicios, de vacaciones y de antigüedad, y el sobresueldo, en cuantía de
$ 212.323,94, a partir del 1.º de octubre de 1994, condicionado al retiro definitivo del
servicio.

iv) El 19 de diciembre de 1996, el INPEC expidió la Resolución 9452, por la cual le
aceptó la renuncia presentada por el causante desde el 1.º de enero de 1996.

v) El 13 de enero de 2017, la UGPP dictó la Resolución RDP 000766, en la que
reliquidó la prestación en cuantía de $ 221.633, efectiva el 1.º de enero de 1996, con
efetos fiscales desde el 28 de abril de 2013, por prescripción trienal, con el 75 % de lo
percibido en el último año de servicio, transcurrido entre el 1º de enero de 1995 y el

2

Radicación: 11001 03 25 000 2022 00225 00 (0423-2022)
Demandante: UGPP

30 de diciembre de 1995, con la inclusión solo de la asignación básica, la bonificación
por servicios, la prima de antigüedad y el sobresueldo.

vi) El 10 de abril de 2018, el Juzgado Segundo Administrativo de Duitama, Boyacá,
profirió sentencia de primera instancia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho incoado por el señor José Eduardo Cuadros.

Allí, el a quo declaró la nulidad de la Resolución RDP 000766 del 13 de enero de 2017,
y, en su lugar, condenó a la UGPP a reliquidar y pagar, a partir del 1.º de enero de
1996, la pensión del entonces accionante, con el 75 % del promedio de lo recibido por
él en el curso del último año de servicios, integrando el IBL, además de la asignación
básica, la bonificación por servicios prestados, la prima de antigüedad y el
sobresueldo, con los siguientes factores: auxilios de alimentación y de transporte, las
doceavas partes de las primas de riesgo, de servicios, de vacaciones y de navidad;
con efectos fiscales desde el 28 de abril del 2013, por prescripción trienal.

vii) El 12 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó
parcialmente en fallo mencionado en el numeral anterior, puesto que excluyó de la
liquidación a la prima de riesgo.

viii) El 19 de diciembre de 2019, la UGPP emitió la Resolución RDP 038605, en la que
dio cumplimiento a las decisiones judiciales aludidas en precedencia.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 12 de noviembre de
2019, confirmó parcialmente el fallo del 10 de abril de 2018, proferido por el Juzgado
Segundo Administrativo de Duitama, Boyacá. Como sustento de lo anterior, el ad
quem argumentó o siguiente:

i) El señor José Eduardo Cuadros es beneficiario de la Ley 32 de 1986, habida
cuenta de que se vinculó antes del 28 de julio de 2003, tal y como lo previó el parágrafo
5.º transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005. Además, tuvo en cuenta lo señalado en
la Sentencia C-651 de 2015 de la Corte Constitucional, que estudió la exequibilidad
de la aludida reforma constitucional.

3

Radicación: 11001 03 25 000 2022 00225 00 (0423-2022)
Demandante: UGPP

ii) En cuanto a cómo debe computarse el IBL, se debe acudir a lo establecido en
la Ley 4.ª de 1966 y en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, por remisión expresa
del artículo 114 de la Ley 32 de 1986: ya que, por un lado, esta última no contempló
los factores salariales a tener en cuenta para efectos de liquidación, y, por el otro, los
miembros del Cuerpo de Custodia están excluidos del régimen general de las Leyes
33 y 62 de 1985.

iii) En tal sentido, como la UGPP, mediante la Resolución RDP 000766 del 13 de
enero de 2017, solo tuvo en cuenta para liquidar la pensión del señor José Cuadros
la asignación básica, la bonificación por servicios, la prima de antigüedad y el
sobresueldo, resulta acertada la inclusión de los factores faltantes, entre ellos las
primas de servicios, de vacaciones y de navidad, y los auxilios de transporte y
alimentación, comoquiera que estos se encuentran taxativamente enlistados en el
referido artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

iv) Pese a lo anterior, no es dable tener en cuenta la prima de riesgo para efectos
pensionales, dado que si bien el Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del
1.º de agosto de 20132 estimó que sí constituía factor salarial, lo cierto es que dicha
posición fue replanteada en la sentencia del 25 de abril de 20193 por esta colegiatura.

