Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04473-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04473-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04473-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
16 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04473-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE AMPARÓ LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA Y
CONTRADICCIÓN. EL TRIBUNAL INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS
PROCEDIMENTAL ABSOLUTO Y DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL AL SANCIONAR A LA ACTORA CON MULTA, POR INCURRIR
PRESUNTAMENTE EN CONDUCTAS DILATORIAS, SIN DARLE LA
OPORTUNIDAD DE EJERCER SU DERECHO DE DEFENSA, PUES OMITIÓ
ESCUCHAR SUS RAZONES Y EXPLICACIONES POR LAS CUALES SOLICITÓ LA
REVISIÓN OFICIOSA DE LEGALIDAD.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA Y
CONTRADICCIÓN.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO1 contra la sentencia de 22 de
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En adelante el Tribunal.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04473-01
Actora: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
septiembre de 2022, mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO2 amparó los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y
contradicción de la actora.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, actuando a través
de su apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista
en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa y
contradicción, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el
TRIBUNAL, en audiencia inicial de 11 de julio de 2022, dentro del
medio de control de nulidad electoral identificado con el número
único de radicación 52001-23-33-000-2022-00010-00, promovido
contra el acto de elección de la señora IRMA JANETH MALLAMA
NARVÁEZ, como Contralora del Departamento de Nariño para el
período 2022 a 2025.
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En adelante sección Segunda.
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Actora: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
I.2.- Hechos
Adujo que en el Tribunal cursa el medio de control de nulidad
electoral identificado con el número único de radicación 2022-00010-
00, promovido por los señores FRANCISCO FAJARDO ANGARITA
y MARÍA VICENTA BRAVO CAICEDO contra el acto de elección de
la Contralora Departamental de Nariño, la señora JANETH
MALLAMA NARVÁEZ, en el que funge como parte demandada.
Precisó que, luego de radicada la demanda, el Tribunal expidió auto
de 14 de enero de 2022, por medio del cual inadmitió la demanda
por inobservancia del artículo 353 de la Ley 2080 de 20214 y, a pesar
de ser un juicio de nulidad electoral, otorgó el término de 10 días
para su corrección.
3 ARTÍCULO 35. Modifíquese el numeral 7 y adiciónese un numeral al artículo 162 de la Ley
1437 de 2011, el cual quedará así:
7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las
notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.
8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio
electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten
medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el
demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la
demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de
este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital
de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus
anexos.
En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al
demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto
admisorio al demandado.
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“Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia
de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
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Refirió que mediante proveído de 2 de febrero de 2022, el magistrado
sustanciador admitió la demanda frente a las pretensiones de nulidad
electoral e inadmitió en cuanto a las de nulidad ordinaria, por lo que
irregularmente volvió a otorgar un nuevo término de corrección de la
demanda por tres (3) días.
Destacó que, de forma errada, el Tribunal dio trámite a una solicitud
de aclaración, mientras corría el término para corregir la demanda y,
en auto de 14 de febrero de 2022, la resolvió de forma negativa, por
lo que volvió a otorgar, por tercera vez, el término de subsanación
de demanda.
Explicó que, mediante memorial de 18 de febrero de 2022, esto es,
por fuera de la oportunidad procesal para el efecto, el apoderado de
la parte demandante presentó escrito de subsanación, a través del
cual se reafirmó en sus pretensiones de nulidad de los actos
ordinarios.
Refirió que en auto de 23 de febrero de 2022 el Tribunal por cuarta
vez, se adentró en el estudio de admisibilidad de la demanda y, por
fuera de la oportunidad procesal idónea, admitió la demanda y corrió
traslado a los demandantes.
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Actora: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
Sostuvo que el 29 de abril de 2022, el Tribunal instaló la audiencia
inicial y dentro de la etapa de saneamiento del proceso suspendió la
diligencia y ordenó la vinculación de la Universidad de la Costa, como
parte demandada.
Indicó que la audiencia inicial se reanudó el 8 de julio de 2022, por
lo que presentó “solicitud de ejercicio de funciones oficiosas” con el
fin de que el magistrado sustanciador abordara el tema de omisión
de subsanación de la demanda, para lo cual la autoridad judicial
decidió suspender la audiencia para analizar los planteamientos
realizados.
Advirtió que el 11 de julio de 2022 se reanudó la audiencia inicial y,
a pesar de que el Tribunal reconoció que la etapa de saneamiento del
proceso era el momento adecuado para revisar la legalidad de las
actuaciones, procedió a denegar la petición de revisión oficiosa de
nulidad por considerarla impertinente, por lo que le impuso multa a
la parte demandada al calificarlo como una maniobra dilatoria.
Adujo que el Tribunal no corrió traslado a las partes de la sanción
impuesta, ni tampoco explicó de qué forma dicha petición podría ser
considerada como dilatoria, ya que el proceso cumplía más de cinco
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Actora: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
meses en trámite por cuenta de cuatro revisiones de admisibilidad,
una petición de aclaración y una suspensión para conformación del
litisconsorcio necesario por pasiva.
Finalmente, puso de presente que aun cuando la petición presentada
fue en ejercicio de funciones oficiosas y no un incidente de nulidad,
el magistrado sustanciador decidió abrir espacio a la concesión de
recursos, para lo cual interpuso recurso de apelación, siendo
adecuado al de reposición, que en esa misma audiencia fue desatado
desfavorablemente.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto procedimental absoluto al imponer la sanción, en la medida
que no se agotaron las etapas obligatorias que permiten la defensa
técnica, ni se indicaron los motivos y circunstancias en el que
estableció la responsabilidad individual de los demandados en las
conductas imputadas, así como tampoco se señalaron los criterios de
dosimetría, ni los recursos que procedían y la autoridad ante quien
debían dirigirse.
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Sostuvo que el Tribunal derivó de forma automática la
responsabilidad de los demandados por la interposición de una
petición de actuación oficiosa, en cumplimiento del artículo 207 del
CPACA, sobre circunstancias que podrían llevar al rechazo de la
demanda y que no habían sido tratadas hasta ese momento, máxime
cuando la petición no se formuló como una nulidad o con propósito
de dilatar o distraer, sino como un punto que requería precisión para
continuar con el procedimiento.
Resaltó que la imposición de la sanción desconoció los lineamientos
legales y jurisprudenciales que el Consejo de Estado ha establecido
para el ejercicio de los poderes correccionales del juez, en el que ha
advertido que el artículo 59 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, establece que los actos sancionatorios deben contener
los motivos y las circunstancias, así como los elementos utilizados
para la dosimetría sancionatoria. Sumado a ello, se deben señalar los
medios de impugnación y de defensa que proceden contra los
mismos, el término que se dispone para ello y la autoridad ante quien
deben intentarse.
