Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00541-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00541-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00541-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
22 de septiembre de 2022
Radicado: 11001032500020190054100 (4240-2019)
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 11001032500020190054100 (4240-2019)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP
Demandado: HÉCTOR BRAND
Temas: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Ingreso base de liquidación régimen de transición de la Ley 100
de 1993. INPEC
SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-054-2022
ASUNTO
La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP, con el fin de que se infirme la sentencia del 22 de junio de 2018, proferida por
el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, que confirmó el fallo de
primera instancia, emitido el 25 de enero de 2017, por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Neiva, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor Héctor Brand en su contra.
ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO
DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
El señor Héctor Brand, por intermedio de apoderado y en ejercicio del medio de control
consagrado en el artículo 138 del CPACA, demandó1 la nulidad de la Resolución UGM
020017 del 12 diciembre de 20112, mediante la cual la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP,
negó la reliquidación de su pensión de jubilación.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, pidió que
se condene a la demandada a: i) reliquidar la pensión de jubilación con el 75% de los
factores salariales devengados en el año anterior al retiro del servicio, conforme a las
1 Archivo «003Demanda» del enlace obrante a índice 32 del sistema informático SAMAI.
2 También pidió la nulidad de las Resoluciones 008034 del 9 de mayo de 2000 y 22676 del 24 de
septiembre de 2001, sin embargo, la demanda fue rechazada respecto de ellas, por cuanto no se
acreditó el agotamiento de los recursos administrativos procedentes en su contra.
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Demandante: UGPP
Leyes 33 y 62 de 1985; ii) indexar conforme al IPC los valores adeudados, de acuerdo
con el artículo 187 del CPACA; iii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del
artículo 192 del CPACA; y iv) pagar los intereses moratorios de conformidad con el
artículo 195 del CPACA.
Fundamentos fácticos
En síntesis, se presentaron los siguientes fundamentos fácticos relevantes:
1. El señor Héctor Brand prestó servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional,
en el periodo comprendido entre el 6 de marzo de 1978 y el 30 de octubre de 1979.
2. Laboró como servidor público en la Dirección General de Prisiones e Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, en el cargo de dragoneante, código 4114,
grado 11, desde el 17 de junio de 1980 hasta el 30 de diciembre del 2000.
3. A través de la Resolución 008034 de 9 de mayo de 2000, la extinta Caja
Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE, le reconoció y ordenó el pago de la
pensión de vejez en una cuantía de $415.987,37, efectiva a partir del 1. ° de marzo de
1999, condicionada al retiro definitivo del servicio. La liquidación se efectuó de
conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia C-168 de 1995,
con el 75% de lo devengado entre el 1. ° de abril de 1994 y el 28 de febrero de 1999,
teniendo en cuenta la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.
4. Posteriormente, la prestación fue reliquidada por retiro del servicio mediante
Resolución 22676 de septiembre 24 de 2001, en cuantía de $472.834.69, efectiva a
partir del 1. ° de enero de 2001, teniendo en cuenta el 75% de lo percibido entre el 1.°
de abril de 1994 y el 30 de diciembre de 2000, incluyendo la asignación básica y la
bonificación por servicios prestados.
5. El 14 de junio de 2008 el señor Héctor Brand pidió ante la extinta Cajanal EICE
la reliquidación pensional con inclusión de todos los factores salariales devengados en
el último año de servicio, de conformidad con las Leyes 4ª de 1966 y 33 de 1985.
6. La entidad denegó la petición a través de la Resolución UGM 020017 del 12
diciembre de 2011, con el argumento de que la prestación fue liquidada con los
factores taxativamente señalados en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, que le
resultaba aplicable.
Como disposiciones vulneradas, citó los artículos 96 de la Ley 32 de 1986; 48 de la
Constitución Política; el Acto Legislativo 01 de 2005, Decreto 446 de 1994; Leyes 33 y
62 de 1985 y el Decreto 1045 de 1978.
Como concepto de violación de la normativa invocada, indicó que el acto acusado
infringe las normas en que debió fundarse. Argumentó que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP, liquidó su pensión teniendo en cuenta el artículo 36 de la Ley 100 de 1996 y,
que esta disposición no le es aplicable, pues el parágrafo 5° del Acto Legislativo 01 de
2005 previó que los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional del INPEC, se rigen por el Decreto 2090 de 2003, salvo aquellos
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cuya vinculación es anterior a la entrada en vigor de dicho decreto, quienes
continuarán cobijados por lo dispuesto en la Ley 32 de 1986. Indicó que es esta última
la que rige su prestación y que aquella no contiene disposiciones respecto al ingreso
base de liquidación pensional, por lo que es necesaria la remisión a los Decretos 1045
de 1978 y 446 de 1994, y a la Ley 62 de 1985 respecto a este punto.
Agregó que esta normativa no prevé una lista taxativa de factores salariales que
integran el IBL, sino que estos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión
de otros conceptos devengados por el trabajador como retribución de su labor. Adujo
que, así lo explicó el Consejo de Estado en sentencias del 9 de julio de 2009 y del 4
de agosto de 2010.
En igual sentido, señaló que, en sentencia del 12 de mayo de 20143, el máximo tribunal
de lo contencioso administrativo expuso que a los funcionarios del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia del INPEC les asiste el derecho a la liquidación de la pensión con todos
los factores salariales devengados en el último año de servicio, con inclusión de la
prima de clima, la prima de riesgo y el sobresueldo.
Finalmente, precisó que el hecho de haber omitido hacer las deducciones
correspondientes sobre determinados factores salariales no es óbice para computarlos
en la liquidación pensional, pues nada impide que se ordene efectuar los descuentos
con posterioridad.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA4
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, UGPP, se opuso a las pretensiones de la demanda y aseguró
que el acto acusado se ajusta al ordenamiento jurídico.
Explicó que el servidor adquirió el estatus jurídico de pensionado en vigencia de la Ley
100 de 1993, razón por la cual tiene derecho a la pensión en las condiciones de edad,
tiempo de servicios y monto, este último entendido como la tasa de reemplazo,
previstas en la Ley 33 de 1985. Empero, el IBL debe determinarse conforme al artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994. Además, indicó que no es
procedente la inclusión en el ingreso base de liquidación de emolumentos sobre los
cuales no se hayan efectuado los descuentos por concepto de aportes al sistema de
seguridad social y como soporte de su afirmación citó la sentencia SU-230 de 2015.