1.2. Las causales de revisión invocadas

El apoderado de la UGPP invocó la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y,
en desarrollo de esta, expuso los siguientes fundamentos:

i) La reliquidación prestacional que se ordenó en favor del señor José Eduardo
Cuadros resulta ilegal, toda vez que, si bien el régimen aplicable a su situación
particular es la Ley 32 de 1986, lo cierto es que debieron tenerse en cuenta para
computar el IBL solamente los factores salariales enlistados en el artículo 1.º de la Ley
62 de 1985 y sobre los cuales se hicieron aportes, y no como lo hizo el tribunal, que
en su lugar aplicó el Decreto 1045 de 1978.

2 Al respecto, citó la sentencia de unificación del 1º de agosto de 2013, proferida por la Sección Segunda del

Consejo de Estado, bajo el radicado 44001 23 31 000 2008-00150 (0070-11), con ponencia del magistrado Gerardo
Arenas Monsalve.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 25 de abril de 2019, proferida bajo el radicado

11001 03 25 000 2016 00759 00 (3482-16), con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez.

4

Radicación: 11001 03 25 000 2022 00225 00 (0423-2022)
Demandante: UGPP

ii) «La norma aplicable mencionada, claramente señala que los empleados
oficiales de entidades públicas deben pagar aportes y la base de liquidación estará
conformada por los siguientes factores: El auxilio de alimentación, auxilio de
transporte, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, y sobresueldo;
estableciendo esta misma disposición que las pensiones de los empleados oficiales
se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los
aportes».4

iii) Aplicar normas cuyo alcance no permitían ordenar la reliquidación pensional en
los términos descritos, incluyendo factores diferentes a los enlistados en la ley
mencionada, como lo hicieron los jueces de instancia, deriva en un pago irregular,
pues en el asunto sub lite se omitió la revisión en detalle de los certificados de
información laboral que daban cuenta de los factores salariales sobre los cuales se
hicieron aportes, pero sobre todo, porque las decisiones de instancia se apartaron del
cometido de la modificación introducida por la Ley 62 de 1985 en esta materia.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión5

El señor José Eduardo Cuadros, por conducto de su apoderada, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones incoadas por la UGPP, por lo siguiente:

i) Está claro que es beneficiario del régimen especial contemplado en la Ley 32
de 1986, toda vez que ingresó al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria de Colombia antes del 28 de julio de 2003, tal y como lo establece el
parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005.

ii) A diferencia de lo esbozado por la entidad accionante, sí se le efectuaron los
descuentos del 5 % del salario básico y de todos los factores tales como: el
sobresueldo, las primas de antigüedad, navidad, vacacional, de servicios y de riesgo,
los subsidios de alimentación y transporte, de la bonificación por servicios prestados

4 Páginas 5 y 6 de la demanda de revisión visible en el índice 2 de SAMAI.

5 Índice 16 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado.

5

Radicación: 11001 03 25 000 2022 00225 00 (0423-2022)
Demandante: UGPP

y otros, según la Directiva C-204 del 9 de mayo de 1988, expedida por el Ministerio
de Justicia.

1.4. Concepto del Ministerio Público

El procurador delegado ante la Sección Segunda del Consejo de Estado no se
pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

A esta corporación le corresponde conocer de la acción especial de revisión prevista
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra las providencias judiciales «que hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».6

Así mismo, es oportuno señalar que, de conformidad a los artículos 6.º –numeral 6–
del Decreto 575 de 2013 y 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para
la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de
adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-427
de 2016.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro
de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub
lite, la sentencia objeto de revisión quedó en firme el 20 de noviembre de 2019, y la

6 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también reconoció a la

UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

6

Radicación: 11001 03 25 000 2022 00225 00 (0423-2022)
Demandante: UGPP

acción especial de revisión se interpuso el 7 de diciembre de 2021,7 por lo que es
dable concluir que se radicó dentro del término establecido en la ley.

2.4. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del 12 de noviembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho 15238 33 33 002 2017 00043 02, está inmersa en la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite acudir a la acción especial
de revisión «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.5. Marco normativo

2.5.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece la posibilidad de que el Consejo de
Estado y la Corte Suprema de Justicia, según sus competencias, revisen las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Así mismo,
dicho mecanismo procederá cuando la mesada pensional se haya otorgado como
resultado de una transacción o conciliación.

