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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-04473-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04473-01

Fecha
16 de marzo de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04473-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 50 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04473-01 Actora: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04473-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

16 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04473-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE AMPARÓ LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA Y
CONTRADICCIÓN. EL TRIBUNAL INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS
PROCEDIMENTAL ABSOLUTO Y DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL AL SANCIONAR A LA ACTORA CON MULTA, POR INCURRIR
PRESUNTAMENTE EN CONDUCTAS DILATORIAS, SIN DARLE LA
OPORTUNIDAD DE EJERCER SU DERECHO DE DEFENSA, PUES OMITIÓ
ESCUCHAR SUS RAZONES Y EXPLICACIONES POR LAS CUALES SOLICITÓ LA
REVISIÓN OFICIOSA DE LEGALIDAD.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA Y
CONTRADICCIÓN.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE NARIÑO1 contra la sentencia de 22 de

1
En adelante el Tribunal.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04473-01
Actora: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

septiembre de 2022, mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA -

SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO2 amparó los

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y

contradicción de la actora.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, actuando a través

de su apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista

en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de

sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa y

contradicción, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el

TRIBUNAL, en audiencia inicial de 11 de julio de 2022, dentro del

medio de control de nulidad electoral identificado con el número

único de radicación 52001-23-33-000-2022-00010-00, promovido

contra el acto de elección de la señora IRMA JANETH MALLAMA

NARVÁEZ, como Contralora del Departamento de Nariño para el

período 2022 a 2025.

2
En adelante sección Segunda.

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Actora: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

I.2.- Hechos

Adujo que en el Tribunal cursa el medio de control de nulidad

electoral identificado con el número único de radicación 2022-00010-

00, promovido por los señores FRANCISCO FAJARDO ANGARITA

y MARÍA VICENTA BRAVO CAICEDO contra el acto de elección de

la Contralora Departamental de Nariño, la señora JANETH

MALLAMA NARVÁEZ, en el que funge como parte demandada.

Precisó que, luego de radicada la demanda, el Tribunal expidió auto

de 14 de enero de 2022, por medio del cual inadmitió la demanda

por inobservancia del artículo 353 de la Ley 2080 de 20214 y, a pesar

de ser un juicio de nulidad electoral, otorgó el término de 10 días

para su corrección.

3 ARTÍCULO 35. Modifíquese el numeral 7 y adiciónese un numeral al artículo 162 de la Ley

1437 de 2011, el cual quedará así:
7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las
notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.
8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio
electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten
medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el
demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la
demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de
este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital
de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus
anexos.
En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al
demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto
admisorio al demandado.

4
“Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia
de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.

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Refirió que mediante proveído de 2 de febrero de 2022, el magistrado

sustanciador admitió la demanda frente a las pretensiones de nulidad

electoral e inadmitió en cuanto a las de nulidad ordinaria, por lo que

irregularmente volvió a otorgar un nuevo término de corrección de la

demanda por tres (3) días.

Destacó que, de forma errada, el Tribunal dio trámite a una solicitud

de aclaración, mientras corría el término para corregir la demanda y,

en auto de 14 de febrero de 2022, la resolvió de forma negativa, por

lo que volvió a otorgar, por tercera vez, el término de subsanación

de demanda.

Explicó que, mediante memorial de 18 de febrero de 2022, esto es,

por fuera de la oportunidad procesal para el efecto, el apoderado de

la parte demandante presentó escrito de subsanación, a través del

cual se reafirmó en sus pretensiones de nulidad de los actos

ordinarios.

Refirió que en auto de 23 de febrero de 2022 el Tribunal por cuarta

vez, se adentró en el estudio de admisibilidad de la demanda y, por

fuera de la oportunidad procesal idónea, admitió la demanda y corrió

traslado a los demandantes.

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Sostuvo que el 29 de abril de 2022, el Tribunal instaló la audiencia

inicial y dentro de la etapa de saneamiento del proceso suspendió la

diligencia y ordenó la vinculación de la Universidad de la Costa, como

parte demandada.

Indicó que la audiencia inicial se reanudó el 8 de julio de 2022, por

lo que presentó “solicitud de ejercicio de funciones oficiosas” con el

fin de que el magistrado sustanciador abordara el tema de omisión

de subsanación de la demanda, para lo cual la autoridad judicial

decidió suspender la audiencia para analizar los planteamientos

realizados.

Advirtió que el 11 de julio de 2022 se reanudó la audiencia inicial y,

a pesar de que el Tribunal reconoció que la etapa de saneamiento del

proceso era el momento adecuado para revisar la legalidad de las

actuaciones, procedió a denegar la petición de revisión oficiosa de

nulidad por considerarla impertinente, por lo que le impuso multa a

la parte demandada al calificarlo como una maniobra dilatoria.

Adujo que el Tribunal no corrió traslado a las partes de la sanción

impuesta, ni tampoco explicó de qué forma dicha petición podría ser

considerada como dilatoria, ya que el proceso cumplía más de cinco

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meses en trámite por cuenta de cuatro revisiones de admisibilidad,

una petición de aclaración y una suspensión para conformación del

litisconsorcio necesario por pasiva.

Finalmente, puso de presente que aun cuando la petición presentada

fue en ejercicio de funciones oficiosas y no un incidente de nulidad,

el magistrado sustanciador decidió abrir espacio a la concesión de

recursos, para lo cual interpuso recurso de apelación, siendo

adecuado al de reposición, que en esa misma audiencia fue desatado

desfavorablemente.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en

defecto procedimental absoluto al imponer la sanción, en la medida

que no se agotaron las etapas obligatorias que permiten la defensa

técnica, ni se indicaron los motivos y circunstancias en el que

estableció la responsabilidad individual de los demandados en las

conductas imputadas, así como tampoco se señalaron los criterios de

dosimetría, ni los recursos que procedían y la autoridad ante quien

debían dirigirse.

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Sostuvo que el Tribunal derivó de forma automática la

responsabilidad de los demandados por la interposición de una

petición de actuación oficiosa, en cumplimiento del artículo 207 del

CPACA, sobre circunstancias que podrían llevar al rechazo de la

demanda y que no habían sido tratadas hasta ese momento, máxime

cuando la petición no se formuló como una nulidad o con propósito

de dilatar o distraer, sino como un punto que requería precisión para

continuar con el procedimiento.

Resaltó que la imposición de la sanción desconoció los lineamientos

legales y jurisprudenciales que el Consejo de Estado ha establecido

para el ejercicio de los poderes correccionales del juez, en el que ha

advertido que el artículo 59 de la Ley Estatutaria de Administración

de Justicia, establece que los actos sancionatorios deben contener

los motivos y las circunstancias, así como los elementos utilizados

para la dosimetría sancionatoria. Sumado a ello, se deben señalar los

medios de impugnación y de defensa que proceden contra los

mismos, el término que se dispone para ello y la autoridad ante quien

deben intentarse.