Finalmente, propuso las siguientes excepciones:
• Inexistencia de la obligación demandada: Explicó que la liquidación pensional
fue efectuada conforme a las normas aplicables, esto es, las Leyes 33 de 1985
y 100 de 1993.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2012, radicado:
5001-23-31-000-2008-00239-01 (0889-13).
4 Páginas 115 a 121, documento «001CuadernoPrincipal», índice 32 del sistema informático SAMAI.
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• Ausencia de vicios en los actos administrativos demandados: Manifestó que el
acto acusado se presume legal comoquiera que fue expedido conforme al
ordenamiento jurídico.
• Prescripción: Solicitó que, en caso de acceder a las pretensiones, se declare la
prescripción de las mesadas que no hayan sido reclamadas en la oportunidad
legal prevista para ello.
• Genérica o innominada: Pidió que se declare, de oficio, cualquier excepción que
se encuentre configurada en el proceso.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA5
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Neiva, en sentencia del 25 de
enero de 2017, declaró la nulidad de la Resolución UGM 020017 del 12 diciembre de
2011. En su lugar, ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, reliquidar la pensión de
jubilación del señor Héctor Brand, con una tasa de reemplazo del 75% de los factores
salariales devengados durante el último año de servicio, sobre los cuales se hubieren
efectuado las respectivas cotizaciones, estos son: la asignación básica, la bonificación
por servicios prestados, el sobresueldo, el auxilio de alimentación, el auxilio de
transporte, la prima de riesgo, la prima de vacaciones, la prima de navidad y la prima
de servicios.
Consideró que, si bien el señor Héctor Brand no es beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que a su caso es aplicable el régimen
especial contenido en la Ley 32 de 1986, ello en virtud de lo dispuesto en el Acto
Legislativo 01 de 2005. Sin embargo, comoquiera que la mencionada norma no reguló
los factores que integran el IBL pensional, en lo relativo a este aspecto debe atenderse
la Ley 4ª de 1966 y el Decreto 1045 de 1978. De ahí, concluyó que la pensión del
demandante debía calcularse con todos los factores devengados por aquel durante el
último año de servicio.
En cuanto a la prima de riesgo, indicó que el artículo 11 del Decreto 446 de 1994
dispuso que esta no tiene carácter salarial, no obstante, el Decreto 1848 de 1979
previó que la pensión de jubilación debe liquidarse con el promedio de salarios y primas
de toda especie, lo que comprende a la prima de riesgo, como lo ha estimado el
Consejo de Estado, en diferentes pronunciamientos. Respecto al subsidio de unidad
familiar y la bonificación por recreación, señaló que aquellos deben ser excluidos de la
liquidación, pues así lo ha determinado el órgano de cierre de la jurisdicción
contencioso administrativa.
5 Páginas 195 a 197, documento «001CuadernoPrincipal», índice 32 del sistema informático SAMAI.
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Por último, declaró la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 14 de
junio de 2005.
RECURSO DE APELACIÓN6
Inconforme con la anterior decisión, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP presentó
recurso de apelación con el fin de que se revocara la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda.
Señaló que, de acuerdo con la interpretación del artículo 102 del CPACA, efectuada
por la Corte Constitucional, ante la contradicción en la jurisprudencia de las altas cortes
en torno a determinado tema, la administración puede optar por el precedente que
considere más ajustado a la Constitución.
En ese orden, aseveró que,7 si bien el Consejo de Estado en su jurisprudencia expuso
una tesis respecto al ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en el
marco del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la
entidad decidió acoger el criterio adoptado por la Corte Constitucional en sentencias
C- 410 de 1994, C-168 de 1995, C-596 de 1997 y C-058 de 1998, así como en el auto
206 de 2005, y por la Corte suprema de Justicia en reiteradas oportunidades8. Por esa
razón, sostuvo que el señor Héctor Brand tiene derecho a que la pensión de jubilación
se le reconozca en las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, este último
entendido como la tasa de reemplazo, previstas en la Ley 33 de 1985, empero, el IBL
debe determinarse conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y al Decreto 1158 de
1994.
Agregó que no es dable la inclusión del subsidio familiar y la prima de riesgo, pues el
Decreto 446 de 1994 precisó que dichos emolumentos no tienen connotación salarial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA9
El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, profirió sentencia el 22 de
junio de 2018, por medio de la cual modificó el numeral quinto del fallo de primera
instancia, en el sentido de abstenerse de condenar en costas a la entidad demandante,
y confirmó en todo lo demás. Dicha decisión la adoptó con apoyo en las siguientes
consideraciones:
En primer lugar, indicó que el Legislador creó el régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 con el propósito de salvaguardar las expectativas legítimas de
los trabajadores, así como el principio de confianza legítima. Señaló que así lo
6 Páginas 206 a 215, documento «001CuadernoPrincipal», índice 32 del sistema informático SAMAI.
7 Citó las sentencias del 4 de agosto de 2010, radicado: 250002325000200607509 01; del 7 de octubre
de 2010, radicado: 15001233100200602953 01; del 20 de enero de 2011, radicado:
250002325000200407805 01; del 27 de enero de 2011, radicado: 250002331000200700890; del 3 de
febrero de 2011, radicado: 250002325000200701044 01; del 17 de marzo de 2011, radicado:
130012331000200600577 01 y del 189 de febrero de 2010, radicado: 2500023250002004042 01.
8 Citó las sentencias del 21 de junio de 2011, expediente: 42386; del 5 de octubre de 2010, expediente:
37841; del 1.° de marzo de 2011, expediente: 39791; del 1.° de diciembre de 2009, expediente: 39487
y del 14 de septiembre de 2010, expediente: 40682.
9 Páginas 33 a 56, documento «002CuadernoApelación», índice 32 del sistema informático SAMAI.
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entendió la Corte Constitucional en sentencias C-789 de 2002, C-314 de 2004 y C-428
de 2009.
