Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01105-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01105-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01105-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
19 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 19 de mayo de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01105-00
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Primera - Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Improcedencia –
Subsidiariedad | Autos que impusieron multa por presentación de solicitudes impertinentes
– Niega | Autos que negaron amparo de pobreza e impusieron multa por dicha decisión –
Debido proceso - accede
Síntesis del caso: se enjuiciaron los Autos de 17 de septiembre de 20241, 19 de septiembre
de 20242, 7 de noviembre de 20243, 2 de diciembre de 20244, 28 de enero de 20255 y 14 de
febrero de 20256, proferidos por la autoridad judicial accionada.
De conformidad con la competencia asignada7, procede la Sala a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Harold Eduardo
Sua Montaña contra la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 25 de febrero de 2025, Harold Eduardo Sua Montaña presentó una
acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
1 Por medio del que se dio apertura a un “procedimiento correccional”.
2 A través del que se declaró terminado por abandono un proceso de nulidad electoral.
3 Por medio del que se rechazó de plano una recusación.
4 Mediante el que se dispuso obedecer y cumplir la decisión de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que rechazó de plano la recusación presentada con el magistrado Luis Manuel
Lasso Lozano; rechazó por improcedente un recurso de reposición contra el Auto de 17 de septiembre de 2024; y
sancionó a Harold Eduardo Sua Montaña con multa de 5 SMLMV, en virtud del artículo 295 de la Ley 1437 de 2011.
5 A través del que se rechazó una solicitud de aclaración del Auto de 2 de diciembre de 2024; no se accedió a
una solicitud de amparo de pobreza; y se multó a Harold Eduardo Sua Montaña con 1 SMLMV conforme con el
artículo 153, inciso 2, del Código General del Proceso.
6 Mediante el que no se repuso el Auto de 2 de diciembre de 2024; no se repuso el Auto de 28 de enero de 2025;
y se requirió al señor Sua Montaña para que realizara el pago de las multas que le fueron impuestas mediante los
Autos de 2 de diciembre de 2024 y 28 de enero de 2025.
7 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01105-00
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección A
Asunto: Acción de tutela primera instancia
Decisión: Declara improcedencia, niega y concede amparo
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Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso, con ocasión de los Autos de 17 de
septiembre de 2024, 19 de septiembre de 2024, 7 de noviembre de 2024, 2
de diciembre de 2024, 28 de enero de 2025 y 14 de febrero de 2025,
proferidos por la autoridad judicial accionada dentro del proceso de
nulidad electoral No. 25000-23-41-000-2024-00332-00.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRINCIPALES
1. Declárase nulos los autos interlocutorios del tutelado proferidos desde el 17
de septiembre de 2024 hasta el 14 de febrero de 2025 inclusives en el proceso
de nulidad electoral con radicado 25-000-23-41-000-2024-00332-00.
2. Una vez acatado lo anterior, proceda el tutelado a conceder la apelación
interpuesta contra la declaratoria de terminación del proceso precitado
estando a la espera de decisión al respecto antes de llevar a cabo cualquier
actuación contra el tutelante.
3. Advertir al tutelado que de llegar a terminar confirmada la mencionada
declatoria carecerá de atribución alguna en contra del tutelante relacionada
con su actuar dentro del proceso en comento de conformidad con los
principios de eventualidad, ‘cum principalis causa non consistit, ne ea quidem
quae sequuntur locum habent’ y ‘accessorium sequitur principale’ y en todo
caso la misma solo correspondería a endilgarle cargos al respecto cuya
admisibilidad y mérito le ha de competer a un operador judicial distinto tal cual
ocurriría si el tutelante fuera abogado titulado.
4. Dese efectos inter comunis al amparo pretendido a quienes estén o hayan
estado en las mismas o semejantes circunstancias procesales han impuesto
multas hasta tanto no haya una decisión erga omnes sobre la compatibilidad
del artículo 59 de la ley 270 de 1996 y demás normas regentes sobre medidas
correccionales en procesos judiciales con el artículo 29 constitucional a la luz
del artículo 25 y numeral 1 y literales d), e) y g) del numeral 2 del artículo 8 de la
Convención Americana en los términos de los párrafos 118 a 133 de la sentencia
del caso Petro vs Colombia.
SUBSIDIARIA INICIAL
1. Proceda el tutelado a dejar sin efectos el auto del proceso de nulidad
electoral con radicado 25-000-23-41-000-2024-00332-00 notificado el 18 de
febrero de 2022 y en su lugar profiera auto a través del cual reponga las dos
multas impuestas contra el tutelante con el propósito de absolverlo de pagar
ambas.
2. Advertir al tutelado a que en el futuro solo ejerza la atribución de imposición
de multa contemplada en los artículos 59 de la ley 270 de 1996 y 153 de la ley
1564 de 2021 acatando la condicionalidad impuesta a este último artículo en la
sentencia C-426 de 2024 e informando previamente a los sometidos a dicha
atribución la posibilidad de contar con un abogado para su defensa dentro de
un plazo razonable y tal opción le sea brindada gratuitamente en cualquier
momento del trámite correccional cuando así lo soliciten durante el transcurso
del mismo mostrando tan siquiera sumariamente carecer de abogado de
confianza o recursos a través de los cuales pagar uno en virtud del literal d) del
numeral 3 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Humanos y
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección A
Asunto: Acción de tutela primera instancia
Decisión: Declara improcedencia, niega y concede amparo
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Políticos y literales del numeral 2 y numeral 1 del artículo 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
3. Dese efectos inter comunis al amparo pretendido a quienes esten o hayan
estado en las mismas o semejantes circunstancias procesales han impuesto
multas hasta tanto no haya una decisión erga omnes sobre la compatbilidad
del artículo 59 de la ley 270 de 1996 y demás normas regentes sobre medidas
correccionales en procesos judiciales con el artículo 29 constitucional a la luz
del artículo 25 y numeral 1 y literales d), e) y g) del numeral 2 del artículo 8 de la
Convención Americana en los términos de los párrafos 118 a 133 de la sentencia
del caso Petro vs Colombia.