Por lo anterior, explicó que también se incurrió en desconocimiento

del precedente jurisprudencial dispuesto, entre otros, en sentencia

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de 10 de marzo de 20165, en la cual se explicó que aun cuando la

norma no prevé procedimiento especial para la imposición de la

multa, ello no significa que opere de pleno derecho, pues deben

observarse las garantías que componen los derechos fundamentales

al debido proceso y a la defensa y contradicción, posición ratificada

por la Corte Constitucional6, la Corte Suprema de Justicia7 y el

Consejo de Estado8.

En esa medida, refirió que la línea jurisprudencial de los tres altos

tribunales es coincidente en exigir que los poderes correccionales del

juez se ejerzan en forma racional, con indicación individual de los

hechos y circunstancias que causan la responsabilidad, valoración de

la culpabilidad, del daño al bien jurídico tutelado y con atención a los

criterios de dosificación, comoquiera que al tratarse de una expresión

del derecho sancionatorio, la imposición de una multa por parte de

un juez debe atender a las exigencias de respeto por el debido

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 10 de marzo
de 2016, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, identificada con número único de radicación 85001-
23-33-000-2015-00171-01.

6
Sentencias C-037 de 1996 y T-015 de 2007.

7
Sentencia de 5 de junio de 2019, AP 2177-2019 identificada con número único de radicación 54504.

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 20 de
noviembre de 2019, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra, identificada con el número único de radicación
63001-23-33-000-2019-00080-01.

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proceso y el derecho de defensa y contradicción.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados y, en consecuencia:

“[…] Segundo: Que se declare la configuración de una vía de
hecho por Defecto Procesal y Defecto Sustancial por
Desconocimiento del Precedente, en la imposición de una multa
dineraria en contra de la Asamblea Departamental de Nariño por
el Tribunal Administrativo de Nariño-Sala Primera Unitaria de
Decisión, dentro del proceso 520012333000-2022-00010-00.

Tercero: En consecuencia, de lo anterior, que se anule el auto
dictado en audiencia inicial el 11 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Nariño-Sala Primera Unitaria de Decisión,
dentro del proceso 520012333000-2022-00010-00, mediante el
cual se sancionó con multa a mi poderdante […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL expresó que no ha vulnerado derecho

fundamental alguno, dado que todas las actuaciones realizadas

dentro del trámite del proceso ordinario han garantizado el debido

proceso de las partes.

En efecto, sustentó que en audiencia inicial celebrada el 8 de julio de

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2022, en la etapa de saneamiento del proceso, la actora manifestó

que se encontró un vicio procedimental que afecta el derecho al

debido proceso, solicitando fuera abordado de forma oficiosa, toda

vez que se le dio a las pretensiones de nulidad de actos ordinarios el

trámite especial de nulidad electoral, sumado a que la demanda

original no fue subsanada, ante lo cual la apoderada de la parte

demandante esbozó que no había causal de nulidad, razón por la que

al percatarse que se habían formulado observaciones respecto a los

trámites procedimentales encaminados a manifestar un reparo

atinente a que no se subsanó la demanda en debida forma, decidió

revisar toda la actuación desde la presentación de la demanda.

Manifestó que, por lo anterior, suspendió la audiencia para entrar a

resolver de fondo las solicitudes formuladas y, en reanudación de la

audiencia inicial del 11 de julio de 2022, revisó lo pertinente a efectos

de verificar si existía alguna irregularidad, para lo cual adujo que en

cuanto a las pretensiones de nulidad de actos ordinarios en el trámite

especial de nulidad electoral ya se había resuelto en oportunidades

anteriores y en trámites previos a la audiencia inicial.

Así las cosas, sostuvo que el tema de la indebida acumulación de

pretensiones fue tratado en el momento procesal de estudio para la

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admisión y/o inadmisión de la demanda, por lo que era un asunto ya

decantado; además, en la mencionada audiencia la Asamblea del

Departamento de Nariño no fue específica en señalar la causal de

nulidad que trataba de invocar, remitiéndose de cierta manera al

artículo 207 del CPACA, para lo cual se advirtió que el proceso apenas

había iniciado y, por tal razón, no había lugar a adelantar control de

legalidad.

En ese orden de ideas, consideró que no se estructuraba ningún vicio

que afectara el trámite normal del proceso, sin embargo, el

apoderado de la Asamblea del Departamento de Nariño volvió a

abordar un tema de una posible nulidad cuando la misma no se había

estructurado y sobre la indebida acumulación de pretensiones ya

estaba resuelto en debida forma por el despacho.

Por lo anterior, concluyó que no se invocó de manera clara y concreta

la causal de nulidad y que el asunto puesto en conocimiento ya

estaba decantado, por lo que al considerar que se trataba de formas

de dilatar el proceso, sancionó a las demandadas con multa de 5 a

10 SMLMV, decisión que fue notificada en estrados, frente a la cual

la Asamblea Departamental de Nariño interpuso recurso de

apelación, siendo procedente el de reposición.

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I.6. Intervinientes

I.6.1.- La Sección Quinta del Consejo de Estado puso de

presente que el amparo invocado no cuestiona, ni censura ninguna

de las determinaciones adoptadas por esa autoridad, toda vez que

las alegaciones se centran en una decisión del resorte propio del

Tribunal, la cual, por demás, no fue reprochada por las partes.

Por lo anterior, afirmó que la transgresión de los derechos

fundamentales ventilada por la actora no tiene origen en actuaciones

atribuibles a esa sala de decisión.

I.6.2.- La señora IRMA JANETH MELLAMA luego de informar sobre

el trámite surtido dentro del proceso, precisó que en el transcurso de

la audiencia inicial, en la cual resultaron sancionados con multa los

demandados, el magistrado sustanciador omitió dar traslado a las

partes respecto del recurso de reposición que era procedente,

existiendo así una indebida interpretación en la conducción y manejo

de la diligencia, pues aun cuando se dio la oportunidad para apelar

la decisión frente al rechazo de la solicitud de actuación oficiosa, no

se dio espacio para el recurso respecto de la sanción, la cual se

fundamentó en una presunta comisión de dilación del proceso, nada

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mas alejado de la realidad, pues la solicitud no presentó

traumatismos ni se perpetuo en el tiempo.

Por lo anterior, recalcó que la autoridad judicial accionada vulneró

los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa y

contradicción alegados dentro de la audiencia inicial del 11 de julio

de 2022, por lo que solicitó que se acceda al amparo deprecado,

máxime cuando se cumplen los requisitos generales y específicos

para el efecto.