Por lo anterior, explicó que también se incurrió en desconocimiento
del precedente jurisprudencial dispuesto, entre otros, en sentencia
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Actora: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
de 10 de marzo de 20165, en la cual se explicó que aun cuando la
norma no prevé procedimiento especial para la imposición de la
multa, ello no significa que opere de pleno derecho, pues deben
observarse las garantías que componen los derechos fundamentales
al debido proceso y a la defensa y contradicción, posición ratificada
por la Corte Constitucional6, la Corte Suprema de Justicia7 y el
Consejo de Estado8.
En esa medida, refirió que la línea jurisprudencial de los tres altos
tribunales es coincidente en exigir que los poderes correccionales del
juez se ejerzan en forma racional, con indicación individual de los
hechos y circunstancias que causan la responsabilidad, valoración de
la culpabilidad, del daño al bien jurídico tutelado y con atención a los
criterios de dosificación, comoquiera que al tratarse de una expresión
del derecho sancionatorio, la imposición de una multa por parte de
un juez debe atender a las exigencias de respeto por el debido
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 10 de marzo
de 2016, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, identificada con número único de radicación 85001-
23-33-000-2015-00171-01.
6
Sentencias C-037 de 1996 y T-015 de 2007.
7
Sentencia de 5 de junio de 2019, AP 2177-2019 identificada con número único de radicación 54504.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 20 de
noviembre de 2019, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra, identificada con el número único de radicación
63001-23-33-000-2019-00080-01.
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proceso y el derecho de defensa y contradicción.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
“[…] Segundo: Que se declare la configuración de una vía de
hecho por Defecto Procesal y Defecto Sustancial por
Desconocimiento del Precedente, en la imposición de una multa
dineraria en contra de la Asamblea Departamental de Nariño por
el Tribunal Administrativo de Nariño-Sala Primera Unitaria de
Decisión, dentro del proceso 520012333000-2022-00010-00.
Tercero: En consecuencia, de lo anterior, que se anule el auto
dictado en audiencia inicial el 11 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Nariño-Sala Primera Unitaria de Decisión,
dentro del proceso 520012333000-2022-00010-00, mediante el
cual se sancionó con multa a mi poderdante […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL expresó que no ha vulnerado derecho
fundamental alguno, dado que todas las actuaciones realizadas
dentro del trámite del proceso ordinario han garantizado el debido
proceso de las partes.
En efecto, sustentó que en audiencia inicial celebrada el 8 de julio de
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2022, en la etapa de saneamiento del proceso, la actora manifestó
que se encontró un vicio procedimental que afecta el derecho al
debido proceso, solicitando fuera abordado de forma oficiosa, toda
vez que se le dio a las pretensiones de nulidad de actos ordinarios el
trámite especial de nulidad electoral, sumado a que la demanda
original no fue subsanada, ante lo cual la apoderada de la parte
demandante esbozó que no había causal de nulidad, razón por la que
al percatarse que se habían formulado observaciones respecto a los
trámites procedimentales encaminados a manifestar un reparo
atinente a que no se subsanó la demanda en debida forma, decidió
revisar toda la actuación desde la presentación de la demanda.
Manifestó que, por lo anterior, suspendió la audiencia para entrar a
resolver de fondo las solicitudes formuladas y, en reanudación de la
audiencia inicial del 11 de julio de 2022, revisó lo pertinente a efectos
de verificar si existía alguna irregularidad, para lo cual adujo que en
cuanto a las pretensiones de nulidad de actos ordinarios en el trámite
especial de nulidad electoral ya se había resuelto en oportunidades
anteriores y en trámites previos a la audiencia inicial.
Así las cosas, sostuvo que el tema de la indebida acumulación de
pretensiones fue tratado en el momento procesal de estudio para la
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admisión y/o inadmisión de la demanda, por lo que era un asunto ya
decantado; además, en la mencionada audiencia la Asamblea del
Departamento de Nariño no fue específica en señalar la causal de
nulidad que trataba de invocar, remitiéndose de cierta manera al
artículo 207 del CPACA, para lo cual se advirtió que el proceso apenas
había iniciado y, por tal razón, no había lugar a adelantar control de
legalidad.
En ese orden de ideas, consideró que no se estructuraba ningún vicio
que afectara el trámite normal del proceso, sin embargo, el
apoderado de la Asamblea del Departamento de Nariño volvió a
abordar un tema de una posible nulidad cuando la misma no se había
estructurado y sobre la indebida acumulación de pretensiones ya
estaba resuelto en debida forma por el despacho.
Por lo anterior, concluyó que no se invocó de manera clara y concreta
la causal de nulidad y que el asunto puesto en conocimiento ya
estaba decantado, por lo que al considerar que se trataba de formas
de dilatar el proceso, sancionó a las demandadas con multa de 5 a
10 SMLMV, decisión que fue notificada en estrados, frente a la cual
la Asamblea Departamental de Nariño interpuso recurso de
apelación, siendo procedente el de reposición.
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I.6. Intervinientes
I.6.1.- La Sección Quinta del Consejo de Estado puso de
presente que el amparo invocado no cuestiona, ni censura ninguna
de las determinaciones adoptadas por esa autoridad, toda vez que
las alegaciones se centran en una decisión del resorte propio del
Tribunal, la cual, por demás, no fue reprochada por las partes.
Por lo anterior, afirmó que la transgresión de los derechos
fundamentales ventilada por la actora no tiene origen en actuaciones
atribuibles a esa sala de decisión.
I.6.2.- La señora IRMA JANETH MELLAMA luego de informar sobre
el trámite surtido dentro del proceso, precisó que en el transcurso de
la audiencia inicial, en la cual resultaron sancionados con multa los
demandados, el magistrado sustanciador omitió dar traslado a las
partes respecto del recurso de reposición que era procedente,
existiendo así una indebida interpretación en la conducción y manejo
de la diligencia, pues aun cuando se dio la oportunidad para apelar
la decisión frente al rechazo de la solicitud de actuación oficiosa, no
se dio espacio para el recurso respecto de la sanción, la cual se
fundamentó en una presunta comisión de dilación del proceso, nada
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mas alejado de la realidad, pues la solicitud no presentó
traumatismos ni se perpetuo en el tiempo.
Por lo anterior, recalcó que la autoridad judicial accionada vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa y
contradicción alegados dentro de la audiencia inicial del 11 de julio
de 2022, por lo que solicitó que se acceda al amparo deprecado,
máxime cuando se cumplen los requisitos generales y específicos
para el efecto.