En segundo lugar, citó los artículos 96 y 114 de la Ley 32 de 1986, 168 del Decreto
407 de 1994, para señalar que los miembros del INPEC tienen derecho a una pensión
de jubilación al cumplir 20 años de servicio, continuos o discontinuos, sin tener en
cuenta la edad. Seguidamente, explicó el régimen de quienes desempeñan actividades
de alto riesgo, contenido en el Decreto 2090 de 2003.
Afirmó que la citada normativa no señaló el ingreso base de liquidación pensional, por
lo que, para efectos de establecer el monto de la prestación, estimó necesario acudir
al artículo 4 de la Ley 4ª de 1966, que dispone que la pensión de jubilación se liquidará
tomando como base el 75% del promedio mensual recibido en el último año de servicio.
En cuanto a los factores, atendió los enunciados en el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978.
En relación con la prima de riesgo, advirtió que a pesar de que el artículo 11 del
Decreto 446 de 1994 indicó que esta no tiene carácter salarial, el Decreto 1848 de
1979 dispuso que la pensión de jubilación debe liquidarse con el promedio de salarios
y primas de toda especie, lo que comprende el mencionado emolumento.
Así las cosas, al analizar el sub judice concluyó que el demandante es beneficiario del
régimen de transición, por lo que, para acceder a la pensión, resultan aplicables los
presupuestos de la Ley 4ª de 1966 y el Decreto 1045 de 1978, es decir, en un monto
equivalente al 75% de lo percibido durante el último año de servicio, con inclusión de
todos los factores recibidos durante dicho lapso, a saber, la asignación básica, la
bonificación por servicios prestados, el sobresueldo, el auxilio de alimentación, el
auxilio de transporte, la prima de riesgo, la prima de vacaciones, la prima de navidad
y la prima de servicios, de acuerdo con la tesis expuesta por el Consejo de Estado en
la sentencia del 22 de abril de 201510.
Finalmente, revocó la condena en costas ordenada por el a quo, por considerar que
no se probó su causación.
LA ACCIÓN DE REVISIÓN11
La UGPP presentó acción de revisión de providencias que imponen el reconocimiento
de sumas periódicas a cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que
trata el artículo 20, literales a) y b) de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de abril de 2015, radicado:
050012331000201100740 01.
11 Folios 2 a 43 del cuad. ppal.
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Demandante: UGPP
1. «Revocar» la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 22 de
junio de 2018 que confirmó la decisión del 25 de enero de 2017 emitida por el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Neiva, dentro del proceso ordinario
instaurado por el señor Héctor Brand, bajo el radicado 410013335002201500095.
2. Declarar que el señor Héctor Brand no es acreedor de un derecho adquirido,
frente a la liquidación pensional con la totalidad de los factores salariales devengados
en el último año de servicio.
3. Ordenar que la pensión del señor Héctor Brand se liquide conforme a las reglas
previstas por las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427
de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, así como los autos 326
de 2014 y 229 de 2017, proferidos por la Sala Plena de la Corte Constitucional. De
acuerdo con aquellas providencias, para determinar el ingreso base de liquidación, se
deben adoptar las directrices fijadas en el inciso 3.º del artículo 36 o las consignadas
en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso. Los factores base de cotización
son los taxativamente enlistados por el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones
que expresamente consagren la condición de factor salarial con incidencia pensional,
con una tasa de reemplazo del 75%, conforme lo prevé la «Ley 33 de 1985».
Como sustento de sus pretensiones, expuso que la decisión adoptada en la sentencia
objeto de revisión contraría los artículos 1, 2, 6, 121, 123 inciso 2 y 124 de la
Constitución Política; la Ley 100 de 1993; la Ley 33 de 1985; el Decreto 1158 de 1994;
el Acto Legislativo 01 de 2005 y demás normas concordantes.
Al respecto, argumentó que el reconocimiento del derecho pensional realizado en la
decisión cuestionada se efectuó con violación al debido proceso, al haberse accedido
a una liquidación en contravía de lo dispuesto por los artículos 36 y 21 de la Ley 100
de 1993, así como del interés general.
También adujo que dicho reconocimiento excede lo debido de acuerdo con la ley. En
este sentido, explicó que el señor Héctor Brand, al estar cobijado por el régimen de
transición, tiene derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad,
tiempo de servicios y monto, previstas por la «Ley 33 de 1985». No obstante, el IBL
debe determinarse según lo regulado en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 y
con los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, pues este aspecto no fue
objeto de transición. Destacó que así lo ha interpretado la Corte Constitucional en
reiterados pronunciamientos12, que constituían precedente obligatorio para los jueces
de instancia.
En igual sentido, indicó que el Consejo de Estado, en sentencia del 21 de septiembre
de 2006, sostuvo que la pensión de jubilación de los servidores del INPEC que hayan
adquirido el derecho a ella en vigencia de la Ley 100 de 1993 debe reconocerse
teniendo en cuenta las condiciones de edad y tiempo de servicios previstas en la Ley
32 de 1986, empero, el ingreso base de liquidación debe componerse con los factores
señalados por el Decreto 1158 de 1994.
12 Citó las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de
2017, SU-395 de 2015, SU-631 de 2017, T-039 de 2018 y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017.
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Demandante: UGPP
Además, solicitó, como medida cautelar, la suspensión provisional de la sentencia
objeto de revisión, la cual fue negada mediante auto del 9 de septiembre de 2019 13.
CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN
El señor Héctor Brand no contestó la acción de revisión, dentro del término dispuesto
para el efecto14.
CONSIDERACIONES
Competencia
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala,
en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.15.
Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 16.
Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 precisa:
«Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».
De conformidad con lo expuesto, corresponde a esta corporación conocer de los
recursos extraordinarios y las acciones de revisión que se interpongan contra las
sentencias proferidas por los tribunales administrativos.
Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer de la acción de revisión
interpuesta contra la sentencia proferida el 22 de junio de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión.
Legitimación
Conviene señalar que, sobre la legitimación de la UGPP para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte
13 Folios 322 a 324 del cuaderno principal.
14 El señor Héctor Brand se notificó del auto admisorio de la demanda mediante correo electrónico 9 de
diciembre de 2021, con acuse de recibo obrante a índice 29 del sistema informático SAMAI, sin que
haya radicado la contestación de la demanda.