I.6.3.- La señora MARÍA VICENTA BRAVO CAICEDO indicó que la

parte actora confunde dos escenarios completamente diferentes,

comoquiera que, olvida que para el medio de control de nulidad

electoral, el artículo 295 del CPACA, dispuso que la presentación de

peticiones impertinentes e improcedentes, son consideradas como

formas de dilatar el proceso, susceptible de sanción consistente en

multa, por lo que fue en aplicación directa de esta norma que el

Tribunal consideró que todas las peticiones de nulidad resultaron

improcedentes y a su vez impertinentes, en razón a que contenían

propósitos dilatorios.

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En ese mismo orden, afirmó que lo que discute la parte actora con

este trámite constitucional es dejar sin efectos la imposición de la

multa dentro del proceso de nulidad electoral, lo cual es un asunto

de pleno derecho a partir de una discusión de tipo procedimental

donde, no se ha evidenciado violación alguna de los derechos

fundamentales.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 22 de septiembre de 2022, la SECCIÓN

SEGUNDA de esta Corporación accedió al amparo solicitado, por lo

que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la

defensa y contradicción de la parte actora y, en consecuencia, ordenó

lo siguiente:

“[…] SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO el numeral segundo de
la decisión adoptada en audiencia inicial celebrada el 22 de julio
de 2022, y su confirmatoria proferida en la misma fecha,
adelantada en el medio de control de nulidad electoral
identificado con el radicado 52001233300020220001000, En
consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Nariño,
en sala unitaria, que decida, nuevamente, acerca de la
imposición de la sanción a los presuntos infractores, en los
términos descritos en la parte considerativa de esta providencia.

Posteriormente, por solicitud de corrección presentada por el

Tribunal, el a quo mediante proveído de 22 de noviembre de 2022

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corrigió el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia, en

el sentido que se dejaba sin efecto el numeral segundo de la decisión

adoptada en audiencia inicial del 11 de julio de 2022, no así de 22

de julio de 2022, como erradamente se plasmó en la sentencia.

Para el efecto, el a quo precisó que las jurisdicciones constitucional,

ordinaria y contenciosa administrativa, de manera unísona

propenden para que los jueces como directores del proceso, en uso

de las facultades correccionales que les asiste, garanticen una

verdadera administración de justicia, por lo cual, entre otros, podrán

sancionar a los sujetos procesales ante la presencia de conductas

dilatorias o temerarias.

Arguyó que lo anterior siempre bajo las garantías del debido proceso,

permitiéndosele al presunto infractor tener conocimiento de que su

conducta puede acarrear una sanción, que sea escuchada su defensa

frente a los cargos que le reprochan y, una vez ejercido su derecho

de defensa y contradicción, el juez proceda a tomar la decisión que

en derecho corresponda.

Destacó que, en el caso particular, el Tribunal sancionó a la Asamblea

Departamental de Nariño, a la Universidad de la Costa y a la señora

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IRMA JANETH MALLAMA NARVÁEZ, por incurrir presuntamente

en conductas dilatorias, sin embargo, el a quo echó de menos que

previo a la imposición de la sanción, a los infractores se les hubiera

informado acerca de la connotación de sus conductas, las

implicaciones que las mismas tendrían y que se le escuchara al

respecto.

Así las cosas, sustentó que, sin perjuicio de la decisión sancionatoria

adoptada, lo cierto es que el Tribunal no garantizó los derechos

fundamentales al debido proceso, de defensa y contradicción de la

Asamblea Departamental de Nariño; por lo que, aun cuando la

mencionada recurrió en apelación la decisión sancionatoria, a la cual

se le otorgó el trámite del recurso de reposición y fue desatado de

manera desfavorable, ello no subsana la falta de garantías procesales

a la parte pasiva del proceso de nulidad electoral previo a la sanción

que fue impuesta, de conformidad con el material probatorio obrante

en el expediente.

Ahora, sostuvo que, con fundamento en las consideraciones ya

expuestas, hizo extensiva la orden de amparo a la señora IRMA

JANETH MALLAMA NARVÁEZ, teniendo en cuenta su escrito de

contestación en el que solicitó, bajo presupuestos similares a los de

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la actora, la intervención del juez de tutela en el asunto.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El Tribunal impugnó la decisión proferida en primera instancia

señalando que, contrario a lo advertido por el a quo, no ha existido

vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la

parte actora.

Insistió en que al momento de ordenar la sanción a los demandantes,

en ningún momento se vulnero los derechos fundamentales al debido

proceso, de contradicción y defensa, pues contrario a lo establecido

por la Sección Segunda, en la audiencia de 11 de julio de 2022 se

respetó todas las garantías constitucionales, se les informó a los

demandados la connotación de sus conductas, se brindó la

oportunidad para que cada una de las partes se refiera a la sanción

impuesta, se explicó el fundamento legal de la sanción que se iba a

imponer, y se dio a conocer que las actuaciones se tornaban

dilatorias, lo que llevaba a la imposición de la sanción respectiva al

tenor de lo dispuesto en el artículo 295 del CPACA.

Alegó que antes de imponer la sanción, se explicó que el tema de la

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indebida acumulación de pretensiones ya se había decantado con

anterioridad, razón por la cual consideró conforme lo había señalado

la parte demandante, que las peticiones formuladas en conjunto por

los apoderados judiciales de la parte demandada, se identificaban

como unas peticiones impertinentes, se dio a conocer la normativa

aplicable, esto es, el artículo 295 del CPACA y, sumado a ello, se

informó que la configuración de dichas actuaciones acarreaba una

sanción con multa de 5 a 10 SMLMV, se enfatizó en que los puntos

tratados ya habían sido resueltos, explicándose que no se podía dar

paso a edificar una nulidad de carácter procesal, porque en el fondo

lo pretendido con ello era que se rechazara la demanda, lo cual no

se podía contemplar.

Arguyó que, explicado lo anterior, procedió a denegar por

impertinente las peticiones y a sancionar a las demandadas,

preguntó a los sujetos procesales si tenían alguna observación al

respecto y los apoderados de la parte demandada interpusieron

recurso de apelación, que sustentaron en cuanto al procedimiento

adelantado desde la admisión de la demanda, las conductas dilatorias

en el proceso y su manifestación de no estar de acuerdo con la

sanción impuesta.

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Refirió que se manifestó a las partes que las conductas asumidas

resultaban dilatorias, pues los temas abordados ya habían sido

decantados con anterioridad y, finalmente, adecuó el recurso de

apelación al de reposición, el cual decidió de forma desfavorable.

