Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00154-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00154-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00154-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
22 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Humberto Gallo Reinosa
Temas: Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Reliquidación de pensión de jubilación, funcionarios del
INPEC
__________________________________________________________________
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
5, del 9 de septiembre de 2020, a través de la cual confirmó la providencia emitida
por el Juzgado Doce Administrativo de Tunja, el 12 de agosto de 2019, que accedió
a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderada judicial,
pretende infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión 5, del 9 de septiembre de 2020, a través de la cual confirmó la providencia
emitida por el Juzgado Doce Administrativo de Tunja, el 12 de agosto de 2019, que
accedió a las pretensiones de la demanda formulada por el señor Humberto Gallo
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021)
Demandante: UGPP
Reinosa, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado
1500133330 12 2018 00010 02.
Con fundamento en lo anterior, además solicita i) declarar que el señor Humberto
Gallo Reinosa en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedor
de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana; ii) ordenar a la
UGPP reliquidar la mesada pensional del demandado, teniendo en cuenta los
factores salariales contenidos en las Leyes 33 y 62 de 1985, esto es, la asignación
básica, auxilio de alimentación, auxilio de transporte y bonificación por servicios,
excluyendo las primas de vacaciones, de navidad, de servicios, y de riesgo, sobre
los cuales tampoco se hicieron aportes o descuentos por el empleador INPEC; iii)
ordenar al demandado reintegrar los dineros, debidamente indexados, recibidos en
exceso por virtud de la reliquidación pensional ordenada en la sentencia objeto de
revisión; y iv) condenar al señor Gallo Reinosa a pagar los intereses moratorios en
los términos del artículo 192 del CPACA.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los
siguientes:
i) El 12 de mayo de 1948, nació el señor Humberto Gallo Reinosa.
ii) El señor Gallo Reinosa prestó sus servicios en los siguientes períodos y
entidades:
• Desde el 1.° de agosto de 1970 hasta el 5 de noviembre de 1972, en la Policía
Nacional.
• Desde el 22 de julio de 1974 hasta el 30 de marzo de 1976, y entre el16 de
agosto de 1997 y el 12 de enero de 1995, en el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC).
iii) El 2 de septiembre de 1993, el demandado adquirió el estatus jurídico de
pensionado, cuando cumplió 20 años de servicio.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021)
Demandante: UGPP
iv) Fue retirado del servicio a través de la Resolución 0071 del 12 de enero de 1995,
mientras ocupaba el cargo de inspector, código 5170-05, de la Penitenciaría
Nacional el Barne, Tunja.
v) El 4 de marzo de 1996, la Caja Nacional de Previsión Social expidió la Resolución
002444, por medio de la cual reconoció una pensión de jubilación al señor Humberto
Gallo Reinosa, efectiva a partir del 19 de enero de 1995. Para tal efecto, la autoridad
pensional tomó una tasa de reemplazo del 75 % del promedio de lo devengado en
el último año de servicio, lo cual arrojó una cuantía de $ 196.144,25, «de acuerdo
con las Leyes 33 y 62 de 1985, al haber cumplido los requisitos [del artículo] 96 Ley
32 de 1986».
vi) El 4 de abril de 2017, a través de la Resolución RDP 14235 la UGPP negó la
solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación, la cual fue confirmada por la
Resolución RDP 029086 del 21 de julio de 2017.