I.6.3.- La señora MARÍA VICENTA BRAVO CAICEDO indicó que la
parte actora confunde dos escenarios completamente diferentes,
comoquiera que, olvida que para el medio de control de nulidad
electoral, el artículo 295 del CPACA, dispuso que la presentación de
peticiones impertinentes e improcedentes, son consideradas como
formas de dilatar el proceso, susceptible de sanción consistente en
multa, por lo que fue en aplicación directa de esta norma que el
Tribunal consideró que todas las peticiones de nulidad resultaron
improcedentes y a su vez impertinentes, en razón a que contenían
propósitos dilatorios.
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En ese mismo orden, afirmó que lo que discute la parte actora con
este trámite constitucional es dejar sin efectos la imposición de la
multa dentro del proceso de nulidad electoral, lo cual es un asunto
de pleno derecho a partir de una discusión de tipo procedimental
donde, no se ha evidenciado violación alguna de los derechos
fundamentales.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 22 de septiembre de 2022, la SECCIÓN
SEGUNDA de esta Corporación accedió al amparo solicitado, por lo
que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la
defensa y contradicción de la parte actora y, en consecuencia, ordenó
lo siguiente:
“[…] SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO el numeral segundo de
la decisión adoptada en audiencia inicial celebrada el 22 de julio
de 2022, y su confirmatoria proferida en la misma fecha,
adelantada en el medio de control de nulidad electoral
identificado con el radicado 52001233300020220001000, En
consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Nariño,
en sala unitaria, que decida, nuevamente, acerca de la
imposición de la sanción a los presuntos infractores, en los
términos descritos en la parte considerativa de esta providencia.
Posteriormente, por solicitud de corrección presentada por el
Tribunal, el a quo mediante proveído de 22 de noviembre de 2022
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corrigió el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia, en
el sentido que se dejaba sin efecto el numeral segundo de la decisión
adoptada en audiencia inicial del 11 de julio de 2022, no así de 22
de julio de 2022, como erradamente se plasmó en la sentencia.
Para el efecto, el a quo precisó que las jurisdicciones constitucional,
ordinaria y contenciosa administrativa, de manera unísona
propenden para que los jueces como directores del proceso, en uso
de las facultades correccionales que les asiste, garanticen una
verdadera administración de justicia, por lo cual, entre otros, podrán
sancionar a los sujetos procesales ante la presencia de conductas
dilatorias o temerarias.
Arguyó que lo anterior siempre bajo las garantías del debido proceso,
permitiéndosele al presunto infractor tener conocimiento de que su
conducta puede acarrear una sanción, que sea escuchada su defensa
frente a los cargos que le reprochan y, una vez ejercido su derecho
de defensa y contradicción, el juez proceda a tomar la decisión que
en derecho corresponda.
Destacó que, en el caso particular, el Tribunal sancionó a la Asamblea
Departamental de Nariño, a la Universidad de la Costa y a la señora
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IRMA JANETH MALLAMA NARVÁEZ, por incurrir presuntamente
en conductas dilatorias, sin embargo, el a quo echó de menos que
previo a la imposición de la sanción, a los infractores se les hubiera
informado acerca de la connotación de sus conductas, las
implicaciones que las mismas tendrían y que se le escuchara al
respecto.
Así las cosas, sustentó que, sin perjuicio de la decisión sancionatoria
adoptada, lo cierto es que el Tribunal no garantizó los derechos
fundamentales al debido proceso, de defensa y contradicción de la
Asamblea Departamental de Nariño; por lo que, aun cuando la
mencionada recurrió en apelación la decisión sancionatoria, a la cual
se le otorgó el trámite del recurso de reposición y fue desatado de
manera desfavorable, ello no subsana la falta de garantías procesales
a la parte pasiva del proceso de nulidad electoral previo a la sanción
que fue impuesta, de conformidad con el material probatorio obrante
en el expediente.
Ahora, sostuvo que, con fundamento en las consideraciones ya
expuestas, hizo extensiva la orden de amparo a la señora IRMA
JANETH MALLAMA NARVÁEZ, teniendo en cuenta su escrito de
contestación en el que solicitó, bajo presupuestos similares a los de
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la actora, la intervención del juez de tutela en el asunto.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El Tribunal impugnó la decisión proferida en primera instancia
señalando que, contrario a lo advertido por el a quo, no ha existido
vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la
parte actora.
Insistió en que al momento de ordenar la sanción a los demandantes,
en ningún momento se vulnero los derechos fundamentales al debido
proceso, de contradicción y defensa, pues contrario a lo establecido
por la Sección Segunda, en la audiencia de 11 de julio de 2022 se
respetó todas las garantías constitucionales, se les informó a los
demandados la connotación de sus conductas, se brindó la
oportunidad para que cada una de las partes se refiera a la sanción
impuesta, se explicó el fundamento legal de la sanción que se iba a
imponer, y se dio a conocer que las actuaciones se tornaban
dilatorias, lo que llevaba a la imposición de la sanción respectiva al
tenor de lo dispuesto en el artículo 295 del CPACA.
Alegó que antes de imponer la sanción, se explicó que el tema de la
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indebida acumulación de pretensiones ya se había decantado con
anterioridad, razón por la cual consideró conforme lo había señalado
la parte demandante, que las peticiones formuladas en conjunto por
los apoderados judiciales de la parte demandada, se identificaban
como unas peticiones impertinentes, se dio a conocer la normativa
aplicable, esto es, el artículo 295 del CPACA y, sumado a ello, se
informó que la configuración de dichas actuaciones acarreaba una
sanción con multa de 5 a 10 SMLMV, se enfatizó en que los puntos
tratados ya habían sido resueltos, explicándose que no se podía dar
paso a edificar una nulidad de carácter procesal, porque en el fondo
lo pretendido con ello era que se rechazara la demanda, lo cual no
se podía contemplar.
Arguyó que, explicado lo anterior, procedió a denegar por
impertinente las peticiones y a sancionar a las demandadas,
preguntó a los sujetos procesales si tenían alguna observación al
respecto y los apoderados de la parte demandada interpusieron
recurso de apelación, que sustentaron en cuanto al procedimiento
adelantado desde la admisión de la demanda, las conductas dilatorias
en el proceso y su manifestación de no estar de acuerdo con la
sanción impuesta.
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Refirió que se manifestó a las partes que las conductas asumidas
resultaban dilatorias, pues los temas abordados ya habían sido
decantados con anterioridad y, finalmente, adecuó el recurso de
apelación al de reposición, el cual decidió de forma desfavorable.