Así las cosas, recalcó que no ha incurrido en vulneración alguna de

los derechos fundamentales de la parte actora, pues la multa

impuesta tiene como fundamento lo ocurrido con la actuación de la

parte demandada pero, se garantizó el debido proceso, la

contradicción y defensa frente a dicha decisión, pues las sancionadas

tuvieron la oportunidad de pronunciarse frente a la multa,

previamente se les explicó por qué se consideraban conductas

dilatorias, y la consecuencia de su configuración no era otra que la

sanción.

Por lo anterior, destacó que no comparte los argumentos expuestos

por el a quo, en la medida que solicitó que se revoque la decisión

emitida en primera instancia.

Por último, puso de presente que en el medio de control de nulidad

electoral objeto de reproche se profirió sentencia de 24 de octubre

de 2022, decidiendo denegar las pretensiones de la demanda y, en

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consecuencia, no accediendo a la nulidad de la elección de la señora

IRMA JANETH MALLAMA NARVÁEZ como Contralora General del

Departamento de Nariño.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

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Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de

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tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la

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irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando

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el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente caso, la actora pretende que se deje sin efecto la

decisión proferida en audiencia inicial de 11 de julio de 2022,

proferida por el TRIBUNAL, a través de la cual se le impuso sanción

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de una multa, dentro del medio de control de nulidad electoral

identificado con el número único de radicación 2022-00010-00

promovido por los señores FRANCISCO FAJARDO ANGARITA y

MARÍA VICENTA BRAVO CAICEDO contra el acto de elección de

la Contralora Departamental de Nariño, la señora JANETH

MALLAMA NARVÁEZ, en el que funge como parte demandada junto

con la Universidad de la Costa.

La inconformidad de la parte actora radica en que, a su juicio, la

decisión acusada por medio del cual se le impuso la multa vulneró

sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y

contradicción, habida cuenta que el Tribunal incurrió en defecto

procedimental absoluto y en desconocimiento del precedente

jurisprudencial.

Lo anterior, comoquiera que se le impuso una sanción sin indicar los

motivos y circunstancias que establecieron la responsabilidad de la

conducta, sin agotar las etapas obligatorias que permitieran su

defensa técnica ni señalar los criterios de dosimetría, por lo que, aun

cuando la norma no prevé procedimiento especial para la imposición

de la multa, ello no significa que opere de pleno derecho, pues deben

observarse las garantías que componen los derechos fundamentales

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al debido proceso y a la defensa y contradicción, posición ratificada

por la Corte Constitucional9, la Corte Suprema de Justicia10 y el

Consejo de Estado11.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación que amparó los derechos

fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la contradicción,

al estimar que el Tribunal sancionó a la actora, presuntamente, por

incurrir en conductas dilatorias; sin embargo, previo a la imposición

de la sanción, a los infractores no se les informó acerca de la

connotación de sus conductas, las implicaciones que las mismas

tendrían y no se les escuchó al respecto.

En la impugnación el Tribunal manifestó que, contrario a lo advertido

por el a quo, no ha existido vulneración alguna de los derechos

fundamentales invocados por la parte actora, pues al momento de

ordenar la sanción a los demandantes se respetaron todas las

9
Sentencias C-037 de 1996 y T-015 de 2007.

10
Sentencia de 5 de junio de 2019, AP 2177-2019 identificada con número único de radicación 54504.

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 20 de
noviembre de 2019, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra, identificada con el número único de radicación
63001-23-33-000-2019-00080-01.

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garantías constitucionales, se les informó a los demandados la

connotación de sus conductas, se brindó la oportunidad para que

cada una de las partes se refiera a la sanción impuesta, se explicó el

fundamento legal de la sanción que se iba a imponer, y se dio a

conocer que las actuaciones se tornaban dilatorias, lo que llevaba a

la imposición de la sanción respectiva al tenor de lo dispuesto en el

artículo 295 del CPACA.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados al imponer la multa dentro de la audiencia

inicial del 11 de julio de 2022 dentro del medio de control de nulidad

electoral identificado con el número único de radicación 2022-00010-

00.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

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según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala observa que en el presente asunto se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con

suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su

criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos

procedimental absoluto y desconocimiento del precedente

jurisprudencial y vulneró sus derechos fundamentales invocados;

contra la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se

estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión

(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo

256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo

razonable12 y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos

que se estiman lesionados.

Verificado lo anterior, corresponde determinar si el Tribunal incurrió

en los defectos procedimental absoluto y desconocimiento del

precedente jurisprudencial alegados al imponer multa en la audiencia

12 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en

sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero
ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

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inicial del 11 de julio de 2022, dentro del medio de control de nulidad

electoral identificado con el número único de radicación 2022-00010-

00.

Del defecto procedimental

En relación con el defecto procedimental, esta Sala ha señalado 13 lo

siguiente:

“[…] La jurisprudencia constitucional ha reconocido dos tipos de
defectos procedimentales: el denominado defecto procedimental
absoluto y el llamado defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto. Se ha señalado que el defecto procedimental absoluto
se configura cuando “[…] el funcionario judicial se aparta por
completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite
de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite
completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o
ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido
legalmente afectando el derecho de defensa y contradicción de una
de las partes del proceso […]”14. De otra parte, se ha afirmado que
el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto tiene lugar
cuando el funcionario, por el apego excesivo e irrestricto a las
formas, termina generando un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial y, en consecuencia, sus actuaciones se convierten en una
clara denegación de justicia15. Se incurre en esta modalidad cuando,
entre varias interpretaciones posibles, el juez prefiere aquella que

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

7 de marzo de 2019, C.P Oswaldo Giraldo López, número único de radicación
11001031500020180402301.

[14] “Sentencia T-327 de 2011”.

[15] “Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva”.

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no favorece el principio pro homine e impide al ciudadano el acceso
efectivo a la administración de justicia […]”.

Conforme con lo expuesto en cita, al alegarse el defecto

procedimental contra una providencia judicial, lo correcto es que el

interesado ilustre la manera en que la autoridad judicial accionada

desconoció el trámite establecido para la adopción de aquella, esto

es, que demuestre que el proceso judicial que dio lugar a la decisión

acusada fue adelantado sin observar el trámite que las normas

adjetivas establecen para tal efecto.

Del desconocimiento del precedente judicial

En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo

con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución

Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces

en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta

regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que

encuentra sus límites en la realización de otros valores

constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia

constitucional.

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En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional

puntualizó:

“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el
respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta),
que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también
de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades
judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y
con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la
que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo
anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de
los Jueces el respeto por el precedente16”.

De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando

la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En

especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa

Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está

vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la

igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que

su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos

fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial17.

16 Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de

2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de
la Corte Constitucional.

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No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha

admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y

cuando se sustenten debidamente las razones de su posición

(principio de razón suficiente)18.