vii) El 12 de agosto de 2019, el Juzgado Doce Administrativo Oral de Tunja profirió
sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder a las pretensiones de la
demanda interpuesta por el señor Humberto Gallo Reinosa contra la UGPP y resolvió,
entre otras cosas, lo siguiente:1
[…] SEGUNDO: Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 014235 del 04 de abril
de 2017 y RDP 029086 del 21 de julio de 2017, mediante las cuales la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP negó la reliquidación de la
pensión jubilación del demandante, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -
UGPP, a título de restablecimiento del derecho a reliquidar la pensión de jubilación del
señor HUMBERTO GALLO REINOSA, identificado con C. C. No. 10.213.035 de
Manizales, a partir del 07 de diciembre de 2013, aplicando el régimen pensional
contenido en la Ley 36 de 1986 y el Decreto 1045 de 1978, es decir, en cuantía del
75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicios, esto es, del periodo comprendido entre el 18 de enero de 1994 al 18 de enero
de 1995, incluyéndose además de la asignación básica, Bonificación por servicios
prestados y auxilios de alimentación y transporte, la prima de riesgo, prima de
vacaciones, prima de navidad y prima de servicios, de acuerdo a las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
1 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 13 de la plataforma SAMAI.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021)
Demandante: UGPP
CUARTO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -
UGPP, a título de restablecimiento del derecho a pagar al señar HUMBERTO GALLO
ERINOSA, identificada con C. C. No. 10.213.035 de Manizales, el valor de la diferencia
en todas las mesadas pensionales dejadas de cancelar desde el 07 de diciembre de
2013, par prescripción, cifras que serán indexadas mes a mes can fundamenta en la
dispuesta en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativa, aplicando para ello la fórmula mencionada en la parte
motiva de la presente decisión.
QUINTO: DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE LA EXCEPCIÓN DE
PRESCRIPCIÓN, propuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL - UGPP, de conformidad con lo expuesta en la parte motiva.
SEXTO: La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL
YCONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, deberá
efectuar las deducciones par concepto de aportes para pensión y salud sobre los
factores que aquí se ordenan incluir en la base de liquidación, durante las últimas cinco
(5) años de su vida laboral por prescripción extintiva en el porcentaje que correspondía
al entonces empleado mes a mes y trasladarlos a la entidad a cargo de la pensión
debidamente indexadas conforme al IPC. Pero haciendo la salvedad que dichos valores
no deben superar el monto de las diferencias causadas a favor del demandante, caso
en el cual solamente hasta dicha suma se podrán realizar los descuentas ordenados.
[…] (Resaltado original del texto).
viii) El 9 de septiembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Boyacá, emitió
sentencia de segunda instancia, mediante la cual confirmó la providencia emitida
por el Juzgado Doce Administrativo Oral de Tunja.2
ix) El 15 de septiembre de 2020, quedó ejecutoriada la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5, mediante sentencia del 9
de septiembre de 20203 confirmó la providencia proferida por el Juzgado Doce
Administrativo Oral de Tunja el 12 de agosto de 2019, que había accedido a las
pretensiones de la demanda presentada por el señor Humberto Gallo Reinosa
contra la UGPP, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:
2 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 13 de la plataforma SAMAI.
3 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 13 de la plataforma SAMAI.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021)
Demandante: UGPP
i) De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, el
problema jurídico se circunscribe a determinar cuáles son los factores a incluir en la
liquidación de la pensión de jubilación del señor Gallo Reinosa, de manera que la
controversia no gira en torno al régimen pensional aplicable, pues sobre ese aspecto
no hay reproche alguno.
ii) Teniendo en cuenta que los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del
INPEC están exceptuados del régimen establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985, si
para el 21 de febrero de 1994 (fecha de entrada en vigencia del Decreto 407 de
1994), se encontraban prestando sus servicios en la referida institución, tenían
derecho a una pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96
de Ley 32 de 1986. Se llega a dicha conclusión, además, en aplicación del Acto
Legislativo 01 de 2005, que justifica que no sea necesario verificar la edad o el
tiempo laborado para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
iii) Al señor Gallo Reinosa le es aplicable la Ley 32 de 1986, porque a la entrada en
vigencia de los «Decretos 407 de 1994 y 2090 de 2003», laboraba en el INPEC, en
razón a que prestó sus servicios desde el 22 de julio de 1974 hasta el 12 de enero
de 1995.
iv) El actor tiene derecho a que su pensión sea reliquidada con la inclusión de todos
los factores salariales «que habitual y periódicamente haya percibido en el último
año de servicios», en aplicación del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978,4 pues
aunque la Ley 32 de 1986 no los contempló expresamente, su artículo 114 remite
«al régimen general vigente para los empleados públicos del orden nacional».