Así las cosas, recalcó que no ha incurrido en vulneración alguna de
los derechos fundamentales de la parte actora, pues la multa
impuesta tiene como fundamento lo ocurrido con la actuación de la
parte demandada pero, se garantizó el debido proceso, la
contradicción y defensa frente a dicha decisión, pues las sancionadas
tuvieron la oportunidad de pronunciarse frente a la multa,
previamente se les explicó por qué se consideraban conductas
dilatorias, y la consecuencia de su configuración no era otra que la
sanción.
Por lo anterior, destacó que no comparte los argumentos expuestos
por el a quo, en la medida que solicitó que se revoque la decisión
emitida en primera instancia.
Por último, puso de presente que en el medio de control de nulidad
electoral objeto de reproche se profirió sentencia de 24 de octubre
de 2022, decidiendo denegar las pretensiones de la demanda y, en
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consecuencia, no accediendo a la nulidad de la elección de la señora
IRMA JANETH MALLAMA NARVÁEZ como Contralora General del
Departamento de Nariño.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
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Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
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tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
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irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando
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el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente caso, la actora pretende que se deje sin efecto la
decisión proferida en audiencia inicial de 11 de julio de 2022,
proferida por el TRIBUNAL, a través de la cual se le impuso sanción
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de una multa, dentro del medio de control de nulidad electoral
identificado con el número único de radicación 2022-00010-00
promovido por los señores FRANCISCO FAJARDO ANGARITA y
MARÍA VICENTA BRAVO CAICEDO contra el acto de elección de
la Contralora Departamental de Nariño, la señora JANETH
MALLAMA NARVÁEZ, en el que funge como parte demandada junto
con la Universidad de la Costa.
La inconformidad de la parte actora radica en que, a su juicio, la
decisión acusada por medio del cual se le impuso la multa vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y
contradicción, habida cuenta que el Tribunal incurrió en defecto
procedimental absoluto y en desconocimiento del precedente
jurisprudencial.
Lo anterior, comoquiera que se le impuso una sanción sin indicar los
motivos y circunstancias que establecieron la responsabilidad de la
conducta, sin agotar las etapas obligatorias que permitieran su
defensa técnica ni señalar los criterios de dosimetría, por lo que, aun
cuando la norma no prevé procedimiento especial para la imposición
de la multa, ello no significa que opere de pleno derecho, pues deben
observarse las garantías que componen los derechos fundamentales
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al debido proceso y a la defensa y contradicción, posición ratificada
por la Corte Constitucional9, la Corte Suprema de Justicia10 y el
Consejo de Estado11.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación que amparó los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la contradicción,
al estimar que el Tribunal sancionó a la actora, presuntamente, por
incurrir en conductas dilatorias; sin embargo, previo a la imposición
de la sanción, a los infractores no se les informó acerca de la
connotación de sus conductas, las implicaciones que las mismas
tendrían y no se les escuchó al respecto.
En la impugnación el Tribunal manifestó que, contrario a lo advertido
por el a quo, no ha existido vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, pues al momento de
ordenar la sanción a los demandantes se respetaron todas las
9
Sentencias C-037 de 1996 y T-015 de 2007.
10
Sentencia de 5 de junio de 2019, AP 2177-2019 identificada con número único de radicación 54504.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 20 de
noviembre de 2019, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra, identificada con el número único de radicación
63001-23-33-000-2019-00080-01.
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garantías constitucionales, se les informó a los demandados la
connotación de sus conductas, se brindó la oportunidad para que
cada una de las partes se refiera a la sanción impuesta, se explicó el
fundamento legal de la sanción que se iba a imponer, y se dio a
conocer que las actuaciones se tornaban dilatorias, lo que llevaba a
la imposición de la sanción respectiva al tenor de lo dispuesto en el
artículo 295 del CPACA.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados al imponer la multa dentro de la audiencia
inicial del 11 de julio de 2022 dentro del medio de control de nulidad
electoral identificado con el número único de radicación 2022-00010-
00.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
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según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala observa que en el presente asunto se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con
suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su
criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
procedimental absoluto y desconocimiento del precedente
jurisprudencial y vulneró sus derechos fundamentales invocados;
contra la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se
estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión
(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo
256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo
razonable12 y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos
que se estiman lesionados.
Verificado lo anterior, corresponde determinar si el Tribunal incurrió
en los defectos procedimental absoluto y desconocimiento del
precedente jurisprudencial alegados al imponer multa en la audiencia
12 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero
ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
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inicial del 11 de julio de 2022, dentro del medio de control de nulidad
electoral identificado con el número único de radicación 2022-00010-
00.
Del defecto procedimental
En relación con el defecto procedimental, esta Sala ha señalado 13 lo
siguiente:
“[…] La jurisprudencia constitucional ha reconocido dos tipos de
defectos procedimentales: el denominado defecto procedimental
absoluto y el llamado defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto. Se ha señalado que el defecto procedimental absoluto
se configura cuando “[…] el funcionario judicial se aparta por
completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite
de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite
completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o
ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido
legalmente afectando el derecho de defensa y contradicción de una
de las partes del proceso […]”14. De otra parte, se ha afirmado que
el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto tiene lugar
cuando el funcionario, por el apego excesivo e irrestricto a las
formas, termina generando un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial y, en consecuencia, sus actuaciones se convierten en una
clara denegación de justicia15. Se incurre en esta modalidad cuando,
entre varias interpretaciones posibles, el juez prefiere aquella que
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
7 de marzo de 2019, C.P Oswaldo Giraldo López, número único de radicación
11001031500020180402301.
[14] “Sentencia T-327 de 2011”.
[15] “Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva”.
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no favorece el principio pro homine e impide al ciudadano el acceso
efectivo a la administración de justicia […]”.
Conforme con lo expuesto en cita, al alegarse el defecto
procedimental contra una providencia judicial, lo correcto es que el
interesado ilustre la manera en que la autoridad judicial accionada
desconoció el trámite establecido para la adopción de aquella, esto
es, que demuestre que el proceso judicial que dio lugar a la decisión
acusada fue adelantado sin observar el trámite que las normas
adjetivas establecen para tal efecto.
Del desconocimiento del precedente judicial
En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo
con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución
Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces
en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta
regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que
encuentra sus límites en la realización de otros valores
constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
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En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el
respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta),
que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también
de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades
judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y
con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la
que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo
anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de
los Jueces el respeto por el precedente16”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa
Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la
igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que
su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial17.
16 Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de
2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de
la Corte Constitucional.
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No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)18.
Caso concreto
Para mayor entendimiento del asunto, se hace necesario transcribir
apartes de la reanudación de la audiencia inicial aquí cuestionada, en
la cual se impuso la sanción de multa que alega la parte actora.