15 «Artículo 249. Competencia.
[…]
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
16 Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
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Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.».
En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de sus Salas
Especiales de Decisión17, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
está habilitada para adelantar esta clase de procesos.
Es de anotar que, de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP
se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento
de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación,
como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social EICE.
La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren
en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que
estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese
organismo. En el sub lite, ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte
demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la
Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso
de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social EICE. Adicionalmente, el
Decreto 575 de 2013, artículo 6, numeral 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para
iniciar acciones de esta naturaleza.
De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la presentación de
la acción de revisión.
Oportunidad
Con el fin de analizar si la acción de revisión fue interpuesta oportunamente, se debe
tener en cuenta que la sentencia del 22 de junio de 2018 emitida por el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, se notificó por medio de correo
17 Ibidem.
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electrónico del 11 de julio de 201818, es decir, que quedó ejecutoriada el día 16 de los
mismos mes y año19.
Así las cosas, como en este caso la demanda fue radicada el 26 de julio de 201920, se
concluye que aquella se encuentra dentro del término de los 5 años previsto por el
artículo 251 del CPACA.
Acción de revisión de sentencias sobre pensiones
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 200321 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»22.
Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:
Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
18 Página 59, documento «002CuadernoApelación», índice 32 del sistema informático SAMAI.
19 Según constancia secretarial obrante a página 64 documento «002CuadernoApelación», índice 32
del sistema informático SAMAI.
20 Folio 43 vuelto del cuaderno principal.
21 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.».
22 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
835 de 2003.
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aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación23.
Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones24.
Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira25.
De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.
Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia26.
Problema jurídico
El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:
¿Se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, al ordenar la reliquidación de la pensión del señor Héctor Brand,
cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, atendiendo el ingreso
base de liquidación de la Ley 4 de 1966 y el Decreto 1045 de 1978, esto es, en cuantía
equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicios y
con la inclusión de la totalidad de factores recibidos en el mismo periodo?
Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: i) la causal de revisión
contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; ii) la causal de
revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; iii) el régimen
pensional de los miembros del INPEC, iv) el régimen de transición previsto en el artículo
6 del Decreto 2090 de 2003, v) la jurisprudencia sobre el régimen de transición de la
23 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
24 Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4,
sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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Ley 100 de 1993, y vi) la verificación de las causales de revisión invocadas en el caso
particular y concreto.
La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas
para el recurso extraordinario de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso».
Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido
por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien
sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para
proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de
la justicia27. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son28:
«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;
(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;
(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y
(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones
o influencias ilícitas.».
Adicionalmente, deben tenerse presente otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción
27 Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
28 Sentencia C-341 de 2014
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de tutela contra providencias judiciales29, que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez
del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias30 que hacen la decisión
incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales
conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por
ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.». En relación con esta causal, es
importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…]
de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo,
y, equitativos para todos los ciudadanos […]»31. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de
procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.
Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales
parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a que tiene derecho
el señor Héctor Brand debe liquidarse teniendo en cuenta el ingreso base de
liquidación previsto por el inciso 3. ° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994 y no
el señalado por la Ley 4ª de 1966 y el Decreto 1045 de 1978, con la inclusión de todos
los factores devengados en el último año de servicio. En esa medida, se debe definir
si el valor de la prestación que la sentencia objeto de la acción de revisión ordenó
reconocer debe ser reducido en la misma proporción, a efectos de contribuir a la
sostenibilidad financiera del sistema general de seguridad social en pensiones.
El ingreso base de liquidación de las pensiones del régimen especial del INPEC
La Ley 32 de 1986, en el artículo 1, previó lo siguiente:
«Artículo 1°. Materias que regulan la presente Ley. La presente Ley regula todo
lo relativo al ingreso, formación, capacitación, ascensos, traslados, retiros,
administración y régimen prestacional del personal de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria Nacional.».
Dicho ordenamiento determinó que el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria
Nacional está compuesto por oficiales, suboficiales y guardianes, quienes dependen
29 Ver entre muchas otras, Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
30 Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015.
31 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.
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directamente del Comando de Vigilancia de la Dirección General de Prisiones.
En relación con el reconocimiento pensional, en el artículo 96 dispuso:
«Artículo 96. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de
jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al
servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta su edad.».
Por su parte, el artículo 168 del Decreto 407 de 1994, derogado por el artículo 11 del
Decreto 2090 de 2003, determinó que los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional que, a la fecha de su entrada en vigor,
a saber, el 21 de febrero de 1994, se encontraran en servicio del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrían derecho a gozar de la pensión de jubilación
en los términos establecidos en el artículo 96 de la citada ley.
En cuanto a los factores para tener en cuenta en la liquidación, la referida normativa
no previó nada al respecto. En consecuencia, se atiende la remisión que hacen los
artículos 114 de la Ley 32 de 1986 y 184 del Decreto 407 de 1994, según los cuales,
en los aspectos no previstos en ellas, se aplicarán las normas vigentes para los
empleados públicos nacionales. Sobre este tema, la jurisprudencia del Consejo de
Estado señaló que se debía acudir al Decreto 1045 de 197832 y no a la Ley 33 de 1985,
toda vez que esta no aplica a los servidores cobijados por un régimen especial, en
virtud de la exclusión contenida en el artículo 1.° inciso segundo
Dispone la citada preceptiva lo siguiente:
«ARTÍCULO 45. De los factores de salario para la liquidación de cesantía y
pensiones. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de
las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores
oficiales, en la liquidación se tendrá en cuenta los siguientes factores de salario:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación y la prima técnica;
c) Los dominicales y feriados;
d) Las horas extras;
e) Los auxilios de alimentación y transporte;
f) La prima de navidad;
g) La bonificación por servicios prestados;
h) La prima de servicios;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se
hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año
de servicio;
j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978;
k) La prima de vacaciones;
l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días
de descanso obligatorio;
ll) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130
de 1968.».