Caso concreto

Para mayor entendimiento del asunto, se hace necesario transcribir

apartes de la reanudación de la audiencia inicial aquí cuestionada, en

la cual se impuso la sanción de multa que alega la parte actora.

“[…] 5. SANEAMIENTO DEL PROCESO

1. En audiencia inicial llevada a cabo el 08 de julio de 2022 y en
la sub etapa procesal de saneamiento, el señor Magistrado
manifestó que, examinado el proceso hasta el momento, no se
estructuraba vicio que se haya presentado que afecte el trámite
normal del proceso; razón por la cual no se dictaría ninguna
medida de saneamiento. Sin embargo, preguntó a las partes si
observaban alguna irregularidad o inobservancia para que la
puedan manifestar.

2. Los sujetos procesales por conducto de su mandataria judicial

17 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.

18 Ver sentencia T-292 de 2006.

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y mandatarios judiciales, intervinieron respecto a lo preguntado
por el señor Magistrado, en los siguientes términos.

[…]

4. Parte demandada – Apoderado Asamblea Departamental de
Nariño: (Minuto 15:15) manifestó que se encontró un vicio
procedimental que afecta el derecho al debido proceso,
solicitando sea abordado de forma oficiosa por el señor
Magistrado en cumplimiento del deber legal de revisar y declarar
en cualquier etapa del proceso irregularidades que afecten el
proceso, toda vez que se ha impreso a las pretensiones de
nulidad de actos ordinarios el trámite especial de nulidad
electoral, sumado a que la demanda original no fue
efectivamente subsanada por la parte actora cuando se le
requirió dejando así sin modificar la acumulación de
pretensiones de nulidades ordinarias directas con las de nulidad
electoral, lo cual considera está prohibido por la ley procesal
administrativa y tiene la capacidad de viciar de nulidad todo lo
actuado desde la orden de subsanación de la demanda.

5. Agregó que el Despacho ordenó se adecue la demanda a los
requisitos formales de presentación concediéndole el término de
3 días para cumplir con la subsanación, la cual consistía en
deslindar las pretensiones de nulidad de actos administrativos
ordinarios de las pretensiones propias de nulidad electoral,
porque la ley prohíbe tramitar pretensiones ordinarias en el
proceso especial.

6. Señaló que en virtud del artículo 276 del CAPACA, el que
regula de forma especial el proceso de nulidad electoral, la no
subsanación de la demanda produce su rechazo y dado que en
el presente asunto la parte actora, incumplió con el deber de
modificar lo pertinente la consecuencia no puede ser otra que su
rechazo.

7. Manifiesta que la única actuación desplegada por la parte
demandante fue la solicitud de aclaración fechada 3 de febrero,
la cual fue resuelta mediante auto de fecha 14 de febrero, para
finalmente dar un oficio de subsunción con fecha 18 de febrero
de 2022, mediante el cual la parte demandante manifiesta que

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las pretensiones 2, 3 y 4 implican un control de legalidad
indirecto, afirmación que fue aceptada por el despacho pero que
debería haber conducido al rechazo de la demanda, en primer
lugar por ser extemporáneo porque se presentó por fuera del
término otorgado y en segundo lugar porque no se modificó el
acápite de pretensiones.

8. Precisó que el proceso de nulidad electoral tiene una
regulación especial que contiene normas sobre la solicitud de
aclaración de sentencias, mas no de los autos interlocutorios con
lo cual la solicitud presentada por el señor demandante era
improcedente y de ninguna manera le habilitaba para extender
los plazos judiciales otorgados para adecuar la demanda, sin que
se verificara el cumplimiento.

9. Señala que, si se acogiera lo regulado en el artículo 243 A
numeral 12 del CPACA, debe resaltarse que el término de
ejecutoria de autos que resuelven aclaraciones solo sirve para
interponer recursos y no para dar cumplimiento al deber de
adecuar la demanda. 10. Frente al escrito de subsanación de
fecha 18 de febrero de 2022, solicitó al señor Magistrado la
incapacidad para superar los defectos consistentes en la
acumulación indebida de pretensiones ordinarias y especiales en
el proceso de nulidad electoral, consideró que el escrito de
subsanación debió suprimir las pretensiones de nulidad de actos
ordinarios contenido en los numerales 2, 3 y 4, lo cual no ocurrió,
y que están prohibidas por el CPACA, dando lugar al rechazo de
la demanda por el paso del tiempo y por omitir subsanar las
pretensiones ordinarias en el proceso electoral, razón por la cual
solicitó el rechazo de la demanda.

[…]

CONSIDERACIONES DE LA SALA

19. Con el fin de brindar todas las garantías procesales para los
sujetos procesales que intervienen en el presente asunto, el
Tribunal ha revisado todo el expediente digital que se tramita
hasta el momento, lo cual permite registrar los siguientes
aspectos:

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Actora: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

[…]

20. Ahora bien, confrontados y evaluados los argumentos
respecto de los puntos específicos o centrales de los reparos que
exponen los mandatarios judiciales de la parte demandada, los
mismos no están llamados a prosperar por las siguientes
razones:

1. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

[…]

2. La demanda electoral se presentó dentro del término legal […]

3. Frente al auto que inadmitió la demanda respecto a las
anteriores pretensiones, con fecha 2 de febrero de 2022, fue
notificada en la misma fecha por correo electrónico y
personalmente a la parte interesada el 2 de febrero de 2022. El
apoderado legal de la parte demandante, presentó solicitud de
aclaración del auto […]

4. En este orden de ideas se tiene, que el apoderado procedió a
subsanar la demanda […]

5. Ahora bien, valga recordar que, frente a las anteriores
pretensiones, como el Tribunal fue del criterio que no se las
debía admitir porque no eran de la naturaleza propia de los
asuntos electorales para que se definan sino que debían ser
mediante el ejercicio de otro medio de control; en el escrito de
subsanación, la parte demandante manifestó que se mantenía
en la pretensión de nulidad electoral y que las restantes deberían
ser objeto de estudio de manera indirecta para analizar que si
tenían incidencia sobre el tema central de la nulidad electoral.

6. El Tribunal aceptó el argumento de la parte demandante con
fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, en el
sentido que dichas pretensiones, si se podían acumular para
estudiarse de manera indirecta, y procedió admitir la demanda
frente a estas pretensiones.

7. Admitida integralmente la demanda, se procedió a correr

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traslado a la parte demandada, quienes formularon excepciones,
abordando el mismo tema de la indebida acumulación de
pretensiones; mismas que fueron resueltas de manera
desfavorable mediante providencias de fecha 05 de abril de
2022, y 3 de junio de 2022 […]

8. El tratamiento anterior lleva a una conclusión que no es otra
que el tema de la indebida acumulación de pretensiones de la
parte demandante, fue tratado en el momento procesal de
estudio para la admisión y/o inadmisión de la demanda, lo cual
luego sería aceptado y posteriormente por la parte demandada,
vía excepciones previas e incluso con un recurso de reposición
interpuesto y resuelto negativamente, con lo cual el citado
tema se decantó por haberse resuelto de conformidad con
la ley y la jurisprudencia.