“[…] 5. SANEAMIENTO DEL PROCESO
1. En audiencia inicial llevada a cabo el 08 de julio de 2022 y en
la sub etapa procesal de saneamiento, el señor Magistrado
manifestó que, examinado el proceso hasta el momento, no se
estructuraba vicio que se haya presentado que afecte el trámite
normal del proceso; razón por la cual no se dictaría ninguna
medida de saneamiento. Sin embargo, preguntó a las partes si
observaban alguna irregularidad o inobservancia para que la
puedan manifestar.
2. Los sujetos procesales por conducto de su mandataria judicial
17 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
18 Ver sentencia T-292 de 2006.
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y mandatarios judiciales, intervinieron respecto a lo preguntado
por el señor Magistrado, en los siguientes términos.
[…]
4. Parte demandada – Apoderado Asamblea Departamental de
Nariño: (Minuto 15:15) manifestó que se encontró un vicio
procedimental que afecta el derecho al debido proceso,
solicitando sea abordado de forma oficiosa por el señor
Magistrado en cumplimiento del deber legal de revisar y declarar
en cualquier etapa del proceso irregularidades que afecten el
proceso, toda vez que se ha impreso a las pretensiones de
nulidad de actos ordinarios el trámite especial de nulidad
electoral, sumado a que la demanda original no fue
efectivamente subsanada por la parte actora cuando se le
requirió dejando así sin modificar la acumulación de
pretensiones de nulidades ordinarias directas con las de nulidad
electoral, lo cual considera está prohibido por la ley procesal
administrativa y tiene la capacidad de viciar de nulidad todo lo
actuado desde la orden de subsanación de la demanda.
5. Agregó que el Despacho ordenó se adecue la demanda a los
requisitos formales de presentación concediéndole el término de
3 días para cumplir con la subsanación, la cual consistía en
deslindar las pretensiones de nulidad de actos administrativos
ordinarios de las pretensiones propias de nulidad electoral,
porque la ley prohíbe tramitar pretensiones ordinarias en el
proceso especial.
6. Señaló que en virtud del artículo 276 del CAPACA, el que
regula de forma especial el proceso de nulidad electoral, la no
subsanación de la demanda produce su rechazo y dado que en
el presente asunto la parte actora, incumplió con el deber de
modificar lo pertinente la consecuencia no puede ser otra que su
rechazo.
7. Manifiesta que la única actuación desplegada por la parte
demandante fue la solicitud de aclaración fechada 3 de febrero,
la cual fue resuelta mediante auto de fecha 14 de febrero, para
finalmente dar un oficio de subsunción con fecha 18 de febrero
de 2022, mediante el cual la parte demandante manifiesta que
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las pretensiones 2, 3 y 4 implican un control de legalidad
indirecto, afirmación que fue aceptada por el despacho pero que
debería haber conducido al rechazo de la demanda, en primer
lugar por ser extemporáneo porque se presentó por fuera del
término otorgado y en segundo lugar porque no se modificó el
acápite de pretensiones.
8. Precisó que el proceso de nulidad electoral tiene una
regulación especial que contiene normas sobre la solicitud de
aclaración de sentencias, mas no de los autos interlocutorios con
lo cual la solicitud presentada por el señor demandante era
improcedente y de ninguna manera le habilitaba para extender
los plazos judiciales otorgados para adecuar la demanda, sin que
se verificara el cumplimiento.
9. Señala que, si se acogiera lo regulado en el artículo 243 A
numeral 12 del CPACA, debe resaltarse que el término de
ejecutoria de autos que resuelven aclaraciones solo sirve para
interponer recursos y no para dar cumplimiento al deber de
adecuar la demanda. 10. Frente al escrito de subsanación de
fecha 18 de febrero de 2022, solicitó al señor Magistrado la
incapacidad para superar los defectos consistentes en la
acumulación indebida de pretensiones ordinarias y especiales en
el proceso de nulidad electoral, consideró que el escrito de
subsanación debió suprimir las pretensiones de nulidad de actos
ordinarios contenido en los numerales 2, 3 y 4, lo cual no ocurrió,
y que están prohibidas por el CPACA, dando lugar al rechazo de
la demanda por el paso del tiempo y por omitir subsanar las
pretensiones ordinarias en el proceso electoral, razón por la cual
solicitó el rechazo de la demanda.
[…]
CONSIDERACIONES DE LA SALA
19. Con el fin de brindar todas las garantías procesales para los
sujetos procesales que intervienen en el presente asunto, el
Tribunal ha revisado todo el expediente digital que se tramita
hasta el momento, lo cual permite registrar los siguientes
aspectos:
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[…]
20. Ahora bien, confrontados y evaluados los argumentos
respecto de los puntos específicos o centrales de los reparos que
exponen los mandatarios judiciales de la parte demandada, los
mismos no están llamados a prosperar por las siguientes
razones:
1. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
[…]
2. La demanda electoral se presentó dentro del término legal […]
3. Frente al auto que inadmitió la demanda respecto a las
anteriores pretensiones, con fecha 2 de febrero de 2022, fue
notificada en la misma fecha por correo electrónico y
personalmente a la parte interesada el 2 de febrero de 2022. El
apoderado legal de la parte demandante, presentó solicitud de
aclaración del auto […]
4. En este orden de ideas se tiene, que el apoderado procedió a
subsanar la demanda […]
5. Ahora bien, valga recordar que, frente a las anteriores
pretensiones, como el Tribunal fue del criterio que no se las
debía admitir porque no eran de la naturaleza propia de los
asuntos electorales para que se definan sino que debían ser
mediante el ejercicio de otro medio de control; en el escrito de
subsanación, la parte demandante manifestó que se mantenía
en la pretensión de nulidad electoral y que las restantes deberían
ser objeto de estudio de manera indirecta para analizar que si
tenían incidencia sobre el tema central de la nulidad electoral.
6. El Tribunal aceptó el argumento de la parte demandante con
fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, en el
sentido que dichas pretensiones, si se podían acumular para
estudiarse de manera indirecta, y procedió admitir la demanda
frente a estas pretensiones.
7. Admitida integralmente la demanda, se procedió a correr
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traslado a la parte demandada, quienes formularon excepciones,
abordando el mismo tema de la indebida acumulación de
pretensiones; mismas que fueron resueltas de manera
desfavorable mediante providencias de fecha 05 de abril de
2022, y 3 de junio de 2022 […]
8. El tratamiento anterior lleva a una conclusión que no es otra
que el tema de la indebida acumulación de pretensiones de la
parte demandante, fue tratado en el momento procesal de
estudio para la admisión y/o inadmisión de la demanda, lo cual
luego sería aceptado y posteriormente por la parte demandada,
vía excepciones previas e incluso con un recurso de reposición
interpuesto y resuelto negativamente, con lo cual el citado
tema se decantó por haberse resuelto de conformidad con
la ley y la jurisprudencia.