ALTERNA
1. Proceda el tutelado a dejar sin efectos el auto del proceso de nulidad
electoral con radicado 25-000-23-41-000-2024-00332-00 notificado el 18 de
febrero de 2022 y en su lugar profiera auto a través del cual reponga las dos
multas impuestas contra el tutelante con el propósito de aceptar la solicitud de
amparo de pobreza presentada asignándole así al tutelante abogado defensor
de la lista de auxiliares de la justicia con quien interponer reposición contra el
ordinal cuarto del auto del 2 de diciembre de 2024 dando tiempo suficiente
para ello.
2. Dese efectos inter comunis al amparo pretendido a quienes esten o hayan
estado en las mismas o semejantes circunstancias procesales han impuesto
multas hasta tanto no haya una decisión erga omnes sobre la compatbilidad
del artículo 59 de la ley 270 de 1996 y demás normas regentes sobre medidas
correccionales en procesos judiciales con el artículo 29 constitucional a la luz
del artículo 25 y numeral 1 y literales d), e) y g) del numeral 2 del artículo 8 de la
Convención Americana en los términos de los párrafos 118 a 133 de la sentencia
del caso Petro vs Colombia.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) El 12 de diciembre de 2023, Harold Eduardo Sua Montaña presentó
demanda de nulidad contra la elección de los concejales de Bogotá: Heidy
Lorena Sánchez Barreto, Ana Teresa Bernal, Rocio Dussán Pérez, Oscar
Fernando Bastidas, José del Carmen Cuesta Novoa, Quena María
Ribadeneira y Donka Atanassova Lakimova; de los ediles de la Junta
Administradora Local de Bosa: Marcela Rodríguez Díaz, Carlos Augusto
López Solano y Luis Alfonso Realpe Cupacán; de los ediles de la Junta
Administradora Local de Ciudad Bolívar: Luceris Segura Salas, Daisy
Alejandra Rodríguez Prieto y Wilder Andrey Téllez; de los ediles de la Junta
Administradora Local de Kennedy: Luz Stella Díaz, Juan Carlos Realpe y
Diana Carolina Castro; de los ediles de la Junta Administradora Local de
Rafael Uribe: Andrés Fausto Yate y Guiomar Azucena Rodríguez; de los ediles
de la Junta Administradora Local de San Cristóbal: Sandra Mireya Nossa,
Francelias Lancheros y Sara Juanias Ramírez; de los ediles de la Junta
Administradora Local de Santa Fe: Ana Celia Sabogal y Rosa Evelia Poveda;
de los ediles de la Junta Administradora Local de Sumapaz: Juan Sebastián
Montañez, José Sarney Parra, Duber Esneyder Dimate; de los ediles de la
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección A
Asunto: Acción de tutela primera instancia
Decisión: Declara improcedencia, niega y concede amparo
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Junta Administradora Local de Tunjuelito: Sindy Viviana Castiblanco y José
David Moya; y de los ediles de la Junta Administradora Local de Usme:
Nelson Gilberto Velasco y Eduardo Gonzalo Quijano.
5. 2) La demanda fue conocida por la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, mediante Auto de 1 de
febrero de 2024, separó la demanda y admitió la misma en lo relacionado
con las pretensiones de nulidad de la elección de los concejales de Bogotá
demandados y ordenó que, por secretaría de esa corporación, se realizaran
9 repartos distintos en lo que correspondía a cada una de las Juntas
Administradoras Locales - JAL demandadas.
6. 3) La demanda relacionada con la nulidad de la elección de la JAL de
Santa Fe le correspondió, por reparto, a la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el Rad. 25000-23-
41-000-2024-00332-00. Mediante Auto de 16 de febrero de 2024, dicha
autoridad judicial inadmitió la demanda presentada con fundamento en
que la parte demandante debía establecer con precisión (1) el acto
administrativo demandado, (2) los hechos de la demanda enfocados a la
JAL demandada, (3) el concepto de violación y (4) las pruebas que
pretendiera hacer valer.
7. 4) Mediante memorial radicado el 26 de febrero de 2024, el señor Sua
Montaña, con el objeto de subsanar los aspectos requeridos, hizo referencia
a cuál era el concepto de violación de la demanda, la situación fáctica
que sustentaba la nulidad pretendida, y al material probatorio que
pretendía hacer valer en el asunto.
8. 5) A través de Auto de 7 de marzo de 2024, la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda
presentada por Harold Eduardo Sua Montaña contra la JAL de Santa Fe, tras
considerar que el escrito presentado no subsanaba la demanda, pues no se
identificó el o los actos administrativos demandados, el concepto de
violación no se ajustaba al numeral 4 del artículo 162 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA y
las pruebas que se pretendían hacer valer no fueron enunciadas de cara a
la nulidad de la elección que correspondía a ese asunto.
9. 6) El señor Sua Montaña presentó recurso de apelación contra la anterior
decisión, el cual fue resuelto por la Sección Quinta del Consejo de Estado
mediante Auto de 20 de junio de 2024, a través del que revocó la decisión
apelada y ordenó que se considerara su admisibilidad. Al respecto indicó
que, de los anexos allegados con la demanda de nulidad electoral, era
posible determinar cuál era el acto del que se pretendía la nulidad. Además,
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indicó que en el escrito de demanda inicial se estableció que el acto
demandado vulneró los artículos 5 de la Ley 30 de 1994 y 35 de la Ley 1475
del 2011 y que en ese mismo escrito se relacionaron los anexos que se
pretendían hacer valer.