Pese a que la prima de riesgo no está contenida en el referido decreto y que no
constituye factor salarial, el Consejo de Estado en las sentencias del 7 de mayo de
2015 y 2 de marzo de 2016, señaló que sí debe ser incluida en la liquidación
pensional. Así mismo, se demostró que el actor la devengó en su último año de
servicio.
4 El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5, citó al Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de abril de 2015,
radicado 05001-23-31-000-2011-00740-01 (0232-14).
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021)
Demandante: UGPP
Respecto a la bonificación por recreación, no es procedente su inclusión
comoquiera que no se encuentra enlistada en el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978, aunado al hecho que no tiene la connotación salarial pues su finalidad es
estimular las actividades de descanso y esparcimiento del trabajador.
v) Finalmente, en el sub lite no es dable el análisis de las Sentencias C-258 de 2013
y SU-230 de 2015, invocadas por la entidad demandada en el recurso de apelación
y en la contestación de la demanda, por cuanto hacen referencia a los factores de
salario a aplicar a quienes se benefician del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, no obstante, se reitera, en el caso del demandante, al ser beneficiario de la
Ley 32 de 1986, la liquidación de la pensión se rige por el Decreto 1045 de 1978.
vi) En consecuencia, se confirma la providencia de primera instancia teniendo en
cuenta que el a quo ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación en los
términos expuestos, con efectos fiscales desde el 7 de diciembre de 2013, por
prescripción, con la inclusión de la totalidad de los factores salariales percibidos en
el último año de servicio, es decir, asignación básica, subsidio de alimentación,
auxilio de transporte, prima de riesgo y las doceavas partes de la bonificación por
servicios y de las primas de vacaciones, navidad y de servicios.
1.2. La causal de revisión invocada
La apoderada de la entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de esta, expuso los siguientes
argumentos:
i) Pese a que la Ley 32 de 1986 no señaló los factores salariales para la liquidación
de la pensión de jubilación del personal del INPEC, se debe acudir a su artículo 114
y al artículo 184 del Decreto 407 de 1994, los cuales permite aplicar el régimen
contenido en las Leyes 33 y 62 de 1985 que regulan a los servidores públicos
nacionales incluidos los de la referida institución.
No obstante, el juzgador, en aplicación errónea del Decreto 1045 de 1978, ordenó
la inclusión de las primas de vacaciones, de navidad, de servicios y de riesgo,
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Demandante: UGPP
devengadas en el último año de servicio del demandado, cuando lo cierto es que
aquellos no están enlistados en Leyes 33 y 62 de 1985.
ii) Debe observarse la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida
por el Consejo de Estado, que señaló que los factores a incluir deben ser los
enlistados en las Leyes 33 y 62 de 1985, sobre los cuales efectivamente se hayan
realizado los descuentos respectivos o cotizaciones al sistema de pensiones, en
aplicación del principio de solidaridad.
Sin embargo, el tribunal desconoció que el demandado y su empleador no realizaron
los aportes pensionales de todos los emolumentos ordenados, pues se acreditó que
únicamente aquellos aportes se efectuaron sobre la asignación básica, el subsidio
de alimentación y el auxilio de transporte.
iii) No es posible incluir la prima de riesgo en la reliquidación de la prestación porque
el artículo 11 del Decreto 446 de 1994, expresamente consagra que no es factor
salarial, máxime si para la fecha de expedición de la Ley 860 de 2003, como para
su entrada en vigencia, el demandado ya no laboraba en el INPEC.
iv) Con el fin de dar aplicación al principio de justicia material, restablecer el imperio
de la justicia, el interés general y el equilibrio financiero del sistema pensional, se
debe infirmar las sentencias objeto de revisión, y en su lugar, ajustar la pensión de
jubilación del demandado conforme a los factores salariales enlistados en las Leyes
33 y 62 de 1985.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
Vencido el término para presentar contestación a la acción especial, la parte
demandada guardó silencio.5
2. Consideraciones
5 Tras revisar el expediente digital en el sistema SAMAI, la Sala advierte que el señor Humberto Gallo
Reinosa, guardó silencio. Lo anterior, pese a que el 22 de junio de 2021, esta corporación, notificó
por correo electrónico al demandado el contenido de la acción especial de revisión interpuesta por
la UGPP y de su auto admisorio; actuación visible a índice 10 de la plataforma SAMAI.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021)
Demandante: UGPP
2.1. Competencia
Esta Corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.6 Así mismo, atendiendo
al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la
Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso,
es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.7
De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias
judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas
de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General
de la Nación».8
Es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de
2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la
interposición de esta demanda, teniendo en cuenta que se le asigna la función de
adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003.