9. Por otro lado se tiene que mencionar, que el artículo 29 de la
Constitución Nacional, aborda el tema del debido proceso que se
debe aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas, y tal como se ha expuesto con antelación, las
actuaciones procesales surtidas por el Tribunal como por el
apoderado judicial de la parte demandante, llevan a deducir
que no se ha trastocado el canon constitucional, antes por
el contrario, las ritualidades que se han desplegado, se han
adelantado observando a plenitud el procedimiento ordenado
por la ley desde la admisión de la demanda y el resto de
actuaciones que se han surtido en la temática de la acumulación
de pretensiones.
[…]
10. Continuando con el asunto, el señor abogado de la Asamblea
Departamental de Nariño, no fue especifico en señalar la causal
de nulidad que trataba de invocar, remitiéndose de luego cierta
manera al artículo 207 del CPACA, cuando el mismo hace
referencia al control de legalidad que se surten en los procesos
contenciosos Administrativos una vez agotada cada etapa del
proceso que implica sanear los vicios que acarrean nulidades, los
cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar
en las etapas siguientes. En este proceso, apenas ha iniciado la
primera etapa y no ha finalizado, razón por la cual, aún no había
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lugar adelantar control de legalidad, y si en gracia de discusión
se podría hacer referencia al numeral 5 del artículo 180 del
CPACA, que trata el tema del saneamiento; son dos escenarios
diferentes. El anterior debe decidirse de oficio a petición de
parte, sobre los vicios que se hayan presentado y se adoptarán
las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias
inhibitorias; es decir, el Tribunal consideró que no se
estructuraba ningún vicio que afecte el trámite normal del
proceso; como ahora se vuelve a ratificar; sin embargo, el
apoderado judicial vuelve abordar un tema de una posible
nulidad cuando la misma no se ha estructurado y sobre el
tema de la indebida acumulación de pretensiones, ya se
había resuelto en debida forma despachando
desfavorablemente los argumentos invocados por una
parte integrante de la parte demandada.
11. El recuento procesal y con fundamento en lo dispuesto
por las normas constitucionales y legales invocadas,
llevan a contemplar que la parte demandada y tal como lo
expresó la apoderada legal de la parte demandante, no
invocó de manera clara y concreta, causal de nulidad
específica de las que aborda el artículo 133 del C.G.P. y si
bien una de ellas abordó el mandamiento constitucional
del artículo 29, la misma no se edificó plenamente que
necesariamente amerita, no compartir los argumentos de
la parte demandada, los cuales serán despachados de
manera desfavorable, para que el proceso continúe en la
sub etapa procesal correspondiente.
12. Finalmente, la Sala Unitaria de Decisión repara su
atención en lo expuesto por la apoderada judicial de la
parte demandante, al considerar que las peticiones
formuladas en conjunto por los apoderados judiciales de
la parte demandada, se edifican como unas peticiones
impertinentes; planteamiento que es aceptado porque a
voces del artículo 295 del CPACA, la presentación de
peticiones impertinentes así como la interposición de
recursos y nulidades improcedentes serán considerados
como formas de dilatar el proceso y se sancionarán con
multa de 5 a 10 S.M.L.M.V., lo cual se aplicará para el caso
objeto de estudio, porque los puntos tratados por la
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demandada ya habían sido resueltos por la Sala Unitaria
de Decisión en los términos ya esbozados y menos que,
pudieran dar paso a edificar una nulidad de carácter
procesal porque en el fondo, lo que perseguían los
abogados de la parte demandada, era que se rechace la
demanda, particularidad ésta que legalmente no se podía
contemplar.
El Tribunal comparte los argumentos esgrimidos por la parte
demandante y se aparta de los formulados por los señores
abogados de la parte demandada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NARIÑO - Sala Unitaria de Decisión.
RESUELVE
PRIMERO: DENEGAR por impertinentes las peticiones
formuladas por los apoderados judiciales de la parte
demandada, integrada por la señora IRMA JANETH MALLAMA
NARVÁEZ, ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL NARIÑO Y
UNIVERSIDAD DE LA COSTA, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: SANCIONAR por la presentación de peticiones
impertinentes a cada uno de los integrantes de la parte
demandada, esto es, a la señora IRMA JANETH MALLAMA
NARVÁEZ, ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL NARIÑO Y
UNIVERSIDAD DE LA COSTA, con multa de cinco (5)
S.M.L.M.V., suma que será consignada en la cuenta corriente del
Banco Agrario N.º 3-0820-000640-8, código de convenio 13472,
nombre cuenta: -CSJ- Multas-CUN a órdenes del CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
[…]».
Conforme con la transcripción en cita, la Sala observa que la
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Asamblea Departamental de Nariño, estando en la etapa de
saneamiento del proceso, manifestó que se les dio a las pretensiones
de nulidad de actos ordinario el trámite especial de nulidad electoral,
además, que la demanda original no fue debidamente subsanada, lo
que llevaba al rechazo de la misma.
Al analizar los reparos expuestos, el Tribunal resolvió que no
estaban llamados a prosperar, toda vez que el apoderado de la parte
actora en el proceso ordinario procedió a subsanar la demanda en
debida forma y dentro del término legal, sumado a ello, se aceptaron
los argumentos expuestos para acumular las pretensiones, por lo que
procedió a admitir la demanda, momento en el cual corrió traslado a
las partes, quienes formularon excepciones, abordando el mismo
tema de la indebida acumulación de pretensiones, mismas que
fueron resueltas de manera desfavorable en providencias de 5 de
abril y 3 de junio de 2022 y sobre las cuales no se interpuso recurso
alguno.
Lo anterior, llevó al Tribunal a la conclusión de que el tema de la
indebida acumulación de pretensiones ya había sido decantado, sin
embargo, la Asamblea Departamental de Nariño volvió a abordar una
posible nulidad, aun cuando la misma no se había estructurado y el
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tema objeto de reproche ya estaba resuelto, de tal forma que, a su
juicio, las peticiones formuladas por las demandadas resultaban
impertinentes, por lo que con fundamento en el artículo 295 del
CPACA, tales planteamientos los consideró como una forma de dilatar
el proceso e impuso sanción con multa de 5 a 10 SMLMV.
En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada procedió a
denegar por impertinente las peticiones formuladas por la Asamblea
Departamental de Nariño, la señora IRMA JANETH MALLAMA
NARVÁEZ y la Universidad de la Costa y, en consecuencia, impuso
a cada una multa de 5 SMLMV.