10. 7) Mediante Auto de 10 de julio de 2024, el despacho del magistrado
Luis Manuel Lazo Lozano, de la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cumplimiento de lo dispuesto
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, admitió la demanda
presentada por Harold Eduardo Sua Montaña y tuvo como demandados a
todos los ediles de la JAL de Santa Fe. Adicional a ello, ordenó que se
notificara ese auto a través de un aviso dirigido a Cruz Parra Jhon Bisckmar,
Cruz Cotrina Marlon Giovanny, Hernández Ramírez José Orlando, Méndez
Cuello Kevin Yesid, Orjuela Sáenz Diana Alejandra, Sabogal Castro Ana
Cecilia y Poveda Guerrero Rosa Evelia (ediles de la JAL de Santa Fe), de
conformidad con lo dispuesto en el literal d) del numeral 1 del artículo 277
del CPACA.
11. 8) A través de escrito remitido el 1 de agosto de 2024, Harold Eduardo
Sua Montaña solicitó que se dejara sin efectos la orden de notificar el auto
admisorio a los ediles de la JAL de Santa Fe a través de un aviso y, en su
lugar, que se solicitara a esa corporación una dirección electrónica con el
objeto de realizar la notificación por ese medio.
12. 9) El despacho del magistrado Luis Manuel Lazo Lozano de la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca expidió el Auto de 17 de septiembre de 2024 mediante el
cual (1) no accedió a la solicitud del demandante, presentada mediante
memorial de 1 de agosto de 2024, por considerarla impertinente en los
términos del artículo 295 del CPACA; (2) en virtud de ese mismo artículo
ordenó que se diera apertura a un cuaderno especial denominado
“procedimiento correccional” pues a su juicio, el no cumplimiento de la
carga procesal impuesta (notificación mediante aviso) y el entorpecimiento
por la presentación de peticiones impertinentes generaba un
estancamiento y mora en el proceso; y (3) se le concedió un término de 3
días al señor Sua Montaña para que desplegara las explicaciones en
ejercicio de su derecho de defensa, respecto del procedimiento
correccional iniciado.
13. 10) El 19 de septiembre de 2024, el despacho del magistrado Luis
Manuel Lazo Lozano de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió un auto por medio del que declaró
terminado el proceso por abandono, de conformidad con el literal d) del
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numeral 1 del artículo 277 del CPACA, pues el demandante no acreditó la
publicación del aviso que se ordenó en el auto admisorio.
14. 11) Mediante memorial de 23 de septiembre de 2024 el señor Sua
Montaña (1) presentó recusación contra la autoridad judicial a cargo del
proceso, en virtud de (se trascribe) “la causal de impedimento y recusación
de interés directo o indirecto del juez en el proceso preceptuada en el
numeral 1 del artículo 241 del Código General del Proceso”; (2) solicitó que
se realizara un control de legalidad, en los términos del artículo 207 del
CPACA; (3) presentó un recurso de reposición contra el auto que declaró la
terminación del proceso; y (4) presentó una justificación relacionada con el
procedimiento correccional adelantado, en el sentido de indicar que no
había soporte probatorio que condujera a determinar que su conducta
pretendía una dilación del proceso.
15. 12) El 24 de septiembre de 2024, el señor Sua Montaña allegó un recurso
de apelación contra el auto de 19 de septiembre de 2024, mediante el cual
se declaró la terminación del proceso por abandono.
16. 13) A través de Auto de 7 de noviembre de 2024, la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó de
plano la recusación formulada ya que la misma se propuso luego de que el
magistrado a cargo del asunto asumió el conocimiento de este y no se
argumentó que la causal que se pretendió atribuirle surgiera con
posterioridad a ese momento procesal.
17. 14) El 2 de diciembre de 2024, el despacho del magistrado Luis Manuel
Lazo Lozano profirió auto mediante el que dispuso obedecer y cumplir la
decisión proferida por la Sala de la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 7 de noviembre de 2024; no
accedió a la solicitud para que se realizara un control de legalidad, en los
términos del artículo 207 del CPACA; rechazó por improcedente el recurso
de reposición formulado; y sancionó a Harold Eduardo Sua Montaña con
multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
18. 15) El 4 de diciembre de 2024, el señor Sua Montaña presentó una
solicitud de aclaración respecto del Auto de 2 de diciembre de 2024, pues
consideró que no se hizo referencia a la procedencia, ni oportunidad para
la presentación de recursos. Además, solicitó que se le concediera un
amparo de pobreza.
19. 16) Mediante Auto de 28 de enero de 2025, el despacho del magistrado
Luis Manuel Lazo Lozano rechazó la solicitud de aclaración presentada; no
accedió a la solicitud de amparo de pobreza y, en consecuencia, de
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acuerdo con el inciso 2 del artículo 153 del CGP, le impuso una multa de 1
salario mínimo legal mensual vigente.
20. 17) El 30 de enero de 2025, el señor Sua Montaña presentó recurso de
reposición contra las decisiones de negar el amparo de pobreza e imponer
multa en virtud de tal negativa, contenidas en el Auto de 28 de enero de
2025. Aunado a ello solicitó la reposición del Auto de 2 de diciembre de 2024,
relacionado con la sanción de multa impuesta en dicha decisión.
21. 18) Por medio de Auto de 14 de febrero de 2025, el despacho del
magistrado Luis Manuel Lazo Lozano resolvió no reponer los Autos de 2 de
diciembre de 2024 y 28 de enero de 2025. La anterior decisión se
fundamentó en que al demandante se le otorgaron las oportunidades para
que ejerciera sus derechos de contradicción y defensa y se evidenció que
lo pretendido por el demandante era continuar dilatando el curso normal
del proceso de nulidad electoral, y de la misma manera, retrasar el pago de
las multas impuestas.