Por su parte, en cuanto a las entidades legitimadas para su interposición, la precitada
norma establece que la acción especial estará a cargo del Gobierno nacional (a través
de los Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público), del contralor general
de la República y del procurador general de la Nación. De igual modo, la Corte
Constitucional, mediante la Sentencia SU-427 de 2016,8 habilitó a las administradoras
encargadas de reconocer prestaciones periódicas para impetrarla.

7 Índice 3 del aplicativo SAMAI.

8 En la mencionada sentencia se dijo lo siguiente: «(...) frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión

por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para
interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza
de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera
irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen
funcionamiento financiero».

7

Radicación: 11001 03 25 000 2022 00225 00 (0423-2022)
Demandante: UGPP

A su turno, la mencionada disposición señala que la acción especial se adelantará
conforme a las normas que regulan el recurso extraordinario de revisión, que, para el
caso de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, está regulado en los artículos
248 y siguientes del CPACA.

Ahora, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han establecido que
la referida acción presenta aspectos que lo particularizan del recurso extraordinario
de revisión propiamente dicho, por las siguientes razones:

i) Son susceptibles del recurso no solo las sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación.9

ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno nacional –por conducto de
los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público–, del contralor General de
la República o del procurador General de la Nación y las administradoras públicas que
conceden las pensiones.10

iii) Respecto a su alcance, la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre
la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.11

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita analizar de
nuevo sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la
liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso
o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde, respectivamente.

9 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.

10 Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 4, sentencia

del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)

8

Radicación: 11001 03 25 000 2022 00225 00 (0423-2022)
Demandante: UGPP

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.12.

Por otra parte, vale advertir que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, en la que reiteró13 que el recurso extraordinario

de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,14 procede contra
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

Con referencia a las causales de procedencia, el aludido artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas
en dos eventos en específico: el primero, cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación del debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención. No
obstante, lo anterior no es óbice para que las entidades legitimadas también invoquen
las causales taxativas que trae el artículo 250 del CPACA.

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2

de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
13 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter

absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha
consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada
en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En
este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines
esenciales del Estado».
14 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se

encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia
laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv)
En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el
artículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia
contencioso-administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.

9

Radicación: 11001 03 25 000 2022 00225 00 (0423-2022)
Demandante: UGPP

Pese a ello, para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas,
corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por
el recurrente encuadren en las causales taxativamente previstas por el Legislador, sin
que sea posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones
propias de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del
proceso, sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido
irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.

2.5. El régimen especial del INPEC

Para resolver el problema jurídico planteado, es necesario tener en cuenta que las
normas que se refieren a los regímenes pensionales generales en nuestro país, esto
es, tanto la Ley 33 de 1985, como la Ley 100 de 1993, consagraron excepciones a su
aplicación.

Específicamente, en el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 se estableció en cabeza
del Gobierno nacional la obligación de expedir el régimen especial de los servidores
públicos que laboren en actividades de alto riesgo, motivo por el cual es evidente que
sus disposiciones no se les aplican a los trabajadores comprendidos en esa
clasificación.

Con base en esa excepción, en el artículo 17 de la Ley 797 de 2003 se confirieron
facultades extraordinarias al presidente de la República, por el término de seis meses,
para expedir el régimen legal de los trabajadores que laboran en actividades de alto
riesgo.

En ejercicio de esas facultades se expidió el Decreto 2090 de 2003, en el cual se
incluyó al personal dedicado a la custodia y vigilancia del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), como destinatario de las normas sobre actividades
de alto riesgo.

Debe tenerse en cuenta que en el artículo 1.º, parágrafo transitorio 5.°, del Acto
Legislativo 1 de 2005,15 como ya se había señalado en el artículo 168 del Decreto 407

15 «Acto Legislativo 01 de 2005. Artículo 1. […] Parágrafo transitorio 5. De conformidad con lo dispuesto por el

artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último
decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el

10

Radicación: 11001 03 25 000 2022 00225 00 (0423-2022)
Demandante: UGPP

de 1994,16 se estableció que a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia
penitenciaria y carcelaria nacional que ingresaron con anterioridad a la entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 2003 (26 de julio de 2003), se les aplica el régimen
establecido por la Ley 32 de 1986 de manera integral.

En ese orden, el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 se señaló que los miembros del
cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, tienen derecho a gozar de la pensión de
jubilación al cumplir veinte años de servicio, sin tener en cuenta su edad.