9. Por otro lado se tiene que mencionar, que el artículo 29 de la
Constitución Nacional, aborda el tema del debido proceso que se
debe aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas, y tal como se ha expuesto con antelación, las
actuaciones procesales surtidas por el Tribunal como por el
apoderado judicial de la parte demandante, llevan a deducir
que no se ha trastocado el canon constitucional, antes por
el contrario, las ritualidades que se han desplegado, se han
adelantado observando a plenitud el procedimiento ordenado
por la ley desde la admisión de la demanda y el resto de
actuaciones que se han surtido en la temática de la acumulación
de pretensiones.

[…]

10. Continuando con el asunto, el señor abogado de la Asamblea
Departamental de Nariño, no fue especifico en señalar la causal
de nulidad que trataba de invocar, remitiéndose de luego cierta
manera al artículo 207 del CPACA, cuando el mismo hace
referencia al control de legalidad que se surten en los procesos
contenciosos Administrativos una vez agotada cada etapa del
proceso que implica sanear los vicios que acarrean nulidades, los
cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar
en las etapas siguientes. En este proceso, apenas ha iniciado la
primera etapa y no ha finalizado, razón por la cual, aún no había

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lugar adelantar control de legalidad, y si en gracia de discusión
se podría hacer referencia al numeral 5 del artículo 180 del
CPACA, que trata el tema del saneamiento; son dos escenarios
diferentes. El anterior debe decidirse de oficio a petición de
parte, sobre los vicios que se hayan presentado y se adoptarán
las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias
inhibitorias; es decir, el Tribunal consideró que no se
estructuraba ningún vicio que afecte el trámite normal del
proceso; como ahora se vuelve a ratificar; sin embargo, el
apoderado judicial vuelve abordar un tema de una posible
nulidad cuando la misma no se ha estructurado y sobre el
tema de la indebida acumulación de pretensiones, ya se
había resuelto en debida forma despachando
desfavorablemente los argumentos invocados por una
parte integrante de la parte demandada.

11. El recuento procesal y con fundamento en lo dispuesto
por las normas constitucionales y legales invocadas,
llevan a contemplar que la parte demandada y tal como lo
expresó la apoderada legal de la parte demandante, no
invocó de manera clara y concreta, causal de nulidad
específica de las que aborda el artículo 133 del C.G.P. y si
bien una de ellas abordó el mandamiento constitucional
del artículo 29, la misma no se edificó plenamente que
necesariamente amerita, no compartir los argumentos de
la parte demandada, los cuales serán despachados de
manera desfavorable, para que el proceso continúe en la
sub etapa procesal correspondiente.

12. Finalmente, la Sala Unitaria de Decisión repara su
atención en lo expuesto por la apoderada judicial de la
parte demandante, al considerar que las peticiones
formuladas en conjunto por los apoderados judiciales de
la parte demandada, se edifican como unas peticiones
impertinentes; planteamiento que es aceptado porque a
voces del artículo 295 del CPACA, la presentación de
peticiones impertinentes así como la interposición de
recursos y nulidades improcedentes serán considerados
como formas de dilatar el proceso y se sancionarán con
multa de 5 a 10 S.M.L.M.V., lo cual se aplicará para el caso
objeto de estudio, porque los puntos tratados por la

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demandada ya habían sido resueltos por la Sala Unitaria
de Decisión en los términos ya esbozados y menos que,
pudieran dar paso a edificar una nulidad de carácter
procesal porque en el fondo, lo que perseguían los
abogados de la parte demandada, era que se rechace la
demanda, particularidad ésta que legalmente no se podía
contemplar.

El Tribunal comparte los argumentos esgrimidos por la parte
demandante y se aparta de los formulados por los señores
abogados de la parte demandada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NARIÑO - Sala Unitaria de Decisión.

RESUELVE

PRIMERO: DENEGAR por impertinentes las peticiones
formuladas por los apoderados judiciales de la parte
demandada, integrada por la señora IRMA JANETH MALLAMA
NARVÁEZ, ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL NARIÑO Y
UNIVERSIDAD DE LA COSTA, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SANCIONAR por la presentación de peticiones
impertinentes a cada uno de los integrantes de la parte
demandada, esto es, a la señora IRMA JANETH MALLAMA
NARVÁEZ, ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL NARIÑO Y
UNIVERSIDAD DE LA COSTA, con multa de cinco (5)
S.M.L.M.V., suma que será consignada en la cuenta corriente del
Banco Agrario N.º 3-0820-000640-8, código de convenio 13472,
nombre cuenta: -CSJ- Multas-CUN a órdenes del CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

[…]».

Conforme con la transcripción en cita, la Sala observa que la

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Asamblea Departamental de Nariño, estando en la etapa de

saneamiento del proceso, manifestó que se les dio a las pretensiones

de nulidad de actos ordinario el trámite especial de nulidad electoral,

además, que la demanda original no fue debidamente subsanada, lo

que llevaba al rechazo de la misma.

Al analizar los reparos expuestos, el Tribunal resolvió que no

estaban llamados a prosperar, toda vez que el apoderado de la parte

actora en el proceso ordinario procedió a subsanar la demanda en

debida forma y dentro del término legal, sumado a ello, se aceptaron

los argumentos expuestos para acumular las pretensiones, por lo que

procedió a admitir la demanda, momento en el cual corrió traslado a

las partes, quienes formularon excepciones, abordando el mismo

tema de la indebida acumulación de pretensiones, mismas que

fueron resueltas de manera desfavorable en providencias de 5 de

abril y 3 de junio de 2022 y sobre las cuales no se interpuso recurso

alguno.

Lo anterior, llevó al Tribunal a la conclusión de que el tema de la

indebida acumulación de pretensiones ya había sido decantado, sin

embargo, la Asamblea Departamental de Nariño volvió a abordar una

posible nulidad, aun cuando la misma no se había estructurado y el

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tema objeto de reproche ya estaba resuelto, de tal forma que, a su

juicio, las peticiones formuladas por las demandadas resultaban

impertinentes, por lo que con fundamento en el artículo 295 del

CPACA, tales planteamientos los consideró como una forma de dilatar

el proceso e impuso sanción con multa de 5 a 10 SMLMV.