22. 19) El 3 de marzo de 2025, el despacho del magistrado Luis Manuel Lazo
Lozano concedió, ante el Consejo de Estado, el recurso de apelación
presentado por Harold Eduardo Sua Montaña contra el Auto de 19 de
septiembre de 2024.
23. 20) El 14 de marzo de 2025, el demandante presentó un escrito en los
siguientes términos: “pido suspenda el proceso del asunto hasta tanto haya
sido proferido fallo de primera e incluso segunda instancia en la acción de
tutela en comento o en su defecto [se accediera como pretensión principal
a que] “la declaratoria de terminación procesal recae también sobre el
incidente derivado del ordinal segundo del [Auto de 17 de septiembre de
2024]”.
24. 21) El 10 de abril de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado
indicó que, del escrito presentado por el demandante, se entendía que el
objeto de su apelación ya no era cuestionar la terminación del proceso por
abandono, sino que se decretara que las multas impuestas decayeron en
razón a esa terminación del proceso, en esa medida entendió que se
desistía del recurso presentado y aceptó dicho desistimiento.
25. Respecto del fundamento de la vulneración se debe aclarar que, si
bien el demandante pretendió que se dejara sin efectos varios autos
proferidos por la autoridad judicial demandada, lo cierto es que solo
propuso argumentos concretos respecto de las decisiones de rechazar la
recusación formulada, y las decisiones de imponer multa por la aparente
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dilatación del proceso de nulidad electoral y la negativa a conceder el
amparo de pobreza solicitado.
26. En esa medida indicó que respecto de la decisión de rechazar la
recusación formulada se configuró un defecto sustantivo en la medida en
que se desconoció la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos – Corte IDH de 8 de julio de 2020 (Caso Petro Urrego VS Colombia),
en relación con la falta de imparcialidad de la autoridad judicial por la
concentración de las facultades de iniciar el procedimiento correccional e
imponer la multa.
27. En relación con el procedimiento correccional adelantado, consideró
que, en virtud de la Sentencia C-064 de 2021 de la Corte Constitucional y los
literales b) y d) del numeral 3 del artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Humanos y Políticos y numeral 1, y literales c) y d) del numeral 2
del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se
le concedió el tiempo, ni los medios adecuados para la preparación de su
defensa, lo cual también impidió que lo representara un apoderado y/o
defensor de su elección.
28. Además, a su juicio, hubo una indebida valoración de la defensa
ejercida toda vez que señaló que su intención nunca fue dilatar el proceso
de nulidad electoral, sino la primacía de los principios de gratuidad,
eficacia, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva
sobre la aplicación del amparo de pobreza, dada la carencia de ingresos
para realizar la publicación del aviso ordenada en el auto admisorio de la
demanda y el riesgo de que venciera el plazo de realización para dicha
publicación.
29. Agregó que, en el trámite correccional, se configuró un defecto
procedimental, pues consideró que la terminación del proceso de nulidad
electoral por abandono de manera consecuente debía generar el archivo
del procedimiento correccional, pues el incidente debía seguir la misma
suerte de la actuación principal.
30. Finalmente, se refirió a la multa impuesta ante la negativa a conceder
el amparo de pobreza, para algar un desconocimiento de la Sentencia C-
426 de 2024 de la Corte Constitucional, en la que se dio un alcance al
artículo 153 del CGP, respecto de la acreditación de mala fe en la
actuación para la imposición de la multa.
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1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados8
31. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca9 señaló que la tutela debía declararse improcedente pues
no superaba el requisito de relevancia constitucional, ya que este
mecanismo constitucional no fue instituido para declarar la “nulidad” de
unas providencias que fueron proferidas en el marco del proceso de nulidad
electoral. Aunado a ello, indicó que no se incurrió en ninguna irregularidad
procesal pues en todas las actuaciones del medio de control se garantizó el
derecho al debido proceso. Finalmente, puso de presente que, en todo
caso, no se configuró ningún defecto en las providencias objeto de la
acción de tutela.
32. La JAL de Santa Fe10 indicó que carecía de legitimación pasiva en la
causa, pues no tenía injerencia en la aparente vulneración de derechos
reclamados. En esa medida, solicitó su desvinculación de la acción de
tutela.
33. El Consejo Nacional Electoral11 solicitó su desvinculación del asunto, en
la medida en que carecía de legitimación pasiva en la causa por no haber
incurrido en la vulneración de derechos alegada.
34. La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Defensoría del Pueblo, a
pesar de haber sido notificados en debida forma12, guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitudes de decreto de pruebas. 2.2. Solicitudes de desvinculación. 2.3.
Metodología de estudio. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial. 2.5. Fijación de la controversia. 2.6. Verificación de defectos alegados y/o
afectación a derechos fundamentales 2.7. Conclusiones.
2.1. Solicitudes de decreto de pruebas
35. Mediante solicitudes de 13 de marzo y 30 de abril de 2025, el
demandante realizó el siguiente requerimiento (se trascribe) “proceda a
decretar de oficio la consecución de medios de prueba de la mencionada
insolvencia de mi persona de acuerdo a la motivación de la sentencia T-864
de 1999”.
8 Mediante Auto de 6 de marzo de 2025, el despacho ponente resolvió, entre otras, (1) admitir la acción de tutela
de la referencia, (2) tener como demandada a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, y (3) vincular, en calidad de tercero, a la Junta Administradora Local de Santa Fe.
• El 28 de abril de 2025 el despacho sustanciador, mediante auto, ordenó vincular a la Registraduría Nacional
del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y a la Defensoría del Pueblo, como terceros con interés en el asunto.
9 Índice 13 de Samai.
10 Índice 18 de Samai.
11 Índice 25 de Samai.