32 Así lo sostuvo el Consejo de Estado en las siguientes providencias: Sección Segunda, Subsección B,
sentencias del 27 de abril de 2006, radicado interno 2849-04 y del 22 de abril de 2010, radicado interno
0858-09. De la Subsección A, sentencias del 10 de agosto de 2006, radicado interno 3146-05, del 22
de febrero de 2007, radicado interno 4193-04 y del 3 de marzo de 2011, radicado interno 0277-09.
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El régimen de transición previsto en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003
El artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 previó un régimen de transición, según el cual,
aquellas personas que desarrollaban alguna de las actividades de alto riesgo,
reguladas por la misma norma, tienen derecho a la aplicación de los requisitos
prescritos en los Decretos 1281 de 1994 o 1835 de 1994, según el caso. Para tal
efecto, el Decreto 2090 de 2003 exige que hubiesen cotizado cuando menos 500
semanas en la ejecución de una actividad catalogada como de alto riesgo, a la fecha
de entrada en vigencia del referido decreto, esto es, el 28 de julio de dicho año33.
Es importante tener presente que la exigencia de semanas de cotización especial a
que hace referencia el artículo 6 del Decreto 2090 ejusdem se interpreta como «[…]
semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada
jurídicamente como de alto riesgo […]», de acuerdo con el ordinal primero de la sentencia
C-663 de 2007 que declaró la exequibilidad condicionada de la norma en cita 34.
En ese orden de ideas, para acreditar el requisito de las 500 semanas de cotización
previas a la entrada en vigor del Decreto 2090 de 2003, bastaba con demostrar que
la actividad considerada de alto riesgo se ejerció por dicha cantidad de semanas en
cualquier tiempo, sin necesidad de probar que se realizaron cotizaciones especiales
como lo pregonaba el artículo 6 de la norma en cita.
Ahora bien, denótese que la segunda parte del inciso primero del artículo 6 del Decreto
2090 de 2003 dispone que el derecho se causa una vez cumplido el número mínimo
de semanas exigido por el artículo 9, inciso 2 de la Ley 797 de 2003, a partir de lo cual
se les reconocerá la pensión «[…] en las mismas condiciones establecidas en las normas
anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo […]».
Por lo tanto, de una primera lectura de los apartes citados de la norma, se podría
concluir razonablemente que para causar el derecho a la pensión bajo los parámetros
del régimen de transición expuesto en el Decreto 2090 de 2003, se tendría que haber
cumplido con un mínimo de 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo hasta el
31 de diciembre de 2004, porque a partir del 1.º de enero de 2005, el número mínimo
de semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez aumentó en 50, y
posteriormente, a partir del 1.º de enero de 2006, dicho requisito aumentaría
anualmente en 25 semanas hasta completar un total de 1300 en el año 2015.
No obstante, esta Corporación35 ha interpretado que el requisito en comento equivale
a 1000 semanas de cotización, bajo el entendido de que es condición necesaria para
acceder al derecho pensional en las mismas condiciones previstas por las normas
anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo. En otras palabras, la Sala
33 De acuerdo con el artículo 11 del Decreto en cita este empezó a regir a partir de la fecha de su
publicación
34 «Primero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 6º del Decreto Ley 2090 de 2003, por los cargos de la
demanda, en el entendido de que para el cómputo de las "500 semanas de cotización especial", se
podrán acreditar las semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido
calificada jurídicamente como de alto riesgo.»
35 Sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 29 de junio
de 2017. Radicación 08001233300020120008201 (0391-14). Demandante: Gilberto Antonio Rondón
Sepúlveda, Demandado: UGPP.
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consideró que el requisito al que se hace alusión únicamente contempla cotizar 1000
semanas.
Posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2015, en su parágrafo transitorio 5, dispuso:
«De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el
Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a
los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A
quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta
ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor,
este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben
haberse cubierto las cotizaciones correspondientes.».
Conforme a la norma transcrita, los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional que ingresaron al servicio con anterioridad a la
entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 tienen derecho a que su pensión se
determine por el régimen especial previsto por la Ley 32 de 1986.
La jurisprudencia relativa a la liquidación de las pensiones conforme al régimen
de transición de la Ley 100 de 1993
La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto
de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios
complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro. Subjeto
era el de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en condiciones que
les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, a través de la
protección de las contingencias que las puedan afectar (art. 1). En el artículo 36 de la
norma en mención, concibió un régimen de transición que ha sido entendido como un
beneficio en favor de las personas que cumplan con unos requisitos para la entrada
en vigor de aquella. Esto les permitiría regirse por las normas aplicables en el régimen
anterior. Así lo señaló:
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]».
De la norma transcrita, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos de edad
o tiempo de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen las normas
anteriores que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a edad, tiempo de
servicios o semanas cotizadas y monto. Sin embargo, en relación con este último
aspecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado no ha
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sido pacífica, pues se ha debatido si el ingreso base de liquidación hace parte del
régimen de transición o no, como pasa a exponerse:
• Criterio de la Corte Constitucional.
En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos
11 y 36 de la Ley 100 de 1993, frente a la diferenciación que hacía la norma original
entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna regla frente
a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición. Posteriormente, dicha
Corporación, a través de sus salas de revisión de tutelas, emitió una serie de
pronunciamientos, según los cuales, el ingreso base de liquidación se encontraba
inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía entenderse que en este
aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993. Así se
indicó en las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de
2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007,
T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.
Más adelante, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de
los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de
transición, así lo sostuvo:
«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los
regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del
Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100,
el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que
eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la
sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo
36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la
declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser
llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la
Ley 100 referidas.
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar
inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se
entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese
régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993, según el caso.»
Luego, en la sentencia SU-230 de 2015 definió claramente que la anterior
interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:
«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258
de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el
derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas
de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y
magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes
especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no
es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este
las que deben observarse para determinar el monto pensional con
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independencia del régimen especial al que se pertenezca». (Negrilla por fuera
de texto).
A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias
de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-
427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017. En esta última
providencia36, la Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra
sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en los
regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 197137 y 929 de 197638.
Consideró que la regla general de liquidación pensional, en los términos de los
artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, también cobija a quienes
venían rigiéndose por normas especiales. Así lo había analizado la sentencia C-258
de 2013 que precisó que la transición consiste en la aplicación ultractiva de los
regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado
con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo,
pero excluyendo el ingreso base de liquidación.