Respecto de los trabajadores que forman parte de ese cuerpo, el artículo 126 del
Decreto 407 de 1994 señaló que «[el] Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes,
Alumnos y los Bachilleres Auxiliares que presten el servicio militar en la Institución».

Pese a que los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC tienen derecho
a obtener una pensión de jubilación al cumplir con el tiempo de servicio en los términos
del artículo 96 de la Ley 32 de 1986, nada se estableció en relación con la forma de
liquidarla, por lo que se debe tener en cuenta que en el artículo 114 ejusdem17 se
determinó que en los aspectos no previstos en la ley, se aplicarían las normas vigentes
para los empleados públicos nacionales, lo cual fue reiterado en el artículo 184 del
Decreto 407 de 1994.

Siendo así las cosas, con fundamento en el desarrollo legislativo realizado en líneas
precedentes, se tiene que: i) la Ley 32 de 1986 fue un régimen pensional especial
frente al régimen general adoptado por la Ley 33 de 1985 para los servidores oficiales;
ii) la especialidad de dicho régimen obedeció a los riesgos inherentes a la función de
custodia y vigilancia de los internos en las cárceles y penitenciarias nacionales, y por
lo mismo, el requisito para su causación se circunscribió a 20 años de servicios,
continuos o discontinuos, en ejercicio de esa función; iii) el régimen de personal,

régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará
el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el
dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones
correspondientes».
16 Decreto derogado por el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003.

17 «Artículo 114.Normas subsidiarias. En los aspectos no previstos en esta Ley o en sus decretos reglamentarios,

a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, se les aplicarán las normas vigentes
para los empleados públicos nacionales» (se resalta).

11

Radicación: 11001 03 25 000 2022 00225 00 (0423-2022)
Demandante: UGPP

salarial, prestacional y pensional del INPEC, adoptado por el Decreto Ley 407 de 1994,
conservó la pensión especial en comento, expresamente para los miembros del
cuerpo de custodia y vigilancia mediante la remisión expresa que al artículo 96 de la
Ley 32 hizo el artículo 168 del Decreto Ley 407 en cita; y iv) en cuanto a los parámetros
para la liquidación del derecho pensional, la Ley 32 de 1986 no estableció qué factores
constituían salario para la liquidación de la pensión de jubilación, sin que se pudiera
acudir al régimen prestacional de los funcionarios públicos consagrado en la Ley 33
de 1985, en razón de lo preceptuado en el artículo 1º ejusdem, que excluye del
régimen general al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional (INPEC); por lo tanto, ante la ausencia de norma expresa, esta
corporación señaló que se debía acudir, para el efecto, al Decreto 1045 de 1978.18

2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala

En primera medida, la Sala advierte que la inconformidad de la entidad recurrente
consiste en que la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, del 12 de
noviembre de 2019, habría incurrido en la causal de revisión prevista en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en tanto confirmó parcialmente la providencia
emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Duitama, Boyacá, del 10 de abril
de 2018, dentro del expediente 15238 33 33 002 2017 00043 00, que dispuso la
reliquidación de la pensión de jubilación del señor José Eduardo Cuadros con el 75 %
de lo devengado por él en el último año de servicio, con la inclusión, además de la
asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la prima de antigüedad y el
sobresueldo, de los siguientes factores: auxilios de alimentación y de transporte, y las
doceavas partes de las primas servicios, de vacaciones y de navidad.

Con ello, en su concepto, si bien la Ley 32 de 1986 no señaló los factores salariales
que se deben incluir en el IBL pensional, el ad quem debió acudir a las Leyes 33 y 62
de 1985, y no como erróneamente lo hizo al aplicar el Decreto 1045 de 1978.

18 Véase, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

de 20 de mayo de 2021, radicado N.° 11001-03-25-000-2018-01559-00 (5111-18). Igualmente, véase, Sección
Segunda, Subsección B, sentencias de 27 de abril de 2006, radicado interno 2849-04 y de 22 de abril de 2010,
radicado interno 0858-09; Sección Segunda, Subsección A, sentencias de 10 de agosto de 2006, radicado interno
3146- 05, de 22 de febrero de 2007, radicado interno 4193-04 y de 3 de marzo de 2011, radicado interno 0277-09.