12 Índice 24 del aplicativo SAMAI.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01105-00
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección A
Asunto: Acción de tutela primera instancia
Decisión: Declara improcedencia, niega y concede amparo
______________________________________________________________________________________________________________
36. Dichas solicitudes serán negadas comoquiera que los argumentos
expuestos por la parte demandante en el escrito de tutela no se centraron
en alegar una imposibilidad de pagar las multas impuestas por insolvencia
económica, sino que, lo cuestionado fue la aparente vulneración del
derecho al debido proceso, ante la trasgresión de garantías como el
ejercicio de contradicción y defensa.
37. Aunado a ello, se advierte que la parte actora no señaló de manera
puntual cuáles eran esas pruebas que pretendía que fueran decretadas y
no justificó la conducencia, pertinencia y utilidad, de decretar las mismas.
2.2. Solicitudes de desvinculación
38. La Sala negará las solicitudes de desvinculación presentadas por la JAL
de Santa Fe y el Consejo Nacional Electoral por falta de legitimación pasiva
en la causa, pues las vinculaciones de dichas autoridades se realizaron
como terceros interesados, en atención a que hicieron parte del medio de
control de nulidad electoral No. 25000-23-41-000-2024-00332-00, en el cual
fueron proferidas las decisiones judiciales objeto de la acción de tutela. En
esa medida, se advierte que podrían tener interés en lo que se resuelva en
el presente asunto.
2.3. Metodología de estudio
39. La Sala considera necesario indicar que, de superarse los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, se analizará
la controversia en el siguiente orden:
40. 1) Se analizará si existió una vulneración de derechos fundamentales
respecto del Auto proferido el 19 de septiembre de 2024, por la Subsección
A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
declaró la terminación del proceso de nulidad electoral.
41. 2) Se hará un pronunciamiento respecto de si la autoridad judicial
accionada, con la expedición del Auto de 7 de noviembre de 2024 (rechazo
de recusación) desconoció la Sentencia de la Corte IDH de 8 de julio de
2020 (Caso Petro Urrego VS Colombia), en relación con la falta de
imparcialidad.
42. 3) Se estudiará la posible configuración de un defecto relacionado con
el procedimiento correccional adelantado por la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para la
imposición de la multa por la presentación de solicitudes impertinentes, el
cual se llevó a cabo a través de los Autos proferidos el 17 de septiembre de
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Asunto: Acción de tutela primera instancia
Decisión: Declara improcedencia, niega y concede amparo
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2024, 2 de diciembre de 2024 y 14 de febrero de 2025. Aunado a ello se hará
referencia al reparo consistente en que el hecho de que se diera por
terminado el proceso generaba el archivo del procedimiento correccional.
43. 4) Finalmente, se analizará la negativa a conceder el amparo de
pobreza y la multa impuesta como consecuencia de dicha negativa, para
lo cual se centrará en analizar los reparos invocados respecto de los Autos
de 28 de enero de 2025 y 14 de febrero de 2025.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
44. La Sala declarará la improcedencia respecto del cuestionamiento del
Auto de 19 de septiembre de 2024 (que declaró la terminación del proceso
de nulidad electoral) por no superar el requisito de subsidiariedad13.
45. En el presente caso, no se superó el mencionado requisito
(subsidiariedad) porque la parte actora no agotó los mecanismos judiciales
a su alcance con el fin de controvertir, ante el juez natural del asunto, las
decisiones que ahora cuestiona a través de la acción de tutela.
46. En este punto es importante precisar que, respecto del Auto de 19 de
septiembre de 2024, el demandante presentó recurso de apelación con el
fin de controvertir la decisión de terminar el proceso de nulidad electoral,
pese a ello, la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de Auto de
10 de abril de 202514 declaró el desistimiento por haberse reprochado las
multas impuestas y no la terminación del proceso.
47. Ante la declaratoria de desistimiento del recurso presentado, la Sala ha
de precisar que dicha decisión no fue cuestionada por el demandante, y
ello es tanto como si no hubiera presentado ese recurso.
48. En consecuencia, era necesario que la parte actora cuestionara ese
aspecto ante las autoridades judiciales a cargo del medio de control de
nulidad electoral, con el fin de que se pronunciaran sobre aquel, pero como
no se hizo, no se puede tener por agotado el mecanismo principal con el
que contaba el demandante para que se estudiaran los reparos que ahora
expone en la presente acción de tutela.
13 Resulta preciso recordar que el artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86 constitucional,
señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La Corte Constitucional (Sentencia C-590 de 2005) ha sostenido que es un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser
así, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales.
14 Visible en el índice 7 de Samai, del medio de control de nulidad electoral No. 25000-23-41-000-2024-00332-02.
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49. Además, debe mencionarse que el demandante no manifestó y
mucho menos probó la existencia de un perjuicio irremediable.
50. Respecto de los demás aspectos alegados, a través de los que se
pretende cuestionar la decisión de rechazar de plano la recusación
presentada (Auto de 7 de noviembre de 2024), el procedimiento para la
imposición de la multa por la presentación de solicitudes impertinentes
(Autos de 17 de septiembre de 2024, 2 de diciembre de 2024 y 14 de febrero
de 2025) y la negativa a conceder el amparo de pobreza y la multa
impuesta por dicha negativa (Autos de 28 de enero de 2025 y 14 de febrero
de 2025), la Sala advierte que la acción de tutela es procedente porque no
existe recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar
los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho
presuntamente vulnerado. Hubo un plazo razonable entre la fecha de
notificación de las providencias cuestionadas15 y la presentación de la
acción de amparo (25/2/2025). No se enjuició una sentencia de tutela, pues
la controversia se relacionó con unos autos proferidos en el trámite de un
medio de control de nulidad electoral. Se identificaron de manera clara,
detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de
ellos. La controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la
presunta afectación del derecho al debido proceso con ocasión de unas
providencias judiciales cuyo debate gira en torno a aspectos como el
rechazo de una recusación y la imposición de unas multas en virtud de los
poderes correccionales del juez y ante la negativa frente al amparo de
pobreza.