En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada procedió a

denegar por impertinente las peticiones formuladas por la Asamblea

Departamental de Nariño, la señora IRMA JANETH MALLAMA

NARVÁEZ y la Universidad de la Costa y, en consecuencia, impuso

a cada una multa de 5 SMLMV.

Cabe resaltar que tanto la Asamblea Departamental de Nariño, como

la señora IRMA JANETH MALLAMA NARVÁEZ y la Universidad de

la Costa, interpusieron recursos de apelación contra la anterior

decisión, ante lo cual el Tribunal los concedió en el efecto suspensivo

en lo atinente a la negativa de las peticiones y, frente a la imposición

de la multa, los adecuó al recurso de reposición al no ser procedente

el de apelación, disenso resuelto en esa misma diligencia en el

sentido de no reponer la decisión de la sanción.

Sobre el particular, la parte actora aseveró que el Tribunal incurrió

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en defecto procedimental absoluto y en desconocimiento del

precedente jurisprudencial, toda vez que no se cumplieron los

criterios para imponer la sanción, vulnerando de esta forma los

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y

contradicción.

Precisado lo anterior, la Sala considera pertinente traer a colación los

artículos 58 y siguientes de la Ley 270 de 1996, que plantean la

facultad correccional del juez del proceso.

En efecto, los artículos 58, 59 y 60 ibidem, prevén lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 58. MEDIDAS CORRECCIONALES. Los Magistrados,
los Fiscales y los Jueces tienen la facultad correccional, en virtud de la
cual pueden sancionar a los particulares, en los siguientes casos:

1. Cuando el particular les falte al respeto con ocasión del servicio o por
razón de sus actos oficiales o desobedezca órdenes impartidas por ellos
en ejercicio de sus atribuciones legales. […]

3. Cuando cualquier persona asuma comportamientos contrarios a la
solemnidad que deben revestir los actos jurisdiccionales, o al decoro que
debe imperar en los recintos donde éstos se cumplen. […]

PARÁGRAFO. Las medidas correccionales a que se refiere este artículo,
no excluyen la investigación, juzgamiento e imposición de sanciones
penales a que los mismos hechos pudieren dar origen.

ARTÍCULO 59. PROCEDIMIENTO. El magistrado o juez hará saber al
infractor que su conducta acarrea la correspondiente sanción y de
inmediato oirá las explicaciones que éste quiera suministrar en su

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defensa. Si éstas no fueren satisfactorias, procederá a señalar la
sanción en resolución motivada contra la cual solamente procede el
recurso de reposición interpuesto en el momento de la notificación.
El sancionado dispone de veinticuatro horas para sustentar y el
funcionario de un tiempo igual para resolverlo.

ARTÍCULO 60. SANCIONES. Cuando se trate de un particular, la
sanción correccional consistirá, según la gravedad de la falta, en multa
hasta de diez salarios mínimos mensuales.

Contra las sanciones correccionales sólo procede el recurso de
reposición, que se resolverá de plano.

ARTÍCULO 60A. Adicionado por el Artículo 14 de la Ley 1285 de
2009. así: Poderes del juez. Además de los casos previstos en los
artículos anteriores, el Juez podrá sancionar con multa de dos a cinco
salarios mínimos mensuales, a las partes del proceso, o a sus
representantes o abogados, en los siguientes eventos:

1. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.

2. Cuando se utilice el proceso, incidente, trámite especial que haya
sustituido a este o recurso, para fines claramente ilegales.

3. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas o
injustificadamente no suministren oportunamente la información o los
documentos que estén en su poder y les fueren requeridos en inspección
judicial, o mediante oficio.

4. Cuando injustificadamente no presten debida colaboración en la
práctica de las pruebas y diligencias

5. Cuando adopten una conducta procesal tendiente a dilatar el
proceso o por cualquier medio se entorpezca el desarrollo normal
del proceso.

PARÁGRAFO. El Juez tendrá poderes procesales para el impulso
oficioso de los procesos, cualquiera que sea, y lo adelantará hasta la
sentencia si es el caso".

[…]»

Ahora, en cuanto a las peticiones impertinentes, los recursos y las

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nulidades improcedentes, el CPACA dispuso que serían consideradas

como formas de dilatar el proceso y tendrían una multa de cinco a

diez SMLMV, tal como se observa a continuación:

«[…] ARTÍCULO 295. PETICIONES IMPERTINENTES. La presentación
de peticiones impertinentes así como la interposición de recursos y
nulidades improcedentes serán considerados como formas de dilatar el
proceso y se sancionarán con multa de cinco (5) a diez (10) salarios
mínimos mensuales legales vigentes. […]»

Por su parte, la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos,

ha discurrido sobre el particular que los poderes correctivos del juez

y la imposición de una multa, deben estar antecedidos de una

actuación que cumpla los mínimos del debido proceso, publicidad,

contradicción y defensa, de la siguiente manera:

«[…] Esta Corte ha definido el alcance del poder correctivo del juez, a
partir del estudio de la constitucionalidad de esas medidas. Ejercerlas
tiene como propósito “mantener el proceso dentro de los cauces
de dignidad y decoro propios del ejercicio de la profesión de abogado,
así como exigir la mesura, seriedad y respeto debidos entre los sujetos
procesales, las partes en los procesos, los terceros que en ellos
intervienen y entre todos estos y los servidores públicos”19.

Lo anterior quiere decir que los jueces y magistrados de la República
están llamados a ejercer, como directores de los procesos a su cargo,
todas aquellas potestades legítimas a su alcance para asegurar la
colaboración y el buen comportamiento de todos los sujetos que
intervienen en un proceso. Su trabajo consiste en “hacer prevalecer y
preservar la dignidad de la justicia, pues esto no sólo es compromiso
de los funcionarios y empleados que hacen parte de la rama judicial

19 Sentencia C-392 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Gálvis.

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sino que, con igual énfasis, se reclama deferencia y respeto hacia
aquellos de parte de los particulares que acceden a los estrados
judiciales”20.
11. Finalmente, cabe destacar algunas de las subreglas que esta
Corte definió en su Sentencia T-1015 de 200721, respecto de la
potestad correccional del juez: (i) esta facultad está a su disposición
para hacer prevalecer y preservar la dignidad de la justicia, y (ii) se
ejerce cuando los particulares faltan al respecto a jueces y
magistrados con ocasión del servicio o por razón de sus actos oficiales.

El trámite sancionatorio y el debido proceso

12. El artículo 59 de la Ley 270 de 1996 contiene una regla de
procedimiento respecto de la imposición de medidas correctivas, cuyo
tenor literal es el siguiente: […]

13. Salta a la vista que el artículo anterior no es exhaustivo
en determinar si este procedimiento correctivo debe llevarse a
cabo por etapas o con apego a ciertos hitos o actuaciones
procesales. Esta circunstancia, sin embargo, no supone que el
ejercicio de esta facultad correctiva no se sujete al debido
proceso ni al derecho de defensa22. Sobre este asunto, la Corte ha
señalado que “la imposición de la multa debe en todo caso estar
antecedida de una actuación que cumpla con los ingredientes
mínimos del debido proceso (publicidad, contradicción y
defensa)”23.