Cabe resaltar que tanto la Asamblea Departamental de Nariño, como
la señora IRMA JANETH MALLAMA NARVÁEZ y la Universidad de
la Costa, interpusieron recursos de apelación contra la anterior
decisión, ante lo cual el Tribunal los concedió en el efecto suspensivo
en lo atinente a la negativa de las peticiones y, frente a la imposición
de la multa, los adecuó al recurso de reposición al no ser procedente
el de apelación, disenso resuelto en esa misma diligencia en el
sentido de no reponer la decisión de la sanción.
Sobre el particular, la parte actora aseveró que el Tribunal incurrió
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en defecto procedimental absoluto y en desconocimiento del
precedente jurisprudencial, toda vez que no se cumplieron los
criterios para imponer la sanción, vulnerando de esta forma los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y
contradicción.
Precisado lo anterior, la Sala considera pertinente traer a colación los
artículos 58 y siguientes de la Ley 270 de 1996, que plantean la
facultad correccional del juez del proceso.
En efecto, los artículos 58, 59 y 60 ibidem, prevén lo siguiente:
«[…] ARTÍCULO 58. MEDIDAS CORRECCIONALES. Los Magistrados,
los Fiscales y los Jueces tienen la facultad correccional, en virtud de la
cual pueden sancionar a los particulares, en los siguientes casos:
1. Cuando el particular les falte al respeto con ocasión del servicio o por
razón de sus actos oficiales o desobedezca órdenes impartidas por ellos
en ejercicio de sus atribuciones legales. […]
3. Cuando cualquier persona asuma comportamientos contrarios a la
solemnidad que deben revestir los actos jurisdiccionales, o al decoro que
debe imperar en los recintos donde éstos se cumplen. […]
PARÁGRAFO. Las medidas correccionales a que se refiere este artículo,
no excluyen la investigación, juzgamiento e imposición de sanciones
penales a que los mismos hechos pudieren dar origen.
ARTÍCULO 59. PROCEDIMIENTO. El magistrado o juez hará saber al
infractor que su conducta acarrea la correspondiente sanción y de
inmediato oirá las explicaciones que éste quiera suministrar en su
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defensa. Si éstas no fueren satisfactorias, procederá a señalar la
sanción en resolución motivada contra la cual solamente procede el
recurso de reposición interpuesto en el momento de la notificación.
El sancionado dispone de veinticuatro horas para sustentar y el
funcionario de un tiempo igual para resolverlo.
ARTÍCULO 60. SANCIONES. Cuando se trate de un particular, la
sanción correccional consistirá, según la gravedad de la falta, en multa
hasta de diez salarios mínimos mensuales.
Contra las sanciones correccionales sólo procede el recurso de
reposición, que se resolverá de plano.
ARTÍCULO 60A. Adicionado por el Artículo 14 de la Ley 1285 de
2009. así: Poderes del juez. Además de los casos previstos en los
artículos anteriores, el Juez podrá sancionar con multa de dos a cinco
salarios mínimos mensuales, a las partes del proceso, o a sus
representantes o abogados, en los siguientes eventos:
1. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.
2. Cuando se utilice el proceso, incidente, trámite especial que haya
sustituido a este o recurso, para fines claramente ilegales.
3. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas o
injustificadamente no suministren oportunamente la información o los
documentos que estén en su poder y les fueren requeridos en inspección
judicial, o mediante oficio.
4. Cuando injustificadamente no presten debida colaboración en la
práctica de las pruebas y diligencias
5. Cuando adopten una conducta procesal tendiente a dilatar el
proceso o por cualquier medio se entorpezca el desarrollo normal
del proceso.
PARÁGRAFO. El Juez tendrá poderes procesales para el impulso
oficioso de los procesos, cualquiera que sea, y lo adelantará hasta la
sentencia si es el caso".
[…]»
Ahora, en cuanto a las peticiones impertinentes, los recursos y las
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nulidades improcedentes, el CPACA dispuso que serían consideradas
como formas de dilatar el proceso y tendrían una multa de cinco a
diez SMLMV, tal como se observa a continuación:
«[…] ARTÍCULO 295. PETICIONES IMPERTINENTES. La presentación
de peticiones impertinentes así como la interposición de recursos y
nulidades improcedentes serán considerados como formas de dilatar el
proceso y se sancionarán con multa de cinco (5) a diez (10) salarios
mínimos mensuales legales vigentes. […]»
Por su parte, la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos,
ha discurrido sobre el particular que los poderes correctivos del juez
y la imposición de una multa, deben estar antecedidos de una
actuación que cumpla los mínimos del debido proceso, publicidad,
contradicción y defensa, de la siguiente manera:
«[…] Esta Corte ha definido el alcance del poder correctivo del juez, a
partir del estudio de la constitucionalidad de esas medidas. Ejercerlas
tiene como propósito “mantener el proceso dentro de los cauces
de dignidad y decoro propios del ejercicio de la profesión de abogado,
así como exigir la mesura, seriedad y respeto debidos entre los sujetos
procesales, las partes en los procesos, los terceros que en ellos
intervienen y entre todos estos y los servidores públicos”19.
Lo anterior quiere decir que los jueces y magistrados de la República
están llamados a ejercer, como directores de los procesos a su cargo,
todas aquellas potestades legítimas a su alcance para asegurar la
colaboración y el buen comportamiento de todos los sujetos que
intervienen en un proceso. Su trabajo consiste en “hacer prevalecer y
preservar la dignidad de la justicia, pues esto no sólo es compromiso
de los funcionarios y empleados que hacen parte de la rama judicial
19 Sentencia C-392 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Gálvis.
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sino que, con igual énfasis, se reclama deferencia y respeto hacia
aquellos de parte de los particulares que acceden a los estrados
judiciales”20.
11. Finalmente, cabe destacar algunas de las subreglas que esta
Corte definió en su Sentencia T-1015 de 200721, respecto de la
potestad correccional del juez: (i) esta facultad está a su disposición
para hacer prevalecer y preservar la dignidad de la justicia, y (ii) se
ejerce cuando los particulares faltan al respecto a jueces y
magistrados con ocasión del servicio o por razón de sus actos oficiales.
El trámite sancionatorio y el debido proceso
12. El artículo 59 de la Ley 270 de 1996 contiene una regla de
procedimiento respecto de la imposición de medidas correctivas, cuyo
tenor literal es el siguiente: […]
13. Salta a la vista que el artículo anterior no es exhaustivo
en determinar si este procedimiento correctivo debe llevarse a
cabo por etapas o con apego a ciertos hitos o actuaciones
procesales. Esta circunstancia, sin embargo, no supone que el
ejercicio de esta facultad correctiva no se sujete al debido
proceso ni al derecho de defensa22. Sobre este asunto, la Corte ha
señalado que “la imposición de la multa debe en todo caso estar
antecedida de una actuación que cumpla con los ingredientes
mínimos del debido proceso (publicidad, contradicción y
defensa)”23.