2.5. Fijación de la controversia
51. Le corresponde a la Sala determinar si la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró el derecho al
debido proceso de la parte demandante, (1) con la expedición del Auto de
7 de noviembre de 2024, por el desconocimiento de la Sentencia de la Corte
IDH de 8 de julio de 2020; (2) por haber incurrido en un defecto
procedimental, en relación con el trámite para la imposición de la multa por
la presentación de solicitudes impertinentes, de conformidad con la
Sentencia C-064 de 2021 de la Corte Constitucional; y (3) con la negativa a
conceder el amparo de pobreza y con la imposición de la multa como
consecuencia de esa negativa.
15 Las providencias fueron notificadas de la siguiente manera: el Auto que rechazó de plano la recusación (7 de
noviembre de 2024) se notificó a través de mensaje de datos enviado el 26 de noviembre de 2024; el
procedimiento para la imposición de la multa por la presentación de solicitudes impertinentes se adelantó
mediante los Autos de 17 de septiembre de 2024 y 2 de diciembre de 2024; la negativa a conceder el amparo de
pobreza solicitado, y la multa impuesta como consecuencia de ello, se adoptaron a través del Auto de 28 de
enero de 2025, sin embargo, respecto de las 2 multas impuestas se presentó recurso de reposición, el cual fue
resuelto mediante Auto de 14 de febrero de 2025, y este último se notició a través de estado fijado el 18 de febrero
de 2025, según consta en SAMAI. Sobre la decisión de negar el amparo de pobreza también se presentó recurso
de reposición, pero el mismo no fue resuelto.
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2.6. Verificación de los defectos invocados y/o afectación a derechos
fundamentales
52. La Sala negará la acción de tutela, en relación con (1) el
desconocimiento de la Sentencia de la Corte IDH de 8 de julio de 2020 en la
expedición del Auto de 7 de noviembre de 2024 y (2) la aparente
configuración de un defecto procedimental en relación con el trámite para
la imposición de una multa por la presentación de solicitudes impertinentes.
53. 1) En lo relacionado con el primer aspecto basta con mencionar que
no se presentó el desconocimiento de la Sentencia de la Corte IDH en el
caso Gustavo Petro Urrego vs Colombia, en la medida en que esa decisión
analizó lo relacionado con una sanción disciplinaria de destitución e
inhabilidad impuesta al señor Petro Urrego, en un cargo de elección
popular, por la vulneración de sus derechos políticos.
54. Mientras que lo que se pretende cuestionar en el presente asunto es
que, en las multas que le fueron impuestas al demandante, confluían en la
misma autoridad las facultades de iniciar el procedimiento correccional e
imponer la multa, lo cual, para el actor, en los términos de la Corte IDH,
vulneraba el principio de imparcialidad.
55. La Sala evidenció que la sentencia que se alegó como desconocida
tiene las siguientes diferencias respecto del asunto objeto de estudio: (a) las
decisiones materia de estudio (sanción disciplinaria de destitución e
inhabilidad vs multa); (b) las autoridades que expidieron esas medidas: (c)
los hechos que rodearon un caso y otro, y (d) la condición de los
sancionados (de un lado se trataba de un alcalde de elección popular, y
de otro lado, un ciudadano como accionante en un proceso judicial).
56. En ese orden, la Sala considera que no hubo el desconocimiento
alegado, toda vez que la decisión de la Corte IDH tiene marcadas
diferencias respecto del asunto del demandante, que no permiten
determinar que tendría cabida asemejar las situaciones ocurridas en uno y
otro caso, con el fin de conceder el amparo solicitado.
57. 2) El defecto procedimental fue alegado ya que la autoridad judicial
accionada, en el trámite correccional iniciado por la presentación de
peticiones impertinentes, no concedió el tiempo, ni los medios adecuados
para la preparación de la defensa del sancionado y porque, a juicio del
afectado, la terminación del proceso de nulidad electoral también debía
generar el archivo de la multa.
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58. Sobre ese aspecto es importante recordar que el artículo 29516 del
CPACA, contempla la presentación, entre otros, de peticiones impertinentes
y la sanción con multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes
por su presentación. Sin embargo, dicha normativa no reglamentó nada
respecto del procedimiento que se debía adelantar para la imposición de
esa multa.
59. Pese a ello, la autoridad judicial, y tal como lo ha dispuesto el Consejo
de Estado17, consideró que la imposición de esa multa debía atender a un
debido proceso, motivo por el que acudió a las disposiciones sobre la
aplicación de medidas correccionales, es decir, los artículos 5818 y 5919 de la
Ley 270 de 1996 – Ley Estatutaria de Administración de Justicia -.
60. En ese orden, se evidenció que, mediante Auto de 17 de septiembre
de 2024, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca ordenó que se diera apertura a un cuaderno especial
denominado “procedimiento correccional” y le concedió un término de 3
días al señor Sua Montaña para que expusiera las explicaciones, en ejercicio
de su derecho de defensa, respecto de los hechos por los que se inició el
procedimiento correccional.
61. En acatamiento de dicho auto, el señor Sua Montaña presentó un
memorial en el que indicó que se debía presumir su buena fe y que no había
soporte probatorio que condujera a determinar que su conducta pretendía
una dilatación del proceso.
62. Mediante Auto de 2 de diciembre de 2024, el despacho del magistrado
Luis Manuel Lazo Lozano de la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca sancionó a Harold Eduardo Sua
Montaña con multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Mediante Auto de 14 de febrero de 2025, ese mismo despacho, decidió no
reponer el Auto de 2 de diciembre de 2024.