• Criterio del Consejo de Estado.
Por su parte, el Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí hacía parte
del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda el 4 de agosto de 201039 así se refirió al tema:
«Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición,
que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas
que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley,
en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y
monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al
cual se encontraban afiliados.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1 de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la
Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios.
36 Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
37 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
38 «Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la
Contraloría General de la República y sus familiares.»
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
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Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009,
proferida por la Sección Segunda de esta Corporación».
La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas y
subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante y
obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la
cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».
La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»
En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.».
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.». Esta subregla se justifica, así:
«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional
es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33
de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la
edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones.».
Con todo, la Sala Plena también sostuvo:
«No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición,
con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado,
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lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a
interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya
reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la
prosperidad o no de la causal invocada. Como uno de los efectos de esta decisión
comprende los procesos administrativos en curso, la Sala solicita de manera
imperiosa a las entidades administradoras de pensiones del Régimen de Prima
Media con Prestación Definida que, al momento de efectuar el reconocimiento de la
pensión, expliquen precisa, completa y detalladamente cada uno de los factores y/o
valores numéricos tenidos en cuenta en la liquidación, de forma que sea
comprensible al usuario y garantice un debido proceso administrativo».
Verificación de la causal de revisión invocada
La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
En párrafos precedentes quedaron precisados los aspectos que hacen parte de la
garantía del debido proceso, sin embargo, se observa que los argumentos expuestos
por la UGPP se relacionan con el desacuerdo en la interpretación y aplicación de las
normas que hicieron los jueces de instancia para el cálculo de la prestación. En su
criterio, ello condujo a que la cuantía de la pensión excediera lo debido según lo
previsto por la ley. Esta cuestión hace referencia a la causal contenida en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Por lo tanto, para definir si se configura la
hipótesis contemplada en el literal a), es necesario verificar lo relativo al literal b),
causal que pasa a estudiarse.
La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del artículo 20
Ley 797 de 2003
En el expediente se encuentra acreditado que el señor Héctor Brand nació el 6 de
septiembre de 195840, prestó servicio militar41 desde el 6 de marzo de 1978 hasta el
30 de octubre de 197942 y laboró para el Instituto Nacional Penitenciario y carcelario,
INPEC, desde el 17 de junio de 1980 hasta el 30 de diciembre del 2000 43. El último
cargo que ocupó fue el de dragoneante, código 5260, grado 11 del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de La Plata.
Ahora bien, por medio de la Resolución 008034 de mayo 9 de 200044, la extinta Caja
Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE, le reconoció y ordenó el pago de la
pensión de vejez en una cuantía de $415.987,37, efectiva a partir del 1. ° de marzo de
1999, condicionada al retiro definitivo del servicio. La liquidación se efectuó de
conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia C-168 de 1995,
con el 75% de lo devengado entre el 1. ° de abril de 1994 y el 28 de febrero de 1999,
teniendo en cuenta la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.
40 De acuerdo con la cédula de ciudadanía obrante a folio 93 del cuad. ppal.
41 Al respecto, el artículo 40 de la ley 48 de 1993 contempla: «En las entidades del Estado de cualquier
orden el tiempo de servicio militar le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de
vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley.». Esta norma fue derogada por la Ley 1861 de
2017 que, en su artículo 45, indica: «En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio
militar le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez, pensión de invalidez,
asignación de retiro y prima de antigüedad en los términos de la ley.».
42 Según constancia laboral obrante a folio 75 vuelto del cuad. ppal.
43 Según constancia laboral obrante a folio 93 vuelto del cuad. ppal.
44 Páginas 21 a 25 documento «001CuadernoPrincipal», índice 32 de SAMAI.
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Posteriormente, la prestación fue reliquidada por retiro del servicio mediante
Resolución 22676 de septiembre 24 de 200145, en cuantía de $472.834.69, efectiva a
partir del 1. ° de enero de 2001, teniendo en cuenta el 75% de lo percibido entre el 1.°
de abril de 1994 y el 30 de diciembre de 2000, incluyendo la asignación básica y la
bonificación por servicios prestados.
El 14 de junio de 2008 el señor Héctor Brand pidió46 ante la extinta Cajanal EICE la
reliquidación pensional con inclusión de todos los factores salariales devengados en
el último año de servicio. La entidad denegó la petición a través de la Resolución UGM
020017 del 12 diciembre de 201147, con el argumento de que la prestación fue
liquidada con los factores taxativamente señalados en el artículo 1 del Decreto 1158
de 1994, aplicable a aquella.
Según la certificación expedida por la pagadora y el director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de La Plata, el señor Héctor Brand devengó los siguientes
emolumentos durante el último año de servicio (1.° de enero a 31 de diciembre de
2000)48:
• Asignación básica
• Sobresueldo
• Auxilio de alimentación
• Auxilio de transporte
• Subsidio familiar
• Prima de riesgo
• Bonificación por servicios prestados
• Prima de servicios
• Prima de vacaciones
• Prima de navidad
Dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por
el señor Héctor Brand, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Neiva,
en sentencia del 25 de enero de 2017, accedió a las pretensiones y le ordenó a la
UGPP reliquidar su pensión de jubilación de acuerdo con las normas anteriores a la
Ley 100 de 1993, en los siguientes términos:
«TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento
del derecho CONDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES-UGPP, a
reliquidar y pagar la pensión de vejez del señor HECTOR (sic) BRAND […]
teniendo en cuenta todos los factores salariales previamente reconocidos y ya
liquidados en las Resoluciones No. 008034 del 09 de mayo de 2000 y No.22676
(sic) del 24 de septiembre de 2001, tales como ASIGNACIÓN BÁSICA Y
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS Fls. 12, 14 y 17: adicionalmente
deberá incluir factores salariales de SOBRESUELDO, AUXILIO DE
ALIMENTACIÓN, AUXILIO DE TRANSPORTE, PRIMA DE RIESGO, PRIMA DE
SERVICIOS Y PRIMA DE NAVIDAD».