14. Como consecuencia de lo anterior, cuando el juez advierte
una conducta que debe enmendar, en ejercicio de sus
facultades correctivas, puede concederle a un interviniente la
oportunidad de ejercer su derecho de defensa para que brinde
las explicaciones que considere oportunas24. Le corresponde a
20 Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
21 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
22 Al hilo de lo señalado por la Constitución Política (art. 29), por el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (art. 14.1) y por el Pacto de San José (art. 8), el artículo 2º del
CGP señala que “[t]oda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un
debido proceso de duración razonable. Los términos procesales se observarán con diligencia
y su incumplimiento injustificado será sancionado”.
23 Sentencia C-203 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
24 El Código General del Proceso estipula en el inciso tercero del artículo 117 que “[a] falta
de término legal para un acto, el juez señalará el que estime necesario para su realización
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ese mismo juez valorar los argumentos y decidir si tales
motivos son o no razonables, y si hay lugar a imponer una
sanción.
[…]
16. Por otra parte, la Corte Constitucional ha concluido que son
acordes a la Carta Política las facultades de las que está investido el
juez cuando éstas se dirigen a garantizar el debido proceso en el
marco de un procedimiento correctivo25. Dichas facultades incluyen,
por ejemplo, concederle a un interviniente un término
prudencial para ejercer su derecho de defensa, cuando el juez
considere que una actuación suya supone una conducta
reprochable.
[…]»26
En ese mismo sentido, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia en providencia de 17 de octubre de 201227, dispuso lo
siguiente:
«[…] Por ser el derecho correccional una especie del derecho
sancionatorio, debe sujetarse al debido proceso, de manera que
ninguna sanción puede imponerse si la conducta no está prevista en
la ley como falta, (aunque algunas de las faltas se contengan en tipos
abiertos). De la misma forma, ninguna falta puede imponerse si
no se ha observado un debido proceso, del cual es componente
de acuerdo con las circunstancias, y podrá prorrogarlo por una sola vez, siempre que con
considere justa la causa invocada y la solicitud se formule antes del vencimiento.”
25 Sentencia C-086 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. “[E]l juez, como director del
proceso, ha de estar vigilante para dar cumplimiento a su misión en el marco de un Estado
Social y Democrático de Derecho, ya sea al acudir a sus atribuciones oficiosas en el decreto
y práctica de pruebas, o bien para hacer una distribución razonable de la carga probatoria
según la posición en la que se encuentren las partes en cada caso”.
26
Auto 190 de 24 de febrero de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
27
Corte Suprema de Justicia, radicación número 38358, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero.
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esencial la garantía del derecho a la defensa de aquel a quien
se le atribuye la falta […]»
De lo expuesto en precedencia, para la Sala es dable advertir que los
jueces conductores de un proceso cuentan con la facultad
correccional, a través de la cual pueden sancionar a los particulares
que con sus conductas entorpezcan el correcto funcionamiento de la
administración de justicia, de tal forma que los comportamientos
contrarios a ello y que pretendan dilatar el desarrollo normal del
proceso, podrán acarrear la imposición de una multa.
Para lo anterior, el director del proceso deberá atender las razones
de defensa del presunto infractor y si estas no fueren satisfactorias,
procederá a imponer sanción, la cual estará motivada, decisión
contra la que procede el recurso de reposición.
En ese mismo sentido, en cuanto a las peticiones impertinentes el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, dispone que las mismas serán consideradas como
formas de dilatar el proceso, y se sancionarán con multa de cinco (5)
a diez (10) SMLMV.
Ahora, de conformidad con lo expuesto por la jurisprudencia
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constitucional sobre el asunto, el procedimiento correctivo contenido
en la Ley 270 de 1996 no determina si ello debe llevarse a través de
etapas o actuaciones procesales, lo cual de ninguna forma puede
traducirse al desconocimiento de los derechos al debido proceso, de
defensa y contradicción, de tal forma que la imposición de una multa
debe estar antecedida de la debida defensa del infractor.
En efecto, para la Corte Constitucional, cuando el juez conductor
advierta una conducta dilatoria, en ejercicio de sus facultades
correctivas, deberá concederle al presunto infractor la oportunidad
de ejercer su derecho de defensa, a fin de que de las razones que
considere oportunas, ante lo cual, el juez valorará los argumentos y
frente a estos, decidirá si tales motivos son o no razonables para así
proceder a analizar la procedencia de la sanción.
En el caso bajo examen, la Sala llama la atención que el Tribunal se
limitó a discurrir respecto de las razones por las cuales no resultaba
procedente la petición de la Asamblea Departamental de Nariño,
ordenando de inmediato a la imposición de la sanción con multa, sin
antes escuchar las razones de defensa o explicaciones frente a las
acusaciones que le endilgaban una conducta dilatoria o reprochable.
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En efecto, de la transcripción de la audiencia inicial de 11 de julio de
2022, se extrae que la autoridad judicial accionada procedió a
sancionar a la actora por supuestas conductas dilatorias, omitiendo
ponerle de presente las implicaciones de ello y sin permitirle ejercer
su derecho de defensa y contracción, en la medida que únicamente
se refirió al hecho de que las irregularidades puestas de presente ya
habían sido resueltas en una etapa anterior, sin advertir con claridad
las razones por las cuales su conducta resultaba entorpecedora del
desarrollo normal del proceso y sin escuchar las explicaciones de su
actuar.
Es así como, tal como lo advirtió el a quo, sin perjuicio de la decisión
sancionatoria adoptada, la autoridad judicial accionada no garantizó
los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y
contradicción, por lo que no resultan de recibo los argumentos
expuestos por el Tribunal en el escrito de impugnación, dado que, de
las pruebas obrantes en el proceso no se observa que a la actora se
le haya dado la palabra a fin de que expusiera sus razones de
defensa.
En ese orden de ideas, aun cuando se le permitió recurrir la decisión
y se adecuó el recurso de apelación al de reposición, no se advierte
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que previo a la imposición de la sanción se le hubiese dado la
oportunidad de explicar el porqué de su petición y de su conducta
supuestamente dilatoria, lo cual va en contravía del procedimiento
establecido en la norma y de la jurisprudencia dispuesta para el
asunto.
De tal suerte que la Sala confirmará la providencia impugnada que
amparó los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa
y contradicción de la parte actora, como en efecto lo dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de marzo de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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