16 “Peticiones impertinentes. La presentación de peticiones impertinentes, así como la interposición de recursos y
nulidades improcedentes serán considerados como formas de dilatar el proceso y se sancionarán con multa de
cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.”
17 Ver Sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado proferida el 16 de marzo de 2023, en el expediente
Rad. 11001-03-15-000-2022-04473-01.
18 ”ARTÍCULO 58. MEDIDAS CORRECCIONALES. Los Magistrados, los Fiscales y los Jueces tienen la facultad
correccional, en virtud de la cual pueden sancionar a los particulares, en los siguientes casos:
1. Cuando el particular les falte al respeto con ocasión del servicio o por razón de sus actos oficiales o desobedezca
órdenes impartidas por ellos en ejercicio de sus atribuciones legales.
3. Cuando cualquier persona asuma comportamientos contrarios a la solemnidad que deben revestir los actos
jurisdiccionales, o al decoro que debe imperar en los recintos donde éstos se cumplen.
PARÁGRAFO. Las medidas correccionales a que se refiere este artículo no excluyen la investigación, juzgamiento
e imposición de sanciones penales a que los mismos hechos pudieren dar origen.”
19 ”ARTÍCULO 59. PROCEDIMIENTO. El magistrado o juez hará saber al infractor que su conducta acarrea la
correspondiente sanción y de inmediato oirá las explicaciones que éste quiera suministrar en su defensa. Si éstas
no fueren satisfactorias, procederá a señalar la sanción en resolución motivada contra la cual solamente procede
el recurso de reposición interpuesto en el momento de la notificación. El sancionado dispone de veinticuatro horas
para sustentar y el funcionario de un tiempo igual para resolverlo.”
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63. La autoridad judicial accionada indicó que, si bien era cierto que la
buena fe debía presumirse, también era cierto que en el caso se desvirtuó
esa presunción ante la presentación de varias peticiones improcedentes e
impertinentes tales como: un recurso de reposición contra la orden del auto
admisorio de notificar la demanda a través de un aviso, una solicitud para
que se permitiera realizar dicha notificación a los correos electrónicos de los
ediles demandados, una solicitud de saneamiento en virtud de unos
aparentes vicios en los que se incurrió en el procedimiento correccional, y la
recusación en contra de la autoridad judicial a cargo del proceso, con lo
cual el magistrado ponente indicó que se denotaba que esas conductas
del demandante procuraban entorpecer el desarrollo normal del proceso.
64. Ante lo anterior, el señor Sua Montaña recurrió la providencia que
impuso la multa con fundamento en que la multa se impuso en condiciones
contrarias a los “estándares internacionales”, pese a ello la autoridad judicial
hizo referencia a que la imposición de la multa garantizó su debido proceso
pues se adoptó con apegó al artículo 5920 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia.
65. En ese orden, no se observó una violación al debido proceso como
pretendió alegarlo el demandante, en contravía del Pacto Internacional de
Derechos Humanos y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos pues, contrario a ello, se evidenció que al demandante se le
otorgó la oportunidad de ejercer su derecho de defensa desde el auto que
dio inició al procedimiento correccional y, ante una decisión contraria a sus
intereses, presentó el recurso de reposición con el fin de oponerse y
presentar sus argumentos de inconformidad respecto de la multa impuesta.
66. En consecuencia, no se advierte una conducta en contravía de los
derechos del accionante, sino, por el contrario, una conducta garante, que
le permitió ejercer correctamente su derecho de defensa, sus argumentos
fueron tenidos en cuenta y estudiados.
67. Finalmente, se debe resaltar que, pese a que la parte demandante
consideró que se debió archivar el procedimiento correccional ante la
terminación del proceso, es importante recordar que el procedimiento
correccional se adelantó en un cuaderno aparte del principal, así para la
Sala no se debía declarar el archivo del trámite correccional, en la medida
que, tal como lo dispuso el Código General del Proceso21, si la sanción fue
20 Ibidem.
21 “ARTÍCULO 44. PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ. Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar,
el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:
1. Sancionar con arresto inconmutable hasta por cinco (5) días a quienes le falten al debido respeto en el
ejercicio de sus funciones o por razón de ellas. (…)
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Decisión: Declara improcedencia, niega y concede amparo
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proferida por fuera de audiencia podía adelantarse a través de un incidente
que se tramitaría de manera independiente a la actuación principal, como
ocurrió en el asunto bajo estudio y la Sala no evidenció una conducta
irracional o arbitraria en esa actuación.
68. 3) La Sala accederá a la solicitud de amparo respecto de las decisiones
de (a) no conceder el amparo de pobreza y (b) multar al señor Sua Montaña
como consecuencia de dicha negativa.
69. a) En lo relacionado con la negativa a conceder el amparo de pobreza
solicitado por el demandante, es importante destacar que contra el Auto
de 28 de enero de 2025 el señor Sua Montaña presentó recurso de reposición
en los siguientes términos “pretender reposición contra los ordinales segundo
y tercero del auto del asunto [28 de enero de 2025]”.
70. Cuando el demandante hace referencia a los ordinales segundo y
tercero del auto, pretende cuestionar las decisiones de negar el amparo de
pobreza y la multa que le fue impuesta.
71. Pese a lo anterior, el tribunal accionado solo emitió un pronuncimiento
respecto de la multa impuesta, más no realizó ningún estudio respecto de
los fundamentos propuestos contra la decisión de negar el amparo de
pobreza.
72. Ante tal situación, la Sala considera que, la omisión de
pronunciamiento respecto de los fundamentos de inconformidad del
demandante sobre la decisión de negar el amparo de pobreza, configuró
una vulneración de su derecho al debido proceso, motivo por el que se
ordenará a la autoridad judicial que profiera una decisión en la que
absuelva los reparos propuestos por el señor Sua Montaña.