45 Páginas 26 a 35 documento «001CuadernoPrincipal», índice 32 de SAMAI.
46 Ff. 106 vuelto a 107, c. ppal.
47 Páginas 37 a 41, documento «001CuadernoPrincipal», índice 32 de SAMAI.
48 F. 122, c. ppal.
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El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, en sentencia del 22 de
junio de 2018, luego de analizar las tesis de la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado en torno al IBL de las pensiones reconocidas en el marco del régimen de
transición, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, así:
«[…] no es jurídico acudir al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, como lo adujo
la entidad demandada, ha debido aplicarse lo regulado en los artículos 114 de la
Ley 32 de 1986 y 184 del Decreto 407 de 1994, que señalan que los aspectos no
previstos en dichas normas, se aplican las normas vigentes para los empleados
públicos del orden nacional, esto es, el artículo 4° de la Ley 4ª de 1966, en el que
se dispone que dicha prestación social se liquida con todos los factores salariales
devengado s (sic) en el último año de servicios y el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, en el que se resalta que para el reconocimiento y pago de cesantías y
pensiones de empleados públicos y trabajadores oficiales, se tendrán en cuenta
los factores que allí enumeran.
[…]
En atención a estas consideraciones, deviene como conclusión final que debe
confirmarse en todas sus partes la sentencia apelada, aclarando que la Corte
Constitucional en materia de régimen de transición consagrado en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y que la aplicación ultractiva de los beneficios del régimen
de transición solo se refiere a la edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo,
tal como se explica en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395
de 2017.
Sin embargo, como ya se advirtió antes, esta tesis no es aplicable al caso de los
empleados que realizan actividades de alto riesgo, toda vez que están
exceptuados expresamente por la misma Ley 100 de 1993, según se lee en el Art.
140 y por tanto, es claro que el régimen pensional que corresponde a este sector
de trabajadores es el previsto en la Ley 32 de 1986 y demás normas
concordantes».
Mediante Resolución RDP 000817 del 14 de enero de 2019 49, la UGPP dio
cumplimiento a la sentencia en comento.
Análisis de la Subsección
Sea lo primero advertir que la UGPP, en la demanda de revisión, incurre en algunas
contradicciones en lo relacionado con el régimen pensional del demandado. En las
pretensiones sostiene que las normas anteriores aplicables son las Leyes 33 y 62 de
1985 y más adelante indica que es el régimen especial contenido en la Ley 32 de 1986,
de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En cualquier caso, en su
criterio, lo anterior implica que el ingreso base de liquidación debía atender lo ordenado
por esta última norma con los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994.
Al respecto, conviene precisar que la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila
consideró que el aquí demandado «NO se hallaba en régimen de transición de la Ley 100
de 1993», comoquiera que no cumplía las condiciones de edad y tiempo de servicio,
sin embargo, sí está cobijado por lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto 2090 de
2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005. En efecto, para el 21 de febrero de 1994, fecha
en que entró en vigor el Decreto 407 de la misma anualidad, se encontraba en servicio
activo en el INPEC, pues, como se señaló en precedencia, laboró para esta entidad
de forma ininterrumpida entre 1980 y 2000, motivo por el cual le son aplicables las
49 Páginas 249 a 254 documento «001CuadernoPrincipal», índice 32 del sistema informático SAMAI.
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disposiciones contenidas en la Ley 32 de 1986, que reguló el derecho pensional de los
empleados del INPEC y donde solo era exigible acreditar 20 años de servicio.
Además, para la entrada en vigor del Decreto 2090 de 2003, esto es, el 28 de julio de
2003, el pensionado cumplía con las 500 semanas de cotización exigidas por el
artículo 6 de dicha norma, pues según los certificados de tiempo de servicio, para la
fecha en comento había laborado 19 años y 6 meses para el INPEC, que se traducen
en 954 semanas cotizadas, es decir que también quedó cobijado por el régimen de
transición contenido en dicha norma.
En igual sentido, es de anotar que, comoquiera que su vinculación al INPEC fue
anterior a la vigencia del citado Decreto 2090 de 2003, al demandado, en efecto, le
son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 32 de 1986, en virtud de lo
previsto en el parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005.
Ahora, en relación con la liquidación de la prestación, el Tribunal Administrativo del
Huila sostuvo que también debe atender las normas anteriores a la Ley 100 de 1993
en su integridad, para lo cual acudió a la interpretación que el Consejo de Estado
expuso en la sentencia del 4 de agosto de 2010. Juzgó que dicha normativa no es otra
que la contenida en el artículo 4.° de la Ley 4.ª de 1966 con los factores señalados por
el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. Sustentó su interpretación en las
consideraciones expuestas por la Subsección A en la sentencia del 22 de abril de
201550.
Es relevante señalar que, ciertamente para el momento en el que se produjo la decisión
objeto de revisión, la posición adoptada por el Consejo de Estado en relación con el
ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, era la contenida en la sentencia del 4 de agosto
de 201051, antes referida, según la cual este aspecto también se rige por las normas
anteriores a dicha ley.
De lo anterior se desprende que la tesis jurisprudencial anotada sostuvo que
constituyen factor salarial todos los emolumentos percibidos por el trabajador como
retribución de su labor, salvo aquellos que hubieran sido desprovistos por la ley de
dicha naturaleza de forma expresa, cuando su propósito no es el de remunerar
directamente la prestación del servicio.
En relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que se cita como
desconocida52, se tiene que, en lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, se advierte
que en ella se estudiaron los siguientes aspectos que no corresponden al centro del
debate en este asunto: i) constitucionalidad de apartes del inciso 1 del artículo 11 e
50 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de abril de 2015, radicación:
050012331000201100740 01(0232-2014).
51 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
52 Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017, SU-
210 de 2017, SU-395 de 2015, SU-631 de 2017 y T-039 de 2019, y los autos 326 de 2014 y 229 de
2017.
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incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 199353 ii) derecho a la igualdad y iii)
derechos adquiridos. Sobre el artículo 36 ejusdem, señaló que el legislador con estas
disposiciones legales excede la protección de los derechos adquiridos, para
salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad, tiempo de servicios
o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que
corresponde a una plausible política social que, en lugar de violar la Constitución, se
adecua al artículo 25 que ordena dar especial protección al trabajo.