2.2. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
6 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.».
7 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
8 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también
reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021)
Demandante: UGPP
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En
el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 16 de septiembre de
20209 y la acción especial de revisión se interpuso el 23 de marzo de 2021,10 por lo
que es dable concluir que fue presentado dentro del término establecido en la ley.
2.3. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá del 9
de septiembre de 2020, se encuentra inmersa en la causal de revisión contemplada
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite acudir a la acción
especial de revisión «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
2.4. Marco normativo
2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los
siguientes términos:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
9 Consta en el expediente que la sentencia objeto de revisión fue notificada electrónicamente a las
partes el 11 de septiembre de 2020, índice 13 visible en la plataforma SAMAI, contentivo del
expediente digital del proceso ordinario. De esa manera, aquella cobró ejecutoria el 16 del mismo
mes y año.
10 Índice 1 de la plataforma SAMAI.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021)
Demandante: UGPP
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y
que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de
la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:
i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación,
ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que
sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación
y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la
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Demandante: UGPP
liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido
proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional
se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo
ordenado por la ley.
Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró11 que el recurso extraordinario
de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,12 procede contra
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».
En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.
11 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene
carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una
injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material,
como fines esenciales del Estado».
12 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario
de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los
artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito
penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código
Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)».
Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
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Demandante: UGPP
2.4.2. Alcance de la causal de revisión invocada
Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador
estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21
de la Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones
judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones
irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla
la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas y de esta manera
se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».13
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones
y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de
los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».14
Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito
primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a
la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al
erario».15
Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas
en dos eventos: el primero, cuando el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
13 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017,
radicado 2017-01529 (REV)
14 Ibidem.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
2014-00845-00 (2743-13)
12
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Demandante: UGPP
Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde
al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente
encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea
posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias
de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso,
sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido
irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.
2.5. El régimen especial del INPEC
Para resolver el problema jurídico planteado, es necesario tener en cuenta que las
normas que se refieren a los regímenes pensionales generales en nuestro país, esto
es, tanto la Ley 33 de 1985, como la Ley 100 de 1993, consagraron excepciones a
su aplicación.
Específicamente, en el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 se estableció en cabeza
del Gobierno nacional la obligación de expedir el régimen especial de los servidores
públicos que laboren en actividades de alto riesgo, motivo por el cual es evidente
que sus disposiciones no se les aplican a los trabajadores comprendidos en esa
clasificación.
Con base en esa excepción, en el artículo 17 de la Ley 797 de 2003 se confirieron
facultades extraordinarias al presidente de la República, por el término de seis
meses, para expedir el régimen legal de los trabajadores que laboran en actividades
de alto riesgo.
En ejercicio de esas facultades se expidió el Decreto 2090 de 2003, en el cual se
incluyó al personal dedicado a la custodia y vigilancia del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), como destinatario de las normas sobre
actividades de alto riesgo.
Debe tenerse en cuenta que en el artículo 1.º del Acto Legislativo 1 de 2005, como
ya se había señalado en el artículo 168 del Decreto 407 de 1994, se estableció que
a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional
13
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021)
Demandante: UGPP
que ingresaron con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003,
se les aplica el régimen establecido por la Ley 32 de 1986 de manera integral.
En ese orden, el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 se señaló que los miembros del
cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, tienen derecho a gozar de la pensión de
jubilación al cumplir veinte años de servicio, sin tener en cuenta su edad.