73. b) Frente a la multa impuesta al señor Sua Montala como
consecuencia de la negativa a conceder el amparo de pobreza, ha de
tenerse en cuenta que aquel es un beneficio que se otorga a las personas
que no se encuentran en la capacidad de atender los gastos del proceso,
y el CGP ha dispuesto que una vez presentada la solicitud de amparo de
pobreza la autoridad judicial deberá resolverla, pero advirtió que, en caso
PARÁGRAFO. Para la imposición de las sanciones previstas en los cinco primeros numerales, el juez seguirá el
procedimiento previsto en el artículo 59 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. El juez aplicará la
respectiva sanción, teniendo en cuenta la gravedad de la falta.
Cuando el infractor no se encuentre presente, la sanción se impondrá por medio de incidente que se tramitará
en forma independiente de la actuación principal del proceso.
Contra las sanciones correccionales solo procede el recurso de reposición, que se resolverá de plano.”
(Subrayado propio)
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de negar la misma, al solicitante se le impondría una multa de 1 salario
mínimo mensual vigente (artículo 15322 CGP).
74. El artículo que estableció la multa fue objeto de un estudio de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional a través de la
Sentencia C-426 de 2024, en la cual declaró su exequibilidad condicionada
en el siguiente sentido (se trascribe) “la sanción allí prevista sólo podrá
imponerse cuando se compruebe que el solicitante obró de mala fe. Para
tal efecto, se seguirá lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 270 de 1996”.
75. La decisión de imponer multa al señor Sua Montaña ante la negativa
de conceder el amparo de pobreza no siguió el procedimiento establecido
en el artículo 59 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y
tampoco estudió si en dicha actuación hubo mala fe del solicitante, pues
se limitó a imponer la multa por el solo hecho de negar el amparo solicitado.
76. En esa medida, la Sala considera que se configuró el desconocimiento
de la Sentencia C-426 de 2024 de la Corte Constitucional.
77. En virtud de la omisión de pronunciamiento respecto del recurso
presentado contra la decisión de negar el amparo de pobreza y el
desconocimiento de la Sentencia C-426 de 2024 de la Corte Constitucional,
para la imposición de la multa, la Sala dejará sin efectos el numeral 3 del
Auto de 28 de enero de 2025, mediante el que se impuso la multa de 1
SMLMV al demandante y el numeral 2 del Auto de 14 de febrero de 2025,
mediante el que se decidió no reponer el Auto de 28 de enero de 2025, y
ordenará a la autoridad judicial accionada que profiera una decisión de
remplazo en la que se pronuncie sobre el recurso de reposición presentado
contra la decisión de negar el amparo de pobreza y, en caso de confirmar
dicha negativa, atienda lo dispuesto en la Sentencia C-426 de 2024.
78. En virtud del estudio realizado, cabe mencionar que no hay lugar a
acceder a las demás pretensiones principales, subsidiarias y alternas del
escrito de tutela.
2.7. Conclusiones
79. La Sala (1) declarará la improcedencia de la tutela frente al Auto de
19 de septiembre de 2024 (que declaró la terminación del proceso de
nulidad electoral); (2) negará la acción de tutela, en relación con (a) el
desconocimiento de la Sentencia de la Corte IDH de 8 de julio de 2020 en la
22 “Artículo 153. Trámite Cuando se presente junto con la demanda, la solicitud de amparo se resolverá en el
auto admisorio de la demanda.
En la providencia en que se deniegue el amparo se impondrá al solicitante multa de un salario mínimo mensual
(1 smlmv).”
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expedición del Auto de 7 de noviembre de 2024 (rechazo de recusación) y
(b) la aparente configuración de un defecto procedimental respecto del
trámite para la imposición de la multa por la presentación de solicitudes
impertinentes; y (3) accederá a la solicitud de amparo respecto de las
decisiones de negar el amparo de pobreza y multar al señor Sua Montaña
ante tal negativa (Autos de 28 de enero y 14 de febrero de 2025).
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las solicitudes presentadas por Harold Eduardo Sua
Montaña a través de los memoriales remitidos el 13 de marzo y 30 de abril
de 2025, por las razones dadas en esta decisión.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la JAL
de Santa Fe y el Consejo Nacional Electoral, por los motivo expuestos.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
Harold Eduardo Sua Montaña respecto del Auto de 19 de septiembre de
2024, proferido por la autoridad judicial accionada, por las razones
expuestas en esta providencia.
CUARTO: NEGAR la acción de tutela presentada por Harold Eduardo Sua
Montaña, en relación con el Auto proferido 7 de noviembre de 2024 y el
procedimiento correccional para la imposición de una multa por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con los argumentos expuestos.
QUINTO: AMPARAR el derecho al debido proceso de Harold Eduardo Sua
Montaña, en relación con la negativa a conceder el amparo de pobreza y
la multa impuesta en virtud de esa negativa.
SEXTO: Como consecuencia de lo anterior se dispone, DEJAR SIN
EFECTOS el numeral 3 del Auto de 28 de enero de 2025 y el numeral 2 del
Auto de 14 de febrero de 2025, proferidos en el proceso de nulidad electoral
No. 25000-23-41-000-2024-00332-00 y ORDENAR a la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro
de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una
decisión de remplazo en la que se pronuncie sobre el recurso de reposición
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Asunto: Acción de tutela primera instancia
Decisión: Declara improcedencia, niega y concede amparo
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presentado contra la decisión de negar el amparo de pobreza y, en caso
de confirmar dicha negativa, atienda lo dispuesto en la Sentencia C-426 de
2024.
SÉPTIMO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General23.
OCTAVO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
23 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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