Seguidamente, la providencia consideró que el aparte final del inciso 3.° del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para
efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector
privado y los del sector público, pues mientras para los primeros se toma como base
el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los segundos, tal
promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año, desigualdad que
contraría el artículo 13 de la Constitución.
De acuerdo con lo anterior, es claro que la ratio decidendi y el problema jurídico que
aquí se analizó no guardan identidad, por lo que no es posible sostener que aquel es
un precedente que debió atenderse en este caso y que, por lo tanto, hay lugar a
infirmar la sentencia cuestionada.
De otra parte, conviene aclarar que la sentencia C-258 de 2013 se refirió
específicamente a las pensiones de congresistas y altos dignatarios del Estado. A su
vez, la sentencia SU-230 de 2015 aclaró que las reglas en torno a la interpretación del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no se limitan a dicho grupo
de servidores, sino que tienen un alcance general. Sin embargo, tales providencias no
estuvieron referidas al régimen especial del INPEC que gobernaba al demandado y
que, por expreso mandato constitucional (Acto Legislativo 01 de 2005) remitía a la
normativa anterior, como es el caso del señor Héctor Brand. En efecto, los jueces de
instancia valoraron que era beneficiario de la Ley 32 de 1986, no por estar cobijado
por el régimen de transición del artículo 36 ibidem, sino por disposición de los Decretos
407 de 1994, 2090 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005.
Así las cosas, el juez de segunda instancia consideró inaplicable el precedente
constituido en las citadas providencias, en atención a las particularidades del caso. Por
el contrario, decidió acoger la tesis sostenida por el Consejo de Estado en la sentencia
del 22 de abril de 201554, según la cual, los empleados del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional cobijados por el régimen de transición
del el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 están sujetos a un régimen especial para
acceder a la pensión de jubilación contemplada en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986,
la cual debe ser liquidada teniendo en cuenta los factores salariales previstos en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, al observar que se acompasaba en mayor
medida al principio de favorabilidad en materia laboral.
53 Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo 36
de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el tiempo que
les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso
base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.».
54 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de abril de 2015, radicado:
050012331000201100740 01.
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Radicado: 11001032500020190054100 (4240-2019)
Demandante: UGPP
De lo expuesto se advierte que el Tribunal Administrativo del Huila valoró las pruebas
allegadas junto con la normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron a
acoger la tesis de su superior funcional y Máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo. En ese sentido, no puede admitirse que la decisión bajo estudio haya
sido caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, sino que se encuentra
razonablemente sustentada y fundamentada en el precedente vinculante.
En suma, en el presente asunto se demostró que el señor Héctor Brand está inmerso
dentro del régimen de transición de que trata el Decreto 2090 de 2003 y en el supuesto
del parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005. La pensión fue liquidada
con base en lo devengado en el último año de servicio con una tasa de reemplazo del
75%, en cumplimiento de las Leyes 32 de 1986 y 4ª de 1966, y los Decretos 407 de
1994, 1045 de 1978, 446 de 1994, 1848 de 1979, que consagran el régimen especial
de los servidores del INPEC, al cual tenía derecho por haber estado vinculado a la
entidad para el 28 de julio de 2003. Los factores que se ordenó incluir fueron los
percibidos durante ese mismo lapso, a saber, la asignación básica, la bonificación por
servicios prestados, el sobresueldo, el auxilio de alimentación, el auxilio de transporte,
la prima de riesgo, la prima de vacaciones, la prima de navidad y la prima de servicios,
de acuerdo con la certificación expedida por la pagadora y el director del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de La Plata.
Es de anotar que sobre los referidos emolumentos la entidad no efectuó reparo alguno,
por el contrario, su discusión se circunscribió en la forma en la que la decisión objeto
de revisión ordenó que se calculara el IBL de la pensión reconocida al aquí
demandado. En su criterio, debió darse aplicación a lo previsto por los artículos 21 o
36 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con las reglas definidas por la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, sin debatir o solicitar la exclusión de ningún factor en particular,
sino de todos aquellos que no están incluidos en el Decreto 1158 de 1994.
Así las cosas, no se demostró la vulneración de los artículos 1, 2, 4, 6, 121, 123 inciso
2 y 124 de la Constitución Política; la Ley 100 de 1993; la Ley 33 de 1985; el Decreto
1158 de 1994; el Acto Legislativo 01 de 2005, citados como desconocidos por la UGPP
en el escrito contentivo de la acción de revisión, en consideración a que la
interpretación que la sentencia objeto de la acción impartió a tales contenidos
normativos, se alineó con el criterio jurisprudencial vigente para la época en el Consejo
de Estado.
Por las razones expuestas es plausible concluir que no se configura la causal prevista
por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Esta posición permite
salvaguardar instituciones superiores tales como la seguridad jurídica 55.
55 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes
para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo
de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-
15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del
6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE
en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación:
11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
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Radicado: 11001032500020190054100 (4240-2019)
Demandante: UGPP
En esas condiciones, como no se encuentra probada la configuración de la causal b),
tampoco la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
En conclusión: No se configuran las causales de revisión previstas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar liquidar la pensión del señor
Héctor Brand con fundamento en el ingreso base de liquidación de la de la Ley 4ª de
1966 y el Decreto 1045 de 1978, esto es, en cuantía equivalente al 75% del promedio
de lo devengado durante el último año de servicio, con inclusión de la totalidad de los
factores salariales recibidos en dicho período, salvo el subsidio familiar.
Decisión
Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configurada las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se
declarará infundada la acción de revisión contra la sentencia del 22 de junio de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que ordenó reliquidar la pensión de
jubilación del señor Héctor Brand.
Condena en costas
El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público». Esta Corporación56 ha
considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público, así como un
mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad
social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la condena en costas en el
caso analizado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP,
contra el señor Héctor Brand, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 con el fin de que se revise la sentencia del 22 de junio de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, que confirmó el fallo de
primera instancia, emitido el 25 de enero de 2017, por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Neiva, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 410013335002201500095.
56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias
de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).
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Radicado: 11001032500020190054100 (4240-2019)
Demandante: UGPP
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción
especial de revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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