Respecto de los trabajadores que forman parte de ese cuerpo, el artículo 126 del
Decreto 407 de 1994 señaló que «[el] Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria
y Carcelaria Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes,
Alumnos y los Bachilleres Auxiliares que presten el servicio militar en la Institución».
Pese a que los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC tienen
derecho a obtener una pensión de jubilación al cumplir con el tiempo de servicio en
los términos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986, nada se estableció en relación
con la forma de liquidarla, por lo que se debe tener en cuenta que en el artículo 114
ejusdem se determinó que en los aspectos no previstos en la ley, se aplicarían las
normas vigentes para los empleados públicos nacionales, lo cual fue reiterado en el
artículo 184 del Decreto 407 de 1994.
Así las cosas, con fundamento en el desarrollo legislativo realizado en líneas
precedentes, se tiene que: i) la Ley 32 de 1986 fue un régimen pensional especial
frente al régimen general adoptado por la Ley 33 de 1985 para los servidores
oficiales; ii) la especialidad de dicho régimen obedeció a los riesgos inherentes a la
función de custodia y vigilancia de los internos en las cárceles y penitenciarias
nacionales, y por lo mismo, el requisito para su causación se circunscribió a 20 años
de servicios, continuos o discontinuos, en ejercicio de esa función; iii) el régimen de
personal, salarial, prestacional y pensional del INPEC, adoptado por el Decreto Ley
407 de 1994, conservó la pensión especial en comento, expresamente para los
miembros del cuerpo de custodia y vigilancia mediante la remisión expresa que al
artículo 96 de la Ley 32 hizo el artículo 168 del Decreto Ley 407 en cita; y iv) en
cuanto a los parámetros para la liquidación del derecho pensional, la Ley 32 de 1986
no estableció qué factores constituían salario para la liquidación de la pensión de
jubilación, sin que se pudiera acudir al régimen prestacional de los funcionarios
14
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Demandante: UGPP
públicos consagrado en la Ley 33 de 1985, en razón de lo preceptuado en el artículo
1º ejusdem, que excluye del régimen general al Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional (INPEC); por lo tanto, ante la ausencia de norma
expresa, esta Corporación señaló que se debía acudir, para el efecto, al Decreto
1045 de 1978.16
2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala
En primera medida, la Sala advierte que la inconformidad de la entidad recurrente
consiste en que la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, del 9 de
septiembre de 2020, habría incurrido en la causal de revisión prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en tanto confirmó la providencia emitida
por el Juzgado Doce Administrativo Oral de Tunja el 12 de agosto de 2019.
Con ello, en su concepto, si bien la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994 no
señalaron los factores salariales que se deben incluir, el tribunal debió acudir a las
Leyes 33 y 62 de 1985, y no como erróneamente lo hizo al aplicar el Decreto 1045
de 1978, con el fin de tener en cuenta las primas de vacaciones, de navidad, de
servicios y de riesgo, que no están enlistadas en Leyes 33 y 62 de 1985.
Igualmente, la UGPP enfatiza que la prima de riesgo no constituye factor salarial, en
los términos del artículo 11 del Decreto 446 de 1994, lo cual imposibilita tenerla en
cuenta en la liquidación pensional.
Pues bien, es pertinente destacar que la entidad recurrente no reprocha el régimen
especial pensional que aplicó el Tribunal Administrativo de Boyacá al señor Gallo
Reinosa, razón por la cual no corresponde a esta Subsección realizar
pronunciamiento alguno; por el contrario, se insiste, la censura se circunscribe a los
factores incluidos en la reliquidación de su pensión de jubilación.
16 Véase, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia de 20 de mayo de 2021, radicado N.° 11001-03-25-000-2018-01559-00 (5111-18).
Igualmente, véase, Sección Segunda, Subsección B, sentencias de 27 de abril de 2006, radicado
interno 2849-04 y de 22 de abril de 2010, radicado interno 0858-09; Sección Segunda, Subsección
A, sentencias de 10 de agosto de 2006, radicado interno 3146- 05, de 22 de febrero de 2007,
radicado interno 4193-04 y de 3 de marzo de 2011, radicado interno 0277-09.