12

Radicación: 11001 03 25 000 2022 00225 00 (0423-2022)
Demandante: UGPP

Pues bien, es pertinente destacar que la entidad recurrente no reprocha el régimen
especial pensional que aplicó el Tribunal Administrativo de Boyacá al señor José
Eduardo Cuadros, razón por la cual no corresponde a esta Subsección realizar
pronunciamiento alguno. Por el contrario, se insiste, la censura se circunscribe a los
factores incluidos en la reliquidación de su pensión de jubilación y a la normativa
aplicada para al fin.

Sobre este punto, el aludido tribunal ─al igual que el Juzgado Segundo Administrativo
de Duitama─ concluyeron que el régimen que se ajustaba al caso particular del
entonces demandante era el contenido en la Ley 32 de 1986 porque, si bien es cierto
esa norma no contemplaba los factores a tener en cuenta para efectos de la
liquidación de la pensión de jubilación, el artículo 114 ibidem19 remitía expresamente
al régimen general vigente para los empleados públicos del orden nacional, esto es,
la Ley 4.ª de 1966 y el Decreto 1045 de 1978, sin que hubiera lugar a la aplicación de
las Leyes 33 y 62 de 1985, dada la exclusión que establece el inciso segundo del
artículo 1.° de la Ley 33 de 1985.

Frente al particular, para la Sala es conveniente traer a colación la sentencia del 22
de septiembre de 2022,20 a través de la cual esta Subsección, en el marco de una
acción especial de revisión similar a la que hoy ocupa su atención, reiteró que sobre
este tema, «la jurisprudencia del Consejo de Estado señaló que se debía acudir al
Decreto 1045 de 1978 y no a la Ley 33 de 1985, toda vez que esta no aplica a los
servidores cobijados por un régimen especial, en virtud de la exclusión contenida en
el artículo 1.° inciso segundo».21

Así las cosas, en el asunto sub lite, la Sala no comparte el argumento de la UGPP
según el cual la sentencia en revisión resulta ser desproporcionada por reconocer una
cuantía que excede lo debido, pues la pensión de jubilación percibida por el

19 Artículo 114. Normas subsidiarias. En los aspectos no previstos en esta Ley o en sus decretos reglamentarios,

a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, se les aplicarán las normas vigentes
para los empleados públicos nacionales.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de septiembre de 2022, emitida bajo el

radicado 11001 03 25 000 2019 00541 00 (4240-2019), con ponencia del magistrado William Hernández Gómez.
21 Así lo sostuvo el Consejo de Estado en las siguientes providencias: Sección Segunda, Subsección B, sentencias

del 27 de abril de 2006, radicado interno 2849-04 y del 22 de abril de 2010, radicado interno 0858-09. De la
Subsección A, sentencias del 10 de agosto de 2006, radicado interno 3146-05, del 22 de febrero de 2007, radicado
interno 4193-04 y del 3 de marzo de 2011, radicado interno 0277-09.

13

Radicación: 11001 03 25 000 2022 00225 00 (0423-2022)
Demandante: UGPP

demandado, lejos de ser abusiva o lesiva del erario, fue reliquidada, se insiste, con
base en la normativa y la jurisprudencia vigentes al momento en que aquella fue objeto
de pronunciamiento; de manera que no solo se obtuvo sin abuso del derecho, sino
que se encuentra revestida de los principios de la buena fe y de la confianza legítima.

Aunado a ello, según se indicó en el numeral 1.2., ut supra, los argumentos de la
entidad accionante son someros y solamente se basan en controvertir la manera en
la que el tribunal de segunda instancia aplicó el Decreto 1045 de 1978 para constituir
el ingreso base de liquidación en la mesada del señor José Eduardo Cuadros, como
si se tratara de una tercera instancia, dado que no presentó juicios contundentes que
permitan reabrir el debate en torno a la materia objeto de revisión.

Es más, la pluricitada entidad se contradice en su escrito, puesto que si bien solicita
tener en cuenta el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, lo cierto es que a reglón seguido
indicó que «[l]a norma aplicable mencionada, claramente señala que los empleados
oficiales de entidades públicas deben pagar aportes y la base de liquidación estará
conformada por los siguientes factores: El auxilio de alimentación, auxilio de
transporte, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, y
sobresueldo […]»,22 emolumentos que, en efecto, fueron incluidos por el Tribunal
Administrativo de Boyacá en la liquidación pensional del señor Cuadros, conforme al
ya referido Decreto 1045 de 1978.