14. Como consecuencia de lo anterior, cuando el juez advierte
una conducta que debe enmendar, en ejercicio de sus
facultades correctivas, puede concederle a un interviniente la
oportunidad de ejercer su derecho de defensa para que brinde
las explicaciones que considere oportunas24. Le corresponde a

20 Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa

21 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

22 Al hilo de lo señalado por la Constitución Política (art. 29), por el Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos (art. 14.1) y por el Pacto de San José (art. 8), el artículo 2º del
CGP señala que “[t]oda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un
debido proceso de duración razonable. Los términos procesales se observarán con diligencia
y su incumplimiento injustificado será sancionado”.

23 Sentencia C-203 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

24 El Código General del Proceso estipula en el inciso tercero del artículo 117 que “[a] falta

de término legal para un acto, el juez señalará el que estime necesario para su realización

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ese mismo juez valorar los argumentos y decidir si tales
motivos son o no razonables, y si hay lugar a imponer una
sanción.

[…]

16. Por otra parte, la Corte Constitucional ha concluido que son
acordes a la Carta Política las facultades de las que está investido el
juez cuando éstas se dirigen a garantizar el debido proceso en el
marco de un procedimiento correctivo25. Dichas facultades incluyen,
por ejemplo, concederle a un interviniente un término
prudencial para ejercer su derecho de defensa, cuando el juez
considere que una actuación suya supone una conducta
reprochable.

[…]»26

En ese mismo sentido, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema

de Justicia en providencia de 17 de octubre de 201227, dispuso lo

siguiente:

«[…] Por ser el derecho correccional una especie del derecho
sancionatorio, debe sujetarse al debido proceso, de manera que
ninguna sanción puede imponerse si la conducta no está prevista en
la ley como falta, (aunque algunas de las faltas se contengan en tipos
abiertos). De la misma forma, ninguna falta puede imponerse si
no se ha observado un debido proceso, del cual es componente

de acuerdo con las circunstancias, y podrá prorrogarlo por una sola vez, siempre que con
considere justa la causa invocada y la solicitud se formule antes del vencimiento.”

25 Sentencia C-086 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. “[E]l juez, como director del

proceso, ha de estar vigilante para dar cumplimiento a su misión en el marco de un Estado
Social y Democrático de Derecho, ya sea al acudir a sus atribuciones oficiosas en el decreto
y práctica de pruebas, o bien para hacer una distribución razonable de la carga probatoria
según la posición en la que se encuentren las partes en cada caso”.

26
Auto 190 de 24 de febrero de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

27
Corte Suprema de Justicia, radicación número 38358, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero.

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esencial la garantía del derecho a la defensa de aquel a quien
se le atribuye la falta […]»

De lo expuesto en precedencia, para la Sala es dable advertir que los

jueces conductores de un proceso cuentan con la facultad

correccional, a través de la cual pueden sancionar a los particulares

que con sus conductas entorpezcan el correcto funcionamiento de la

administración de justicia, de tal forma que los comportamientos

contrarios a ello y que pretendan dilatar el desarrollo normal del

proceso, podrán acarrear la imposición de una multa.

Para lo anterior, el director del proceso deberá atender las razones

de defensa del presunto infractor y si estas no fueren satisfactorias,

procederá a imponer sanción, la cual estará motivada, decisión

contra la que procede el recurso de reposición.

En ese mismo sentido, en cuanto a las peticiones impertinentes el

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo, dispone que las mismas serán consideradas como

formas de dilatar el proceso, y se sancionarán con multa de cinco (5)

a diez (10) SMLMV.

Ahora, de conformidad con lo expuesto por la jurisprudencia

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constitucional sobre el asunto, el procedimiento correctivo contenido

en la Ley 270 de 1996 no determina si ello debe llevarse a través de

etapas o actuaciones procesales, lo cual de ninguna forma puede

traducirse al desconocimiento de los derechos al debido proceso, de

defensa y contradicción, de tal forma que la imposición de una multa

debe estar antecedida de la debida defensa del infractor.

En efecto, para la Corte Constitucional, cuando el juez conductor

advierta una conducta dilatoria, en ejercicio de sus facultades

correctivas, deberá concederle al presunto infractor la oportunidad

de ejercer su derecho de defensa, a fin de que de las razones que

considere oportunas, ante lo cual, el juez valorará los argumentos y

frente a estos, decidirá si tales motivos son o no razonables para así

proceder a analizar la procedencia de la sanción.

En el caso bajo examen, la Sala llama la atención que el Tribunal se

limitó a discurrir respecto de las razones por las cuales no resultaba

procedente la petición de la Asamblea Departamental de Nariño,

ordenando de inmediato a la imposición de la sanción con multa, sin

antes escuchar las razones de defensa o explicaciones frente a las

acusaciones que le endilgaban una conducta dilatoria o reprochable.

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En efecto, de la transcripción de la audiencia inicial de 11 de julio de

2022, se extrae que la autoridad judicial accionada procedió a

sancionar a la actora por supuestas conductas dilatorias, omitiendo

ponerle de presente las implicaciones de ello y sin permitirle ejercer

su derecho de defensa y contracción, en la medida que únicamente

se refirió al hecho de que las irregularidades puestas de presente ya

habían sido resueltas en una etapa anterior, sin advertir con claridad

las razones por las cuales su conducta resultaba entorpecedora del

desarrollo normal del proceso y sin escuchar las explicaciones de su

actuar.

Es así como, tal como lo advirtió el a quo, sin perjuicio de la decisión

sancionatoria adoptada, la autoridad judicial accionada no garantizó

los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y

contradicción, por lo que no resultan de recibo los argumentos

expuestos por el Tribunal en el escrito de impugnación, dado que, de

las pruebas obrantes en el proceso no se observa que a la actora se

le haya dado la palabra a fin de que expusiera sus razones de

defensa.

En ese orden de ideas, aun cuando se le permitió recurrir la decisión

y se adecuó el recurso de apelación al de reposición, no se advierte

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que previo a la imposición de la sanción se le hubiese dado la

oportunidad de explicar el porqué de su petición y de su conducta

supuestamente dilatoria, lo cual va en contravía del procedimiento

establecido en la norma y de la jurisprudencia dispuesta para el

asunto.

De tal suerte que la Sala confirmará la providencia impugnada que

amparó los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa

y contradicción de la parte actora, como en efecto lo dispondrá en la

parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de marzo de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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