15
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Demandante: UGPP
Conviene precisar que la sentencia objeto de revisión consideró que «aun cuando
en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, no se previó que los servidores del cuerpo
de custodia y vigilancia del INPEC estaría exceptuado de la aplicación del régimen
general, una interpretación armónica de los artículos 139 y 140 ibidem, indican que
la intención del legislador no era someter a dicho personal a las condiciones sobre
edad y tiempo de servicios, previstas para los demás empleados.»17 En ese orden,
afirmó que el hoy demandado no se hallaba en el régimen de transición de la Ley
100 de 1993, en razón a la exclusión referida, pues por el contrario se regía por la
Ley 32 de 1986.
Por su parte, el tribunal concluyó que el régimen aplicable al entonces demandante,
era el contenido en la Ley 32 de 1986 y si bien era cierto esa norma no contemplaba
los factores a tener en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación, también lo era que el artículo 114 remitía expresamente, y así lo confirma
el artículo 184 del Decreto 407 de 1994, al régimen general vigente para los
empleados públicos del orden nacional, esto es, la Ley 4 de 1966 y el Decreto 1045
de 1978, sin que hubiera lugar a la aplicación de las Leyes 33 y 62 de 1985, dada
la exclusión que establece el inciso segundo del artículo 1° de la Ley 33 de 1985.
Por otro lado, el tribunal expresamente argumentó que la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018,18 emitida por esta corporación, no era aplicable a la
situación fáctica del hoy demandado en razón a que el personal del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia del INPEC se encuentra exceptuado del régimen de transición
contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1996 y de las Leyes 33 y 62 de 1985,
las cuales fueron objeto de interpretación en la sentencia de unificación referida.
Esta Subsección encuentra que la sentencia objeto de revisión decidió acoger la
tesis sostenida por el Consejo de Estado en la sentencia del 22 de abril de 2015,19
que expresamente citó, según la cual, los empleados del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional están sujetos a un régimen especial
17 Índice 13 visible en la plataforma SAMAI.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación CE-
SUJ-SIII del 28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de abril de 2015, radicado
050012331000201100740 01 (0232-14)
16
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021)
Demandante: UGPP
para acceder a la pensión de jubilación contemplado en el artículo 96 de la Ley 32
de 1986; y los factores salariales a tener en cuenta debían ser los previstos en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y no en el Decreto 1158 de 1994, en
observancia al principio de favorabilidad en materia laboral.
Sobre el asunto, la Sala en sentencia del 22 de septiembre de 2022, en el marco de
una acción especial de revisión, reiteró que sobre este tema, «la jurisprudencia del
Consejo de Estado señaló que se debía acudir al Decreto 1045 de 197820 y no a la
Ley 33 de 1985, toda vez que esta no aplica a los servidores cobijados por un
régimen especial, en virtud de la exclusión contenida en el artículo 1.° inciso
segundo».21
De lo expuesto se advierte que el Tribunal Administrativo de Boyacá valoró las
pruebas allegadas junto con la normativa aplicable y explicó las razones que lo
llevaron a acoger la tesis de su superior funcional y Máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo. En ese sentido, no puede admitirse que la decisión bajo
estudio haya sido caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, sino que se encuentra
razonablemente sustentada y fundamentada en el precedente vinculante.
Así las cosas, de acuerdo con el criterio adoptado por la sentencia objeto de
revisión, la determinación de los factores a incluir en la liquidación de las pensiones
debía observar la definición amplia de salario, por lo que era dable computarse
todos los emolumentos que devengara el trabajador como retribución por su
servicio, de manera habitual y periódica, con lo que se distanciaba de un
entendimiento taxativo de las normas que enlistaban dichos conceptos.
Ahora, la Sala advierte que la entidad recurrente pretende la aplicación de la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, emitida por esta corporación, no
obstante, se precisa que aquella decisión se enmarcó en el ingreso base de
20 Así lo sostuvo el Consejo de Estado en las siguientes providencias: Sección Segunda, Subsección
B, sentencias del 27 de abril de 2006, radicado interno 2849-04 y del 22 de abril de 2010, radicado
interno 0858-09. De la Subsección A, sentencias del 10 de agosto de 2006, radicado interno 3146-
05, del 22 de febrero de 2007, radicado interno 4193-04 y del 3 de marzo de 2011, radicado interno
0277-09.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de septiembre de 2022,
radicado 11001032500020190054100 (4240-2019).