Por último, en cuanto a la censura de que el los jueces de instancia omitieron la
revisión en detalle de los certificados de información laboral que daban cuenta de los
factores salariales sobre los cuales se hicieron aportes, con lo cual se apartaron del
cometido de la modificación introducida por la Ley 62 de 1985 en esta materia, la Sala
tampoco acompaña tal apreciación, por lo siguiente:

Tanto el Juzgado Segundo Administrativo de Duitama como el Tribunal Administrativo
de Boyacá tuvieron en cuenta el certificado de salarios visible en el folio 15 del
expediente 15238 33 33 002 2017 00043 00,23 en el que se advierte que el señor José

22 Páginas 5 y 6 de la demanda de revisión visible en el índice 2 de SAMAI.

23 Índice 14 de SAMAI.

14

Radicación: 11001 03 25 000 2022 00225 00 (0423-2022)
Demandante: UGPP

Eduardo Cuadros percibió los siguientes factores durante el período comprendido
entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 1995: asignación básica; sobresueldo;
subsidio familiar; bonificaciones por servicios y especial por recreación; los auxilios de
alimentación y de transporte; y las primas de antigüedad, de riesgo, de servicios, de
vacaciones y de navidad.

Además, al momento de decidir el litigio, los jueces de instancias estimaron que el IBL,
al igual que se ha reiterado a lo largo de este proveído, debía conformarse por los
mencionados emolumentos de conformidad con el Decreto 1045 de 1978, a excepción
del subsidio familiar, de la prima de riesgo y de la bonificación especial por recreación,
los cuales no tienen incidencia pensional.

Así mismo, el Juzgado Segundo Administrativo de Duitama,24 en virtud de la
jurisprudencia sostenida por esta colegiatura,25 ordenó el descuento de los aportes
correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordenó en dicha sentencia
y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal, «pues la referida omisión
por parte de la administración no impide el reconocimiento de dichos conceptos para
efectos pensionales, toda vez que aquellos pueden ser descontados por la entidad
cuando se haga el reconocimiento prestacional»,26 decisión que fue confirmada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá en el fallo objeto de revisión.

De acuerdo con lo anterior, no es cierto que el ad quem se haya apartado
caprichosamente del artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, puesto que tal normativa no
era aplicable al caso concreto del señor Cuadros. Aunado a ello, se itera que tanto el
juez de primera instancia como el aludido tribunal sí analizaron el certificado laboral
allegado al plenario y estimaron pertinente ordenar los descuentos por concepto de
aportes sobre los cuales no se hubiesen realizado las correspondientes deducciones.

24 Página 28 de los anexos de la demanda de revisión, visible en el índice 3 del aplicativo SAMAI.

25
Sobre este punto, el a quo citó la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 26 de enero de 2012, proferida bajo el radicado 76001 23 31 000 2004 05369 01 (0804-11), con
ponencia del magistrado Gerardo Arenas Monsalve.
26 Ibidem.

15

Radicación: 11001 03 25 000 2022 00225 00 (0423-2022)
Demandante: UGPP

Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por la UGPP, al no haberse configurado la causal contemplada en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, comoquiera que la sentencia cuestionada se
profirió conforme a derecho y bajo la normativa y jurisprudencia vigentes para aquella
época en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por ende, la prestación
reconocida no excedió lo debido de acuerdo con la ley.

2.7. De la condena en costas

Con fundamento en el inciso 2.° del artículo 188 del CPACA, en el presente caso, los
sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que contaban con
suficiente respaldo legal y jurisprudencial para obtener un pronunciamiento favorable
a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.

3. Conclusión

Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en
casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio,
y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la presente acción de revisión debe
ser declarada infundada, debido a que no se acreditó la configuración de la causal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, por la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la
sentencia del 12 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, dentro del expediente 15238 33 33 002 2017 00043 02.

Segundo. Sin condena en costas.

16

Radicación: 11001 03 25 000 2022 00225 00 (0423-2022)
Demandante: UGPP

Tercero. Reconocer personería adjetiva a la abogada Lucía Arbeláez de Tobón,
como apoderada de la UGPP, de conformidad y para los efectos del poder general
visible en índice 24 del aplicativo SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

DLAR

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.

17

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.