17
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021)
Demandante: UGPP
liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993 a la luz de la Ley 33 de 1985, situación difiere a la del hoy
demandado.
Por su parte, la UGPP en la acción de revisión, señala que para calcular el IBL del
pensionado, debía excluirse el factor de prima de riesgo, en razón a que, en su
concepto, no constituye factor salarial.
Al respecto, esta Subsección advierte la prima de riesgo que el tribunal ordenó
incluir en la reliquidación de la prestación fue debidamente devengada por el hoy
demandado, tal como lo certificó el coordinador del Grupo de Tesorería del INPEC,22
y el pagador de la Penitenciaria Nacional de Tunja «El Barne», 23 en el período
comprendido entre el 18 de enero de 1994 y el 18 de enero de 1995. Igual suerte
corren los demás factores ordenados por el tribunal, a saber: asignación básica,
bonificación por servicios, auxilios de alimentación y transporte y primas de
navidad, de vacaciones y de servicios.
En esta línea argumentativa, la Sala observa que este criterio interpretativo se
encuentra ajustado a la normativa y jurisprudencia entonces vigente a la época de
expedición de la providencia objeto de revisión, esto es, a las sentencias expedidas
por esta corporación del 7 de mayo de 2015,24 y del 2 de marzo de 2016; que
expresamente el tribunal trajo a colación.
Por consiguiente, a juicio de esta Sala, la posición adoptada por el tribunal guardó
armonía con la jurisprudencia imperante en el órgano de cierre de lo contencioso
administrativo para la fecha, razón por la cual debe mantenerse incólume, por ser
una situación consolidada que goza de los efectos de cosa juzgada.
Así las cosas, en el sub lite la Sala no comparte el argumento de la UGPP según el
cual la sentencia en revisión resulta ser desproporcionada por reconocer una
cuantía que excede lo debido, pues la pensión de jubilación percibida por el
22 Expediente digital del proceso ordinario obrante en el índice 3 visible en la plataforma SAMAI.
23 Expediente digital del proceso ordinario obrante en el índice 13 visible en la plataforma SAMAI.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 7 de mayo de 2015, radicación: 11001-03-
15-000-2015-00729-00
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Demandante: UGPP
demandado, lejos de ser abusiva o lesiva del erario, fue reliquidada, se insiste, con
base en la normativa y la jurisprudencia vigentes al momento en que aquella fue
objeto de pronunciamiento; de manera que no solo se obtuvo sin abuso del derecho,
sino que se encuentra revestida de los principios de la buena fe y de la confianza
legítima.
En este punto, la Sala debe recordar que el respeto hacia las decisiones proferidas
con base en la normativa y la jurisprudencia vigentes para su época, constituye la
salvaguarda de instituciones de raigambre constitucional como lo son la seguridad
jurídica y la confianza legítima.25
Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por la UGPP, al no haberse configurado la causal contemplada en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, comoquiera que la sentencia
cuestionada se profirió bajo la jurisprudencia vigentes para aquella época en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y, por ende, no excedió lo debido de
acuerdo con la ley.
3. De la condena en costas
Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila un asunto de
interés público, pues la UGPP busca controvertir una providencia judicial que ordenó
la reliquidación de una pensión con cargo al erario, la Sala se abstendrá de
condenar en costas a la entidad demandante.
4. Conclusión
Con los anteriores argumentos, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el
Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que
ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la
presente acción de revisión debe ser declarada infundada, puesto que no se
25 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes
para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver:
Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión,
sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV),
demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021)
Demandante: UGPP
acreditó la configuración de la causal invocada, esto es, la señalada en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá del 9 de
septiembre de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 1500133330 12 2018 00010 02 al tribunal
de origen y archivar la acción de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
20
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